La justicia europea se inclina por validar la tasa autonómica a las grandes superficies por su mayor impacto medioambiental

La abogada general del TJUE admite que puede «restringir la libertad comercial» pero lo ve justificado por su mayor impacto medioambiental.

 

La justicia europea se inclina por validar tan polémico gravamen -como hizo en 2012 el Tribunal Constitucional- pues, pese a reconocer que puede suponer «incluso una restricción encubierta de la libertad de establecimiento», estaría «justificado» para compensar su mayor impacto medioambiental.

 

 

En esa línea van las conclusiones presentadas ayer por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Juliane Kokott, en respuesta a la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo por una demanda de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra dicho tributo en Aragón, Asturias y Cataluña. A su juicio, debe primar la soberanía fiscal de los Estados. Descarta, no obstante, que se den las premisas para declarar ilegal ese impuesto, que en todos los casos (Canarias, La Rioja y Navarra tienen uno parecido) grava, según su superficie de más, a los grandes establecimientos comerciales que superen los 2.500 metros cuadrados. En primer lugar rechaza que pueda ser considerado una ayuda de Estado encubierta a favor de los pequeños comercios.

En su respuesta, Kokott señala que estos últimos ya reciben otros tributos distintos y que solo se paga por el exceso de superficie a partir de la cifra citada (el volumen anterior está exento), de manera que «no existe una ventaja económica» que los pequeños «no hubieran obtenido en condiciones normales de mercado».

Tampoco los ingresos provenientes del impuesto se destinan a ayudas específicas a empresas comerciales, «sino a la financiación de infraestructuras de equipamiento municipal y de urbanismo comercial, así como al desarrollo de planes de actuación medioambientales». En Cataluña, por ejemplo, se cobran casi 20 euros por metro cuadrado que supere los 2.500, lo que según Anged se comería entre el 30% y el 35% del beneficio de la compañía.

«Externalidades negativas»

Sin embargo, la abogada general sostiene que los establecimientos comerciales «deben participar en el coste de las externalidades negativas que generan de forma desproporcionada (por ejemplo, costes específicos en infraestructuras) porque no asumen tal impacto económico en la medida correspondiente». La jurisprudencia del Tribunal Europeo, apunta, ve «justificada» en este sentido toda medida (también fiscal) «relacionada con la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.

Y es que, esgrime la letrada comunitaria, «es plausible que la mayor afluencia de tráfico de clientes y de proveedores pueda generar más ruido y más emisiones a la atmósfera», de modo que parecen así «adecuadas» actuaciones que «inciten a operar más bien empresas más pequeñas» con un impacto menor. Defiende, además, «la idea de un reparto razonable y justo del espacio limitado», resultando «irrelevante» si se erige en terreno urbano o rural.

Tampoco ve razonable que Anged, respaldada en este caso por la Comisión Europea -que sí aprecia una ayuda de Estado indirecta al pequeño comercio-, cuestione el límite de superficie a cargar fiscalmente. «Un valor más elevado -admite- sería probablemente menos gravoso, pero no resultaría igual de adecuado» para el fin perseguido por el tributo.

Niega, asimismo, que el tributo sea discriminatorio con los operadores extranjeros, pues estima «más o menos una casualidad» que casi la mitad de las grandes superficies esté controlada por capital extranjero.

Tan solo observa alguna duda con las bonificaciones, e incluso exenciones, para las grandes superficies de muebles, bricolaje, vehículos, maquinaria y materiales de construcción. No obstante, lo ve «proporcional» al no atraer a «la misma gran masa de clientes», pero sí requerir mayor superficie por sus productos.

El Congreso da el primer paso para la reforma de la Ley de Patrimonio Natural que compatibiliza la lucha contra especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y pesca

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con 264 votos a favor y 79 en contra, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Popular para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca.

Una vez superada esta primera votación en Pleno, la iniciativa legislativa será remitida a comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios y se elaborará un dictamen. El texto que apruebe la Comisión continuará su tramitación en el Senado. 

El grupo proponente justifica esta reforma legislativa en la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, que modificaba el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, y que ha generado, expone, una "gran preocupación" en los municipios rurales porque, además de implicar la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de algunas especies objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, supone o la imposibilidad de la práctica de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de control y erradicación. 

