El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consolida su estructura reforzando las competencias en biodiversidad y transición justa

El Consejo de Ministros aprobó el Martes, 28 de Abril, el Real Decreto que completa la composición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), después de que el pasado 28 de enero se aprobara su estructura orgánica básica.

La norma refuerza las competencias en biodiversidad y transición justa, desarrollando la estructura hasta el nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno de sus órganos. Incorpora nuevas funciones en materia de política forestal y control de comercio de especies amenazadas y la creación del Instituto de Transición Justa.

El nuevo organismo responsable de las políticas de Transición Justa se crea sobre la base del actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). Incorpora al trabajo realizado en la reactivación de comarcas mineras las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares. Enfocará su actividad en identificar y optimizar las oportunidades de actividad industrial y económica, especialmente vinculadas a la transición ecológica, para garantizar el empleo y el desarrollo de las zonas afectadas.

Asimismo, el Instituto promoverá la coordinación de políticas industriales, de educación, formación profesional o empleo, por mencionar algunos ejemplos, para crear sinergias que ayuden a los territorios afectados por los cierres de centrales térmicas en los procesos de reactivación.

PLANIFICACIÓN DE LA DESCARBONIZACIÓN

Además de la puesta en marcha del Instituto de Transición Justa, la Secretaría de Estado de Energía incorpora la Subdirección

 General de Prospectiva,  Estrategia y Normativa en Materia de Energía, con la que se persigue potenciar las capacidades de análisis y de evaluación de los sectores energéticos a corto, medio y largo plazo para acompasar la descarbonización de la economía en cumplimiento con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia a Largo Plazo, que marca la senda hacia la neutralidad climática en 2050.

Entre otras funciones, la nueva Subdirección se encargará del desarrollo de la planificación y estrategia energética, en el marco del compromiso con la neutralidad climática a largo plazo; la realización de proyecciones de demanda de productos energéticos, el análisis de series de consumo y precios energéticos por sectores y productos, el seguimiento de los indicadores coyunturales y sectoriales energéticos y la realización de análisis de estudios y estadísticas energéticas; la coordinación y seguimiento de  la adaptación a la normativa de la Unión Europea; y el seguimiento, notificación y verificación de los compromisos internacionales suscritos por España en relación con los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo.

Por otro lado, la Dirección General de Política Energética y Minas mantiene su estructura, aunque la Subdirección General de Hidrocarburos  pasa a denominarse Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, dando mayor peso en su acción a nuevos carburantes como puede ser el hidrógeno renovable. Asimismo, este órgano recupera la función de certificación de biocombustibles, que estaba cedida temporalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

DEPARTAMENTOS MEDIOAMBIENTALES

La principal novedad dentro de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el refuerzo de las políticas medioambientales enfocadas a la biodiversidad de manera que, partiendo de la anterior Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, se crean dos nuevas direcciones generales: la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Continúan dependiendo de esta Secretaría de Estado la Dirección General del Agua, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Oficina Española de Cambio Climático.

La nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación integra dos subdirecciones (la de Biodiversidad Terrestre y Marina y la de Política Forestal). Asimismo, se le adscriben el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) y la Fundación Biodiversidad.

REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS EN BIODIVERSIDAD

La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina ejercerá las competencias en materia de biodiversidad en el medio terrestre, tanto en coordinación de las políticas de espacios naturales protegidos como en la de especies amenazadas, e incorpora las competencias en materia de conservación de biodiversidad en el medio marino, asumiendo también competencias directas de gestión de cerca de un centenar de lugares de la Red Natura 2000 marinos, entre Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial protección para las Aves.

Otra novedad es que se incorpora a esta subdirección la competencia, que hasta este momento venía siendo ejercida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como autoridad administrativa de gestión del Convenio CITES, el acuerdo ambiental cuya finalidad es la protección de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Si bien será necesario un periodo de transición para que sea plenamente efectiva, esta novedad implica reforzar los aspectos de conservación de las especies afectadas por el comercio, y alinear nuestro país con respecto a los restantes Estados miembros de la Unión Europea, en los que la autoridad de gestión recae en la administración ambiental.

