Acuerdo mundial histórico para hacer frente al cambio climático

AcuerdoparisSe trata del primer acuerdo vinculante sobre el cambio climático adoptado por el conjunto de la comunidad internacional

Establece limitar el incremento de la temperatura global en 2ºC a final de siglo y un mecanismo de ambición que permite revisar su implementación cada 5 años

El Acuerdo alcanzado el sábado, 12 de Diciembre, en la Cumbre del Clima de París es histórico porque por primera vez se adopta por el conjunto de la comunidad internacional y es jurídicamente vinculante para todos los países. 

El texto es ambicioso y equilibrado para todos y es un logro de la comunidad internacional. No es perfecto para nadie pero es un éxito para toda la humanidad.

 

En este sentido, el Acuerdo de París se basa en seis principios: diferenciado, justo, ambicioso, duradero, equilibrado y jurídicamente vinculante. Se trata, además, de un texto con una ambición máxima, defendida por España, e impulsada por la Unión Europea , con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, liderando las negociaciones.

El principal objetivo de este Acuerdo el limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC, y trabajar hacia escenarios compatibles con los 1,5ºC. Se consagra la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el mundo. La coalición de la ambición entre la UE, los Estados del grupo África, Caribe, Pacífico y Estados Unidos ha conseguido que se introduzca este objetivo que cuando se iniciaron las negociaciones de Paris no estaba encima de la mesa.

 

REVISION CADA 5 AÑOS

En este sentido, cabe resaltar que esto no es un objetivo aspiracional, sino que su alcance se va a ir revisando cada cinco años cuando se haga balance de dónde estamos y se consideren la siguiente ronda de compromisos que siempre tendrán que ser más ambiciosos de los actuales.

En el Acuerdo, se pone en valor la importancia de la adaptación a los impactos del cambio climático en un contexto en el que todos los países tenemos que adaptarnos  a los efectos del incremento de la temperatura global. Además, se crea un marco de cooperación global para que los países en desarrollo más vulnerables puedan afrontar las pérdidas y daños asociados a estos impactos.

Esto supone un reconocimiento, en un tratado internacional, de las necesidades específicas que tienen los países más vulnerables y que vienen demandando desde hace años.

 

FINANCIACION PARA EL CAMBIO DE MODELO

Para conseguir un desarrollo sostenible duradero a nivel global, el Acuerdo de París pone las bases para una transformación de los modelos de desarrollo hacia patrones bajos en emisiones. Para ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación del Acuerdo y que deberá construirse sobre la base del objetivo de movilización de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, a través de distintas fuentes, y que se revisará más adelante. Si bien la financiación climática vendrá fundamentalmente de los países desarrollados, se reconoce por primera vez los esfuerzos voluntarios de los países en desarrollo. 

 

PUNTO HISTÓRICO DE NO RETORNO

El Acuerdo refuerza el sistema actual de transparencia y rendición de cuentas de la Convención de Cambio Climático, para fortalecer la confianza conjunta entre los países y para contar con información suficiente para poder hacer balance cada cinco años en el mecanismo de revisión.

Este Acuerdo es, además, un punto de no retorno histórico de movilización gubernamental sin precedentes, como ya se ha visto con los 189 planes de lucha contra el cambio climático presentados hasta ahora. Pero además, se han puesto las bases para promover acciones no gubernamentales,  de empresas, sociedad civil, así como de acciones adicionales de actores regionales y locales, a gran escala con las que hacer frente al cambio climático.

Asimismo, los Estados insulares consiguen el mecanismo de cooperación de perdidas y daños, Latinoamérica, los bosques, los países productores de combustibles fósiles un mecanismo para su diversificación económica y un paquete financiero para los países en desarrollo que contemple la lucha contra la pobreza y la protección de la producción alimentaria.

Fuente: Magrama

Lecciones aprendidas de un caso de incumplimiento de la normativa sobre residuos

Tramore Hace solo unas semanas el Gobierno de España aprobó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos(PEMAR),  que establece las lineas estratégicas  y las medidas necesarias para cumplir los objetivos comunitarios en la materia, esto es, convertir a Europa en una socidad eficiente en el uso de los recursos, que produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible, los que no puedan ser evitados.

Se trata, sin duda, de un paso importante para cumplir con las exigencias de la Unión Europea para la financiación de los proyectos de inversión en la gestión de residuos y una muestra de la disposición del Gobierno de España de mejorar la gestión de los residuos, muy cuestionada por la propia Comisión Europea y que, de hecho, ha provocado numerosas quejas y denuncias, que puede conllevar sanciones millonarias al Estado Español.