El grupo Popular sostiene que esta sentencia dificultó actividades comerciales e introdujo dudas sobre el régimen de algunas explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la alimentación, como la trucha arco iris o el cangrejo rojo. A su juicio, se trata de un asunto especialmente sensible para las comunidades autónomas, como administraciones directamente responsables de la gestión de estas especies y de la regulación de la actividad cinegética y piscícola.

Con esta medida, los populares proponen establecer un marco para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias de gestión en la materia y dotar de seguridad jurídica a los sectores.

Por un lado, el grupo Popular considera preciso encontrar una solución que compatibilice la protección del medio ambiente con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, teniendo en cuenta las especies que proporcionan beneficios sociales y económicos. 

Finalmente, se habilita un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos excepcionales y en los supuestos con regulación específica, cuando exista un interés público de primer orden, la suspensión del procedimiento de catalogación o promover la descatalogación de una especie.

Fuente: Congreso de los Diputados

 

Crece la presión sobre las empresas para que divulgen su riesgo financiero relacionado con el cambio climático

Informar sobre las políticas de Responsabilidad Corporativa (RC) ya no es una opción. Es una exigencia no solo regulatoria, sino también impuesta por los inversores, que cada vez está más asumida en el día a día de las empresas en prácticamente todos los sectores. Así lo revela informe global de KPMG sobre reporte de las políticas de RC de 2017.

La décima edición de este estudio, que se publica desde 1993, es el de mayor dimensión hasta la fecha. Se ha analizado la información que recogen en sus informes financieros anuales y de RC un total de 4.900 compañías en 49 países del mundo (las 100 mayores de cada país) de varias regiones geográficas. España, uno de los países analizados, se sitúa entre los líderes mundiales en este tipo de reporte.

Entre las tendencias emergentes observadas en este informe destacan cuatro: el reconocimiento de los riesgos financieros ligados al cambio climático; la mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el reconocimiento de los Derechos Humanos como una cuestión más de negocio y la información sobre las medidas y los objetivos propios de la empresa para la reducción de la emisión de gases contaminantes.

José Luis Blasco, responsable global de Servicios de Sostenibilidad de KPMG, subraya que “no sólo los empleados, las comunidades y las ONG se interesan por cuestiones de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Los inversores son cada vez más conscientes de que aspectos que antes se consideraban "no financieros" pueden tener un efecto sustancial en la capacidad del negocio para crear valor y protegerlo tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, las empresas han de entender las últimas tendencias en términos de presentación de información y asegurarse de que sus propios informes están a la altura de las expectativas de una amplia gama de grupos de interés”.

Riesgos financieros ligados al cambio climático

Tres de cada diez de las grandes compañías mundiales ya lo recogen así en sus informes financieros anuales aunque, una mayoría cualificada (72%), todavía no hace ninguna alusión al respecto. Y las pocas que lo hacen, solo un 4% facilita a los inversores análisis sobre el posible valor en riesgo del negocio.

Por regiones, en solo cinco países del mundo la mayoría de las cien primeras empresas aluden a los riesgos financieros relativos al clima en sus informes financieros: Taiwán (88%), Francia (76%), Sudáfrica (61%), Estados Unidos (53%) y Canadá (52%). En la mayoría de los casos, es el Gobierno, el mercado de valores o el regulador financiero de dichos países el que determina la obligatoriedad o fomenta el desglose del riesgo vinculado al clima.

Desde el punto de vista sectorial, las empresas forestales y de papel (44%), química (43%), minería (40%) y petróleo y gas (39 por ciento) son las que más reconocen el riesgo vinculado al clima en sus informes. Las siguen de cerca las compañías de automoción (30%) y las de suministros públicos (38%). Atención sanitaria (14%), transporte y ocio (20%) y distribución minorista (23%) son los sectores menos dados a reconocer el riesgo climático.

Analizando las 250 empresas más grandes del mundo (G250), el reconocimiento público del riesgo financiero vinculado al clima es más habitual, si bien aún dista de tener carácter universal. Las multinacionales con sede en Francia se sitúan en cabeza —un 90% reconoce el riesgo vinculado al clima—, seguidas de las grandes empresas sitas en Alemania (61%) y el Reino Unido (60%).

Alrededor de dos terceras partes de las empresas del G250 en los sectores de distribución minorista (67%) y petróleo y gas (65%) reconocen el riesgo, mientras que sólo una tercera parte (36%) de las grandes compañías de servicios financieros lo hacen. Pese a este reconocimiento, solo seis empresas del G250 han informado a los inversores sobre los posibles efectos financieros del riesgo climático mediante un ejercicio de cuantificación o de modelización de escenarios.

