Directrices de la Comisión Europea para la prevención de terrestre de incendios forestales

 

Hoy, tras el Día Internacional de los Bosques, la Comisión ha publicado nuevas directrices para facilitar una mejor comprensión de la prevención de incendios forestales terrestres y ofrecer respuestas eficaces. En ellas se proponen medidas de prevención que pueden adoptarse a través de la gobernanza, la planificación y la gestión forestal, y se explica la manera en que los Estados miembros de la UE pueden recibir financiación de la UE con fines de resiliencia ante los incendios forestales y pueden colaborar a escala de la UE.

Los bosques son necesarios para la biodiversidad y la regulación del clima y del agua, el suministro de alimentos, medicinas y materiales, la captura y almacenamiento de carbono, la estabilización del suelo y la depuración del aire y el agua. Tenemos que protegerlos, recuperarlos y gestionarlos de forma sostenible, ya que son cruciales para nuestra vida y medios de subsistencia.

En los últimos años se han incrementado las repercusiones de los incendios forestales en las personas y en la naturaleza. En las nuevas directrices se examinan los factores complejos e interconectados que subyacen a este aumento y se ofrece una visión general de los principios y experiencias existentes en materia de gestión de paisajes, bosques y superficies forestales que pueden salvar vidas.

En el Pacto Verde Europeo se anunció una nueva estrategia forestal de la UE para 2021 para velar por una reforestación eficaz y la conservación y restauración de los bosques en Europa. Así se contribuirá a reducir la incidencia y la extensión de los incendios forestales. La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 también tiene por objeto contribuir a que la UE y sus Estados miembros estén adecuadamente equipados para prevenir y combatir los grandes incendios forestales, que dañan gravemente la biodiversidad forestal. La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE hace hincapié en la necesidad de reforzar la resiliencia de los bosques y contempla varias medidas para alcanzar ese objetivo. El cambio climático ya está perjudicando directa e indirectamente a los bosques europeos por los incendios, las sequías y las plagas sin precedentes de perforadores de la corteza. Es probable que estos efectos se agraven en el futuro.

Puede hacerse frente con éxito al riesgo de incendios forestales mejorando la gestión y la ordenación del territorio. Para mitigar ese riesgo, hay que estudiar la ordenación del territorio para velar por que la estructura, la composición y el uso de los bosques, los terrenos boscosos y otros paisajes vegetales sean más resistentes y resilientes frente a los incendios forestales. También es necesario informar y educar a los ciudadanos sobre los incendios forestales. La Comisión financia estas medidas de carácter educativo y facilita la cooperación y la coordinación en materia de respuestas conjuntas.

Además, el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión ha creado perfiles de países en el marco del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales para apoyar la gestión de incendios forestales y la reducción del riesgo de catástrofes a escala mundial, y en particular en la región de América Latina y el Caribe. Esta labor forma parte de la actuación global de la UE en apoyo de la conservación y el fomento sostenible de los bosques amazónicos. Actualmente hay más de cincuenta programas de la UE sobre esta prioridad regional, y el nuevo presupuesto para una Europa global contemplará también una estrategia específica sobre el Amazonas, coordinada con los Estados miembros de la UE.

Reacciones de los miembros del Colegio

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado lo siguiente: «Los árboles son nuestros aliados en la lucha contra la crisis climática y de biodiversidad. Un árbol ayuda a depurar el aire, enfría las ciudades y absorbe CO2. Los seres humanos ya ejercen una enorme presión sobre los bosques del mundo, y los incendios forestales constituyen una amenaza añadida. Dado que el riesgo de incendios forestales se ve agravado por la subida de las temperaturas y el aumento de las sequías, es fundamental reforzar la protección de los bosques, mejorar la prevención y reaccionar con mayor rapidez».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «Los ecosistemas forestales albergan el 80 % de las plantas y animales terrestres conocidos del mundo, y su destrucción nos pone en peligro a todos. Los incendios forestales constituyen una amenaza creciente para los bosques y los seres humanos, y este nuevo marco, prevención y cooperación son nuestros instrumentos más importantes al respecto. Estoy convencido de que estas directrices pueden brindar una respuesta más eficaz y reportar grandes ventajas para las personas y la naturaleza, de la que dependemos».

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha declarado: «Los incendios forestales pueden tener consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para las personas. Los perfiles de países elaborados por el Centro Común de Investigación contribuirán a la evaluación de riesgos y a la mitigación de este peligro, demostrando la manera en que la ciencia puede contribuir a mejorar y proteger vidas y nuestro planeta».

El comisario de Gestión de Crisis Janez Lenarčič ha declarado: «Los incendios en la región amazónica y en todo el mundo no han tenido precedentes en los últimos años en cuanto a su carácter destructivo. Por esta razón, el Sistema Mundial de Información sobre Incendios es crucial para aportar datos sobre el peligro de incendios y las zonas quemadas a escala mundial. Instrumentos de seguimiento como el Sistema Mundial de Información sobre Incendios ayudan a la Comisión a disponer de toda la información necesaria para coordinar la respuesta de la UE y proteger vidas, medios de subsistencia y el medio ambiente».

La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, ha declarado: «Estamos dispuestos a colaborar con nuestros socios para prevenir de forma más eficaz los incendios forestales. Esta labor existe la mancomunación de conocimientos sobre técnicas de gestión forestal sostenible, adaptadas a las necesidades locales, y la recuperación de los bosques. Los bosques del mundo son indispensables para la biodiversidad, el clima y los seres humanos; tenemos que respetar y proteger los ecosistemas que tanto nos ofrecen, también desde el punto de vista del empleo y los medios de subsistencia. Mediante el Pacto Verde, nuestro objetivo es garantizar la conservación de bosques sanos para las generaciones futuras».

