La protección del secreto comercial e industrial no puede invocarse frente a la divulgación de la información medioambiental

Cglifosatouando una persona solicita al acceso a documentos en materia medioambiental, el concepto de «información sobre emisiones en el medio ambiente» incluye, en particular, la información referente a la naturaleza y a las repercusiones de las liberaciones de un pesticida en el aire, el agua, el suelo o las plantas

 

 

 

El Tribunal de Justicia ha conocido de dos asuntos que, aunque diferentes en cuanto a los hechos, se refieren en esencia al derecho de acceso a los documentos en materia medioambiental.


En el asunto C-673/13 P, las asociaciones Stichting Greenpeace Nederland y Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), basándose en un reglamento de la Unión,  presentaron ante la Comisión una solicitud de acceso a varios documentos relativos a la primera autorización de comercialización del glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en el mundo para eliminar hierbas en el ámbito agrícola y para el mantenimiento de espacios urbanos e industriales. La Comisión concedió el acceso a estos documentos, con excepción de una parte del proyecto de informe de evaluación elaborado por Alemania. La Comisión motivó su denegación indicando que el documento en cuestión contenía información confidencial sobre los derechos de propiedad intelectual de los solicitantes de la autorización del glifosato, a saber, en particular, la composición química detallada de esta sustancia y su proceso de fabricación, así como las impurezas y la composición de los productos acabados.


Las dos asociaciones presentaron ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación contra esta decisión de denegación de la Comisión. Mediante sentencia de 8 de octubre de 2013, 2 el Tribunal General estimó este recurso. Según el Tribunal General, determinadas partes del documento controvertido 3 contenían información referente a emisiones en el medio ambiente. Por tanto, la Comisión debería haber dado a las asociaciones acceso a estas partes, sin poder invocar la protección de la confidencialidad de la información comercial o industrial. No conforme con esta sentencia, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia su anulación.


En el asunto C-442/14, Bijenstichting, una asociación neerlandesa para la protección de las abejas, solicitó a la autoridad neerlandesa competente para la autorización de comercialización de productos fitosanitarios y biocidas (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTB) la divulgación de 84 documentos relativos a las autorizaciones de comercialización de determinados productos fitosanitarios y biocidas concedidas por esta autoridad. La sociedad Bayer, titular de un gran número de estas autorizaciones, se opuso a esta divulgación, alegado que vulneraría el derecho de autor y la confidencialidad de la información comercial o industrial.


En 2013, el CTB autorizó la divulgación de 35 de los 84 documentos solicitados, por considerar que contenían información sobre emisiones en el medio ambiente, 4 y ello, aunque esta divulgación pueda ir en perjuicio de la protección de la confidencialidad de la información comercial o industrial. En efecto, en virtud de una directiva de la Unión, 5 la protección del secreto comercial e industrial no puede invocarse frente a la divulgación de tal información.


Tanto Bijenstichting como Bayer impugnaron la resolución del CTB ante los tribunales neerlandeses. Éstos plantearon al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales dirigidas, en particular, a que se determinara si la información solicitada por Bijenstichting estaba comprendida dentro del concepto de «información sobre emisiones en el medio ambiente» en el sentido de la Directiva, de manera que deberían divulgarse sin que Bayer pudiera oponerse a ello alegando que esta divulgación podría afectar negativamente a la confidencialidad de información comercial o industrial.


Mediante sus sentencias  el Tribunal de Justicia precisa lo que ha de entenderse por «emisiones en el medio ambiente» y por «información sobre [o referente a] emisiones en el medio ambiente» 6 en el sentido del Reglamento aplicable en el asunto C-673/13 P y de la Directiva aplicable en el asunto C-442/14.


En estas dos sentencias, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar que el concepto de «emisiones en el medio ambiente» incluye, en particular, la liberación en el medio ambiente de productos o sustancias, como los productos fitosanitarios o biocidas o las sustancias activas contenidas en estos productos, siempre que esta liberación sea efectiva o previsible en condiciones normales o realistas de utilización del producto o sustancia.


Así, en particular, este concepto no se distingue de los conceptos de «liberación» y de «vertido» ni se limita a las emisiones procedentes de instalaciones industriales (como fábricas y centrales), sino que incluye también las emisiones resultantes de la pulverización de un producto, como un producto fitosanitario o biocida, en el aire o de su aplicación en las plantas, en el agua o en el suelo. En efecto, tales limitaciones serían contrarias al objetivo perseguido por el Reglamento y por la Directiva de que la divulgación de la información medioambiental sea lo más amplia posible.


