Publicada la nueva ISO 14001, referencia mundial en gestión ambiental

ISO14001ISO14001normas-isoLa Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la nueva versión de la Norma Internacional ISO 14001, referencia para la gestión ambiental, con más de 300.000 organizaciones que la aplican en 171 países. De esta forma, culmina el trabajo realizado durante los últimos tres años por 121 expertos en 88 países, en ellos la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) en representación de España.

El principal objetivo de la revisión es facilitar la integración de esta Norma en los demás Sistemas de Gestión y que éstos sean más accesibles para todo tipo de organizaciones, especialmente del sector servicios. Así, comparte la denominada estructura de alto nivel, común a todas las normas de gestión, como la extendida ISO 9001 de Gestión de la Calidad.

En España, quinto país del mundo y tercero de Europa por número de certificados conforme a ISO 14001, las más de 16.000 organizaciones que aplican esta Norma deberán adaptarse a los nuevos requisitos en un máximo de tres años, hasta septiembre de 2018.

Fuente: Construible

Imputados los responsables de una empresa de Cádiz por un vertido incontrolado

depósitoresiduosLa Guardia Civil ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos de Puerto Real (Cádiz) por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. La empresa, que ocupaba una parte de las instalaciones de la compañía estadounidense Delphi —que cerró en 2007 y está implicada en la trama de los cursos de formación—, había almacenado 5.000 toneladas de agua con las sustancias peligrosas en diversos depósitos. Los responsables de la entidad están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y se ha procedido al cierre de la fábrica..

La investigación se inició porque la Guardia Civil detectó restos de hidrocarburos en la estación de bombeo de aguas residuales de Puerto Real, procedentes de las instalaciones de la antigua factoría Delphi. El filtrado de los residuos peligrosos se produjo a través de una arqueta de salida, que no debía estar activa desde la clausura de la fábrica, y que necesita ser activada manualmente para funcionar.

La Guardia Civil pidió a la empresa que justificase la presencia de hidrocarburos pesados en sus instalaciones y que aportase la documentación necesaria para su gestión. La empresa no contestó y los agentes inspeccionaron las instalaciones. Allí encontraron 5.000 toneladas de agua con hidrocarburos, distribuida en tres depósitos de entre cinco y seis metros de alto, y además hallaron restos de los residuos en las bombas de carga y descarga de los tanques de almacenamiento, así como mangueras para transportar el líquido a los camiones cisterna.

Evidencias del vertido intencionado

Los agentes tienen evidencias de que el vertido de residuos peligrosos se hizo de manera intencionada, al detectarse nuevamente restos de hidrocarburos en la arqueta de salida, que había sido limpiada por el Ayuntamiento de Puerto Real. Se descartó que la contaminación tuviese su origen en la red de aguas pluviales, ni que procediese del suelo contaminado de la factoría.

La Administración tiene constancia de que los depósitos estaban vacíos antes de que las instalaciones fueran alquiladas por la empresa, evidencia clave, según la Guardia Civil, de que sus responsables gestionaban los residuos sin autorización de manera intencionada.

Las autoridades han ordenado el cierre cautelar de las instalaciones y han prohibido su funcionamiento, para evitar posibles daños a las personas y al equilibrio de los ecosistemas. En caso de accidente, el vertido de las 5.000 toneladas de residuos peligrosos hubiera tenido graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales, más aún al estar situado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

En la actuación han participado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cádiz y funcionarios de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia.

Fuente: El País

Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea

DerechoUEEspaña es el tercer país de la Unión Europea (UE), con 86 expedientes de infracción que más acumuló en 2014 por no aplicar bien diferentes normas europeas o transponerlas de forma incorrecta o tardía.

 

Así, se explica en el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2014, que ha publicado la Comisión Europea (CE), que concluye que "el mercado interior sigue siendo el mejor activo de Europa para los ciudadanos y las empresas, que salen beneficiados cuando el Derecho de la Unión se aplica y se hace cumplir de manera correcta y oportuna".InformeDerechoUE

 

Fuente: El Economista


 

El Gobierno elevará las exigencias a los centros de achatarramiento

desgüacesEl Gobierno quiere impedir que, a través de falsos centros de achatarramiento de vehículos, se proporcione documentación aparentemente legal a automóviles robados. Un fenómeno del que ha alertado la DGT, al descubrir, en algunos siniestros, la documentación de un vehículo dado de baja dentro de otro del que se había denunciado su sustracción.