Contexto

En los últimos años, los incendios forestales han tenido un enorme impacto en el capital natural, la economía y la población de Europa, de norte a sur y de este a oeste. Las causas de estas recientes tendencias son complejas y entre ellas figuran el cambio climático, los cambios en la ordenación del territorio, patrones sociales como el abandono de las zonas rurales y la expansión urbana, la evolución de las tradiciones culturales y los comportamientos de ocio, y unas políticas deficientes de lucha contra los incendios.

Las nuevas hipótesis en materia de cambio climático mundial también indican un posible aumento de la aparición de los denominados incendios catastróficos, es decir, incendios forestales demasiado graves como para que sea posible apagarlos. En respuesta a estas alarmantes tendencias, debe prestarse mayor atención a las prácticas de prevención de incendios terrestres como parte de la gestión integrada del fuego.

Los perfiles de países del CCI aportan información sobre la distribución geográfica de los incendios forestales, las zonas quemadas y las emisiones, y valoran los regímenes de incendios forestales y las repercusiones a escala nacional y local en todo el mundo. Permiten una evaluación global del riesgo de incendios forestales y la mitigación de sus efectos en la degradación del suelo, la deforestación o las emisiones de combustión de biomasa. El Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales se basa en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus y se está creando junto con el Grupo de Observaciones de la Tierra y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) de los Estados Unidos, en estrecha colaboración con las Naciones Unidas. Los servicios del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales también contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque en Navacerrada revertirán al Dominio Público Forestal y deberán devolverse a su estado original

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del MITECO, no realizará una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Esta decisión revertirá estos montes al dominio público forestal, garantizando la restauración ambiental y paisajística de la zona, que actualmente cuenta con diversas figuras de protección

 

La decisión responde al escenario actual de cambio climático, ya que, desde la década de los 70, la temperatura media en el Puerto de Navacerrada ha aumentado 1,95ºC y la nieve se ha reducido en un 25%

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no realizará una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque en Navacerrada. Así lo ha comunicado el OAPN en un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que había solicitado informe a Parques Nacionales como propietarios de esa parte del monte Pinar de Valsaín.

De acuerdo con el OAPN, la renovación de la concesión, firmada el 3 de abril de 1996 y que finaliza próximamente al cumplir el plazo de vigencia de 25 años, no es viable. La decisión revertirá estos montes al dominio público forestal ,garantizando la restauración ambiental y paisajística de estos terrenos de alto valor, situados en el entorno del Parque Nacional de la Sierra Norte de Guadarrama y catalogados como Zona de Ordenación Especial, que pasarían a formar parte de la Zona de Uso Limitado de Cumbres.

Las instalaciones para la práctica de esquí correspondientes a la concesión incluyen, además de las tres pistas mencionadas, tres telesillas con sus construcciones complementarias y un sistema de innivación artificial compuesto por un edificio depósito que alberga los compresores, las conducciones de agua y aire y los cañones de impulsión. También se encuentra en la zona un remonte tipo tapiz rodante instalado sin autorización.

La empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí deberá desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021.

UNA ZONA PROTEGIDA DE ALTO VALOR

La superficie, que se extiende en 7,6 hectáreas, cuenta con diversas figuras de protección. Por un lado, el terreno donde se encuentran las pistas y los telesillas linda al sur con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG), catalogados como Zona de Uso Moderado tipo B. El resto de su límite linda con el Área de Especial Protección del PNSG correspondientes a una Zona de Uso Moderado tipo A. Por su parte, la toma de agua del arroyo del Telégrafo se sitúa aguas arriba del inicio del tramo del Río Eresma, declarado como Reserva Natural Fluvial del Alto Eresma.

Además, el terreno ocupado se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso – El Espinar, de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Guadarrama, formando así parte de la Red Natura 2000.

La vegetación circundante al terreno ocupado se corresponde, además, con formaciones de pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) y de piornal – enebral de piorno serrano (Cyitisus purgans) y enebro rastrero (Juniperus comunis var. Nana).

 

IMPACTOS CLIMÁTICOS Y ALTA PRESIÓN HUMANA

El escenario actual de cambio climático ha determinado esta decisión, basada en predicciones nada favorables, de acuerdo con los datos recogidos por la estación meteorológica del Puerto de Navacerrada: desde la década de los 70 (década de mejores condiciones para la existencia de nieve en Navacerrada), la temperatura media ha aumentado 1,95ºC, la temperatura media de las mínimas también se ha incrementado en 0,77ºC y la nieve se ha reducido en un 25% (los días de helada disminuyen en 21,6 y los días de nieve en 24,2).

Un escenario al que hay que sumar la alta presión turística y recreativa que sufre la zona: el Puerto de Navacerrada soporta un grave problema de saturación y de acceso, aglomeraciones que, en ocasiones, suponen un problema de orden público y seguridad ciudadana, aportes de residuos sin una solución clara para su recogida y evacuación. En definitiva, un modelo de uso público que debe adecuarse a la preservación de los valores del entorno natural del parque nacional.

De hecho, la normativa de la Junta de Castilla y León relativa a la gestión de la ZEC propone limitar y condicionar las infraestructuras que comportan las instalaciones deportivas y de ocio. De igual forma, el plan básico de gestión de la ZEPA establece entre sus objetivos ordenar el intenso uso público que soporta la zona, mostrando especial preocupación por el macizo de Peñalara y el Puerto de Navacerrada.

En línea con lo establecido en la ley de montes de CyL y la legislación del PNSG, el OAPN insta a que la gestión del espacio ocupado por la estación de esquí del Puerto de Navacerrada debe fomentar aquellas acciones que estén orientadas a la preservación y mejora de los hábitats que componen estos montes y, en su caso, a su uso racional y sostenible, compatible con la conservación.