El Tribunal de Justicia confirma igualmente que entra dentro del ámbito del Reglamento y de la Directiva no sólo la información referente a emisiones efectivas, es decir, las emisiones que son efectivamente liberadas en el medio ambiente durante la aplicación del producto fitosanitario o biocida en las plantes o en el suelo, sino también la información referente a las emisiones previsibles de este producto en el medio ambiente. El Tribunal de Justicia precisa, en cambio, que está excluida del concepto de información sobre emisiones en el medio ambiente la información referente a emisiones meramente hipotéticas, como, por ejemplo, datos extraídos de ensayos cuyo objetivo sea estudiar los efectos de la utilización de una dosis del producto netamente superior a la dosis máxima para la que se concedió la autorización de comercialización y que será utilizada en la práctica.


El Tribunal de Justicia precisa además que el concepto de «información referente a / sobre emisiones en el medio ambiente» debe interpretarse en el sentido de que incluye no sólo la información sobre las emisiones como tales (es decir, las indicaciones relativas a la naturaleza, la composición, la cantidad, la fecha y el lugar de estas emisiones), sino también la información que permita al público controlar si es correcta la evaluación de las emisiones efectivas o previsibles, sobre la base de la cual la autoridad competente autorizó el producto o sustancia en cuestión, así como los datos relativos a las repercusiones a más o menos largo plazo de las emisiones en el medio ambiente. En particular, está comprendida en este concepto la información relativa a los residuos presentes en el medio ambiente después de la utilización del producto en cuestión y los estudios sobre la medición de la pérdida de la sustancia durante esta utilización, independientemente de que estos datos provengan de estudios realizados total o parcialmente sobre el terreno, de estudios de laboratorio o de estudios de translocación.


En el asunto C-673/13 P, el Tribunal de Justicia anuló no obstante la sentencia del Tribunal General, en la medida en que éste consideró que basta con que una información se refiera «de modo suficientemente directo» a emisiones al medio ambiente para estar comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento. El Tribunal de Justicia recuerda, en efecto, que este Reglamento alude a la información que «se refiera a emisiones al medio ambiente», es decir, aquella que concierna o tenga relación con tales emisiones, y no a la información que presenta cualquier vínculo, directo o indirecto, con las emisiones en el medio ambiente. El Tribunal de Justicia devuelve pues el asunto al Tribunal General para que éste compruebe si la información controvertida se refiere efectivamente a emisiones en el medio ambiente y, en su caso, se pronuncie sobre las alegaciones de las partes que no examinó en el marco de su sentencia.
 Fuente: wwwcuria.europa.eu

La Comisión Europea lleva de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia por el incumplimiento de normativa en recogida y tratamiento de aguas residuales

aguasresidualesLa Comisión reenvía a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

El 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó (Asunto C-343/10) que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).

Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin encontrar solución en 17 de las 37 aglomeraciones cubiertas por la sentencia, hecho que afecta a 1 400 000 personas.l Además, más de quince años después de la fecha límite para la aplicación de las normas de la Unión (31 de diciembre de 2000, véase la Directiva 91/271/CEE del Consejo), la conformidad de todas estas aglomeraciones plantea dudas. La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino.

La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE que imponga con fecha actual una multa a tanto alzado por un importe de 46 522 999 EUR. La Comisión propone también una multa diaria de 171 217,40 EUR si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

El reenvío ante el Tribunal es necesario para asegurar la conformidad con la normativa en esas 17 aglomeraciones, dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha.

Contexto

La Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo) establece que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones) recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por tanto, un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

Con arreglo a la Directiva, las ciudades con más de 15 000 habitantes que viertan sus aguas residuales en aguas receptoras que no se consideren «zonas sensibles» debían disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales para el 1 de enero de 2001. Como consecuencia de ello, los Estados miembros deben velar por que las aguas se recojan y traten adecuadamente antes de ser vertidas en el medio ambiente.

Son 17 las aglomeraciones implicadas en este asunto: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y, respectivamente, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y, respectivamente, Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y, respectivamente, Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

Otros Estados miembros (Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Portugal) ya han sido objeto de sanciones en casos similares.

Fuente: European Commission

Aprobado el Plan Director de la Red de Parques Nacionales

monfragueIncluye las grandes directrices para su planificación, gestión y conservación y desarrolla la Ley de Parques Nacionales

Se trata de un instrumento que dará coherencia interna a la Red y facilitará una gestión más homogénea de los parques nacionales, si bien adaptada a cada una de sus singularidades

 

El Boletin Oficial del Estado publica el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, con el objetivo de reforzar la planificación y la gestión de estos espacios naturales de máxima protección ambiental.