Sin embargo, esta puede ser una oportunidad para crear empleo y riqueza en zonas que, en estos momentos, se encuentran degradas o en riesgo por esa deficiente gestión de los residuos. Esto es lo que la Comisión Europea ha querido poner de manifiesto con la publicación del artículo que a continuación transcribimos (Revista "Medio Ambiente para los Europeos") relativo al caso irlandés, tras cerrarse el procedimieno de infracción contra aquél país por su deficiente política en el tratamiento de residuos y el incumplimiento de la normativa comunitaria.

 

"Encumplimiento de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2005, Irlanda ha efectuado una profunda reforma de sus mecanismos de aplicación de la normativa sobre residuos por parte de las autoridades locales, ha clausurado vertederos ilegales y ha aportado financiación para recuperar suelos degradados o compensar los perjuicios medioambientales ocasionados. Esta ingente labor ha transformado el sector de los residuos en Irlanda y ambas partes están satisfechas con los resultados, que pueden ser de interés para otros países.

Montañas de basTramore dumpura

A finales de la década de 1990 la Comisión comenzó a recibir quejas de organizaciones y ciudadanos irlandeses sobre la existencia de vertederos y desguaces ilegales, y de impasibilidad de las autoridades locales ante sus denuncias.

Los ayuntamientos seguían acumulando residuos domésticos en vertederos situados en las inmediaciones de pueblos y ciudades. No se tomaban medidas para evitar que los contaminantes penetrasen en el suelo y se filtrasen a las aguas, y muchos de los vertederos se encontraban en humedales con un gran valor natural. La Comisión instó a las autoridades irlandesas a tomar medidas inmediatas para clausurar los vertederos.

Pero los años iban pasando y el problema no hacía sino agravarse. «Llegaban quejas de todos los confines del país», recuerda un funcionario de la Comisión. Era rarísimo que se sancionara a los infractores y las multas eran tan nimias —en un caso, de 100 euros, frente a los 1 000 euros que cuesta un permiso de vertido de residuos— que no tenían ningún efecto disuasorio. Al mismo tiempo, se vertían ilegalmente grandes cantidades de residuos domésticos en la frontera con Irlanda del Norte (que es parte del Reino Unido), y había más de 340 desguaces ilegales de vehículos. Era como si la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil no existiera.

La gota que colmó el vaso para la Comisión fue un vertedero de Tramore, en el condado de Waterford, ubicado junto a un humedal de relevancia internacional. La Agencia de Protección del Medio de Irlanda tardó cuatro años en tramitar la licencia para el vertedero, y mientras tanto la montaña de basura fue creciendo y avanzando cada vez más hacia el humedal.

La Comisión denunció a Irlanda en lo que fue el primer caso por infracción sistemática de la Directiva marco sobre residuos. La gran cantidad de pruebas ponía de relieve una grave dejación de funciones por parte del Gobierno. En un principio, se contemplaron doce emplazamientos, pero a medida que fue saliendo a la luz la magnitud del problema, la cifra se elevó a cuarenta y dos casos independientes.

«Indefendible»

La sentencia del 22 de abril de 2005 sirvió para abrir los ojos y provocó un cambio radical de estrategia. El Gobierno irlandés encomendó a Pat Fenton la tarea de gestionar la reacción ante el fallo del Tribunal. «Cuando tuve ante mí el caso me dije "Dios mío, la mayoría de estas infracciones son indefendibles". Es innegable que se trata de un caso de incumplimiento sistemático».

Según Fenton, la mayor dificultad residía en encontrar el modo de darle la vuelta al caso para encontrar un punto de apoyo (véase el artículo «La experiencia de Irlanda»). Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Fenton coordinó un ambicioso programa de reformas, que incluía la creación de una red nacional de control, a la que se dotó de agentes encargados de combatir los vertederos ilegales. Se interpusieron las primeras demandas de cierta envergadura a los infractores. Los fondos obtenidos mediante un impuesto específico se dedicaron a limpiar o compensar los daños en los lugares en los que se habían instalado los vertederos ilegales. El número de desguaces paso de 340 a 4.

El programa de medidas adoptado por el Gobierno de Irlanda en 2012 resultó instrumental para cerrar el caso. Este documento, que se actualizaba cada seis meses, describía en detalle los pasos que se estaban llevando a cabo para cumplir la sentencia. La reacción decidida y bien organizada de Irlanda satisfizo a la Comisión, ya que demostraba que se estaban haciendo importantes progresos.

Los costes fueron muy cuantiosos —del orden de 300 millones de euros—, máxime en tiempos de austeridad, pero podían haber sido aún mayores. Si los Estados miembros no acatan una sentencia, la Comisión puede en cualquier momento interponer otra denuncia y solicitar multas de hasta 10 millones de euros cada seis meses.

«Alejarse del abismo»

«Empezamos con una situación de quejas constantes de la población», recuerda un funcionario de la Comisión. «Esta experiencia demuestra que con organización y determinación, los Estados miembros pueden alejarse del abismo y obtener resultados con los que la mayoría de los afectados por el caso están abiertamente conformes. A día de hoy recibimos muy pocas quejas».