El MITECO presenta la zonificación ambiental para energías renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado una nueva herramienta cartográfica que zonifica el territorio en función de los previsibles impactos que puedan presentar para la implantación de proyectos de energías renovables, en concreto, de eólica y de solar fotovoltaica. Para cada una de estas tecnologías se han elaborado sendos mapas que presentan una zonificación del territorio teniendo en cuenta los valores ambientales de las distintas áreas. El objetivo es que sea una herramienta orientadora que sirva para la toma de decisiones de los responsables de planificación y promotores de proyectos, facilitando la identificación, desde el primer momento, de los valores ambientales o figuras de protección que puedan afectar las decisiones de ubicación o diseño de estos proyectos.

Esto es de una importancia estratégica teniendo en cuenta el despliegue de renovables requerido –unos 60.000 nuevos MW de potencia renovable en eólica y solar fotovoltaica a instalar en la próxima década, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030- para alcanzar el objetivo final de tener un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050. La disponibilidad de la información de forma clara y transparente en una fase temprana permitirá que los proyectos puedan tener en cuenta los criterios adecuados desde el inicio de su tramitación, facilitando la misma.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado durante la presentación de esta herramienta que “el vasto despliegue de generación renovable que ambicionamos ha de hacerse pues compatible con la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos ir de la mano en la lucha frente la crisis de biodiversidad y la crisis climática. Y tenemos el privilegio de habitar un país que nos ofrece condiciones óptimas para dar respuestas eficaces a ambos retos”. El estudio se ha centrado únicamente en proyectos de grandes instalaciones de generación de energía renovable eólica y fotovoltaica de competencia estatal, cuyo fin es su venta a la red, y se ha basado en la experiencia acumulada en la evaluación ambiental de proyectos de estas características.

 

MAPAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Los mapas de sensibilidad ambiental permiten identificar los potenciales condicionantes ambientales en las distintas áreas del territorio nacional para la implantación de estos proyectos, mediante un modelo territorial que agrupe los principales factores ambientales, cuyo resultado es una zonificación en niveles de sensibilidad ambiental. La resolución de los mapas es muy alta, con cuadrículas de 25×25 metros, y permiten zonificar el territorio en función del índice de sensibilidad ambiental obtenido a partir del modelo. Las zonas de máxima sensibilidad ambiental son aquellas en las que concurren elementos ambientales de la mayor relevancia: por ejemplo masas de agua, humedales de importancia internacional incluidos en el convenio Ramsar, Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs), Lugares Patrimonio Cultural de la Unesco, etc.

En el resto de zonas el nivel de sensibilidad ambiental se determina a partir de indicadores ponderados, en función de los valores ambientales que concurren, como pueden ser Hábitats de Interés Comunitario, impacto visual, Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, etc. El manejo de estos mapas, disponibles para su visualización en el geoportal del MITECO, permitirá conocer ese nivel de sensibilidad ambiental (índice) y, especialmente, los indicadores ambientales asociados, que permitan una mejor caracterización de cada entorno de cara a las decisiones de diseño y ubicación de los potenciales proyectos. POSTERIOR EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Este modelo es una simplificación de la realidad para poder conocer el territorio desde un enfoque general y estratégico, lo cual no exime del pertinente trámite de evaluación ambiental, y de que se concreten los impactos de cada caso particular y en cada ubicación específica para cada proyecto de energía renovable que se quiera implantar. En este sentido, los valores del modelo no prejuzgan el resultado de una declaración de impacto ambiental. Las zonas que presenten una sensibilidad ambiental de menor grado, según el modelo territorial resultante, no implican directamente que cualquier proyecto allí ubicado vaya a obtener una resolución ambiental favorable. De igual manera, que un proyecto se ubique en una zona con muchos condicionantes ambientales, no significa que vaya a obtener necesariamente una resolución ambiental desfavorable, ya que el proyecto en detalle podría conseguir evitar los impactos que pudieran ser significativos, mediante una adecuada selección de la alternativa de las ubicaciones, con soluciones adaptadas a las necesidades de los valores ambientales concretos, adoptando medidas preventivas y correctoras específicas, etc. Precisamente, la disponibilidad de información temprana permite identificar los valores ambientales más relevantes en cada ubicación, para facilitar la identificación y adopción de este tipo de medidas.

Es decir, los resultados del modelo se han de tomar como una recomendación, dirigida a ayudar a los promotores de estos proyectos a elegir de manera preliminar una localización más favorable ambientalmente, así como a facilitar, de forma abierta y transparente a la administración pública que deba realizar la evaluación ambiental de los mismos y al conjunto de la sociedad, los datos ambientales orientativos que concurren en cada parte del territorio nacional.

 

ALCANCE DEL EJERCICIO DE ZONIFICACIÓN

El ámbito de la zonificación presentado hoy se restringe al medio terrestre de la Península, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El análisis respecto a instalaciones de las distintas tecnologías renovables marinas requiere una aproximación metodológica diferenciada y, por lo tanto, no se incluyen en el ámbito de aplicación de esta herramienta, sino que tendrá su propio desarrollo en el contexto de los planes de ordenación del espacio marítimo en los que también está trabajando el MITECO. Así, esos planes identificarán las zonas más idóneas para la futura implantación de infraestructuras de aprovechamiento de las energías marinas (olas, mareas, corrientes, etc.) así como de energía eólica off-shore, que se presenta como la tecnología que podría tener una implantación más significativa en términos de potencia en los próximos años en las aguas marinas españolas.

