El Parlamento Europeo reclama más esfuerzos en la implantación de la Red Natura 2000 y mayor coherencia entre la política agraria y medioambiental

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN  EN PRO DE LA NATURALEZA, LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA: MÁS ESFUERZO PARA APOYAR A QUIENES CONSERVAN LA RED NATURA 2000 Y LA BIODIVERSIDAD

 

Urge a la Comisión y a los Estados Miembros a mejorar la financiación de la Red Natura 2000 y la colaboración con los usuarios de la tierra. Además, insta a contemplar la conservación de la biodiversidad y su recompensa en la PAC.

El Parlamento Europeo adoptó el pasado 15 de Noviembre una Resolución sobre el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión hace unos meses tras el proceso de revisión de las Directivas relativas a la naturaleza que determinó que, aunque esta legislación cumple la función para la que fue aprobada, no obstante, se requieren mayores esfuerzos para lograr un mayor compromiso en su implantación y desarrollo.

El Parlamento acoge favorablemente el citado Plan de la Comisión, aunque recuerda que, en Europa, prácticamente una cuarta parte de las especies silvestres se encuentran actualmente en peligro de extinción y que la mayoría de los ecosistemas están degradados hasta el punto de no poder ya desarrollar sus valiosas funciones y considera que esto está causando enormes perjuicios sociales y económicos para la Unión.

Reitera la necesidad de que se hagan esfuerzos adicionales, considerables y continuados para alcanzar los objetivos fijados para 2020, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den una mayor prioridad política a ese aspecto.

Subraya que los Estados miembros deben garantizar que no se deterioren las zonas Natura 2000 ,  recuerda que ya el Tribunal de Cuentas Europeo reclamó una mayor financiación para la Red Natura 2000 y reclama a la Comisión y a los Estados Miembros mayores esfuerzos y nuevos mecanismos financieros para la gestión de esta Red ecológica. En particular propone que, en cooperación con los propietarios y usuarios de las tierras, examinen la posibilidad de que se ofrezcan los llamados «servicios verdes y azules» (gestión del paisaje, del medio ambiente y de los recursos hídricos) a cambio de una remuneración conforme a las condiciones del mercado.

Lamenta que en el plan de acción no se establezcan una estrategia prioritaria y acciones concretas para mejorar la protección de los insectos polinizadores, sobre todo en la lucha contra los riesgos para la salud y las especies de parásitos (en particular, el varroa) y  pide la aplicación plena y efectiva del Reglamento relativo a las especies exóticas invasoras, así como su adecuada financiación en el marco del presupuesto de la Unión; destaca que la inclusión de especies en la lista de la Unión de especies exóticas invasoras debe estar basada en una evaluación de riesgo normalizada y armonizada.

 El Parlamento reconoce que  la protección de nuestro entorno natural común en Europa es esencial tanto para nuestra economía como para nuestro bienestar, que se calcula que la red Natura 2000 tiene un valor económico anual comprendido entre los 200 000 y los 300 000 millones de euros y puede generar ingresos para las comunidades locales a través del turismo y los servicios recreativos, y que los ecosistemas saludables ofrecen servicios ecológicos esenciales, como agua dulce, almacenamiento de carbono, insectos polinizadores y protección contra las inundaciones, las avalanchas y la erosión costera; señala, por consiguiente, que invertir en la red Natura 2000 es muy juicioso desde el punto de vista económico.  Acoge con satisfacción la acción destinada a integrar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones; lamenta, no obstante, que el plan de acción no incluya una iniciativa concreta de «pérdida neta cero de biodiversidad»

Vínculos con otras políticas

El Parlamento Europeo hace un llamamiento a la  urgente necesidad de actuar para afrontar los principales factores de la pérdida de biodiversidad, que son la destrucción y la degradación de los hábitats, causadas sobre todo por el uso excesivo de la tierra, la contaminación, la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas químicos de síntesis, la difusión de especies exóticas y el cambio climático, y destaca también la necesidad de garantizar la coherencia entre las diversas políticas de la Unión.

Destaca la necesidad de mejorar la coherencia con la política agrícola común (PAC), y pone de relieve el preocupante declive de las especies y los hábitats ligado a la agricultura; pide a la Comisión que evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad;

Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por que los fondos de la PAC se reorienten de la subvención de actividades asociadas al declive de la biodiversidad a la financiación de prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y a mantener la biodiversidad conexa.