Ahora que se han corregido las irregularidades, la Comisión ha decidido cerrar el caso.

Nuevos humedales para compensar el daño

El vertedero ilegal de Tramore había invadido las albuferas hasta tal punto que la Comisión solicitó una compensación. Para poder crear un «humedal compensatorio», la autoridad local adquirió un terreno cercano y dejó que el mar lo inundase para recuperar la biodiversidad perdida en la zona del vertedero. Un lugar que unos años atrás los observadores de la UE habían calificado de «desastre» medioambiental, estaba ahora limpio y contaba con un nuevo humedal.

aceriairlanda

Una acería abandonada se convierte en un parque público

Haulbowline es el último espacio que se rehabilitó en el marco del caso. Esta isla del puerto de Cork albergaba una antigua acería que se cerró y abandonó en 2002. Por las grietas del dique de contención se filtraban contaminantes a las aguas de la zona. La escombrera para escoria había ampliado la superficie de la isla en más de 80 000 m2. Para los funcionarios de la Comisión, este lugar se había convertido en un «grave problema» y en un motivo de preocupación para la población local. Tras un complejo proceso administrativo, se ha programado su limpieza y transformación en un parque público. La transparencia fue la clave de la buena gestión en este espacio. La autoridad local creó una página web para mantener a la población informada sobre los progresos y gestionar cualquier problema que surgiese durante los trabajos de transformación."

pa

Los nuevos Fondos Europeos: "Inversiones Sí, Subvenciones No"

europaLos nuevos Fondos de la UE ayudarán a combatir el desempleo e impulsarán la competitividad y el crecimiento económico mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación. A la vez que servirán para fomentar el espíritu empresarial, la lucha contra la exclusión social y contribuirán al desarrollo de una economía baja en carbono y eficiente en la utilización de los recursos

28 580 MILLONES DE EUROS PARA SIETE AÑOS

Como ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,  ante el Parlamento Europeo “la lucha contra la crisis es la lucha contra el paro.” Los programas de Asociación deben centrarse en las personas que llevan tiempo sin trabajo. En España la mitad de los parados llevan más de dos años sin trabajar”. Aunque es responsabilidad de cada Estado miembro decidir la forma en la que se aplicarán los presupuestos nacionales, el “acuerdo de asociación”  define la estrategia que se debe aplicar para la utilización óptima de los Fondos estructurales y de inversión. Uno de los lemas de la política general que se debería seguir es el de “inversiones si, subvenciones no”. Ahora que se ha firmado el “Acuerdo de Asociación” España deberá presentar los 'Programas operativos' antes de fin de año para que puedan ponerse en marcha lo antes posible.

PRINCIPALES PRIORIDADES DE INVERSIÓN PARA ESPAÑA

Las prioridades de España establecidas en el acuerdo de asociación con la Comisión Europea incluyen:

  • El aumento de la participación en el mercado de trabajo y la productividad laboral, así como la mejora de la educación y la capacitación
  • Políticas de inclusión, con especial atención a los jóvenes y los grupos más vulnerables.
  • Apoyo a la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor añadido mediante la mejora de la competitividad de las PYME.
  • Promoción de un entorno empresarial favorable a la innovación y el fortalecimiento del sistema de I + D + i.

¿CUÁLES SON LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS? 

  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Centra sus inversiones en cuatro áreas: innovación e investigación, agenda digital, apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), economía baja en  emisiones de carbono.
  • Fondo social europeo, El FSE financiará iniciativas para mejorar los sistemas educativos y formativos, apoyará medidas para luchar contra el abandono escolar y garantizará que los jóvenes obtengan las aptitudes adecuadas para aumentar sus oportunidades en el mercado laboral y Formación profesional. Las inversiones del FSE en el ámbito de educación y formación beneficiarán también la innovación y la competitividad de las empresas. El FSE continuará financiando proyectos que ayuden a las personas con dificultades y a las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos a tener las mismas oportunidades que los demás para integrarse en la sociedad. En esta área se invertirán casi 2 000 millones de euros.
  • Fondo de cohesión está destinado a los Estados miembros cuya RNB (renta nacional bruta) per cápita es inferior al 90 % de la renta media de la UE. Su objetivo es reducir las disparidades socioeconómicas y promover el desarrollo sostenible. En la actualidad está sujeto a las mismas normas de programación, gestión y supervisión que el FEDER y el FSE a través del Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC)
  • Fondo Europeo para los Asuntos marítimos y la pesca (FEMP) es el nuevo fondo de las políticas marítima y pesquera de la UE para 2014-2020 muy ligado a la política pesquera común. Ayuda a los pescadores en la transición a la pesca sostenible, ayuda a las comunidades costeras a diversificar sus economías, financia proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas, facilita el acceso a la financiación. La asignación financiera a España es la mayor de todos los estados miembros: 1 160 millones de euros.
  • Fondo europeo agrícola para el desarrollo rural  destinado a mejorar la competitividad de la agricultura; garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo de acuerdo con las estrategias de la PAC.