POLÍTICA FORESTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

También se incorpora a la nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación la Subdirección de Política Forestal y lucha contra Desertificación, recuperando así un modelo de organización que, salvo durante los últimos 8 años, concentraba en la misma dirección general los pilares básicos de la gestión del medio ambiente (Política Forestal, Biodiversidad y Parques Nacionales). De esta manera, la necesaria coordinación entre estas unidades se llevará a cabo de una manera más sencilla y fluida. En esta subdirección se integra además el operativo nacional de extinción de incendios forestales, con un importante despliegue de medios aéreos y brigadas de extinción, que prestan apoyo a todas las comunidades autónomas en esta tarea.

Finalmente, debe reseñarse que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación asume la representación internacional ante el Convenio de Naciones Unidas de Diversidad Biológica y otros convenios, y actuará como punto focal ante la Comisión Ballenera Internacional y ante las instancias comunitarias competentes.

Por su parte, la otra nueva Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental integra tres subdirecciones: Economía Circular, anteriormente de Residuos, que cambia su nombre para dar impulso al paso de un modelo lineal a otro circular; Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y lograr un medio saludable para los ciudadanos; y la subdirección de Evaluación Ambiental.

RETO DEMOGRÁFICO

Con la estructura ministerial desglosada en este Real Decreto se consolida la apuesta del Gobierno por la creación de un área de la Administración General del Estado enfocada a la coordinación de las actuaciones públicas y al diseño de políticas específicas para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación que afecta seriamente a determinadas áreas geográficas del país.

Con idéntico objetivo creó la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, presidida de forma ordinaria por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Esta Comisión Delegada celebró su reunión constituyente el 28 de febrero de 2020 en La Rioja, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Secretaría General para el Reto Demográfico se apoya, para el desarrollo de sus funciones, en la Dirección General de Políticas contra la Despoblación que tiene asignados como objetivos generales la concepción de estrategias, planes y actuaciones prioritarias en materia de reto demográfico. Para el desarrollo de estas responsabilidades, el Real Decreto crea la Subdirección General de Análisis, Planificación y Coordinación y la Subdirección General de Iniciativas.

Entre otras funciones, la Secretaría General trabajará en el impulso de la colaboración público-privada para las políticas públicas de vertebración territorial y de fijación de población en el medio rural, así como la promoción de la participación ciudadana en las iniciativas en materia de reto demográfico y el fomento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de residencia en las zonas en riesgo de despoblación.

Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales estratégicos

La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria hipocarbónica; y ciberseguridad.

 

 

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «Nuestro mercado único, uno de los mayores del mundo, es un trampolín excepcional para que nuestra industria compita a escala global. A fin de aprovecharlo al máximo, necesitamos invertir colectivamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Hemos comenzado con buen pie en ámbitos como las baterías, el reciclaje de plásticos y la informática de alto rendimiento. Y podemos hacer más. En este sentido, me congratulo de las recomendaciones presentadas hoy por el grupo de expertos acerca de seis cadenas de valor estratégicas adicionales en las que debería centrarse la política industrial de la UE».

Los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de la UE en la escena mundial.

Además de recomendaciones específicas para cada una de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación horizontales:

  • Puesta en común de recursos públicos y privados a escala de la UE, nacional y regional: la UE debe coordinar estas inversiones conjuntas, dirigiéndolas al primer despliegue industrial y a la comercialización de nuevas tecnologías.
  • Profundización e integración del mercado único mediante reglamentaciones y nuevas normas.
  • Catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las cadenas de valor.
  • Mayor dinamización de los sistemas de innovación en Europa, con un acento especial en las fortalezas regionales y las asociaciones público-privadas.
  • Establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de valor.

El informe se enmarca en los esfuerzos de la Comisión Juncker por reforzar la base industrial europea. Contribuirá asimismo al trabajo de la nueva Comisión sobre una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa.

Contexto

La industria europea es sólida y ha mantenido el liderazgo mundial en muchos sectores, como el de la automoción, el químico, el farmacéutico, el de maquinaria y el aeroespacial. Nuestra industria ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo desde 2013 y es responsable de más de dos tercios de nuestras exportaciones.