Para ello, el Proyecto de Real Decreto (RD) sobre Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil eleva las exigencias para conceder la autorización a los centros de achatarramiento, y regula, con más detalle, los trámites y el procedimiento de descontaminación. La norma, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra en fase de consultas.

El Reglamento modifica la denominiación de estas instalaciones: de centros autorizados de tratamiento (CAT) a centros autorizados de descontaminiación de vehículos (CADV), y, en su artículo 8, se establece como requisito indispensable que su objetivo sea la reutilización y el tratamiento de los residuos de los vehículos al final de su vida útil.

Según la Memoria de la norma, "se pretende evitar la aparición de nuevos gestores que únicamente hacen de intermediarios, comprando y vendiendo vehículos siniestrados", sin que su intención sea el tratamiento de los residuos para proteger el medio ambiente. Al contrario, "utilizan las documentaciones de los vehículos siniestrados para adaptarlas a vehículos robados y hacen desaparecer el resto del vehículo".

En este sentido, el artículo 11 del RD impone a los CADV la presentación de una memoria anual, en la que deberán incluir "la documentación acreditativa del cumplimiento de los objetivos del artículo 8". Es decir, deberán certificar que los vehículos recibidos se destinaron a la gestión de sus residuos.

Certificado de destrucción

Al llegar el final de la vida útil del vehículo, su titular puede entregarlo tanto en un CADV como otras instalaciones de recepción -concesionarios, compañías de seguros, etc.-. Al recibir el vehículo, el CADV expedirá un certificado de destrucción, que acredita el fin de la vida últil del vehículo. En caso de entregarse en una instalación de recepción, ésta solicitará el certificado a un CADV.

El artículo 7 del RD ordena con detalle la cadena de tratamiento de los residuos, para evitar, según la Memoria, "que se salten pasos que vayan en detrimento de los objetivos de recuperación".

El régimen sancionador de la norma remite a lo dispuesto en la Ley de Industria, la Ley del Comercio Minorista y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sin perjuicio de que la autoridad correspondiente pueda establecer nuevas multas o sanciones, como la suspensión de la actividad.

Fuente: ElEconomista

El Senado da luz verde a la nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

 

El Pleno del Senado ha dado luz verde hoy, con 133 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones a la nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

doñanaLa senadora del PP, Paloma Sanz, ha defendido que la nueva norma corrige “los errores” que ha presentado la ley anterior en sus siete años de aplicación, y mejora la gestión de los espacios naturales.

Ha subrayado que la norma “no supone retroceso”, ya que armoniza la legislación ambiental en colaboración con las Comunidades Autónomas, regula la introducción en España de especies invasoras y prevé que la información ambiental de los espacios protegidos se inscriba en el catastro y registro de la propiedad.

Sin embargo, la oposición ha calificado la reforma “innecesaria e inoportuna” y ha coincidido en queinvade hasta 18 competencias en materia de conservación de las Comunidades Autónomas, según ha contabilizado el senador de Entesa Joan Saura.

Además, tanto los senadores de PSOE, IU y Entesa han tratado, sin éxito, de introducir en el texto el acceso a la justicia gratuita para las ONG ecologistas en su labor de defensa del medio ambiente, que ha rechazado el PP, como horas antes había hecho a una enmienda similar planteada a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El senador de IU, Jesus Enrique Iglesias, ha alertado de que la norma permitirá retomar proyectos ambientales que contaron con gran oposición como el de “horadar” la montaña Tindaya, en Fuerteventura, que ideó Eduardo Chillida.

Iglesias ha advertido que ese proyecto podría llevarse a cabo ahora debido que la nueva ley contiene un artículo que sostiene que la explotación de los recursos en los Monumentos Naturales –como Tindaya- se podrá efectuar siempre que tenga “un mínimo impacto y contribuya al bienestar socioeconómico de la población”.senado

Los senadores de CIU y Entesa, Pere Maluquer y Joan Saura, respectivamente, han criticado también que la ley no recoja nada relativo a los impactos del cambio climático en la biodiversidad.

En respuesta a la oposición, la senadora del PP, Juana Pons ha dicho que su grupo no comparte esa visión “catastrofista” de que en España no se cuida del medio ambiente.

Pons ha agregado que la justicia gratuita para las ONG debe regularse en una ley de justicia, no en una sobre biodiversidad.