¿Qué son los 'programas operativos'?

La Comisión colabora también con los Estados miembros cuando elaboran los 'programas operativos' (PO) desglosando las prioridades y los objetivos de inversión de los acuerdos de asociación en acciones concretas. Pueden abarcar Estados miembros y/o regiones enteras o ser programas de cooperación que abarcan más de un país. La Comisión negocia con las autoridades nacionales y regionales el contenido final de dichos planes de inversión. Todos los niveles de gobernanza, incluida la sociedad civil, deben ser consultados y participar en la programación y la gestión de los PO. Con arreglo a las nuevas normas, los Estados miembros deben presentar los PO a más tardar tres meses después de la presentación del acuerdo de asociación.

LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y ESPAÑA

España se encargará de 22 programas  con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ─ uno para cada una de las regiones más 3 nacionales y 23 programas operativos con financiación del Fondo Social Europeo (FSE) ─ uno para cada una de las diecinueve regiones más 4 programas nacionales.

INVERSIÓN EN ESPAÑA ENTRE 2014 Y 2020PRO

Casi 28 600 millones (a precios corrientes) de euros en total, distribuidos de la siguiente forma:

  • 2 000 millones de euros para las regiones menos desarrolladas (Extremadura)
  • 13 400 millones para las regiones en transición (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia)
  • 11 000 millones para las regiones más desarrolladas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco)
  • 643 millones del Fondo Europeo de Cooperación Territorial, asignación especial de 484,1 millones para las regiones ultraperiféricas
  • 943,5 millones de euros para la Iniciativa de Empleo juvenil

Más información

Acuerdo de Asociación UE-España >pdf

 

Primera condena de cárcel por emisiones ilegales con efecto invernadero

reciclajefrigoríficoLa Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos años y medio de cárcel por delito contra el medio ambiente a dos empresarios de Madrid por triturar de forma ilegal y sin autorización administrativa 2.236 frigoríficos, con lo que liberaron a la atmósfera 3.378 toneladas de CO2, generando un gran riesgo para el medio ambiente y las personas. Incumplieron la normativa sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ya que carecían de autorización para el tratamiento de residuos peligrosos.

 

 

Además de los dos empresarios, un padre y su hijo, han sido condenados a 14 meses de prisión el encargado de la empresa y dos responsables de empresas que abastecían de frigoríficos a los primeros.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, destaca que existió un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por emisiones atmosféricas que dañan la capa de ozono, con grave riesgo para el ecosistema derivada de la persistencia en el tiempo de las emisiones (desde el año 2007 a 2010) y su volumen global.

Una de las empresas proveedoras de frigoríficos a los dos principales acusados actuaba en la planta de Valdemingómez como concesionaria del ayuntamiento de Madrid, con el objeto de hacerse cargo, entre otros residuos, de la totalidad de los frigoríficos que procedían de los puntos limpios de la ciudad.

Los recurrentes protestaron, en sus recursos ante el Supremo, de que era la primera sentencia condenatoria por emisiones con efecto invernadero, y considerar insuficiente su motivación. El alto tribunal responde que en toda modalidad delictiva habrá siempre una primera vez.tribunal-supremo

Sin embargo, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de los condenados contra la sentencia de primera instancia dictada por la Audiencia de Madrid, que estableció condenas de cuatro años de cárcel para los dos máximos responsables y de dos años para los otros tres, y modifica a la baja las penas al no considerar que concurra el agravante derivado de la clandestinidad de la industria, que no es apreciable en una actividad empresarial que cuenta con autorizaciones administrativas aunque se haya desviado de sus términos y de su estricto ámbito.

Asimismo, elimina la indemnización de 60.000 euros que fueron condenados a pagar los acusados,  ya que no cabe, en la responsabilidad civil derivada de delitos de medio ambiente, que no se vincule a daños concretos causados a una persona identificable, física o jurídica, sino a la colectividad en general, y darle carácter sancionador y no resarcitorio.

Fuente: www.poderjudicial.es

¿Crees que la Red Natura 2000 perjudica tu negocio?

natura2000Lo que se aprovecha, se mantiente. Lo que no se aprovecha, se degrada

Trabajamos con empresas y organizaciones en la creación de riqueza respetando los recursos naturales. Creemos en los beneficios que la protección del medio ambiente tiene para las empresas y la sociedad.