Sin embargo, debe adaptarse para continuar en vanguardia en un mundo en plena transformación. La Comisión desarrolla políticas que ofrecen a la industria europea un ecosistema en el que prosperar y que la capacitan para crear empleo de calidad en un mercado único fuerte y equitativo, para impulsar la competitividad europea, para fomentar la inversión y la innovación —por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías limpias— y para apoyar a las regiones y los trabajadores afectados por las transformaciones que registra el sector.

Como se anunció en 2017 en la Estrategia renovada de política industrial de la UE, la Comisión creó en marzo de 2018 el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE). La labor del Foro Estratégico se basa en la nueva visión de una transformación más sostenible, integradora y competitiva de la industria europea para 2030, presentada por el grupo de expertos de la Mesa Redonda Industrial de alto nivel en junio de 2019, y la complementa. Las recomendaciones del Foro Estratégico contribuirán a la reflexión sobre la nueva política industrial de la Comisión, solicitada por las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2019.

La Comisión respalda decididamente que los Estados miembros y sus empresas aúnen sus esfuerzos para posibilitar inversiones transnacionales a gran escala que generen efectos positivos en toda Europa.

La UE ha puesto en marcha normas flexibles en materia de ayudas estatales en favor de los PIICE. En diciembre de 2018, la Comisión aprobó, con arreglo al marco sobre las ayudas estatales a los PIICE, una inversión pública por valor de 1 750 millones EUR, lo que permitirá movilizar otros 6 000 millones EUR de inversión privada para la investigación y la innovación en el ámbito de la microelectrónica. Cuatro países europeos (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) y en torno a treinta empresas e instituciones de investigación unirán sus fuerzas para facilitar la investigación y la innovación en esta tecnología clave. Este fue el primer proyecto de investigación e innovación aprobado con arreglo a las normas especiales y simplificadas que se aplican a las ayudas estatales para proyectos de interés estratégico europeo. Se están realizando también importantes esfuerzos e inversiones conjuntos en informática de alto rendimiento y baterías.

Fuente: European Commission

El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica

El Gobierno español ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan contempla un total del 57 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.

 

Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH3) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.

 

La Directiva citada fija la obligación a los Estados Miembrosde aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes.

 

Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. En definitiva, este programa hace que confluyan por primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.

 

Se considera que el horizonte temporal del PNCCA es de 2020-2030 y es para ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de la Directiva de Techos también se establecen para el año 2030. No obstante, al PNCCA se le asigna el periodo 2019-2022 porque la Directiva establece la obligación de actualizar al menos, cada cuatro años, los programas nacionales. Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro años o antes si es necesario o si así lo indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de estos contaminantes.

 

57 MEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

La directiva marca un objetivo final de resultado en 2030. Con las medidas y políticas ya existentes se constató que el objetivo no se alcanzaría salvo que se implementaran medidas adicionales en todos los sectores contaminantes.

 

Con este objetivo, el PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 5 destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicos volátiles.

Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.

 

Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.  

La combinación de las medidas del PNIEC y de esta primera fase del PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.

 

COMPROMISOS NACIONALES

La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO2); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH3) y un 50% para partículas finas (PM2,5).

 

Las medidas propuestas en el PNCCA permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO2, NOx, NH3 y PM2,5), con reducciones del 92% para el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas.  .

 

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 30%) puesto que estas emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas adicionales, algunas ya señaladas en el propio Programa.

El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones de dióxido de nitrógeno (NO2), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer multas millonarias.

 

Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública.

Fuente: Miteco

Un acuerdo-marco sectorial acometerá "a gran escala" la eficiencia energética de las viviendas en España

Un novedoso acuerdo-marco sectorial acometerá por primera vez en España, a gran escala, la eficiencia energética del parque de viviendas, que actualmente es "una de las asignaturas pendientes" de España para cumplir con los compromisos internacionales vinculados a la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía circular.

