La Unión Europea pone en marcha un Plan de Acción para garantizar el cumplimiento de la normativa mendioambiental

La Unión Europea ha establecido normas para aportarnos a todos beneficios ambientales, como son un agua clara, un aire respirable y una naturaleza saludable. Las empresas y otras partes interesadas deben cumplir estas normas, de lo contrario la sociedad experimentará un incremento de los costes sanitarios, una pérdidas de los ingresos públicos y una competencia desleal entre empresas. La Comisión Europea ha adoptado un plan de acción de nueve puntos con el fin de ayudar a las autoridades públicas a promover, supervisar y hacer cumplir las normas.

 

 

Promover significa ayudar a las empresas y otras partes intersadas a hacer lo correcto

Supervisar significa utilizar las inspecciones y otros controles para recopilar información sobre los niveles de cumplimiento y aportar prueblas sólidas sobre la aplicación de las normas.

Hacer cumplir significa detener a quienes no respetan las normas, sancionándoles y obligándoles a rectificar los daños.

Este cometido de las autoridades públicas  se denomina "garantía del cumplimiento medioambiental"

 

Las acciones de este Plan de Acción tienen por objeto:

1. Ayudar a los inspectores y funcionarios judiciales a aunar fuerzas: los inspectores medioambientales de toda la UE ya trabajan juntos en inspecciones conjuntas de traslados de residuos. La Comisión tratará de reforzar este tipo de esfuerzos comunes.

2. Fomentar la formación profesional: para ser eficaces, los inspectores medioambientales y otros profesionales necesitan conocimientos técnicos y formación. La Comisión apoyará la identificación de las necesidades de formación.

3. Difundir conocimientos: es importante tener acceso a buena información en materia de garantía e cumplimiento medioambiental. La Comisión publicará más inforamación en linea.

4. Ayudar en la lucha contra los delitos de vertidos y delitos contra la flora y la fauna: el delito de vertidos no sólo provoca daños en el campo, sino que menoscaba la economía circular.  Los delitos contra la flora y la fauna amenanzan las especies en peligro de extinción. Se elaborarán documentos de orientación sobre las mejores maneras de combatir estos problemas.

5. Garantizar el mejor cumplimiento en zonas rurales: se elaborarán documentos de orientación para ayudar a garantizar que los agricultores y demás responsables de la gestión de tierras cumplan las normas ambientales en virtud de las leyes sobre protección de la naturaleza y las aguas de la UE, de forma que nuestros ríos y lagos, suministros de agua y hábitats y especies raros estén protegidos en beneficio de todos.

6. Elaborar directrices técnicas para las inspecciones de instalaciones de residuos de la industria extractiva: se elaborarán directrices sobre cómo realizar inspecciones utilizadas para almacenar residuos de minas y otras industrias extractivas, puesto que las negligencias pueden causar catástrofes ambientales.

7. Mejorar la tramitación de denuncias de los ciudadanos: se elaborarán documentos de orientación sobre cómo las autoridades pueden responder mejor a las denuncias de los ciudadanos. Los ciudadanos proporcionan una información valiosa sobre malas prácticas, que puede ayudar a las autoridades a hacer mejor su trabajo.

8. Desarrollar el uso de satélites: a través del programa Copernicus, la Comisión fomentará el uso de imágenes vía satélite y otras fuentes de datos geoespaciales para detectar el vertido ilegar de residuos, los usos ilegales de tierras y otras infracciones.

9. Proporcionar a los Estados Miembros mejor información sobre su progreso: la Comisión proporcionará a los Estados Miembros información a medida relativa a su rendimiento, ayudándoles a identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Cómo, cuándo y con quién

Calendario: las acciones se llevarán a cabo a lo largo del período 2018-2019.

Nuevo foro de alto nivel: Un grupo de expertos de alto nivel servirá de foro para dirigir el plan de acción y asuntos relacionados.  Esto reunirá a las administraciones y los profesionales de los Estados Miembros con responsabilidades en este ámbito.

Colaboración estrecha con las redes europeas de inspectores medioambientales, la policía, los fiscales, los jueces y los auditores: las acciones se sustentarán en el trabajo de las redes europeas de inspectores medioambientales (IMPEL), los agentes de policía especializados en la lucha contra la delincuencia medioambiental (EnviCrimeNet), las Fiscalías de medio ambiente (ENPE), los jueces (EUFJE) y los auditores medioambientales (Eurosai), que participarán estrechamente en la ejecución del plan.

Refuerzo de la cadena de garantía de cumplimiento: la Comisión trabajará para reforz ar la cadena que vincula las funciones de estos distintos profesionales. En 2017, las redes de agentes de policía, inspectores y fiscales, firmaron un memorando de entendimiento que reconoce el valor de los estrechos vínculos entre ellos en la lucha contra los delitos mediombientales.

Fuente: Comisión Europea

 

Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública

Mediante un Real Decreto aprobado por el Gobierno con el objetivo de garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus órganos públicos y las   entidades gestoras de la Seguridad Social.

Esta Comisión, en la que estarán representados cada uno de los departamentos ministeriales, estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La finalidad es conseguir que la contratación pública ecológica sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.

 

La creación de este órgano colegiado, que se adscribe al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y del que formarán parte al menos un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, tiene el objetivo de garantizar la coordinación de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública.

A través de esta decisión del Gobierno se va a dar un impulso definitivo a los aspectos de la contratación pública ecológica en los que la AGE lleva trabajando varios años, incorporando en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación. Asimismo tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización.

Todo ello se enmarca dentro de una estrategia internacional que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible y dentro de la cual destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que es éste uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro del ámbito de la Unión Europea, hay que tener en cuenta su vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que actualmente se está elaborando, y que, entre otras cuestiones, incorpora la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.