Trabajamos a nivel nacional e internacional, formando parte de foros y organizaciones que promueven la necesaria integración del mundo empresarial en la conservación de los recursos naturales y en el reconocimiento de los servicios medioambientales de muchas actividades económicas: Eurosite, Comisión de Educación y Comunicación (UICN), Grupo de Trabajo "Empresa y Biodiversidad" (España), CONAMA, etc.

  • Acompañamiento en las fases de consultas e información pública de las propuestas de declaración de espacios, planes de gestión, ampliación o modificación de la superficie protegida.
  • Asesoría Jurídica (limitaciones, prohibiciones, autorizaciones, responsabilidad patrimonial, etc.).
  • Redacción de informes de afección y evaluación ambiental de planes y proyectos que se desarrollen en estos espacios.
  • Diseño de Acuerdos Voluntarios con las Administraciones Públicas y búsqueda de las entidades de Custodia del Territorio que mejor se adapten a las características de cada caso.
  • Búsqueda de inversores y fuentes de financiación (ISR)

la UE debe redoblar sus esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad

Biodiversisty2020La revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad revela que se ha avanzado en muchos ámbitos, pero subraya la necesidad de que los Estados miembros redoblen sus esfuerzos en su aplicación para detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2020.

La revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad examina si la UE va por el buen camino para alcanzar el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2020. Sus resultados muestran que se ha avanzado en muchos ámbitos, pero resaltan la necesidad de redoblar los esfuerzos para que se cumplan los compromisos contraídos para su aplicación por parte de los Estados miembros. Se está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para depurar el aire y el agua, para polinizar los cultivos y para limitar el impacto de las catástrofes, tales como las inundaciones, lo que puede acarrear costes imprevistos significativos para la sociedad y para nuestra economía. Un sondeo de opinión en el conjunto de la UE, publicado también hoy, confirma que la mayoría de los europeos están preocupados por los efectos de la pérdida de biodiversidad y son conscientes del impacto negativo que puede tener en la salud y el bienestar humanos y, por ende, en nuestro desarrollo económico a largo plazo.

La Unión Europea adoptó una Estrategia para detener la pérdida de biodiversidad hasta 2020. La evaluación de hoy, cuando la Estrategia se encuentra en su ecuador, subraya que deben redoblarse los esfuerzos sobre el terreno para traducir las políticas de la UE en acciones concretas. En primer lugar, los Estados miembros deben aplicar mejor la legislación de protección de la naturaleza de la UE. Más de tres cuartas partes de los importantes hábitats naturales de la Unión se encuentran en un estado de conservación desfavorable, y muchas especies están en peligro de extinción. Detener la pérdida de biodiversidad dependerá también del grado de eficacia con que se consiga integrar las inquietudes sobre la biodiversidad en las políticas de agricultura, silvicultura, pesca, desarrollo regional y comercio. La reforma de la política agrícola común brinda oportunidades en este sentido, pero el éxito de la PAC vendrá determinado por el alcance de la aplicación a escala nacional, por parte de los Estados miembros, de las medidas previstas. En última instancia, debemos reconocer y valorar nuestro capital natural, no solo dentro de nuestras zonas protegidas, sino —en un sentido más amplio— en todas nuestras tierras y mares. La Comisión está llevando a cabo un control de la adecuación de las Directivas sobre la conservación de aves y hábitats para determinar si se están consiguiendo sus valiosos objetivos de la manera más eficiente.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha señalado lo siguiente: «Hay muchas lecciones que extraer de este informe: algunos avances notables y buenos ejemplos que seguir, pero también la necesidad de trabajar mucho más para subsanar deficiencias y alcanzar nuestros objetivos de biodiversidad hasta 2020. No hay margen para la autocomplacencia, pues perder biodiversidad significa perder nuestro sistema de supervivencia. No nos lo podemos permitir, ni nosotros ni nuestra economía

Europa sigue teniendo ante sí el reto de restablecer los hábitats naturales y crear la infraestructura verde. Una vez aplicada, la Estrategia de infraestructura verde de la UE debe aportar múltiples beneficios en toda una gama de sectores, entre los que destacan la agricultura, la silvicultura y la pesca. Por otra parte, las especies exóticas invasoras representan una de las amenazas a la biodiversidad que más rápido están creciendo en Europa y causan daños significativos a la agricultura, la silvicultura y la pesca, lo que supone un coste de 12 000 millones de euros al año, como mínimo, en la Unión Europea. En este contexto, cabe señalar la entrada en vigor de un nuevo Reglamento de la UEpara combatir la propagación de especies exóticas invasoras y los trabajos en curso para establecer una lista de especies invasoras preocupantes para la Unión a principios de 2016.