Señala que las especies designadas como de protección especial con arreglo a la Directiva sobre hábitats han alcanzado en algunas regiones de Europa un buen estado de conservación y que, por tanto, pueden poner en peligro a otras especies y a animales domésticos, alterando así el equilibrio natural del ecosistema; pide a la Comisión que desarrolle un procedimiento de evaluación que permita modificar el estado de protección de las especies en determinadas regiones tan pronto como se haya alcanzado el estado de conservación deseado;

 Recuerda que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats;

Además, sugiere a la Comisión que respalde la adopción de medidas, como la formación para agricultores en relación con la protección del ganado contra los grandes carnívoros y la puesta en común de las mejores prácticas sobre protección del ganado entre los Estados miembros;

Lamenta el Parlamento que  la PAC no haya sido desarrollada para proteger la práctica agrícola tradicional del pastoreo, actualmente en vías de desaparición, que constituye una herramienta histórica importante para la gestión de los hábitats y la conservación de la naturaleza; pide que el plan de acción apoye un marco para el desarrollo del pastoreo en la red Natura 2000. Pide a la Comisión que considere en particular la gestión adaptativa de las cosechas como una buena práctica para administrar de forma sostenible las poblaciones de aves acuáticas de la Unión que sean suficientemente abundantes y conservar las que estén en declive.

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

 

Los Estados miembros han manifestado hoy formalmente su apoyo a las nuevas normas para la agricultura ecológica, que de este modo se beneficiará de un marco legal simplificado que abarca a todos los productores, ya sean de la UE o de terceros países exportadores a la UE.

El Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha acogido con satisfacción este paso decisivo hacia la aprobación final del nuevo Reglamento sobre el sector biológico: «La Decisión del Consejo de hoy constituye un paso importante para el sector ecológico, que está creciendo rápidamente y podrá así seguir creciendo con la garantía de disponer de normas claras y justas para todos y todas. Existía un consenso general en cuanto a que las normas actuales, algunas de las cuales se remontan a hace 20 años, ya no eran adecuadas e iban a acabar perjudicando el crecimiento del sector, que representa 27 000 millones EUR en la UE. (…) En estas negociaciones, que han durado tres años, la Comisión siempre ha tenido en mente al consumidor europeo que compra productos ecológicos y que, con razón, tiene expectativas sobre las garantías ofrecidas por la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Las nuevas normas pondrán fin al sistema existente de excepciones. Se aplicarán a todos los productos ecológicos que se venden en la UE, independientemente de si se trata de productos de la UE o importados. Medidas preventivas más estrictas reducirán asimismo el riesgo de contaminación accidental por sustancias no autorizadas.»

El Acuerdo apoyado hoy por el Comité Especial de Agricultura del Consejo irá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su aprobación. Una vez lograda esta, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. La declaración completa del Comisario Hogan está en línea, así como unas preguntas frecuentes sobre las nuevas normas. Una ficha visual de información también está disponible. .

Fuente: European Commission

Bruselas da tres meses para presentar una propuesta en contra del glifosato

La Comisión Europea dará este plazo a la iniciativa 'Stop Glifosato', que ha sumado más de un millón de firmas, para detallar su reivindicación.

La Comisión Europea dará un plazo de tres meses a los promotores de la iniciativa ciudadana que pide vetar el glifosato –polémico compuesto utilizado en muchos herbicidas– para que presenten "en detalle" su reivindicación, antes de que Bruselas decida los pasos a seguir.

Cumplido ese plazo y tras una audiencia europarlamentaria, Bruselas decidirá "si actúa proponiendo algún tipo de legislación, planteando alguna otra manera con la que cumplir los objetivos de la iniciativa o decide no actuar en absoluto", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La iniciativa Stop Glifosato ha sumado más de un millón de firmas de apoyo recogidas en 22 de los Veintiocho Estados miembros, lo que obliga a Bruselas a abrir esta segunda fase del proceso que enmarca las iniciativas ciudadanas europeas.

"Prohibir el glifosato”

El movimiento reclama al Ejecutivo comunitario que proponga a los Estados miembros "prohibir el glifosato, reformar el procedimiento de aprobación de pesticidas y fijar un objetivo común y obligatorio de reducción de pesticidas" en la UE.

La Comisión Europea va ahora a "invitar" a los organizadores a presentar "sus ideas más detalladas en el plazo de tres meses" y se programará una audiencia pública en el Parlamento Europeo con todas las partes interesadas, antes de decidir los pasos a seguir.

La decisión que tome la Comisión tras estudiar la propuesta detallada y las posiciones de los grupos de interés deberá ser publicada "explicando su razonamiento".

Fuente: Ecoavant

Si no hay evidencia de riesgo para la salud o medio ambiente los Estados de la UE no pueden adoptar medidas de emergencia respecto de los alimentos transgénicos

En 1998, la Comisión Europea autorizó la comercialización del maíz modificado genéticamente MON 810. En su Decisión, la Comisión se basó en un dictamen del Comité científico según el cual no había motivo para pensar que este producto pudiera tener efectos nocivos para la salud humana o el medio ambiente.

En 2013, a la luz de unos nuevos estudios científicos llevados a cabo por dos institutos de investigación italianos, el Gobierno italiano solicitó a la Comisión que adoptara medidas de emergencia para prohibir el cultivo del maíz MON 810. Basándose en un dictamen científico emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión concluyó que no había ninguna prueba científica nueva que justificara la adopción de las medidas de emergencia solicitadas y que invalidara sus conclusiones anteriores sobre el carácter inocuo del maíz MON 810. A pesar de ello, el Gobierno italiano adoptó en 2013 un decreto por el que se prohibía el cultivo del maíz MON 810 en territorio italiano.

En 2014, el Sr. Giorgio Fidenato y otras personas cultivaron maíz MON 810 en contra de lo establecido en el decreto, razón por la cual fueron objeto de diligencias penales.

En el marco del procedimiento penal incoado contra estas personas, el Tribunale di Udine (Tribunal de Udine, Italia) pregunta al Tribunal de Justicia, entre otras cosas, si pueden adoptarse medidas de emergencia en materia alimentaria sobre la base del principio de cautela. Según este principio, los Estados miembros pueden adoptar medidas de emergencia con el fin de evitar riesgos para la salud humana que todavía no hayan sido completamente identificados o comprendidos debido a la incertidumbre científica.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que tanto la legislación alimentaria de la Unión como la legislación de la Unión relativa a los alimentos y los piensos modificados genéticamente tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores, velando al mismo tiempo por el funcionamiento efectivo del mercado interior, del que la libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables constituye un aspecto esencial.

En este marco, el Tribunal de Justicia observa que, cuando no se ha demostrado que sea evidente que un producto modificado genéticamente pueda constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, ni la Comisión ni los Estados miembros tienen la facultad de adoptar medidas de emergencia, como la prohibición del cultivo de maíz MON 810.

El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que el principio de cautela, que supone la existencia de incertidumbre científica en cuanto a la concurrencia de un riesgo determinado, no basta para adoptar tales medidas. Aunque este principio puede justificar la adopción de medidas provisionales de gestión del riesgo en el ámbito alimentario en general, no permite inaplicar o modificar, en particular flexibilizándolas, las disposiciones previstas para los alimentos modificados genéticamente, que ya han estado sujetos a una evaluación científica completa antes de su comercialización.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia observa que, tras haber informado oficialmente a la Comisión de la necesidad de recurrir a medidas de emergencia y cuando ésta no haya actuado, un Estado miembro puede adoptar medidas de emergencia a escala nacional. Además, puede mantenerlas o renovarlas mientras la Comisión no adopte una decisión que imponga su ampliación, modificación o derogación. En esos casos los tribunales nacionales son competentes para apreciar la legalidad de las medidas de que se trate.

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Nuevas normas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2

  • Para 2030 las emisiones deberán compensarse con la absorción de CO2
  • A partir de 2030, la absorción de CO2 deberá superar a las emisiones

 

El Parlamento Europeo apoyó el miércoles, 13 de Septiembre,  nuevas reglas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2, lo que contribuirá a reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento.

Los eurodiputados respaldaron el proyecto legislativo por el que Estados miembros tendrán que asegurar el equilibrio entre las emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, las zonas de pasto y de cultivo.

El Parlamento incluyó, además, provisiones para que a partir de 2030, los países tengan que alcanzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emisiones, en línea con los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de París sobre clima.

Créditos por la reducción de CO2

Si la absorción de CO2 es superior a las emisiones por el uso de la tierra durante los primeros cinco años, los países podrán acumular esos créditos y usarlos más adelante, para lograr alcanzar sus objetivos en el siguiente periodo de cinco años. Los Estados miembros también podrán utilizar esos créditos para cumplir sus objetivos dentro del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Los productos madereros aprovechados, como el material de construcción y el mobiliario, también contribuyen a reducir el CO2, dado que almacenan el carbono absorbido por los árboles durante su crecimiento. Incluir estos productos en la contabilidad, incentivará a los países a desarrollar el uso de la madera aprovechada (para fines distintos al energético). El límite al uso de créditos por gestión forestal aumentará del 3,5% (como proponía la Comisión) al 7% para permitir contabilizar créditos adicionales de esta categoría.

Los países tendrán que informar sobres sus emisiones anualmente, con el objetivo de equilibrar las emisiones y la absorción en dos periodos consecutivos de cinco años cada uno (2021-2025 y 2026-2030). Si un Estado miembro no alcanza sus objetivos en ninguno de los periodos, el déficit será descontado de su asignación en el marco del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Próximos pasos

El proyecto salió adelante con 532 votos favorables, 144 en contra y 20 abstenciones. El pleno devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente, para que los negociadores del Parlamento puedan comenzar las conversaciones con el Consejo de Ministros, con vistas a alcanzar un acuerdo en primera lectura, una vez que los ministros hayan fijado su propia posición negociadora.

Datos

Los umbrales para cada Estado miembro se establecerán sobre la base de su “nivel de referencia forestal” -una estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del país. Según los eurodiputados, deberá basarse en las prácticas entre 2000 y 2012, un periodo más reciente que el propuesto por la Comisión (1990-2009).

Las emisiones que las autoridades no pueden controlar, como las derivadas de fuegos, podrán excluirse, pero con límites, para no crear una laguna legislativa.

Los bosques de la UE absorben el equivalente a casi el 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del bloque.

Esta propuesta legislativa, que es parte del paquete climático presentado por la Comisión en julio de 2016, propone integrar las emisiones y la absorción por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

Fuente: Parlamento Europeo

 

 

 

La protección de la naturaleza es un bien público y no debe llevarse a cabo a expensas de los propietarios de los terrenos, afirma el Consejo Económico y Social de la UE

El CESE da la señal de alarma en medio de un verano de fuertes tormentas, corrimientos de tierras y otros fenómenos meteorológicos. Hasta el momento, varias propuestas del CESE para mejorar la protección de la naturaleza no han encontrado reacción alguna por parte de la Comisión ni de los Estados miembros. «Hacemos un nuevo llamamiento a la Comisión y los Estados miembros para que garanticen una aplicación rápida y coherente de la estrategia en favor de la biodiversidad, especialmente de la Directiva relativa a las aves y los hábitats y la Directiva sobre el agua como medio importante para la protección de la biodiversidad», afirma el miembro alemán del CESE Lutz Ribbe, haciendo referencia a su Dictamen sobre la política de biodiversidad de la UE.

 

 

Natura 2000 – tras veinte años, el CESE aboga por un presupuesto específico

La red Natura 2000 se basa principalmente en la Directiva sobre hábitats, con especial protección de las áreas para aves con arreglo a la Directiva sobre aves. Su finalidad es preservar la flora y la fauna, así como los biotopos únicos, de las zonas designadas. Esta red debería haberse completado en 1995. Ahora, en 2017, se han designado finalmente casi todos los espacios Natura 2000 -con una extensión aproximada del 18 % de la superficie de la UE-, pero muchos de los espacios no cuentan aún con una garantía jurídica de carácter permanente y solo alrededor de la mitad de ellos dispone de planes de gestión. «Esta es una prueba de la incapacidad o simplemente del desconocimiento por parte de la UE y muchos de sus Estados miembros. Entendemos que la Unión Europea afronta numerosos retos, como el brexit, el desempleo y el terrorismo, que nosotros, como representantes de la sociedad civil, estamos abordando codo con codo con la Comisión. Pero no debemos olvidar que la biodiversidad es nuestro sustento y el continuado saqueo de nuestra naturaleza nos priva de medios de subsistencia», advierte el Sr. Ribbe. El CESE considera que uno de los principales motivos del retraso en conseguir los objetivos originales reside en la financiación de las zonas Natura 2000, que casi exclusivamente corre a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). «En estos dos fondos, Natura 2000 compite con muchos otros proyectos, por lo que en muchos casos se actúa en detrimento de la protección de la naturaleza.  Siempre hemos advertido contra este tipo de conflicto de intereses y pedimos de nuevo a la Comisión que apruebe sin dilación un presupuesto extraordinario para Natura 2000 con un cálculo exacto de los costes como punto de partida», subraya el Sr. Ribbe. Los expertos estiman que se necesitan unos 10 000 millones de euros al año, en particular para compensar a los propietarios por sus pérdidas o pagar por servicios especiales. «La protección de la naturaleza es un bien público y no debe llevarse a cabo a expensas de los propietarios de los terrenos», afirma el CESE.

 

La biodiversidad es una cuestión transversal: la reforma de la PAC debe tomarla en consideración.

Los polinizadores, los biorreductores y muchas otras especies no puedan ser protegidos con la simple designación de espacios protegidos. También es necesario incluir la biodiversidad en otras políticas, especialmente en el sector agrario. Es principalmente este sector -como subrayan acertadamente la Comisión y el Consejo- el que provoca los niveles más altos de presión sobre los ecosistemas terrestres. «Por ello, esperamos que la revisión intermedia de las «superficies de interés ecológico» y la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC) también se centren en la consecución de los objetivos de protección de la biodiversidad», manifiesta el Sr. Ribbe. 

 

Las incoherencias en las políticas de la UE no se limitan a la política agrícola, sino que también cabe señalar la falta de aplicación y de acción concentrada en otras áreas políticas. En opinión del CESE, la biodiversidad es comparable a la protección del clima, que debería considerarse en todas las políticas. No solo se trata de la conservación de las especies animales y vegetales, sino de las mismísimas condiciones de la existencia humana y, por consiguiente, debería ser una cuestión transversal.

 

En cuanto a la protección de la biodiversidad, el CESE subraya que no hay escasez de leyes, reglamentos, declaraciones políticas y recomendaciones en la UE. «El problema es la falta de aplicación. Todo este marco jurídico no vale el papel en el que está escrito si no se plasma en la realidad», concluye el Sr. Ribbe. «La Comisión tiene las herramientas y los medios, sobre todo en el Semestre Europeo, para animar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones. Para nosotros, este incumplimiento es un signo de la falta de voluntad política y de cooperación de la Comisión y los Estados miembros.»

 

 

A DEBATE LA GESTION DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y LA PROPIEDAD PRIVADA

El miércoles 21 de junio de 2017, se celebró en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente situada en Nuevos Ministerios, una jornada organizada por la European Landowners’ Organization (ELO), junto a su socio español Aproca y a la Fundación Artemisan,  colaboración de Syngenta y Friends of the Countryside.

 

 

 

El Presidente del FEGA, D. Miguel Ángel Riesgo Pablo, inauguró la jornada, en la que se habló de la Red Natura 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa. Considerada por la Unión Europea como el principal instrumento para la conservación de la naturaleza, una gran proporción de esta red se encuentra en terrenos privados, cuyos propietarios son los mayores interesados en preservar esta biodiversidad, y así lo han demostrado durante generaciones.

Durante la jornada, en la que han participado representantes del Mapama, de la Junta de Extremadura, la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial, propietarios rurales, WWF, técnicos y juristas, se analizó el desarrollo de Red Natura 2000 en nuestro territorio nacional y se presentaron ejemplos prácticos que pueden servir de inspiración a los planes de gestión obligatorios en la misma, como por ejemplo la etiqueta “Wildlife Estates”, que es un reconocimiento de calidad a la buena gestión medioambiental, y que lleva evaluadas en España 570.000 ha, la mayoría de ellas en manos privadas.

Ambienta 45 partició en esta Jornada, exponiendo las posibilidades que se abren para los propiestarios privados de espacios incluidos en la Red Natura 2000 ante el cambio de rumbo que la UE quiere dar a al gestión e implantación de esta red ecológica. 

Los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 ha sido uno de las cuestiones más debatidas a lo largo de estas jornadas. La mayoría de estos espacios son de propiedad privada, sin embargo en lugar de valorizar la labor de conservación de estos propietarios, dichos planes están provocando un profundo malestar ya que desarrollan limitaciones a un modelo de gestión que es el que ha permitido su declaración como Espacio Natural Protegido.

Es necesario, han concluido, el desarrollo de herramientas que impulsen la conservación de la biodiversidad, y para ello se ha organizado una de las mesas redondas en torno a la figura de los Bancos de Conservación de la Naturaleza, que permitiría a los propietarios rurales ejercer medidas a favor de la biodiversidad y el medio ambiente, sin suponer un sobrecoste a la administración pública, pero aun así bajo su control. El desarrollo legislativo de los Bancos de Conservación, provocaría la obtención de unos Créditos Ambientales a la propiedad privada, fruto de las inversiones que se realicen destinadas a la mejora de la biodiversidad, créditos que deberían adquirir aquellas empresas cuyas inversiones provoquen impactos ambientales.

Acerca de ELO

La Organización Europea de Propietarios Rurales (European Landowners Organization o ELO por sus siglas en inglés) fue fundada en 1972 y es una federación de asociaciones nacionales de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Representa los intereses de propietarios, gestores y empresarios rurales ante las instituciones europeas. ELO es la única organización independiente y sin ánimo de lucro que representa a todos los empresarios rurales. El objetivo de ELO es la promoción de un campo próspero a través del dinamismo de los propietarios individuales. Su secretaría está en Bruselas. www.elo.org

Acerca de APROCA

APROCA es una Asociación Profesional de Naturaleza Empresarial que integra a propietarios de Fincas Rústicas y/o titulares de cotos de caza, que responden a la denominación genérica de ASOCIACIÓN DE CAZA Y CONSERVADORES DEL MEDIO NATURAL. El objetivo de APROCA es la defensa de una utilización racional y sostenida del medio natural y forestal, de manera que todas las actividades de la Asociación se desarrollarán dentro del más absoluto respeto al medioambiente, conservación de la naturaleza, conservación y equilibrio entre la flora y la fauna doméstica y silvestre y protección de las especies en peligro de extinción, así como de las autóctonas. www.aprocaclm.org

Acerca de Fundación Artemisan

La Fundación Artemisan es una iniciativa de entidades del ámbito asociativo cinegético, agrario y ambiental, cazadores, sector industrial armero y de la carne de caza, agricultores y propietarios de fincas privadas en España.

Artemisan nace para desarrollar ideas y proyectos científicos y fomentar la comunicación para tener un mejor conocimiento de las especies y sus hábitats, así como para poner en valor el sector cinegético, clave para el desarrollo socioeconómico del medio rural en España y la conservación de su rico Patrimonio Natural. www.fundacionartemisan.com

Acerca de Wildlife Estates Project

Wildlife Estates es una iniciativa que se lleva desarrollando en la Unión Europea desde 2003, y que otorga Etiquetas de Calidad, en reconocimiento a la buena gestión que se realiza en un determinado territorio con respecto al manejo y conservación de la fauna, a la conservación del paisaje y al fomento de la biodiversidad. De este modo, a través de esta Etiqueta, se reconoce la excelencia y la ejemplaridad de la gestión en territorios en los que existen numerosos usos y aprovechamientos de sus recursos naturales.

Está respaldado a nivel europeo por ELO y los Friends of the Countryside y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. www.wildlife-estates.eu

Reformado el reglamento regulador de los organismos modificados genéticamente con el objeto de evitar la contaminación transfronteriza

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley que establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG). Su objetivo principal es regular la adopción de medidas para evitar la contaminación transfronteriza con nuestros países vecinos.

La normativa de la Unión Europea establece un marco legal global para la autorización de los OMG que vayan a utilizarse con fines de cultivo en toda la Unión para, de esta manera, preservar el mercado interior.

Así, los OMG para cultivo deben ser sometidos a una exigente evaluación individual antes de autorizar su comercialización en el mercado de la Unión, teniendo en cuenta cualquier efecto directo, indirecto, inmediato, diferido o acumulado a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente.

Una vez que se ha autorizado un OMG para cultivo, la Unión Europea ha optado por dotar a los Estados miembros de una cierta flexibilidad para decidir si desean o no cultivar los OMG en todo o en parte de su territorio.

En consecuencia, los Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas en las zonas fronterizas de su territorio, con el fin de evitar una posible contaminación transfronteriza a los Estados miembros vecinos en los que pueda estar prohibido el cultivo de los OMG, a cuyo efecto se ha aprobado esta norma para prever el marco aplicable.

Fuente: www:lamoncloa.gob.es

El Tribunal General dela UE confirma la decision de la Comisión de autorizar la venta de soja modificada genéticamente

sojaomgEl Tribunal General de la Unión Europea confirma la legalidad de la resolución por la que la Comisión denegó, por considerarla infundada, una solicitud de revisión de la autorización de comercialización para productos que contienen soja modificada genéticamente

Las razones aducidas por las demandantes no han sido suficientes para invalidar las conclusiones de la Comisión en el sentido de que: 1) no existen diferencias sustanciales entre la soja modificada genéticamente y la soja convencional; 2) se evaluaron correctamente los potenciales efectos toxicológicos, y, 3) es improbable que las nuevas proteínas de la soja modificada genéticamente provoquen alergias en los niños de corta edad

En 2009, la sociedad Monsanto Europe solicitó autorización para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan soja modificada genéticamente. En 2012, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estimó que la soja modificada genéticamente, en el contexto de su utilización prevista, era tan segura como la convencional (es decir, la que no ha sido modificada genéticamente), en lo que se refiere a sus posibles efectos sobre la salud humana y animal o sobre el medio ambiente. Basándose en este dictamen «favorable» de la EFSA, la Comisión autorizó, mediante decisión de 28 de junio de 2012,1 la comercialización de los productos que contengan soja modificada o que se hayan producido a partir de ella. Tres organizaciones no gubernamentales alemanas contrarias a la introducción de estos productos en el mercado solicitaron a la Comisión que efectuara una revisión interna de su decisión de autorización.  En particular, reprochan a la Comisión haber declarado que la soja modificada es sustancialmente equivalente a la soja convencional y que no habían sido suficientemente evaluados los riesgos toxicológicos e inmunológicos (especialmente en lo que concierne a las sustancias alergénicas, para los niños de corta edad, que pudiera contener la soja modificada genéticamente). En 2013, la Comisión denegó las referidas solicitudes por considerarlas infundadas. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal General de la Unión Europea que anule la resolución denegatoria de su solicitud de revisión de la decisión de autorización. Hay que señalar que es la primera vez que el Tribunal General se pronuncia sobre una resolución adoptada por la Comisión en cuanto al fondo de una solicitud de revisión interna con arreglo al «Reglamento Aarhus». este Reglamento se establecen, en particular, las condiciones para el acceso a la justicia de las organizaciones no gubernamentales en materia de medio ambiente—. En su sentencia (de fecha 15 de Diciembre de 2016), el Tribunal General desestima el recurso formulado por las tres organizaciones y confirma la resolución por la que la Comisión denegó, por considerarla infundada, la solicitud de revisión de la autorización de comercialización.

0El Tribunal General precisa, en primer lugar, que una organización no gubernamental que ha visto denegada su solicitud de revisión puede interponer, como destinatario de la resolución denegatoria, un recurso de anulación ante el juez de la Unión. Ahora bien, el Tribunal General declara que tal organización no puede alegar razones para impugnar directamente la legalidad o la conformidad a Derecho de la decisión de autorización de comercialización, sino que la única posibilidad con que cuenta es la de refutar la legalidad o la conformidad a Derecho de la resolución por la que se denegó, por infundada, su solicitud de revisión. En el presente asunto, el Tribunal General señala que muchas de las razones aducidas por las tres organizaciones se refieren a vicios de que adolece, según ellas, la apreciación de la EFSA, o se basan en la pretendida ilegalidad de la decisión de autorización de comercialización. Por ello, tales razones no son acogidas por el citado Tribunal. El Tribunal General confirma que las disposiciones en las que se ampara la autorización de comercialización de productos que contienen soja modificada genéticamente forman parte totalmente de las materias de Derecho del medio ambiente a que alude el «Reglamento Aarhus», por lo que dicha autorización puede ser sometida a una revisión interna. El Tribunal General rechaza también la alegación de que el control de la legalidad o conformidad a Derecho de una decisión como la controvertida en el caso de autos debería tener un alcance muy restringido, limitándose a los errores manifiestos de apreciación que puedan ser fácilmente detectados por personas no pertenecientes a la comunidad científica. Según el Tribunal General, ese control debe tener el mismo alcance que el correspondiente a un asunto en el que una empresa solicita que se anule una decisión de autorización de comercialización de su organismo modificado genéticamente. En este sentido, el Tribunal General explica que las organizaciones que han visto denegada su solicitud de revisión solamente están obligadas a invocar hechos y aportar pruebas que permitan dudar, de forma sustancial, sobre la legalidad de la concesión de la autorización de comercialización. Por lo tanto, aunque no estén obligadas a demostrar que dicha concesión fue ilegal, sí que deben exponer las circunstancias que, en su conjunto, suscitan dudas sustanciales sobre su legalidad. Con respecto al fondo del asunto, el Tribunal General observa con carácter general que las organizaciones no han logrado demostrar que la Comisión haya incumplido su obligación de garantizar, por un lado, que se efectuó una adecuada evaluación del riesgo al «más alto nivel posible» y, por otro, que Monsanto facilitó la información pertinente. Lo que es más, dichas organizaciones tampoco han demostrado que la Comisión haya incumplido su obligación de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y de impedir la comercialización de alimentos y piensos con potenciales efectos nocivos para la salud humana y animal o para el medio ambiente.