Fuente: www.efeverde.com

Biodiversidad: indispensable para el crecimiento sostenible

Proteger y restaurar los ecosistemas es vital para nuestra prosperidad a largo plazo. Es más, el capital natural es un área con alto potencial de inversión innovadora. 

viticultoresródanoDesde hace mucho tiempo, los fruticultores y viticultores del valle del Ródano son conscientes de que los ecosistemas y la biodiversidad son la columna vertebral de su economía. Necesitan agua pura, y eso los ha convertido en grandes defensores de la protección de la naturaleza. Alain Chabrolle, vicepresidente del Consejo Regional de Ródano-Alpes, explicó que su región ha encargado un estudio para evaluar los servicios ecosistémicos, y que invierte en proyectos que benefician tanto al entorno como a la economía.

Europa tiene un potencial considerable para desarrollar una «economía de la restauración», que aportaría beneficios a los ecosistemas y a la economía, aparte de efectos positivos adicionales en aspectos tales como el cambio climático. Se trata de un terreno en el que la Por ejemplo, la región ayuda a las comunidades a ralentizar el flujo del agua hacia el Mediterráneo reduciendo el sellado de suelos, fomenta la protección de los polinizadores e incorpora corredores ecológicos en la legislación urbanística local. «Estos proyectos requieren estructuras de discusión, inversión, ingeniería, gestión y gobernanza. Al mismo tiempo, generan empleo», destacó.
 

UE (Unión Europea) tiene verdadero potencial de liderazgo.

La región de Zelanda, en los Países Bajos, está utilizando técnicas de acuicultura que aportan soluciones sostenibles; desde la recogida magnética de semillas de mejillón hasta la cría de lenguados en ciclo cerrado. «Para cerrar la brecha que separa a las empresas de los grupos de presión conservacionistas se necesita confianza, e incluir a la ciudadanía», afirmó Milos Labovic, del gobierno provincial. «No basta con dar información: hay que involucrarse en un diálogo real».

El desafío radica en cómo aumentar la escala de esos planteamientos. Justin Adams, de Nature Conservancy, una organización estadounidense dedicada a la conservación del medio ambiente que ha protegido 50 millones de hectáreas en todo el mundo en los últimos sesenta años, aboga por un planteamiento «paisajístico» de la gestión del suelo, a la hora de decidir dónde se instalan infraestructuras o qué tierras se cultivan. «Hace millones de años, la naturaleza inventó una forma extraordinaria de fijar el carbono: los árboles y el suelo, que almacenan cantidades equivalentes a muchas veces nuestras emisiones anuales. La reforestación aportaría múltiples beneficios a la sociedad, además de almacenar y fijar carbono, y crear millones de empleos», dijo.

 

mejillonesFavorecer las inversiones en el capital natural

Otro de los focos de atención fueron las oportunidades de inversión para el sector privado. «Invertir en la naturaleza puede ser rentable», aseguró Leonardo Mazza, de la organización European Environmental Bureau, «pero existen barreras». En su opinión, los rendimientos relativamente bajos, la falta de expertos en capital natural en los bancos y la incertidumbre sobre los resultados disuaden con frecuencia a los inversores privados.

Una posible solución podría ser el uso de nuevos instrumentos de financiación innovadores, que hagan un mejor uso de los fondos públicos —siempre limitados— para captar inversión privada. En febrero, el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la Comisión Europea lanzaron el Mecanismo de financiación del capital natural (NCFF), con el fin de demostrar que las inversiones en capital natural pueden generar beneficios o ahorrar costes, al tiempo que inciden positivamente en la biodiversidad y en los objetivos de adaptación al clima.

Ritva Toivonen, directora general de Tapio Group, presentó un ejemplo de pago por los servicios ecosistémicos. En Finlandia, donde el 70 % del territorio está cubierto por bosques, Tapio Group lanzó en 2008 el programa de biodiversidad forestal METSO, adaptado al mercado. Según este programa, los propietarios de la tierra se comprometen a mantener un control de sus terrenos y, a cambio, se les paga por los servicios ecosistémicos que prestan.

Fuente: Environment for Europeans

Los incendios y la gestión territorial del bosque

incendioSiguiendo con la compleja realidad que se sitúa tras la tragedia que los incendios forestales nos devuelve año tras año, no podemos olvidar que en esta realidad confluyen disciplinas e intereses de muy variada índole: económicos, legales, medioambientales, sociales.. La conservación de nuestros montes es (o al menos debería ser) una prioridad  en nuestra sociedad. El problema surje cuando esa conservación se entiende de forma excluyente y dogmática por los responsables públicos. 

En la entrada anterior nos hacíamos eco de la opinión de la  Organización Conservacionista portuguesa Quercus sobre las consecuencias terrtibles que para la gestión forestal pueden tener determinadas decisiones del Gobierno de aquél país.