A nivel mundial, la UE contribuye en una medida significativa a la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Junto con sus Estados miembros, es el mayor donante de fondos para la conservación de la biodiversidad. La UE ha dado los pasos iniciales para reducir los factores indirectos que provocan la pérdida de biodiversidad, como el comercio de especies silvestres y la pesca ilegal, y para integrar la biodiversidad en sus acuerdos comerciales. La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, de alcance mundial, reitera la necesidad de cumplir los compromisos mundiales en este ámbito.

La publicación de la revisión intermedia coincide con la de la encuesta del Eurobarómetro, que recoge las preocupaciones expresadas por los europeos ante las tendencias actuales de la biodiversidad. Por lo menos el 75 % de los europeos piensa que hay serias amenazas para animales, plantas y ecosistemas a nivel nacional, europeo y mundial, y más de la mitad cree que la pérdida de biodiversidad le afectará personalmente.

Contexto

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 tiene por objetivo detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos, restablecerlos en la medida de lo posible de aquí a 2020 y contribuir a la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el mundo. Establece una serie de objetivos en seis ámbitos principales: plena aplicación de la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza, mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios, sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca, refuerzo de los controles de las especies exóticas invasoras, y mayor contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el mundo. La Estrategia de la UE resalta la necesidad de tener plenamente en cuenta los beneficios económicos y sociales que aporta la naturaleza y de integrar esos beneficios en los sistemas de información y contabilidad. Asimismo, tiene por objetivo que se cumplan los compromisos sobre la biodiversidad biológica mundial en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y contribuye a la aplicación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030.

 

Los inmuebles más eficientes energéticamente podrán pagar un 20% menos de IBI

edificiosenergiaEl Ministerio de Hacienda permitirá a los ayuntamientos rebajar hasta un 20% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos edificios que sean más eficientes en términos energéticos, según una enmienda que presentará el PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 en el Senado.

 

La enmienda, que modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos a partir del 1 de enero de 2016 podrán regular una bonificación sobre la cuota íntegra del IBI de naturaleza urbana, en función de la calificación de eficiencia energética de los inmuebles, de tal manera que supondrá una mayor rebaja para los edificios energéticamente más eficientes y una menor o nula bonificación para los menos eficientes o para los que no dispongan de calificación.

 

Así, para aquellos que tengan la mayor calificación ('A') se podrá introducir una bonificación de hasta el 20%. La escala introducida prevé también que para los edificios de calificación energética 'B' la bonificación será de hasta el 16%, y para los que tengan una calificación de 'C', alcanzará hasta el 12%. Los de calificación energética 'D' podrán disfrutar de una bonificación de hasta el 8% y los de 'E', de hasta el 4%.

 

Los inmuebles con una calificación energética de 'F' o 'G' o que no dispongan de certificado energético no podrán beneficiarse de ninguna bonificación, según la enmienda del PP a los Presupuestos de 2016, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año pero con vigencia indefinida.

 

La calificación energética del bien inmueble deberá ser acreditada ante el ayuntamiento por el sujeto pasivo mediante la aportación del certificado regulado en el real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

 

Según el texto de la enmienda, el Gobierno propone con esta modificación fomentar la construcción y adquisición de bienes inmuebles energéticamente eficientes, así como la realización de instalaciones u obras para la obtención de la referida certificación.

 

Asimismo, se pretende incentivar la mejora de la eficiencia energética de los bienes inmuebles urbanos, estableciendo dicha bonificación para los ayuntamientos, que varía en función de la calificación energética, con el propósito de cumplir los objetivos propuestos por el Gobierno en materia social, económica y medioambiental.

 

También en materia de impuestos, el PP introducirá otra enmienda a los Presupuestos del próximo año en la que prorroga para 2016 la reducción de los tipos impositivos previstos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero para el ejercicio 2015, por lo que los tipos que se aplicarán el próximo año serán los resultantes de multiplicar dichos gravámenes por el coeficiente del 0,66.

 

 

 

 

Ley 33/2015, de 21 de Septiembre, por la que se modifica la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

ley

El Boletín Oficial del Estado (BOE), publica la Ley 33/2015,de 21 de Septiembre, por la que se modifica la Ley  42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. La experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos de su aplicación, por lo que se modifica con este fin, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos.

Por otro lado, la presente ley tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del derecho internacional y la incorporación de la normativa de la Unión Europea en nuestro ordenamiento jurídico.

También se persigue incorporar en nuestro ordenamiento jurídico los principales objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Con este fin, se modifica el artículo 2, relativo a los principios de la ley, para incluir por primera vez los de evitar la pérdida neta de biodiversidad, así como la prevención de los problemas consecuencia del cambio climático, que se incluye igualmente como uno de los deberes de las Administraciones públicas en el artículo 5.

