Los riesgos legales y regulatorios, los más relevantes para inversores renovables

Según el primer informe sobre Riesgos en los proyectos de energías renovables, el 57% de los inversores encuestados identifica los riesgos legales y regulatorios como los más relevantes en la adquisición y operación de proyectos, seguidos de los financieros

Según el primer informe sobre “Riesgos en los proyectos de energías renovables”, el 57% de los inversores encuestados identifica los riesgos legales y regulatorios como los más relevantes en la adquisición y operación de proyectos, seguidos de los financieros.

Los menos importantes y más controlados, a su juicio, serían los riesgos técnicos. Así se desprende del primer estudio “Riesgos en los proyectos de Energías Renovables”, realizado en base a una encuesta a 110 inversores en proyectos de energía renovable de siete países por Blue Tree Asset Management (BTAM) -compañía especializada en la gestión integral de proyectos de energía renovable-

En cuanto a los riesgos en el ámbito financiero, el 72% de los inversores considera que la falta de cumplimiento en términos financieros es el riesgo principal. Para evitarlo, se percibe como una medida acertada la implicación de asesores externos.

Ahora bien, el riesgo más destacado en el ámbito legal y de Ética Empresarial, según el 79% de los participantes, lo plantean las modificaciones llevadas a cabo en los marcos regulatorios que tienen un impacto directo en las compañías. El 74% de los inversores identifica los seguros de responsabilidad civil para directores y gerentes como la principal forma de combatir los riesgos en este ámbito, además de la elaboración de Códigos Éticos y de Conducta que contemplen la lucha contra el fraude y la elaboración de políticas y canales de denuncia.

Riesgos por regiones y tecnologías

Los inversores también valoran el grado de riesgo por mercados geográficos. La región con mayor exposición al riesgo es África -a juicio del 72% de los encuestados-, seguida de Latinoamérica (el 41%) y Asia (26% de los inversores que participaron en el informe).

Latinoamérica, sin embargo, es valorado como el mercado más atractivo para la inversión en proyectos de energía renovable en los próximos 5-10 años, según el 57% de los inversores encuestados, seguido de Asia y Europa. Norte América es considerada la región con menor riesgo (así lo dicen el 2,3% de los encuestados), aunque es un mercado sólo atractivo para el 20,2% de los inversores.

La encuesta también valora los riesgos por tecnologías: la renovable offshore (mar) y la solar termal son consideradas como las de mayor riesgo (un 27,8% y un 27,1% de los encuestados, respectivamente), mientras que la eólica onshore (tierra) y la hidráulica son las que presentan menor riesgo, según los inversores, junto con la fotovoltaica.

Otros riesgos e iniciativas mitigantes

Además, el informe pone de manifiesto otros riesgos e iniciativas mitigantes en áreas relevantes en la adquisición y operación de activos renovables para los inversores:

Ámbito técnico

En el ámbito técnico, el 63% de los encuestados consideran que el riesgo más importante deriva de fallos de equipo y de la falta de garantías por parte del fabricante. A su vez, el 70% considera que la principal vía para mitigar los riesgos técnicos es la elaboración y negociación de contratos de operación y mantenimiento (O&M) de calidad.

Impacto medioambiental

En el ámbito de la gestión del impacto medioambiental, el 57% considera que el reciclaje es el mayor riesgo y un 67% respalda que se definan acuerdos con los proveedores de O&M para la puesta en marcha de políticas medioambientales.

Protección de la Biodiversidad

En términos de protección de la Biodiversidad, el 56% de los encuestados considera que el uso
indebido de productos fitosanitarios representa el mayor foco de riesgo por su impacto en la flora y fauna. Para reducir estos riesgos, la mayoría de ellos coincide en la necesidad de exigir un seguimiento exhaustivo de los planes de acción en materia medioambiental y social en las fases de operación y mantenimiento (O&M).

Las comunidades locales

En la categoría de participación en la comunidad y su desarrollo, el 69% de los inversores considera que el principal riesgo es la oposición que se encuentra por parte de las comunidades locales. Un riesgo que el 67% considera que se puede reducir si se lleva a cabo una comunicación activa y se establecen canales de diálogo con los actores claves.

Recursos Humanos

En cuanto a los riesgos relacionados con los Recursos Humanos, Derechos Humanos y la No
Discriminación, destaca en primer lugar la posibilidad de que se produzcan negligencias en ámbitos como la salud o la seguridad. Para mitigar estos riesgos, destaca la supervisión de las directrices y protocolos existentes en estos ámbitos.

Fuente: Madridmasd.org

¿Estás obligado a efectuar el control de riesgo de accidentes graves?

A partir de una serie de accidentes ocurridos en los años setenta, la Unión Europea aprobó la Directiva 82/501/CEE , en la que se establecían las bases para prevenir los riesgos de accidentes en determinadas actividades industriales que contenían sustancias consideradas peligrosas.

La Directiva 82/501/CEE es conocida como directiva SEVESO, debido al accidente químico ocurrido en esta ciudad italiana, donde una explosión sacudió una planta química, provocando un número importante de victimas y graves daños a toda la población.

La Directiva anterior fue modificada en diversas ocasiones, hasta aprobar la Directiva 96/82/CE  , ésta conocida como directiva SEVESO II, con el objeto de controlar los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

La última Directiva aprobada Directiva 2012/18/UE, tiene como objeto establecer normas para la prevención de accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, así como para la limitación de sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, con miras a garantizar de forma coherente y eficaz un nivel elevado de protección en toda la Unión.

