Reformado el reglamento regulador de los organismos modificados genéticamente con el objeto de evitar la contaminación transfronteriza

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley que establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG). Su objetivo principal es regular la adopción de medidas para evitar la contaminación transfronteriza con nuestros países vecinos.

La normativa de la Unión Europea establece un marco legal global para la autorización de los OMG que vayan a utilizarse con fines de cultivo en toda la Unión para, de esta manera, preservar el mercado interior.

Así, los OMG para cultivo deben ser sometidos a una exigente evaluación individual antes de autorizar su comercialización en el mercado de la Unión, teniendo en cuenta cualquier efecto directo, indirecto, inmediato, diferido o acumulado a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente.

Una vez que se ha autorizado un OMG para cultivo, la Unión Europea ha optado por dotar a los Estados miembros de una cierta flexibilidad para decidir si desean o no cultivar los OMG en todo o en parte de su territorio.

En consecuencia, los Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas en las zonas fronterizas de su territorio, con el fin de evitar una posible contaminación transfronteriza a los Estados miembros vecinos en los que pueda estar prohibido el cultivo de los OMG, a cuyo efecto se ha aprobado esta norma para prever el marco aplicable.

Fuente: www:lamoncloa.gob.es

Parque Nacional de Monfragüe: una década con luces y sombras

Monfragüe, en Extremadura, cumple estos días 10 años desde que fue declarado Parque Nacional, la Ley 1/2007, de 2 de marzo.

El Parque Nacional y su entorno engloban una superficie de 116.000 hectáreas, y constituye una de las áreas "más representativas" del ecosistema mediterráneo.

Además, el Parque Nacional cuenta con una doble designación de Área Protegida al ser también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  Además, fue declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en julio de 2003.

 Sin embargo, y a pesar de todos estos reconocimientos, lo cierto es que la situación real del territorio y sus habitantes dista mucho de las expectativas que, es de suponer, guiaron a quienes impulsaron los procedimientos que dieron lugar a las citadas declaraciones.

En los últimos días se han celebrado diversos actos conmemorativos de ese décimo aniversario y, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde las Administraciones y responsables de la gestión del Parque para mostrar las ventajas que esta década ha supuesto para sus habitantes y, en general para toda Extremadura, lo cierto es que los datos y la realidad no han acompañado y, al final, el sabor que ha quedado es ciertamente agridulce, por no decir, algo amargo.

Uno de los testimonios más duros los ha realizado un veterano Alcalde de un municipio incluido en el ámbito territorial del Parque, que achaca el aumento del desempleo y el abandono de los pueblos en la zona a las prohibicioness y limitaciones que para la ganadería, la agricultura o la actividad cinegética ha supuesto la declaración, recogidas en el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado por Decreto 13/2014.

Precisamente, esta falta de  participación de los habitantes de espacios naturales protegidos en los beneficios que su estado de conservación tiene para la sociedad en su conjunto,  es uno de los mayores escollos que aún ha de salvar la política medioambiental, principalmente en España, donde muchas veces nos hemos limitado a copiar la normativa internacional o europea en la materia y nos hemos olvidado de que en los espacios protegidos viven y trabajan personas de carne y hueso, que no pueden vivir solo de esperanzas.

A estas personas solo les queda pelear para que las Administraciones cumplan las leyes y las normas que, en su mayoría, recogen la necesidad de que las limitaciones y restricciones en las actividades que venían desarrollando sean debidamente compensadas.

 La propia Ley 30/2014, de Parques Nacionales reconoce en su artículo 7.5 , que “cualquier privación en los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre usos y aprovechamientos reconocidos en el interior de un Parque Nacional en el momento de su declaración, así como cualquier limitación en el ejercicio de los mencionados derechos que el titular no tenga el deber jurídico de soportar, será objeto de indemnización a sus titulares (…) Las administraciones públicas, a la vista de la situación anterior, actuarán con la máxima  diligencia para indemnizar en su caso, de acuerdo con la ley declarativa”.

Igualmente, esa necesidad de trabajar, colaborar y compensar a los titulares de derechos y propietarios de terrenos en los Parques se plasma en el nuevo Plan Director de la Red  de Parques Nacionales, aprobado mediante Real Decreto 389/2016, que incluye entre las actuaciones que las Administraciones Públicas han de realizar para la consolidación de la citada Red , la de facilitar, mediante acuerdos voluntarios de colaboración con los titulares de derechos privados y propietarios de terrenos en los Parques Nacionales, el cumplimiento de los objetivos de los mismos, prioritariamente, en la eliminación en el plazo establecido de las actividades clasificadas como incompatibles y en la realización de actividades compatibles y necesarias para la gestión y conservación de los sistemas naturales, así como la de indemnizar, con la máxima diligencia, a los titulares de los bienes y derechos patrimoniales legítimos por las privaciones o limitaciones de los mismos indemnizables conforme a la ley cuando dichos daños se deriven de la legislación básica en la materia y del citado Plan Director.