José Luis Blasco, subraya que “incluso entre las empresas más importantes del mundo, son todavía muy pocas las que facilitan a los inversores indicaciones adecuadas sobre el valor en riesgo derivado del cambio climático. Nuestras conclusiones inciden en la necesidad de poner en marcha iniciativas como el Grupo de trabajo de información sobre riesgos financieros relacionados con el clima (TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera, con el objetivo de mejorar los desgloses corporativos del riesgo vinculado al clima. La presión para que las firmas incrementen sus desgloses crece día a día. Algunos inversores ya están exigiendo con firmeza la divulgación de este tipo de información; determinados países están planteándose aprobar reglamentos que obliguen a ello y algunos reguladores financieros han advertido que la ausencia de identificación y gestión del riesgo climático supone un incumplimiento de la obligación fiduciaria del Consejo. En este contexto, animamos a las empresas a que actúen rápido. De lo contrario, podrían empezar a perder inversores muy pronto y comprobar la rapidez con la que aumenta el coste del capital y de los seguros”.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Los 17 objetivos globales fijados por las Naciones Unidas a finales de 2015 para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad mundial han calado profundamente en las empresas. El 39% de las 4.900 compañías analizadas en el informe de KPMG relacionan sus iniciativas de RC con los ODS. El porcentaje sube al 43% en el caso de las 250 mayores empresas (G250) y al 53% en el caso de España.

Derechos Humanos

El 73% de las empresas reconoce los derechos humanos como una cuestión de responsabilidad corporativa que la empresa precisa abordar. En el caso de España, el porcentaje se sitúa en el 82%. Esta cifra aumenta al 90% en el grupo de las 250 mayores empresas (G25), destacando los casos de las empresas de India, Reino Unido y Japón y, por sectores, la minería.

Objetivos de reducción de emisiones de CO2

El 67% de las 250 empresas más importantes del mundo revelan sus propios objetivos para reducir las emisiones de CO2, aunque la mayoría (69%) no los alinea con los objetivos climáticos establecidos por los Gobiernos, las autoridades regionales (como la UE) o la ONU. En España, el 60% de las grandes empresas recoge sus objetivos de reducción de emisiones.

Fuente:

KPMG; Ecoiuris

 

Bruselas da tres meses para presentar una propuesta en contra del glifosato

La Comisión Europea dará este plazo a la iniciativa 'Stop Glifosato', que ha sumado más de un millón de firmas, para detallar su reivindicación.

La Comisión Europea dará un plazo de tres meses a los promotores de la iniciativa ciudadana que pide vetar el glifosato –polémico compuesto utilizado en muchos herbicidas– para que presenten "en detalle" su reivindicación, antes de que Bruselas decida los pasos a seguir.

Cumplido ese plazo y tras una audiencia europarlamentaria, Bruselas decidirá "si actúa proponiendo algún tipo de legislación, planteando alguna otra manera con la que cumplir los objetivos de la iniciativa o decide no actuar en absoluto", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La iniciativa Stop Glifosato ha sumado más de un millón de firmas de apoyo recogidas en 22 de los Veintiocho Estados miembros, lo que obliga a Bruselas a abrir esta segunda fase del proceso que enmarca las iniciativas ciudadanas europeas.

"Prohibir el glifosato”

El movimiento reclama al Ejecutivo comunitario que proponga a los Estados miembros "prohibir el glifosato, reformar el procedimiento de aprobación de pesticidas y fijar un objetivo común y obligatorio de reducción de pesticidas" en la UE.

La Comisión Europea va ahora a "invitar" a los organizadores a presentar "sus ideas más detalladas en el plazo de tres meses" y se programará una audiencia pública en el Parlamento Europeo con todas las partes interesadas, antes de decidir los pasos a seguir.

La decisión que tome la Comisión tras estudiar la propuesta detallada y las posiciones de los grupos de interés deberá ser publicada "explicando su razonamiento".

Fuente: Ecoavant

Expertos cifran en 12.500 millones de euros al año el impacto de las especies invasoras en Europa

Un total de 207 especies exóticas consideradas invasoras deberían ser incluidas con urgencia en el listado de la Unión Europea (UE), según un estudio publicado en la revista Journal of Applied Ecology. Los expertos que han participado en su elaboración, entre los que hay investigadores españoles y representantes de BirdLife Europa, aseguran que la ampliación de la lista debe hacerse antes de 2020 porque los problemas que estas especies causan a los 28 Estados miembros suponen un coste superior a los 12.500 millones de euros al año.