Se trata de un proyecto pionero cuya finalidad última es la limitación al máximo posible de las emisiones de dióxido de carbono de las viviendas con calefacción central, en cumplimiento de los objetivos de ahorro de la Directiva 2012/27 de la Unión Europea.

El acuerdo-marco está liderado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif), que es la entidad promotora principal, si bien en su puesta en marcha, desarrollo y ejecución práctica estará coordinado por la consultora tecnológica Avant Metering Services (Avantms), cuya sede central está en Cáceres.

La participación de Conaif es "fundamental" en cualquier proceso de 'descarbonización' del parque de viviendas español, por cuanto agrupa al 85 por ciento de las empresas de fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad y afines, un total de 20.000 sociedades que dan trabajo a 150.000 personas. En este caso, Conaif ha decidido no limitar el proyecto que lidera a la medición, sino que ha dado un paso más allá mediante la incorporación de la evaluación integral de los inmuebles y su revalorización.

Por su parte, Avantms es una joven consultora extremeña de base tecnológica especializada en eficiencia energética, que ha desarrollado sobre código abierto sus propias herramientas de medición, monitorización y auditoría.

SOSTENIBILIDAD

Cabe recordar que todavía está pendiente la transposición al ordenamiento jurídico español de la parte de la mencionada Directiva 2012/27, que obliga a instalar contadores individuales -en cada vivienda- de los consumos de calefacción, agua caliente y refrigeración en instalaciones centralizadas.

Por tanto, el acuerdo "demuestra la voluntad del sector de los instaladores de anticiparse a la nueva realidad normativa" mediante un proyecto integral en todo el país que sirva como plataforma para la modernización definitiva de los inmuebles en lo tocante a su eficiencia energética, según informa Avantms en nota de prensa.

El acuerdo-marco suscrito establece las bases y el alcance de un estudio científico-tecnológico de evaluación del parque de viviendas, a fin de conocer en detalle y de forma sistemática su situación real objetiva, lo cual permitirá disponer de un banco de datos de enorme valor.

Además, de forma simultánea, incluye la dotación de las instalaciones necesarias para cumplir con la directiva, así como el asesoramiento experto sobre las mejoras necesarias para garantizar la plena eficiencia de al menos la décima parte de las viviendas con calefacción central distribuidas por toda España.

Durante cinco años de vigencia, esta iniciativa pionera implicará que al menos 150.000 pisos dispondrán no solo de medidores de consumo individual, conocidos como repartidores de coste, sino, sobre todo, de índices de referencia de su sostenibilidad intrínseca y de la de sus edificios.

INVITACIÓN AL IDAE

Cabe destacar además que la tecnológica Avantms, en colaboración con su partner iEnergy, ha invitado formalmente al Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para que se adhiera formalmente a un acuerdo de estas características en el grado que considere de mayor interés, toda vez que la participación de un organismo público significa un respaldo institucional importante para el sector privado en un momento en el que toma la iniciativa para responder a las exigencias de la legislación europea.

Además, el IDAE podría beneficiarse del "valioso banco de datos" que este proyecto obtendrá, una muestra única que todavía no existe en nuestro país y que "constituirá, por su envergadura y grado de detalle, una base de trabajo de total fiabilidad sobre la que se podrán desarrollar todo tipo de nuevas estrategias en el marco de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", señala.

En suma, los 3.000 edificios dispondrán de conclusiones comparativas de su comportamiento energético, las cuales determinarán las medidas preventivas y correctoras que deben ser adoptadas en cada caso. Cabe subrayar que estas mejoras provocarán ahorros de hasta un 30 por ciento de la factura de calefacción y agua caliente que pagan las familias, así como un incremento del valor de mercado de sus viviendas de entre un 15 a un 25 por ciento

Los 3.000 edificios y sus 150.000 viviendas se seleccionarán, de partida, entre 13 comunidades autónomas cuyas áreas geográficas representan la diversidad de las zonas climáticas existentes en el territorio peninsular, aunque predominarán aquellas con mayor consumo energético. Serían, en concreto, las comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y Andalucía (provincias de Granada y Málaga).