Los Parques Nacionales, como todos los demás espacios protegidos, dependen para su supervivencia de la aceptación y el trabajo de sus habitantes.  Pero, también, de que exista un equilibrio real entre los beneficios que la protección ambiental reporta a la sociedad en su conjunto y el sacrificio que realizan los que viven en ellos.

Más reciclaje para avanzar hacia una economía circular

El Parlamento votará el 14 de marzo de 2017 cuatro normativas sobre la gestión de residuos, principalmente los que se generan en hogares y pequeños negocios, que representan el 8 por ciento del total de la basura de la Unión Europea. Aumentar las tasas de reciclaje en la UE, limitar la existencia de vertederos, muy perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y reducir los desechos de alimentos, son los principales asuntos que se abordarán en esta etapa.

 

Pasar de una economía lineal, en la que producimos, consumimos y generamos residuos, a una economía circular, en la que después de consumir, reutilizamos, recogemos y reciclamos o reparamos, requiere que las tasas de reciclaje de la Unión Europea sean mayores.

 

En 2014, España solo recicló el 31% de su basura, por debajo de la media de la UE, del 44%, y acumuló en vertederos un 58% de los residuos, también inferior a la media comunitaria, del 31%.

 

El vertido de residuos es la opción más barata pero también es la más nociva para el medio ambiente y para la salud. Por eso es necesario reducirlo al máximo y promover mejores prácticas en la gestión de residuos: incinerar, reciclar, reutilizar o reparar.

 

Una acumulación baja de residuos en vertederos suele implicar altos niveles de reciclaje. Cuantos menos residuos vierta un país, más tiende a reciclar y, por lo tanto, más cerca está de un modelo de economía circular. Este modelo ayudará a crear puestos de trabajo relacionados con el sector como diseño ecológico, reutilización, reparación y recogida.

 

Por otro lado, aunque la incineración es la mejor alternativa al vertido de residuos, una excesiva tasa de incineración puede dar lugar a menores niveles de reciclaje. Algunos países, como Finlandia y Dinamarca, tienen índices muy altos de incineración porque utilizan este método para gestionar los residuos y producir energía. Por lo tanto, esta nueva normativa podría tener impacto en las prácticas de estos países.

 

La propuesta de la Comisión Europea

 

La Comisión Europea ha propuesto que la UE alcance una tasa del 65% de reciclado en 2030 y limite el vertido de residuos al 10% para el mismo año. Sin embargo, la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aboga por objetivos todavía más ambiciosos: conseguir el 70% de reciclaje y llegar a un máximo del 5% para el vertido.

 

El pleno del Parlamento Europeo se pronunciará el 14 de marzo sobre este conjunto de medidas. Se trata de cuatro directivas centradas en la gestión de residuos, los vertederos, el empaquetado, y los vehículos, las baterías y acumuladores, y los residuos de equipamiento electrónico.

Los riesgos legales y regulatorios, los más relevantes para inversores renovables

Según el primer informe sobre Riesgos en los proyectos de energías renovables, el 57% de los inversores encuestados identifica los riesgos legales y regulatorios como los más relevantes en la adquisición y operación de proyectos, seguidos de los financieros

Según el primer informe sobre “Riesgos en los proyectos de energías renovables”, el 57% de los inversores encuestados identifica los riesgos legales y regulatorios como los más relevantes en la adquisición y operación de proyectos, seguidos de los financieros.

Los menos importantes y más controlados, a su juicio, serían los riesgos técnicos. Así se desprende del primer estudio “Riesgos en los proyectos de Energías Renovables”, realizado en base a una encuesta a 110 inversores en proyectos de energía renovable de siete países por Blue Tree Asset Management (BTAM) -compañía especializada en la gestión integral de proyectos de energía renovable-

En cuanto a los riesgos en el ámbito financiero, el 72% de los inversores considera que la falta de cumplimiento en términos financieros es el riesgo principal. Para evitarlo, se percibe como una medida acertada la implicación de asesores externos.

Ahora bien, el riesgo más destacado en el ámbito legal y de Ética Empresarial, según el 79% de los participantes, lo plantean las modificaciones llevadas a cabo en los marcos regulatorios que tienen un impacto directo en las compañías. El 74% de los inversores identifica los seguros de responsabilidad civil para directores y gerentes como la principal forma de combatir los riesgos en este ámbito, además de la elaboración de Códigos Éticos y de Conducta que contemplen la lucha contra el fraude y la elaboración de políticas y canales de denuncia.

Riesgos por regiones y tecnologías

Los inversores también valoran el grado de riesgo por mercados geográficos. La región con mayor exposición al riesgo es África -a juicio del 72% de los encuestados-, seguida de Latinoamérica (el 41%) y Asia (26% de los inversores que participaron en el informe).

Latinoamérica, sin embargo, es valorado como el mercado más atractivo para la inversión en proyectos de energía renovable en los próximos 5-10 años, según el 57% de los inversores encuestados, seguido de Asia y Europa. Norte América es considerada la región con menor riesgo (así lo dicen el 2,3% de los encuestados), aunque es un mercado sólo atractivo para el 20,2% de los inversores.

La encuesta también valora los riesgos por tecnologías: la renovable offshore (mar) y la solar termal son consideradas como las de mayor riesgo (un 27,8% y un 27,1% de los encuestados, respectivamente), mientras que la eólica onshore (tierra) y la hidráulica son las que presentan menor riesgo, según los inversores, junto con la fotovoltaica.

Otros riesgos e iniciativas mitigantes

Además, el informe pone de manifiesto otros riesgos e iniciativas mitigantes en áreas relevantes en la adquisición y operación de activos renovables para los inversores:

Ámbito técnico

En el ámbito técnico, el 63% de los encuestados consideran que el riesgo más importante deriva de fallos de equipo y de la falta de garantías por parte del fabricante. A su vez, el 70% considera que la principal vía para mitigar los riesgos técnicos es la elaboración y negociación de contratos de operación y mantenimiento (O&M) de calidad.

Impacto medioambiental

En el ámbito de la gestión del impacto medioambiental, el 57% considera que el reciclaje es el mayor riesgo y un 67% respalda que se definan acuerdos con los proveedores de O&M para la puesta en marcha de políticas medioambientales.

Protección de la Biodiversidad

En términos de protección de la Biodiversidad, el 56% de los encuestados considera que el uso
indebido de productos fitosanitarios representa el mayor foco de riesgo por su impacto en la flora y fauna. Para reducir estos riesgos, la mayoría de ellos coincide en la necesidad de exigir un seguimiento exhaustivo de los planes de acción en materia medioambiental y social en las fases de operación y mantenimiento (O&M).

Las comunidades locales

En la categoría de participación en la comunidad y su desarrollo, el 69% de los inversores considera que el principal riesgo es la oposición que se encuentra por parte de las comunidades locales. Un riesgo que el 67% considera que se puede reducir si se lleva a cabo una comunicación activa y se establecen canales de diálogo con los actores claves.

Recursos Humanos

En cuanto a los riesgos relacionados con los Recursos Humanos, Derechos Humanos y la No
Discriminación, destaca en primer lugar la posibilidad de que se produzcan negligencias en ámbitos como la salud o la seguridad. Para mitigar estos riesgos, destaca la supervisión de las directrices y protocolos existentes en estos ámbitos.

Fuente: Madridmasd.org

¿Estás obligado a efectuar el control de riesgo de accidentes graves?

A partir de una serie de accidentes ocurridos en los años setenta, la Unión Europea aprobó la Directiva 82/501/CEE , en la que se establecían las bases para prevenir los riesgos de accidentes en determinadas actividades industriales que contenían sustancias consideradas peligrosas.

La Directiva 82/501/CEE es conocida como directiva SEVESO, debido al accidente químico ocurrido en esta ciudad italiana, donde una explosión sacudió una planta química, provocando un número importante de victimas y graves daños a toda la población.

La Directiva anterior fue modificada en diversas ocasiones, hasta aprobar la Directiva 96/82/CE  , ésta conocida como directiva SEVESO II, con el objeto de controlar los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

La última Directiva aprobada Directiva 2012/18/UE, tiene como objeto establecer normas para la prevención de accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, así como para la limitación de sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, con miras a garantizar de forma coherente y eficaz un nivel elevado de protección en toda la Unión.

A nivel estatal, existía el Real Decreto 1254/1999 derogado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre  por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por el que se transpone la Directiva 2012/18/UE  al ordenamiento estatal.

Con respecto al anterior Real Decreto 1254/1999, este real decreto presenta cambios destacables, como son::

– La alineación de las categorías de sustancias de su anexo I con las correspondientes al nuevo sistema europeo de clasificación de sustancias y mezclas (el llamado Reglamento CLP).

– Se incluye un mecanismo de corrección de este anexo para prever las posteriores adaptaciones al sistema de clasificación que pudieran repercutir sobre sustancias para las que se demuestre que no presentan un riesgo de accidente grave.

– Se refuerzan las disposiciones relacionadas con el acceso del público a la información sobre la aplicación del real decreto, con la participación efectiva del público interesado en la toma de decisiones y con los derechos del público a interponer recurso ante la justicia. Todo ello en conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

– Se potencian los mecanismos para la recopilación de información, el intercambio de la misma entre las autoridades competentes y la Comisión Europea y su difusión y puesta a disposición del público.

– En lo que respecta a las inspecciones de los establecimientos, se introducen criterios más estrictos, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, así como una implantación efectiva de las medidas de control consideradas.

– Además se establece la regulación de competencias y coordinación entre Administraciones implicades.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Los establecimientos industriales a los que les serán de aplicación el control de riesgo de accidentes graves, son aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las indicadas en el Anexo I del Real Decreto 840/2015

Dentro de los establecimientos industriales, se distinguen dos categorías:

Establecimiento de nivel inferior : todo aquel establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.

Establecimiento de nivel superior : todo aquel establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.

Quedarán excluidos:

  • 1. Los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamiento pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
  • 2. Los peligros creados por las radiaciones ionizantes originadas por sustancias,
  • 3. El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de los establecimientos contemplados en este real decreto,
  • 4.  El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los establecimientos a que se refiere este real decreto,
  • 5. La explotación de minerales en minas, canteras y mediante perforación; en concreto a las actividades de exploración, extracción y tratamiento de los mismos,
  • 6. La exploración y explotación mar adentro (off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos,
  • 7.  El almacenamiento de gas en emplazamientos subterráneos mar adentro, tanto en aquellos dedicados específicamente al almacenamiento, como en los que también se lleven a cabo actividades de exploración y extracción de minerales, incluidos los hidrocarburos,
  • 8.  Los vertederos de residuos, incluyendo el almacenamiento subterráneo de los mismos.

No obstante lo dispuesto en las letras e) y h), estarán comprendidos en el ámbito de aplicación:

  • Las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas;
  • El almacenamiento subterráneo terrestre de gas en estratos naturales, acuíferos, cavidades salinas y minas en desuso, así como las actividades de tratamiento térmico y químico y el almacenamiento vinculado a estas operaciones en que intervengan sustancias peligrosas;
  • Los almacenamientos temporales de mercurio metálico considerado residuo a los que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CE) 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico

Los establecimientos en que se procesen, manipulen o almacenen explosivos, material pirotécnico o cartuchería, se regirán por su normativa específica, salvo en lo relativo a: La planificación de emergencia exterior,

  • 1. La planificación del uso del suelo,
  • 2. La información al público afectado,
  • 3. La consulta y participación pública en los proyectos de ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos, y
  • 4. La pronta notificación de accidentes.

AUTORIDADES COMPETENTES.

El Ministerio del Interior, a través de Protección Civil y Emergencias, tiene competencias para:

  • Mantener relación permanente con la Comisión Europea,
  • Mantener relación permanente en coordinación a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
  • Comunicar a los Estados Miembros afectados por establecimientos cercanos a su territorio de accidentes ocasionados o que afecten a su territorio,
  • Homologar y aprobar los planes de emergencia.

Los Órganos competentes de la Comunidades Autónomas, a través del control sobre las actividades, velarán por el cumplimiento de los objetivos de prevención de riesgos.

Asimismo los órganos competentes de las Comunidades Autónomas mantendrán informada a la dirección General de Protección Civil y Emergencias de los accidentes graves ocasionados en su territorio y de las causas, actuaciones y medidas preventivas tomadas.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, tienen competencias para:

  • colaborar en la elaboración de planes de emergencia,
  • realizar estudios e informes sobre el cumplimientos del Real Decreto 840/2015
  • en general, hacer de intermediario entre los Órganos competentes de la Comunidades autónomas y el Ministerio del Interior.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales, tienen competencia en la elaboración y aprobación de un plan de actuación municipal, y deben informar de inmediato al Órgano competente de los accidentes graves que se originen en su municipio. Así como encargarse de la activación de las medidas de protección precisas y realizar ejercicios y simulacros de protección civil.

OBLIGACIONES DE LOS INDUSTRIALES

Los industriales a cuyos establecimientos les es de aplicación el Real Decreto 840/2015 están obligados a:

  • Adoptar las medidas previstas en dicho Real Decreto y cuantas resulten necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente.
  • Colaborar con los órganos competentes de las comunidades autónomas y demostrar, en todo momento, que han tomado todas las medidas necesarias previstas en dicho Real Decreto.

En especial, estarán obligados a:

  • 1. Enviar una notificación al órgano competente de la comunidad autónoma donde radiquen, y que contenga como mínimo, la información del establecimiento y de las sustancias peligrosas que utilizan.
  • 2. Definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves así como plasmarla en un documento escrito.
  • 3. Elaborar un informe de seguridad, solo en el caso de los industriales de los establecimientos de nivel superior.
  • 4. Informar al órgano competente de la comunidad autónoma sobre la modificación de una instalación, establecimiento o zona de almacenamiento.
  • 5. Elaborar un plan de emergencia interior o autoprotección, en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
  • 6. Enviar la información necesaria para que los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas puedan elaborar un plan de emergencia exterior, para los establecimientos de nivel superior, incluidos los regulados por el por el Reglamento de Explosivos, y por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
  • 7. Informar de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de protección civil, tan pronto como se origine un incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave.
  • 8. Colaborar en las inspecciones que se realicen en sus establecimientos.
  • 9. Consulte con la ficha correspondiente a su comunidad Autónoma para conocer los tramites que debe realizar para cumplir con las obligaciones del Real Decreto 840/2015.

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN (ESTADOS MIEMBROS)

Información sobre la aplicación de la Directiva 2012/18/UE.

El artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2012/18/UE  exige a los Estados miembros que, a más tardar el 30 de septiembre de 2019, y posteriormente cada cuatro años, informen sobre la aplicación de dicha Directiva.

El primer período de notificación debe abarcar el período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Los siguientes períodos de notificación, cada cuatro años, cubrirán los períodos comprendidos entre el 1 de enero del primer año del período de notificación y el 31 de diciembre del cuarto año del período de notificación.

Mediante la Decisión 2014/896/UE, de 10 de diciembre de 2014   se establece el formato para la comunicación de dicha información

Información sobre los establecimientos regulados por la Directiva 2012/18/UE

El artículo 21, apartado 3, de la Directiva 2012/18/UE  exige a los Estados miembros que proporcionen a la Comisión la información sobre los establecimientos regulados por dicha Directiva utilizando el modelo específico que se aprueba mediante la Decisión 2014/895/UE, de 10 de diciembre de 2014

La información a facilitar será:

a) nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento correspondiente;

b) la actividad o actividades del establecimiento

INFORMACIÓN AL PÚBLICO

La autoridad competente pondrá a disposición del público de forma permanente y en formato electrónico, la información indicada en el anexo III del Real Decreto 840/2015. La información se actualizará cuando resulte necesario.

Asimismo, se someterán a consulta y participación del público interesado: los proyectos relativos a la planificación de establecimientos nuevos; las modificaciones significativas de los establecimientos; y la ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.

Para llevar a cabo este trámite, la autoridad competente en cada caso, informará al público mediante anuncio publicado en el boletín oficial o en una página web oficial, durante al menos 15 días hábiles.

El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de la solicitud de participación.

Fuente: Ecoiuris

La transición energética de Europa está ya en marcha

El Segundo Informe sobre el estado de la Unión de la Energía pone de manifiesto que la modernización de la economía de la Unión Europea y la transición hacia una era con bajas emisiones de carbono son una realidad.

En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables, Europa va por buen camino hacia la consecución de sus objetivos de 2020. Con el fin de reforzar el proceso, la Comisión anuncia en el día de hoy una nueva Gira de la Unión de la Energía.

En consonancia con su compromiso de presentar anualmente informes sobre la situación de la Unión de la Energía, la Comisión Europea publica hoy su segundo informe sobre la Unión de la Energía. En él se pasa revista a los progresos realizados desde la publicación del primer informe sobre la Unión de la Energía de noviembre de 2015. Estos informes son elementos fundamentales para supervisar la aplicación de esta iniciativa prioritaria para la Comisión Juncker.

Maroš Šefčovič, Vicepresidente encargado de la Unión de la Energía, ha manifestado lo siguiente: «La Unión de la Energía no se limita a la energía y el clima; de lo que se trata es de acelerar la modernización en profundidad de toda la economía europea, convirtiéndola en una economía hipocarbónica, eficiente en energía y en recursos, y ello de una forma socialmente justa. Es preciso también reforzar la dimensión exterior de la Unión de la Energía al objeto de impulsar el liderazgo de la UE a nivel mundial. Ahora que una gran parte de las propuestas legislativas que nos ocupan están sobre la mesa, debemos hacer de 2017 el año de su puesta en marcha. Este es el mensaje que lanzaré a los Estados miembros durante la nueva Gira de la Unión de la Energía, que comenzará el 3 de febrero».

Miguel Arias Cañete, comisario encargado de la Acción por el Clima y la Energía, ha afirmado lo siguiente: «Europa avanza satisfactoriamente hacia el cumplimiento de los objetivos sobre clima y energía para 2020. A pesar de las incertidumbres geopolíticas que nos aquejan, Europa sigue adelante en su proceso de transición energética limpia. No hay otra alternativa. Los datos hablan por sí solos: las energías renovables son ya competitivas y, a veces, más baratas que las de combustibles fósiles, dan empleo a más de un millón de personas en Europa, atraen más inversiones que muchos otros sectores, y han permitido reducir las importaciones de combustibles fósiles en 16 000 millones EUR. Ahora Europa debe mantener este esfuerzo, en colaboración con sus socios, para liderar la transición hacia una economía más sostenible y competitiva.»

Desde la publicación del primer informe sobre el estado de la Unión de la Energía, la UE está siguiendo y reforzando diversas estrategias en su camino hacia una economía baja en carbono. La Comisión va a llevar a cabo un análisis en profundidad de las políticas de los Estados miembros y para ello va a aprovechar, a lo largo de 2017, la Gira de la Unión de la Energía.

Para la Unión de la Energía, 2016 fue un año de resultados, un año en el que la visión de la Estrategia marco de la Unión de la Energía se tradujo en iniciativas concretas, tanto legislativas como no legislativas, en particular a través del paquete «Energía limpia para todos los europeos», presentado el 30 de noviembre de 2016.

La UE en su conjunto ha seguido registrando progresos satisfactorios en el cumplimiento de los objetivos de la Unión de la Energía, y en particular de los energéticos y climáticos para 2020 (véanse MEMO/17/162 y MEMO/17/163). Ha alcanzado ya su objetivo de consumo final de energía para 2020. Lo mismo cabe decir respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero: en 2015, tales emisiones fueron inferiores en un 22 % a las de 1990. La UE va también por el buen camino en el sector de las energías renovables, en el que, según datos de 2014, la cuota correspondiente a las mismas alcanzó un 16 % del consumo bruto total. Otra tendencia digna de resaltar es que la UE sigue avanzando en la disociación entre crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el período 1990-2015, el producto interior bruto combinado de la UE creció un 50 %, mientras que las emisiones totales disminuyeron un 22 %.

Tras la celebración del Acuerdo de París en diciembre de 2015, fue la rápida ratificación del Acuerdo por la UE la que permitió que entrara en vigor el primer acuerdo universal y obligatorio en materia climática el 4 de noviembre de 2016.

En un entorno geopolítico en rápida evolución, el éxito de la Unión de la Energía es fundamental para proteger los intereses económicos a largo plazo y el bienestar de Europa y los europeos. Esta es la razón por la que en los últimos meses la Unión de la Energía ha redoblado su interés en la «diplomacia energética», cuyo objetivo es reforzar la seguridad del abastecimiento, aumentar la exportación de tecnologías en materia de baja emisión de carbono e impulsar la competitividad industrial europea.

También en 2016 la Comisión presentó una Estrategia Europea de movilidad con bajo nivel de emisiones con una ambición concreta: la de que, para mediados de siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte sean inferiores a las de 1990 en al menos un 60 % y que sigan una trayectoria constante hacia cero, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de movilidad de personas y mercancías, así como la conectividad global.

Fuente: European Commission

España ratifica el Acuerdo de París

AcuerdoParísLa Embajada de España ante Naciones Unidas depositó,  el pasado 12 de Enero, el instrumento de ratificación del Acuerdo, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional sobre el cambio climático nunca alcanzado

El Acuerdo recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero

 

España depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas, en Nueva York, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional en la lucha contra el cambio climático nunca alcanzado.

 Tras depositar la Embajada española ante Naciones Unidas este instrumento de ratificación, son ya 125 las Partes que ya lo han depositado, dando una señal inequívoca sobre la necesaria transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono que no tiene marcha atrás.

 El 12 de diciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en la capital francesa, alcanzó el Acuerdo de París, un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y un éxito de la comunidad internacional porque, por primera vez, consigue una participación universal de todos los países. Recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

 OBJETIVOS CADA VEZ MÁS AMBICIOSOS

 

El texto del Acuerdo, compuesto por 29 artículos, tiene por objetivo lograr que el aumento de la temperatura media global del planeta quede muy por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, e intenta lograr además esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.

Recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en el mundo e incluye los elementos necesarios para alcanzar dicho objetivo.

 Reconoce también la importancia de incrementar los compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos, para lo cual establece un ciclo de revisión mediante el cual cada cinco años se deberá hacer balance del grado de implementación respecto al objetivo de los 2ºC, incluyendo los compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la situación de los medios de implementación, en especial la financiación.

 En este sentido, todos los países deberán preparar, comunicar y mantener sus contribuciones establecidas a nivel nacional para luchar contra el cambio climático y adoptarán medidas de mitigación internas con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

 

 AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

 

Otro aspecto importante del Acuerdo es que pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, estableciendo un objetivo mundial cualitativo que consiste en  aumentar la capacidad de adaptación a las pérdidas y daños ya ocasionados por el cambio climático.

 Asimismo, fortalece el marco de cooperación global, a fin de que los países en desarrollo más vulnerables al cambio climático puedan afrontar mejor las pérdidas y daños derivados de éste.

 El Mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático será el mismo del Acuerdo de París. Para alcanzar los objetivos recogidos en este Acuerdo, en materia de financiación, entre otros aspectos, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático reconoce el actual compromiso de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales, a partir del año 2020, a través de fuentes públicas y privadas, compromiso que se revisará al alza antes de 2025.

 Además, aunque se reconoce el liderazgo de los países desarrollados a la hora de movilizar financiación climática, por primera vez se anima a los países en desarrollo a que participen, aunque de manera voluntaria, en la financiación de estas actuaciones.

 El marco de transparencia del Acuerdo establece que todos los países proporcionarán información sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología etc., ya sea proporcionada o recibida. Se contempla, asimismo, un proceso de revisión cada 5 años de la información proporcionada por los países Parte en cuanto a la implementación del Acuerdo, que será de utilidad para identificar áreas susceptibles de ser mejoradas.

 Para facilitar el cumplimiento de los compromisos, se establece un Comité de naturaleza facilitadora y no contenciosa ni sancionadora, cuya misión será la de favorecer la aplicación del Acuerdo por todos los países parte del mismo.

Fuente: Mapama

El Gobierno aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

contaminacionMejora la calidad normativa y la seguridad jurídica al incorporar en un único texto las diversas normas con rango legal que han modificado la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación desde su aprobación en 2002

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el  Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

El Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un único texto legal, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las diversas normas con rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002. De esta forma, se regulariza, aclara y armoniza su contenido, lo que redundará en la mejora de su aplicación y en la configuración de un ordenamiento más accesible, actualizado y de calidad.

Esta norma refunde las diversas normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación generada por las más de 6.000 instalaciones existentes actualmente en España a las que son de aplicación.

Para ello, se supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a la obtención de una Autorización Ambiental Integrada, que debe concederse de forma coordinada cuando, en el procedimiento, intervengan varias autoridades competentes.

En este permiso, se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y la gestión de los residuos, así como la protección del suelo, que se basarán en las mejores técnicas disponibles en el ámbito  europeo.

REDUCIR EMISIONES

El principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes se estableció con la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.

En esta Directiva, se establecieron medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. Esta Directiva fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación (Ley IPPC).

Con el mismo principio integrador, la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, deroga la anterior directiva y trata de incorporar las conclusiones de la “Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica”, la “Estrategia temática sobre la prevención y reciclado de residuos”, y la “Estrategia temática sobre la protección del suelo”, lo que dio lugar a la modificación de la normativa española en vigor, para su transposición, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica.

 

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europea para 2017

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europa para 2017

 

parlamentoeuropeoCon fecha 13 de Diciembre de 2016, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el presidente de turno del Consejo, Robert Fico, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han firmado la primera Declaración Conjunta que establece los objetivos y prioridades de la UE para el proceso legislativo en 2017.

Basándose en las Orientaciones estratégicas del Consejo Europeo y en las 10 prioridades de la Comisión Juncker con respecto a las cuales el Parlamento Europeo ha exigido resultados, los presidentes de las tres instituciones europeas acordaron una serie de propuestas a las que darán tratamiento prioritario en el proceso legislativo. Con ello se garantizará que la UE ofrezca a sus ciudadanos resultados concretos y haga frente a los retos más urgentes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha señalado: «La Declaración Conjunta de hoy es un nuevo hito en el modo en que la UE puede superar mejor y con más celeridad nuestros retos comunes. Es la primera vez en la historia de la UE que las tres instituciones europeas han acordado una serie de iniciativas de gran importancia política que deberían llevarse a la práctica de forma inmediata en el proceso legislativo. Podemos ser tres instituciones diferentes, pero solo existe un proyecto europeo en el que trabajamos, en representación de los intereses de todos los ciudadanos de la UE. Lo que hemos visto con la Guardia Europea de Fronteras y Costas debería convertirse en la nueva norma para ofrecer soluciones rápidas y significativas conjuntamente. Cuando hay voluntad, se abre un camino en Europa».

Además del compromiso de la UE con el trabajo que se está realizando sobre todas las propuestas legislativas ya presentadas, los presidentes de las tres instituciones han establecido en la Declaración Común seis ámbitos concretos en los que las propuestas deberían llevarse a la práctica de forma inmediata. Los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometen a racionalizar los esfuerzos de sus instituciones, con el fin de garantizar la rapidez de los avances legislativos sobre las siguientes iniciativas prioritarias y, en la medida de lo posible, su consecución antes de que finalice el año 2017.

  1. Dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE 2.0), modernizando los instrumentos de defensa comercial, la Unión Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, y la mejora de la gestión de los residuos en la economía circular.
  2. Abordar la dimensión social de la Unión Europea, a través de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, la mejora de la coordinación de la seguridad social, el Acta Europea de Accesibilidad y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
  3. Proteger mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, a través del Sistema de Entradas y Salidas, las Fronteras Inteligentes y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), el control de las armas de fuego, instrumentos que penalicen el terrorismo, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
  4. Reformar y desarrollar nuestra política de migración con un espíritu de responsabilidad y solidaridad, mediante la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (incluido el mecanismo de Dublín), el conjunto de medidas sobre la Migración Legal y el Plan de Inversiones Exteriores para ayudar a combatir las causas profundas de la migración aumentando la inversión y la creación de empleo en los países socios.
  5. Cumplir nuestro compromiso de implantar un mercado Único Digital conectado, mediante reformas en materia de telecomunicaciones y derechos de autor de la UE, la utilización en la Unión de la banda de 700 MHz, evitando el bloqueo geográfico injustificado, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y las normas comunes de protección de datos.
  6. Cumplir nuestro objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una política climática con perspectiva de futuro, a través del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, del Acuerdo de París y del conjunto de medidas sobre Energía Limpia para todos los europeos.

Además, los tres presidentes destacan cuatro cuestiones fundamentales que requieren una atención particular y más avances en 2017: i) el compromiso con los valores comunes europeos, el Estado de derecho y los derechos fundamentales; ii) la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; iii) la preservación del principio de libre circulación de los trabajadores; y iv) la contribución a la estabilidad, la seguridad y la paz.

Este esfuerzo conjunto del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea forma parte de un nuevo compromiso común y está explícitamente contemplado en el apartado 7 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», permitiendo a la Unión convertir propuestas en medidas concretas y ofrecer resultados allí donde más se necesitan.

Siguientes pasos

Las tres instituciones han acordado ejercer con rigor una supervisión y un seguimiento de los progresos conjuntos en cuanto a la aplicación de la Declaración Conjunta, tanto a nivel político como a nivel de altos funcionarios. A nivel político, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular mediante reuniones de los presidentes de las tres instituciones en marzo, julio y noviembre de 2017. A nivel técnico, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular en el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que se reunirá a nivel de altos funcionarios (tal como se contempla en el punto 50 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»).

Para facilitar la supervisión y seguimiento de las acciones consecutivas a la Declaración Conjunta, en un documento de trabajo que acompaña a la Declaración Conjunta detallan las iniciativas que deberán llevarse a la práctica de forma inmediata en 2017.

Contexto

El 15 de marzo de 2016, las tres instituciones europeas consensuaron el nuevo Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» para mejorar la calidad y los resultados de la legislación europea. Dicho Acuerdo está aportando cambios en todo el ciclo de formulación de políticas, desde las consultas y la evaluación de impacto hasta la adopción, aplicación y evaluación de la legislación de la UE. Con arreglo al nuevo AI, deben existir acuerdos conjuntos sobre los temas fundamentales a los que deben dar prioridad los legisladores, entre otras cosas iniciativas de simplificación de la legislación vigente.

Cada año, el Consejo, el Parlamento y la Comisión debaten las prioridades legislativas de la UE y acuerdan las principales prioridades comunes para el año siguiente. Esto permite a las tres instituciones colaborar más estrechamente para hacer frente a los grandes retos que se avecinan.

La Declaración Conjunta de hoy constituye un primer paso de este nuevo enfoque de la legislación centrado en la obtención de resultados. La Declaración también está en consonancia con el Programa de trabajo de la Comisión para 2017.

Fuente: Euro-lex

El Gobierno regula el uso de la marca "Reservas de la Biosfera españolas"

 
  • Pretende promocionar el concepto de Reservas de la Biosfera distinguiendo aquellos productos y servicios de sus territorios siempre que contribuyan a cumplir con las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico de las mismas

rerervabiosferamarcaEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas".

"Reservas de la Biosfera Españolas" pretende promocionar el concepto de Reservas de la Biosfera, distinguiendo aquellos productos y servicios de los territorios de las reservas, siempre que contribuyan a cumplir con las funciones básicas de conservación, desarrollo y apoyo logístico de las mismas y respetando las singularidades de cada una de ellas.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales es el encargado de la coordinación del Programa MaB "Persona y Biosfera" de la UNESCO en España, un instrumento para formular criterios y ejemplificar un nuevo modelo de relación del ser humano con la naturaleza. Entre sus funciones se encuentran la de impulsar y coordinar las actividades que constituyen la contribución española al programa y, en particular, de la promoción del concepto de Reserva de la Biosfera.

Licencia de uso

La licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas" se podrá conceder a cualquier persona, física o jurídica, que realice su actividad en alguno de los municipios que pertenecen a la Reserva de la Biosfera respecto a productos agroalimentarios y artesanos, productos y servicios turísticos, eventos y otros.

Cada órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera se encargará de fijar los requisitos específicos que habrán de cumplir los productos y servicios de su reserva para adaptarlos a las singularidades de cada una de ellas y acorde con los requisitos generales contemplados en el real decreto aprobado hoy.

El Organismo Parques Nacionales es el órgano de control responsable del buen uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas" y el Consejo de Gestores del Comité Español del Programa MaB apoyará, asimismo, al Organismo para la evaluación de las solicitudes para la obtención de la licencia de uso de la marca, así como para asesoramiento referente a su uso.

Primer país del mundo

España cuenta con 48 espacios que ostentan este galardón de la UNESCO, y que ya abarcan casi el 11 por 100 del territorio, y es el primer país del mundo, en número de espacios declaradas, por delante de Estados Unidos, con 47.

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