Por otra parte, al estar ligado a la normativa de evaluación ambiental, este estudio excluye instalaciones de autoconsumo o aquellas que, por sus características o su integración cubiertas o edificios existentes, puedan integrarse mejor en el territorio y generar un menor impacto. A este respecto es importante recalcar que el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en las cubiertas de edificios existentes, desde el ámbito residencial al comercial, industrial o del sector público, es una iniciativa prioritaria para cumplir los objetivos climáticos. La utilización de estos espacios, hasta ahora prácticamente no utilizados, es fundamental para caminar hacia la neutralidad climática, pero también para situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética, uno de los objetivos principales del PNIEC 2021-2030 y la Estrategia a Largo Plazo 2050. En este sentido, se encuentra en desarrollo la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que analizará el potencial de penetración del autoconsumo en los distintos ámbitos, las posibles barreras y necesidades, así como las medidas y actuaciones necesarias para aprovechar todas las oportunidades que ofrece a consumidores y sectores económicos, y para garantizar una adecuada integración en el sistema.

Fuente: www.miteco.gob.es

 

El nuevo informe de la Comisión Europea sobre el estado de la naturaleza en Europa: no menos del 81 % de los hábitats protegidos se encuentran en mal estado.

 

La degradación de las especies y los hábitats protegidos sigue avanzando, principalmente a causa de la agricultura intensiva, la urbanización, las actividades silvícolas no sostenibles y los cambios en los hábitats de agua dulce. La contaminación del aire, el agua y el suelo también afecta a los hábitats, al igual que el cambio climático, la sobreexplotación de los animales mediante actividades de aprovechamiento ilegal y la caza y la pesca insostenibles. Si no se le pone freno, esta degradación conducirá inevitablemente a la continua erosión de nuestra biodiversidad y de los servicios vitales que esta presta, con el consiguiente peligro para la salud y la prosperidad humanas.

El informe subraya la clara necesidad de actuar si queremos tener alguna posibilidad de situar la biodiversidad de Europa en la senda de la recuperación de aquí a 2030, conforme a lo previsto en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad. Será esencial, con ese fin, lograr en su totalidad los objetivos y las metas que se proponen tanto en dicha Estrategia como en la Estrategia «de la granja a la mesa» .

La evaluación, basada en un informe técnico de la Agencia Europea de Medio Ambiente más detallado, pone de manifiesto que, si bien muchas especies y hábitats protegidos están consiguiendo resistir pese a la fuerte presión a la que se hallan sometidos, la mayor parte de ellos se encuentran en un estado deficiente o malo en la UE, y algunos de ellos presentan una tendencia continua de deterioro.

Por lo que respecta a las especies, siguen en declive las aves que tienen una estrecha relación con la agricultura; los peces de agua dulce presentan la proporción más elevada (38 %) de mal estado de conservación, debido principalmente a los cambios en las masas y el caudal de las aguas y a las instalaciones hidroeléctricas. Solo el 15 % de los hábitats se encuentra en buen estado. La restauración de las turberas y otros humedales puede aportar beneficios para la naturaleza, pero también contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático y crear oportunidades de empleo en las zonas rurales y periféricas.

El informe muestra también que las medidas de conservación específicas dan resultados. El lince ibérico, el reno de bosque y la nutria, animales que han sido objeto de importantes proyectos de conservación, se están recuperando. Las iniciativas llevadas a cabo en el marco del programa LIFE de la UE, los regímenes agroambientales específicos de la política agrícola común y la red Natura 2000, con sus 27 000 lugares, siguen teniendo una influencia benéfica, pero ese efecto debe ampliarse considerablemente. 

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado lo siguiente: «Esta evaluación del estado de conservación de la naturaleza representa el chequeo de la salud de la naturaleza más completo que jamás se ha realizado en la UE. Muestra muy claramente, una vez más, que estamos perdiendo nuestro sistema clave de soporte vital. En la Unión, no menos del 81 % de los hábitats protegidos se encuentran en mal estado. Hemos de llevar urgentemente a la práctica los compromisos de la nueva Estrategia de la UE sobre a Biodiversidad para invertir este declive en interés de la naturaleza, las personas, el clima y la economía».

Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ha declarado: «Nuestra evaluación muestra que para salvaguardar la salud y la resiliencia de la naturaleza de Europa, así como el bienestar de las personas, se requieren cambios fundamentales en nuestra manera de producir y consumir alimentos, gestionar y utilizar los bosques y construir ciudades. Estos esfuerzos deben ir acompañados de una mejor aplicación y un mayor control del cumplimiento de las políticas de conservación, un enfoque en la restauración de la naturaleza y una acción por el clima cada vez más ambiciosa, sobre todo en los sectores del transporte y la energía».

Contexto

Cada seis años, los Estados miembros de la UE presentan un informe sobre el estado y las tendencias de conservación de las especies y los tipos de hábitats protegidos por las Directivas europeas. El actual ciclo de presentación de informes es el ejercicio de recogida de datos sobre el estado de la naturaleza europea más amplio y completo que jamás se ha realizado. El informe ofrece un análisis de los datos sobre el estado y las tendencias de todas las especies de aves silvestres presentes en la UE (460 especies), 233 tipos de hábitats y aproximadamente otras 1 400 especies de plantas y animales silvestres de interés europeo.

Estos conocimientos guiarán la acción de la UE en materia de biodiversidad en los próximos años y proporcionarán una base de referencia esencial para supervisar los avances realizados hacia la consecución de los objetivos de la nueva Estrategia de la UE sobre Biodiversidad de aquí a 2030. 

Fuente: European Commission

Aprobada la «Hoja de Ruta del Hidrógeno»

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy, 6 de Octubre,  la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”. Con esta planificación, el Gobierno impulsa el despliegue de este vector energético sostenible, que será clave para que España alcance la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050. El desarrollo del hidrógeno renovable incentivará la creación de cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido.

El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales –alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno– a 2030. Entre otros, 4 gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto.

La consecución de los objetivos a 2030 que refleja la Hoja de Ruta facilitarán posibilitará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 (CO2eq).