Se trata de un instrumento que dará coherencia interna a la Red y facilitará una gestión más armonizada de los parques nacionales, adaptada a cada una de sus singularidades, y potenciará su proyección exterior favoreciendo además una conciencia ciudadana de aprecio por estos espacios.

La actuación del Estado en materia de parques nacionales se fundamenta en tres pilares básicos: la Ley de Parques Nacionales, aprobada en diciembre de 2014, el Consejo de la Red, y el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado con rango de real decreto.

El Plan Director contiene las grandes directrices que deben aplicar, fundamentalmente,  las administraciones autonómicas responsables de la gestión de los parques nacionales en materias como la conservación de sistemas naturales, investigación, uso público, seguimiento de recursos, desarrollo de infraestructuras, formación y sensibilización,  coordinación y colaboración con asociaciones, entidades y administraciones gestoras, en el ámbito nacional e internacional. El Plan se ha elaborado en virtud del artículo 19 de la Ley de Parques Nacionales aprobada en 2014.

MÁXIMA GARANTÍA DE CONSERVACIÓN

Para conseguir estos objetivos básicos, el Plan recoge una serie de criterios que deben ser tenidos en consideración por las comunidades autónomas en la redacción de los documentos de planificación ordinaria de los parques nacionales, los Planes Rectores de Uso y Gestión.

Contiene directrices básicas para la planificación y zonificación de los parques nacionales, así como para la conservación de sus recursos naturales y culturales, en relación con explotaciones y aprovechamientos tradicionales, con infraestructuras, equipamientos e instalaciones, con la atención a visitantes y con la investigación y seguimiento de recursos.

Entre las novedades, el Plan define una serie de criterios para la selección de los proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal y recoge los requisitos para determinar el nivel de conservación y gestión básico que deben mantener los parques nacionales. Recoge los criterios para determinar la existencia de un grave peligro para la integridad y la seguridad de un parque nacional y las directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergencia en el caso de que éste sea declarado.

De esta manera, desarrolla el novedoso artículo 22 de la Ley de Parques Nacionales en virtud del cual cabría una intervención puntual de la Administración del Estado en cualquiera de nuestros parques nacionales, en el caso de que los niveles de conservación bajasen de los mínimos establecidos.

Constituye igualmente una novedad los criterios para determinar la existencia de un peligro grave para la integridad y seguridad de un parque nacional, declarando en su caso, la existencia de una emergencia por catástrofe medioambiental.

Esta figura de emergencia por catástrofe ambiental aparece en la Ley y hace posible la intervención de la Administración General del Estado, fundamentalmente, prestando su ayuda a las administraciones gestoras de los parques nacionales.

La intervención del Estado, tanto en este supuesto de emergencia por catástrofe ambiental, como en el de niveles de conservación por debajo de los mínimos establecidos, tiene como finalidad primordial asegurar la conservación de los sistemas naturales de nuestros parques nacionales, constituyéndose de esta manera el Estado como el último garante de la conservación de nuestros espacios naturales de mayor prestigio.

AMPLIO CONSENSO

El Plan concluye con una serie de actuaciones que comprometen al Organismo Autónomo Parques Nacionales para los próximos 10 años, que constituye el periodo de vigencia previsto para el Plan.

El proyecto de Plan Director, elaborado mediante un proceso con muy amplia participación, cuenta con el informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el del Consejo de la Red de Parques Nacionales y el del Consejo de Estado, que lo aprobó en sesión plenaria.  

El hecho de que todas las partes implicadas hayan considerado la urgente necesidad de disponer de un nuevo Plan Director ha facilitado alcanzar el indispensable consenso con asociaciones conservacionistas y con todas las comunidades autónomas que cuentan con parques nacionales en sus territorios.

100 AÑOS DE PARQUES NACIONALES

En 2016 se cumplen 100 años de la puesta en marcha de la Red de Parques Nacionales en España, un siglo desde que se aprobara la primera Ley de Parques Nacionales en 1916.

Tras su publicación, tuvo lugar la declaración de los primeros Parques Nacionales en España en 1918, Covadonga (actual Picos de Europa) y Ordesa y Monte Perdido, a los que siguieron otros que componen la actual Red con 15 espacios protegidos con esta categoría: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Archipiélago de Cabrera, Cabañeros, Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, Monfrague, Sierra Nevada, Tablas de Daimiel, Teide, Timanfaya y Sierra de Guadarrama, la última incorporación, declarado en 2013.

Fuente: Magrama

Los hoteleros baleares recurren la ecotasa turística

mallorcaEl Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha notificado hoy la admisión a trámite del recurso contra el reglamento de implantación de la ecotasa, ha indicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)

La iniciativa judicial presentada el pasado 16 de septiembre se refiere al decreto 35/2016, de 23 de junio, con el que el Govern regula la aplicación del impuesto sobre estancias turísticas que desde julio grava las pernoctaciones en alojamientos vacacionales del archipiélago.

Con la admisión del recurso se inicia el procedimiento ordinario y se requiere al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que en un plazo de veinte días remita a la Sala el expediente administrativo completo de tramitación del reglamento del impuesto.

"Nunca hemos estado de acuerdo ni con el contenido ni con la forma del impuesto, y estamos convencidos de que tendremos éxito porque tenemos argumentos suficientes para pensar que el conjunto del Decreto tiene una serie de debilidades", ha apuntado la presidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito.

No obstante, de Benito ha apostillado que desde la FEHM "seguiremos trabajando con el Gobierno para, mientras la Ley del impuesto esté vigente, por supuesto cumplirla, y para aportar el máximo valor que podamos a todas las demás iniciativas que nos permitan continuar con el círculo virtuoso de la inversión y para conseguir mejorar el bienestar de esta sociedad a través de un Plan de Competitividad Global".

Fuente: El Mundo

El Derecho de la Unión protege el mercado europeo contra productos cosméticos cuyos ingredientes han sido objeto de ensayos en animales

laboratorioEl Derecho de la Unión protege el mercado europeo contra productos cosméticos cuyos ingredientes han sido objeto de ensayos en animales Cuando esos ensayos se han realizado fuera de la Unión para permitir la comercialización del producto en terceros países y el resultado de los experimentos se utiliza para probar la seguridad del producto puede prohibirse la comercialización de éste en el mercado de la Unión.

 

 

La «European Federation for Cosmetic Ingredients» (EffCI) es una asociación empresarial que representa a los fabricantes de ingredientes utilizados en los productos cosméticos en la Unión Europea. Tres miembros de esa asociación habían realizado ensayos en animales fuera de la Unión Europea para poder vender en Japón y en China productos cosméticos que contenían ciertos ingredientes. La EFfCI acudió ante los tribunales británicos para saber si las tres sociedades interesadas podrían incurrir en sanciones penales en el caso de que introdujeran en el mercado británico productos cosméticos cuyos ingredientes hubieran sido objeto de ensayos en animales. El Reglamento sobre productos cosméticos prohíbe la comercialización de productos cosméticos que contengan ingredientes que hayan sido objeto de ensayos en animales con objeto de cumplir los requisitos del mismo Reglamento. Uno de esos requisitos es que el producto cosmético sea seguro para la salud humana, seguridad que debe evaluarse sobre la base de la información pertinente y ser objeto de un informe incluido en el expediente de información del producto. La EFfCI alega que no se infringe el Reglamento cuando los ensayos en animales se han llevado a cabo para cumplir la legislación de un país tercero.

 

 

Conociendo de ese litigio, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Queen’s Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo)], pregunta sobre ello al Tribunal de Justicia. En su sentencia,  el Tribunal de Justicia examina si los términos «con objeto de cumplir los requisitos del [Reglamento]», pueden abarcar ensayos en animales como los discutidos en el asunto principal. Teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el Reglamento, el Tribunal de Justicia considera que éste tiene como objetivo establecer las condiciones de acceso de los productos cosméticos al mercado de la Unión y asegurar un elevado nivel de protección de la salud humana a la vez que velar por el bienestar de los animales prohibiendo los experimentos con animales. El acceso al mercado Aceptar la Unión se condiciona al respeto de la prohibición de recurrir a los experimentos con animales. El Tribunal de Justicia señala que sólo los resultados de experimentos con animales expuestos en el informe sobre la seguridad del producto cosmético pueden considerarse relacionados con experimentos realizados para cumplir las exigencias del Reglamento. Ahora bien, carece de incidencia en ese sentido que los experimentos con animales se exigieran para hacer posiblcosmeticae la comercialización del producto en terceros países.

 

 

El Tribunal de Justicia precisa que el Derecho de la Unión no establece distinción alguna en función del lugar en el que se haya realizado el ensayo con animales. El Reglamento trata de promover activamente la utilización de métodos alternativos que no se sirvan del animal para garantizar la seguridad de los productos cosméticos. La realización de ese objetivo se comprometería gravemente si fuera posible eludir las prohibiciones previstas por el Derecho de la Unión, realizando en terceros países los ensayos en animales. El Tribunal de Justicia concluye que se puede prohibir la introducción en el mercado de la Unión de productos cosméticos, algunos de cuyos ingredientes hayan sido objeto de ensayos en animales fuera de la Unión, para hacer posible la comercialización de esos productos en terceros países, si los datos resultantes de esos ensayos se utilizan para probar la seguridad de esos productos a fin de introducirlos en el mercado de la Unión.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar

Fuente:www.curia.europa.eu

La Directivas Europeas sobre naturaleza funcionan, según el estudio elaborado por la UE

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Un estudio de expertos, confirma que “las directivas sobre naturaleza son adecuadas para el propósito para el que fueron creadas”. El informe se realizó después de un análisis exhaustivo en todos los Estados miembro en los que la sociedad civil ha tenido una intensa participación. WWF y SEO/BirdLife apoyan firmemente la evidencia presentada en el análisis independiente e instan a la Comisión que preside Jean-Claude Juncker a que centre su atención en la aplicación de las leyes y las amenazas a la naturaleza de Europa, y no a modificarlas.

El estudio realizado para la Comisión Europea por un consorcio liderado por la consultora Milieu es una evaluación exhaustiva de las directivas Aves y Hábitats, las piezas más importantes de la legislación europea de conservación de la naturaleza. La evaluación forma parte del programa de Mejora de la Legislación puesto en marcha por la Comisión para evaluar si las directivas están contribuyendo eficazmente a la protección de la naturaleza de Europa (Fitness Check).

Las conclusiones del estudio reafirman la opinión de la mayor parte de la sociedad civil sobre la necesidad no de modificar estas normas, sino de aplicarlas correctamente para garantizar la conservación de nuestro patrimonio natural y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo socioeconómico del mundo rural. Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España: “El Presidente Juncker y su Comisión deben ahora poner fin urgentemente a los nuevos retrasos inaceptables en la aplicación de las leyes y hacer frente a las amenazas a la naturaleza de Europa".

Para Asunción Ruiz, Directora ejecutiva de SEO/BirdLife : “España es el país de Europa que más aporta a la Red Natura 2000, casi un 30% de su territorio.  No se trata de una carga sino de todo lo contrario: la gran oportunidad de España en Europa. Necesitamos una legislación comunitaria que asegure no solo la conservación de la naturaleza sino sus ventajas asociadas. España puede ser el referente en empleo verde, turismo de calidad o agricultura y ganadería sostenible. Y ese debe ser nuestro futuro”. 

Para WWF y SEO/BirdLife,  el nuevo Ministerio de Medio Ambiente debe impulsar de manera urgente la designación de los espacios de la red Natura 2000 que faltan, garantizar que se aprueben planes de gestión que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa europea y que estos planes cuentan además con necesaria financiación aprovechando para ello los diferente instrumentos financieros nacionales y europeos. La declaración de la red Natura 2000 de áreas protegidas creada por las directivas de la Naturaleza y que actualmente cubre casi una quinta parte del territorio europeo y más del 5% de sus mares, es uno de los proyectos europeos de mayor éxito gracias a la estrecha colaboración entre todas las partes interesadas (incluyendo los gobiernos, las empresas y la sociedad civil).

En el informe los expertos desaconsejan cualquier cambio en las directivas porque "sería retrasar las medidas de aplicación y daría lugar a costes y cargas adicionales para las autoridades nacionales, las empresas y otras partes interesadas." La evaluación confirma que las directivas son eficaces en la protección de los espacios naturales frente al desarrollo y otras actividades perjudiciales y que los beneficios de su aplicación superan sus costes. También se pone de relieve que la protección jurídica que ofrecen las leyes de la UE es más fuerte que la mayoría de los sistemas nacionales y proporciona un "enfoque flexible de las consideraciones socioeconómicas dentro y fuera de los espacios Natura 2000". Las directivas también han traído un nuevo enfoque "moderno" para la conservación de la naturaleza, permitiendo asociaciones positivas y las diferentes formas de participación de los interesados.

Más de 500.000 personas de toda Europa participaron en la Campaña europea promovida por las principales organizaciones europeas de conservación de la naturaleza "Revive tu naturaleza” y solicitando a la Comisión Europea que no modificara estas directivas y que se centrara en su aplicación. También se han enviado 60.000 canciones de naturaleza y mensajes a la Comisión Europea y los ministros nacionales de medio ambiente pidiendo acciones políticas concretas. Se espera que la Comisión Europea publique su informe sobre “Fitness Check” y su comunicación sobre la naturaleza de la UE en otoño.

 

Fuente: WWF España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia contra la normativa española sobre admisibilidad de pastos permanentes

pastospermanentes El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha considerado que la normativa nacional española "se opone" al derecho comunitario al rechazar ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) a una explotación agraria aragonesa en la que se corrigió la superficie con derecho a ellas.

La corte, con sede en Luxemburgo, se pronunció sobre un litigio entre la titular de una explotación agraria y las autoridades de la Comunidad Autónoma de Aragón, que redujeron la superficie declarada como pastos permanentes admisibles a ayudas, al superar la media de la superficie forrajera que en su día se tuvo en cuenta para calcular los derechos de ayuda, lo que consideraron un "abuso".

El tribunal recuerda que, según la ley europea, cada agricultor tiene derecho anualmente al pago de una ayuda por superficie cuyo importe se determina en función de los derechos de ayuda por hectárea que se le hubiesen asignado al entrar en vigor el régimen establecido por dicho reglamento.

Para ello deben respetarse una serie de normas, satisfacerse una serie de requisitos en materia de buena gestión y de buenas condiciones agrarias y medioambientales y cumplirse las formalidades de declaración.

Según el reglamento, constituyen hectáreas admisibles a efectos de la ayuda por superficie las superficies agrarias de la explotación consistentes en tierras de cultivo y pastos permanentes, salvo las ocupadas por cultivos permanentes o bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.

Por ello, para que las tierras declaradas por un agricultor con el fin de obtener la ayuda por superficie resulten admisibles, deben cumplir tres requisitos: ser superficies agrarias, formar parte de la explotación agraria de dicho agricultor y no estar ocupadas por cultivos permanentes o bosques o ser utilizadas para actividades no agrarias.

El tribunal indica que la calificación de "pastos permanentes" y, por tanto, de "superficie agraria", depende de la utilización efectiva de las tierras en cuestión y que se debe calificar de "agraria" una superficie cuando se utiliza, en particular, como pasto permanente.

En ese sentido, cree que la admisibilidad a las ayudas no se supedita al requisito de correspondencia con las superficies forrajeras que se tuvieron en cuenta para calcular los apoyos.

Tampoco a la condición de que las superficies de pastos permanentes que excedan dichas superficies forrajeras se utilicen efectivamente para las necesidades específicas de la explotación agraria relacionadas con la cría de ganado, siempre que se destinen a una actividad agraria.

La corte señala igualmente que, según el reglamento, los pastos permanentes tienen un efecto medioambiental positivo y resulta oportuno adoptar medidas para fomentar su mantenimiento y evitar una transformación masiva en tierras de cultivo.

Por todo ello, el tribunal declaró que la normativa española "se opone al derecho de la Unión".

Fuentes: Euroefe Curia.europa.eu

El Parlamento Europeo pide más poder para los consumidores en el mercado de la energía

 

Los consumidores deben tener más poder en el mercado energético, según el Parlamento Europeo, que apuesta por impulsar las compras colectivas, la autogeneración por parte de los hogares y las herramientas de comparación de precios, así como por hacer más fácil los cambios de suministrador y de tarifa. En una resolución no vinculante, los eurodiputados también piden fondos de la UE para hacer frente a la pobreza energética.

 

“Alrededor de cincuenta millones de europeos viven en pobreza energética. Muchos tienen contratos desfasados que a menudo incluyen elevados costes por cambiar a otro proveedor más barato. Quiero que las compañías ofrezcan a los consumidores información sobre las tarifas más bajas y acabar con los costes por cambiar de empresa. En 2016, en Europa, nadie debe tener que elegir entre comer o calentar su casa”, señaló la ponente del texto, Theresa Griffin (S&D, Reino Unido)


 

Para incentivar un papel más activo de los consumidores en el mercado energético, los eurodiputados sugieren:

 

  • Introducir nuevos modelos de negocio, como las compras colectivas e instrumentos financieros innovadores para fomentar la autogeneración y el autoconsumo,
  • Reducir las barreras administrativas para la autogeneración, acortando los procedimientos de autorización y fomentando programas energéticos comunitarios/cooperativos, y
  • Mejorar las condiciones para que los inquilinos y residentes en edificios de apartamentos puedan hacer mayor uso de la autogeneración y otras herramientas de eficiencia energética.

 

Precios más claros, tarifas comparables

 

El Parlamento también plantea varias ideas para hacer los precios de la energía más transparentes:

 

  • Facturas más frecuentes y contratos más sencillos,
  • Medios para acceder a los datos de consumo y otros costes relacionados,
  • Permitir a los consumidores comparar ofertas, incluso si no tienen acceso a internet o carecen de cualificación, para determinar si podrían ahorrar dinero cambiando de suministrador. Esas herramientas de comparación deben ser independientes, actualizadas y fáciles de entender. La resolución propone incluir en la factura la tarifa más ventajosa para el consumidor, basada en su historial de consumo, y permitirle cambiar si así lo desean de la manera más sencilla y sin penalización.
  • Desarrollar mecanismos de precios dinámicos, que reflejen los periodos de alto y bajo consume y tarifas transparentes y comparables, y
  • Desarrollar redes inteligentes y dispositivos que adapten el consumo automáticamente a los cambios de precios.

 

Pobreza energética

 

La pobreza energética –que afecta a quienes no disponen de calefacción o electricidad en sus hogares a un precio asequible- debe ser atajada desde la raíz, según los eurodiputados, que piden usar fondos comunitarios para mejorar la eficiencia energética y hacer que el impulso a la autogeneración vaya en beneficio de los más desfavorecidos.

 

“Unas tarifas sociales bien diseñadas son clave para los ciudadanos con menos ingresos”, dice el texto, que recalca que ese tipo de tarifas deben ser completamente transparentes.

 

Próximos pasos

 

Durante el debate el miércoles en el pleno, el vicepresidente de la Comisión Maroš Šefčovič anunció que presentará propuestas legsislativas en septiembre sobre eficiencia energética y diseño del mercado, seguidas de iniciativas sobre energías renovables, un informe sobre precios, y otras en 2018 para crear un observatorio de la pobreza energética.

Fuente: Parlamento Europeo

La responsabilidad en materia medioambiental

Antedañoambiental las posibles infracciones e incumplimientos normativos en materia de medio ambiente, el ordenamiento jurídico responde con tres formas diferentes de actuación: la vía penal, la vía civil y la vía administrativa.
 

 

 

 

PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE

La protección penal del medio ambiente encuentra su legitimación en la propia Constitución Española, en concreto su artículo 45 reconoce el derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber de conservarlo. Estableciendo además sanciones penales o administrativas para quienes violen dicho precepto, así como la reparación del daño causado.

Esta protección también queda recogida en el Título XVI del Código Penal «De los delitos relativos a la ordenación del patrimonio histórico y del medio ambiente», en su Capítulo III «De los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente».

A raíz de la modificación del Código penal, también se sanciona a las personas jurídicas de las entidades por aquellas infracciones cometidas por sus empleados, siempre que no se haya ejercido el debido control mediante la implantación de un sistema denominado "Corporate Compliance".

Este es un sistema de control que detecta y prevé las conductas delictivas que pudieran efectuar los trabajadores de la empresa; así como las personas jurídicas de la misma. Se distinguen diferentes tipos de delitos, relacionados con diferentes ámbitos de la empresa, entre los que se encuentran los delitos contra el medio ambiente.

RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL

La responsabilidad debe quedar acotada a los supuestos en que se produzca un daño al medio ambiente. Encuadrar el medio ambiente en el ámbito civil realmente no es una tarea fácil, partiendo de la premisa que el ámbito civil está orientado básicamente a resolver problemas entre particulares, o particulares frente a la administración cuando actúa como agente privado.

El ámbito civil se debe limitar a ser un garante de los recursos naturales, a prevenir cualquier tipo de daño al medio ambiente y a elaborar un sistema eficiente de reparación del daño cuando éste se ha producido.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

Una parte importante de la legislación ambiental está fundamentada en normas administrativas. Para encuadrar un ilícito (acto no permitido o ilegal) en la vía administrativa se deberá antes que nada encontrar la incoación de un expediente administrativo sancionador, y por supuesto tener en cuenta el marco o normas generales aplicables al Régimen Administrativo Sancionador.

LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Con la publicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, aparece una nueva acepción del concepto responsabilidad.

Estructura y contenidos de la Ley de Responsabilidad Ambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre ). La Ley de responsabilidad ambiental se distribuye en 48 artículos, agrupados en seis capítulos; diez disposiciones adicionales, una transitoria y cinco finales, además de seis anexos.

El capítulo I se ocupa de las disposiciones generales, es decir, el objeto de la Ley, definiciones y ámbito de aplicación de la norma. La Ley 11/2014, de 3 de julio, que modifica la Ley 26/2007, transpone a la normativa estatal lo establecido en el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE, de 12 de junio para asegurar que la responsabilidad del operador se aplique a las aguas marinas, en caso de producirse accidentes graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro.

El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de responsabilidades. Se obliga a los operadores que desarrollen actividades profesionales o económicas a adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación y de sufragar su coste. También se impone al operador colaborar con la Administración y la obligación de comunicar aquellas amenazas de daño medioambiental o aquellos daños medioambientales de los que tenga conocimiento.

El capítulo III desarrolla las obligaciones de los operadores en materia de prevención, de evitación y de reparación, así como las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas y las potestades que les reconoce la Ley para llevar a cabo su cumplimiento. El operador tiene la obligación de adoptar las medidas de prevención y de evitación y la de comunicar el suceso a la autoridad competente, la cual podrá requerir al operador para que le suministre información adicional o para que adopte tales medidas. Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la que deberá ejecutar dichas medidas o, en su caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley. La Ley 11/2014, introduce el artículo 17bis que establece que las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales.

La Ley 11/2014  modifica el artículo 24 para precisar el carácter voluntario de la garantía financiera para aquellos operadores que no quedan obligados a su constitución. También se agiliza el procedimiento para la determinación de la garantía financiera, siendo el proprio operador obligado a constituir una garantía financiera, quien determina su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos medioambientales de su actividad y quien comunica la constitución de la garantía a la autoridad competente. Por otro lado, se modifica el artículo 27 para ampliar los sujetos garantizados por la garantía financiera, de forma que quedan incluidos los titulares de las instalaciones en las que se realice la actividad que pueda ocasionar los daños medioambientales.

De acuerdo con el artículo 28, se desarrollarán reglamentariamente los criterios que servirán de base para determinar las actividades exentas de constituir garantía financiera obligatoria debido a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad. Mediante el Real Decreto 183/2015 se han introducido las exenciones (a la constitución de la garantía financiera, nunca a la reparación de los daños si ocurre un accidente) para una gran mayoría de actividades partiendo de este escaso potencial de generar daños tal y como señalaba el Artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Estas exenciones se pueden consultar en el Artículo 37 del Real Decreto 2090/2008  Se modifica el artículo 30 para otorgar una homogeneidad en el contenido mínimo de las pólizas de seguros; y el artículo 31.1, referido a la vigencia de la garantía financiera obligatoria, para precisar que la misma debe estar vigente durante todo el periodo de actividad desde la fecha en que su constitución sea obligatoria y hasta su cese efectivo.

El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras. Por medio de ellas se pretende asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales.

El capítulo V de la Ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones. El régimen sancionador de la Ley únicamente prevé la imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas privadas. Las infracciones se agrupan en dos categorías, muy graves y graves. Se prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al operador por un período máximo de dos años en las infracciones muy graves y de uno en el caso de infracciones graves.

Fuente: La Página del Medio Ambiente

 

Europa da dos meses a España para actuar en la mejora del acuífero de Doñana

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Este ultimátum de Bruselas es el segundo paso en el procedimiento de infracción abierto en octubre de 2014, tras una queja de WWF, por la mala gestión del agua en el entorno de Doñana, ha indicado la organización en un comunicado, precisando que “si España no actúa para solucionar el problema en dos meses, la Comisión Europea llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

 

 

 

En 2010, WWF presentó una queja ante la Comisión Europea , denunciando el mal estado del acuífero que alimenta Doñana, por una mala gestión, que estaba deteriorando gravemente ecosistemas protegidos por la legislación europea.

a Comisión Europea solicitó entonces información a España, esperando que los problemas fueran solucionados y ante la falta de una respuesta satisfactoria, Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España en octubre de 2014, por existir indicios suficientes del incumplimiento de al menos dos directivas europeas, la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco del Agua.

La Comisión Europea ha enviado ahora un Dictamen Motivado a España, al considerar que sigue sin tomar medidas suficientes para acabar con la sobreexplotación del acuífero, “provocada por los cultivos intensivos de regadío y la demanda de instalaciones turísticas”.

Según Bruselas, esa mala gestión está deteriorando los hábitats naturales de Doñana, incluidos en la Red Natura 2000 y que albergan muchas especies prioritarias como el lince ibérico o la cerceta pardilla.

España tiene dos meses para explicar cómo va a solucionar el problema, antes de que la Comisión lleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para WWF, este ultimátum refuerza claramente el mensaje de la organización: “Es urgente aplicar de manera estricta el Plan de la Corona Forestal de Doñana, y que el nuevo trasvase planteado hacia el Condado de Huelva no soluciona los problemas del agua en Doñana”.

“Llevamos muchos años advirtiendo sobre la mala gestión del agua en Doñana, que está dejando al borde del colapso los ecosistemas de este espacio Patrimonio de la Humanidad y poniendo en peligro el futuro de la propia agricultura en la zona”, ha comentado el Secretario General de  WWF España, Juan Carlos del Olmo.

“Tanto la Confederación del Guadalquivir como la Junta de Andalucía deben escuchar a la Comisión Europea y resolver de una vez por todas el conflicto del agua en Doñana, por el bien de la naturaleza y  de toda la sociedad”, ha dicho.

WWF recuerda que Doñana no es sólo un patrimonio de Andalucía y de España, sino un Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO cuya protección preocupa enormemente fuera de nuestras fronteras.

Fuente: EFE verde

 

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