En definitiva, la finalidad de esta decisión del Gobierno es conseguir que la contratación pública ecológica (CPE) sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos

Fuente: MAPAMA

Bienvenido 2018: un año repleto de novedades legislativas en materia de medio ambiente

A punto de dar la bienvenida a un nuevo año, queremos recordar las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno de España hace unos días, acerca de las novedades que nos traerá el año 2018 en materia de medio ambiente: 


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo dará en 2018 un "gran impulso" al medio ambiente, a través de un conjunto de normativa que contribuirá a frenar el cambio climático en el marco de la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018.

En concreto, ha anunciado la Ley de Cambio Climático y transición energética, de la que el Gobierno ya ha señalado con anterioridad que su borrador estará listo en el primer trimestre del año. Según el Ejecutivo, esta norma busca establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía.

Además, ha anunciado la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte.

Según el Gobierno, este anteproyecto de Ley pretende establecer la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrada en el transporte. Así, se incorporaría al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.

Esta directiva introduce un nuevo artículo 7 bis en la citada Directiva 98/70/CE, de 13 de octubre de 1998, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10 por ciento, un 6 por ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010 (94,1 de C02eq/MJ).

Ese objetivo deberá cumplirse con biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.

Asimismo, la Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En tercer lugar, ha dicho que se tramitará una ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se amplía el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.

Por otro lado, en el conjunto del plan normativo anual, el Gobierno contempla también la aprobación de 240 Reales Decretos de los que una docena se refiere al ámbito medioambiental.

El primero de ellos será el Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se creará el registro de productores de productos (REPP), de acuerdo con la Directiva 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por el que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

Además, se prevé la aprobación de un Real Decreto de Reducción de Emisiones Nacionales de Determinados Contaminantes Atmosféricos y la Elaboración del Inventario Nacional de Proyecciones de Emisiones. Esta norma se incluye en cumplimiento de la Directiva 2016/2284/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

En tercer lugar, el plan anual contempla la aprobación del Real Decreto con el que se modificará el anexo I de la Ley 41/2010 de 29 de diciembre que regula la protección del medio marino en cumplimiento de la Directiva 2017/845/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta normativa comunitaria se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.

Por otro lado, otro Real Decreto introducirá mejoras en la composición del Consejo Nacional del Agua para permitir su adecuada adaptación por un lado a la nueva estructura orgánica de la Administración del Estado y por otra a la realidad del sector, ajustando su contenido a las nuevas Leyes 39 y 40/2015.

También durante 2018 se aprobará el Real Decreto de reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y la elaboración del inventario nacional de proyecciones de emisiones. Esta norma acometerá la reducción de las emisiones a la atmósfera de ciertos contaminantes (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, amoniaco y partículas finas) y cumplir con unos niveles de emisión máximos desde 2020 a 2029 y a partir de 2030.

En este "impulso" normativo para el medio ambiente anunciado por la vicepresidenta se incluye también diferentes Reales Decretos que regulan la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario; se modificará el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; o cambios en el Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y que permitirá transponer la futura directiva que revisa la Directiva 1999/31/CE sobre depósito de residuos en vertederos.

Al mismo tiempo, el Gobierno aprobará el próximo año un Real Decreto por el que se establece la imagen corporativa e identidad gráfica de la Red de Parques Nacionales y otro que regulará la licencia de uso de la marca 'Parques Nacionales de España', que permitirá ser un identificador común de calidad para las producciones de estos espacios.

También relacionado con los Parques Nacionales, el Gobierno pretende autorizar un Real Decreto que modifica el anterior sobre las subvenciones con cargo a los presupuestos generales del Estado en las áreas de influencia socieoconómica de estos enclaves protegidos.

Otros proyectos normativos actualizarán las medidas de conservación del área marina protegida El Cachucho y de la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental.

Por otro lado, prevé la aprobación del estatuto de los colaboradores meteorológicos del Estado, elreglamento de la Ley de Montes, regulará las directrices para caracterizar el material dragado y su reubicación en el dominio público marítimo terrestre o dará un marco jurídico para la conservación de recursos genéticos forestales.

Finalmente, espera aprobar el Real Decreto por el que se establecerán las normas de funcionamiento del Registro único español de infractores de caza y pesca.

Fuente: www.lamoncloa.gob.es  www.europapress.es

 

Consejo y Parlamento Europeo llegan a acuerdo sobre eficiencia energética en edificios

La presidencia estonia de turno de la Unión Europea (UE) anunció hoy un principio de acuerdo entre el Consejo y Parlamento Europeo sobre la futura regulación de eficiencia energética de edificios.

Se espera que los embajadores de la Unión Europea cierren los últimos flecos tras las negociaciones de las instituciones comunitarias y que el acuerdo pueda formalizarse a principios de 2018.

La directiva promueve la eficiencia y pretende incrementar el ahorro energético en el sector de la construcción, así como poner al día las edificaciones en territorio comunitario para aprovechar las últimas tecnologías, informó el Consejo en un comunicado.

Tanto las capitales como la Eurocámara consideran clave que en los próximos años se renueven los edificios en la UE para ajustarse a la normativa de eficiencia energética con el fin de aportar respeto al medio ambiente a largo plazo.

Entre los objetivos concretos figura reducir el consumo energético de edificios de la UE, que ahora representa el 40 % del total, y así contribuir para el horizonte último de eficiencia energética marcado para 2020 y 2030.

"Aumentar la eficiencia energética es una opción ganadora: es lo más barato y efectivo para reducir el consumo y contribuir a los objetivos climáticos. Considerando cuanta energía se consume en edificios, hacer frente a este asunto es crucial", señaló el ministro de Asuntos Económicos e Infraestructuras estonio, Kadri Simson.

Asimismo, Simon recordó que la futura directiva beneficiará a los consumidores directamente, al reducir notablemente sus facturas energéticas.

Tras este acuerdo, los países deben ahora establecer sus estrategias de renovación de la construcción futura y existente a largo plazo para poner al día sus edificios de cara a 2050.

Antes de esa fecha, en 2025, los edificios en la UE ya tendrán que estar equipados con sistemas de control de consumo y eficacia energética. 