Por otro lado, a lo largo de toda la ley, se incluyen las disposiciones necesarias para precisar las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en lo relativo a la gestión del medio marino. En este sentido, como regla general, las funciones configuradas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, derivadas del artículo 149.1 23.ª de la Constitución Española, han de ser ejercidas por las comunidades autónomas en el ámbito terrestre y por la Administración General del Estado, en el ámbito marino

Otro de los objetivos que persigue la presente ley es la simplificación y agilización de los instrumentos para el conocimiento y planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad, regulados en el título I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En relación con el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se modifica el artículo 10 para especificar que los indicadores para la elaboración de dicho Inventario se aprobarán mediante orden ministerial, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Y también se modifica el artículo 11, con el fin de simplificar el contenido de los Informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad, para que sean más sintéticos y que cada seis años se lleve a cabo una evaluación en profundidad. De esta forma, se hace coincidir la periodicidad de dichos informes, con el informe que, sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad, es preceptivo elevar a la Comisión Europea cada seis años.


En relación con el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se modifica el artículo 13, con el fin de especificar que sea el propio real decreto por el que se aprueba el Plan, el que determine su período de vigencia. De esta manera, en caso de estimarse oportuno, podrá adecuarse su duración a los planes estratégicos que aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Unión Europea.natura


Por otro lado, se introduce un nuevo capítulo III, en el título I, relativo a la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Con este nuevo capítulo se pretende dar cumplimiento a la Comunicación de la Comisión Europeaal Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las Regiones «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa» de 6 de mayo de 2013, COM(2013) 249 final e incorporar algunos de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Se prevé la aprobación de una «Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas», que será elaborada de forma conjunta por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y que tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino,

Por otro lado, la presente ley tiene como objeto fundamental mejorar la gestión de los espacios protegidos y, en particular, de los incluidos en la Red Natura 2000, para garantizar su mejor protección y adecuación a los fines para los que han sido declarados.


Con este fin y para garantizar la función social y pública del patrimonio natural y de la biodiversidad, se prevé expresamente, en el artículo 4, que las obras necesarias para la conservación y restauración de los espacios protegidos, para la conservación de especies amenazadas, o para la conservación de hábitats en peligro de desaparición, puedan ser declaradas de interés general del Estado. Así, se equipara el tratamiento de las obras de conservación y restauración de los espacios de la Red Natura 2000 y de las especies consideradas en situación crítica, a las obras que ejecuta la Administración General del Estado en otros ámbitos como el dominio público marítimo-terrestre o la ingeniería hidráulica.
Por otra parte, se incluyen una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las Administraciones públicas a las actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios naturales protegidos que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo. Así, en relación con los monumentos naturales, se modifica el artículo 33, que pasa a ser el artículo 34, para permitir la explotación de los recursos cuando sean plenamente coherentes con los valores que justificaron la declaración de los espacios como Monumento Natural.


Por lo que se refiere específicamente a las medidas de conservación de los espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, se añade un nuevo apartado en el nuevo artículo 42, para incidir en el apoyo por parte de las Administraciones públicas a las actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios de la Red Natura 2000, con especial prioridad para las actividades económicas coherentes con los valores que justifican la declaración del espacio como Red Natura 2000.

Una de las novedades más importantes que introduce la ley es el nuevo capítulo VI del título II, relativo a la incorporación de la información ambiental en el Registro de la Propiedad. Con esta medida, se persigue dotar de mayor seguridad jurídica los aspectosrelacionados con el régimen de propiedad de los espacios protegidos, por lo que la información perimetral referida a dichos espacios deberá tener su reflejo en dicho Registro. De la misma forma, también se prevé que el Catastro Inmobiliario tendrá acceso a dicha información ambiental de conformidad con su normativa reguladora.
De esta forma, se prevé que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá actualizado un servicio de mapas en línea, que permita identificar y delimitar los ámbitos espaciales protegidos, así como la importación de sus datos para ser contrastados con las fincas registrales en la aplicación gráfica del Sistema informático registral único.
Se persigue, por tanto, instrumentar un mecanismo de publicidad que aumente la eficacia y aplicación de las normas reforzando la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. Se trata de una información territorial asociada y que como tal tiene un valor meramente informativo.

Esta ley prevé una serie de medidas destinadas a reforzar la responsabilidad de las Administraciones públicas en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, regulada en el título III. En este sentido, se modifica el artículo 52, que pasa a ser el nuevo artículo 54, para garantizar que la importación de una especie alóctona, se realice con las garantías suficientes y previa autorización de la Administración ambiental competente, tras el oportuno análisis de riesgos. Por otra parte, se señala de forma expresa que las Administraciones públicas no serán responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa sectorial específica.

Además, se introduce un nuevo artículo 55 referente a la reintroducción de especies silvestres extinguidas, con el fin de prever que dichas reintroducciones se realicen con todas las garantías.

