Guerra al plástico en la Unión Europea

 

 

 

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (D.O.U.E.L. de 12 de junio de 2019)

 

 

La Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, tiene por finalidad prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana, así como fomentar la transición a una economía circular con productos y materiales innovadores y sostenibles. Da prioridad a los productos reutilizables, sostenibles y no tóxicos y a los sistemas de reutilización frente a los productos de un único uso. Entra en vigor el 2 de julio de 2019 y el plazo para su transposición finaliza el 3 de julio de 2021.

 

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 12 de junio la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019 (LA LEY 10284/2019), que tiene por finalidad prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana, así como fomentar la transición a una economía circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles.

Su objetivo es fomentar los planteamientos circulares que dan prioridad a los productos reutilizables, sostenibles y no tóxicos y a los sistemas de reutilización frente a los productos de un único uso, con el objetivo primordial de reducir la cantidad de residuos generados.

La nueva norma entra en vigor el 2 de julio de 2019, y antes del 3 de julio de 2021 los Estados miembros deberán haber aprobado y tener en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella.

Ámbito de aplicación

La norma incluye en su ámbito de aplicación:

– los productos de plástico de un solo uso enumerados en su anexo. Se entiende por producto de plástico de un solo uso el fabricado total o parcialmente con plástico y que no ha sido concebido, diseñado o introducido en el mercado para completar, dentro de su período de vida, múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a un productor para ser rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido

– los productos fabricados con plástico oxodegradable, es decir, con materiales plásticos que incluyen aditivos que, mediante oxidación, provocan la fragmentación del material plástico en microfragmentos o su descomposición química

– las artes de pesca que contienen plástico, entendiendo por arte de pesca todo artículo o componente de un equipo que se utiliza en la pesca o la acuicultura para atraer, capturar, o criar recursos biológicos marinos o que flota en la superficie del mar y se despliega con el objetivo de atraer, capturar o criar tales recursos biológicos marinos

Por el contrario, la norma no es aplicable directamente a los microplásticos, aunque también contribuyen a la basura marina. También se excluyen los productos de plástico concebidos, diseñados e introducidos en el mercado para completar en su período de vida múltiples circuitos o rotaciones al ser rellenados o reutilizados con el mismo fin para el que fueron concebidos.

Las toallitas prehumedecidas para el cuidado personal y el uso doméstico también deben entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva, mientras que las toallitas húmedas industriales se excluyen.

Recipientes para alimentos considerados productos de plástico de un solo uso son los recipientes de comida rápida o envases de comida, bocadillos, emparedados o ensalada que contienen alimentos fríos o calientes o los recipientes para alimentos frescos o procesados que no requieren preparación posterior, como las frutas, las verduras o los postres. También las botellas para bebidas o los envases compuestos para bebidas utilizados para la cerveza, el vino, el agua, los refrescos, los zumos y los néctares, las bebidas instantáneas o la leche, pero no los vasos para dichas bebidas, que forman parte de una categoría separada. Los tapones y tapas deben ser objeto de evaluación.

Por su parte, ejemplos de recipientes para alimentos que no son considerados productos de plástico de un solo uso son los recipientes que contienen alimentos desecados o vendidos fríos que requieren preparación posterior, recipientes que contienen porciones de alimentos mayores a las porciones individuales o recipientes con porciones individuales de alimentos vendidos en forma de varias unidades.

Reducción del consumo

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr una reducción ambiciosa y sostenida del consumo de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte A del anexo. De aquí a 2026 esas dichas medidas tendrán que lograr una reducción cuantitativa medible del consumo de dichos productos en el territorio de los Estados miembros, en comparación con 2022.

La parte A del anexo cita como productos de plástico de un solo uso sujetos a este régimen de reducción del consumo los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos para contener alimentos destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar o que normalmente se consumen en el propio recipiente, o que están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato, excepto los recipientes para bebidas, los platos y los envases y envoltorios que contienen alimentos.

Los Estados podrán incluir objetivos nacionales de reducción del consumo, medidas que garanticen que se ofrecen alternativas reutilizables a los productos de plástico de un solo uso al consumidor final en el punto de venta o instrumentos económicos que garanticen, por ejemplo, que no se ofrecen al consumidor final esos productos de plástico de un solo uso de forma gratuita en el punto de venta. También se les permite imponer restricciones a su comercialización. Pero todas estas medidas han de ser proporcionadas y no discriminatorias.

Restricciones a la introducción en el mercado

Los Estados miembros prohibirán la introducción en el mercado de los productos de plástico de un solo uso enumerados

en la parte B del anexo y de los productos fabricados con plástico oxodegradable. Se mencionan en la parte B del anexo como productos de plástico de un solo uso sujetos a restricciones a la introducción en el mercado los bastoncillos de algodón; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); pajitas; agitadores de bebidas; palitos destinados a sujetar globos; recipientes para alimentos, hechos de poliestireno expandido, utilizados con el fin de contener alimentos destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar o que normalmente se consumen en el propio recipiente, o que están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar; recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones, y vasos para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

Requisitos aplicables a los productos y requisitos de marcado

Por otra parte, la norma incorpora los requisitos aplicables a los productos y a su marcado. Así, los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte C del anexo, es decir, recipientes para bebidas de hasta tres litros de capacidad, incluidos sus tapas y tapones solo podrán introducirse en el mercado si estos permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de dicho producto.

No se consideran plástico las tapas y tapones de metal con sellos de plástico. Además, los Estados miembros velarán por que a partir de 2025, las botellas de plástico de un solo uso para bebidas de hasta tres litros de capacidad cuyo principal componente en la fabricación sea el tereftalato de polietileno («botellas PET») contengan al menos un 25 % de plástico reciclado, calculado como una media de todas las botellas PET introducidas en el mercado dentro de su territorio, y por que a partir de 2030, dichas botellas para bebidas contengan al menos un 30 % de plástico reciclado, calculado como una media de todas esas botellas para bebidas introducidas en el mercado dentro de su territorio.

En relación con los requisitos de marcado, los Estados deben velar por que los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte D del anexo, es decir, compresas, tampones higiénicos y aplicadores de tampones, toallitas prehumedecidas para higiene personal y para usos domésticos, productos del tabaco con filtros y filtros comercializados para utilizarse en combinación con productos del tabaco y vasos para bebidas, lleven en su envase o en el propio producto una marca bien visible, legible e indeleble que informe a los consumidores sobre las opciones adecuadas de gestión de los residuos del producto o los medios de eliminación de los residuos que deben evitarse para ese producto, y de la presencia de plásticos en el producto y el consiguiente impacto medioambiental negativo de los vertidos de basura dispersa o de los medios inadecuados de eliminación de residuos del producto en el medio ambiente.

Responsabilidad ampliada del productor

El texto incorpora el encargo a los Estados miembros de establecer regímenes de responsabilidad ampliada del productor en relación con todos los productos de plástico de un solo uso para los que no se disponga todavía de alternativas adecuadas y más sostenibles para sufragar los gastos necesarios de la gestión de los residuos y de la limpieza de los vertidos de basura dispersa, así como los costes de las medidas de concienciación para prevenir y reducir esos vertidos. Esos costes no deben ser superiores a los costes necesarios para la prestación de dichos servicios de manera económicamente eficiente y deben ser determinados de forma transparente entre los interesados.

Además, señala la norma que deben aplicarse a estos regímenes de responsabilidad ampliada del productor los requisitos mínimos generales aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor que establece la Directiva 2008/98/CE (LA LEY 16814/2008).