 Ahora, queremos compartir la opinión de Julián Mora Aliseda,Profesor de la Universidad de Extremadura y Presidente del Parque Nacional de Monfragüe, publicada ayer, día 23 de Agosto, en el Diario Hoy de Extremadura y que abogas, en resumen, por el necesrio debate sereno y científico sobre la gestión medioambiental, en general, y medioambiental en particular. 

Lo cierto es que, el mensaje es idéntico en ambos casos: necesitamos una gestión pública seria y responsable, que escuche y atienda a las múltiples sensiblidades y realidades que confljyen en nuestros montes.

 

"Ahora, con más calma, tras el pavoroso incendio de la Sierra de Gata, es el momento de reflexionar sobre el tema, aunque todavía estamos en verano y el riesgo no está totalmente conjurado.

Extremadura tiene las dos provincias con mayor extensión forestal de España, con 2,1 millones de hectáreas, de las cuales casi 500.000 han sido repobladas en los últimos 20 años (10 veces más de lo que se ha quemado en el mismo período), con la aplicación de la PAC. Eso significa que corresponden dos hectáreas de bosque a cada extremeño, más extensión que a nadie de la Unión Europea. En total se estima que Extremadura posee 600 millones de árboles, 550 por habitante, frente a una media nacional de 110 árboles.

A su vez, lo anterior se traduce en el hecho de que Extremadura contenga el menor porcentaje de Europa de superficie artificial (0,7%). O sea que tiene la mejor situación ambiental desde hace dos siglos. Pero los riesgos de incendios amenazan a las zonas boscosas cada verano y eso hay que corregirlo con urgencia.

Ya advertí hace años sobre la necesidad de integrar la política forestal en una dimensión territorial más amplia, puesto que en el monte confluyen aspectos ambientales, sociales, demográficos, económicos y culturales que interactúan mutuamente. Señalaba, también, que en Extremadura, paradójicamente, la Conservación está ligada directamente a la producción en el mundo rural que, sin actividad y sin rentabilidad, pierde biodiversidad (es un paisaje antropizado) y se hace más frágil frente las amenazas de todo tipo.

Lo que viene ocurriendo con los bosques en las últimas décadas debe servir para reorientar las políticas territoriales convencionales. Salvar al monte sobre la base de compatibilizar conservación y desarrollo, sin despreciar el conocimiento empírico rural que se ha sustituido por un fundamentalismo nefasto, con resultados de tragedia.

Muchos grupos ecologistas, desde la ignorancia o interés espurio, han afirmado que la causa del incendio de la Sierra de Gata está en la recién aprobada Ley de Montes (20 julio de 2015) que permite la recalificación del suelo quemado para poder construir. Es radicalmente falso que el origen se encuentre en esta ley por dos motivos: a) entrará en vigor el 20 de octubre (a la superficie quemada hasta esa fecha no le afecta esta normativa); b) la recalificación que permite pasar a Suelo Urbanizable no es competencia estatal. Además, en el artículo 50 la Ley de Montes es muy proteccionista, al manifestar que las comunidades autónomas tienen que garantizar la reforestación y que queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante los próximos 30 años, salvo excepciones de interés público.

Asimismo, parece claro que en Extremadura la presión urbanística nunca sería la causa de los incendios, pues en las zonas rurales la única presión urbana se concentra en los cementerios. En esta región nunca ha habido intensidad constructiva en los pueblos, todo lo contrario: emigración, envejecimiento, mortalidad, abandono de las actividades económicas, etc. Quiero incidir que la recalificación de suelo corresponde a los ayuntamientos con el consentimiento de la comunidad autónoma, no al Estado, con la ventaja de que la nueva Ley 10/2015, del Suelo y Ordenación del Territorio extremeña, permite las construcciones aisladas en explotaciones mínimas de 1,5 hectáreas e impidiendo al mismo tiempo la creación de núcleos, por lo que no hay necesidad de quemar para construir. Consecuentemente, el problema de los incendios radica en la ausencia de una gestión integral, que debe ser enmarcada en sus directrices territoriales, dada la correlación existente entre dimensión de los incendios y despoblación, junto a la falta de actividad en el mundo rural.