El informe, titulado 'Lista de Especies Exóticas Invasoras preocupantes para la Unión Europea', destaca que actualmente hay 49 reconocidas dentro de esta categoría. De las aproximadamente 12.000 especies exóticas presentes en el continente, la mayoría son inofensivas porque no logran establecerse ni prosperar. Pero una minoría, entre un 10 y un 15% de ellas, provocan graves daños al medio ambiente porque compiten por el alimento y el espacio con la fauna y la flora autóctonas, siendo un factor principal de extinción y pérdida de biodiversidad. Son las consideradas invasoras, que también crean daños y pérdidas de tipo económico.

Jorge Fernández Orueta, técnico de SEO Birdlife que ha participado en la elaboración del estudio, asegura en declaraciones a EL MUNDO que "es importante atajar el problema lo antes posible porque hablamos de especies ya establecidas".

"Hay especies vegetales que pueden obstaculizar ríos y canales o erosionar las orillas hasta el punto de provocar inundaciones, otras afectan directamente a la agricultura y transmiten enfermedades y algunas afectan de forma directa a la biodiversidad", explica.

Los autores del estudio consideran que, de las 1.323 especies analizadas, unas 900 cumplen con los criterios para incorporarse al listado comunitario de Especies Exóticas Invasoras (EEI). Entre las 207 que tienen carácter prioritario figuran algunas como el visón americano, el eucalipto blanco o común y el eucalipto rojo, la serpiente rey, la planta lantana, el miná o mainate o la gambusia.

Además, ponen de manifiesto la necesidad de añadir otras 336 especies para una segunda fase que habría que acometer antes de 2025 y otras 357 para 2030. La importancia de ampliar el listado se debe a que la clasificación como EEI implica la prohibición de su posesión y comercio en el conjunto de la UE. A juicio de Orueta, estos plazos progresivos "son una herramienta que busca priorizar a la hora de tomar decisiones".

Coordinación europea y precaución

Por su parte, la organización a la que representa, SEO BirdLife, reclama una acción paneuropea coordinada porque, una vez que estas especies llegan a Europa, atraviesan con facilidad las fronteras. Además, aboga por aplicar el principio de precaución, que el propio Orueta se encarga de explicar: "Cuando se tiene una duda razonable de que una especie pueda causar un problema o se sospecha que pueda ser invasora, desde que se tienen las primeras evidencias hay que apostar por una opción prudente y actuar, aplicando los criterios de control o erradicación que sean necesarios", demanda.

España cuenta "con una de las legislaciones más avanzadas" en esta materia, según refleja el documento, que a la vez advierte de que la nueva legislación que prepara la UE es ambiciosa pero corre el riesgo de ser inútil si la lista actual de EEI permanece estancada en el número actual.

Por último, Orueta apunta al cambio climático como una dificultad añadida para mitigar este problema. "Para muchas especies, su principal y en ocasiones único límite de expansión es el frío invernal. La reducción de las heladas y unas temperaturas cada vez más suaves son aspectos que favorecen a unas determinadas especies invasoras. Hay muchas más especies en las zonas tropicales que en las polares, de modo que las zonas mediterráneas y costeras están mucho más amenazadas que las continentales", precisa.

"Es importante disponer de herramientas para la detección temprana de las nuevas especies que llegan. Cuanto antes se invierta cada euro destinado por un país europeo a controlar las especies invasoras y proteger su biodiversidad y sus propios recursos, mejor", concluye este experto.

Fuente: El Mundo

Nuevas normas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2

  • Para 2030 las emisiones deberán compensarse con la absorción de CO2
  • A partir de 2030, la absorción de CO2 deberá superar a las emisiones

 

El Parlamento Europeo apoyó el miércoles, 13 de Septiembre,  nuevas reglas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2, lo que contribuirá a reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento.

Los eurodiputados respaldaron el proyecto legislativo por el que Estados miembros tendrán que asegurar el equilibrio entre las emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, las zonas de pasto y de cultivo.

El Parlamento incluyó, además, provisiones para que a partir de 2030, los países tengan que alcanzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emisiones, en línea con los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de París sobre clima.