Y en este marco de la responsabilidad ampliada del productor, los Estados miembros deben vigilar y evaluar las artes de pesca que contienen plástico en consonancia con las obligaciones de información que se establecen. Pero no debe considerarse a los pescadores y a los fabricantes artesanos de artes de pesca que contienen plástico como productores y responsables del cumplimiento de las obligaciones del productor relativas a la responsabilidad ampliada del productor.

Recogida separada de productos de plástico

Por lo que respecta a la recogida separada de productos de plástico, la norma establece la obligación de los Estados miembros de garantizar una recogida por separado para su reciclado: a más tardar en 2025, de una cantidad de residuos de botellas para bebidas de hasta tres litros de capacidad, incluidos sus tapas y tapones, equivalente al 77% en peso de tales productos de plástico de un solo uso introducidos en el mercado en un año determinado; y a más tardar en 2029, de una cantidad de residuos de dichos productos de plástico de un solo uso equivalente al 90% en peso de tales productos de plástico de un solo uso introducidos en el mercado en un año determinado, productos estos enumerados en la parte F del anexo. Para ello establecerán sistemas de depósito y devolución y objetivos de recogida separada para los regímenes pertinentes de responsabilidad ampliada del productor.

Medidas de concienciación

La Directiva prevé que los Estados adoptarán medidas para informar a los consumidores y para incentivar un comportamiento responsable de los consumidores, con el fin de prevenir los vertidos de basura dispersa y otros medios inadecuados de eliminación de residuos que generen basura marina que contenga plástico. Los consumidores deben ser correctamente informados sobre la disponibilidad de alternativas reutilizables y sistemas de reutilización, sobre las opciones disponibles de gestión de residuos más apropiadas o sobre las opciones de eliminación de residuos que deben evitarse, sobre las mejores prácticas para una gestión correcta de residuos y sobre el impacto ambiental de las malas prácticas de eliminación, así como sobre el contenido de plástico de determinados productos de plástico de un solo uso y artes de pesca y el impacto de la eliminación inadecuada de residuos en la red de alcantarillado.

Por último, la norma dispone que los Estados miembros establecerán un régimen de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Comunicarán a la Comisión, a más tardar el 3 de julio de 2021, el régimen establecido y las medidas adoptadas, y le notificarán toda modificación posterior de estas.

Entrada en vigor y transposición al derecho interno

La Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019 (LA LEY 10284/2019), entrará en vigor el 2 de julio de 2019, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más tardar el 3 de julio de 2021. No obstante, aplicarán las medidas necesarias para dar cumplimiento:

— al artículo 5 (restricciones a la introducción en el mercado), a partir del 3 de julio de 2021

— al artículo 6, apartado 1 (requisitos aplicables a los productos), a partir del 3 de julio de 2024

— al artículo 7, apartado 1 (requisitos de marcado), a partir del 3 de julio de 2021

— al artículo 8 (responsabilidad ampliada del productor), a más tardar el 31 de diciembre de 2024 pero, en relación con los regímenes de responsabilidad ampliada del productor establecidos antes del 4 de julio de 2018 y en relación con los productos de plástico de un solo uso enumerados en la sección III de la parte E del anexo, a más tardar el 5 de enero de 2023.

Fuente: La Página del Medio Ambiente

Nueva Ley Agraria de las Islas Baleares

La Ley 3/2019, de 31 de enero, regula los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Islas Baleares. También los derechos y deberes de los titulares de las explotaciones agrarias, las implicaciones medioambientales de la producción agraria y la transformación y comercialización de los productos. Contempla actividades complementarias, como las agroturísticas y la agricultura de ocio y fomenta los acuerdos de custodia del territorio, los bancos de tierras y los parques agrarios.

 

La Ley 3/2019, de 31 de enero , tiene por objeto la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Illes Balears, e incluye la regulación y el registro del ejercicio de las actividades agraria y complementaria, la producción, la transformación y la comercialización agraria y agroalimentaria y los usos agrarios, entre otras materias.

El texto promueve avanzar en la soberanía alimentaria de las islas, entendida como la política agraria y alimentaria que respeta el derecho de la población a definir estrategias propias y sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, garantiza el acceso a la alimentación a toda la población a partir de la pequeña y mediana producción, respeta la cultura propia, las formas de comercialización y de gestión de los espacios que son propios del campesinado y los pescadores locales, y en la que la mujer tiene un papel fundamental.

La norma regula el ejercicio de la actividad agraria y su registro. Establece que la actividad agraria en el suelo rústico se integra entre las facultades del derecho de propiedad y que su ejercicio es libre, mediante el uso de los medios técnicos y las instalaciones adecuadas que no impliquen la transformación de la condición o las características esenciales de los terrenos, sin perjuicio de las limitaciones y los deberes que establecen la legislación aplicable y el derecho civil.

La ley establece asimismo los títulos que habilitan para este ejercicio que, según los casos, son los permisos o la declaración responsable. Así, los titulares de las explotaciones agrarias están sujetos a la presentación de la declaración responsable correspondiente para el inicio de la actividad ante la administración pública competente en materia agraria, entendiendo por tal el documento suscrito por el titular de la explotación agraria, bajo su responsabilidad, en el cual manifiesta que cumple los requisitos que establece la normativa vigente para iniciar el ejercicio de la actividad agraria, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente a este ejercicio. La norma fija los efectos de la declaración y los supuestos de exención.

Por lo que se refiere a los registros agrarios, la norma establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro agrario para ejercitar las actividades agraria y complementaria.

Derechos y obligaciones de los titulares de explotaciones agrarias inscritas

La norma regula los derechos de los titulares de las explotaciones agrarias, entre los que reconoce el de ejercer libremente la actividad agraria, sin más limitaciones que las que establecen las leyes; llevar a cabo las actividades complementarias reconocidas en la ley; residir en la explotación agraria, de acuerdo con la normativa vigente; recibir de la administración la información necesaria sobre el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa agraria y también el asesoramiento técnico necesario; y participar, a través de sus organizaciones más representativas, uniones de cooperativas y organizaciones sectoriales, en los procedimientos de adopción de decisiones relacionadas con la actividad agraria que puedan afectarle; solicitar subvenciones y ayudascerrar las parcelas de la explotación; permutar fincas rústicas, con la finalidad de unificar parcelas, y promover la reconstrucción, rehabilitación, reforma y cambio de uso de las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes vinculadas a la explotación agraria.

Entre las obligaciones de los titulares de las explotaciones, la ley cita las de obtener los permisos y presentar las declaraciones que prevé la legislación para el inicio y el ejercicio de la actividad; ejercer la actividad de acuerdo con las prácticas y los métodos de gestión que la normativa considere exigibles; utilizar correctamente las infraestructuras agrarias públicas; gestionar adecuadamente los productos derivados y subproductos de origen agrario, los residuos de envases de productos fitosanitarios y zoosanitarios y los residuos y subproductos de origen animal; abstenerse de liberar al medio organismos genéticamente modificados, y velar por el buen estado sanitario de cultivos, plantaciones, cosechas y masas forestales.

Competencias en materia agraria

Por lo que respecta régimen competencial, el texto distribuye las competencias reglamentarias y ejecutivas entre el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares; recoge los mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación entre ellos y crea la Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria de los consejos insulares y de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, órgano de cooperación y coordinación en materia agraria y agroalimentaria de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materias o asuntos de interés común.

Y regula los órganos colegiados de consulta y asesoramiento en materia agraria y forestal, que son los consejos agrarios insulares, el Consejo Agrario Interinsular, el Consejo Forestal Interinsular de las Illes Balears y los consejos agrarios locales.