Los incendios pueden ser mitigados mediante una gestión racional e inteligente del bosque (desbroces del matorral, entresacas de leñas, uso del caprino para el ramoneo.) y no con medidas ultra-proteccionistas que impiden la construcción de cortafuegos y pistas forestales, no permiten quemar en primavera la vegetación de los muros de piedra que actúan como mechas, ni aceptan crear perímetros de seguridad en torno a los pueblos. Inclusive declaran zonas protegidas (LIC) a muchos lugares, como la Sierra de Gata, que no constituyen hábitats singulares, raros o excepcionales.

Igualmente, la propagación y dimensión de los fuegos debe corregirse con la plantación de especies autóctonas de frondosas que no son tan inflamables. También hay que acabar con las repoblaciones intensivas que ocupan una gran extensión de mancha forestal homogénea, intercalando, a modo de mosaico, otros aprovechamientos agrícolas y ganaderos, que limiten la expansión del fuego para su mejor control.

La Ley de Montes, insisto, no tiene nada que ver con la aparición de incendios este verano, como apuntan ecologistas y jubilados, además de por las razones aducidas, porque otros fuegos similares al de la Sierra de Gata ocurrieron en los últimos años en Extremadura (Valencia de Alcántara, 2003; Las Hurdes, 2003, 2009 y 2012; Las Villuercas, 2005, etc), y aún de mayores proporciones en los años 90.

En Portugal no tienen una Ley de Montes y, sin embargo, está ardiendo por los cuatro costados, al igual que California ahora o Australia en su temporada veraniega. El fuego no se puede evitar en las zonas mediterráneas, es inherente a este tipo de bosques (de largas sequías y altas temperaturas estivales), ya sean provocados, por negligencia o por causas naturales.

Lo que parece evidente es que las políticas conservacionistas que no permiten muchas labores tradicionales son responsables, en buena medida, de que este tipo de incendios alcancen proporciones desconocidas cinco décadas atrás, cuando no existían ni retenes permanentes ni hidroaviones ni tecnología satelitaria, etc. En los años 60, la superficie media anual quemada en España era de 38.000 Ha., mientras que en lo que va de siglo se ha triplicado, llegando a las 130.000 hectáreas por año.

Por consiguiente, es el momento de un debate sereno y científico, con más profesionales y menos chamanes ambientales."

Tres decisiones "incomprensibles" que pueden aumentar los incendios forestales en Portugal

incendio_SAPO3La terrible estadística que año tras año nos deja el fuego en nuestros montes refleja,  sin duda,  las consecuencias de las decisiones que se toman en el seno de los despachos políticos, muchas veces ajenos a la ciencia y a la investigación. En Portugal, con una gran riqueza forestal y con un desgraciado historial de incendios devastadores a lo largo del país, no son ajenos a esta reallidad de una gestión pública que no logra deterener esta tragedia. A continuación, transcribimos el artículo publicado en la revista en Medio Ambiente y Sosteniblidad  "Green Savers" y que se hace eco de la opinión de la ONG Conservacionisita Quercus, acerca de tres decisiones recientes adoptadas por Gobienro Potugués y que, a su juicio,  pueden aumentar los inciendios forestales:

 

– Reducir la financiación del Grupo de Análisis y Usos del Fuego

– Restringir el acceso a la información cartográfica sobre los incendios

– Ignorar la investigación de la conducta crimintal de los los que provocan el fuego en la reciente reforma de la legislación penal.

 

"Os incêndios florestais ou rurais são um dos maiores problemas ambientais de Portugal e, todos os anos, um motivo de preocupação para portugueses e Governo.

O relatório da Análise das Causas do Incêndios Florestais (2003-2013) do ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) revela que os comportamentos negligentes são os responsáveis pelo maior número de ocorrências de incêndios com causa apurada – 2% são natural (trovoadas, por exemplo), 42% intencional e 56% negligentes.

Os dados actuais referem que se registaram este ano, até final de Julho, mais 7% de ocorrências entre incêndios florestais e fogachos (< 1 hectare) do que na década anterior. Por outro lado, os €80 milhões gastos em 2015 no combate a incêndios dariam para plantar pelo menos 20 mil hectares de várias espécies de carvalhos e outras folhosas autóctones menos combustíveis, que ajudariam a travar a progressão dos incêndios.

Segundo a Quercus, existem várias causas para a perene situação dramática dos incêndios em Portugal. Este ano, por exemplo, ela terá sido agravada pelo novo regime de arborização aprovado pelo Governo. “[O novo regime] é indutor do desordenamento, da expansão dos eucaliptais e da propagação dos incêndios florestais com elevado risco para pessoas e bens, o que associado ao atraso das medidas florestais do Plano de Desenvolvimento Rural para fomento da floresta portuguesa, revela um cenário preocupante”, explica a organização não-governamental em comunicado.

A Quercus já tinha alertado para o “inexplicável atraso” das medidas florestais do PDR 2020, que está a comprometer o financiamento e consequentemente as acções preventivas de defesa da floresta contra incêndios, com muitas áreas em que as faixas de gestão de combustível, como os aceiros que não estão a ser intervencionados, potenciando a propagação de incêndios e ameaçando a sustentabilidade da floresta portuguesa.

Ainda de acordo com a ONG, existem três grandes temas que poderão estar indirectamente ligados ao actual período de incêndios em Portugal.

1.ICNF não constituiu equipas do Grupo de Análise e Uso do Fogo

“A Directiva Operacional Nacional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) deste ano previa a integração de seis equipas de análise e uso do fogo para apoio técnico à decisão no combate aos grandes incêndios. Contudo o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas não as constituiu, situação incompreensível que deve ser corrigida prontamente, mas que é reveladora da falta de coordenação entre as autoridades responsáveis pelo planeamento, prevenção e combate aos incêndios.”

2.Autoridade Nacional de Protecção Civil reduz acesso a informação

“A Autoridade Nacional de Protecção Civil retirou este Verão o acesso à informação da situação operacional no site www.prociv.pt, nomeadamente ao nível da localização cartográfica dos incêndios, como acontecia anteriormente, constituindo uma informação útil para diversas entidades e cidadãos terem conhecimento dos locais de origem dos incêndios, para que pudessem tomar medidas de protecção.

3.Governo retira incêndios das prioridades de investigação criminal

“A nova Lei-Quadro da Política Criminal (Lei n.º 72/2015, de 20 de Julho), proposta pelo Governo e aprovada na Assembleia da República no passado dia 19 de Junho, retirou os incêndios florestais das prioridades de investigação criminal até 2017, situação que consideramos inaceitável. Todos os incêndios devem ser investigados para melhor apuramento das causas, permitindo dar orientações para estratégia de prevenção e combate ao flagelo e o próximo Governo deve reavaliar prioridades.”

 

El Gobierno anuncia la primera convocatoria de potencia renovable tras la moratoria

biomasaEl secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha adelantado que el Gobierno pondrá en marcha después del verano el concurso de nueva potencia eólica y de biomasa, anunciado el pasado mes de abril, con el que se permitirá la instalación de 700 megavatios (MW) de tecnología renovable.

Durante la presentación del BP Stadistical Review of World Energy de 2015, Nadal ha anunciado que “seguramente” el lanzamiento de la primera convocatoria de potencia renovable (que se llevará a cabo tras la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas plantas renovables aprobada en 2013) se producirá después del periodo estival.

Con este nuevo concurso se prevé mejorar en 200 MW la potencia de biomasa y en 500 MW la eólica. “Vamos a hacer un esfuerzo en biomasa. Hay buenos parques eólicos pero tienen máquinas muy antiguas”, ha apuntado Nadal. En este sentido, ha señalado que las renovables supondrán en 2015 el 17,5% de la energía final bruta en España, frente al 15,1% que se registró en 2011.

No obstante, también ha aclarado que no se lanzarán “como locos” a la producción de renovables. “En 2008 España instaló más paneles solares que el resto de la humanidad”, ha asegurado.
Asimismo, ha explicado que los consumos energéticos han empezado a crecer, aunque a un menor nivel que la actividad económica debido a las medidas de eficiencia puestas en marcha por los hogares y las empresas españolas. “Nos movemos en un modelo de crecimiento económico que no necesita tanta energía”, aclaró el secretario de Estado, quien ha asegurado que esta sigue perdiendo peso en la economía del país.

Y es que según el informe de BP, España redujo su consumo energético un 0,7% en 2014 respecto al año anterior, situándose en el nivel más bajo desde el año 2001, aunque lejos del descenso experimentado en la UE, que bajó en un 3,9%.

En el mix energético español siguió predominando el petróleo como principal fuente de energía, con el 44,7%. Sin embargo, el consumo de gas natural se redujo en un 9,3%, pese a seguir siendo la segunda fuente con el 17,8% del total. Por su parte, y en contra de la tendencia europea, el carbón aumentó un 5,1%, representando el 9% del mix español, y las energías renovables detuvieron su avance de los últimos años, hasta reducir su consumo un 1,4%.

Sin embargo, pese a la mejora en las cifras, Nadal también ha defendido la explotación del subsuselo español porque “por mucho que sigamos reduciendo el consumo, somos aún un país dependiente”.

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