Créditos por la reducción de CO2

Si la absorción de CO2 es superior a las emisiones por el uso de la tierra durante los primeros cinco años, los países podrán acumular esos créditos y usarlos más adelante, para lograr alcanzar sus objetivos en el siguiente periodo de cinco años. Los Estados miembros también podrán utilizar esos créditos para cumplir sus objetivos dentro del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Los productos madereros aprovechados, como el material de construcción y el mobiliario, también contribuyen a reducir el CO2, dado que almacenan el carbono absorbido por los árboles durante su crecimiento. Incluir estos productos en la contabilidad, incentivará a los países a desarrollar el uso de la madera aprovechada (para fines distintos al energético). El límite al uso de créditos por gestión forestal aumentará del 3,5% (como proponía la Comisión) al 7% para permitir contabilizar créditos adicionales de esta categoría.

Los países tendrán que informar sobres sus emisiones anualmente, con el objetivo de equilibrar las emisiones y la absorción en dos periodos consecutivos de cinco años cada uno (2021-2025 y 2026-2030). Si un Estado miembro no alcanza sus objetivos en ninguno de los periodos, el déficit será descontado de su asignación en el marco del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Próximos pasos

El proyecto salió adelante con 532 votos favorables, 144 en contra y 20 abstenciones. El pleno devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente, para que los negociadores del Parlamento puedan comenzar las conversaciones con el Consejo de Ministros, con vistas a alcanzar un acuerdo en primera lectura, una vez que los ministros hayan fijado su propia posición negociadora.

Datos

Los umbrales para cada Estado miembro se establecerán sobre la base de su “nivel de referencia forestal” -una estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del país. Según los eurodiputados, deberá basarse en las prácticas entre 2000 y 2012, un periodo más reciente que el propuesto por la Comisión (1990-2009).

Las emisiones que las autoridades no pueden controlar, como las derivadas de fuegos, podrán excluirse, pero con límites, para no crear una laguna legislativa.

Los bosques de la UE absorben el equivalente a casi el 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del bloque.

Esta propuesta legislativa, que es parte del paquete climático presentado por la Comisión en julio de 2016, propone integrar las emisiones y la absorción por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

Fuente: Parlamento Europeo

 

 

 

Baleares establecerá los criterios necesarios para asegurar la sostenibilidad de la caza en los espacios Red Natura 2000

El Govern y el Consell de Mallorca redactarán un documento técnico con los criterios necesarios para asegurar la sostenibilidad de la caza en los espacios Red Natura 2000, y que facilite la elaboración y tramitación de los planes de gestión y el aprovechamiento cinegético

La decisión se ha tomado durante una jornada técnica sobre la planificación y la gestión administrativa de la caza en los espacios Red Natura 2000 de las Islas Baleares.


El objetivo de estas jornadas ha sido llegar a acuerdos que mejoren los proyectos y las actividades, señala en una nota de prensa la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad.

En el encuentro han participado el Servicio de Planificación en el Medio Natural y el Servicio de Protección de Especies de la Dirección de Espacios Naturales, los servicios de caza de los cuatro consells insulars, la Federación Balear de Caza, el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) y SeoBirdLife.

La redacción del primer borrador será realizada por el Govern balear y el Servicio de Caza del Consell de Mallorca, que lo harán llegar al resto de los participantes del encuentro antes de la tramitación formal.

Planificación en Red Natura 2000

El objetivo es lograr una alta participación en el diseño de esta normativa y que incluya una buena planificación cinegética tanto de especies protegidas como de la que no están incluidas en la Red Natura 2000; así como su compatibilidad con la conservación. Además, se han establecido los criterios para que la planificación pueda ser modificada con agilidad en cualquier momento según los cambios ecológicos, socioeconómicos y de conocimiento.

“El objetivo de la organización de estas jornadas es llegar a acuerdos que mejoren proyectos y actividades”, ha apuntado el jefe del servicio de Protección de Especies, Joan Mayol.

Otro del puntos que se ha tratado ha sido la importancia de conseguir un incremento de los medios económicos disponibles para la Red Natura 2000, especialmente los que provienen de financiación europea.