La producción agraria

En el ámbito de la producción agraria, que comprende la producción agrícola y ganadera y el aprovechamiento forestal, la nueva ley establece los principios de la misma, planificación y el control de la cadena agraria y agroalimentaria y reconoce el carácter estratégico de la producción agraria sostenible y adaptada a las condiciones climáticas y agrarias locales.

También se refiere al régimen hídrico de las explotaciones agrarias, fomentando la reutilización de las aguas regeneradas en la agricultura cuando ello sea posible; a las energías renovables en las explotaciones agrarias; a los productos, subproductos y envases de origen agrario, recogiendo las previsiones de la legislación estatal de residuos, de la normativa comunitaria y de la planificación sectorial de las Illes Balears; y al estiércol, estableciendo reglas relativas a la producción, el almacenamiento, la gestión, recogida, transporte y utilización del mismo.

Por otra parte, la norma reconoce el carácter estratégico de la ganadería desarrollada de manera sostenible para la seguridad alimentaria local y para garantizar el mantenimiento de los recursos naturales que la sostienen. Incluye una serie de disposiciones relativas a la producción ganadera, tales como identificación del animal, movimientos y bienestar del mismo y alimentación, así como obligaciones en materia de sanidad animal.

El texto incorpora las disposiciones aplicables a la gestión y aprovechamiento forestal, incluyendo el aprovechamiento y la gestión de la biomasa y la creación de reservas y vedados de recursos silvestres.

La actividad complementaria

Dentro de la regulación de la actividad complementaria a la agraria, que comprende las actividades que tengan lugar en la explotación agraria con carácter vinculado a esta y cuyo ejercicio cesará cuando finalice la actividad agraria, la norma recoge los principios básicos que establece la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias, e incluye novedades tales como la inclusión de otras actividades de diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación agraria preferente, que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.

Además, regula las actividades complementarias agroturísticas y de agricultura de ocio relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas, entre las que incluye las siguientes, vinculadas a una explotación agraria preferente: los agroturismos, las agroestancias, las actividades de agroocio y las actividades de agrocultura. También se refiere a las actividades complementarias relacionadas con équidos.

Usos agrarios

Por lo que respecta a los usos agrarios, la nueva ley los define como los relacionados con el destino o la naturaleza de las fincas cuando se vinculen a las actividades agraria y complementaria, pero se refiere no solo a los usos en materia agraria, sino también en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Establece el principio de vinculación del planeamiento económico, territorial, ambiental y de cualquier otro tipo y el criterio de que los usos agrarios sean usos admitidos no sujetos a la declaración de interés general, por el hecho de que están vinculados con el destino o la naturaleza de las fincas. Por ello, se mantiene la posibilidad de exonerar, de manera total o parcial, del cumplimiento de las condiciones que establezca el planeamiento territorial o urbanístico relativo a las edificaciones, construcciones e instalaciones, agrarias y complementarias, excepto las agroturísticas y de agricultura de ocio, en concordancia con la Ley del suelo rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vinculadas con el destino o la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo.

Asimismo la norma se ocupa de la agrupación y división de fincas rústicas, que deberán respetar la unidad mínima de cultivo o forestal, que es la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las tareas fundamentales para cultivarla, utilizando los medios normales y técnicos de producción, se puedan llevar a cabo con un rendimiento satisfactorio teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o la zona. Se determinan dichas unidades mínimas.

Y aborda el régimen de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones vinculadas a las actividades agraria y complementaria, determinando las condiciones de las mismas.

Reconocimiento de los valores agrarios y los servicios ambientales

El texto regula las figuras de reconocimiento de los valores agrarios y de los servicios ambientales, ecosistémicos y sociales que puede ofrecer la actividad agraria, tales como los contratos territoriales suscritos entre la administración y los titulares de explotaciones agrarias o los acuerdos de custodia del territorio suscritos entre entidades de custodia y explotaciones agrarias, que permiten que los agricultores perciban compensaciones por aquellos servicios públicos que no paga el mercado porque no son mercancías, y establece mecanismos de creación de parques agrarios, en zonas periurbanas, y de bancos de tierras, que faciliten el contacto entre la oferta y la demanda de fincas rústicas, cultivadas o cultivables, o para fines de conservación de la naturaleza.

Transformación y comercialización

La norma recoge la normativa comunitaria y estatal sobre la transformación y la comercialización agraria y sobre las denominaciones de calidad diferenciada, figura que sirve para identificar un producto agrario o alimentario con características diferenciales, que tiene un reglamento o un pliego de condiciones y que dispone de un sistema para controlarla.

Dispone que los productos agrarios y agroalimentarios, en todas sus fases, ofrecerán a los destinatarios una información veraz, objetiva, completa y comprensible sobre las características esenciales propias, con indicaciones para usarlos o consumirlos correctamente, y advertencias sobre los riesgos previsibles que implique su uso o consumo, de manera que los usuarios puedan realizar una elección consciente y racional entre estos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria. Los que se comercialicen a granel deben ir identificados, debiendo los operadores garantizar su trazabilidad.

El texto regula la transformación de productos agrarios y agroalimentarios, así como la promoción y la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears, con especial referencia a la venta directa, entendida como el acto de vender sin intermediarios los productos obtenidos de las actividades agraria y complementaria de la misma explotación agraria, incluyendo también los productos transformados en industrias de transformación agraria sin carácter de complementaria, siempre que los ingredientes primarios tengan su origen en la explotación agraria.

Mejora del conocimiento agrario, función social y preventiva y asociacionismo agrario

Para la mejora del conocimiento agrario, la nueva ley se ocupa de la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación y la estadística agrarios y crea la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario como programa de la política agraria común de las Illes Balears.

Dentro de la función social y preventiva, la norma se refiere, de una parte, a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, y de otra, a los seguros agrarios, las zonas catastróficas y la prevención de riesgos laborales.

Y contempla el asociacionismo agrario, con mención especial al cooperativismo, e incorpora el régimen de inspección y de infracciones y sanciones en materia agraria y agroalimentaria.

 

Esta Ley entra en vigor el 1 de marzo de 2019, a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Las disposiciones transitorias se refieren al régimen transitorio de las agroestancias, a las zonas de alto valor agrario, al instrumento de gestión forestal sostenible para los montes públicos y a las atribuciones y funciones en materia agraria en Mallorca.

Fuente: Diario La Ley

Publicado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado

 

El Plan responde a la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental. Su ámbito de actuación del Plan abarca a todas las Administraciones Públicas. Se aplicará a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. 

El Plan establece unos objetivos, como son: promover la adquisición por la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental; Servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía circular; garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos; promover cláusulas medioambientales en la contratación pública; y dar publicidad sobre las posibilidades que ofrece el marco jurídico de la contratación pública ecológica. 

Determina un grupo de 20 bienes, obras y servicios prioritarios, de acuerdo con los criterios de contratación ecológica de la UE, entre los que destacan la construcción y gestión de edificios, la construcción y el mantenimiento de carreteras, suministro de electricidad, los equipos de impresión y ordenadores, productos y servicios de limpieza, sistemas de climatización y el transporte. Recoge una serie de criterios medioambientales generales de contratación, de carácter voluntario, que podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de selección, de adjudicación, especificaciones técnicas y condiciones especiales de ejecución. 

La vigencia del Plan es de 7 años, sin perjuicio de que se pueda proceder a su revisión y actualización cuando lo acuerde la Comisión Interministerial para la Contratación ecológica

Junto al Plan se recoge en el anexo una tabla con los criterios de selección, especificaciones técnicas y criterios de adjudicación que pueden ser tenidos en cuenta por el órgano de contratación, para los 20 grupos de bienes, obras y servicios.