Por último, la Hoja de Ruta anticipa una visión de cuál será el papel del hidrógeno en las siguientes tres décadas, en las que España busca liderar un proyecto país hacia una economía descarbonizada, de manera que se fomente la cadena de valor innovadora, el conocimiento aplicado de la industria, el desarrollo de proyectos piloto a lo largo del territorio nacional y el apoyo a las zonas de transición justa.

EL POTENCIAL DEL HIDRÓGENO

El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, como lo pueden ser el sol o el viento, sino un vector energético, es decir, un producto manufacturado que es capaz de almacenar energía para, posteriormente, pueda ser liberada de forma gradual. En el caso de que se empleen energías renovables en su fabricación, el hidrógeno obtenido tendrá la consideración de “hidrógeno verde” o “hidrógeno renovable”.

La Hoja de Ruta identifica este vector energético como una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía y el desarrollo de cadenas de valor industriales y de I+D+i, convirtiéndose así en una de las palancas de reactivación económica ligadas a la transición energética, junto a otros ámbitos como el despliegue renovable, la movilidad sostenible y conectada o la rehabilitación energética de edificios.

OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA

En este sentido, la Hoja de Ruta identifica las oportunidades que representan para España el fomento de la producción nacional y la aplicación del hidrógeno renovable.

En primer término, la apuesta por el hidrógeno renovable activará el desarrollo de cadenas de valor. Se abren nuevas oportunidades de generación de empleo sostenible y de actividad económica en ámbitos como la fabricación de ensambladores de electrolizadores, de pilas de combustible, de componentes (electrónica, control, automoción, mecánica), de vehículos, astilleros, de depósitos a presión, hidrogeneras o plantas de producción de hidrógeno renovable, así como su gestión, soluciones de almacenamientos a gran escala, equipos para el transporte de hidrógeno o de servicios de movilidad basados en hidrógeno renovable.

Este fortalecimiento de la cadena de valor vendrá acompañado de una mayor I+D+i energética española, que se convertirá además en un pilar para un desarrollo económico sostenible. Al respecto, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, incluye entre sus líneas estratégicas de I+D+i nacional la aplicación del hidrógeno renovable en la industria y como recurso para el cambio climático y la descarbonización.

El hidrógeno verde será clave en la senda que ha emprendido el país para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, así como de otros contaminantes ligados a segmentos como el transporte, la generación de energía y el sector industrial. De hecho, la Hoja de Ruta subraya el potencial del hidrógeno renovable para descarbonizar sectores o procesos con mayor complejidad de descarbonización como pueden ser el transporte aéreo o los procesos industriales que requieran altas temperaturas.

Además, el documento destaca su potencial para acelerar el despliegue renovable en nuestro país, con los efectos positivos asociados que tiene una mayor presencia de energías renovables en el sistema sobre los precios de electricidad y sobre la competitividad industrial. En este ámbito, la Hoja de Ruta subraya su papel en el desarrollo de redes inteligentes y, especialmente, para almacenar energía renovable a gran escala y de manera estacional, aportando gestionabilidad al sistema. Este despliegue se hará en línea con la Estrategia de Almacenamiento, cuyo borrador ultima en estos momentos el MITECO.

Estos dos factores, según la Hoja de Ruta, harán del hidrógeno uno de los principales activos para lograr que España sea una de las potencias europeas en generación renovable. A ello se añade la implantación de otras tecnologías, como las que recogerá la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España, también en fase de elaboración, y que propiciarán un cambio radical al paradigma energético actual, consolidando un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050.

Otro aspecto destacado por la Hoja de Ruta es el potencial del hidrógeno renovable para favorecer la descarbonización de los sistemas energéticos aislados, con especial atención a los territorios insulares.

OBJETIVOS A 2030

La Hoja de Ruta plantea objetivos nacionales de fomento del hidrógeno renovable a 2030 y, en base a los mismos, diseña una visión a 2050, cuando España habrá de alcanzar la neutralidad climática y contar con un sistema eléctrico 100% renovable. Los objetivos son coherentes con las metas que se ha fijado la Comisión Europea en su Estrategia de Hidrógeno. Son estos:

o     Producción: 4 GW de potencia instalada de electrólisis –el sistema de producción de hidrógeno renovable empleando energías limpias y agua–, lo que representa un 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE. Adicionalmente, como hito intermedio, se estima que para el año 2024 sería posible contar con una potencia instalada de electrolizadores de entre 300 y 600 MW.

o     Un 25% del consumo de hidrógeno industrial será de origen renovable en 2030. En la actualidad, la industria emplea la práctica totalidad de las 500.000 toneladas de hidrógeno que consume España anualmente. En su mayoría, el producto utilizado es hidrógeno de origen fósil (o hidrógeno gris), es decir, emplea gas natural como materia prima en su elaboración. Por cada kilogramo de hidrógeno renovable que sustituye a un consumo existente de hidrógeno no renovable, se evitan 9 kg de CO2 a la atmósfera.

o     En cuanto a movilidad, para 2030, se plantea una flota de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados; y 2 líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable. De igual modo, debería implantarse una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los 5 primeros puertos y aeropuertos.

A partir de estos objetivos, la Hoja de Ruta anticipa los cambios que se producirán en la economía del hidrógeno más allá de 2030 y hasta 2050. El documento destaca que, una vez concluida esta década, se producirá una aceleración de la producción y aplicación del hidrógeno renovable en España, que serán plenamente competitivas frente a otras tecnologías de producción. Este hecho facilitará la expansión del consumo de hidrógeno renovable en sectores difíciles de descarbonizar y en nuevas aplicaciones, incluyendo el transporte marítimo y aéreo, y los procesos energéticos industriales de alta temperatura. Por último, debido a su potencial como productor, la Hoja de Ruta prevé que España pueda convertirse en un exportador de hidrógeno renovable al resto de Europa.