Destaca el interés del Consell de Menorca por el proyecto en curso de análisis de la planificación cinegética en la isla, por la posibilidad de que las conclusiones puedan ser aplicables, directamente o indirecta, al resto de los territorios insulares.
Fuente: Efeagro

A DEBATE LA GESTION DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y LA PROPIEDAD PRIVADA

El miércoles 21 de junio de 2017, se celebró en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente situada en Nuevos Ministerios, una jornada organizada por la European Landowners’ Organization (ELO), junto a su socio español Aproca y a la Fundación Artemisan,  colaboración de Syngenta y Friends of the Countryside.

 

 

 

El Presidente del FEGA, D. Miguel Ángel Riesgo Pablo, inauguró la jornada, en la que se habló de la Red Natura 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa. Considerada por la Unión Europea como el principal instrumento para la conservación de la naturaleza, una gran proporción de esta red se encuentra en terrenos privados, cuyos propietarios son los mayores interesados en preservar esta biodiversidad, y así lo han demostrado durante generaciones.

Durante la jornada, en la que han participado representantes del Mapama, de la Junta de Extremadura, la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial, propietarios rurales, WWF, técnicos y juristas, se analizó el desarrollo de Red Natura 2000 en nuestro territorio nacional y se presentaron ejemplos prácticos que pueden servir de inspiración a los planes de gestión obligatorios en la misma, como por ejemplo la etiqueta “Wildlife Estates”, que es un reconocimiento de calidad a la buena gestión medioambiental, y que lleva evaluadas en España 570.000 ha, la mayoría de ellas en manos privadas.

Ambienta 45 partició en esta Jornada, exponiendo las posibilidades que se abren para los propiestarios privados de espacios incluidos en la Red Natura 2000 ante el cambio de rumbo que la UE quiere dar a al gestión e implantación de esta red ecológica. 

Los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 ha sido uno de las cuestiones más debatidas a lo largo de estas jornadas. La mayoría de estos espacios son de propiedad privada, sin embargo en lugar de valorizar la labor de conservación de estos propietarios, dichos planes están provocando un profundo malestar ya que desarrollan limitaciones a un modelo de gestión que es el que ha permitido su declaración como Espacio Natural Protegido.

Es necesario, han concluido, el desarrollo de herramientas que impulsen la conservación de la biodiversidad, y para ello se ha organizado una de las mesas redondas en torno a la figura de los Bancos de Conservación de la Naturaleza, que permitiría a los propietarios rurales ejercer medidas a favor de la biodiversidad y el medio ambiente, sin suponer un sobrecoste a la administración pública, pero aun así bajo su control. El desarrollo legislativo de los Bancos de Conservación, provocaría la obtención de unos Créditos Ambientales a la propiedad privada, fruto de las inversiones que se realicen destinadas a la mejora de la biodiversidad, créditos que deberían adquirir aquellas empresas cuyas inversiones provoquen impactos ambientales.

Acerca de ELO

La Organización Europea de Propietarios Rurales (European Landowners Organization o ELO por sus siglas en inglés) fue fundada en 1972 y es una federación de asociaciones nacionales de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Representa los intereses de propietarios, gestores y empresarios rurales ante las instituciones europeas. ELO es la única organización independiente y sin ánimo de lucro que representa a todos los empresarios rurales. El objetivo de ELO es la promoción de un campo próspero a través del dinamismo de los propietarios individuales. Su secretaría está en Bruselas. www.elo.org

Acerca de APROCA

APROCA es una Asociación Profesional de Naturaleza Empresarial que integra a propietarios de Fincas Rústicas y/o titulares de cotos de caza, que responden a la denominación genérica de ASOCIACIÓN DE CAZA Y CONSERVADORES DEL MEDIO NATURAL. El objetivo de APROCA es la defensa de una utilización racional y sostenida del medio natural y forestal, de manera que todas las actividades de la Asociación se desarrollarán dentro del más absoluto respeto al medioambiente, conservación de la naturaleza, conservación y equilibrio entre la flora y la fauna doméstica y silvestre y protección de las especies en peligro de extinción, así como de las autóctonas. www.aprocaclm.org

Acerca de Fundación Artemisan

La Fundación Artemisan es una iniciativa de entidades del ámbito asociativo cinegético, agrario y ambiental, cazadores, sector industrial armero y de la carne de caza, agricultores y propietarios de fincas privadas en España.