Están previstos distintos grupos de trabajo y un informe bianual para la evaluación y seguimiento del Plan.

Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025).

Fuente: Miteco

Modificados los requisitos de presentación de la declaración medioambiental para las organizaciones adheridas al Registro EMAS

El pasado 20 de diciembre se publicó el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 en que se fijan los requisitos de presentación de informes medioambientales. En las declaraciones ambientales las organizaciones deben informar sobre sus aspectos medioambientales utilizando los indicadores comportamiento medioambiental. Te resumimos las características de que debn cumplir estos indicadores y las novedades que incorpora el Reglamento.

 

El apartado C del Anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS III) establece que en la declaración medioambiental y en la declaración medioambiental actualizada, las organizaciones informarán sobre sus aspectos medioambientales directos e indirectos significativos, utilizando los indicadores básicos de comportamiento medioambiental y los indicadores de comportamiento medioambiental específicos, tal como se expone a continuación. En caso de que no se disponga de datos cuantitativos, las organizaciones notificarán información cualitativa.

Los informes proporcionarán datos sobre el consumo y la producción real.

En caso de que la divulgación pudiera afectar negativamente a la confidencialidad de la información comercial o industrial de la organización cuando dicha confidencialidad esté prevista por la legislación nacional o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos, se puede permitir a la organización indexar dicha información en sus informes, por ejemplo, mediante el establecimiento de un año de referencia (con el número de índice 100) a partir del cual aparecería la evolución del consumo/de la producción real.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES

Los indicadores deberán:

a) ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la organización;

b) ser fácilmente comprensibles e inequívocos;

c) permitir efectuar una comparación año por año para evaluar si el comportamiento medioambiental de la organización ha mejorado; a fin de permitir esta comparación, la información incluirá al menos tres años de actividad, a condición de que se disponga de datos

d) permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional, según proceda;

e) permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. Como respaldo, la organización definirá brevemente el ámbito (incluidos los límites organizativos y materiales, la aplicabilidad y el método de cálculo) de cada indicador.

Indicadores básicos de comportamiento medioambiental

a) Se centran en el comportamiento en los siguientes ámbitos medioambientales clave:

— energía

— materiales

— agua,

— residuos,

— uso del suelo en relación con la biodiversidad, y

— emisiones.

Es obligatorio informar sobre los indicadores básicos de comportamiento medioambiental. Sin embargo, una organización puede evaluar la pertinencia de esos indicadores en el contexto de sus aspectos e impactos medioambientales significativos. Cuando una organización considere que uno o varios indicadores básicos no son pertinentes para sus aspectos e impactos medioambientales directos significativos, dicha organización podrá no informar sobre esos indicadores básicos. En tal caso, la organización incluirá en la declaración medioambiental una explicación clara y motivada para no hacerlo.

b) Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de:

— una cifra A, que indica el consumo/la producción total anual en el campo considerado,

— una cifra B, que indica un valor de referencia anual que representa la actividad de la organización, y

— una cifra R, que indica la relación A/B.

Cada organización informará sobre los tres elementos de cada indicador.

c) La indicación del consumo/de la producción total anual en el ámbito considerado, cifra A, se comunicará como sigue:

1. sobre la energía:

— el “consumo directo total de energía”, que corresponde a la cantidad anual total de energía consumida por la organización.

— el “consumo total de energía renovable”, que corresponde a la cantidad anual total de energía consumida por la organización generada a partir de fuentes de energía renovables.

— la “generación total de energía renovable”, que corresponde a la cantidad anual total de energía generada por la organización a partir de fuentes de energía renovables.

2. sobre los materiales:

— el “flujo másico anual de los principales materiales utilizados” (con exclusión de los productos energéticos y el agua), preferiblemente expresado en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o toneladas) o de volumen (m3) u otros parámetros utilizados habitualmente en el sector.

Cuando se utilicen diferentes tipos de materiales, su flujo másico anual debe notificarse por separado, según proceda.

3. sobre el agua:

— el “uso total anual de agua”, expresado en unidades de volumen (litros o m3).

4. sobre los residuos:

— la generación total anual de residuos, desglosada por tipo, preferiblemente expresada en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o toneladas) o de volumen (m3) u otros parámetros utilizados habitualmente en el sector,

— la generación total anual de residuos peligrosos, preferiblemente expresada en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o toneladas) o m3 u otros parámetros utilizados habitualmente en el sector,

5. sobre el uso del suelo en relación con la biodiversidad:

— las formas de uso del suelo en relación con la biodiversidad, expresadas en unidades de superficie (por ejemplo, m2 o hectáreas): uso total del suelo; superficie sellada total; superficie total en el centro orientada según la naturaleza; superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza,

6. sobre las emisiones:

— las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero, incluidas al menos las emisiones de CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 y SF6, deben expresarse en toneladas equivalentes de CO2. La organización debe considerar notificar sus emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a una metodología establecida, como el Protocolo de gases de efecto invernadero.

— las emisiones anuales totales de aire, incluidas al menos las emisiones de SO2, NOx y PM, deben expresarse en kilogramos o toneladas.

d) La indicación del valor de referencia anual que representa la actividad de la organización, cifra B, se seleccionará y notificará con arreglo a los siguientes requisitos:

La cifra B:

1. será comprensible;

2. será la cifra que mejor represente la actividad anual global de la organización;

3. permitirá una correcta descripción del comportamiento medioambiental de la organización, teniendo en cuenta las especificidades y actividades de la organización;

4. será un valor de referencia común para el sector en que opera la organización, como por ejemplo: la producción física anual total; el número total de trabajadores; las pernoctaciones totales; el número total de habitantes de un territorio (en el caso de una administración pública); las toneladas de residuos tratados (para las organizaciones activas en el sector de la gestión de residuos); el total de energía producida (para organizaciones activas en el sector de la producción de energía)

5. garantizará la comparabilidad de los indicadores comunicados a lo largo del tiempo. Una vez determinada, la cifra B se utilizará en las próximas declaraciones medioambientales.

Los cambios de la cifra B se explicarán en la declaración medioambiental. En caso de un cambio de la cifra B, la organización garantizará que la cifra se pueda comparar al menos durante tres años, recalculando los indicadores para los años anteriores con arreglo a la nueva definición de la cifra B.

Indicadores específicos de comportamiento medioambiental

Cada organización informará también cada año sobre su comportamiento en relación con los aspectos e impactos medioambientales directos e indirectos significativos relacionados con su actividad principal, que sean medibles y verificables, y que no estén cubiertos ya por los indicadores básicos.

Documento de referencia para el sector del comercio al por menor

El documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental,indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor se establece en el anexo de la Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión, de 20 de mayo de 2015 (LA LEY 8526/2015).

Toda organización registrada en el EMAS y que pertenezca al sector del comercio al por menor, tendrá la obligación de demostrar en su declaración medioambiental la forma en que ha aplicado las mejores prácticas de gestión medioambiental y los parámetros comparativosde excelencia descritos en el documento de referencia sectorial para identificar las diversas medidas y actividades y, en su caso, para definir las prioridades en la mejora de su comportamiento medioambiental.

Documento de referencia para el sector turístico

El documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico, se establece en el anexo de la Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 2016 .

Este documento es de aplicación a algunas actividades que forman parte del sector de la hostelería; a las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; y a las actividades generales de la Administración Pública.