Fuente: Euroefe

La ecologización de la PAC: más burocracia y sin beneficios reales sobre el medio ambiente

En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo,  se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El TCE selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público

 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los pagos destinados a incentivar a los agricultores a «ecologizarse» probablemente no refuercen el comportamiento de la política agrícola común desde el punto de vista medioambiental y climático de manera significativa. Los auditores constataron que los nuevos pagos añadían complejidad al sistema, pero habían dado lugar a un cambio de las prácticas agrícolas solo en un cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

La ecologización es un nuevo tipo de pago directo introducido con la reforma de 2013 de la Política Agrícola Común (PAC), concebido para recompensar a los agricultores por tener un impacto positivo en el medio ambiente que de otro modo no habría sido gratificado por el mercado. Es el único pago directo cuyo principal objetivo declarado es de carácter medioambiental.

Los auditores examinaron si la ecologización podía reforzar los resultados medioambientales y climáticos de la PAC, de conformidad con los objetivos de la UE. Asimismo, se entrevistaron con las autoridades de cinco Estados miembros: Grecia, España (Castilla-León), Francia (Aquitania y Norte-Paso de Calais), los Países Bajos y Polonia. 

En palabras de Samo Jerev, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la ecologización sigue siendo esencialmente un régimen de apoyo a la renta. Tal como se aplica actualmente, es improbable que refuerce el comportamiento medioambiental y climático de la PAC de manera significativa».

Los auditores constataron que la Comisión Europea no había desarrollado una lógica de intervención completa para los pagos de ecologización ni había fijado para este régimen unos objetivos medioambientales claros y suficientemente ambiciosos. Por otra parte, la asignación presupuestaria para la ecologización no está justificada por la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la política. También observaron que era improbable que la ecologización proporcionara beneficios significativos para el medio ambiente y el clima, principalmente debido a que una parte considerable de las prácticas subvencionadas se habría llevado a cabo incluso sin el pago. Los auditores estiman que la ecologización solo ha supuesto cambios en las prácticas agrícolas en alrededor del cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

Por último, constataron que era poco probable que los resultados justificaran la gran complejidad que la ecologización añade a la PAC, debido en parte a solapamientos entre este régimen y otros requisitos medioambientales de la política.

Los auditores recomiendan que, en la próxima reforma de la PAC, la Comisión desarrolle una lógica de intervención completa para la contribución de esta política a los objetivos medioambientales y climáticos.

En sus propuestas para la reforma, la Comisión debería seguir los siguientes principios:

• los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas. Como elemento disuasorio debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento;

• los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes

incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas; 

• cuando los Estados miembros puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían que demostrar que sus opciones son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política

Fuente: Tribunal de Cuentas 

El futuro de la alimentación y de la agricultura — Comunicación sobre la política agrícola común después de 2020

¿Por qué es necesaria una nueva reforma?

La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE). Ha logrado su objetivo inicial de garantizar un suministro de productos alimenticios de buena calidad, seguros y asequibles, apoyando al mismo tiempo a los agricultores europeos. Desde 1962, la PAC ha experimentado numerosas reformas y, gracias a su adaptabilidad, sigue siendo pertinente. El mundo evoluciona con rapidez, al igual que los retos a que se enfrentan no solo los agricultores, sino nuestras sociedades en su conjunto. Cambio climático, volatilidad de los precios, incertidumbres políticas y económicas, creciente importancia del comercio mundial: los agricultores han de aprender a diario cómo operar en un entorno cambiante y corresponde a los legisladores acompañarlos durante este proceso de cambio y ofrecerles claridad y sencillez jurídica a medio y largo plazo.

La política agrícola europea ha convertido a la UE en la superpotencia agroalimentaria que es en la actualidad: la UE, amén de ser el primer exportador mundial de productos agroalimentarios, posee una reputación inigualable por su patrimonio gastronómico y sus productos alimenticios, así como por la pericia de sus productores. Pero la UE no puede dormirse en los laureles: un éxito también puede ocultar numerosas dificultades.

La PAC debe dirigir la transición hacia una agricultura más sostenible. Ha de contribuir a fomentar la capacidad de adaptación del sector en tiempos de crisis y apoyar la renta y la viabilidad de los agricultores. Asimismo, debe incorporar plenamente esas innovaciones digitales que tanto facilitan las tareas cotidianas de los agricultores, reducen las cargas administrativas e incluso podrían impulsar el tan necesario relevo generacional del sector. Por último, la PAC debe reforzar las zonas rurales europeas, que constituyen el núcleo de las tradiciones y del modelo agrícola familiar de Europa.

La Comunicación que hoy se publica ofrece orientaciones para abordar estos objetivos y responder a los retos que están surgiendo con un planteamiento menos preceptivo y una mayor subsidiariedad a escala de los Estados miembros, con el fin de acercar la PAC a los encargados de su aplicación sobre el terreno.

¿Cómo puede iniciarse un debate sobre la política revisada sin conocer el presupuesto ni el próximo marco financiero plurianual (MFP)?

El dinero es un medio para lograr un objetivo. En la Comunicación se estudia la manera de mejorar la rentabilidad de la PAC. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestros objetivos y sobre la futura arquitectura de esta política. De este modo podremos orientar el debate sin prejuzgar la propuesta de la Comisión sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), prevista para mayo de 2018.

¿Por qué no contiene la Comunicación datos más precisos sobre algunas cuestiones?

La Comunicación señala los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, formula orientaciones e indica nuevas vías que deben explorarse. Será preciso dialogar y trabajar más durante los próximos meses para avanzar en las orientaciones que figuran en la Comunicación y precisar los conceptos que en ella se exponen. En consonancia con la Comunicación, que esboza un planteamiento menos preceptivo y propone mayor subsidiariedad, la Comisión tiene la intención de proseguir el debate sobre los aspectos prácticos con una amplia gama de partes interesadas y con los colegisladores.

¿Cuáles son las próximas etapas?

Durante los próximos meses, los debates y el trabajo en torno a los objetivos, la arquitectura y el diseño concretos de la futura política avanzarán en paralelo a los trabajos sobre el próximo MFP. Esta labor consistirá principalmente en una evaluación de impacto, que examinará las distintas opciones sirviéndose de los datos recopilados entre las partes interesadas y los ciudadanos (por ejemplo, la consulta pública realizada en 2017, las aportaciones de REFIT, la conferencia Cork 2.0 y la conferencia «La PAC: ¡expresa tu opinión!») e intensificando la recogida y el tratamiento de la información. Tras la presentación de la propuesta de la Comisión sobre el próximo MFP, prevista para mayo de 2018, se esperan propuestas legislativas sobre la futura PAC antes del verano de 2018.

¿Cómo se simplificará la futura PAC para los agricultores y las administraciones de los Estados miembros?

¿Quién quiere medir sus setos porque así «lo manda Bruselas»? ¿Por qué tendría que cumplir un agricultor italiano los mismos requisitos medioambientales que un agricultor finlandés, si desarrollan su trabajo en condiciones muy distintas?

La futura PAC tendrá objetivos comunes y un conjunto de medidas para alcanzar esos objetivos. De este conjunto común de medidas, los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el grupo de opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE.

Pasar de un planteamiento único a un planteamiento a medida significa que los requisitos de la UE se reducirán al mínimo estrictamente necesario. Las necesidades reales sobre el terreno serán evaluadas e incluidas por los Estados miembros en un plan estratégico de la PAC, aprobado a escala de la UE. Nuestro propósito es establecer un pacto de confianza con nuestras zonas rurales y con nuestros agricultores.

Huelga decir que el refuerzo de los servicios de asesoramiento a los agricultores y la plena aplicación de las solicitudes de ayudas geoespaciales también contribuirán a apoyar en mayor medida la simplificación de las solicitudes de ayuda y la aplicación de medidas de inversión.

¿Cómo se llevará a la práctica este nuevo planteamiento?

La Unión debería fijar parámetros estratégicos básicos, acordes con los objetivos de la PAC, que dieran cumplimiento no solo a las obligaciones que impone el Tratado UE, sino también a los objetivos y metas ya acordados, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, el cambio climático (COP 21) y una serie de objetivos de desarrollo sostenible.

Cada uno de los Estados miembros deberá elaborar un «plan estratégico de la PAC» que abarque las intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar. Dicho plan adaptará las intervenciones de la PAC para incrementar al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE, teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales en relación con esos objetivos y metas. Al mismo tiempo, los Estados miembros también tendrán mayor peso a la hora de elaborar el marco de cumplimiento y control aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Estos planes estratégicos no se elaborarán de forma aislada, sino en el marco de un proceso estructurado. Corresponderá a la Comisión evaluar y aprobar dichos planes. De este modo se incrementará al máximo la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y a la consecución de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. También se potenciará el valor añadido de la UE y se preservará el funcionamiento del mercado interior agrícola.

Los Estados miembros deberán asumir mayores competencias y responsabilizarse en mayor medida de la forma en que cumplen sus metas y logran los objetivos acordados, pero el nuevo planteamiento seguirá garantizando unas condiciones de competencia equitativas, manteniendo el carácter común y los dos pilares de la política.

¿Es este un primer paso hacia la renacionalización de la PAC?

Este valor añadido de la UE nunca ha sido cuestionado y la PAC sigue siendo una de las políticas emblemáticas de la UE. Reconocer la imposibilidad de aplicar un modelo único es muestra de pragmatismo. ¿Cuáles son las realidades locales? ¿Cuáles son las circunstancias concretas de los agricultores? Se trata de reconocer la gran variedad que existe en la UE en lo que concierne a la agricultura, al potencial de producción agronómica, y a las condiciones climáticas, medioambientales y socioeconómicas. Hemos de aceptar nuestra diversidad en lugar de intentar imponer un modelo único.

Las aportaciones recabadas por la consulta pública en línea efectuada en toda la UE de febrero a mayo de 2017 consideraban muy positivo el valor añadido de la gestión de la política agrícola a escala europea, gestión que garantiza unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único. Se impone un planteamiento europeo común para que la agricultura pueda responder con mayor eficacia a retos comunes tales como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En las respuestas a la consulta también se aludía con frecuencia a la necesidad de mantener la cohesión económica, social y territorial en toda la UE, así como a la necesidad de contar con un marco común de intercambio de buenas prácticas.

Los pormenores de la aplicación de las medidas se acordarán a escala nacional o regional, mientras que la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para que alcancemos nuestros objetivos comunes a través de instrumentos comunes, en consonancia con los Tratados de la UE, y se cumplan los compromisos internacionales de la UE en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.

¿Por qué es la PAC importante para el medio ambiente?

La agricultura abarca cerca de la mitad de la superficie terrestre de la UE y en ella mantiene una estrecha relación con el medio ambiente. Por una parte, depende de varios recursos naturales —por ejemplo, el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad— y se ve muy influida por el clima. Por otra parte, la agricultura conforma el entorno en el que actúa, no solo a través de su utilización de los recursos naturales, sino también mediante la creación y conservación de paisajes que expresan la nuestra diversidad europea y que ofrecen hábitats esenciales para la flora y la fauna.

La PAC desempeña un papel fundamental al velar por que la relación de la agricultura con el medio ambiente y el clima sea lo más beneficiosa posible para ambas partes. También presta ayuda en algunos casos a empresas no agrícolas ubicadas en el medio rural que pueden influir en el medio ambiente (por ejemplo, el sector forestal y otros sectores de la bioeconomía).

La futura PAC debe fomentar y apoyar prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático, y ha de situar la sostenibilidad en el centro de sus prioridades y medidas.

¿Cómo ayudará la futura PAC a los agricultores a proteger el medio ambiente?

Una de las ideas de base es que los agricultores que reciban ayudas a la renta de la PAC tendrán que aplicar diversas prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima. Los Estados miembros determinarán los pormenores de esas prácticas de acuerdo con la necesidad de lograr los objetivos a escala de la UE, pero también teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales. El sistema se basará en los puntos fuertes que se observan actualmente en la PAC, si bien se reducirá el número y la complejidad de las normas en la legislación de la UE.

Las medidas respetuosas con el medio ambiente que superen el nivel de base de las buenas prácticas recibirán apoyo a través de regímenes que tendrán carácter voluntario para los agricultores en un nivel relativamente básico, así como de regímenes más complejos. Corresponderá también a los Estados miembros elaborar esos regímenes de modo que puedan cumplirse los objetivos de la UE, expresados en términos nacionales, regionales y locales.

La PAC también insistirá en la necesidad de liberar el potencial de investigación, innovación, formación y asesoramiento para que se preste mayor atención al medio ambiente y al clima, en particular mediante la mejora de la eficiencia de los recursos.

Si se confían compromisos medioambientales a los Estados miembros, ¿cómo puede garantizarse la igualdad de condiciones entre los agricultores? ¿Acabaremos teniendo 28 sistemas diferentes?

La Comunicación de hoy representa un importante cambio en la aplicación de la PAC. Al respetar el principio de subsidiariedad y el objetivo de simplificación, el control por parte de la Comisión de los planes nacionales y regionales garantizará que las opciones elegidas no sean manifiestamente erróneas o inadecuadas para alcanzar los resultados previstos y cumplir los requisitos básicos de la UE. La Comisión evaluará y aprobará los planes estratégicos nacionales y regionales con miras a maximizar la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y el logro de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. Es este un aspecto importante para garantizar el mantenimiento de un enfoque común para la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos en todos los Estados miembros. Elevar el nivel de ambición es la única opción viable en este sentido.

La Comisión también mantendrá su papel fundamental de guardiana de los Tratados y, en su calidad de institución responsable en última instancia de la gestión del presupuesto de la UE, dentro del proceso de control de los planes nacionales y regionales estudiará cuidadosamente la manera de evitar un exceso de reglamentación.

¿Se van a mantener los dos pilares (pagos directos/medidas de mercado y desarrollo rural)?

Los dos pilares son dos facetas complementarias de la PAC y deben mantenerse, pues estructuran la PAC en torno a dos grandes tipos esenciales de intervención. El primer pilar apoya a los agricultores sobre una base anual en forma de pagos directos y medidas de mercado, que están supeditados al cumplimiento de una serie de normas básicas y objetivos medioambientales. El segundo pilar es un instrumento de inversión plurianual y flexible que está más adaptado a las circunstancias locales de cada uno de los Estados miembros, en particular para prestar apoyo a proyectos de larga duración.

¿Cómo se garantizará que la futura PAC sea más justa y que las pequeñas y medianas explotaciones obtengan el apoyo que necesitan?

En 2015, primer año de aplicación de la última reforma de la PAC, el 20 % de los agricultores recibió aproximadamente el 80 % de los pagos directos, lo cual suscita en el debate público una preocupación comprensible en cuanto a la eficiencia económica y la equidad social.

De hecho, esta situación es reflejo de la concentración de tierras y de la naturaleza de las ayudas, que en su mayor parte se basan en la superficie. Por otra parte, más de la mitad de sus beneficiarios son explotaciones muy pequeñas y la mayor parte de los pagos (un 72 % en 2015) se destina a explotaciones (familiares) profesionales de tamaño medio (de 5 a 250 hectáreas), que gestionan la mayor parte de la superficie agrícola de la UE (71 %) y por tanto son las principales responsables del suministro de bienes públicos y beneficios ambientales.

No obstante, la Comisión tiene previsto estudiar la manera de orientar con mayor eficacia los pagos directos y garantizar unas condiciones justas y un apoyo más específico de la renta de los agricultores en toda la UE, tal y como se indica en el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE. Convendría estudiar más a fondo la siguiente lista (no exhaustiva) de posibilidades:

  • Limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra para evitar efectos negativos en el empleo.
  • También se podrían introducir ayudas decrecientes como medio para reducir la ayuda a las explotaciones de mayor tamaño.
  • Mayor énfasis en un pago redistributivo para poder prestar apoyo de forma específica, por ejemplo, a las explotaciones pequeñas o medianas.
  • Garantizar el apoyo a los verdaderos agricultores, centrándolo en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse el sustento.

¿Se dará a los agricultores el mismo trato en toda la UE?

Al tiempo que la PAC garantiza que la ayuda se destina a los verdaderos agricultores, centrándose en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse la vida, también debe desempeñar el papel que le corresponde con respecto al principio de «igualdad entre sus miembros, grandes o pequeños, del este o del oeste, del norte o del sur», recordado por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017.

En este sentido, debe reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que a las ayudas de la PAC se refiere. Aun cuando sea preciso reconocer la gran diversidad de los costes relativos de la mano de obra y de la tierra, así como los distintos potenciales agronómicos de los Estados miembros, todos los agricultores de la UE se enfrentan a retos similares en lo que se refiere a la volatilidad de los mercados, el medio ambiente y el clima.

¿Cuál es la función que ha de desempeñar la PAC para fomentar la prosperidad del medio rural?

La PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural. Los fondos de desarrollo rural pueden, por ejemplo, respaldar la creación de empresas de artesanía. Es posible impulsar la creación de empleo y aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la conectividad. Un concepto emergente como es el de los «pueblos inteligentes» (Smart villages) ayudará a las comunidades a subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras y a incrementar las oportunidades de empleo.

¿Cómo puede la Comisión impulsar el establecimiento de jóvenes agricultores y el relevo generacional en el sector?

El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco, pero los Estados miembros son los mejor situados para fomentar el relevo generacional mediante sus competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, Derecho de sucesiones u ordenación territorial. La PAC ha de ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores.

Los planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Asimismo, la PAC debe contribuir a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola estableciendo un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE. Convendrá facilitar el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las explotaciones agrícolas, y adaptarlos mejor a las necesidades de inversión y los perfiles de riesgo más elevados de los nuevos agricultores. El apoyo a la nueva generación de agricultores podría combinarse con incentivos adecuados para facilitar la salida de las generaciones de más edad y la transmisión de conocimientos entre generaciones, así como para aumentar la movilidad de la propiedad rural y facilitar la planificación de la sucesión.

¿Por qué debe la PAC apoyar la innovación?

La agricultura y nuestras zonas rurales se enfrentan a una serie de retos para los que hay que encontrar nuevas soluciones. Necesitamos mejor asesoramiento y más innovación. Es necesaria la participación pública en materia de investigación e innovación para cerrar la brecha entre unas zonas rurales que reclaman innovaciones digitales y mejor conectividad y los proveedores de nuevas tecnologías.

Por ejemplo, los sensores podrían detectar y prevenir las enfermedades de los animales en una fase precoz y reducir así la necesidad de tratamientos. El acceso en tiempo real a información sobre la intensidad de la luz solar, la humedad del suelo, los mercados, la gestión del ganado y muchas otras cuestiones permite a los agricultores tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

Es conveniente cooperar a escala de la UE en materia de investigación e innovación. Aprendiendo unos de otros en diferentes partes de la UE, desarrollaremos mejores conocimientos y adoptaremos más rápidamente las innovaciones.

Ante la volatilidad y las crisis del mercado, ¿qué tipo de ayuda pueden esperar los agricultores de la futura PAC?

Ante crisis sanitarias o fitosanitarias, incidentes relacionados con el cambio climático o la volatilidad del mercado, los agricultores se enfrentan a elevados riesgos y a una fuerte presión sobre sus rentas. La Comisión ha estado y estará siempre al lado de los agricultores, como lo demuestran los dos últimos grupos de medidas de solidaridad —cada uno por valor de 500 millones EUR—, pero la frecuencia más elevada de los riesgos requiere un enfoque más sistemático.

El sector agrario necesita un marco adecuado para la gestión de los riesgos que combine las ayudas de la UE con los instrumentos nacionales de los Estados miembros y los medios del sector privado.

Por ejemplo, cabe esperar que la posibilidad de crear un instrumento sectorial de estabilización de las rentas con umbrales de pérdidas más bajos para activar la indemnización facilitará su aceptación por parte de agricultores y administraciones. Al mismo tiempo, debe examinarse cuidadosamente si procede introducir nuevos instrumentos o tipos de ayuda. En este contexto, debe fomentarse la cooperación entre agricultores y a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo la mutualización y los servicios integrados, para fines de riesgos compartidos.

¿Para qué servirá la plataforma de gestión de riesgos de la UE?

Los limitados conocimientos de los agricultores y otras partes interesadas acerca de los instrumentos disponibles y su relativa falta de experiencia a la hora de utilizarlos han constituido uno de los principales obstáculos para el uso de instrumentos de gestión de riesgos en los últimos años.

La plataforma de gestión de riesgos de la UE será una plataforma en la que todas las partes interesadas, de los agricultores y las administraciones públicas a los centros de investigación y los agentes del sector privado (por ejemplo, las compañías de seguros) podrán compartir conocimientos e intercambiar las mejores prácticas.

Cuando proceda, la Comisión intervendrá como intermediaria y desarrollará la plataforma en un sitio web específico.

En el marco de la plataforma, se organizarán grupos de expertos, grupos de trabajo, seminarios y otros actos en torno a temas de gestión de riesgos específicos, por ejemplo el cálculo de pérdidas mediante sistemas basados en un índice. Además, la plataforma ofrecerá la posibilidad de reunir iniciativas privadas o públicas sobre la gestión de riesgos a escala local, así como el trabajo pertinente en otros ámbitos como, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, la agrometeorología, etc.

¿Por qué debe la PAC estimular las inversiones y cómo pueden los instrumentos financieros apoyar a los agricultores?

Se impone un instrumento de inversión flexible en el marco de la PAC que apoye la competitividad, la innovación, la adaptación al cambio climático y su atenuación y, en último término, la sostenibilidad de la agricultura y de las zonas rurales. Modernizar una explotación, introducir nuevas tecnologías o renovar los sistemas de riego son objetivos que requieren mucho capital y considerables esfuerzos financieros, y no es realista pensar que los agricultores pueden hacer frente solos a esta situación. Los fondos públicos disponibles para las subvenciones no bastan para hacer frente a las crecientes necesidades de inversión del sector. Las estimaciones aproximadas muestran que el déficit del mercado en materia de financiación del sector agrario se sitúa entre 1 600 y 4 100 millones EUR en el caso de los préstamos a corto plazo, y entre 5 500 y 14 800 millones EUR, en el de los préstamos a largo plazo.

Instrumentos financieros tales como los préstamos, las garantías y los fondos de capital pueden facilitar el acceso a la financiación a esos agricultores (por ejemplo, pequeños o nuevos agricultores) o productores agroalimentarios, que tienen dificultades para obtener los fondos necesarios para crear una empresa o desarrollarla. La combinación de los fondos de la UE y de la financiación privada tendrá un efecto multiplicador, pues incrementará los volúmenes de inversión.

Fuente: European Commission

El Parlamento Europeo reclama más esfuerzos en la implantación de la Red Natura 2000 y mayor coherencia entre la política agraria y medioambiental

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN  EN PRO DE LA NATURALEZA, LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA: MÁS ESFUERZO PARA APOYAR A QUIENES CONSERVAN LA RED NATURA 2000 Y LA BIODIVERSIDAD

 

Urge a la Comisión y a los Estados Miembros a mejorar la financiación de la Red Natura 2000 y la colaboración con los usuarios de la tierra. Además, insta a contemplar la conservación de la biodiversidad y su recompensa en la PAC.

El Parlamento Europeo adoptó el pasado 15 de Noviembre una Resolución sobre el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión hace unos meses tras el proceso de revisión de las Directivas relativas a la naturaleza que determinó que, aunque esta legislación cumple la función para la que fue aprobada, no obstante, se requieren mayores esfuerzos para lograr un mayor compromiso en su implantación y desarrollo.

El Parlamento acoge favorablemente el citado Plan de la Comisión, aunque recuerda que, en Europa, prácticamente una cuarta parte de las especies silvestres se encuentran actualmente en peligro de extinción y que la mayoría de los ecosistemas están degradados hasta el punto de no poder ya desarrollar sus valiosas funciones y considera que esto está causando enormes perjuicios sociales y económicos para la Unión.

Reitera la necesidad de que se hagan esfuerzos adicionales, considerables y continuados para alcanzar los objetivos fijados para 2020, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den una mayor prioridad política a ese aspecto.

Subraya que los Estados miembros deben garantizar que no se deterioren las zonas Natura 2000 ,  recuerda que ya el Tribunal de Cuentas Europeo reclamó una mayor financiación para la Red Natura 2000 y reclama a la Comisión y a los Estados Miembros mayores esfuerzos y nuevos mecanismos financieros para la gestión de esta Red ecológica. En particular propone que, en cooperación con los propietarios y usuarios de las tierras, examinen la posibilidad de que se ofrezcan los llamados «servicios verdes y azules» (gestión del paisaje, del medio ambiente y de los recursos hídricos) a cambio de una remuneración conforme a las condiciones del mercado.

Lamenta que en el plan de acción no se establezcan una estrategia prioritaria y acciones concretas para mejorar la protección de los insectos polinizadores, sobre todo en la lucha contra los riesgos para la salud y las especies de parásitos (en particular, el varroa) y  pide la aplicación plena y efectiva del Reglamento relativo a las especies exóticas invasoras, así como su adecuada financiación en el marco del presupuesto de la Unión; destaca que la inclusión de especies en la lista de la Unión de especies exóticas invasoras debe estar basada en una evaluación de riesgo normalizada y armonizada.

 El Parlamento reconoce que  la protección de nuestro entorno natural común en Europa es esencial tanto para nuestra economía como para nuestro bienestar, que se calcula que la red Natura 2000 tiene un valor económico anual comprendido entre los 200 000 y los 300 000 millones de euros y puede generar ingresos para las comunidades locales a través del turismo y los servicios recreativos, y que los ecosistemas saludables ofrecen servicios ecológicos esenciales, como agua dulce, almacenamiento de carbono, insectos polinizadores y protección contra las inundaciones, las avalanchas y la erosión costera; señala, por consiguiente, que invertir en la red Natura 2000 es muy juicioso desde el punto de vista económico.  Acoge con satisfacción la acción destinada a integrar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones; lamenta, no obstante, que el plan de acción no incluya una iniciativa concreta de «pérdida neta cero de biodiversidad»

Vínculos con otras políticas

El Parlamento Europeo hace un llamamiento a la  urgente necesidad de actuar para afrontar los principales factores de la pérdida de biodiversidad, que son la destrucción y la degradación de los hábitats, causadas sobre todo por el uso excesivo de la tierra, la contaminación, la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas químicos de síntesis, la difusión de especies exóticas y el cambio climático, y destaca también la necesidad de garantizar la coherencia entre las diversas políticas de la Unión.

Destaca la necesidad de mejorar la coherencia con la política agrícola común (PAC), y pone de relieve el preocupante declive de las especies y los hábitats ligado a la agricultura; pide a la Comisión que evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad;

Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por que los fondos de la PAC se reorienten de la subvención de actividades asociadas al declive de la biodiversidad a la financiación de prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y a mantener la biodiversidad conexa.

Señala que las especies designadas como de protección especial con arreglo a la Directiva sobre hábitats han alcanzado en algunas regiones de Europa un buen estado de conservación y que, por tanto, pueden poner en peligro a otras especies y a animales domésticos, alterando así el equilibrio natural del ecosistema; pide a la Comisión que desarrolle un procedimiento de evaluación que permita modificar el estado de protección de las especies en determinadas regiones tan pronto como se haya alcanzado el estado de conservación deseado;

 Recuerda que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats;

Además, sugiere a la Comisión que respalde la adopción de medidas, como la formación para agricultores en relación con la protección del ganado contra los grandes carnívoros y la puesta en común de las mejores prácticas sobre protección del ganado entre los Estados miembros;

Lamenta el Parlamento que  la PAC no haya sido desarrollada para proteger la práctica agrícola tradicional del pastoreo, actualmente en vías de desaparición, que constituye una herramienta histórica importante para la gestión de los hábitats y la conservación de la naturaleza; pide que el plan de acción apoye un marco para el desarrollo del pastoreo en la red Natura 2000. Pide a la Comisión que considere en particular la gestión adaptativa de las cosechas como una buena práctica para administrar de forma sostenible las poblaciones de aves acuáticas de la Unión que sean suficientemente abundantes y conservar las que estén en declive.

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

 

Los Estados miembros han manifestado hoy formalmente su apoyo a las nuevas normas para la agricultura ecológica, que de este modo se beneficiará de un marco legal simplificado que abarca a todos los productores, ya sean de la UE o de terceros países exportadores a la UE.

El Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha acogido con satisfacción este paso decisivo hacia la aprobación final del nuevo Reglamento sobre el sector biológico: «La Decisión del Consejo de hoy constituye un paso importante para el sector ecológico, que está creciendo rápidamente y podrá así seguir creciendo con la garantía de disponer de normas claras y justas para todos y todas. Existía un consenso general en cuanto a que las normas actuales, algunas de las cuales se remontan a hace 20 años, ya no eran adecuadas e iban a acabar perjudicando el crecimiento del sector, que representa 27 000 millones EUR en la UE. (…) En estas negociaciones, que han durado tres años, la Comisión siempre ha tenido en mente al consumidor europeo que compra productos ecológicos y que, con razón, tiene expectativas sobre las garantías ofrecidas por la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Las nuevas normas pondrán fin al sistema existente de excepciones. Se aplicarán a todos los productos ecológicos que se venden en la UE, independientemente de si se trata de productos de la UE o importados. Medidas preventivas más estrictas reducirán asimismo el riesgo de contaminación accidental por sustancias no autorizadas.»

