Parque Nacional de Monfragüe: una década con luces y sombras

Monfragüe, en Extremadura, cumple estos días 10 años desde que fue declarado Parque Nacional, la Ley 1/2007, de 2 de marzo.

El Parque Nacional y su entorno engloban una superficie de 116.000 hectáreas, y constituye una de las áreas "más representativas" del ecosistema mediterráneo.

Además, el Parque Nacional cuenta con una doble designación de Área Protegida al ser también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  Además, fue declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en julio de 2003.

 Sin embargo, y a pesar de todos estos reconocimientos, lo cierto es que la situación real del territorio y sus habitantes dista mucho de las expectativas que, es de suponer, guiaron a quienes impulsaron los procedimientos que dieron lugar a las citadas declaraciones.

En los últimos días se han celebrado diversos actos conmemorativos de ese décimo aniversario y, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde las Administraciones y responsables de la gestión del Parque para mostrar las ventajas que esta década ha supuesto para sus habitantes y, en general para toda Extremadura, lo cierto es que los datos y la realidad no han acompañado y, al final, el sabor que ha quedado es ciertamente agridulce, por no decir, algo amargo.

Uno de los testimonios más duros los ha realizado un veterano Alcalde de un municipio incluido en el ámbito territorial del Parque, que achaca el aumento del desempleo y el abandono de los pueblos en la zona a las prohibicioness y limitaciones que para la ganadería, la agricultura o la actividad cinegética ha supuesto la declaración, recogidas en el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado por Decreto 13/2014.

Precisamente, esta falta de  participación de los habitantes de espacios naturales protegidos en los beneficios que su estado de conservación tiene para la sociedad en su conjunto,  es uno de los mayores escollos que aún ha de salvar la política medioambiental, principalmente en España, donde muchas veces nos hemos limitado a copiar la normativa internacional o europea en la materia y nos hemos olvidado de que en los espacios protegidos viven y trabajan personas de carne y hueso, que no pueden vivir solo de esperanzas.

A estas personas solo les queda pelear para que las Administraciones cumplan las leyes y las normas que, en su mayoría, recogen la necesidad de que las limitaciones y restricciones en las actividades que venían desarrollando sean debidamente compensadas.

 La propia Ley 30/2014, de Parques Nacionales reconoce en su artículo 7.5 , que “cualquier privación en los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre usos y aprovechamientos reconocidos en el interior de un Parque Nacional en el momento de su declaración, así como cualquier limitación en el ejercicio de los mencionados derechos que el titular no tenga el deber jurídico de soportar, será objeto de indemnización a sus titulares (…) Las administraciones públicas, a la vista de la situación anterior, actuarán con la máxima  diligencia para indemnizar en su caso, de acuerdo con la ley declarativa”.

Igualmente, esa necesidad de trabajar, colaborar y compensar a los titulares de derechos y propietarios de terrenos en los Parques se plasma en el nuevo Plan Director de la Red  de Parques Nacionales, aprobado mediante Real Decreto 389/2016, que incluye entre las actuaciones que las Administraciones Públicas han de realizar para la consolidación de la citada Red , la de facilitar, mediante acuerdos voluntarios de colaboración con los titulares de derechos privados y propietarios de terrenos en los Parques Nacionales, el cumplimiento de los objetivos de los mismos, prioritariamente, en la eliminación en el plazo establecido de las actividades clasificadas como incompatibles y en la realización de actividades compatibles y necesarias para la gestión y conservación de los sistemas naturales, así como la de indemnizar, con la máxima diligencia, a los titulares de los bienes y derechos patrimoniales legítimos por las privaciones o limitaciones de los mismos indemnizables conforme a la ley cuando dichos daños se deriven de la legislación básica en la materia y del citado Plan Director.

Los Parques Nacionales, como todos los demás espacios protegidos, dependen para su supervivencia de la aceptación y el trabajo de sus habitantes.  Pero, también, de que exista un equilibrio real entre los beneficios que la protección ambiental reporta a la sociedad en su conjunto y el sacrificio que realizan los que viven en ellos.

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