Artemisan nace para desarrollar ideas y proyectos científicos y fomentar la comunicación para tener un mejor conocimiento de las especies y sus hábitats, así como para poner en valor el sector cinegético, clave para el desarrollo socioeconómico del medio rural en España y la conservación de su rico Patrimonio Natural. www.fundacionartemisan.com

Acerca de Wildlife Estates Project

Wildlife Estates es una iniciativa que se lleva desarrollando en la Unión Europea desde 2003, y que otorga Etiquetas de Calidad, en reconocimiento a la buena gestión que se realiza en un determinado territorio con respecto al manejo y conservación de la fauna, a la conservación del paisaje y al fomento de la biodiversidad. De este modo, a través de esta Etiqueta, se reconoce la excelencia y la ejemplaridad de la gestión en territorios en los que existen numerosos usos y aprovechamientos de sus recursos naturales.

Está respaldado a nivel europeo por ELO y los Friends of the Countryside y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. www.wildlife-estates.eu

La Comisión Europea pone en marcha el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía


 
 
 
 
 
La Comisión Europea puso en marcha en 2014 una evaluación exhaustiva de las Directivas de protección de la naturaleza, con el fin de controlar su adecuación («Fitness Check)
 
 
 
Este control de la adecuación ha concluido que, en el marco más amplio de la política de biodiversidad de la UE, las Directivas de protección de la naturaleza son adecuadas para los fines perseguidos, pero que para alcanzar sus objetivos y aprovechar todo su potencial será preciso mejorar sustancialmente su aplicación. Será necesario mejorar tanto su eficacia y eficiencia como el trabajo en asociación con las distintas comunidades de partes interesadas en los Estados miembros y en el conjunto de la UE con el fin de lograr resultados concretos sobre el terreno.
 
El 7 de diciembre de 2016, la Comisión celebró un debate de orientación sobre las conclusiones del control de la adecuación y su seguimiento, a raíz del cual decidió desarrollar un plan de acción concreto para mejorar la aplicación de las Directivas, su coherencia con los objetivos socioeconómicos y la participación de las autoridades nacionales, regionales y locales, las partes interesadas y los ciudadanos.
El presente plan de acción global tiene por objeto mejorar rápidamente la aplicación práctica de las Directivas de protección de la naturaleza y acelerar el progreso hacia el objetivo de la UE para 2020 de detener e invertir la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos,  en particular en relación con la resiliencia al cambio climático y la mitigación de sus efectos, lo cual resultará también beneficioso para los habitantes de Europa y la economía.
El plan de acción abarca cuatro ámbitos prioritarios con quince medidas concretas. La mayoría de ellas comenzarán a aplicarse en 2017 a fin de que la Comisión pueda elaborar un informe sobre sus resultados antes de que finalice su actual mandato en 2019:
Prioridad A: mejorar las orientaciones y los conocimientos y garantizar una mayor coherencia con objetivos socioeconómicos más amplios.
Prioridad B: impulsar la responsabilización política y reforzar el cumplimiento
Prioridad C: aumentar las inversiones en Natura 2000 y mejorar las sinergias con los instrumentos de financiación de la UE
Prioridad D: mejorar la comunicación y la divulgación, y lograr la participación de ciudadanos, partes interesadas y comunidades
Este Plan de Acción será presenetado en la una Conferencia en Bruselas, el próximo 6 de Junio de 2017.
Leer más: European Commission

Reformado el reglamento regulador de los organismos modificados genéticamente con el objeto de evitar la contaminación transfronteriza

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley que establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG). Su objetivo principal es regular la adopción de medidas para evitar la contaminación transfronteriza con nuestros países vecinos.

La normativa de la Unión Europea establece un marco legal global para la autorización de los OMG que vayan a utilizarse con fines de cultivo en toda la Unión para, de esta manera, preservar el mercado interior.

Así, los OMG para cultivo deben ser sometidos a una exigente evaluación individual antes de autorizar su comercialización en el mercado de la Unión, teniendo en cuenta cualquier efecto directo, indirecto, inmediato, diferido o acumulado a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente.

Una vez que se ha autorizado un OMG para cultivo, la Unión Europea ha optado por dotar a los Estados miembros de una cierta flexibilidad para decidir si desean o no cultivar los OMG en todo o en parte de su territorio.

En consecuencia, los Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas en las zonas fronterizas de su territorio, con el fin de evitar una posible contaminación transfronteriza a los Estados miembros vecinos en los que pueda estar prohibido el cultivo de los OMG, a cuyo efecto se ha aprobado esta norma para prever el marco aplicable.

Fuente: www:lamoncloa.gob.es

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