Mitigar el cambio climático mediante una gestión adecuada de la tierra y los bosques de la Unión

El 14 de diciembre, la Presidencia estonia y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo informal acerca del Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS)  Esto contribuirá a que se reduzcan las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE durante el período 2021-2030, al mejorar la protección y la gestión del territorio y los bosques en toda la Unión. Los embajadores de la UE evaluarán este acuerdo provisional con vistas a refrendarlo el 20 de diciembre de 2017.

 

 

En total, los sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) deben contribuir con una reducción del 30 % de las emisiones de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005.

El nuevo Reglamento constituye un marco para velar por que se contabilicen las emisiones y absorciones generadas por este sector. De este modo, la UE podrá alcanzar el objetivo fijado en el Acuerdo de París de reducir las emisiones en al menos un 40 % de aquí a 2030.

La UE está poniendo en marcha los instrumentos que necesita para cumplir las metas sobre cambio climático del Acuerdo. Hemos reformado nuestro régimen de comercio de derechos de emisión y estamos intentando obtener compromisos vinculantes de reducción de las emisiones en los sectores sujetos al reparto del esfuerzo. Con el acuerdo alcanzado hoy, nuestros recursos verdes también nos ayudarán a mitigar el cambio climático. Estoy muy satisfecho con los resultados de hoy, y confío en que los Estados miembros puedan refrendar el acuerdo antes de que acabe el año. La lucha contra el cambio climático ha sido una prioridad para la Presidencia estonia, y con el acuerdo sobre el RCDE, el acuerdo sobre el UTCUTS y la adopción de la posición del Consejo sobre el reparto del esfuerzo hemos conseguido más de lo que nos atrevíamos a esperar.

Siim Kiisler, ministro de Medio Ambiente de la República de Estonia

El texto del acuerdo prevé normas de contabilidad estrictas en toda la UE para las actividades UTCUTS, elaboradas con el objetivo de garantizar una contabilización adecuada y coherente de las emisiones y absorciones en el periodo 2021-2030. Como solución transaccional, y dada la falta de datos actuales sobre los humedales, la contabilidad para este sector pasará a ser obligatoria en el periodo 2026-2030, a menos que se considere oportuno posponer en cinco años la inclusión obligatoria a la luz de la experiencia adquirida al utilizar las Directrices de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, perfeccionadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

El pilar central del Reglamento sigue siendo la «norma de deuda cero». Se trata de un compromiso vinculante según el cual todos los Estados miembros deberán asegurarse de que sus emisiones totales en este sector guardan equilibrio y no exceden las absorciones de CO₂. La forestación y la supervisión reforzada de los bosques, tierras de cultivo y pastos nacionales son ejemplos de cómo generar más absorción de carbono.

Se ha concebido un nuevo proceso de gobernanza de la UE para determinar los niveles nacionales de referencia de gestión forestal. Se ha decidido fijar dichos niveles sobre la base del periodo de referencia histórico, comprendido entre 2000 y 2009.

El nuevo Reglamento incorpora el concepto de flexibilidad, sugerido en la propuesta original para ayudar a los Estados miembros a cumplir sus compromisos de «deuda cero».

Las circunstancias concretas de los Estados miembros se tendrán en cuenta gracias a la flexibilidad adicional propuesta por el Consejo para las tierras forestales gestionadas.

Este nuevo mecanismo de compensación contendrá hasta 360 millones de toneladas equivalentes de CO₂ y se pondrá a disposición de todos los Estados miembros entre 2021 y 2030.

Para el uso de este mecanismo deben cumplirse varias condiciones estrictas, con el fin de preservar la integridad medioambiental del Reglamento. El requisito más importante de todos es el cumplimiento de la «norma de deuda cero» por la UE en su conjunto. Además, los Estados de la UE solo podrán recibir compensaciones con la condición de que sus bosques nacionales generen capacidad de absorción y hasta un importe preestablecido calculado para cada Estado miembro a partir de su capacidad de absorción media durante el periodo 2000-2009.

Los dos colegisladores han acordado otorgar a Finlandia una compensación adicional de 10 millones de toneladas equivalentes de CO₂ para el periodo 2021-2030, habida cuenta de las circunstancias especiales del país en este sector.

Cronología y siguientes etapas

En julio de 2016, la Comisión Europea presentó dos propuestas sobre los sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión (reparto del esfuerzo y UTCUTS), a partir de las orientaciones formuladas por el Consejo Europeo en sus Conclusiones de octubre de 2014.

Los debates sobre los sectores no sujetos al régimen se realizaron en el Consejo en paralelo, debido a los numerosos vínculos entre las dos propuestas. Antes de que se aprobase una posición negociadora se trataron estos expedientes en tres sesiones del Consejo de Medio Ambiente: en un debate de orientación el 17 de octubre de 2016, una sesión informativa sobre el estado de los trabajos el 19 de diciembre de 2016 y un informe de situación en junio de 2017.

El Consejo alcanzó su orientación general el 13 de octubre de 2017 y poco después entabló las negociaciones con el Parlamento Europeo, que había adoptado su posición en el Pleno del 13 de septiembre de 2017.

Otros dos diálogos tripartitos, el 19 de octubre y el 22 de noviembre de 2017, allanaron el camino para que hoy se puedan concluir las negociaciones. El 20 de diciembre de 2017 se presentará el texto provisional a los embajadores de la UE para su análisis y aprobación.

La adopción formal de este acto legislativo solo se producirá una vez que se alcance un acuerdo sobre el Reglamento sobre reparto del esfuerzo, dada la relación entre ambos actos legislativos.

Fuente: www.consilium.europa.eu

La ecologización de la PAC: más burocracia y sin beneficios reales sobre el medio ambiente

En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo,  se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El TCE selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público

 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los pagos destinados a incentivar a los agricultores a «ecologizarse» probablemente no refuercen el comportamiento de la política agrícola común desde el punto de vista medioambiental y climático de manera significativa. Los auditores constataron que los nuevos pagos añadían complejidad al sistema, pero habían dado lugar a un cambio de las prácticas agrícolas solo en un cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

La ecologización es un nuevo tipo de pago directo introducido con la reforma de 2013 de la Política Agrícola Común (PAC), concebido para recompensar a los agricultores por tener un impacto positivo en el medio ambiente que de otro modo no habría sido gratificado por el mercado. Es el único pago directo cuyo principal objetivo declarado es de carácter medioambiental.

Los auditores examinaron si la ecologización podía reforzar los resultados medioambientales y climáticos de la PAC, de conformidad con los objetivos de la UE. Asimismo, se entrevistaron con las autoridades de cinco Estados miembros: Grecia, España (Castilla-León), Francia (Aquitania y Norte-Paso de Calais), los Países Bajos y Polonia. 

En palabras de Samo Jerev, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la ecologización sigue siendo esencialmente un régimen de apoyo a la renta. Tal como se aplica actualmente, es improbable que refuerce el comportamiento medioambiental y climático de la PAC de manera significativa».

Los auditores constataron que la Comisión Europea no había desarrollado una lógica de intervención completa para los pagos de ecologización ni había fijado para este régimen unos objetivos medioambientales claros y suficientemente ambiciosos. Por otra parte, la asignación presupuestaria para la ecologización no está justificada por la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la política. También observaron que era improbable que la ecologización proporcionara beneficios significativos para el medio ambiente y el clima, principalmente debido a que una parte considerable de las prácticas subvencionadas se habría llevado a cabo incluso sin el pago. Los auditores estiman que la ecologización solo ha supuesto cambios en las prácticas agrícolas en alrededor del cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

Por último, constataron que era poco probable que los resultados justificaran la gran complejidad que la ecologización añade a la PAC, debido en parte a solapamientos entre este régimen y otros requisitos medioambientales de la política.

Los auditores recomiendan que, en la próxima reforma de la PAC, la Comisión desarrolle una lógica de intervención completa para la contribución de esta política a los objetivos medioambientales y climáticos.

En sus propuestas para la reforma, la Comisión debería seguir los siguientes principios:

• los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas. Como elemento disuasorio debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento;

• los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes

incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas; 

• cuando los Estados miembros puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían que demostrar que sus opciones son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política

Fuente: Tribunal de Cuentas 

El futuro de la alimentación y de la agricultura — Comunicación sobre la política agrícola común después de 2020

¿Por qué es necesaria una nueva reforma?

La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE). Ha logrado su objetivo inicial de garantizar un suministro de productos alimenticios de buena calidad, seguros y asequibles, apoyando al mismo tiempo a los agricultores europeos. Desde 1962, la PAC ha experimentado numerosas reformas y, gracias a su adaptabilidad, sigue siendo pertinente. El mundo evoluciona con rapidez, al igual que los retos a que se enfrentan no solo los agricultores, sino nuestras sociedades en su conjunto. Cambio climático, volatilidad de los precios, incertidumbres políticas y económicas, creciente importancia del comercio mundial: los agricultores han de aprender a diario cómo operar en un entorno cambiante y corresponde a los legisladores acompañarlos durante este proceso de cambio y ofrecerles claridad y sencillez jurídica a medio y largo plazo.

La política agrícola europea ha convertido a la UE en la superpotencia agroalimentaria que es en la actualidad: la UE, amén de ser el primer exportador mundial de productos agroalimentarios, posee una reputación inigualable por su patrimonio gastronómico y sus productos alimenticios, así como por la pericia de sus productores. Pero la UE no puede dormirse en los laureles: un éxito también puede ocultar numerosas dificultades.

La PAC debe dirigir la transición hacia una agricultura más sostenible. Ha de contribuir a fomentar la capacidad de adaptación del sector en tiempos de crisis y apoyar la renta y la viabilidad de los agricultores. Asimismo, debe incorporar plenamente esas innovaciones digitales que tanto facilitan las tareas cotidianas de los agricultores, reducen las cargas administrativas e incluso podrían impulsar el tan necesario relevo generacional del sector. Por último, la PAC debe reforzar las zonas rurales europeas, que constituyen el núcleo de las tradiciones y del modelo agrícola familiar de Europa.

La Comunicación que hoy se publica ofrece orientaciones para abordar estos objetivos y responder a los retos que están surgiendo con un planteamiento menos preceptivo y una mayor subsidiariedad a escala de los Estados miembros, con el fin de acercar la PAC a los encargados de su aplicación sobre el terreno.

¿Cómo puede iniciarse un debate sobre la política revisada sin conocer el presupuesto ni el próximo marco financiero plurianual (MFP)?

El dinero es un medio para lograr un objetivo. En la Comunicación se estudia la manera de mejorar la rentabilidad de la PAC. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestros objetivos y sobre la futura arquitectura de esta política. De este modo podremos orientar el debate sin prejuzgar la propuesta de la Comisión sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), prevista para mayo de 2018.

¿Por qué no contiene la Comunicación datos más precisos sobre algunas cuestiones?

La Comunicación señala los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, formula orientaciones e indica nuevas vías que deben explorarse. Será preciso dialogar y trabajar más durante los próximos meses para avanzar en las orientaciones que figuran en la Comunicación y precisar los conceptos que en ella se exponen. En consonancia con la Comunicación, que esboza un planteamiento menos preceptivo y propone mayor subsidiariedad, la Comisión tiene la intención de proseguir el debate sobre los aspectos prácticos con una amplia gama de partes interesadas y con los colegisladores.

¿Cuáles son las próximas etapas?

Durante los próximos meses, los debates y el trabajo en torno a los objetivos, la arquitectura y el diseño concretos de la futura política avanzarán en paralelo a los trabajos sobre el próximo MFP. Esta labor consistirá principalmente en una evaluación de impacto, que examinará las distintas opciones sirviéndose de los datos recopilados entre las partes interesadas y los ciudadanos (por ejemplo, la consulta pública realizada en 2017, las aportaciones de REFIT, la conferencia Cork 2.0 y la conferencia «La PAC: ¡expresa tu opinión!») e intensificando la recogida y el tratamiento de la información. Tras la presentación de la propuesta de la Comisión sobre el próximo MFP, prevista para mayo de 2018, se esperan propuestas legislativas sobre la futura PAC antes del verano de 2018.

¿Cómo se simplificará la futura PAC para los agricultores y las administraciones de los Estados miembros?

¿Quién quiere medir sus setos porque así «lo manda Bruselas»? ¿Por qué tendría que cumplir un agricultor italiano los mismos requisitos medioambientales que un agricultor finlandés, si desarrollan su trabajo en condiciones muy distintas?

La futura PAC tendrá objetivos comunes y un conjunto de medidas para alcanzar esos objetivos. De este conjunto común de medidas, los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el grupo de opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE.

Pasar de un planteamiento único a un planteamiento a medida significa que los requisitos de la UE se reducirán al mínimo estrictamente necesario. Las necesidades reales sobre el terreno serán evaluadas e incluidas por los Estados miembros en un plan estratégico de la PAC, aprobado a escala de la UE. Nuestro propósito es establecer un pacto de confianza con nuestras zonas rurales y con nuestros agricultores.

Huelga decir que el refuerzo de los servicios de asesoramiento a los agricultores y la plena aplicación de las solicitudes de ayudas geoespaciales también contribuirán a apoyar en mayor medida la simplificación de las solicitudes de ayuda y la aplicación de medidas de inversión.

¿Cómo se llevará a la práctica este nuevo planteamiento?

La Unión debería fijar parámetros estratégicos básicos, acordes con los objetivos de la PAC, que dieran cumplimiento no solo a las obligaciones que impone el Tratado UE, sino también a los objetivos y metas ya acordados, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, el cambio climático (COP 21) y una serie de objetivos de desarrollo sostenible.

Cada uno de los Estados miembros deberá elaborar un «plan estratégico de la PAC» que abarque las intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar. Dicho plan adaptará las intervenciones de la PAC para incrementar al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE, teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales en relación con esos objetivos y metas. Al mismo tiempo, los Estados miembros también tendrán mayor peso a la hora de elaborar el marco de cumplimiento y control aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Estos planes estratégicos no se elaborarán de forma aislada, sino en el marco de un proceso estructurado. Corresponderá a la Comisión evaluar y aprobar dichos planes. De este modo se incrementará al máximo la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y a la consecución de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. También se potenciará el valor añadido de la UE y se preservará el funcionamiento del mercado interior agrícola.

Los Estados miembros deberán asumir mayores competencias y responsabilizarse en mayor medida de la forma en que cumplen sus metas y logran los objetivos acordados, pero el nuevo planteamiento seguirá garantizando unas condiciones de competencia equitativas, manteniendo el carácter común y los dos pilares de la política.

¿Es este un primer paso hacia la renacionalización de la PAC?

Este valor añadido de la UE nunca ha sido cuestionado y la PAC sigue siendo una de las políticas emblemáticas de la UE. Reconocer la imposibilidad de aplicar un modelo único es muestra de pragmatismo. ¿Cuáles son las realidades locales? ¿Cuáles son las circunstancias concretas de los agricultores? Se trata de reconocer la gran variedad que existe en la UE en lo que concierne a la agricultura, al potencial de producción agronómica, y a las condiciones climáticas, medioambientales y socioeconómicas. Hemos de aceptar nuestra diversidad en lugar de intentar imponer un modelo único.

Las aportaciones recabadas por la consulta pública en línea efectuada en toda la UE de febrero a mayo de 2017 consideraban muy positivo el valor añadido de la gestión de la política agrícola a escala europea, gestión que garantiza unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único. Se impone un planteamiento europeo común para que la agricultura pueda responder con mayor eficacia a retos comunes tales como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En las respuestas a la consulta también se aludía con frecuencia a la necesidad de mantener la cohesión económica, social y territorial en toda la UE, así como a la necesidad de contar con un marco común de intercambio de buenas prácticas.

Los pormenores de la aplicación de las medidas se acordarán a escala nacional o regional, mientras que la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para que alcancemos nuestros objetivos comunes a través de instrumentos comunes, en consonancia con los Tratados de la UE, y se cumplan los compromisos internacionales de la UE en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.

¿Por qué es la PAC importante para el medio ambiente?

La agricultura abarca cerca de la mitad de la superficie terrestre de la UE y en ella mantiene una estrecha relación con el medio ambiente. Por una parte, depende de varios recursos naturales —por ejemplo, el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad— y se ve muy influida por el clima. Por otra parte, la agricultura conforma el entorno en el que actúa, no solo a través de su utilización de los recursos naturales, sino también mediante la creación y conservación de paisajes que expresan la nuestra diversidad europea y que ofrecen hábitats esenciales para la flora y la fauna.

La PAC desempeña un papel fundamental al velar por que la relación de la agricultura con el medio ambiente y el clima sea lo más beneficiosa posible para ambas partes. También presta ayuda en algunos casos a empresas no agrícolas ubicadas en el medio rural que pueden influir en el medio ambiente (por ejemplo, el sector forestal y otros sectores de la bioeconomía).

La futura PAC debe fomentar y apoyar prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático, y ha de situar la sostenibilidad en el centro de sus prioridades y medidas.

¿Cómo ayudará la futura PAC a los agricultores a proteger el medio ambiente?

Una de las ideas de base es que los agricultores que reciban ayudas a la renta de la PAC tendrán que aplicar diversas prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima. Los Estados miembros determinarán los pormenores de esas prácticas de acuerdo con la necesidad de lograr los objetivos a escala de la UE, pero también teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales. El sistema se basará en los puntos fuertes que se observan actualmente en la PAC, si bien se reducirá el número y la complejidad de las normas en la legislación de la UE.

Las medidas respetuosas con el medio ambiente que superen el nivel de base de las buenas prácticas recibirán apoyo a través de regímenes que tendrán carácter voluntario para los agricultores en un nivel relativamente básico, así como de regímenes más complejos. Corresponderá también a los Estados miembros elaborar esos regímenes de modo que puedan cumplirse los objetivos de la UE, expresados en términos nacionales, regionales y locales.

La PAC también insistirá en la necesidad de liberar el potencial de investigación, innovación, formación y asesoramiento para que se preste mayor atención al medio ambiente y al clima, en particular mediante la mejora de la eficiencia de los recursos.

Si se confían compromisos medioambientales a los Estados miembros, ¿cómo puede garantizarse la igualdad de condiciones entre los agricultores? ¿Acabaremos teniendo 28 sistemas diferentes?

La Comunicación de hoy representa un importante cambio en la aplicación de la PAC. Al respetar el principio de subsidiariedad y el objetivo de simplificación, el control por parte de la Comisión de los planes nacionales y regionales garantizará que las opciones elegidas no sean manifiestamente erróneas o inadecuadas para alcanzar los resultados previstos y cumplir los requisitos básicos de la UE. La Comisión evaluará y aprobará los planes estratégicos nacionales y regionales con miras a maximizar la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y el logro de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. Es este un aspecto importante para garantizar el mantenimiento de un enfoque común para la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos en todos los Estados miembros. Elevar el nivel de ambición es la única opción viable en este sentido.

La Comisión también mantendrá su papel fundamental de guardiana de los Tratados y, en su calidad de institución responsable en última instancia de la gestión del presupuesto de la UE, dentro del proceso de control de los planes nacionales y regionales estudiará cuidadosamente la manera de evitar un exceso de reglamentación.

¿Se van a mantener los dos pilares (pagos directos/medidas de mercado y desarrollo rural)?

Los dos pilares son dos facetas complementarias de la PAC y deben mantenerse, pues estructuran la PAC en torno a dos grandes tipos esenciales de intervención. El primer pilar apoya a los agricultores sobre una base anual en forma de pagos directos y medidas de mercado, que están supeditados al cumplimiento de una serie de normas básicas y objetivos medioambientales. El segundo pilar es un instrumento de inversión plurianual y flexible que está más adaptado a las circunstancias locales de cada uno de los Estados miembros, en particular para prestar apoyo a proyectos de larga duración.

¿Cómo se garantizará que la futura PAC sea más justa y que las pequeñas y medianas explotaciones obtengan el apoyo que necesitan?

En 2015, primer año de aplicación de la última reforma de la PAC, el 20 % de los agricultores recibió aproximadamente el 80 % de los pagos directos, lo cual suscita en el debate público una preocupación comprensible en cuanto a la eficiencia económica y la equidad social.

De hecho, esta situación es reflejo de la concentración de tierras y de la naturaleza de las ayudas, que en su mayor parte se basan en la superficie. Por otra parte, más de la mitad de sus beneficiarios son explotaciones muy pequeñas y la mayor parte de los pagos (un 72 % en 2015) se destina a explotaciones (familiares) profesionales de tamaño medio (de 5 a 250 hectáreas), que gestionan la mayor parte de la superficie agrícola de la UE (71 %) y por tanto son las principales responsables del suministro de bienes públicos y beneficios ambientales.

No obstante, la Comisión tiene previsto estudiar la manera de orientar con mayor eficacia los pagos directos y garantizar unas condiciones justas y un apoyo más específico de la renta de los agricultores en toda la UE, tal y como se indica en el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE. Convendría estudiar más a fondo la siguiente lista (no exhaustiva) de posibilidades:

  • Limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra para evitar efectos negativos en el empleo.
  • También se podrían introducir ayudas decrecientes como medio para reducir la ayuda a las explotaciones de mayor tamaño.
  • Mayor énfasis en un pago redistributivo para poder prestar apoyo de forma específica, por ejemplo, a las explotaciones pequeñas o medianas.
  • Garantizar el apoyo a los verdaderos agricultores, centrándolo en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse el sustento.

¿Se dará a los agricultores el mismo trato en toda la UE?

Al tiempo que la PAC garantiza que la ayuda se destina a los verdaderos agricultores, centrándose en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse la vida, también debe desempeñar el papel que le corresponde con respecto al principio de «igualdad entre sus miembros, grandes o pequeños, del este o del oeste, del norte o del sur», recordado por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017.

En este sentido, debe reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que a las ayudas de la PAC se refiere. Aun cuando sea preciso reconocer la gran diversidad de los costes relativos de la mano de obra y de la tierra, así como los distintos potenciales agronómicos de los Estados miembros, todos los agricultores de la UE se enfrentan a retos similares en lo que se refiere a la volatilidad de los mercados, el medio ambiente y el clima.

¿Cuál es la función que ha de desempeñar la PAC para fomentar la prosperidad del medio rural?

La PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural. Los fondos de desarrollo rural pueden, por ejemplo, respaldar la creación de empresas de artesanía. Es posible impulsar la creación de empleo y aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la conectividad. Un concepto emergente como es el de los «pueblos inteligentes» (Smart villages) ayudará a las comunidades a subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras y a incrementar las oportunidades de empleo.

¿Cómo puede la Comisión impulsar el establecimiento de jóvenes agricultores y el relevo generacional en el sector?

El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco, pero los Estados miembros son los mejor situados para fomentar el relevo generacional mediante sus competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, Derecho de sucesiones u ordenación territorial. La PAC ha de ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores.

Los planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Asimismo, la PAC debe contribuir a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola estableciendo un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE. Convendrá facilitar el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las explotaciones agrícolas, y adaptarlos mejor a las necesidades de inversión y los perfiles de riesgo más elevados de los nuevos agricultores. El apoyo a la nueva generación de agricultores podría combinarse con incentivos adecuados para facilitar la salida de las generaciones de más edad y la transmisión de conocimientos entre generaciones, así como para aumentar la movilidad de la propiedad rural y facilitar la planificación de la sucesión.

¿Por qué debe la PAC apoyar la innovación?

La agricultura y nuestras zonas rurales se enfrentan a una serie de retos para los que hay que encontrar nuevas soluciones. Necesitamos mejor asesoramiento y más innovación. Es necesaria la participación pública en materia de investigación e innovación para cerrar la brecha entre unas zonas rurales que reclaman innovaciones digitales y mejor conectividad y los proveedores de nuevas tecnologías.

Por ejemplo, los sensores podrían detectar y prevenir las enfermedades de los animales en una fase precoz y reducir así la necesidad de tratamientos. El acceso en tiempo real a información sobre la intensidad de la luz solar, la humedad del suelo, los mercados, la gestión del ganado y muchas otras cuestiones permite a los agricultores tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

Es conveniente cooperar a escala de la UE en materia de investigación e innovación. Aprendiendo unos de otros en diferentes partes de la UE, desarrollaremos mejores conocimientos y adoptaremos más rápidamente las innovaciones.

Ante la volatilidad y las crisis del mercado, ¿qué tipo de ayuda pueden esperar los agricultores de la futura PAC?

Ante crisis sanitarias o fitosanitarias, incidentes relacionados con el cambio climático o la volatilidad del mercado, los agricultores se enfrentan a elevados riesgos y a una fuerte presión sobre sus rentas. La Comisión ha estado y estará siempre al lado de los agricultores, como lo demuestran los dos últimos grupos de medidas de solidaridad —cada uno por valor de 500 millones EUR—, pero la frecuencia más elevada de los riesgos requiere un enfoque más sistemático.

El sector agrario necesita un marco adecuado para la gestión de los riesgos que combine las ayudas de la UE con los instrumentos nacionales de los Estados miembros y los medios del sector privado.

Por ejemplo, cabe esperar que la posibilidad de crear un instrumento sectorial de estabilización de las rentas con umbrales de pérdidas más bajos para activar la indemnización facilitará su aceptación por parte de agricultores y administraciones. Al mismo tiempo, debe examinarse cuidadosamente si procede introducir nuevos instrumentos o tipos de ayuda. En este contexto, debe fomentarse la cooperación entre agricultores y a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo la mutualización y los servicios integrados, para fines de riesgos compartidos.

¿Para qué servirá la plataforma de gestión de riesgos de la UE?

Los limitados conocimientos de los agricultores y otras partes interesadas acerca de los instrumentos disponibles y su relativa falta de experiencia a la hora de utilizarlos han constituido uno de los principales obstáculos para el uso de instrumentos de gestión de riesgos en los últimos años.

La plataforma de gestión de riesgos de la UE será una plataforma en la que todas las partes interesadas, de los agricultores y las administraciones públicas a los centros de investigación y los agentes del sector privado (por ejemplo, las compañías de seguros) podrán compartir conocimientos e intercambiar las mejores prácticas.

Cuando proceda, la Comisión intervendrá como intermediaria y desarrollará la plataforma en un sitio web específico.

En el marco de la plataforma, se organizarán grupos de expertos, grupos de trabajo, seminarios y otros actos en torno a temas de gestión de riesgos específicos, por ejemplo el cálculo de pérdidas mediante sistemas basados en un índice. Además, la plataforma ofrecerá la posibilidad de reunir iniciativas privadas o públicas sobre la gestión de riesgos a escala local, así como el trabajo pertinente en otros ámbitos como, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, la agrometeorología, etc.

¿Por qué debe la PAC estimular las inversiones y cómo pueden los instrumentos financieros apoyar a los agricultores?

Se impone un instrumento de inversión flexible en el marco de la PAC que apoye la competitividad, la innovación, la adaptación al cambio climático y su atenuación y, en último término, la sostenibilidad de la agricultura y de las zonas rurales. Modernizar una explotación, introducir nuevas tecnologías o renovar los sistemas de riego son objetivos que requieren mucho capital y considerables esfuerzos financieros, y no es realista pensar que los agricultores pueden hacer frente solos a esta situación. Los fondos públicos disponibles para las subvenciones no bastan para hacer frente a las crecientes necesidades de inversión del sector. Las estimaciones aproximadas muestran que el déficit del mercado en materia de financiación del sector agrario se sitúa entre 1 600 y 4 100 millones EUR en el caso de los préstamos a corto plazo, y entre 5 500 y 14 800 millones EUR, en el de los préstamos a largo plazo.

Instrumentos financieros tales como los préstamos, las garantías y los fondos de capital pueden facilitar el acceso a la financiación a esos agricultores (por ejemplo, pequeños o nuevos agricultores) o productores agroalimentarios, que tienen dificultades para obtener los fondos necesarios para crear una empresa o desarrollarla. La combinación de los fondos de la UE y de la financiación privada tendrá un efecto multiplicador, pues incrementará los volúmenes de inversión.

Fuente: European Commission

El Parlamento Europeo reclama más esfuerzos en la implantación de la Red Natura 2000 y mayor coherencia entre la política agraria y medioambiental

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN  EN PRO DE LA NATURALEZA, LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA: MÁS ESFUERZO PARA APOYAR A QUIENES CONSERVAN LA RED NATURA 2000 Y LA BIODIVERSIDAD

 

Urge a la Comisión y a los Estados Miembros a mejorar la financiación de la Red Natura 2000 y la colaboración con los usuarios de la tierra. Además, insta a contemplar la conservación de la biodiversidad y su recompensa en la PAC.

El Parlamento Europeo adoptó el pasado 15 de Noviembre una Resolución sobre el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión hace unos meses tras el proceso de revisión de las Directivas relativas a la naturaleza que determinó que, aunque esta legislación cumple la función para la que fue aprobada, no obstante, se requieren mayores esfuerzos para lograr un mayor compromiso en su implantación y desarrollo.

El Parlamento acoge favorablemente el citado Plan de la Comisión, aunque recuerda que, en Europa, prácticamente una cuarta parte de las especies silvestres se encuentran actualmente en peligro de extinción y que la mayoría de los ecosistemas están degradados hasta el punto de no poder ya desarrollar sus valiosas funciones y considera que esto está causando enormes perjuicios sociales y económicos para la Unión.

Reitera la necesidad de que se hagan esfuerzos adicionales, considerables y continuados para alcanzar los objetivos fijados para 2020, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den una mayor prioridad política a ese aspecto.

Subraya que los Estados miembros deben garantizar que no se deterioren las zonas Natura 2000 ,  recuerda que ya el Tribunal de Cuentas Europeo reclamó una mayor financiación para la Red Natura 2000 y reclama a la Comisión y a los Estados Miembros mayores esfuerzos y nuevos mecanismos financieros para la gestión de esta Red ecológica. En particular propone que, en cooperación con los propietarios y usuarios de las tierras, examinen la posibilidad de que se ofrezcan los llamados «servicios verdes y azules» (gestión del paisaje, del medio ambiente y de los recursos hídricos) a cambio de una remuneración conforme a las condiciones del mercado.

Lamenta que en el plan de acción no se establezcan una estrategia prioritaria y acciones concretas para mejorar la protección de los insectos polinizadores, sobre todo en la lucha contra los riesgos para la salud y las especies de parásitos (en particular, el varroa) y  pide la aplicación plena y efectiva del Reglamento relativo a las especies exóticas invasoras, así como su adecuada financiación en el marco del presupuesto de la Unión; destaca que la inclusión de especies en la lista de la Unión de especies exóticas invasoras debe estar basada en una evaluación de riesgo normalizada y armonizada.

 El Parlamento reconoce que  la protección de nuestro entorno natural común en Europa es esencial tanto para nuestra economía como para nuestro bienestar, que se calcula que la red Natura 2000 tiene un valor económico anual comprendido entre los 200 000 y los 300 000 millones de euros y puede generar ingresos para las comunidades locales a través del turismo y los servicios recreativos, y que los ecosistemas saludables ofrecen servicios ecológicos esenciales, como agua dulce, almacenamiento de carbono, insectos polinizadores y protección contra las inundaciones, las avalanchas y la erosión costera; señala, por consiguiente, que invertir en la red Natura 2000 es muy juicioso desde el punto de vista económico.  Acoge con satisfacción la acción destinada a integrar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones; lamenta, no obstante, que el plan de acción no incluya una iniciativa concreta de «pérdida neta cero de biodiversidad»

Vínculos con otras políticas

El Parlamento Europeo hace un llamamiento a la  urgente necesidad de actuar para afrontar los principales factores de la pérdida de biodiversidad, que son la destrucción y la degradación de los hábitats, causadas sobre todo por el uso excesivo de la tierra, la contaminación, la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas químicos de síntesis, la difusión de especies exóticas y el cambio climático, y destaca también la necesidad de garantizar la coherencia entre las diversas políticas de la Unión.

Destaca la necesidad de mejorar la coherencia con la política agrícola común (PAC), y pone de relieve el preocupante declive de las especies y los hábitats ligado a la agricultura; pide a la Comisión que evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad;

Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por que los fondos de la PAC se reorienten de la subvención de actividades asociadas al declive de la biodiversidad a la financiación de prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y a mantener la biodiversidad conexa.

Señala que las especies designadas como de protección especial con arreglo a la Directiva sobre hábitats han alcanzado en algunas regiones de Europa un buen estado de conservación y que, por tanto, pueden poner en peligro a otras especies y a animales domésticos, alterando así el equilibrio natural del ecosistema; pide a la Comisión que desarrolle un procedimiento de evaluación que permita modificar el estado de protección de las especies en determinadas regiones tan pronto como se haya alcanzado el estado de conservación deseado;

 Recuerda que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats;

Además, sugiere a la Comisión que respalde la adopción de medidas, como la formación para agricultores en relación con la protección del ganado contra los grandes carnívoros y la puesta en común de las mejores prácticas sobre protección del ganado entre los Estados miembros;

Lamenta el Parlamento que  la PAC no haya sido desarrollada para proteger la práctica agrícola tradicional del pastoreo, actualmente en vías de desaparición, que constituye una herramienta histórica importante para la gestión de los hábitats y la conservación de la naturaleza; pide que el plan de acción apoye un marco para el desarrollo del pastoreo en la red Natura 2000. Pide a la Comisión que considere en particular la gestión adaptativa de las cosechas como una buena práctica para administrar de forma sostenible las poblaciones de aves acuáticas de la Unión que sean suficientemente abundantes y conservar las que estén en declive.

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

 

Los Estados miembros han manifestado hoy formalmente su apoyo a las nuevas normas para la agricultura ecológica, que de este modo se beneficiará de un marco legal simplificado que abarca a todos los productores, ya sean de la UE o de terceros países exportadores a la UE.

El Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha acogido con satisfacción este paso decisivo hacia la aprobación final del nuevo Reglamento sobre el sector biológico: «La Decisión del Consejo de hoy constituye un paso importante para el sector ecológico, que está creciendo rápidamente y podrá así seguir creciendo con la garantía de disponer de normas claras y justas para todos y todas. Existía un consenso general en cuanto a que las normas actuales, algunas de las cuales se remontan a hace 20 años, ya no eran adecuadas e iban a acabar perjudicando el crecimiento del sector, que representa 27 000 millones EUR en la UE. (…) En estas negociaciones, que han durado tres años, la Comisión siempre ha tenido en mente al consumidor europeo que compra productos ecológicos y que, con razón, tiene expectativas sobre las garantías ofrecidas por la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Las nuevas normas pondrán fin al sistema existente de excepciones. Se aplicarán a todos los productos ecológicos que se venden en la UE, independientemente de si se trata de productos de la UE o importados. Medidas preventivas más estrictas reducirán asimismo el riesgo de contaminación accidental por sustancias no autorizadas.»

El Acuerdo apoyado hoy por el Comité Especial de Agricultura del Consejo irá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su aprobación. Una vez lograda esta, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. La declaración completa del Comisario Hogan está en línea, así como unas preguntas frecuentes sobre las nuevas normas. Una ficha visual de información también está disponible. .

Fuente: European Commission

El Congreso da el primer paso para la reforma de la Ley de Patrimonio Natural que compatibiliza la lucha contra especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y pesca

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con 264 votos a favor y 79 en contra, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Popular para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca.

Una vez superada esta primera votación en Pleno, la iniciativa legislativa será remitida a comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios y se elaborará un dictamen. El texto que apruebe la Comisión continuará su tramitación en el Senado. 

El grupo proponente justifica esta reforma legislativa en la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, que modificaba el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, y que ha generado, expone, una "gran preocupación" en los municipios rurales porque, además de implicar la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de algunas especies objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, supone o la imposibilidad de la práctica de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de control y erradicación. 

El grupo Popular sostiene que esta sentencia dificultó actividades comerciales e introdujo dudas sobre el régimen de algunas explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la alimentación, como la trucha arco iris o el cangrejo rojo. A su juicio, se trata de un asunto especialmente sensible para las comunidades autónomas, como administraciones directamente responsables de la gestión de estas especies y de la regulación de la actividad cinegética y piscícola.

Con esta medida, los populares proponen establecer un marco para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias de gestión en la materia y dotar de seguridad jurídica a los sectores.

Por un lado, el grupo Popular considera preciso encontrar una solución que compatibilice la protección del medio ambiente con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, teniendo en cuenta las especies que proporcionan beneficios sociales y económicos. 

Finalmente, se habilita un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos excepcionales y en los supuestos con regulación específica, cuando exista un interés público de primer orden, la suspensión del procedimiento de catalogación o promover la descatalogación de una especie.

Fuente: Congreso de los Diputados

 

Bruselas da tres meses para presentar una propuesta en contra del glifosato

La Comisión Europea dará este plazo a la iniciativa 'Stop Glifosato', que ha sumado más de un millón de firmas, para detallar su reivindicación.

La Comisión Europea dará un plazo de tres meses a los promotores de la iniciativa ciudadana que pide vetar el glifosato –polémico compuesto utilizado en muchos herbicidas– para que presenten "en detalle" su reivindicación, antes de que Bruselas decida los pasos a seguir.

Cumplido ese plazo y tras una audiencia europarlamentaria, Bruselas decidirá "si actúa proponiendo algún tipo de legislación, planteando alguna otra manera con la que cumplir los objetivos de la iniciativa o decide no actuar en absoluto", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La iniciativa Stop Glifosato ha sumado más de un millón de firmas de apoyo recogidas en 22 de los Veintiocho Estados miembros, lo que obliga a Bruselas a abrir esta segunda fase del proceso que enmarca las iniciativas ciudadanas europeas.

"Prohibir el glifosato”

El movimiento reclama al Ejecutivo comunitario que proponga a los Estados miembros "prohibir el glifosato, reformar el procedimiento de aprobación de pesticidas y fijar un objetivo común y obligatorio de reducción de pesticidas" en la UE.

La Comisión Europea va ahora a "invitar" a los organizadores a presentar "sus ideas más detalladas en el plazo de tres meses" y se programará una audiencia pública en el Parlamento Europeo con todas las partes interesadas, antes de decidir los pasos a seguir.

La decisión que tome la Comisión tras estudiar la propuesta detallada y las posiciones de los grupos de interés deberá ser publicada "explicando su razonamiento".

Fuente: Ecoavant

Expertos cifran en 12.500 millones de euros al año el impacto de las especies invasoras en Europa

Un total de 207 especies exóticas consideradas invasoras deberían ser incluidas con urgencia en el listado de la Unión Europea (UE), según un estudio publicado en la revista Journal of Applied Ecology. Los expertos que han participado en su elaboración, entre los que hay investigadores españoles y representantes de BirdLife Europa, aseguran que la ampliación de la lista debe hacerse antes de 2020 porque los problemas que estas especies causan a los 28 Estados miembros suponen un coste superior a los 12.500 millones de euros al año.

El informe, titulado 'Lista de Especies Exóticas Invasoras preocupantes para la Unión Europea', destaca que actualmente hay 49 reconocidas dentro de esta categoría. De las aproximadamente 12.000 especies exóticas presentes en el continente, la mayoría son inofensivas porque no logran establecerse ni prosperar. Pero una minoría, entre un 10 y un 15% de ellas, provocan graves daños al medio ambiente porque compiten por el alimento y el espacio con la fauna y la flora autóctonas, siendo un factor principal de extinción y pérdida de biodiversidad. Son las consideradas invasoras, que también crean daños y pérdidas de tipo económico.

Jorge Fernández Orueta, técnico de SEO Birdlife que ha participado en la elaboración del estudio, asegura en declaraciones a EL MUNDO que "es importante atajar el problema lo antes posible porque hablamos de especies ya establecidas".

"Hay especies vegetales que pueden obstaculizar ríos y canales o erosionar las orillas hasta el punto de provocar inundaciones, otras afectan directamente a la agricultura y transmiten enfermedades y algunas afectan de forma directa a la biodiversidad", explica.

Los autores del estudio consideran que, de las 1.323 especies analizadas, unas 900 cumplen con los criterios para incorporarse al listado comunitario de Especies Exóticas Invasoras (EEI). Entre las 207 que tienen carácter prioritario figuran algunas como el visón americano, el eucalipto blanco o común y el eucalipto rojo, la serpiente rey, la planta lantana, el miná o mainate o la gambusia.

Además, ponen de manifiesto la necesidad de añadir otras 336 especies para una segunda fase que habría que acometer antes de 2025 y otras 357 para 2030. La importancia de ampliar el listado se debe a que la clasificación como EEI implica la prohibición de su posesión y comercio en el conjunto de la UE. A juicio de Orueta, estos plazos progresivos "son una herramienta que busca priorizar a la hora de tomar decisiones".

Coordinación europea y precaución

Por su parte, la organización a la que representa, SEO BirdLife, reclama una acción paneuropea coordinada porque, una vez que estas especies llegan a Europa, atraviesan con facilidad las fronteras. Además, aboga por aplicar el principio de precaución, que el propio Orueta se encarga de explicar: "Cuando se tiene una duda razonable de que una especie pueda causar un problema o se sospecha que pueda ser invasora, desde que se tienen las primeras evidencias hay que apostar por una opción prudente y actuar, aplicando los criterios de control o erradicación que sean necesarios", demanda.

España cuenta "con una de las legislaciones más avanzadas" en esta materia, según refleja el documento, que a la vez advierte de que la nueva legislación que prepara la UE es ambiciosa pero corre el riesgo de ser inútil si la lista actual de EEI permanece estancada en el número actual.

Por último, Orueta apunta al cambio climático como una dificultad añadida para mitigar este problema. "Para muchas especies, su principal y en ocasiones único límite de expansión es el frío invernal. La reducción de las heladas y unas temperaturas cada vez más suaves son aspectos que favorecen a unas determinadas especies invasoras. Hay muchas más especies en las zonas tropicales que en las polares, de modo que las zonas mediterráneas y costeras están mucho más amenazadas que las continentales", precisa.

"Es importante disponer de herramientas para la detección temprana de las nuevas especies que llegan. Cuanto antes se invierta cada euro destinado por un país europeo a controlar las especies invasoras y proteger su biodiversidad y sus propios recursos, mejor", concluye este experto.

Fuente: El Mundo

Si no hay evidencia de riesgo para la salud o medio ambiente los Estados de la UE no pueden adoptar medidas de emergencia respecto de los alimentos transgénicos

En 1998, la Comisión Europea autorizó la comercialización del maíz modificado genéticamente MON 810. En su Decisión, la Comisión se basó en un dictamen del Comité científico según el cual no había motivo para pensar que este producto pudiera tener efectos nocivos para la salud humana o el medio ambiente.

En 2013, a la luz de unos nuevos estudios científicos llevados a cabo por dos institutos de investigación italianos, el Gobierno italiano solicitó a la Comisión que adoptara medidas de emergencia para prohibir el cultivo del maíz MON 810. Basándose en un dictamen científico emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión concluyó que no había ninguna prueba científica nueva que justificara la adopción de las medidas de emergencia solicitadas y que invalidara sus conclusiones anteriores sobre el carácter inocuo del maíz MON 810. A pesar de ello, el Gobierno italiano adoptó en 2013 un decreto por el que se prohibía el cultivo del maíz MON 810 en territorio italiano.

En 2014, el Sr. Giorgio Fidenato y otras personas cultivaron maíz MON 810 en contra de lo establecido en el decreto, razón por la cual fueron objeto de diligencias penales.

En el marco del procedimiento penal incoado contra estas personas, el Tribunale di Udine (Tribunal de Udine, Italia) pregunta al Tribunal de Justicia, entre otras cosas, si pueden adoptarse medidas de emergencia en materia alimentaria sobre la base del principio de cautela. Según este principio, los Estados miembros pueden adoptar medidas de emergencia con el fin de evitar riesgos para la salud humana que todavía no hayan sido completamente identificados o comprendidos debido a la incertidumbre científica.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que tanto la legislación alimentaria de la Unión como la legislación de la Unión relativa a los alimentos y los piensos modificados genéticamente tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores, velando al mismo tiempo por el funcionamiento efectivo del mercado interior, del que la libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables constituye un aspecto esencial.

En este marco, el Tribunal de Justicia observa que, cuando no se ha demostrado que sea evidente que un producto modificado genéticamente pueda constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, ni la Comisión ni los Estados miembros tienen la facultad de adoptar medidas de emergencia, como la prohibición del cultivo de maíz MON 810.

El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que el principio de cautela, que supone la existencia de incertidumbre científica en cuanto a la concurrencia de un riesgo determinado, no basta para adoptar tales medidas. Aunque este principio puede justificar la adopción de medidas provisionales de gestión del riesgo en el ámbito alimentario en general, no permite inaplicar o modificar, en particular flexibilizándolas, las disposiciones previstas para los alimentos modificados genéticamente, que ya han estado sujetos a una evaluación científica completa antes de su comercialización.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia observa que, tras haber informado oficialmente a la Comisión de la necesidad de recurrir a medidas de emergencia y cuando ésta no haya actuado, un Estado miembro puede adoptar medidas de emergencia a escala nacional. Además, puede mantenerlas o renovarlas mientras la Comisión no adopte una decisión que imponga su ampliación, modificación o derogación. En esos casos los tribunales nacionales son competentes para apreciar la legalidad de las medidas de que se trate.

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Nuevas normas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2

  • Para 2030 las emisiones deberán compensarse con la absorción de CO2
  • A partir de 2030, la absorción de CO2 deberá superar a las emisiones

 

El Parlamento Europeo apoyó el miércoles, 13 de Septiembre,  nuevas reglas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2, lo que contribuirá a reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento.

Los eurodiputados respaldaron el proyecto legislativo por el que Estados miembros tendrán que asegurar el equilibrio entre las emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, las zonas de pasto y de cultivo.

El Parlamento incluyó, además, provisiones para que a partir de 2030, los países tengan que alcanzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emisiones, en línea con los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de París sobre clima.

Créditos por la reducción de CO2

Si la absorción de CO2 es superior a las emisiones por el uso de la tierra durante los primeros cinco años, los países podrán acumular esos créditos y usarlos más adelante, para lograr alcanzar sus objetivos en el siguiente periodo de cinco años. Los Estados miembros también podrán utilizar esos créditos para cumplir sus objetivos dentro del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Los productos madereros aprovechados, como el material de construcción y el mobiliario, también contribuyen a reducir el CO2, dado que almacenan el carbono absorbido por los árboles durante su crecimiento. Incluir estos productos en la contabilidad, incentivará a los países a desarrollar el uso de la madera aprovechada (para fines distintos al energético). El límite al uso de créditos por gestión forestal aumentará del 3,5% (como proponía la Comisión) al 7% para permitir contabilizar créditos adicionales de esta categoría.

Los países tendrán que informar sobres sus emisiones anualmente, con el objetivo de equilibrar las emisiones y la absorción en dos periodos consecutivos de cinco años cada uno (2021-2025 y 2026-2030). Si un Estado miembro no alcanza sus objetivos en ninguno de los periodos, el déficit será descontado de su asignación en el marco del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Próximos pasos

El proyecto salió adelante con 532 votos favorables, 144 en contra y 20 abstenciones. El pleno devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente, para que los negociadores del Parlamento puedan comenzar las conversaciones con el Consejo de Ministros, con vistas a alcanzar un acuerdo en primera lectura, una vez que los ministros hayan fijado su propia posición negociadora.

Datos

Los umbrales para cada Estado miembro se establecerán sobre la base de su “nivel de referencia forestal” -una estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del país. Según los eurodiputados, deberá basarse en las prácticas entre 2000 y 2012, un periodo más reciente que el propuesto por la Comisión (1990-2009).

Las emisiones que las autoridades no pueden controlar, como las derivadas de fuegos, podrán excluirse, pero con límites, para no crear una laguna legislativa.

Los bosques de la UE absorben el equivalente a casi el 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del bloque.

Esta propuesta legislativa, que es parte del paquete climático presentado por la Comisión en julio de 2016, propone integrar las emisiones y la absorción por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

Fuente: Parlamento Europeo

 

 

 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad