El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anula 75 planes de gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura

Compartimos el comentario realizado por el Profesor del Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza, Dr. Fernando López Pérez, publicado en la Revita "Actualidad Jurídica Ambiental", que hace un resumen de la importante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula, nada más y nada menos, que 75 planes de Gestión de la Red Natura en Extremadura.

 

 

 

Siempre hemos defendido la necesidad de realizar una adecuada gestión de esta Red Ecológica, que hasta ahora ha sido utilizada por la mayoría de Administraciones sólo  como una fuente de recursos que llegan de la Unión Europea, pero que no ha sido entendida ni aprovechada como herramienta de verdadero desarrollo. Este importante pronunciamiento judicial no hace más que poner en evidencia que no existe aún una estrategia clara para la gestión de la Red Natura 2000. Y esto, en una Comunidad Autónoma como la extremeña, que tiene el 30,5% de su terrirorio integrado en esta red, tiene consecuencias muy graves en su desarollo social y económico, pero también en la propia conservación de los espacios protegidos.

 

"Se interpone por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO-BIRDLIFE) recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.

Al respecto de este Decreto, tiene por objeto el desarrollo de la regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Asimismo, se aprueba con el Decreto:

-El Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura -Anexo II-.

-La declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes en Extremadura y la publicación de la denominación y límites de las mismas.

-La modificación de los límites de determinadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la publicación de las existentes en Extremadura.

-La aprobación de los Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura.

Conviene señalar, igualmente, que este mismo Decreto ya fue objeto de un recurso contencioso-administrativo por parte de una asociación de agricultores y ganaderos, desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de junio de 2016

En el caso que nos ocupa, son varios preceptos y otras disposiciones y anexos los que se recurren, y cuya nulidad se interesa. En concreto, los artículos 3, 7.1, 8, 9.1, 11, 12.1, 13.1 y 2, 17.1, 19, 20 y 22. Además de la disposición adicional segunda y parte de los anexos I, II y V.

Me centro, por su importancia, en la impugnación de los artículos 8 y 9.1 del Decreto, que regulan el Informe de afección, que se define como el informe que debe realizarse a fin de evaluar las repercusiones que los planes, programas y proyectos pueden producir, directa o indirectamente, sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura -artículo 8- y que el Decreto limita en el artículo 9.1 a los siguientes supuestos:

«1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.

Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).

Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión».

Al respecto, hace notar la recurrente que tal precepto estaría vulnerando el artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats de 1992 (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), en cuanto a que dispone que este Informe de afección debería extenderse a todos los planes, programas y proyectos, sin excepción, con independencia de que sean de escasa entidad o en la concreta zona donde se desarrollen. En igual sentido el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Sala acoge los argumentos de la parte recurrente, que además había citado numerosísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando nulo este artículo 9.1 del Decreto.

Me importa destacar también la impugnación del punto 2.6 de las Directrices de Conservación (en el Anexo II), en cuanto a que refiere que «las superficies zonificadas como ZIP (Zona de Interés Prioritario) y ZAI (Zona de Alto Interés) se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable».

Al respecto, SEO-BIRDLIFE aduce que esta salvedad conlleva que el planeamiento urbanístico prevalezca sobre el planeamiento de la Red Natura 2000, incluso en zonas de afección a especies o hábitats de interés de la Directiva de Hábitats y de Aves, si son previos a la aprobación de los planes de gestión de los espacios y no a la fecha de declaración de los mismos. Siendo, así lo hace notar la recurrente, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los Estados la obligación de proteger los espacios desde su declaración, no desde que se aprueben los planes de gestión.

La Sala acoge esta interpretación, pero la circunscribe sólo al suelo urbanizable, al indicar que el suelo urbano ostenta el carácter de reglado. Pone el ejemplo de la ciudad de Cáceres, que estaría integrado en estas zonas ZIP por la presencia del cernícalo primilla, pero ello no obstante se trata de suelo urbano.

Me interesa destacar por último, la impugnación de los artículos 19 y 22 del Decreto y, por extensión, el Anexo V que contiene los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura. Así, aduce la parte recurrente varios defectos detectados en estos Planes de Gestión de la Red, cuya aprobación, recordemos, es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva de Hábitats. Algunos de los defectos a destacar de estos planes de gestión son, entre otros, los siguientes:

-Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del número de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies.

-Falta de definición de las medidas de conservación y mecanismos que aseguren su efectiva aplicación.

-Ausencia de un plan de seguimiento.

De esta manera, concluye SEO-BIRDLIFE que lo aprobado no son verdaderamente planes de gestión.

Al respecto, la Sala comprueba la veracidad de los defectos señalados por la recurrente, procediendo a anular los artículos 19 y 22 del Decreto y el Anexo V que contiene los mencionados planes de gestión (en la sentencia se refiere al Anexo IV, pero luego en el fallo ya se alude al Anexo V).

Destacamos los siguientes extractos:

“- Se cuestiona a continuación el art 9.1 de Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.

Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).

Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión”.

La objeción esencial sobre este precepto es que, tal y como está redactado, vulnera el art 6.3 de la Directiva y la doctrina del TJUE que lo ha interpretado, y que resume diciendo que deben someterse a esta fase de cribado “absolutamente todos” los proyectos y planes que no tengan relación directa con la gestión del lugar o no sean necesarios para la misma, independientemente de que sean de escasa entidad o en la concreta zona de la RED en la que se ubiquen y desarrollen.

[…]

Planteada así la controversia, la Sala entiende que del propio tenor literal de los arts 6.3 de la Directiva y del art 46.4 de la Ley 42/2007, todos los planes o proyectos que, directa o indirectamente, puedan afectar a los objetivos de conservación de Red Natura 2000 deben someterse a informe de afección, a fin de determinar si pueden o no afectar, de forma apreciable, a los mismos, sin que sea posible establecer, a priori y con carácter general, la exclusión de la fase de cribado que supone el informe de afección a determinados tipos de proyectos o actividades, ni por su tamaño, ni por su reversibilidad, ni por su ubicación dentro de una determinada zona del territorio incluido en la RED. Y ello, por cuanto, por utilizar palabras de la STJUE en que se apoyan ambas partes “un Estado miembro no puede dar por sentado que algunas categorías de planes o proyectos – determinadas por sectores de actividad- y algunas instalaciones específicas tendrán, por definición, un impacto irrelevante en el hombre y el medio ambiente”.

[…]

Llegados hasta aquí, el recurso debe ser estimado al considerar que la redacción propuesta para el artículo 9.1 vulnera la Directiva Hábitats y su Ley de transposición, al no establecer, en aplicación del principio de cautela, que todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado RED NATURA 2000 deben someterse a fase de cribado mediante informe de afección, no pudiéndose aceptar la exclusión, a priori y general, por estar situados en zona ZUG, pues no cabe excluir la más mínima posibilidad o probabilidad de que no afecte de forma apreciable, en función de las características y condiciones medioambientales específicas, a los valores naturales que posibilitaron la declaración de la zona total como RED NATURA 2000 (sentencia del TJCE de 26-5-2011, nº C-538/2009, de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, apartados 43 y 44; de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C-6/04 , Rec. p. I- 9017, apartado 54, y de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Irlanda, C-418/04 , Rec. p. I-10947, apartado 226)”.

“Se cuestionan las Directrices de Conservación en materia de ordenación territorial y urbanística, en concreto su punto 2.6, en cuanto que establece que “Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable”.

[…]

Así las cosas, compartimos con la actora que en suelos con esa importancia, desde el punto de vista de la conservación de los elementos claves, no es posible un desarrollo urbanístico, con lo que no se puede aceptar la referencia que realiza el precepto a los suelos que ya estén clasificados como “urbanizables”. Este planteamiento tiene sustento jurisprudencial en las sentencias mencionadas por la actora, como la STS de 20/05/2011, rec. 3865/2007, que en todo caso hablan de la controversia entre el suelo urbanizable o apto para urbanizar y el suelo rústico de protección natural.

Cosa distinta debe predicarse del suelo urbano, cuyo carácter reglado y no discrecional es del mismo grado que el existente para calificar como no urbanizable el suelo con valores ambientales que proteger, de los que los incluidos en RED NATURA 2000 son el paradigma, máxime cuando nos encontramos con un supuesto ciertamente excepcional, la determinación de suelo urbano (algunas ciudades, como Cáceres) que están zonificadas como ZIP por la presencia del cernícalo primilla.

Por tanto el precepto, en la salvedad que realiza, debe ser declarado nulo de pleno derecho, sin que nos corresponde a nosotros su nueva redacción con respeto a lo argumentado”.

“La declaración de nulidad de nulidad de pleno derecho de los planes de gestión, tanto de las zonas especiales de conservación como de las zonas de especial protección para las aves, que se canaliza mediante la declaración de nulidad de los artículos 19 y 22 del Decreto, se sustenta en que, en realidad, lo aprobado no son verdaderos planes de gestión, incumpliendo así el art 46.1 de la Ley 42/2007, por carecer de un valor de referencia predeterminado, elemento esencial de los objetivos de conservación específicos de cada ZEPA, sin que conste en ellos, para cada especie, el número concreto de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies “ya que no hay una aproximación a las poblaciones idóneas de cada especie en virtud de ningún criterio, para ninguno de los Planes de Gestión, ni para ninguna de las especies, lo que en la práctica convierte en papel mojado estos instrumentos”, limitándose la Administración, a su juicio, a fijar las poblaciones actuales conocidas de cada especie y hábitats, sobre las que deben considerarse los objetivos de conservación, que se resumen en aumentar o mantener las poblaciones, lo que es un objetivo absolutamente insuficiente e impreciso a los efectos de poder determinar el estado de conservación favorable o desfavorable de una especie o hábitats. Para poder determinar si una especie está en estado de conservación favorable es preciso “introducir parámetros concretos como pueden ser la población recomendada, densidad poblacional, tasa de mortalidad o éxito reproductivo, que doten de eficacia a estos instrumentos”.

[…]

Así las cosas, los Planes de Gestión aprobados no son tales por tener las siguientes carencias:

a) Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie o hábitats, al menos en sus elementos claves, en número concreto de ejemplares, que se considere como población de referencia del buen estado de conservación de la especie (determinación de las poblaciones idóneas en función de las circunstancias de cada territorio ZEC y ZEPA).

Para cada Elemento Clave se debe definir su estado de conservación actual enfrentándolo al considerado como su Estado de Conservación Favorable (ECF), una situación en la cual cada tipo de hábitat y cada especie prosperen tanto en calidad como en extensión y presenten buenas perspectivas para continuar prosperando en el futuro, el cual es el objetivo final a alcanzar para todos los Elementos Clave …

b) Definir, con el suficiente nivel de detalle, para facilitar su aplicación, cada una de las medidas de conservación que se consideren necesarias para alcanzar el nivel poblacional de referencia, respondiendo a la triple cuestión señalada por la demandante (quien hace qué, cuándo y cómo).

c) Cada medida debe contar con el establecimiento de indicadores para evaluar su desarrollo, previendo los mecanismos necesarios para asegurar su efectiva aplicación.

d) Fijar objetivos operativos que deben de ser objetivos prácticos realizables durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, con el fin de corregir o atenuar el efecto de los factores condicionantes que inciden sobre el estado de conservación del Elemento Clave mediante los recursos existentes ya sean económicos, tecnológicos, humanos o científicos, y dirigidos, en cualquier caso, a la consecución de los objetivos finales marcados para cada elemento clave.

d) En cuanto a los hábitats y especies ligadas al agua, es imprescindible la definición de los caudales mínimos y máximos, regímenes estacionales y caudal generador necesario (o rangos) para que las especies acuáticas y hábitats ligados al agua alcance su objetivo de conservación, cuya determinación corresponde a la Dirección General de la Junta de Extremadura con competencias en materia de Áreas Protegidas, independientemente de las competencias que correspondan al Estado para la adopción de las medidas necesarias que los garanticen en respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca.

En conclusión, en ninguno de los Planes de Gestión se tienen en cuenta la determinaciones precisas para entender que un hábitats y una especie tienen un estado de conservación favorable, que se encuentran ínsitas en las definiciones que a este respecto contiene la Ley 42/2007, a cuyo tenor: “15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.

16. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo”.

Lo expuesto determina que aceptemos la nulidad de pleno derecho de los artículos del Decreto que aprueban los Planes de Gestión, tanto de los ZEC como de las ZEPAS. Y, en consecuencia, su ANEXO IV”.

Comentario del Autor:

Ya hemos advertido de la importancia de la Red Natura 2000 en no pocas ocasiones, señalando su incidencia cuantitativa en España (alcanza casi el 30% del territorio español). Del mismo modo se ha señalado que a día de hoy deberían estar aprobados todos los planes de gestión de la Red Natura, detectándose carencias al respecto, ya que con datos de 2017, aproximadamente el 40% de la superficie de Red Natura 2000 no cuenta con planes de gestión aprobados.

Pero es que además, entidades ecologistas como la recurrente, han llamado la atención al respecto de que muchos de los planes de gestión ya aprobados no estarían cumpliendo con la misión que la Directiva de Hábitats encomienda a estos instrumentos, destacando su escasa calidad técnica. Es lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde la sentencia anula determinados preceptos del Decreto regulador de la Red en Extremadura y, por encima de todo, anula casi todos (quedan vigentes los 7 planes aprobados en 2009 y 2012, de conformidad con la disposición adicional tercera del Decreto) los planes de gestión de la Red Natura 2000 en esta Comunidad Autónoma. En total 75 planes. Casi nada."

Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental

Más coches menos contaminantes en las carreteras de la UE en 2030

El Parlamento Europeo quiere una reducción del 40% de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para 2030 y un aumento de la cuota de mercado de los coches más limpios.

La propuesta de ley aprobada el pasado Miércoles, 3 de octubre por la Cámara, plantea un recorte de las emisiones de los turismos nuevos del 40% para 2030 (frente al 30% que proponía la Comisión, en relación al nivel de 2021), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. El texto fija además cifras similares para los vehículos comerciales ligeros.

 

Los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la UE invertirá en formar a los trabajadores del sector afectados por los cambios ligados a la transición ecológica.

Asimismo, las compañías estarán obligadas a garantizar que los vehículos menos contaminantes -los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50g de CO2 por kilómetro- suponen un 35% de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 20% en 2025).

Medición de las emisiones reales de CO2 en 2023

Los eurodiputados instan a la Comisión Europea a proponer, en un plazo de dos años, un mecanismo para medición de las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción, mediante un dispositivo portátil, similar al introducido recientemente para controlar la cantidad de óxido de nitrógeno (NOx).

Hasta entonces, las emisiones de CO2 deberán estimarse a partir de los datos de consumo de combustible de los vehículos.

El impacto social de la descarbonización

Los eurodiputados alertan de las posibles consecuencias sociales negativas de la reconversión ecológica en el sector de la automoción y abogan por promover, sobre todo en las regiones más perjudicadas, la formación y recolocación de los trabajadores afectados. También piden apoyo para la fabricación dentro de la UE de baterías eléctricas.

Etiquetado e información al consumidor

La Comisión Europea debe proponer, antes de que termine el 2019, una legislación que permita a los consumidores conocer claramente las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 y otros gases contaminantes de los vehículos nuevos.

Desde 2025, los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha en base a una metodología común.

Próximos pasos

El informe fue apoyado por 389 eurodiputados, 239 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Los ministros de los Estados miembros tienen previsto adoptar una posición común respecto a este asunto el próximo 9 de octubre. Las negociaciones con el PE para llegar a un acuerdo en primera lectura comenzarán un día después.

Contexto

El transporte es el único gran sector en la UE cuyas emisiones de efecto invernadero siguen creciendo, subrayan los eurodiputados. Para cumplir los compromisos asumidos por la UE en el marco del acuerdo de Paris en 2015 y avanzar hacia un nivel de emisiones cero a mitad de siglo, el sector debe acelerar su reconversión.

En paralelo, el mercado de los automóviles se está transformando a gran velocidad, sobre todo con innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos. Si los fabricantes europeos inician tarde el proceso de transición, corren el riesgo de perder su posición de liderazgo, señala el Parlamento.

Fuente: Parlamento Europeo

Según los auditores de la UE, debe reforzarse la supervisión ejercida por la Comisión Europea de la aplicación del Derecho de la UE.

 

 

Según un nuevo análisis panorámico del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea puede reforzar aún más su control del modo en que los Estados miembros aplican el Derecho de la UE.

 

 

 

El análisis se centra en las actividades de supervisión de la Comisión e identifica los desafíos y oportunidades que se presentan. Asimismo, señala la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y auditoría en la aplicación del Derecho de la UE.

En virtud del Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene la obligación de supervisar la aplicación del Derecho de la UE por los Estados miembros. Esta función es esencial para garantizar los resultados y la rendición de cuentas generales de la UE. Las actividades de supervisión de la Comisión se centran en gestionar el riesgo de que los Estados miembros cometan posibles infracciones del Derecho de la UE que puedan dar lugar a procedimientos formales de infracción. El análisis de los auditores abarcó distintos ámbitos políticos en que los Estados miembros deben aplicar el Derecho de la UE en su jurisdicción y las actividades de supervisión de las direcciones generales de la Comisión responsables de dichos ámbitos.

Un análisis panorámico no es una auditoría. Presenta descripciones y exámenes basados en la información publicada y en información que los participantes en el análisis acuerdan hacer pública. En palabras de Leo Brincat, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis, «la Comisión se encuentra ante un panorama jurídico complejo, tanto en la UE como en los Estados miembros, que hace difícil la supervisión de la aplicación del Derecho de la UE. Nuestro análisis destaca una serie de oportunidades para reforzar la función supervisora de la Comisión basándose en mayor medida en elementos clave y puntos fuertes de su enfoque actual.» Varios factores inciden en el riesgo de que se cometan infracciones y plantean desafíos a la supervisión de la aplicación del Derecho de la UE, como el volumen del corpus jurídico que se ha de supervisar y la complejidad de numerosos instrumentos jurídicos, la relativa disponibilidad de los fondos de la UE y la existencia de alternativas al procedimiento de infracción en distintos ámbitos políticos, así como las disposiciones legislativas y de supervisión en los Estados miembros.

Los auditores señalan una serie de maneras en las que la Comisión ha respondido hasta ahora: Ha establecido prioridades para el control del cumplimiento y bases de referencia para manejar las denuncias de los ciudadanos y las presuntas infracciones. Ha organizado su supervisión por ámbitos políticos y la ha integrado en su programa de mejora de la legislación, el sistema de concepción de políticas y leyes de manera que logren sus principales objetivos, permitiendo opciones públicas basadas en datos concretos. Además, verifica sistemáticamente el modo en que la legislación de la UE se ha incorporado a la legislación nacional, analiza las denuncias de los ciudadanos y lleva a cabo investigaciones para detectar presuntos casos de incumplimiento y ha reforzado el intercambio de información con los Estados miembros para fomentar la conformidad. Asimismo, se comunica directamente con las partes interesadas e informa públicamente de sus actividades de supervisión.

El análisis también proporciona ejemplos del trabajo de las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros con respecto al cumplimiento a nivel nacional y señala los ámbitos en los que el Tribunal de Cuentas Europeo puede realizar trabajos sobre los dispositivos de supervisión a nivel europeo.

Los auditores presentan una serie de consideraciones sobre el modo en que la Comisión Europea podría afrontar los retos y aprovechar las oportunidades de mejora señaladas en su análisis. Invitan a la Comisión a plantearse el refuerzo de su función supervisora:

• aplicando el enfoque de mejora de la legislación a su política de control del cumplimiento y llevando a cabo un balance de sus actividades de supervisión:

• utilizando el presupuesto de la UE de manera más coordinada para garantizar la aplicación del Derecho de la UE por los Estados miembros;

• instando a direcciones generales de distintos ámbitos políticos a compartir sus conocimientos y experiencia sobre los Estados miembros;

• fomentando el cumplimiento de un modo más orientado a las necesidades de los distintos Estados miembros y más coherente entre los distintos ámbitos políticos;

• desarrollando prioridades en el control del cumplimiento y bases de referencia que se integren en un marco general de supervisión del cumplimiento;

• facilitando más información agregada y análisis a las partes interesadas

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo

El Gobierno crea la Comisión Interministerial de Cambio Climático y Transición Ecológica


El Boletín  Oficial del Estado publica con fecha 28 de Julio de 2018 el Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética. 

 Mediante este real decreto se actualiza la existente Comisión Interministerial de Cambio Climático con el fin de dotarla de una mayor proyección, que se justifica por la relevancia económica, ambiental y social de esta materia.

 

 

A la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, le corresponden las funciones de seguimiento y propuestas que sirvan de base a la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y la energía, con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia.

La Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y actuará como vicepresidenta la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Estará integrada por vocales de cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las funciones de la Comisión está el impulso y la coordinación de las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa. Asimismo, deberá informar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las propuestas que puedan tener repercusiones económicas relevantes.

Cuando la Comisión Interministerial considere que resulta conveniente para el cumplimiento de sus funciones, podrá invitarse a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil. Igualmente, podrá invitarse a representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en función de los temas a tratar.

 

El Congreso aprueba la reforma de la Ley que permite excepciones en la gestión de algunas invasoras

El Congreso aprueba de forma definitiva la reforma de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad e "indultar" a algunas especies invasoras que tienen un importante interés económico para el sector cinegético o piscícola.

Especies invasoras

Así, con el nuevo texto, algunas especies, como el lucio, la carpa, la trucha arco iris, el cangrejo rojo o la cabra arruí, todas ellas catalogadas como “invasoras”, podrán beneficiarse de algunas excepciones debido al interés que tienen desde el punto de vista cinegético o piscícola.

Han votado a favor del texto los diputados del PP, Ciudadanos, el PDCat, el PNV y Foro Asturias, cuyos portavoces han coincidido al destacar los beneficios económicos, sociales y culturales de muchas de las especies consideradas “exóticas” en muchas zonas rurales desde hace décadas y el elevado número de empleos y rentas ligados a ellas.

Ley de Biodiversidad

Contra la reforma de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad han votado PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromis, que han denunciado ante el pleno que se primen los intereses económicos de algunos sectores privados en detrimento del patrimonio natural, y han recordado que la invasión de especies exóticas es la segunda causa de la destrucción de la biodiversidad en el mundo.

El anterior Gobierno impulsó esta reforma con la intención de hacer compatible la protección del medio ambiente y la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola.

Para ello, el anterior Ejecutivo planteó -y así queda contemplado en el texto reformado- compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con el aprovechamiento de algunas para la caza y la pesca en zonas que, al estar ocupadas por esas especies desde hace muchos años, su presencia no suponga un problema ambiental.

invasoras

 

 

Ejemplares de cangrejo rojo americano, una de las especies invasoras. EFE/Jose Manuel Vidal

A favor de esta reforma, la diputada Teresa de Lara (PP) ha advertido de los efectos negativos que en muchas zonas rurales tendría restringir la caza o pesca de algunas especies y la nula incidencia ambiental de éstas, y ha defendido que la sostenibilidad sobre la que tiene que sustentar el desarrollo tiene que atender criterios ambientales, pero también económicos y sociales.

El diputado Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) ha señalado que la reforma palía la descoordinación entre administraciones y la inseguridad jurídica que a su juicio existía en el sector cinegético, y ha incidido en la importante repercusión social, económica y laboral que algunas de esas especies tienen en el entorno rural.

Antoni Postius (PDCat) ha señalado que la reforma respeta las competencias de las comunidades autónomas para regular esta materia; Joseba Agirretxea (PNV) se ha mostrado convencido de que la reforma “mejora la ley original”; e Isidro Martínez (Foro Asturias) ha opinado que el nuevo texto da más seguridad jurídica a cazadores y pescadores y evita “la ruina” de muchos pueblos españoles.

El portavoz socialista Gonzalo Palacín ha asegurado que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2007) ya preveía mecanismos de gestión para determinadas especies invasoras y ha criticado que la reforma promovida por el anterior Gobierno “abre la puerta” a la entrada de especies invasoras con el consiguiente riesgo para las especies autóctonas y para los ecosistemas.

Juan López de Uralde (Unidos Podemos) ha asegurado que éste es el culmen de la “contra-reforma” medioambiental del PP y ha criticado que se primen intereses económicos y privados “a corto plazo” frente a la protección del patrimonio natural.

En el mismo sentido, Francesc Eritja ha observado que ésta era “la última gran ley medioambiental que faltaba por desmantelar”, y ha denunciado que se introduzcan cambios en el texto legislativo para satisfacer a cazadores y pescadores.

Enric Bataller (Compromis) ha recordado que la ley de 2007 fue “un hito” en la protección y conservación de la biodiversidad y ahora ha quedado “desnaturalizada” y no será útil para proteger el medio natural.

Ecologistas

Las cinco principales organizaciones ecologistas pedirán al Gobierno que recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma “irresponsable” de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que hoy ha recibido el visto bueno definitivo en el Congreso de los Diputados.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España consideran que la modificación de la norma, que supone el “indulto” a algunas especies exóticas por su interés para la caza y la pesca, “supone un gravísimo retroceso”, al generar un marco normativo “confuso y nada garantista” para la conservación de la naturaleza.

En su opinión, la reforma propuesta por el Grupo Popular cuando aún estaba en el Gobierno “ha tenido como principal objetivo legalizar la liberación de especies exóticas invasoras con fines cinegéticos pese al gravísimo impacto ambiental, social y económico que generan”.

En un comunicado, las cinco grandes ONG ambientalistas aseguran que la modificación de la norma “marca un hito en la desprotección de la biodiversidad en España” e incumple la sentencia del Supremo que dictaminó en 2016 que las especies excluidas del catálogo de invasoras debían volver a la lista con la consiguiente prohibición de su comercialización o suelta en el medio natural.

Los ecologistas añaden que la reforma aprobada hoy incumple los acuerdos internacionales de la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Estrategia Europea de Biodiversidad -que establecen la necesidad de frenar la introducción de especies invasoras- y la propia Constitución Española.

Consideran que PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT -grupos que han respaldado la reforma- “han dado la espalda” al amplio consenso científico en contra de esta modificación y han primado los intereses de un sector frente al interés general y la protección de la naturaleza.

Las organizaciones entienden las implicaciones que la inclusión en la lista de invasoras de especies como el lucio, la carpa, la trucha arco iris, el cangrejo rojo o la cabra arruí tiene para algunas actividades económicas, pero recuerdan que su eliminación “no es inmediata” y se puede planificar para minimizar los impactos.

Las cinco organizaciones han anunciado que plantearán una cuestión de inconstitucionalidad en el incidente de ejecución de la Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo y que reclamarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los partidos que se han posicionado en contra de la reforma de la Ley y que presenten recursos de inconstitucionalidad. EFEverde

 

Europa en movimiento: la Comisión europea completa su programa de movilidad segura, limpia y conectada

La Comisión Juncker emprende la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo de transportes.

En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2017, el presidente Juncker estableció el objetivo para la UE y sus industrias de convertirse en un líder mundial en el ámbito de la innovación, la digitalización y la descarbonización. Sobre la base de las anteriores ediciones de «Europa en movimiento» de mayo y noviembre de 2017, la Comisión Juncker propone hoy una serie de medidas corrrespondientes a la tercera y última fase a fin de que esto se convierta en una realidad en el ámbito de la movilidad. El objetivo es permitir que todos los europeos se beneficien de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se respalda la competitividad de la industria de la UE. A estos efectos, las iniciativas de hoy incluyen una política integrada para el futuro de la seguridad vial, con medidas de seguridad para los vehículos y las infraestructuras; las primeras normas de emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados; un plan estratégico de acción para el desarrollo y la fabricación de baterías en Europa y una estrategia prospectiva sobre la movilidad conectada y automatizada. Con esta tercera edición de «Europa en movimiento», la Comisión está a punto de ultimar su ambicioso programa de modernización de la movilidad.

Maroš Šefčovič, vicepresidente y responsable de la Unión de la Energía, ha señalado:«La movilidad está cruzando una nueva frontera tecnológica. Mediante este conjunto definitivo de propuestas en el marco de la Unión de la Energía, ayudaremos a nuestra industria a mantenerse en la cresta de la ola. Mediante la producción a escala de soluciones técnicas, incluidas las baterías sostenibles, y desarrollando las infraestructuras clave, nos aproximaremos también a la consecución del triple cero: emisiones, congestión y accidentes».

Miguel Arias Cañete, comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, ha añadido: «Todos los sectores deben contribuir a la consecución de nuestros compromisos climáticos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Por eso, por primera vez en la historia, proponemos normas de la UE para incrementar la eficiencia del consumo de combustible y reducir las emisiones de los vehículos pesados nuevos. Estas normas representan una oportunidad para que la industria europea consolide su actual liderazgo en tecnologías innovadoras».

Violeta Bulc, comisaria responsable de Transportes, ha dicho: «El año pasado, la Comisión introdujo iniciativas para abordar los retos del presente y allanar el camino para la movilidad del futuro. Las medidas que se presentan hoy constituyen un definitivo e importante impulso para que los europeos puedan beneficiarse de un transporte seguro, limpio e inteligente. Invito a los Estados miembros y al Parlamento a que estén a la altura de estas ambiciones.

Elżbieta Bieńkowska, comisaria responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha afirmado: «El 90 % de los accidentes de carretera se deben a un error humano.Las nuevas medidas de seguridad obligatorias que proponemos hoy reducirán el número de accidentes y allanarán el camino hacia un futuro sin conductores, con una conducción conectada y automatizada».

Con las iniciativas de hoy, la Comisión pretende garantizar una transición fluida a un sistema de movilidad seguro, limpio, conectado y automatizado. Con estas medidas, la Comisión está configurando asimismo un entorno en el que las empresas de la UE puedan fabricar los productos mejores, más limpios y más competitivos.

Movilidad segura

Aunque la mortalidad en carretera ha descendido en más de la mitad desde 2001,en 2017 todavía 25 300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE y otras 135 000 resultaron gravemente heridas. Por ello, la Comisión está tomando medidas con un fuerte valor añadido para contribuir a la seguridad de las carreteras y a una Europa que protege a sus ciudadanos. La Comisión propone que los nuevos modelos de vehículos estén equipados con funciones de seguridad avanzadas, como unos sistemas avanzados de frenado de emergencia y asistencia al mantenimiento en el carril para los coches o detección de peatones y ciclistas para los camiones (véase aquí la lista completa). Además, la Comisión está ayudando a los Estados miembros a identificar sistemáticamente los tramos de carretera peligrosos y a orientar mejor las inversiones. Estas dos medidas podrían salvar hasta 10 500 vidas y evitar cerca de 60 000 heridos graves entre 2020 y 2030, contribuyendo así al objetivo a largo plazo de la UE de acercarse a cero víctimas mortales y heridos graves de aquí al 2050 («visión cero»).

Movilidad limpia

La Comisión, mediante la introducción de las primeras normas de la historia sobre emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados, completa su programa en pos de un sistema de movilidad con bajas emisiones. En 2025, las emisiones medias de CO2 de los camiones nuevos tendrán que ser un 15 % más bajas que en 2019. Para 2030, se propone un objetivo de reducción indicativo de, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019. Estos objetivos son coherentes con los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París y permitirán a los transportistas (en su mayoría pymes) obtener un ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo de combustible (25 000 euros en cinco años). A fin de permitir nuevas reducciones de las emisiones de CO2, la Comisión está facilitando un diseño más aerodinámico de los camiones y mejorando el etiquetado de los neumáticos. Además, la Comisión presenta un plan de acción integral para las baterías que contribuirá a crear en Europa un «ecosistema» de baterías competitivo y sostenible.

Movilidad conectada y automatizada

Los automóviles y otros vehículos están equipados con un número creciente de sistemas de asistencia a la conducción, y los vehículos totalmente autónomos están justo a la vuelta de la esquina. Hoy, la Comisión propone una estrategia cuyo objetivo es convertir a Europa en el líder mundial de los sistemas de movilidad conectada y automatizada. La estrategia contempla un nuevo nivel de cooperación entre los usuarios de la carretera, que podría aportar enormes beneficios para el sistema de movilidad en su conjunto. El transporte será más seguro, más limpio, más asequible y más accesible para las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida. Además, la Comisión propone crear un entorno plenamente digital para el intercambio de información en el sector del transporte de mercancías. Esto reducirá la carga administrativa y facilitará los flujos de información digital para operaciones logísticas.

Contexto

El tercer paquete de movilidad responde a la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017 y completa el proceso iniciado con la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones de 2016 y los anteriores paquetes de Europa en movimiento de mayo y noviembre de 2017. Todas estas iniciativas forman un solo conjunto coherente de políticas que abordan las múltiples e interrelacionadas facetas de nuestro sistema de movilidad. El paquete de hoy incluye:

  • Una Comunicación en la que se esboza un nuevo marco para la política de seguridad vial en el período 2020-2030. Está acompañada de dos iniciativas legislativas sobre seguridad de los peatones y los vehículos y sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras.
  • Una Comunicación específica sobre Movilidad conectada y automatizada para hacer de Europa un líder mundial de los sistemas de movilidad autónomos y seguros.
  • Iniciativas legislativas sobre normas en materia de CO2 para los camiones, sobre su aerodinámica, sobre el etiquetado de los neumáticos y sobre una metodología común para la comparación del precio del combustible. Estas iniciativas están acompañadas de un Plan de Acción para las baterías.Estas medidas reafirman el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte y se ajustan a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París.
  • Dos iniciativas legislativas que crean un entorno digital para el intercambio de información en el sector del transporte.
  • Una iniciativa legislativa que racionaliza los procedimientos para adoptar proyectos clave de la red transeuropea de transporte (RTE-T).

Fuente: Comisión Europea

El Parlamento Europeo aprueba los nuevos planes nacionales de reducción de emisiones


 

Las emisiones del transporte, la agricultura, los edificios y los residuos deberán reducirse el 30% en 2030, y el CO2 emitido deberá ser compensado por lo absorbido por suelos y bosques

 

 

Las emisiones del transporte, la agricultura, los edificios y los residuos deberán reducirse el 30% en 2030, y el CO2 emitido deberá ser compensado por lo absorbido por suelos y bosques, según lo establecen dos proyectos legislativos que el pleno del PE aprobó el martes.

Las cifras para el conjunto de la UE se traducirán en objetivos vinculantes a nivel nacional para los sectores no cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión: la agricultura, el transporte, la construcción y los residuos. Estos sectores son responsables de alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión.

España deberá rebajar sus emisiones de los citados sectores el 26%. Los objetivos nacionales oscilan entre el mantenimiento exigido a Bulgaria y la reducción del 40% que deben lograr Suecia y Luxemburgo.

La UE podrá así seguir avanzando hacia su compromiso, en el marco del acuerdo de París sobre cambio climático, de reducir en un 40% las emisiones contaminantes totales, respecto a los niveles de 1990.

La silvicultura como herramienta para contrarrestar el cambio climático

La Cámara también dio su visto bueno a una nueva ley centrada en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero procedentes de la gestión de suelos y bosques y aumentar el volumen de CO2 absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.

En la actualidad, los bosques de la UE absorben anualmente el equivalente a casi el 10% del total de las emisiones contaminantes de la Unión.

Los estados miembros tendrán que garantizar que la deforestación se verá compensada con la plantación de árboles. Además, el texto incluye medidas para desarrollar el sector e impulsar la absorción de emisiones por parte de bosques, tierras de cultivo y pastizales.

Los eurodiputados reforzaron la norma estableciendo que a partir de 2030 la capacidad de absorción de emisiones deberá superar el volumen de CO2 emitido a la atmósfera, en línea con los objetivos a largo plazo de París.

Próximos pasos

La legislación sobre esfuerzo compartido fue aprobada con 343 votos a favor, 172 en contra y 170 abstentions, mientras que el texto sobre uso del suelo salió adelante con 574 frente a 79 y 32 abstenciones.

Ambos textos necesitan la aprobación formal del Consejo antes de entrar en vigor.

Fuente: Retema

Alimentos ecológicos: nuevas normas para garantizar calidad y apoyar al sector

El Parlamento aprobó el jueves, 19 de Abril,  nuevas reglas sobre alimentación ecológica para apoyar a los productores y ofrecer a los consumidores productos de alta calidad.

El pleno respaldó la nueva ley sobre producción ecológica y etiquetado, cuyo contenido fue acordado en junio del año pasado por negociadores del Parlamento y el Consejo,con 466 votos a favor, 124 en contra y 50 abstenciones.

 

 

Los principales elementos de la legislación son:

Asegurar alimentos ecológicos de calidad

  • Controles estrictos a lo largo de toda la cadena de suministro. A iniciativa del PE, se efectuarán controles in situ y para todos los operadores, al menos una vez al año o una vez cada dos años si no se ha detectado ningún fraude en los últimos tres años.
  • Las importaciones tendrán que respetar los estándares comunitarios. Las actuales reglas de “equivalencia”, que obligan a los países de fuera de la UE a respetar reglas similares pero no idénticas dejarán de aplicarse en un plazo de cinco años.

Impulsar la producción dentro de la UE

  • Aumento de la oferta de semillas y animales ecológicos para responder a la demanda de los productores. Las excepciones que permiten el uso de semillas y animales convencionales en la producción ecológica expirarán en 2035.
  • Explotaciones mixtas, para fomentar la reconversión: se permitirán las explotaciones que produzcan tanto alimentos convencionales como ecológicos, siempre que las dos actividades estén separadas de manera clara y efectiva.
  • Certificación más fácil para los pequeños agricultores: certificación en grupo para ahorrar tiempo y dinero a los pequeños agricultores que desean pasar a la producción ecológica.

Evitar la contaminación con pesticidas químicos o fertilizantes sintéticos

  • Medidas preventivas: medidas obligatorias para agricultores y otros operadores para evitar la contaminación. En caso de sospecha de presencia de un plaguicida o fertilizante no autorizado, el producto final no podrá etiquetarse como ecológico hasta que la contaminación no sea investigada; si la contaminación fue deliberada o el operador no aplicó las medidas preventivas, el producto perderá su estatus ecológico.
  • Los países que ya establecen umbrales máximos para las sustancias no autorizadas en los alimentos ecológicos, como los plaguicidas, podrán seguir haciéndolo pero deberán abrir su mercado a los productos de otros países de la UE que cumplan las normas comunitarias.

Cuatro años tras la entrada en vigor del reglamento, la Comisión evaluará sobre la efectividad de las normas para evitar la contaminación y sobre el efecto de los umbrales nacionales y propondrá, si lo ve necesario, legislación para armonizarlos.

Próximos pasos

El texto debe todavía ser adoptado formalmente por los ministros de la UE. La legislación se aplicará a partir de enero de 2021.

 Fuente: Parlamento Europeo

Economía circular: más reciclaje y menos vertederos

El Parlamento Europeo respalda impulsar el reciclaje y limitar el uso de vertederos, con su visto bueno a varias iniciativas sobre economía circular y gestión de desechos.

  • El 55% de los residuos municipales deberá reciclarse en 2025 y el 65% en 2035, desde el 44% actual
  • Un máximo del 10% de la basura podrá acabar en vertederos
  • Recogida selectiva de textiles y residuos peligrosos

La mejora de la gestión de residuos puede aportar beneficios para el medio ambiente, el clima y la salud humana, pero no sólo. Las cuatro propuestas legislativas aprobadas por la Cámara buscan que la UE avance hacia una economía circular, en la que los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible.

Con ese objetivo, para 2025, al menos el 55% de los residuos municipales (procedentes de hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65% en 2035. El 65% de los materiales de embalaje deberán reciclarse antes de 2025, y el 70% antes de 2030. Se establecen objetivos separados para materiales de embalaje específicos, como papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y madera.

España está todavía lejos de esos objetivos. Con 443 kilos de residuos por persona y año, sólo el 29,7% es reciclado. El grueso de los desechos (56,7%) acaba en vertederos, mientras que el 13,6% se incinera (datos de Eurostat, correspondientes a 2016).

Los vertederos se convertirán en la excepción

El proyecto de ley también limita la proporción de residuos municipales que pueden llevarse a los vertederos a un máximo del 10% para 2035. España está en el grupo de países donde más de la mitad de los desechos tiene como destino los vertederos, aunque lejos de Malta (92%), Grecia (82%), Chipre (81%), Rumanía (80%) y Croacia (78,4%). En el otro extremo, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca y Alemania prácticamente no usan vertederos para estos residuos.

Los textiles y los residuos peligrosos de los hogares deberán recogerse de forma selectiva antes de 2025. Para el año 2024, los desechos biodegradables también tendrán que ser recogidos por separado o reciclarse en casa mediante compostaje.

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos

En línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los estados miembros deberán aspirar a reducir el desperdicio de alimentos un 30% para 2025 y a la mitad en 2030. Para reducir la cantidad de comida que acaba en la basura, los países tendrán que ofrecer incentivos para la recogida de alimentos no vendidos y para su redistribución en condiciones seguras.

Los eurodiputados subrayan la necesidad de que los consumidores sean más conscientes del significado de las fechas “de caducidad” y “consumo preferente” incluidas en las etiquetas.

Declaración de los ponentes

“Con esta legislación, Europa demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible, mediante la integración de las políticas industriales y la protección medioambiental”, dijo Simona Bonafé (S&D, Italia), responsable de la tramitación parlamentaria del grueso del paquete legislativo.

“La economía circular no se centra únicamente en la gestión de residuos, también es una manera de recuperar materiales y no poner aún más presión en los ya escasos recursos del planeta”, agregó Bonafé.

Francesc Gambús (PPE, España), ponente de otro texto sobre las reglas procedimentales en la notificación de información medioambiental, señaló que su informe “es una pequeña contribución a desbrozar el camino hacia la economía circular de forma que podamos hacer esta transición hacia una nueva economía más ágil y más fácil para nuestra ciudadanía, nuestra economía y nuestro proyecto común". 

Próximos pasos

Las normas serán ahora remitidas al Consejo para su aprobación formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Contexto: ¿qué es la economía circular? 

El objetivo de la economía circular es reducir al mínimo los residuos, apostando por la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y productos existentes. Avanzar hacia una economía más circular reducirá la presión sobre el medio ambiente, aumentará la seguridad del suministro de materias primas, impulsará la competitividad, la innovación y el crecimiento, y creará puestos de trabajo.

Fuente: Parlamento Europeo

La Comisión Europea emprende nuevas medidas para proteger mejor a los trabajadores contra las sustancias químicas cancerígenas

 

La Comisión propone limitar la exposición de los trabajadores a cinco sustancias químicas cancerígenas, además de las veintiuna sustancias que ya han sido objeto de limitaciones o de propuestas en ese sentido. Las estimaciones muestran que la propuesta de la Comisión mejoraría las condiciones de trabajo de más de un millón de trabajadores de la UE y evitaría más de veintidós mil casos de enfermedades relacionadas con el trabajo.

 

 

Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha declarado lo siguiente: «La Comisión ha dado otro paso importante en la lucha contra los cánceres profesionales y otros importantes problemas de salud en el lugar de trabajo. Proponemos limitar la exposición de los trabajadores a otras cinco sustancias químicas cancerígenas. De este modo se mejorará la protección de más de un millón de trabajadores en Europa y se ayudará a crear un lugar de trabajo más saludable y seguro, principio central del pilar europeo de derechos sociales.»

La Comisión propone la introducción en la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos de nuevos valores límite de exposición para cinco sustancias químicas. Estos valores establecen una concentración máxima de cada sustancia química cancerígena en el aire del lugar de trabajo. Se han seleccionado los siguientes cinco carcinógenos, que tienen gran relevancia para la protección de los trabajadores:

  • cadmio y sus compuestos inorgánicos;

  • berilio y sus compuestos inorgánicos;

  • ácido arsénico y sus sales, así como los compuestos inorgánicos de arsénico;

  • formaldehído;

  • 4,4'-metilenbis(2-cloranilina) (MOCA).

Los tres primeros carcinógenos mencionados se utilizan mucho en sectores como los de la producción y el refinado de cadmio, la fabricación de baterías de níquel-cadmio, la galvanoplastia mecánica, la fundición de cinc y cobre, las fundiciones, el vidrio, los laboratorios, la electrónica, las sustancias químicas, la construcción, la sanidad, los plásticos y el reciclaje.

La puesta en marcha de medidas eficaces para prevenir exposiciones elevadas a las cinco sustancias y grupos de sustancias en cuestión tendrá una incidencia positiva, que rebasará ampliamente la propia prevención del cáncer. La introducción de estos valores límite de exposición no solo se traduciría en un menor número de casos de cánceres profesionales, sino que también limitaría otros importantes problemas de salud causados por sustancias carcinógenas y mutágenas. Por ejemplo, la exposición al berilio, además de cáncer de pulmón, produce beriliosis, una enfermedad crónica incurable.

Los valores límite europeos promueven también la coherencia, al contribuir a la creación de unas condiciones equitativas para todas las empresas y un objetivo claro y común para los empleadores, los trabajadores y las autoridades. Por ello, la propuesta generará un sistema más eficiente de protección de la salud de los trabajadores y mejorará la equidad en el mercado único.

La propuesta se basa en datos científicos y se formula tras amplios debates con las partes interesadas pertinentes, en particular empleadores, trabajadores y representantes de los Estados miembros.

 

Antecedentes

La Comisión se ha comprometido a seguir reforzando el derecho de los trabajadores a un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo. El pilar europeo de derechos sociales, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, reconoce que el derecho de los trabajadores a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado es esencial para lograr una convergencia al alza en pos de unas mejores condiciones de vida y de trabajo en la UE. La protección de la salud de los trabajadores mediante la reducción continua de su exposición a sustancias carcinógenas y mutágenas en el lugar de trabajo constituye una medida concreta emprendida por la Comisión Juncker para cumplir con esta prioridad.

Los datos muestran que el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral. Cada año, se atribuye al cáncer el 52 % de las muertes laborales, frente al 24 % debido a enfermedades cardiovasculares y el 2 % como resultado de lesiones. La exposición a determinados agentes químicos en el lugar de trabajo puede provocar cáncer. Si bien el cáncer es una enfermedad compleja y algunos de sus factores causales son difíciles de determinar, está claro que los cánceres producidos por la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo pueden prevenirse reduciendo o eliminando dicha exposición.

Para proteger a los trabajadores frente a tales riesgos, la UE adoptó en 2004 la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos (2004/37/CE). Esta Directiva indica las medidas que deben adoptarse para eliminar o limitar la exposición a agentes químicos carcinógenos y mutágenos, contribuyendo así a evitar cánceres profesionales y las enfermedades relacionadas.

Los conocimientos científicos sobre las sustancias químicas carcinógenas o mutágenas evolucionan constantemente y el progreso tecnológico posibilita introducir mejoras en la protección de los trabajadores. A fin de garantizar que los mecanismos de protección de los trabajadores establecidos en la Directiva sean lo más eficaces posible y que las medidas preventivas puestas en práctica en todos los Estados miembros estén actualizadas, la Directiva debe revisarse con regularidad. Por esta razón, la Comisión ha apoyado un proceso continuo de actualización para que la Directiva se mantenga al día de los nuevos avances científicos y técnicos, teniendo en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales y de los Estados miembros.

Con anterioridad, dos enmiendas legislativas de la Directiva propuestas por la Comisión, en mayo de 2016 y en enero de 2017, señalaron valores límite para veintiún carcinógenos en total. A finales de 2017, los colegisladores adoptaron la Directiva (UE) 2017/2398, que refleja la primera enmienda. Los legisladores debaten actualmente la segunda propuesta de enmienda legislativa. En la UE, unos veintiún millones de trabajadores están expuestos al menos a uno de los agentes químicos incluidos en las tres enmiendas legislativas propuestas.

Fuente: European Commission

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