60 MEDIDAS

El documento plantea un conjunto de 60 medidas, agrupadas en cuatro ámbitos de actuación. En primer lugar, se recogen actuaciones de carácter regulatorio que incluyen, entre otras, la introducción de un sistema de garantías de origen que asegure que el hidrógeno se ha producido a partir de energía 100% renovable. Un segundo capítulo está dedicado a las medidas de carácter sectorial para incentivar el uso de hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos en ámbitos como el industrial, el energético o el de la movilidad.

Por otro lado, la Hoja de Ruta recoge medidas de carácter transversal para fomentar el conocimiento del potencial del hidrógeno renovable en el conjunto de la sociedad; y, por último, se aborda el fomento de la I+D+i vinculada estas tecnologías.

Entre otras medidas, la Hoja de Ruta impulsará el diseño de instrumentos financieros de apoyo a la industria española consumidora intensiva de hidrógeno para la adaptación de sus procesos e infraestructuras al suministro continuo de hidrógeno renovable. Asimismo, se identificarán los polos de consumo de hidrógeno en la actualidad, fomentando e incentivando la creación de “valles de hidrógeno”; y se promoverá la constitución de Mesas del Hidrógeno Industrial junto a comunidades autónomas, administraciones locales, consumidores de hidrógeno y promotores de proyectos de producción de hidrógeno renovable.

De igual modo, se incluyen medidas para propiciar el desarrollo nacional de electrolizadores de grandes potencias (100 MW), así como para impulsar su fabricación en masa y la aplicación de nuevos materiales; y para fomentar la I+D+i a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno, de manera que la ciencia española y las empresas puedan participar en su desarrollo, lo que permitirá crear conocimiento y ventajas competitivas, incluyendo la industria española del automóvil, el transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Al respecto, se creará una línea de financiación exclusiva para proyectos de la cadena de valor del hidrógeno renovable en los sucesivos Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Por otro lado, se potenciarán nuevos núcleos energéticos de producción de hidrógeno renovable que contribuyan a evitar la despoblación rural y a conseguir los objetivos de reto demográfico, con especial atención a las regiones de transición justa.

La Hoja de Ruta concluye identificando los diferentes instrumentos de financiación para su despliegue, que incluyen los fondos de EU Next Generation y la Clean Hydrogen Alliance, creada por la Comisión Europea. Asimismo, el documento incorpora un anexo con proyectos de hidrógeno identificados en España.

Fuente: miteco.gob.es

Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado con fecha 22 de Septiembre de 2020 el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta cuyo principal objetivo es construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante.

 

La presentación del PNACC 2021-2030 fue uno de los compromisos establecidos en el acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental. Tras pasar por un amplio proceso participativo, el documento que hoy ha adoptado el Gobierno no sólo responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta España, sino que se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

El PNACC se configura así como un instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal (desde distintos campos), multilateral (por parte de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales), ante los riesgos y amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para construir resiliencia, anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores y la sociedad.

 

En concreto, define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

 

Este nuevo PNACC, que cubre el horizonte temporal 2021-2030, tiene como principal objetivo establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, con el fin último de evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos.

 

En España, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente. La temperatura media en el conjunto del territorio ha subido alrededor de 1,7ºC desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 km2 en un plazo de 20 años.

 

Y no sólo es lo analizado y observado. Para el futuro la Ciencia nos recuerda que, en ausencia de respuestas de adaptación, los impactos en España serán cada vez más graves, y en un escenario de aumento de la temperatura media global de 2ºC, serán el doble de virulentos que si logramos contener esa alza de los termómetros en 1,5ºC.

 

HACIA UNA ECONOMÍA SÓLIDA Y UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima. También otros muchos campos esenciales para nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda. Por tanto, el PNACC pretende mejorar nuestra capacidad de anticipación e identificar cuáles son las mejores orientaciones para los distintos sectores de nuestra actividad económica si queremos construir una economía sólida y una sociedad inclusiva con nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes.

 

En este sentido, y tras el proceso de información pública, el documento que  ha adoptado el Consejo de Ministros recoge explícitamente nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras y reconoce su papel como actores interesados en todas las políticas orientadas a mitigar el cambio climático y evitar o reducir los riesgos que plantea.

 

Como fruto del intenso proceso participativo, el documento ha incorporado otras mejoras, entre las que cabe destacar que se ha ampliado el conjunto de instituciones responsables y colaboradoras en una treintena de líneas de acción, casi siempre a sugerencia de los propios interesados, lo cual refleja una disposición muy notable de las administraciones públicas, las organizaciones sociales y el sector privado a implicarse en la definición y aplicación de las medidas en materia de adaptación. Asimismo, se han incorporado también nuevos aspectos patrimoniales a tomar en consideración, entre ellos el paisaje y el patrimonio geológico, al tiempo que se amplía el ámbito de trabajo relativo a la biodiversidad para incorporar el conjunto del patrimonio natural.

 

REFUERZO DE LOS INTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 refuerza de forma notable los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, una colección inicial de 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Además de las orientaciones sectoriales, el plan propone siete líneas de trabajo claves para que sean transversales a todos los ámbitos:

 

Vulnerabilidad territorial y social. Puesto que los eventos extremos afectan de manera muy desigual tanto social como territorialmente, en todos los sectores se fomentarán los análisis geográficos en los estudios de riesgos, así como el desarrollo de planes de adaptación para espacios muy vulnerables y se dará apoyo a las políticas de adaptación de organizaciones con base territorial. Además, en el ámbito social, se identificarán los grupos y comunidades con mayor nivel de riesgo y se desarrollarán respuestas adaptativas según los niveles de vulnerabilidad.