A nivel estatal, existía el Real Decreto 1254/1999 derogado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre  por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por el que se transpone la Directiva 2012/18/UE  al ordenamiento estatal.

Con respecto al anterior Real Decreto 1254/1999, este real decreto presenta cambios destacables, como son::

– La alineación de las categorías de sustancias de su anexo I con las correspondientes al nuevo sistema europeo de clasificación de sustancias y mezclas (el llamado Reglamento CLP).

– Se incluye un mecanismo de corrección de este anexo para prever las posteriores adaptaciones al sistema de clasificación que pudieran repercutir sobre sustancias para las que se demuestre que no presentan un riesgo de accidente grave.

– Se refuerzan las disposiciones relacionadas con el acceso del público a la información sobre la aplicación del real decreto, con la participación efectiva del público interesado en la toma de decisiones y con los derechos del público a interponer recurso ante la justicia. Todo ello en conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

– Se potencian los mecanismos para la recopilación de información, el intercambio de la misma entre las autoridades competentes y la Comisión Europea y su difusión y puesta a disposición del público.

– En lo que respecta a las inspecciones de los establecimientos, se introducen criterios más estrictos, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, así como una implantación efectiva de las medidas de control consideradas.

– Además se establece la regulación de competencias y coordinación entre Administraciones implicades.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Los establecimientos industriales a los que les serán de aplicación el control de riesgo de accidentes graves, son aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las indicadas en el Anexo I del Real Decreto 840/2015

Dentro de los establecimientos industriales, se distinguen dos categorías:

Establecimiento de nivel inferior : todo aquel establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.

Establecimiento de nivel superior : todo aquel establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.

Quedarán excluidos:

  • 1. Los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamiento pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
  • 2. Los peligros creados por las radiaciones ionizantes originadas por sustancias,
  • 3. El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de los establecimientos contemplados en este real decreto,
  • 4.  El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los establecimientos a que se refiere este real decreto,
  • 5. La explotación de minerales en minas, canteras y mediante perforación; en concreto a las actividades de exploración, extracción y tratamiento de los mismos,
  • 6. La exploración y explotación mar adentro (off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos,
  • 7.  El almacenamiento de gas en emplazamientos subterráneos mar adentro, tanto en aquellos dedicados específicamente al almacenamiento, como en los que también se lleven a cabo actividades de exploración y extracción de minerales, incluidos los hidrocarburos,
  • 8.  Los vertederos de residuos, incluyendo el almacenamiento subterráneo de los mismos.

No obstante lo dispuesto en las letras e) y h), estarán comprendidos en el ámbito de aplicación:

  • Las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas;
  • El almacenamiento subterráneo terrestre de gas en estratos naturales, acuíferos, cavidades salinas y minas en desuso, así como las actividades de tratamiento térmico y químico y el almacenamiento vinculado a estas operaciones en que intervengan sustancias peligrosas;
  • Los almacenamientos temporales de mercurio metálico considerado residuo a los que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CE) 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico

Los establecimientos en que se procesen, manipulen o almacenen explosivos, material pirotécnico o cartuchería, se regirán por su normativa específica, salvo en lo relativo a: La planificación de emergencia exterior,

  • 1. La planificación del uso del suelo,
  • 2. La información al público afectado,
  • 3. La consulta y participación pública en los proyectos de ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos, y
  • 4. La pronta notificación de accidentes.

AUTORIDADES COMPETENTES.

El Ministerio del Interior, a través de Protección Civil y Emergencias, tiene competencias para:

  • Mantener relación permanente con la Comisión Europea,
  • Mantener relación permanente en coordinación a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
  • Comunicar a los Estados Miembros afectados por establecimientos cercanos a su territorio de accidentes ocasionados o que afecten a su territorio,
  • Homologar y aprobar los planes de emergencia.

Los Órganos competentes de la Comunidades Autónomas, a través del control sobre las actividades, velarán por el cumplimiento de los objetivos de prevención de riesgos.

Asimismo los órganos competentes de las Comunidades Autónomas mantendrán informada a la dirección General de Protección Civil y Emergencias de los accidentes graves ocasionados en su territorio y de las causas, actuaciones y medidas preventivas tomadas.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, tienen competencias para:

  • colaborar en la elaboración de planes de emergencia,
  • realizar estudios e informes sobre el cumplimientos del Real Decreto 840/2015
  • en general, hacer de intermediario entre los Órganos competentes de la Comunidades autónomas y el Ministerio del Interior.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales, tienen competencia en la elaboración y aprobación de un plan de actuación municipal, y deben informar de inmediato al Órgano competente de los accidentes graves que se originen en su municipio. Así como encargarse de la activación de las medidas de protección precisas y realizar ejercicios y simulacros de protección civil.

OBLIGACIONES DE LOS INDUSTRIALES

Los industriales a cuyos establecimientos les es de aplicación el Real Decreto 840/2015 están obligados a:

  • Adoptar las medidas previstas en dicho Real Decreto y cuantas resulten necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente.
  • Colaborar con los órganos competentes de las comunidades autónomas y demostrar, en todo momento, que han tomado todas las medidas necesarias previstas en dicho Real Decreto.