En lo que se refiere a la prevención y control de las especies exóticas invasoras, se modifica el artículo 61, que pasa a ser el 64, con el fin de precisar las circunstancias en las que podrán quedar sin efecto las prohibiciones derivadas de la inclusión de una especie en el Catálogo de especies exóticas invasoras, y asimismo se prevé que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias para las especies exóticas invasoras marinas.Por otra parte, se incluyen una serie de modificaciones encaminadas a la adaptación de la normativa nacional al Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, que entró en vigor el 12 de octubre de 2014.


Finalmente, también se modifican la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, con el fin de precisar determinados aspectos concretos de ambas leyes. En el caso de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se modifica el artículo 2.1.b) de la ley, con el fin de substituir la denominación de «estado ecológico de las aguas marinas», por «estado medioambiental de las aguas marinas», en coherencia con la regulación del artículo 7.4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. También se modifica el artículo 45.3 de dicha ley para precisar que se aplicará el silencio negativo una vez transcurrido el plazo máximo previsto en dicho precepto para la resolución del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, tanto en los casos en que el procedimiento se inicie de oficio como a instancia de parte. Con respecto a la modificación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, se modifica su artículo 13.2 con el fin de seguir el modelo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, donde los plazos son legislación básica de conformidad con el artículo 149.1.23.ª de la Constitución y se aplica el silencio negativo una vez transcurrido el plazo máximo para resolver previsto en la ley..

Publicada la nueva ISO 14001, referencia mundial en gestión ambiental

ISO14001ISO14001normas-isoLa Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la nueva versión de la Norma Internacional ISO 14001, referencia para la gestión ambiental, con más de 300.000 organizaciones que la aplican en 171 países. De esta forma, culmina el trabajo realizado durante los últimos tres años por 121 expertos en 88 países, en ellos la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) en representación de España.

El principal objetivo de la revisión es facilitar la integración de esta Norma en los demás Sistemas de Gestión y que éstos sean más accesibles para todo tipo de organizaciones, especialmente del sector servicios. Así, comparte la denominada estructura de alto nivel, común a todas las normas de gestión, como la extendida ISO 9001 de Gestión de la Calidad.

En España, quinto país del mundo y tercero de Europa por número de certificados conforme a ISO 14001, las más de 16.000 organizaciones que aplican esta Norma deberán adaptarse a los nuevos requisitos en un máximo de tres años, hasta septiembre de 2018.

Fuente: Construible

Imputados los responsables de una empresa de Cádiz por un vertido incontrolado

depósitoresiduosLa Guardia Civil ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos de Puerto Real (Cádiz) por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. La empresa, que ocupaba una parte de las instalaciones de la compañía estadounidense Delphi —que cerró en 2007 y está implicada en la trama de los cursos de formación—, había almacenado 5.000 toneladas de agua con las sustancias peligrosas en diversos depósitos. Los responsables de la entidad están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y se ha procedido al cierre de la fábrica..

La investigación se inició porque la Guardia Civil detectó restos de hidrocarburos en la estación de bombeo de aguas residuales de Puerto Real, procedentes de las instalaciones de la antigua factoría Delphi. El filtrado de los residuos peligrosos se produjo a través de una arqueta de salida, que no debía estar activa desde la clausura de la fábrica, y que necesita ser activada manualmente para funcionar.

La Guardia Civil pidió a la empresa que justificase la presencia de hidrocarburos pesados en sus instalaciones y que aportase la documentación necesaria para su gestión. La empresa no contestó y los agentes inspeccionaron las instalaciones. Allí encontraron 5.000 toneladas de agua con hidrocarburos, distribuida en tres depósitos de entre cinco y seis metros de alto, y además hallaron restos de los residuos en las bombas de carga y descarga de los tanques de almacenamiento, así como mangueras para transportar el líquido a los camiones cisterna.

Evidencias del vertido intencionado

Los agentes tienen evidencias de que el vertido de residuos peligrosos se hizo de manera intencionada, al detectarse nuevamente restos de hidrocarburos en la arqueta de salida, que había sido limpiada por el Ayuntamiento de Puerto Real. Se descartó que la contaminación tuviese su origen en la red de aguas pluviales, ni que procediese del suelo contaminado de la factoría.

La Administración tiene constancia de que los depósitos estaban vacíos antes de que las instalaciones fueran alquiladas por la empresa, evidencia clave, según la Guardia Civil, de que sus responsables gestionaban los residuos sin autorización de manera intencionada.

Las autoridades han ordenado el cierre cautelar de las instalaciones y han prohibido su funcionamiento, para evitar posibles daños a las personas y al equilibrio de los ecosistemas. En caso de accidente, el vertido de las 5.000 toneladas de residuos peligrosos hubiera tenido graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales, más aún al estar situado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

En la actuación han participado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cádiz y funcionarios de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia.

Fuente: El País

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad