La licitación pública vira hacia el agua y el medio ambiente

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La estadística es pertinaz. Con el único respiro que suele conceder al sector de la construcción el hecho de estar en año electoral, lo cierto es que la licitación pública continúa en niveles mínimos si se comparan sus cifras con los máximos del ciclo anterior. La estadística que elabora la patronal del sector, Seopan muestra cómo en términos globales la licitación pública de enero a marzo pasados disminuyó un 24,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Y es que nunca fueron especialmente positivos los comienzos de año para la obra pública.

 

Sin embargo, un análisis en detalle de las cifras por tipo de obra desvela cómo está cambiando el perfil medio o la tipología de las infraestructuras y equipamientos que suelen contratar ahora las administraciones públicas.

Lo primero que llama la atención es cómo persiste el desplome de la vivienda. Apenas pesa ya el 2% de todas las obras que saca a concurso la Administración en sus distintos niveles y mantiene una senda bajista. Disminuyó un 36,9% anual en el primer trimestre del año, sin duda, influida por el desplome de la promoción pública de vivienda protegida (VPO).

Principal déficit

Sin embargo, la licitación de concursos públicos para edificar dotaciones docentes, sanitarias y deportivas registró cuantiosos incrementos del 54,6%, 60,7% y 97,1% anual de enero a marzo. De hecho, toda la edificación excluída la vivienda presenta tasas de actividad positivas hasta el punto de registrar un incremento global del 75,5% anual hasta marzo pasado.

Las mejores noticias se concentran en las obras hidráulicas (+17,2%), impulsadas por el Plan Crece de depuradoras; y en aquéllas de carácter medioambiental, que aumentan en el año un significativo 303,5%. No solo se trata de una buena nueva por el hecho de que logran tasas positivas, sino porque según las empresas constructoras se trata de dos ámbitos donde España presenta todavía elevadosdéficit de equipamiento.

Otro de los cambios sustantivos que se aprecia en la estadística es cómo en materia de transportes las obras de carreteras y ferrocarriles continúan en tasas negativas, mientras los puertos, en el pasado una de las infraestructuras más olvidadas en los grandes concursos, más que duplican el volumen de licitaciones registradas (un 114,8% más).

Incluso la últimamente denostada por algunas formaciones políticas alta velocidad ferroviaria refleja datos de licitación negativos. Fomento licitó nuevas obras de construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad por importe de 444,83 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone una reducción del 66,8% respecto al mismo periodo de 2014. No obstante, el importe licitado en trabajos de alta velocidad hastamarzo todavía representó más de la mitad (el 56%) del total de obras puestas en marcha por el Ministerio.

 

Mayor seguridad jurídica para las concesiones

 

El fiasco de las autopistas en riesgo de quiebra y el conflicto que mantienen Gobierno, banca y empresas en busca de una solución que contente a todos y no cueste dinero al contribuyente ha puesto en el punto de mira al sistema concesional español. Nadie duda de sus bondades, pero lo cierto es que existen voces críticas que siguen reclamando mejoras para restablecer la seguridad jurídica, aumentar la confianza de los inversores y mejorar el marco regulatorio actual.

El Gobierno acaba de poner en marcha dos importantes iniciativas en este sentido. La primera es el cambio en la conocida RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración), por el que se limita el importe que el Estado tendrá que asumir y pagar en el caso de que futuras concesiones, normalmente de infraestructuras, entren en liquidación. Esta variación no afectará a las autopistas que actualmente se encuentran en situación de insolvencia.

Y la segunda hace referencia a modificaciones en el sistema de contratación pública, entre las que destaca que todas las adjudicaciones de más de 18.000 euros deberán publicitarse, según la nueva ley que se está tramitando.

Además, se ha iniciado la cuenta atrás para la transposición de la Directiva europea de Concesiones. “Una oportunidad para mejorar el marco legal de esta figura contractual”, admiten desde Seopan. Las mejoras no son baladí si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los objetivos de déficit hace necesario atraer al capital privado. La estadística de Seopan pone de relieve cómo desde 2013 no se ha vuelto a licitar ninguna concesión de más de seis millones, lo que evidencia el retroceso que ha supuesto la crisis para este modelo de financiación público-privada.

 

Los desafíos de la inversión

 

 

Esfuerzo extra

Las empresas del sector sostienen que la mejora de la coyuntura debería permitir poner en marcha un plan extra de inversiones. Según los cálculos de Seopan, con un volumen de gasto público y privado de 65.835 millones en 2016-2019 se crearían 1,02 millones de empleos y se obtendría un retorno fiscal de 30.716 millones

Logística

Uno de los ámbitos donde España presenta más déficit de infraestructuras es en logística e intermodalidad. Debería mejorar las interconexiones ferroviarias, los accesos a los puertos, construir nuevas terminales logísticas y modernizar los ejes de mercancías. Se estima una inversión pública necesaria de 10.650 millones.

Equipamientos

Educación y sanidad son dos áreas donde aún se requiere invertir para mejorar sus equipamientos. Esto, unido a la mejora de los accesos urbanos y la puesta a punto de carreteras absorbería 15.300 millones de inversión.

Agua

La depuración, regulación y distribución de agua es, en opinión de las constructoras, otra de las asignaturas pendientes de España en materia de inversión. Como lo es también la gestión de los procesos de sequías e inundaciones, tan habituales. Para lograr resultados óptimos, sería necesario un gasto de 6.550 millones.

Capital privado

Entre las áreas donde más cabida tiene la inversión privada destaca la rehabilitación de edificios y la mejora de las autovías y autopistas. Ambas actuaciones generarían 536.000 empleos, reducirían el coste social del desempleo en más de 4.600 millones y tendrían un retorno fiscal total de 13.900 millones.

 

Fuente: CincoDías

 

 

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