En especial, estarán obligados a:

  • 1. Enviar una notificación al órgano competente de la comunidad autónoma donde radiquen, y que contenga como mínimo, la información del establecimiento y de las sustancias peligrosas que utilizan.
  • 2. Definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves así como plasmarla en un documento escrito.
  • 3. Elaborar un informe de seguridad, solo en el caso de los industriales de los establecimientos de nivel superior.
  • 4. Informar al órgano competente de la comunidad autónoma sobre la modificación de una instalación, establecimiento o zona de almacenamiento.
  • 5. Elaborar un plan de emergencia interior o autoprotección, en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
  • 6. Enviar la información necesaria para que los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas puedan elaborar un plan de emergencia exterior, para los establecimientos de nivel superior, incluidos los regulados por el por el Reglamento de Explosivos, y por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
  • 7. Informar de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de protección civil, tan pronto como se origine un incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave.
  • 8. Colaborar en las inspecciones que se realicen en sus establecimientos.
  • 9. Consulte con la ficha correspondiente a su comunidad Autónoma para conocer los tramites que debe realizar para cumplir con las obligaciones del Real Decreto 840/2015.

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN (ESTADOS MIEMBROS)

Información sobre la aplicación de la Directiva 2012/18/UE.

El artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2012/18/UE  exige a los Estados miembros que, a más tardar el 30 de septiembre de 2019, y posteriormente cada cuatro años, informen sobre la aplicación de dicha Directiva.

El primer período de notificación debe abarcar el período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Los siguientes períodos de notificación, cada cuatro años, cubrirán los períodos comprendidos entre el 1 de enero del primer año del período de notificación y el 31 de diciembre del cuarto año del período de notificación.

Mediante la Decisión 2014/896/UE, de 10 de diciembre de 2014   se establece el formato para la comunicación de dicha información

Información sobre los establecimientos regulados por la Directiva 2012/18/UE

El artículo 21, apartado 3, de la Directiva 2012/18/UE  exige a los Estados miembros que proporcionen a la Comisión la información sobre los establecimientos regulados por dicha Directiva utilizando el modelo específico que se aprueba mediante la Decisión 2014/895/UE, de 10 de diciembre de 2014

La información a facilitar será:

a) nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento correspondiente;

b) la actividad o actividades del establecimiento

INFORMACIÓN AL PÚBLICO

La autoridad competente pondrá a disposición del público de forma permanente y en formato electrónico, la información indicada en el anexo III del Real Decreto 840/2015. La información se actualizará cuando resulte necesario.

Asimismo, se someterán a consulta y participación del público interesado: los proyectos relativos a la planificación de establecimientos nuevos; las modificaciones significativas de los establecimientos; y la ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.

Para llevar a cabo este trámite, la autoridad competente en cada caso, informará al público mediante anuncio publicado en el boletín oficial o en una página web oficial, durante al menos 15 días hábiles.

El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de la solicitud de participación.

Fuente: Ecoiuris

La transición energética de Europa está ya en marcha

El Segundo Informe sobre el estado de la Unión de la Energía pone de manifiesto que la modernización de la economía de la Unión Europea y la transición hacia una era con bajas emisiones de carbono son una realidad.

En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables, Europa va por buen camino hacia la consecución de sus objetivos de 2020. Con el fin de reforzar el proceso, la Comisión anuncia en el día de hoy una nueva Gira de la Unión de la Energía.

En consonancia con su compromiso de presentar anualmente informes sobre la situación de la Unión de la Energía, la Comisión Europea publica hoy su segundo informe sobre la Unión de la Energía. En él se pasa revista a los progresos realizados desde la publicación del primer informe sobre la Unión de la Energía de noviembre de 2015. Estos informes son elementos fundamentales para supervisar la aplicación de esta iniciativa prioritaria para la Comisión Juncker.

Maroš Šefčovič, Vicepresidente encargado de la Unión de la Energía, ha manifestado lo siguiente: «La Unión de la Energía no se limita a la energía y el clima; de lo que se trata es de acelerar la modernización en profundidad de toda la economía europea, convirtiéndola en una economía hipocarbónica, eficiente en energía y en recursos, y ello de una forma socialmente justa. Es preciso también reforzar la dimensión exterior de la Unión de la Energía al objeto de impulsar el liderazgo de la UE a nivel mundial. Ahora que una gran parte de las propuestas legislativas que nos ocupan están sobre la mesa, debemos hacer de 2017 el año de su puesta en marcha. Este es el mensaje que lanzaré a los Estados miembros durante la nueva Gira de la Unión de la Energía, que comenzará el 3 de febrero».

Miguel Arias Cañete, comisario encargado de la Acción por el Clima y la Energía, ha afirmado lo siguiente: «Europa avanza satisfactoriamente hacia el cumplimiento de los objetivos sobre clima y energía para 2020. A pesar de las incertidumbres geopolíticas que nos aquejan, Europa sigue adelante en su proceso de transición energética limpia. No hay otra alternativa. Los datos hablan por sí solos: las energías renovables son ya competitivas y, a veces, más baratas que las de combustibles fósiles, dan empleo a más de un millón de personas en Europa, atraen más inversiones que muchos otros sectores, y han permitido reducir las importaciones de combustibles fósiles en 16 000 millones EUR. Ahora Europa debe mantener este esfuerzo, en colaboración con sus socios, para liderar la transición hacia una economía más sostenible y competitiva.»

Desde la publicación del primer informe sobre el estado de la Unión de la Energía, la UE está siguiendo y reforzando diversas estrategias en su camino hacia una economía baja en carbono. La Comisión va a llevar a cabo un análisis en profundidad de las políticas de los Estados miembros y para ello va a aprovechar, a lo largo de 2017, la Gira de la Unión de la Energía.

Para la Unión de la Energía, 2016 fue un año de resultados, un año en el que la visión de la Estrategia marco de la Unión de la Energía se tradujo en iniciativas concretas, tanto legislativas como no legislativas, en particular a través del paquete «Energía limpia para todos los europeos», presentado el 30 de noviembre de 2016.

La UE en su conjunto ha seguido registrando progresos satisfactorios en el cumplimiento de los objetivos de la Unión de la Energía, y en particular de los energéticos y climáticos para 2020 (véanse MEMO/17/162 y MEMO/17/163). Ha alcanzado ya su objetivo de consumo final de energía para 2020. Lo mismo cabe decir respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero: en 2015, tales emisiones fueron inferiores en un 22 % a las de 1990. La UE va también por el buen camino en el sector de las energías renovables, en el que, según datos de 2014, la cuota correspondiente a las mismas alcanzó un 16 % del consumo bruto total. Otra tendencia digna de resaltar es que la UE sigue avanzando en la disociación entre crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el período 1990-2015, el producto interior bruto combinado de la UE creció un 50 %, mientras que las emisiones totales disminuyeron un 22 %.

Tras la celebración del Acuerdo de París en diciembre de 2015, fue la rápida ratificación del Acuerdo por la UE la que permitió que entrara en vigor el primer acuerdo universal y obligatorio en materia climática el 4 de noviembre de 2016.

En un entorno geopolítico en rápida evolución, el éxito de la Unión de la Energía es fundamental para proteger los intereses económicos a largo plazo y el bienestar de Europa y los europeos. Esta es la razón por la que en los últimos meses la Unión de la Energía ha redoblado su interés en la «diplomacia energética», cuyo objetivo es reforzar la seguridad del abastecimiento, aumentar la exportación de tecnologías en materia de baja emisión de carbono e impulsar la competitividad industrial europea.

También en 2016 la Comisión presentó una Estrategia Europea de movilidad con bajo nivel de emisiones con una ambición concreta: la de que, para mediados de siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte sean inferiores a las de 1990 en al menos un 60 % y que sigan una trayectoria constante hacia cero, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de movilidad de personas y mercancías, así como la conectividad global.

Fuente: European Commission

España ratifica el Acuerdo de París

AcuerdoParísLa Embajada de España ante Naciones Unidas depositó,  el pasado 12 de Enero, el instrumento de ratificación del Acuerdo, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional sobre el cambio climático nunca alcanzado

El Acuerdo recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero

 

España depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas, en Nueva York, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional en la lucha contra el cambio climático nunca alcanzado.

 Tras depositar la Embajada española ante Naciones Unidas este instrumento de ratificación, son ya 125 las Partes que ya lo han depositado, dando una señal inequívoca sobre la necesaria transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono que no tiene marcha atrás.

 El 12 de diciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en la capital francesa, alcanzó el Acuerdo de París, un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y un éxito de la comunidad internacional porque, por primera vez, consigue una participación universal de todos los países. Recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

 OBJETIVOS CADA VEZ MÁS AMBICIOSOS

 

El texto del Acuerdo, compuesto por 29 artículos, tiene por objetivo lograr que el aumento de la temperatura media global del planeta quede muy por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, e intenta lograr además esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.

Recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en el mundo e incluye los elementos necesarios para alcanzar dicho objetivo.

 Reconoce también la importancia de incrementar los compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos, para lo cual establece un ciclo de revisión mediante el cual cada cinco años se deberá hacer balance del grado de implementación respecto al objetivo de los 2ºC, incluyendo los compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la situación de los medios de implementación, en especial la financiación.

 En este sentido, todos los países deberán preparar, comunicar y mantener sus contribuciones establecidas a nivel nacional para luchar contra el cambio climático y adoptarán medidas de mitigación internas con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

 

 AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

 

Otro aspecto importante del Acuerdo es que pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, estableciendo un objetivo mundial cualitativo que consiste en  aumentar la capacidad de adaptación a las pérdidas y daños ya ocasionados por el cambio climático.

 Asimismo, fortalece el marco de cooperación global, a fin de que los países en desarrollo más vulnerables al cambio climático puedan afrontar mejor las pérdidas y daños derivados de éste.

 El Mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático será el mismo del Acuerdo de París. Para alcanzar los objetivos recogidos en este Acuerdo, en materia de financiación, entre otros aspectos, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático reconoce el actual compromiso de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales, a partir del año 2020, a través de fuentes públicas y privadas, compromiso que se revisará al alza antes de 2025.

 Además, aunque se reconoce el liderazgo de los países desarrollados a la hora de movilizar financiación climática, por primera vez se anima a los países en desarrollo a que participen, aunque de manera voluntaria, en la financiación de estas actuaciones.

 El marco de transparencia del Acuerdo establece que todos los países proporcionarán información sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología etc., ya sea proporcionada o recibida. Se contempla, asimismo, un proceso de revisión cada 5 años de la información proporcionada por los países Parte en cuanto a la implementación del Acuerdo, que será de utilidad para identificar áreas susceptibles de ser mejoradas.

 Para facilitar el cumplimiento de los compromisos, se establece un Comité de naturaleza facilitadora y no contenciosa ni sancionadora, cuya misión será la de favorecer la aplicación del Acuerdo por todos los países parte del mismo.

Fuente: Mapama

El Gobierno aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

contaminacionMejora la calidad normativa y la seguridad jurídica al incorporar en un único texto las diversas normas con rango legal que han modificado la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación desde su aprobación en 2002

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el  Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

El Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un único texto legal, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las diversas normas con rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002. De esta forma, se regulariza, aclara y armoniza su contenido, lo que redundará en la mejora de su aplicación y en la configuración de un ordenamiento más accesible, actualizado y de calidad.

Esta norma refunde las diversas normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación generada por las más de 6.000 instalaciones existentes actualmente en España a las que son de aplicación.

Para ello, se supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a la obtención de una Autorización Ambiental Integrada, que debe concederse de forma coordinada cuando, en el procedimiento, intervengan varias autoridades competentes.

En este permiso, se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y la gestión de los residuos, así como la protección del suelo, que se basarán en las mejores técnicas disponibles en el ámbito  europeo.

REDUCIR EMISIONES

El principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes se estableció con la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.

En esta Directiva, se establecieron medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. Esta Directiva fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación (Ley IPPC).

Con el mismo principio integrador, la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, deroga la anterior directiva y trata de incorporar las conclusiones de la “Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica”, la “Estrategia temática sobre la prevención y reciclado de residuos”, y la “Estrategia temática sobre la protección del suelo”, lo que dio lugar a la modificación de la normativa española en vigor, para su transposición, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica.

 

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europea para 2017

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europa para 2017

 

parlamentoeuropeoCon fecha 13 de Diciembre de 2016, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el presidente de turno del Consejo, Robert Fico, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han firmado la primera Declaración Conjunta que establece los objetivos y prioridades de la UE para el proceso legislativo en 2017.

Basándose en las Orientaciones estratégicas del Consejo Europeo y en las 10 prioridades de la Comisión Juncker con respecto a las cuales el Parlamento Europeo ha exigido resultados, los presidentes de las tres instituciones europeas acordaron una serie de propuestas a las que darán tratamiento prioritario en el proceso legislativo. Con ello se garantizará que la UE ofrezca a sus ciudadanos resultados concretos y haga frente a los retos más urgentes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha señalado: «La Declaración Conjunta de hoy es un nuevo hito en el modo en que la UE puede superar mejor y con más celeridad nuestros retos comunes. Es la primera vez en la historia de la UE que las tres instituciones europeas han acordado una serie de iniciativas de gran importancia política que deberían llevarse a la práctica de forma inmediata en el proceso legislativo. Podemos ser tres instituciones diferentes, pero solo existe un proyecto europeo en el que trabajamos, en representación de los intereses de todos los ciudadanos de la UE. Lo que hemos visto con la Guardia Europea de Fronteras y Costas debería convertirse en la nueva norma para ofrecer soluciones rápidas y significativas conjuntamente. Cuando hay voluntad, se abre un camino en Europa».

Además del compromiso de la UE con el trabajo que se está realizando sobre todas las propuestas legislativas ya presentadas, los presidentes de las tres instituciones han establecido en la Declaración Común seis ámbitos concretos en los que las propuestas deberían llevarse a la práctica de forma inmediata. Los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometen a racionalizar los esfuerzos de sus instituciones, con el fin de garantizar la rapidez de los avances legislativos sobre las siguientes iniciativas prioritarias y, en la medida de lo posible, su consecución antes de que finalice el año 2017.

  1. Dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE 2.0), modernizando los instrumentos de defensa comercial, la Unión Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, y la mejora de la gestión de los residuos en la economía circular.
  2. Abordar la dimensión social de la Unión Europea, a través de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, la mejora de la coordinación de la seguridad social, el Acta Europea de Accesibilidad y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
  3. Proteger mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, a través del Sistema de Entradas y Salidas, las Fronteras Inteligentes y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), el control de las armas de fuego, instrumentos que penalicen el terrorismo, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
  4. Reformar y desarrollar nuestra política de migración con un espíritu de responsabilidad y solidaridad, mediante la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (incluido el mecanismo de Dublín), el conjunto de medidas sobre la Migración Legal y el Plan de Inversiones Exteriores para ayudar a combatir las causas profundas de la migración aumentando la inversión y la creación de empleo en los países socios.
  5. Cumplir nuestro compromiso de implantar un mercado Único Digital conectado, mediante reformas en materia de telecomunicaciones y derechos de autor de la UE, la utilización en la Unión de la banda de 700 MHz, evitando el bloqueo geográfico injustificado, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y las normas comunes de protección de datos.
  6. Cumplir nuestro objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una política climática con perspectiva de futuro, a través del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, del Acuerdo de París y del conjunto de medidas sobre Energía Limpia para todos los europeos.

Además, los tres presidentes destacan cuatro cuestiones fundamentales que requieren una atención particular y más avances en 2017: i) el compromiso con los valores comunes europeos, el Estado de derecho y los derechos fundamentales; ii) la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; iii) la preservación del principio de libre circulación de los trabajadores; y iv) la contribución a la estabilidad, la seguridad y la paz.

Este esfuerzo conjunto del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea forma parte de un nuevo compromiso común y está explícitamente contemplado en el apartado 7 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», permitiendo a la Unión convertir propuestas en medidas concretas y ofrecer resultados allí donde más se necesitan.

Siguientes pasos

Las tres instituciones han acordado ejercer con rigor una supervisión y un seguimiento de los progresos conjuntos en cuanto a la aplicación de la Declaración Conjunta, tanto a nivel político como a nivel de altos funcionarios. A nivel político, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular mediante reuniones de los presidentes de las tres instituciones en marzo, julio y noviembre de 2017. A nivel técnico, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular en el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que se reunirá a nivel de altos funcionarios (tal como se contempla en el punto 50 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»).

Para facilitar la supervisión y seguimiento de las acciones consecutivas a la Declaración Conjunta, en un documento de trabajo que acompaña a la Declaración Conjunta detallan las iniciativas que deberán llevarse a la práctica de forma inmediata en 2017.

Contexto

El 15 de marzo de 2016, las tres instituciones europeas consensuaron el nuevo Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» para mejorar la calidad y los resultados de la legislación europea. Dicho Acuerdo está aportando cambios en todo el ciclo de formulación de políticas, desde las consultas y la evaluación de impacto hasta la adopción, aplicación y evaluación de la legislación de la UE. Con arreglo al nuevo AI, deben existir acuerdos conjuntos sobre los temas fundamentales a los que deben dar prioridad los legisladores, entre otras cosas iniciativas de simplificación de la legislación vigente.

Cada año, el Consejo, el Parlamento y la Comisión debaten las prioridades legislativas de la UE y acuerdan las principales prioridades comunes para el año siguiente. Esto permite a las tres instituciones colaborar más estrechamente para hacer frente a los grandes retos que se avecinan.

La Declaración Conjunta de hoy constituye un primer paso de este nuevo enfoque de la legislación centrado en la obtención de resultados. La Declaración también está en consonancia con el Programa de trabajo de la Comisión para 2017.

Fuente: Euro-lex

El Gobierno regula el uso de la marca "Reservas de la Biosfera españolas"

 
  • Pretende promocionar el concepto de Reservas de la Biosfera distinguiendo aquellos productos y servicios de sus territorios siempre que contribuyan a cumplir con las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico de las mismas

rerervabiosferamarcaEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas".

"Reservas de la Biosfera Españolas" pretende promocionar el concepto de Reservas de la Biosfera, distinguiendo aquellos productos y servicios de los territorios de las reservas, siempre que contribuyan a cumplir con las funciones básicas de conservación, desarrollo y apoyo logístico de las mismas y respetando las singularidades de cada una de ellas.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales es el encargado de la coordinación del Programa MaB "Persona y Biosfera" de la UNESCO en España, un instrumento para formular criterios y ejemplificar un nuevo modelo de relación del ser humano con la naturaleza. Entre sus funciones se encuentran la de impulsar y coordinar las actividades que constituyen la contribución española al programa y, en particular, de la promoción del concepto de Reserva de la Biosfera.

Licencia de uso

La licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas" se podrá conceder a cualquier persona, física o jurídica, que realice su actividad en alguno de los municipios que pertenecen a la Reserva de la Biosfera respecto a productos agroalimentarios y artesanos, productos y servicios turísticos, eventos y otros.

Cada órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera se encargará de fijar los requisitos específicos que habrán de cumplir los productos y servicios de su reserva para adaptarlos a las singularidades de cada una de ellas y acorde con los requisitos generales contemplados en el real decreto aprobado hoy.

El Organismo Parques Nacionales es el órgano de control responsable del buen uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas" y el Consejo de Gestores del Comité Español del Programa MaB apoyará, asimismo, al Organismo para la evaluación de las solicitudes para la obtención de la licencia de uso de la marca, así como para asesoramiento referente a su uso.

Primer país del mundo

España cuenta con 48 espacios que ostentan este galardón de la UNESCO, y que ya abarcan casi el 11 por 100 del territorio, y es el primer país del mundo, en número de espacios declaradas, por delante de Estados Unidos, con 47.

La protección del secreto comercial e industrial no puede invocarse frente a la divulgación de la información medioambiental

Cglifosatouando una persona solicita al acceso a documentos en materia medioambiental, el concepto de «información sobre emisiones en el medio ambiente» incluye, en particular, la información referente a la naturaleza y a las repercusiones de las liberaciones de un pesticida en el aire, el agua, el suelo o las plantas

 

 

 

El Tribunal de Justicia ha conocido de dos asuntos que, aunque diferentes en cuanto a los hechos, se refieren en esencia al derecho de acceso a los documentos en materia medioambiental.


En el asunto C-673/13 P, las asociaciones Stichting Greenpeace Nederland y Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), basándose en un reglamento de la Unión,  presentaron ante la Comisión una solicitud de acceso a varios documentos relativos a la primera autorización de comercialización del glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en el mundo para eliminar hierbas en el ámbito agrícola y para el mantenimiento de espacios urbanos e industriales. La Comisión concedió el acceso a estos documentos, con excepción de una parte del proyecto de informe de evaluación elaborado por Alemania. La Comisión motivó su denegación indicando que el documento en cuestión contenía información confidencial sobre los derechos de propiedad intelectual de los solicitantes de la autorización del glifosato, a saber, en particular, la composición química detallada de esta sustancia y su proceso de fabricación, así como las impurezas y la composición de los productos acabados.


Las dos asociaciones presentaron ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación contra esta decisión de denegación de la Comisión. Mediante sentencia de 8 de octubre de 2013, 2 el Tribunal General estimó este recurso. Según el Tribunal General, determinadas partes del documento controvertido 3 contenían información referente a emisiones en el medio ambiente. Por tanto, la Comisión debería haber dado a las asociaciones acceso a estas partes, sin poder invocar la protección de la confidencialidad de la información comercial o industrial. No conforme con esta sentencia, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia su anulación.


En el asunto C-442/14, Bijenstichting, una asociación neerlandesa para la protección de las abejas, solicitó a la autoridad neerlandesa competente para la autorización de comercialización de productos fitosanitarios y biocidas (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTB) la divulgación de 84 documentos relativos a las autorizaciones de comercialización de determinados productos fitosanitarios y biocidas concedidas por esta autoridad. La sociedad Bayer, titular de un gran número de estas autorizaciones, se opuso a esta divulgación, alegado que vulneraría el derecho de autor y la confidencialidad de la información comercial o industrial.


En 2013, el CTB autorizó la divulgación de 35 de los 84 documentos solicitados, por considerar que contenían información sobre emisiones en el medio ambiente, 4 y ello, aunque esta divulgación pueda ir en perjuicio de la protección de la confidencialidad de la información comercial o industrial. En efecto, en virtud de una directiva de la Unión, 5 la protección del secreto comercial e industrial no puede invocarse frente a la divulgación de tal información.


Tanto Bijenstichting como Bayer impugnaron la resolución del CTB ante los tribunales neerlandeses. Éstos plantearon al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales dirigidas, en particular, a que se determinara si la información solicitada por Bijenstichting estaba comprendida dentro del concepto de «información sobre emisiones en el medio ambiente» en el sentido de la Directiva, de manera que deberían divulgarse sin que Bayer pudiera oponerse a ello alegando que esta divulgación podría afectar negativamente a la confidencialidad de información comercial o industrial.


Mediante sus sentencias  el Tribunal de Justicia precisa lo que ha de entenderse por «emisiones en el medio ambiente» y por «información sobre [o referente a] emisiones en el medio ambiente» 6 en el sentido del Reglamento aplicable en el asunto C-673/13 P y de la Directiva aplicable en el asunto C-442/14.


En estas dos sentencias, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar que el concepto de «emisiones en el medio ambiente» incluye, en particular, la liberación en el medio ambiente de productos o sustancias, como los productos fitosanitarios o biocidas o las sustancias activas contenidas en estos productos, siempre que esta liberación sea efectiva o previsible en condiciones normales o realistas de utilización del producto o sustancia.


Así, en particular, este concepto no se distingue de los conceptos de «liberación» y de «vertido» ni se limita a las emisiones procedentes de instalaciones industriales (como fábricas y centrales), sino que incluye también las emisiones resultantes de la pulverización de un producto, como un producto fitosanitario o biocida, en el aire o de su aplicación en las plantas, en el agua o en el suelo. En efecto, tales limitaciones serían contrarias al objetivo perseguido por el Reglamento y por la Directiva de que la divulgación de la información medioambiental sea lo más amplia posible.


El Tribunal de Justicia confirma igualmente que entra dentro del ámbito del Reglamento y de la Directiva no sólo la información referente a emisiones efectivas, es decir, las emisiones que son efectivamente liberadas en el medio ambiente durante la aplicación del producto fitosanitario o biocida en las plantes o en el suelo, sino también la información referente a las emisiones previsibles de este producto en el medio ambiente. El Tribunal de Justicia precisa, en cambio, que está excluida del concepto de información sobre emisiones en el medio ambiente la información referente a emisiones meramente hipotéticas, como, por ejemplo, datos extraídos de ensayos cuyo objetivo sea estudiar los efectos de la utilización de una dosis del producto netamente superior a la dosis máxima para la que se concedió la autorización de comercialización y que será utilizada en la práctica.


El Tribunal de Justicia precisa además que el concepto de «información referente a / sobre emisiones en el medio ambiente» debe interpretarse en el sentido de que incluye no sólo la información sobre las emisiones como tales (es decir, las indicaciones relativas a la naturaleza, la composición, la cantidad, la fecha y el lugar de estas emisiones), sino también la información que permita al público controlar si es correcta la evaluación de las emisiones efectivas o previsibles, sobre la base de la cual la autoridad competente autorizó el producto o sustancia en cuestión, así como los datos relativos a las repercusiones a más o menos largo plazo de las emisiones en el medio ambiente. En particular, está comprendida en este concepto la información relativa a los residuos presentes en el medio ambiente después de la utilización del producto en cuestión y los estudios sobre la medición de la pérdida de la sustancia durante esta utilización, independientemente de que estos datos provengan de estudios realizados total o parcialmente sobre el terreno, de estudios de laboratorio o de estudios de translocación.


En el asunto C-673/13 P, el Tribunal de Justicia anuló no obstante la sentencia del Tribunal General, en la medida en que éste consideró que basta con que una información se refiera «de modo suficientemente directo» a emisiones al medio ambiente para estar comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento. El Tribunal de Justicia recuerda, en efecto, que este Reglamento alude a la información que «se refiera a emisiones al medio ambiente», es decir, aquella que concierna o tenga relación con tales emisiones, y no a la información que presenta cualquier vínculo, directo o indirecto, con las emisiones en el medio ambiente. El Tribunal de Justicia devuelve pues el asunto al Tribunal General para que éste compruebe si la información controvertida se refiere efectivamente a emisiones en el medio ambiente y, en su caso, se pronuncie sobre las alegaciones de las partes que no examinó en el marco de su sentencia.
 Fuente: wwwcuria.europa.eu

La Comisión Europea lleva de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia por el incumplimiento de normativa en recogida y tratamiento de aguas residuales

aguasresidualesLa Comisión reenvía a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

El 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó (Asunto C-343/10) que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).

Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin encontrar solución en 17 de las 37 aglomeraciones cubiertas por la sentencia, hecho que afecta a 1 400 000 personas.l Además, más de quince años después de la fecha límite para la aplicación de las normas de la Unión (31 de diciembre de 2000, véase la Directiva 91/271/CEE del Consejo), la conformidad de todas estas aglomeraciones plantea dudas. La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino.

La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE que imponga con fecha actual una multa a tanto alzado por un importe de 46 522 999 EUR. La Comisión propone también una multa diaria de 171 217,40 EUR si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

El reenvío ante el Tribunal es necesario para asegurar la conformidad con la normativa en esas 17 aglomeraciones, dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha.

Contexto

La Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo) establece que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones) recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por tanto, un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

Con arreglo a la Directiva, las ciudades con más de 15 000 habitantes que viertan sus aguas residuales en aguas receptoras que no se consideren «zonas sensibles» debían disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales para el 1 de enero de 2001. Como consecuencia de ello, los Estados miembros deben velar por que las aguas se recojan y traten adecuadamente antes de ser vertidas en el medio ambiente.

Son 17 las aglomeraciones implicadas en este asunto: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y, respectivamente, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y, respectivamente, Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y, respectivamente, Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

Otros Estados miembros (Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Portugal) ya han sido objeto de sanciones en casos similares.

Fuente: European Commission

Aprobado el Plan Director de la Red de Parques Nacionales

monfragueIncluye las grandes directrices para su planificación, gestión y conservación y desarrolla la Ley de Parques Nacionales

Se trata de un instrumento que dará coherencia interna a la Red y facilitará una gestión más homogénea de los parques nacionales, si bien adaptada a cada una de sus singularidades

 

El Boletin Oficial del Estado publica el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, con el objetivo de reforzar la planificación y la gestión de estos espacios naturales de máxima protección ambiental.

Se trata de un instrumento que dará coherencia interna a la Red y facilitará una gestión más armonizada de los parques nacionales, adaptada a cada una de sus singularidades, y potenciará su proyección exterior favoreciendo además una conciencia ciudadana de aprecio por estos espacios.

La actuación del Estado en materia de parques nacionales se fundamenta en tres pilares básicos: la Ley de Parques Nacionales, aprobada en diciembre de 2014, el Consejo de la Red, y el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado con rango de real decreto.

El Plan Director contiene las grandes directrices que deben aplicar, fundamentalmente,  las administraciones autonómicas responsables de la gestión de los parques nacionales en materias como la conservación de sistemas naturales, investigación, uso público, seguimiento de recursos, desarrollo de infraestructuras, formación y sensibilización,  coordinación y colaboración con asociaciones, entidades y administraciones gestoras, en el ámbito nacional e internacional. El Plan se ha elaborado en virtud del artículo 19 de la Ley de Parques Nacionales aprobada en 2014.

MÁXIMA GARANTÍA DE CONSERVACIÓN

Para conseguir estos objetivos básicos, el Plan recoge una serie de criterios que deben ser tenidos en consideración por las comunidades autónomas en la redacción de los documentos de planificación ordinaria de los parques nacionales, los Planes Rectores de Uso y Gestión.

Contiene directrices básicas para la planificación y zonificación de los parques nacionales, así como para la conservación de sus recursos naturales y culturales, en relación con explotaciones y aprovechamientos tradicionales, con infraestructuras, equipamientos e instalaciones, con la atención a visitantes y con la investigación y seguimiento de recursos.

Entre las novedades, el Plan define una serie de criterios para la selección de los proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal y recoge los requisitos para determinar el nivel de conservación y gestión básico que deben mantener los parques nacionales. Recoge los criterios para determinar la existencia de un grave peligro para la integridad y la seguridad de un parque nacional y las directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergencia en el caso de que éste sea declarado.

De esta manera, desarrolla el novedoso artículo 22 de la Ley de Parques Nacionales en virtud del cual cabría una intervención puntual de la Administración del Estado en cualquiera de nuestros parques nacionales, en el caso de que los niveles de conservación bajasen de los mínimos establecidos.

Constituye igualmente una novedad los criterios para determinar la existencia de un peligro grave para la integridad y seguridad de un parque nacional, declarando en su caso, la existencia de una emergencia por catástrofe medioambiental.

Esta figura de emergencia por catástrofe ambiental aparece en la Ley y hace posible la intervención de la Administración General del Estado, fundamentalmente, prestando su ayuda a las administraciones gestoras de los parques nacionales.

La intervención del Estado, tanto en este supuesto de emergencia por catástrofe ambiental, como en el de niveles de conservación por debajo de los mínimos establecidos, tiene como finalidad primordial asegurar la conservación de los sistemas naturales de nuestros parques nacionales, constituyéndose de esta manera el Estado como el último garante de la conservación de nuestros espacios naturales de mayor prestigio.

AMPLIO CONSENSO

El Plan concluye con una serie de actuaciones que comprometen al Organismo Autónomo Parques Nacionales para los próximos 10 años, que constituye el periodo de vigencia previsto para el Plan.

El proyecto de Plan Director, elaborado mediante un proceso con muy amplia participación, cuenta con el informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el del Consejo de la Red de Parques Nacionales y el del Consejo de Estado, que lo aprobó en sesión plenaria.  

El hecho de que todas las partes implicadas hayan considerado la urgente necesidad de disponer de un nuevo Plan Director ha facilitado alcanzar el indispensable consenso con asociaciones conservacionistas y con todas las comunidades autónomas que cuentan con parques nacionales en sus territorios.

100 AÑOS DE PARQUES NACIONALES

En 2016 se cumplen 100 años de la puesta en marcha de la Red de Parques Nacionales en España, un siglo desde que se aprobara la primera Ley de Parques Nacionales en 1916.

Tras su publicación, tuvo lugar la declaración de los primeros Parques Nacionales en España en 1918, Covadonga (actual Picos de Europa) y Ordesa y Monte Perdido, a los que siguieron otros que componen la actual Red con 15 espacios protegidos con esta categoría: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Archipiélago de Cabrera, Cabañeros, Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, Monfrague, Sierra Nevada, Tablas de Daimiel, Teide, Timanfaya y Sierra de Guadarrama, la última incorporación, declarado en 2013.

Fuente: Magrama

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