Está previsto así mismo, a efectos de que el estudio refleje de la forma más fidedigna el estado del parque de viviendas, que los inmuebles sean de diferentes dimensiones, estado de conservación, antigüedad, suministros de combustibles y características constructivas.

INTERACCIÓN

Explica que la presencia en este acuerdo-marco de la consultora Avantms se debe a su sistema de monitorización avanzada, el cual opera en tiempo real y en remoto, además de haber sido desarrollado en código abierto, lo cual lo hace compatible con cualquier medidor o repartidor de coste al margen del fabricante.

Otra característica diferencial del modelo es que ha sido diseñado para interactuar con el propio propietario de la vivienda, mediante un acceso de fácil comprensión que le permitirá a cada vecino conocer todos los días qué está haciendo bien y en qué se está equivocando, al tiempo que recibe consejos para conseguir un grado de eficiencia energética óptima en su propiedad.

El acuerdo-marco fue suscrito este pasado jueves en Madrid por el presidente de Conaif, Francisco Alonso Gimeno, y el CEO de Avantms, Antonio Martínez Agudo.

En términos concretos, el proyecto ofrecerá, a través de una oferta conjunta auditoría energética del inmueble; certificación energética de las viviendas; pre-valorización del precio metro cuadrado de vivienda de la comunidad antes y después de acometer las medidas de eficiencia; instalación de repartidores de costes de calefacción; monitorización diaria de consumos de los equipos instalados; liquidaciones de consumos de cada una de las viviendas; análisis de datos; informes dirigidos al administrador de fincas con propuestas de solución para la mejora de sus inmuebles.

Fuente: La página del Medio Ambiente

Tributación de la donación de una placa solar fotovoltaica, o huerto solar, en la Comunidad Autónoma donde se sitúa

 

Las plantas de energía solar fotovoltaica, son inmuebles, conforme al criterio sostenido por el Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 

 

 

 

Consulta Vinculante V2880-18, de 6 de Noviembre de 2018 de la SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos

La donación de una placa fotovoltaica, “huerto solar”, situado en un municipio de Guadalajara, tributa en el lugar donde radica la instalación aunque el donatario tenga su domicilio fiscal en Madrid.

Así se pronuncia la Dirección General de Tributos al entender que resulta de aplicación el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas porque el precepto dispone como punto de conexión en la donación en el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, el lugar donde el bien radica.

Cuestionado también si la placa fotovoltaica es un bien inmueble o un bien mueble, es criterio de la Dirección General de Tributos el de considerar que se trata de bienes inmuebles.

Consideración que también se apoya en la Ley del Catastro Inmobiliario y que ha sido corroborado por el Tribunal Supremo.

Fuente: La Página del Medio Ambiente

Semana Europea de la Movilidad 2018: Combina y Muévete!

La Semana Europea de la Movilidad, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

 

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.

Multimodalidad

El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en la multimodalidad y el lema es: ¡Combina y Muévete!. La Unión Europea nos anima a fomentar el uso y combinación de diferentes modos de transporte en los desplazamientos urbanos de personas y mercancías, para conseguir una mayor eficiencia, rapidez, ahorro y sostenibilidad.

España,  líder en participación

España, desde hace muchos años, lidera la participación en la Semana Europea de la Movilidad. El año pasado de las 2.526 ciudades europeas participantes 467 ciudades fueron españolas, con 2.720 medidas permanentes presentadas.

Hay que destacar, como en otras ediciones, la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones y empresas, que realizan durante la SEM, actividades relacionadas con la movilidad sostenible para concienciar a los ciudadanos en sus áreas de influencia, sobre el beneficio individual y colectivo del  cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no contaminante.

Fuente:Mapama

El Gobierno crea la Comisión Interministerial de Cambio Climático y Transición Ecológica


El Boletín  Oficial del Estado publica con fecha 28 de Julio de 2018 el Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética. 

 Mediante este real decreto se actualiza la existente Comisión Interministerial de Cambio Climático con el fin de dotarla de una mayor proyección, que se justifica por la relevancia económica, ambiental y social de esta materia.

 

 

A la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, le corresponden las funciones de seguimiento y propuestas que sirvan de base a la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y la energía, con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia.

La Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y actuará como vicepresidenta la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Estará integrada por vocales de cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las funciones de la Comisión está el impulso y la coordinación de las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa. Asimismo, deberá informar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las propuestas que puedan tener repercusiones económicas relevantes.

Cuando la Comisión Interministerial considere que resulta conveniente para el cumplimiento de sus funciones, podrá invitarse a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil. Igualmente, podrá invitarse a representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en función de los temas a tratar.

 

Europa en movimiento: la Comisión europea completa su programa de movilidad segura, limpia y conectada

La Comisión Juncker emprende la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo de transportes.

En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2017, el presidente Juncker estableció el objetivo para la UE y sus industrias de convertirse en un líder mundial en el ámbito de la innovación, la digitalización y la descarbonización. Sobre la base de las anteriores ediciones de «Europa en movimiento» de mayo y noviembre de 2017, la Comisión Juncker propone hoy una serie de medidas corrrespondientes a la tercera y última fase a fin de que esto se convierta en una realidad en el ámbito de la movilidad. El objetivo es permitir que todos los europeos se beneficien de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se respalda la competitividad de la industria de la UE. A estos efectos, las iniciativas de hoy incluyen una política integrada para el futuro de la seguridad vial, con medidas de seguridad para los vehículos y las infraestructuras; las primeras normas de emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados; un plan estratégico de acción para el desarrollo y la fabricación de baterías en Europa y una estrategia prospectiva sobre la movilidad conectada y automatizada. Con esta tercera edición de «Europa en movimiento», la Comisión está a punto de ultimar su ambicioso programa de modernización de la movilidad.

Maroš Šefčovič, vicepresidente y responsable de la Unión de la Energía, ha señalado:«La movilidad está cruzando una nueva frontera tecnológica. Mediante este conjunto definitivo de propuestas en el marco de la Unión de la Energía, ayudaremos a nuestra industria a mantenerse en la cresta de la ola. Mediante la producción a escala de soluciones técnicas, incluidas las baterías sostenibles, y desarrollando las infraestructuras clave, nos aproximaremos también a la consecución del triple cero: emisiones, congestión y accidentes».

Miguel Arias Cañete, comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, ha añadido: «Todos los sectores deben contribuir a la consecución de nuestros compromisos climáticos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Por eso, por primera vez en la historia, proponemos normas de la UE para incrementar la eficiencia del consumo de combustible y reducir las emisiones de los vehículos pesados nuevos. Estas normas representan una oportunidad para que la industria europea consolide su actual liderazgo en tecnologías innovadoras».

Violeta Bulc, comisaria responsable de Transportes, ha dicho: «El año pasado, la Comisión introdujo iniciativas para abordar los retos del presente y allanar el camino para la movilidad del futuro. Las medidas que se presentan hoy constituyen un definitivo e importante impulso para que los europeos puedan beneficiarse de un transporte seguro, limpio e inteligente. Invito a los Estados miembros y al Parlamento a que estén a la altura de estas ambiciones.

Elżbieta Bieńkowska, comisaria responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha afirmado: «El 90 % de los accidentes de carretera se deben a un error humano.Las nuevas medidas de seguridad obligatorias que proponemos hoy reducirán el número de accidentes y allanarán el camino hacia un futuro sin conductores, con una conducción conectada y automatizada».

Con las iniciativas de hoy, la Comisión pretende garantizar una transición fluida a un sistema de movilidad seguro, limpio, conectado y automatizado. Con estas medidas, la Comisión está configurando asimismo un entorno en el que las empresas de la UE puedan fabricar los productos mejores, más limpios y más competitivos.

Movilidad segura

Aunque la mortalidad en carretera ha descendido en más de la mitad desde 2001,en 2017 todavía 25 300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE y otras 135 000 resultaron gravemente heridas. Por ello, la Comisión está tomando medidas con un fuerte valor añadido para contribuir a la seguridad de las carreteras y a una Europa que protege a sus ciudadanos. La Comisión propone que los nuevos modelos de vehículos estén equipados con funciones de seguridad avanzadas, como unos sistemas avanzados de frenado de emergencia y asistencia al mantenimiento en el carril para los coches o detección de peatones y ciclistas para los camiones (véase aquí la lista completa). Además, la Comisión está ayudando a los Estados miembros a identificar sistemáticamente los tramos de carretera peligrosos y a orientar mejor las inversiones. Estas dos medidas podrían salvar hasta 10 500 vidas y evitar cerca de 60 000 heridos graves entre 2020 y 2030, contribuyendo así al objetivo a largo plazo de la UE de acercarse a cero víctimas mortales y heridos graves de aquí al 2050 («visión cero»).

Movilidad limpia

La Comisión, mediante la introducción de las primeras normas de la historia sobre emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados, completa su programa en pos de un sistema de movilidad con bajas emisiones. En 2025, las emisiones medias de CO2 de los camiones nuevos tendrán que ser un 15 % más bajas que en 2019. Para 2030, se propone un objetivo de reducción indicativo de, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019. Estos objetivos son coherentes con los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París y permitirán a los transportistas (en su mayoría pymes) obtener un ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo de combustible (25 000 euros en cinco años). A fin de permitir nuevas reducciones de las emisiones de CO2, la Comisión está facilitando un diseño más aerodinámico de los camiones y mejorando el etiquetado de los neumáticos. Además, la Comisión presenta un plan de acción integral para las baterías que contribuirá a crear en Europa un «ecosistema» de baterías competitivo y sostenible.

Movilidad conectada y automatizada

Los automóviles y otros vehículos están equipados con un número creciente de sistemas de asistencia a la conducción, y los vehículos totalmente autónomos están justo a la vuelta de la esquina. Hoy, la Comisión propone una estrategia cuyo objetivo es convertir a Europa en el líder mundial de los sistemas de movilidad conectada y automatizada. La estrategia contempla un nuevo nivel de cooperación entre los usuarios de la carretera, que podría aportar enormes beneficios para el sistema de movilidad en su conjunto. El transporte será más seguro, más limpio, más asequible y más accesible para las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida. Además, la Comisión propone crear un entorno plenamente digital para el intercambio de información en el sector del transporte de mercancías. Esto reducirá la carga administrativa y facilitará los flujos de información digital para operaciones logísticas.

Contexto

El tercer paquete de movilidad responde a la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017 y completa el proceso iniciado con la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones de 2016 y los anteriores paquetes de Europa en movimiento de mayo y noviembre de 2017. Todas estas iniciativas forman un solo conjunto coherente de políticas que abordan las múltiples e interrelacionadas facetas de nuestro sistema de movilidad. El paquete de hoy incluye:

  • Una Comunicación en la que se esboza un nuevo marco para la política de seguridad vial en el período 2020-2030. Está acompañada de dos iniciativas legislativas sobre seguridad de los peatones y los vehículos y sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras.
  • Una Comunicación específica sobre Movilidad conectada y automatizada para hacer de Europa un líder mundial de los sistemas de movilidad autónomos y seguros.
  • Iniciativas legislativas sobre normas en materia de CO2 para los camiones, sobre su aerodinámica, sobre el etiquetado de los neumáticos y sobre una metodología común para la comparación del precio del combustible. Estas iniciativas están acompañadas de un Plan de Acción para las baterías.Estas medidas reafirman el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte y se ajustan a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París.
  • Dos iniciativas legislativas que crean un entorno digital para el intercambio de información en el sector del transporte.
  • Una iniciativa legislativa que racionaliza los procedimientos para adoptar proyectos clave de la red transeuropea de transporte (RTE-T).