El documento de referencia aborda fundamentalmente las mejores prácticas de gestión ambiental en las organizaciones que prestan servicios de hostelería, que gestionan destinos turísticos o que ofrecen y reservan viajes, alojamiento o actividades turísticas; así como también establece los indicadores de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico.

Documento de referencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas

El documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas, se establecen en el anexo de la Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017.

Este documento se refiere al comportamiento ambiental de las actividades del sector de la producción de alimentos y bebidas, considerando que este sector está compuesto por empresas pertenecientes a las siguientes divisiones NACE:

– Código NACE 10: industria de la alimentación.

– Código NACE 11: fabricación de bebidas.

Documento de referencia para el sector agrícola

El documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola, se establecen en el anexo de la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018

Este documento versa sobre el comportamiento ambiental de las actividades del sector agrícola; considerando que el sector agrícola está compuesto por organizaciones pertenecientes a las divisiones NACE A1.1 a A1.6. Aquí se incluye toda la agricultura (tanto de cultivos anuales como perennes) y la ganadería. Además este documento también puede serles útil a otros actores, como a los asesores de las explotaciones.

NORMATIVA DE REFERENCIA

A nivel europeo existe la Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2003  sobre las orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental, por lo que se recomienda revisarla, aunque haga referencia a un Reglamento ya derogado, ya que esta Resolución no ha sido anulada.

Asimismo se ha aprobado una guía de usuario mediante la Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2013 por la que se establece la guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009  del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

A nivel nacional existe el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009  relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE  y 2006/193/CE de la Comisión.

No obstante, el cumplimiento de los parámetros comparativos de excelencia definidos en el documento de referencia sectorial NO es obligatorio para las organizaciones registradas en el EMAS.

ADECUACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO IV

Si la validación de la declaración medioambiental o de la declaración medioambiental actualizada debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1221/2009  después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/2026  (a fecha de 9 de enero de 2019) pero antes del 9 de enero de 2020, la declaración puede, en esa ocasión, de acuerdo con el verificador medioambiental y el organismo competente, ser validada sin tener en cuenta la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2018/2026 .

Si debe presentarse una declaración medioambiental actualizada no validada al organismo competente después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/2026 (a fecha de 9 de enero de 2019) pero antes del 9 de enero de 2020, la declaración puede, en esa ocasión, de acuerdo con el organismo competente, ser elaborada sin tener en cuenta la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2018/2026.

Fuente: Ecoiuris

La Comisión Europea publica un nuevo documento orientativo de la Gestión Espacios Natura 2000.

 

El artículo 6 de la Directiva de los Hábitats (92/43/CEE) desempeña un papel fundamental en la gestión de los espacios que conforman la Red Natura 2000. Con una perspectiva de integración, este artículo señala las diversas tareas que son necesarias para salvaguardar los intereses de conservación de la naturaleza en los espacios declarados. Este documento tiene por objeto proporcionar a los Estados Miembros una serie de orientaciones sobre la interpretación de algunos conceptos básicos que se emplean en el citado artículo.

 

En el marco del plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, la Comisión se comprometió a “actualizar el documento orientativo para la interpretación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats en relación con la conservación y la gestión de Natura 2000”. Así pues, el presente documento sustituye a la versión original publicada en abril de 2000.

Pese a su carácter interpretativo, el documento no pretende dar respuestas absolutas a cuestiones relativas a espacios concretos. Estas cuestiones deben abordarse caso por caso teniendo presente, eso sí, las orientaciones que ese nuevo documento brinda.

El Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión Europea en el año 2017, es consecuencia de un exhaustivo “chequeo” de las directivas europeas de protección de la naturaleza (Aves y Hábitats), el cual determinó que si bien  esta normativa es adecuada para los fines perseguidos, es necesario mejorar sustancialmente su aplicación. Entre los objetivos de este Plan se encuentra, en primer lugar  mejorar las orientaciones y los conocimientos y garantizar una mayor coherencia con objetivos socioeconómicos amplios, puesto que “la aplicación inflexible de las normas sobre protección de las especies, los retrasos y las cargas administrativas injustificadas que lastran los procedimientos de autorización de espacios protegidos, así como la insuficiente concienciación de las partes interesadas, pueden crear tensiones innecesarias entre la protección de la naturaleza y las actividades socieconómicas

La Comisión Europea publica un nuevo documento orientativo de la Gestión de Espacios Natura 2000, que facilita a los Estados Miembros la interpretación del artículo 6 de la Directiva de Hábitats.

El artículo 6 de la Directiva de los hábitats (92/43/CEE) desempeña un papel fundamental en la gestión de los espacios que conforman la Red Natura 2000. Con una perspectiva de integración, este artículo señala las diversas tareas que son necesarias para salvaguardar los intereses de conservación de la naturaleza en los espacios declarados. Este documento tiene por objeto proporcionar a los Estados Miembros una serie de orientaciones sobre la interpretación de algunos conceptos básicos que se emplean en el citado artículo.

En el marco del plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, la Comisión se comprometió a “actualizar el documento orientativo para la interpretación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats en relación con la conservación y la gestión de Natura 2000”. Así pues, el presente documento sustituye a la versión original publicada en abril de 2000.

Pese a su carácter interpretativo, el documento no pretende dar respuestas absolutas a cuestiones relativas a espacios concretos. Estas cuestiones deben abordarse caso por caso teniendo presente, eso sí, las orientaciones que ese nuevo documento brinda.

El Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión Europea en el año 2017, es consecuencia de un exhaustivo “chequeo” de las directivas europeas de protección de la naturaleza (Aves y Hábitats), el cual determinó que si bien  esta normativa es adecuada para los fines perseguidos, es necesario mejorar sustancialmente su aplicación. Entre los objetivos de este Plan se encuentra, en primer lugar  mejorar las orientaciones y los conocimientos y garantizar una mayor coherencia con objetivos socioeconómicos amplios, puesto que “la aplicación inflexible de las normas sobre protección de las especies, los retrasos y las cargas administrativas injustificadas que lastran los procedimientos de autorización de espacios protegidos, así como la insuficiente concienciación de las partes interesadas, pueden crear tensiones innecesarias entre la protección de la naturaleza y las actividades socieconómicas

 

La comisión Europea abre una consulta pública sobre los efectos de la PAC en la conservación de los hábitats, el paisaje y la biodiversidad

 

La Comisión Europea inicia un período público de consulta, que estará abierta desde el 8 de Noviembre hasta el día 6 de Diciembre de 2018, que tiene por objeto evaluar el impacto que las medidas de la Política Agraia Común (PAC)  tiene sobre la conservación de los distintos hábitas y especies protegidos por la normativa europea que regula la Red Natura 2000, así como sus efectos sobre la conservación del paisaje y la biodiversidad.

Esta evaluación analizará:

– La extensión y calidad de hábitats, diversidad de paisajes, así como la presencia geográfica,  nivel y calidad de la biodiversidad

 – Si las medidas evaluadas aportan eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE

Esta consulta forma parte del Plan de Acción de la UE para la naturaleza, las personas y la economía, que la Comsión puso en marcha tras el "chequeo" de las Directivas de aves y hábitas (que conforman la red ecológica "Natura 2000"), que quiere garantizar que estas piezas legislativas protejan la naturaleza de forma más eficiente, mejorando la calidad de vida de los europeos y aportando beneficios económicos.  El nuevo plan de acción pone sobre la mesa quince iniciativas para reforzar la aplicación de la normativa medioambiental de la UE sobre el terreno, con el fin de explotar todo su potencial para la naturaleza, las personas y la economía. Una de las medidas contempladas es precisamente la de fomentar sinergias con la financiación de la política agrícola común.