Efectos transfronterizos. Los efectos del cambio climático más allá de nuestras fronteras pueden afectar en España. Por ello, el Plan prevé la identificación de las cadenas causa-efecto que trasladan los impactos ocurridos en el exterior de nuestro territorio y la definición de estrategias para reducir los riesgos.

 

Enfoque de género. Dado que cambio climático no afecta de igual manera a hombres y mujeres, el PNACC analizará los datos de exposición, vulnerabilidad e impactos desagregados entre géneros; considerará las diferencias de percepción del riesgo y comportamientos, y fomentará el papel de las mujeres como agentes y líderes del cambio.

 

Prevención de la mala adaptación e incentivos perversos. El Plan contempla la creación de listas de control para el chequeo de las potenciales medidas de adaptación, la evaluación de sus efectos sociales y su huella ecológica y la incorporación de criterios para prevenir efectos contraproducentes (la llamada “mala adaptación”) en las ayudas públicas.

 

Costes y beneficios de adaptación e inacción. Habrá una estimación de los costes y los beneficios de la acción y la inacción, y las conclusiones se considerarán en la toma de decisiones.

 

Orientación a la acción. Se valorarán las opciones de adaptación basadas en el análisis de riesgos, se planificarán y se aplicarán las medidas concretas y se realizará un seguimiento y evaluación para mejorar continuamente en todos los sectores.

 

PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA

El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 forma parte de una serie de instrumentos de planificación en materia de energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos del cambio climático, entre los que destacan el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los tres documentos incluyen la adaptación al cambio climático y poseen conexiones con el nuevo PNACC.

Abierto trámite información pública: Proyecto de Real Decreto por el que modifica el Real Decreto de fomento de los Biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta y consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022

Este trámite tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la regulación proyectada.

El objetivo de esta regulación es continuar la senda fijada por el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, y establecer unos objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes en contenido energético para los años 2021 y 2022, dando respuesta a las necesidades de implementar las medidas y alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en coherencia con su Escenario Objetivo y con la cuota de energías renovables en el transporte para el año 2030 establecida por la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre.

Plazo de remisión

Plazo para presentar alegaciones hasta el viernes, 11 de septiembre de 2020

Texto del Proyecto de Real Decreto [PDF] [87,17 KB]

Memoria del Proyecto de Real Decreto [PDF] [977,15 KB]

 

Consulta pública sobre la Estrategia española de Descarbonización a largo plazo

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico somete a información pública el Borrador de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. El plazo para la remisión de alegaciones comprende desde el jueves, 23 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2020.

El Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno de España, según nota de prensa emitida por el Ministerio,  sienta las bases para la modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 diseña la senda de descarbonización de España para la próxima década en coherencia con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, pieza fundamental de las políticas comunitarias para la reactivación de la economía frente a los efectos de la COVID-19.

Las medidas establecidas en el PNIEC suponen un hito intermedio para alcanzar la neutralidad climática antes de mediados de siglo, compromiso que se ha marcado Europa y que ha adquirido España a través de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental aprobada por el Consejo de Ministros en enero de 2020.

Como continuación en la senda iniciada por el PNIEC, el Ejecutivo ha elaborado el borrador de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que marca las líneas a seguir para lograr que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España sean neutras no más tarde de 2050, al tiempo que incluye las oportunidades que ofrece la descarbonización en términos de empleo, atracción de inversiones, activación económica, modernización y mejora de la competitividad empresarial e industrial.

El documento perfila, con la suficiente anticipación y bajo criterios de cohesión social, equidad y transición justa, la trayectoria que permitiría que el consumo final de energía –incluyendo el de edificios, transporte y sectores económicos- sea plenamente renovable a mediados de siglo, mejorando la salud y calidad de vida de la ciudadanía e incidiendo en la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Fuente: Miteco

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica

 

El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables y convertir al sector en motor de la recuperación económica e industrial tras la crisis del COVID-19, con el objetivo último de que España obtenga toda su electricidad de fuentes sostenibles antes del año 2050.

 

 

La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

 

GARANTÍAS PARA LOS PROYECTOS RENOVABLES FIRMES

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) –320MW en el año 2019 y 108MW en 2020–, y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%.

Esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

Por ello, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos –entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción– en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

 

NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES

Otra de las cuestiones clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.

En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.  Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables,  que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo. De hecho, los sistemas de retribución de los países del entorno de España, similares al diseñado en el Real Decreto-ley, reflejan resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española.

 

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES  

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos adversos.

Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes –electrónica de potencia, estructuras, seguidores, etc.– que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar.

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO LIGADOS A RENOVABLES

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Ambas figuras permitirán el desarrollo rápido y eficiente de proyectos renovables, aprovechando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, al dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Con ello se favorece un desarrollo más ágil de la regulación del sector energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o soluciones.

 

LOS PUNTOS DE RECARGA DE ALTA CAPACIDAD, UTILIDAD PÚBLICA

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

 

LIQUIDEZ DEL SISTEMA

Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.

Esto permite que el conjunto de los “sujetos de liquidación”, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.

Además, el Real Decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.

 

APOYO A COGENERACIÓN, LODOS DE ACEITE Y BIOMASA

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esto incluye a las instalaciones de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas. Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías.

En concreto, para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

 

TRANSICIÓN JUSTA

Para facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en transición energética, se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En este Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo y nuevos proyectos industriales en las zonas de transición. El Real Decreto-ley 17/2019 posibilitó al Gobierno regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de dicha capacidad que ponderen,  además de las cuestiones técnicas y económicas, los potenciales beneficios medioambientales y sociales. Para poder diseñar y convocar estos procedimientos a la mayor brevedad, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO para que solicite al operador del sistema el cálculo de la capacidad máxima disponible en cada uno de estos nudos.

 

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

 

El Gobierno envía al Parlamento el Proyecto de Ley que regula el régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esta propuesta legislativa modifica la norma vigente, para introducir las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la Directiva UE 2018/410 y adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en al menos un 40 por ciento en 2030 con respecto a los valores de 1990.

 

El 19 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. La Directiva (UE) 2018/410 constituye el marco regulador de la Unión Europea para el periodo de comercio 2021-2030 (fase IV) del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).

Facilitar inversiones en tecnologías bajas en carbono

El texto que aprueba el Consejo de Ministros recoge la regulación en España de la cuarta fase (2021-2030) del RCDE UE, llevando a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2018/410; define las reglas comunes para todos los participantes en este sistema y establece los mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías bajas en carbono.

El RCDE UE es un instrumento de mercado que persigue un fin de carácter medioambiental. En él, se crea la figura del derecho de emisión, que es una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta. El número total de derechos de emisión que se expide anualmente define la ambición medioambiental y la oferta en el mercado: cuanto menor sea ese total, menores las emisiones que se pueden producir y mayor el precio de derecho en el mercado, y al contrario. De esta manera se estimula la inversión a tecnologías más limpias que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.

Este sistema es la principal herramienta de la UE para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo en todos los Estados del Espacio Económico Europeo (los Estados miembros de la UE junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein). Los gases regulados son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), y algunos perfluorocarbonos (CF4 y C2F6).

1.000 instalaciones y operadores aéreos afectados

En total, en la Unión Europea cubre a más de 10.500 instalaciones fijas y cerca de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente, alrededor del 40% del total emitido en los países participantes. En España, este régimen afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Supone también en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Para lograr el objetivo de la Unión Europea de reducción de emisiones de al menos un 40 por ciento en 2030 con respecto a 1990, los sectores incluidos en el sistema de comercio deben lograr una disminución de emisiones conjunta del 43% en 2030 en relación con los niveles de 2005. Para alcanzar dichos niveles la Directiva (UE) 2018/410 que regula el RCDE UE reforzó algunos aspectos, que ahora se propone trasponer en este anteproyecto de Ley.

Así, la reducción anual de emisiones pasa del 1,74% durante la fase 3 (2013-2020) al 2,2% en la fase 4 (2021-2030). Aunque el método principal de asignación de derechos de emisión a las empresas es la subasta, continúa la asignación gratuita. La propuesta mejora las disposiciones sobre fugas de carbono, más enfocadas a los sectores en riesgo de fuga de carbono a través de la actualización de los niveles de referencia para reflejar el progreso tecnológico, mejorar la clasificación de los sectores en función de su riesgo de fuga de carbono y mayor alineamiento de los niveles de asignación a los niveles reales de producción. Los niveles de asignación podrán ser revisados para ajustarlos al nivel de actividad de la instalación cuando se produzcan variaciones de +/- 15%.

Además, los Estados miembros podrán excluir del sistema a aquellas instalaciones de menos de 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El régimen de exclusión para instalaciones que emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono y hospitales, ya vigente en el periodo actual, seguirá existiendo.

Fondos de modernización e innovación

Asimismo, se crean dos nuevos fondos: el Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación, destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono. El Fondo de Innovación fomentará el desarrollo de nuevas tecnologías otorgando ayudas para la construcción de grandes proyectos de demostración de escala pre-comercial en cuatro principales áreas de actuación: las energías renovables innovadoras, el almacenamiento energético, la descarbonización de la industria y la captura y almacenamiento o uso del CO2. Se espera que a lo largo de su vida este fondo distribuya a los proyectos elegidos más de 10.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Modernización es una herramienta únicamente accesible para los países con PIB per cápita inferior al 60% de la media de la Unión Europea, y deberá destinarse a modernizar los sistemas energéticos de estos países.

La reserva de estabilidad del mercado

Otro elemento esencial en el nuevo diseño del RCDE UE, en este caso en funcionamiento desde el 1 de enero de 2019, es la reserva de estabilidad del mercado. Fue creada para hacer frente al excedente de derechos de emisiones circulante que situaba el precio del derecho de emisión en unos niveles muy inferiores a los necesarios para generar incentivos reales en la reducción de las emisiones. También se concibió para aumentar la resistencia del sistema ante futuros sucesos imprevistos en el mercado.

La reserva de estabilidad es un mecanismo que regula de forma automática la oferta de derechos de emisión que se pone en el mercado, para que haya un excedente de derechos en circulación razonable, que permita que haya liquidez pero sin hundir el precio. Se trata así de asegurar la efectividad del sistema en sí y de mantener la ambición medioambiental. La reserva de estabilidad contribuye ya a mejorar el funcionamiento del régimen del comercio de derechos de emisión. Desde que entró en operación se ha restablecido notablemente el equilibrio entre oferta demanda y, muy recientemente, se ha visto que el efecto de la crisis COVID-19 sobre el derecho de emisión ha sido mucho menor que en otros mercados.

Cómo funciona el comercio de emisiones

El RCDE UE es, en definitiva, un mecanismo para implementar el principio de quien contamina paga. Cada año, las entidades reguladas tienen que monitorear sus emisiones, y rendir cuenta de las mismas mediante la entrega de un número de derechos de emisión igual a las emisiones producidas. De esta manera se está incentivando económicamente la reducción de emisiones. Puesto que el derecho de emisión tiene un valor económico, mediante la disminución de las emisiones las entidades reguladas están reduciendo sus costes.

En el comercio de derechos de emisión no se establecen obligaciones de reducción individualizadas. Cada entidad decide cuál es la estrategia de cumplimiento que más le conviene. Puede ser la inversión en mejoras que reducen las emisiones de la instalación, o puede ser acudir al mercado para comprar los derechos de emisión requeridos. Así, las reducciones se producirán donde sea económicamente más eficiente.

Fuente: La Moncloa

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