Fuente: Comisión Europea

Los auditores de la UE publican un documento informativo sobre la producción de energía eólica y solar

 El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado  un documento informativo sobre el apoyo de la UE y los Estados miembros a la generación de electricidad a partir de energía eólica y solar fotovoltaica. Los documentos informativos facilitan detalles sobre una tarea de auditoría en curso a raíz del anuncio de la misma. Su propósito es servir de fuente de información para los interesados en la política o en los programas sujetos a auditoría. El documento , de fecha 20 de Febrero, describe el trabajo que se está llevando a cabo en relación con una auditoría en curso, que consiste en el análisis del diseño, la ejecución y el seguimiento de las estrategias nacionales y de la UE para la generación de energía eólica y solar fotovoltaica desde 2009, así como la financiación de su desarrollo a nivel nacional y de la Unión.

 

La generación de electricidad es el sector con la mayor proporción de energía de fuentes renovables. La eólica y la solar fotovoltaica son actualmente las dos fuentes principales de energía utilizadas para este fin y están a punto de convertirse en las dos formas más económicas de producción de electricidad. El Tratado de Lisboa concedió a la UE la autoridad para desarrollar una política energética que comprende cuatro elementos esenciales, que incluyen el fomento de la eficiencia y el ahorro energético, así como el desarrollo de fuentes de energías nuevas y renovables. La Directiva sobre energías renovables de 2009 marcó un objetivo de consumo de energía generada a partir de fuentes renovables del 20 % para finales de 2020 en toda la UE. El documento contiene información sobre el desarrollo de la combinación energética de la UE para la producción de electricidad, las estrategias nacionales y de la UE sobre las energías renovables, y la financiación de energía eólica y solar fotovoltaica asignada conforme a la política regional y de cohesión europea, así como información actualizada de los progresos de los Estados miembros en relación al objetivo de 2020.

En el curso de esta auditoría, los auditores de la UE presatarán una especial atención a los siguientes extremos:

– ¿El diseño de la política energética de la UE y las estrategias nacionales promueven la generación de electricidad a partir de fuentes renovables?

– ¿Persiste la inseguridad jurídica debida a los frecuentes cambios regulatorios?

– ¿Se adaptan los plantes de financiación y apoyo a las energías renovables a las condiciones del mercado, a fin de evitar la excesiva dependencia de las subvenciones?

Los auditores visitarán cuatro Estados miembros de la UE: Alemania, Grecia, España y Polonia. La publicación del informe de auditoría está prevista para principios de 2019.

Fuente: European Court of Auditors

Consejo y Parlamento Europeo llegan a acuerdo sobre eficiencia energética en edificios

La presidencia estonia de turno de la Unión Europea (UE) anunció hoy un principio de acuerdo entre el Consejo y Parlamento Europeo sobre la futura regulación de eficiencia energética de edificios.

Se espera que los embajadores de la Unión Europea cierren los últimos flecos tras las negociaciones de las instituciones comunitarias y que el acuerdo pueda formalizarse a principios de 2018.

La directiva promueve la eficiencia y pretende incrementar el ahorro energético en el sector de la construcción, así como poner al día las edificaciones en territorio comunitario para aprovechar las últimas tecnologías, informó el Consejo en un comunicado.

Tanto las capitales como la Eurocámara consideran clave que en los próximos años se renueven los edificios en la UE para ajustarse a la normativa de eficiencia energética con el fin de aportar respeto al medio ambiente a largo plazo.

Entre los objetivos concretos figura reducir el consumo energético de edificios de la UE, que ahora representa el 40 % del total, y así contribuir para el horizonte último de eficiencia energética marcado para 2020 y 2030.

"Aumentar la eficiencia energética es una opción ganadora: es lo más barato y efectivo para reducir el consumo y contribuir a los objetivos climáticos. Considerando cuanta energía se consume en edificios, hacer frente a este asunto es crucial", señaló el ministro de Asuntos Económicos e Infraestructuras estonio, Kadri Simson.

Asimismo, Simon recordó que la futura directiva beneficiará a los consumidores directamente, al reducir notablemente sus facturas energéticas.

Tras este acuerdo, los países deben ahora establecer sus estrategias de renovación de la construcción futura y existente a largo plazo para poner al día sus edificios de cara a 2050.

Antes de esa fecha, en 2025, los edificios en la UE ya tendrán que estar equipados con sistemas de control de consumo y eficacia energética. 

Fuente: Euroefe

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