Además, los resultados obtenidos en esta consulta, serán tenidos en cuenta en la Evaluación que la Comisión Europea ha iniciado sobre su Estrategia Europea para la Biodiversidad 2020.

Fuente: European Commission

 

El Congreso aprueba la reforma de las leyes de Evaluación Ambiental, Montes y Emisión de Gases, que pasa al Senado

El texto aprobado modifica la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos. Para ello se introduce la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos y procesos adversos sobre el medio ambiente. Además se elimina la exención que tenían los centros penitenciarios: para construir una prisión también hará falta un informa de impacto medioambiental.

 

El Congreso ha aprobado, en la Comisión de Transición Ecológica, el proyecto de ley que modifica tres leyes medioambientales: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este texto, que pasa ahora al Senado, busca la trasposición al ordenamiento jurídico español de la normativa comunitaria en esta materia.

El proyecto de ley, que elaboró el ejecutivo anterior del PP, ha contado con el apoyo de los 'populares', PSOE, Ciudadanos, ERC y PNV. Además, PDeCAT ha decidido abstenerse. Sólo Unidos Podemos ha votado en contra después de que la comisión haya rechazado una de sus enmiendas al texto que consideraban esencial para la aprobación de la norma.

Esta propuesta del grupo confederal llamaba a eliminar un artículo del proyecto de ley que, a su juicio, es "un atajo", tal y como explicó su portavoz. Este artículo permite que los proyectos con sentencias contrarias a su informe de evaluación ambiental tienen "vías de compensación", como medidas correctoras o compensación de los impactos previstos

 

MAYOR PARTICIPACIÓN

Sin esta medida aceptada, el texto que se ha aprobado este miércoles modifica la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos. Para ello, se introduce la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos y procesos adversos sobre el medio ambiente. Además, se elimina, tras ser aceptada una enmienda de Unidos Podemos, la exención que tenían los centros penitenciarios: para construir una prisión también hará falta un informa de impacto medioambiental.

Por otra parte, este proyecto de ley busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento.

También se recoge la regulación de caminos naturales, para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, y el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, que se ha adaptado a la ley europea con una definición más "específica" de las normas del procedimiento sancionador.

Fuente: La Página del Medio Ambiente

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anula 75 planes de gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura

Compartimos el comentario realizado por el Profesor del Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza, Dr. Fernando López Pérez, publicado en la Revita "Actualidad Jurídica Ambiental", que hace un resumen de la importante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula, nada más y nada menos, que 75 planes de Gestión de la Red Natura en Extremadura.

 

 

 

Siempre hemos defendido la necesidad de realizar una adecuada gestión de esta Red Ecológica, que hasta ahora ha sido utilizada por la mayoría de Administraciones sólo  como una fuente de recursos que llegan de la Unión Europea, pero que no ha sido entendida ni aprovechada como herramienta de verdadero desarrollo. Este importante pronunciamiento judicial no hace más que poner en evidencia que no existe aún una estrategia clara para la gestión de la Red Natura 2000. Y esto, en una Comunidad Autónoma como la extremeña, que tiene el 30,5% de su terrirorio integrado en esta red, tiene consecuencias muy graves en su desarollo social y económico, pero también en la propia conservación de los espacios protegidos.

 

"Se interpone por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO-BIRDLIFE) recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.

Al respecto de este Decreto, tiene por objeto el desarrollo de la regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Asimismo, se aprueba con el Decreto:

-El Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura -Anexo II-.

-La declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes en Extremadura y la publicación de la denominación y límites de las mismas.

-La modificación de los límites de determinadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la publicación de las existentes en Extremadura.

-La aprobación de los Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura.

Conviene señalar, igualmente, que este mismo Decreto ya fue objeto de un recurso contencioso-administrativo por parte de una asociación de agricultores y ganaderos, desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de junio de 2016

En el caso que nos ocupa, son varios preceptos y otras disposiciones y anexos los que se recurren, y cuya nulidad se interesa. En concreto, los artículos 3, 7.1, 8, 9.1, 11, 12.1, 13.1 y 2, 17.1, 19, 20 y 22. Además de la disposición adicional segunda y parte de los anexos I, II y V.

Me centro, por su importancia, en la impugnación de los artículos 8 y 9.1 del Decreto, que regulan el Informe de afección, que se define como el informe que debe realizarse a fin de evaluar las repercusiones que los planes, programas y proyectos pueden producir, directa o indirectamente, sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura -artículo 8- y que el Decreto limita en el artículo 9.1 a los siguientes supuestos:

«1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.

Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).

Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión».

Al respecto, hace notar la recurrente que tal precepto estaría vulnerando el artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats de 1992 (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), en cuanto a que dispone que este Informe de afección debería extenderse a todos los planes, programas y proyectos, sin excepción, con independencia de que sean de escasa entidad o en la concreta zona donde se desarrollen. En igual sentido el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Sala acoge los argumentos de la parte recurrente, que además había citado numerosísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando nulo este artículo 9.1 del Decreto.

Me importa destacar también la impugnación del punto 2.6 de las Directrices de Conservación (en el Anexo II), en cuanto a que refiere que «las superficies zonificadas como ZIP (Zona de Interés Prioritario) y ZAI (Zona de Alto Interés) se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable».

Al respecto, SEO-BIRDLIFE aduce que esta salvedad conlleva que el planeamiento urbanístico prevalezca sobre el planeamiento de la Red Natura 2000, incluso en zonas de afección a especies o hábitats de interés de la Directiva de Hábitats y de Aves, si son previos a la aprobación de los planes de gestión de los espacios y no a la fecha de declaración de los mismos. Siendo, así lo hace notar la recurrente, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los Estados la obligación de proteger los espacios desde su declaración, no desde que se aprueben los planes de gestión.

La Sala acoge esta interpretación, pero la circunscribe sólo al suelo urbanizable, al indicar que el suelo urbano ostenta el carácter de reglado. Pone el ejemplo de la ciudad de Cáceres, que estaría integrado en estas zonas ZIP por la presencia del cernícalo primilla, pero ello no obstante se trata de suelo urbano.

Me interesa destacar por último, la impugnación de los artículos 19 y 22 del Decreto y, por extensión, el Anexo V que contiene los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura. Así, aduce la parte recurrente varios defectos detectados en estos Planes de Gestión de la Red, cuya aprobación, recordemos, es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva de Hábitats. Algunos de los defectos a destacar de estos planes de gestión son, entre otros, los siguientes:

-Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del número de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies.

-Falta de definición de las medidas de conservación y mecanismos que aseguren su efectiva aplicación.

-Ausencia de un plan de seguimiento.

De esta manera, concluye SEO-BIRDLIFE que lo aprobado no son verdaderamente planes de gestión.

Al respecto, la Sala comprueba la veracidad de los defectos señalados por la recurrente, procediendo a anular los artículos 19 y 22 del Decreto y el Anexo V que contiene los mencionados planes de gestión (en la sentencia se refiere al Anexo IV, pero luego en el fallo ya se alude al Anexo V).

Destacamos los siguientes extractos:

“- Se cuestiona a continuación el art 9.1 de Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.

Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).

Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión”.

La objeción esencial sobre este precepto es que, tal y como está redactado, vulnera el art 6.3 de la Directiva y la doctrina del TJUE que lo ha interpretado, y que resume diciendo que deben someterse a esta fase de cribado “absolutamente todos” los proyectos y planes que no tengan relación directa con la gestión del lugar o no sean necesarios para la misma, independientemente de que sean de escasa entidad o en la concreta zona de la RED en la que se ubiquen y desarrollen.

[…]

Planteada así la controversia, la Sala entiende que del propio tenor literal de los arts 6.3 de la Directiva y del art 46.4 de la Ley 42/2007, todos los planes o proyectos que, directa o indirectamente, puedan afectar a los objetivos de conservación de Red Natura 2000 deben someterse a informe de afección, a fin de determinar si pueden o no afectar, de forma apreciable, a los mismos, sin que sea posible establecer, a priori y con carácter general, la exclusión de la fase de cribado que supone el informe de afección a determinados tipos de proyectos o actividades, ni por su tamaño, ni por su reversibilidad, ni por su ubicación dentro de una determinada zona del territorio incluido en la RED. Y ello, por cuanto, por utilizar palabras de la STJUE en que se apoyan ambas partes “un Estado miembro no puede dar por sentado que algunas categorías de planes o proyectos – determinadas por sectores de actividad- y algunas instalaciones específicas tendrán, por definición, un impacto irrelevante en el hombre y el medio ambiente”.

[…]

Llegados hasta aquí, el recurso debe ser estimado al considerar que la redacción propuesta para el artículo 9.1 vulnera la Directiva Hábitats y su Ley de transposición, al no establecer, en aplicación del principio de cautela, que todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado RED NATURA 2000 deben someterse a fase de cribado mediante informe de afección, no pudiéndose aceptar la exclusión, a priori y general, por estar situados en zona ZUG, pues no cabe excluir la más mínima posibilidad o probabilidad de que no afecte de forma apreciable, en función de las características y condiciones medioambientales específicas, a los valores naturales que posibilitaron la declaración de la zona total como RED NATURA 2000 (sentencia del TJCE de 26-5-2011, nº C-538/2009, de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, apartados 43 y 44; de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C-6/04 , Rec. p. I- 9017, apartado 54, y de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Irlanda, C-418/04 , Rec. p. I-10947, apartado 226)”.

“Se cuestionan las Directrices de Conservación en materia de ordenación territorial y urbanística, en concreto su punto 2.6, en cuanto que establece que “Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable”.

[…]

Así las cosas, compartimos con la actora que en suelos con esa importancia, desde el punto de vista de la conservación de los elementos claves, no es posible un desarrollo urbanístico, con lo que no se puede aceptar la referencia que realiza el precepto a los suelos que ya estén clasificados como “urbanizables”. Este planteamiento tiene sustento jurisprudencial en las sentencias mencionadas por la actora, como la STS de 20/05/2011, rec. 3865/2007, que en todo caso hablan de la controversia entre el suelo urbanizable o apto para urbanizar y el suelo rústico de protección natural.

Cosa distinta debe predicarse del suelo urbano, cuyo carácter reglado y no discrecional es del mismo grado que el existente para calificar como no urbanizable el suelo con valores ambientales que proteger, de los que los incluidos en RED NATURA 2000 son el paradigma, máxime cuando nos encontramos con un supuesto ciertamente excepcional, la determinación de suelo urbano (algunas ciudades, como Cáceres) que están zonificadas como ZIP por la presencia del cernícalo primilla.

Por tanto el precepto, en la salvedad que realiza, debe ser declarado nulo de pleno derecho, sin que nos corresponde a nosotros su nueva redacción con respeto a lo argumentado”.

“La declaración de nulidad de nulidad de pleno derecho de los planes de gestión, tanto de las zonas especiales de conservación como de las zonas de especial protección para las aves, que se canaliza mediante la declaración de nulidad de los artículos 19 y 22 del Decreto, se sustenta en que, en realidad, lo aprobado no son verdaderos planes de gestión, incumpliendo así el art 46.1 de la Ley 42/2007, por carecer de un valor de referencia predeterminado, elemento esencial de los objetivos de conservación específicos de cada ZEPA, sin que conste en ellos, para cada especie, el número concreto de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies “ya que no hay una aproximación a las poblaciones idóneas de cada especie en virtud de ningún criterio, para ninguno de los Planes de Gestión, ni para ninguna de las especies, lo que en la práctica convierte en papel mojado estos instrumentos”, limitándose la Administración, a su juicio, a fijar las poblaciones actuales conocidas de cada especie y hábitats, sobre las que deben considerarse los objetivos de conservación, que se resumen en aumentar o mantener las poblaciones, lo que es un objetivo absolutamente insuficiente e impreciso a los efectos de poder determinar el estado de conservación favorable o desfavorable de una especie o hábitats. Para poder determinar si una especie está en estado de conservación favorable es preciso “introducir parámetros concretos como pueden ser la población recomendada, densidad poblacional, tasa de mortalidad o éxito reproductivo, que doten de eficacia a estos instrumentos”.

[…]

Así las cosas, los Planes de Gestión aprobados no son tales por tener las siguientes carencias:

a) Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie o hábitats, al menos en sus elementos claves, en número concreto de ejemplares, que se considere como población de referencia del buen estado de conservación de la especie (determinación de las poblaciones idóneas en función de las circunstancias de cada territorio ZEC y ZEPA).

Para cada Elemento Clave se debe definir su estado de conservación actual enfrentándolo al considerado como su Estado de Conservación Favorable (ECF), una situación en la cual cada tipo de hábitat y cada especie prosperen tanto en calidad como en extensión y presenten buenas perspectivas para continuar prosperando en el futuro, el cual es el objetivo final a alcanzar para todos los Elementos Clave …

b) Definir, con el suficiente nivel de detalle, para facilitar su aplicación, cada una de las medidas de conservación que se consideren necesarias para alcanzar el nivel poblacional de referencia, respondiendo a la triple cuestión señalada por la demandante (quien hace qué, cuándo y cómo).

c) Cada medida debe contar con el establecimiento de indicadores para evaluar su desarrollo, previendo los mecanismos necesarios para asegurar su efectiva aplicación.

d) Fijar objetivos operativos que deben de ser objetivos prácticos realizables durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, con el fin de corregir o atenuar el efecto de los factores condicionantes que inciden sobre el estado de conservación del Elemento Clave mediante los recursos existentes ya sean económicos, tecnológicos, humanos o científicos, y dirigidos, en cualquier caso, a la consecución de los objetivos finales marcados para cada elemento clave.

d) En cuanto a los hábitats y especies ligadas al agua, es imprescindible la definición de los caudales mínimos y máximos, regímenes estacionales y caudal generador necesario (o rangos) para que las especies acuáticas y hábitats ligados al agua alcance su objetivo de conservación, cuya determinación corresponde a la Dirección General de la Junta de Extremadura con competencias en materia de Áreas Protegidas, independientemente de las competencias que correspondan al Estado para la adopción de las medidas necesarias que los garanticen en respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca.

En conclusión, en ninguno de los Planes de Gestión se tienen en cuenta la determinaciones precisas para entender que un hábitats y una especie tienen un estado de conservación favorable, que se encuentran ínsitas en las definiciones que a este respecto contiene la Ley 42/2007, a cuyo tenor: “15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.

16. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo”.

Lo expuesto determina que aceptemos la nulidad de pleno derecho de los artículos del Decreto que aprueban los Planes de Gestión, tanto de los ZEC como de las ZEPAS. Y, en consecuencia, su ANEXO IV”.

Comentario del Autor:

Ya hemos advertido de la importancia de la Red Natura 2000 en no pocas ocasiones, señalando su incidencia cuantitativa en España (alcanza casi el 30% del territorio español). Del mismo modo se ha señalado que a día de hoy deberían estar aprobados todos los planes de gestión de la Red Natura, detectándose carencias al respecto, ya que con datos de 2017, aproximadamente el 40% de la superficie de Red Natura 2000 no cuenta con planes de gestión aprobados.

Pero es que además, entidades ecologistas como la recurrente, han llamado la atención al respecto de que muchos de los planes de gestión ya aprobados no estarían cumpliendo con la misión que la Directiva de Hábitats encomienda a estos instrumentos, destacando su escasa calidad técnica. Es lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde la sentencia anula determinados preceptos del Decreto regulador de la Red en Extremadura y, por encima de todo, anula casi todos (quedan vigentes los 7 planes aprobados en 2009 y 2012, de conformidad con la disposición adicional tercera del Decreto) los planes de gestión de la Red Natura 2000 en esta Comunidad Autónoma. En total 75 planes. Casi nada."

Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental

Más coches menos contaminantes en las carreteras de la UE en 2030

El Parlamento Europeo quiere una reducción del 40% de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para 2030 y un aumento de la cuota de mercado de los coches más limpios.

La propuesta de ley aprobada el pasado Miércoles, 3 de octubre por la Cámara, plantea un recorte de las emisiones de los turismos nuevos del 40% para 2030 (frente al 30% que proponía la Comisión, en relación al nivel de 2021), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. El texto fija además cifras similares para los vehículos comerciales ligeros.

 

Los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la UE invertirá en formar a los trabajadores del sector afectados por los cambios ligados a la transición ecológica.

Asimismo, las compañías estarán obligadas a garantizar que los vehículos menos contaminantes -los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50g de CO2 por kilómetro- suponen un 35% de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 20% en 2025).

Medición de las emisiones reales de CO2 en 2023

Los eurodiputados instan a la Comisión Europea a proponer, en un plazo de dos años, un mecanismo para medición de las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción, mediante un dispositivo portátil, similar al introducido recientemente para controlar la cantidad de óxido de nitrógeno (NOx).

Hasta entonces, las emisiones de CO2 deberán estimarse a partir de los datos de consumo de combustible de los vehículos.

El impacto social de la descarbonización

Los eurodiputados alertan de las posibles consecuencias sociales negativas de la reconversión ecológica en el sector de la automoción y abogan por promover, sobre todo en las regiones más perjudicadas, la formación y recolocación de los trabajadores afectados. También piden apoyo para la fabricación dentro de la UE de baterías eléctricas.

Etiquetado e información al consumidor

La Comisión Europea debe proponer, antes de que termine el 2019, una legislación que permita a los consumidores conocer claramente las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 y otros gases contaminantes de los vehículos nuevos.

Desde 2025, los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha en base a una metodología común.

Próximos pasos

El informe fue apoyado por 389 eurodiputados, 239 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Los ministros de los Estados miembros tienen previsto adoptar una posición común respecto a este asunto el próximo 9 de octubre. Las negociaciones con el PE para llegar a un acuerdo en primera lectura comenzarán un día después.

Contexto

El transporte es el único gran sector en la UE cuyas emisiones de efecto invernadero siguen creciendo, subrayan los eurodiputados. Para cumplir los compromisos asumidos por la UE en el marco del acuerdo de Paris en 2015 y avanzar hacia un nivel de emisiones cero a mitad de siglo, el sector debe acelerar su reconversión.

En paralelo, el mercado de los automóviles se está transformando a gran velocidad, sobre todo con innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos. Si los fabricantes europeos inician tarde el proceso de transición, corren el riesgo de perder su posición de liderazgo, señala el Parlamento.

Fuente: Parlamento Europeo

Según los auditores de la UE, debe reforzarse la supervisión ejercida por la Comisión Europea de la aplicación del Derecho de la UE.

 

 

Según un nuevo análisis panorámico del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea puede reforzar aún más su control del modo en que los Estados miembros aplican el Derecho de la UE.

 

 

 

El análisis se centra en las actividades de supervisión de la Comisión e identifica los desafíos y oportunidades que se presentan. Asimismo, señala la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y auditoría en la aplicación del Derecho de la UE.

En virtud del Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene la obligación de supervisar la aplicación del Derecho de la UE por los Estados miembros. Esta función es esencial para garantizar los resultados y la rendición de cuentas generales de la UE. Las actividades de supervisión de la Comisión se centran en gestionar el riesgo de que los Estados miembros cometan posibles infracciones del Derecho de la UE que puedan dar lugar a procedimientos formales de infracción. El análisis de los auditores abarcó distintos ámbitos políticos en que los Estados miembros deben aplicar el Derecho de la UE en su jurisdicción y las actividades de supervisión de las direcciones generales de la Comisión responsables de dichos ámbitos.

Un análisis panorámico no es una auditoría. Presenta descripciones y exámenes basados en la información publicada y en información que los participantes en el análisis acuerdan hacer pública. En palabras de Leo Brincat, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis, «la Comisión se encuentra ante un panorama jurídico complejo, tanto en la UE como en los Estados miembros, que hace difícil la supervisión de la aplicación del Derecho de la UE. Nuestro análisis destaca una serie de oportunidades para reforzar la función supervisora de la Comisión basándose en mayor medida en elementos clave y puntos fuertes de su enfoque actual.» Varios factores inciden en el riesgo de que se cometan infracciones y plantean desafíos a la supervisión de la aplicación del Derecho de la UE, como el volumen del corpus jurídico que se ha de supervisar y la complejidad de numerosos instrumentos jurídicos, la relativa disponibilidad de los fondos de la UE y la existencia de alternativas al procedimiento de infracción en distintos ámbitos políticos, así como las disposiciones legislativas y de supervisión en los Estados miembros.

Los auditores señalan una serie de maneras en las que la Comisión ha respondido hasta ahora: Ha establecido prioridades para el control del cumplimiento y bases de referencia para manejar las denuncias de los ciudadanos y las presuntas infracciones. Ha organizado su supervisión por ámbitos políticos y la ha integrado en su programa de mejora de la legislación, el sistema de concepción de políticas y leyes de manera que logren sus principales objetivos, permitiendo opciones públicas basadas en datos concretos. Además, verifica sistemáticamente el modo en que la legislación de la UE se ha incorporado a la legislación nacional, analiza las denuncias de los ciudadanos y lleva a cabo investigaciones para detectar presuntos casos de incumplimiento y ha reforzado el intercambio de información con los Estados miembros para fomentar la conformidad. Asimismo, se comunica directamente con las partes interesadas e informa públicamente de sus actividades de supervisión.

El análisis también proporciona ejemplos del trabajo de las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros con respecto al cumplimiento a nivel nacional y señala los ámbitos en los que el Tribunal de Cuentas Europeo puede realizar trabajos sobre los dispositivos de supervisión a nivel europeo.

Los auditores presentan una serie de consideraciones sobre el modo en que la Comisión Europea podría afrontar los retos y aprovechar las oportunidades de mejora señaladas en su análisis. Invitan a la Comisión a plantearse el refuerzo de su función supervisora:

• aplicando el enfoque de mejora de la legislación a su política de control del cumplimiento y llevando a cabo un balance de sus actividades de supervisión:

• utilizando el presupuesto de la UE de manera más coordinada para garantizar la aplicación del Derecho de la UE por los Estados miembros;

• instando a direcciones generales de distintos ámbitos políticos a compartir sus conocimientos y experiencia sobre los Estados miembros;

• fomentando el cumplimiento de un modo más orientado a las necesidades de los distintos Estados miembros y más coherente entre los distintos ámbitos políticos;

• desarrollando prioridades en el control del cumplimiento y bases de referencia que se integren en un marco general de supervisión del cumplimiento;

• facilitando más información agregada y análisis a las partes interesadas

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo

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