El Acuerdo apoyado hoy por el Comité Especial de Agricultura del Consejo irá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su aprobación. Una vez lograda esta, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. La declaración completa del Comisario Hogan está en línea, así como unas preguntas frecuentes sobre las nuevas normas. Una ficha visual de información también está disponible. .

Fuente: European Commission

La justicia europea se inclina por validar la tasa autonómica a las grandes superficies por su mayor impacto medioambiental

La abogada general del TJUE admite que puede «restringir la libertad comercial» pero lo ve justificado por su mayor impacto medioambiental.

 

La justicia europea se inclina por validar tan polémico gravamen -como hizo en 2012 el Tribunal Constitucional- pues, pese a reconocer que puede suponer «incluso una restricción encubierta de la libertad de establecimiento», estaría «justificado» para compensar su mayor impacto medioambiental.

 

 

En esa línea van las conclusiones presentadas ayer por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Juliane Kokott, en respuesta a la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo por una demanda de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra dicho tributo en Aragón, Asturias y Cataluña. A su juicio, debe primar la soberanía fiscal de los Estados. Descarta, no obstante, que se den las premisas para declarar ilegal ese impuesto, que en todos los casos (Canarias, La Rioja y Navarra tienen uno parecido) grava, según su superficie de más, a los grandes establecimientos comerciales que superen los 2.500 metros cuadrados. En primer lugar rechaza que pueda ser considerado una ayuda de Estado encubierta a favor de los pequeños comercios.

En su respuesta, Kokott señala que estos últimos ya reciben otros tributos distintos y que solo se paga por el exceso de superficie a partir de la cifra citada (el volumen anterior está exento), de manera que «no existe una ventaja económica» que los pequeños «no hubieran obtenido en condiciones normales de mercado».

Tampoco los ingresos provenientes del impuesto se destinan a ayudas específicas a empresas comerciales, «sino a la financiación de infraestructuras de equipamiento municipal y de urbanismo comercial, así como al desarrollo de planes de actuación medioambientales». En Cataluña, por ejemplo, se cobran casi 20 euros por metro cuadrado que supere los 2.500, lo que según Anged se comería entre el 30% y el 35% del beneficio de la compañía.

«Externalidades negativas»

Sin embargo, la abogada general sostiene que los establecimientos comerciales «deben participar en el coste de las externalidades negativas que generan de forma desproporcionada (por ejemplo, costes específicos en infraestructuras) porque no asumen tal impacto económico en la medida correspondiente». La jurisprudencia del Tribunal Europeo, apunta, ve «justificada» en este sentido toda medida (también fiscal) «relacionada con la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.

Y es que, esgrime la letrada comunitaria, «es plausible que la mayor afluencia de tráfico de clientes y de proveedores pueda generar más ruido y más emisiones a la atmósfera», de modo que parecen así «adecuadas» actuaciones que «inciten a operar más bien empresas más pequeñas» con un impacto menor. Defiende, además, «la idea de un reparto razonable y justo del espacio limitado», resultando «irrelevante» si se erige en terreno urbano o rural.

Tampoco ve razonable que Anged, respaldada en este caso por la Comisión Europea -que sí aprecia una ayuda de Estado indirecta al pequeño comercio-, cuestione el límite de superficie a cargar fiscalmente. «Un valor más elevado -admite- sería probablemente menos gravoso, pero no resultaría igual de adecuado» para el fin perseguido por el tributo.

Niega, asimismo, que el tributo sea discriminatorio con los operadores extranjeros, pues estima «más o menos una casualidad» que casi la mitad de las grandes superficies esté controlada por capital extranjero.

Tan solo observa alguna duda con las bonificaciones, e incluso exenciones, para las grandes superficies de muebles, bricolaje, vehículos, maquinaria y materiales de construcción. No obstante, lo ve «proporcional» al no atraer a «la misma gran masa de clientes», pero sí requerir mayor superficie por sus productos.

El Congreso da el primer paso para la reforma de la Ley de Patrimonio Natural que compatibiliza la lucha contra especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y pesca

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con 264 votos a favor y 79 en contra, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Popular para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca.

Una vez superada esta primera votación en Pleno, la iniciativa legislativa será remitida a comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios y se elaborará un dictamen. El texto que apruebe la Comisión continuará su tramitación en el Senado. 

El grupo proponente justifica esta reforma legislativa en la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, que modificaba el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, y que ha generado, expone, una "gran preocupación" en los municipios rurales porque, además de implicar la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de algunas especies objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, supone o la imposibilidad de la práctica de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de control y erradicación. 

El grupo Popular sostiene que esta sentencia dificultó actividades comerciales e introdujo dudas sobre el régimen de algunas explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la alimentación, como la trucha arco iris o el cangrejo rojo. A su juicio, se trata de un asunto especialmente sensible para las comunidades autónomas, como administraciones directamente responsables de la gestión de estas especies y de la regulación de la actividad cinegética y piscícola.

Con esta medida, los populares proponen establecer un marco para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias de gestión en la materia y dotar de seguridad jurídica a los sectores.

Por un lado, el grupo Popular considera preciso encontrar una solución que compatibilice la protección del medio ambiente con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, teniendo en cuenta las especies que proporcionan beneficios sociales y económicos. 

Finalmente, se habilita un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos excepcionales y en los supuestos con regulación específica, cuando exista un interés público de primer orden, la suspensión del procedimiento de catalogación o promover la descatalogación de una especie.

Fuente: Congreso de los Diputados

 

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