Debe observarse que las organizaciones demandantes no han aportado razones para dudar de la validez de las conclusiones de la Comisión, como las relativas a que, como ejemplos expuestos sin ánimo de exhaustividad y que tampoco son representativos de los numerosos argumentos esgrimidos, 1) no existen diferencias significativas, desde un punto de vista estadístico ni biológico, entre la soja modificada genéticamente y la soja convencional; 2) la evaluación de la posible toxicidad de la soja modificada genéticamente fue adecuada y, 3) se evaluó de forma adecuada el riesgo de alergias derivado de la soja modificada genéticamente.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución

 NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto

Fuente: CuriaEuropa

Alemania se propone endurecer las condiciones medioambientales de la ganadería intensiva

ganaderia-intensivaDe acuerdo con la información publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el Ministerio de Medio Ambiente busca dificultar la actividad ganadera intensiva en este país, tal y como se reflejaría en el Proyecto de Ley al que ha tenido acceso el periódico.

El borrador  de  la  Ley de  ganadería  intensiva tiene  entre sus  objetivos  la  modificación  de  varias  leyes  de competencia de  Medio  Ambiente  en  ámbitos  diversos,  como  la Ley  de  Construcción,  la  Ley  de  Protección  de  la Naturaleza y algunas regulaciones de la Ley de Aguas.

Según el borrador, estas modificaciones supondrían, en primer lugar, la eliminación de una serie de privilegios de los que hasta ahora disfrutaban los agricultores en materia de construcción. Hasta ahora, los ganaderos podían construir grandes establos siempre  que  no  existiera  un  plan  urbanístico y respetando  un  único  requisito:  en  teoría  deberíadisponer de la suficiente superficie de cultivo para producir el pienso necesario para el ganado.

La  nueva  ley  propuesta  por  Medio  Ambiente  quiere  quitar  a  los  ganaderos  este  privilegio.  A  partir  de  ahora, los ayuntamientos  deberán,  para  explotaciones  de  más  de  15.000  gallinas,  más  de  600  vacas  o  más  de  1.500  cerdos,  realizar  un plan  urbanístico,  es  decir,  el  Consistorio  tendrá  que  discutir  cada  proyecto  de  construcción  de  grandes establos en su territorio

En  cuanto  a  la  Ley  de  Aguas,  la  Ministra,  según  informa  el  diario,  pretende  eliminar  las  indemnizaciones  que  hasta ahora recibían las explotaciones cuando los elevados requisitos “restringían el uso agrario o forestal de una superficie“.

El proyecto también incluiría modificaciones en la Ley sobre la Prevención de la Contaminación; hasta ahora, cualquier ciudadano que se sintiera afectado por una explotación de ganadería intensiva podía solicitar una indemnización, con el cambio propuesto se posibilitaría que ésta se pueda solicitar a posteriori, una vez impuestas las nuevas condiciones.

Por último, la propuesta  también  incluye  medidas  para  proteger  las  tierras  de  pasto, cuya  superficie  viene disminuyendo desde hace años al no ser necesarios en la ganadería intensiva. Con la modificación prevista de la Ley de protección de  la  naturaleza,  se  prohibiría  el  cambio  de  uso  de  los  pastos  de  más  de  cinco  años,  pudiendo castigarse el incumplimiento de esta medida con multas de hasta 100.000€

Tras la publicación de la noticia, las primeras reacciones provienen de la Asociación Alemana de Agricultores. Para la principal asociación de los agricultores alemanes, estas modificaciones  pondrían en  peligro  la  supervivencia  de  las pequeñas  y  medianas  explotaciones  que  no  serían  capaces  de  hacer  frente  a  los  costes  derivados  de  los  nuevos requisitos, favoreciendo así a las grandes explotaciones, contra las que supuestamente quiere actuar la ley, que serían las únicas capaces de costear  las modificaciones requeridas.

Esta nueva propuesta del Ministerio de Medio Ambiente  supone  un  paso  más  en  el enfrentamiento  entre  los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente dentro del Gobierno alemán. Ambos Ministros, la de Medio Ambiente del Partido Social Demócrata (SPD) y el de Agricultura de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), han mantenido en los últimos meses varias disputas abiertas en temas diversos: la introducción y autorización de OMGs en Alemania, la  autorización  del  fitosanitario  glifosato y, más  recientemente,  el  borrador  del  Programa  para  el  Cambio  Climático presentado  por  Medio  Ambiente,  que  propone  medidas  de  fomento  de  la  agricultura  ecológica,  disminución  de  la cabaña ganadera extensiva o la disminución del consumo de productos cárnicos, que ha sido criticado por el Ministerio de  Agricultura  y  que  prevé  modificaciones  importantes  antes  de  su  aprobación  definitiva.  El Ministro  de  Agricultura  ha criticado a su colega alegando que Medio Ambiente se comporta como un superministerio que utiliza recurrentemente a los agricultores como cabeza

Fuente: Noticias del Exterior (Magrama)

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