El TSJ de Madrid avala la prohibición de celebrar eventos en zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama

 

Eva Blasco Hedo, Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), comenta en Actualidad Jurídica Ambiental la Sentencia 2924/2021, de 12 de Marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la prohibición de celebrar eventos en una finca situada en la zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

 

 

El Tribunal confirma  que ha de realizarse una interpretación restrictiva de los conceptos «actividades de ocio y recreo» (que sí están permitidos, pero, según esta interpretación restrictiva se limitarían a actividades tales como senderismo y ocio pasivo), puesto que deben garantizarse y protegerse los valores naturales existentes en los Parques Regionales.

Desde aquí, reiteramos la necesidad de que los propietarios y la población que habita los espacios protegidos participen activamente en la tramitación de las normas que, sin duda, van a determinar su futuro social y económico.

Además, en nuestra opinión, estas interpretaciones tan restrictivas suelen conducir al abandono del medio rural, con el consiguiente efecto negativo en los objetivos que persigue la propia declaración de un espacio protegido.

Nueva Ley Agraria de las Islas Baleares

La Ley 3/2019, de 31 de enero, regula los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Islas Baleares. También los derechos y deberes de los titulares de las explotaciones agrarias, las implicaciones medioambientales de la producción agraria y la transformación y comercialización de los productos. Contempla actividades complementarias, como las agroturísticas y la agricultura de ocio y fomenta los acuerdos de custodia del territorio, los bancos de tierras y los parques agrarios.

 

La Ley 3/2019, de 31 de enero , tiene por objeto la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Illes Balears, e incluye la regulación y el registro del ejercicio de las actividades agraria y complementaria, la producción, la transformación y la comercialización agraria y agroalimentaria y los usos agrarios, entre otras materias.

El texto promueve avanzar en la soberanía alimentaria de las islas, entendida como la política agraria y alimentaria que respeta el derecho de la población a definir estrategias propias y sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, garantiza el acceso a la alimentación a toda la población a partir de la pequeña y mediana producción, respeta la cultura propia, las formas de comercialización y de gestión de los espacios que son propios del campesinado y los pescadores locales, y en la que la mujer tiene un papel fundamental.

La norma regula el ejercicio de la actividad agraria y su registro. Establece que la actividad agraria en el suelo rústico se integra entre las facultades del derecho de propiedad y que su ejercicio es libre, mediante el uso de los medios técnicos y las instalaciones adecuadas que no impliquen la transformación de la condición o las características esenciales de los terrenos, sin perjuicio de las limitaciones y los deberes que establecen la legislación aplicable y el derecho civil.

La ley establece asimismo los títulos que habilitan para este ejercicio que, según los casos, son los permisos o la declaración responsable. Así, los titulares de las explotaciones agrarias están sujetos a la presentación de la declaración responsable correspondiente para el inicio de la actividad ante la administración pública competente en materia agraria, entendiendo por tal el documento suscrito por el titular de la explotación agraria, bajo su responsabilidad, en el cual manifiesta que cumple los requisitos que establece la normativa vigente para iniciar el ejercicio de la actividad agraria, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente a este ejercicio. La norma fija los efectos de la declaración y los supuestos de exención.

Por lo que se refiere a los registros agrarios, la norma establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro agrario para ejercitar las actividades agraria y complementaria.

Derechos y obligaciones de los titulares de explotaciones agrarias inscritas

La norma regula los derechos de los titulares de las explotaciones agrarias, entre los que reconoce el de ejercer libremente la actividad agraria, sin más limitaciones que las que establecen las leyes; llevar a cabo las actividades complementarias reconocidas en la ley; residir en la explotación agraria, de acuerdo con la normativa vigente; recibir de la administración la información necesaria sobre el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa agraria y también el asesoramiento técnico necesario; y participar, a través de sus organizaciones más representativas, uniones de cooperativas y organizaciones sectoriales, en los procedimientos de adopción de decisiones relacionadas con la actividad agraria que puedan afectarle; solicitar subvenciones y ayudascerrar las parcelas de la explotación; permutar fincas rústicas, con la finalidad de unificar parcelas, y promover la reconstrucción, rehabilitación, reforma y cambio de uso de las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes vinculadas a la explotación agraria.

Entre las obligaciones de los titulares de las explotaciones, la ley cita las de obtener los permisos y presentar las declaraciones que prevé la legislación para el inicio y el ejercicio de la actividad; ejercer la actividad de acuerdo con las prácticas y los métodos de gestión que la normativa considere exigibles; utilizar correctamente las infraestructuras agrarias públicas; gestionar adecuadamente los productos derivados y subproductos de origen agrario, los residuos de envases de productos fitosanitarios y zoosanitarios y los residuos y subproductos de origen animal; abstenerse de liberar al medio organismos genéticamente modificados, y velar por el buen estado sanitario de cultivos, plantaciones, cosechas y masas forestales.

Competencias en materia agraria

Por lo que respecta régimen competencial, el texto distribuye las competencias reglamentarias y ejecutivas entre el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares; recoge los mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación entre ellos y crea la Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria de los consejos insulares y de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, órgano de cooperación y coordinación en materia agraria y agroalimentaria de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materias o asuntos de interés común.

Y regula los órganos colegiados de consulta y asesoramiento en materia agraria y forestal, que son los consejos agrarios insulares, el Consejo Agrario Interinsular, el Consejo Forestal Interinsular de las Illes Balears y los consejos agrarios locales.

La producción agraria

En el ámbito de la producción agraria, que comprende la producción agrícola y ganadera y el aprovechamiento forestal, la nueva ley establece los principios de la misma, planificación y el control de la cadena agraria y agroalimentaria y reconoce el carácter estratégico de la producción agraria sostenible y adaptada a las condiciones climáticas y agrarias locales.

También se refiere al régimen hídrico de las explotaciones agrarias, fomentando la reutilización de las aguas regeneradas en la agricultura cuando ello sea posible; a las energías renovables en las explotaciones agrarias; a los productos, subproductos y envases de origen agrario, recogiendo las previsiones de la legislación estatal de residuos, de la normativa comunitaria y de la planificación sectorial de las Illes Balears; y al estiércol, estableciendo reglas relativas a la producción, el almacenamiento, la gestión, recogida, transporte y utilización del mismo.

Por otra parte, la norma reconoce el carácter estratégico de la ganadería desarrollada de manera sostenible para la seguridad alimentaria local y para garantizar el mantenimiento de los recursos naturales que la sostienen. Incluye una serie de disposiciones relativas a la producción ganadera, tales como identificación del animal, movimientos y bienestar del mismo y alimentación, así como obligaciones en materia de sanidad animal.

El texto incorpora las disposiciones aplicables a la gestión y aprovechamiento forestal, incluyendo el aprovechamiento y la gestión de la biomasa y la creación de reservas y vedados de recursos silvestres.

La actividad complementaria

Dentro de la regulación de la actividad complementaria a la agraria, que comprende las actividades que tengan lugar en la explotación agraria con carácter vinculado a esta y cuyo ejercicio cesará cuando finalice la actividad agraria, la norma recoge los principios básicos que establece la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias, e incluye novedades tales como la inclusión de otras actividades de diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación agraria preferente, que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.

Además, regula las actividades complementarias agroturísticas y de agricultura de ocio relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas, entre las que incluye las siguientes, vinculadas a una explotación agraria preferente: los agroturismos, las agroestancias, las actividades de agroocio y las actividades de agrocultura. También se refiere a las actividades complementarias relacionadas con équidos.

Usos agrarios

Por lo que respecta a los usos agrarios, la nueva ley los define como los relacionados con el destino o la naturaleza de las fincas cuando se vinculen a las actividades agraria y complementaria, pero se refiere no solo a los usos en materia agraria, sino también en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Establece el principio de vinculación del planeamiento económico, territorial, ambiental y de cualquier otro tipo y el criterio de que los usos agrarios sean usos admitidos no sujetos a la declaración de interés general, por el hecho de que están vinculados con el destino o la naturaleza de las fincas. Por ello, se mantiene la posibilidad de exonerar, de manera total o parcial, del cumplimiento de las condiciones que establezca el planeamiento territorial o urbanístico relativo a las edificaciones, construcciones e instalaciones, agrarias y complementarias, excepto las agroturísticas y de agricultura de ocio, en concordancia con la Ley del suelo rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vinculadas con el destino o la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo.

Asimismo la norma se ocupa de la agrupación y división de fincas rústicas, que deberán respetar la unidad mínima de cultivo o forestal, que es la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las tareas fundamentales para cultivarla, utilizando los medios normales y técnicos de producción, se puedan llevar a cabo con un rendimiento satisfactorio teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o la zona. Se determinan dichas unidades mínimas.

Y aborda el régimen de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones vinculadas a las actividades agraria y complementaria, determinando las condiciones de las mismas.

Reconocimiento de los valores agrarios y los servicios ambientales

El texto regula las figuras de reconocimiento de los valores agrarios y de los servicios ambientales, ecosistémicos y sociales que puede ofrecer la actividad agraria, tales como los contratos territoriales suscritos entre la administración y los titulares de explotaciones agrarias o los acuerdos de custodia del territorio suscritos entre entidades de custodia y explotaciones agrarias, que permiten que los agricultores perciban compensaciones por aquellos servicios públicos que no paga el mercado porque no son mercancías, y establece mecanismos de creación de parques agrarios, en zonas periurbanas, y de bancos de tierras, que faciliten el contacto entre la oferta y la demanda de fincas rústicas, cultivadas o cultivables, o para fines de conservación de la naturaleza.

Transformación y comercialización

La norma recoge la normativa comunitaria y estatal sobre la transformación y la comercialización agraria y sobre las denominaciones de calidad diferenciada, figura que sirve para identificar un producto agrario o alimentario con características diferenciales, que tiene un reglamento o un pliego de condiciones y que dispone de un sistema para controlarla.

Dispone que los productos agrarios y agroalimentarios, en todas sus fases, ofrecerán a los destinatarios una información veraz, objetiva, completa y comprensible sobre las características esenciales propias, con indicaciones para usarlos o consumirlos correctamente, y advertencias sobre los riesgos previsibles que implique su uso o consumo, de manera que los usuarios puedan realizar una elección consciente y racional entre estos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria. Los que se comercialicen a granel deben ir identificados, debiendo los operadores garantizar su trazabilidad.

El texto regula la transformación de productos agrarios y agroalimentarios, así como la promoción y la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears, con especial referencia a la venta directa, entendida como el acto de vender sin intermediarios los productos obtenidos de las actividades agraria y complementaria de la misma explotación agraria, incluyendo también los productos transformados en industrias de transformación agraria sin carácter de complementaria, siempre que los ingredientes primarios tengan su origen en la explotación agraria.

Mejora del conocimiento agrario, función social y preventiva y asociacionismo agrario

Para la mejora del conocimiento agrario, la nueva ley se ocupa de la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación y la estadística agrarios y crea la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario como programa de la política agraria común de las Illes Balears.

Dentro de la función social y preventiva, la norma se refiere, de una parte, a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, y de otra, a los seguros agrarios, las zonas catastróficas y la prevención de riesgos laborales.

Y contempla el asociacionismo agrario, con mención especial al cooperativismo, e incorpora el régimen de inspección y de infracciones y sanciones en materia agraria y agroalimentaria.

 

Esta Ley entra en vigor el 1 de marzo de 2019, a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Las disposiciones transitorias se refieren al régimen transitorio de las agroestancias, a las zonas de alto valor agrario, al instrumento de gestión forestal sostenible para los montes públicos y a las atribuciones y funciones en materia agraria en Mallorca.

Fuente: Diario La Ley

El desafío del Turismo Sostenible

La celebración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para tomar conciencia del problema de los límites del crecimiento económico. La relación entre empresa, turismo y medio ambiente todavía no se ha estudiado lo suficiente, por lo que hacen falta más esfuerzos por parte de todos los agentes. Nuestro país, al ser una de las primeras potencias turísticas a nivel mundial, debe tomar la iniciativa y servir como ejemplo de turismo sostenible e inclusivo.

AUTOR  | Concepción García Gómez es Decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid.

La preocupación por el medio ambiente que se desprende de la elección por la Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo tiene sus raíces en los estudios de los economistas clásicos del siglo XIX. Estos analizaron los límites al crecimiento económico fruto de las limitaciones impuestas por la escasez de recursos naturales.

El desafío del turismo sostenible

 

Cabaña entre las montañas de Zermatt (Suiza). / Juan Rubiano

Ya en el siglo XX, tanto el Informe Meadows (1972) como el Informe Brundtland (1987) pueden ser consideradas las primeras aportaciones técnicas modernas sobre los límites al crecimiento económico. Gracias a sendos textos pudimos tener conciencia de que las tendencias generales del aumento de la población, la industrialización, el nivel de contaminación ambiental, la producción de alimentos y el consumo de recursos naturales no son sostenibles a largo plazo, por lo que se requiere una acción coordinada y global que permita alcanzar el equilibrio entre la actividad económica y el medio ambiente.

Fue en estos momentos determinantes cuando se formuló y adquirió relevancia el término ‘desarrollo sostenible’, concebido popularmente como el desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de desarrollo y satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. A partir de aquí, por tanto, se produjo una llamada de atención general orientada a la revisión del modelo de crecimiento económico hasta entonces imperante.

Revisar el modelo económico implicaba reconsiderar el papel que jugaba cada uno de sus elementos clave, y como tal, la empresa no podía quedar fuera de esa reflexión. Así, no podía obviarse su papel como elemento clave para el logro del desarrollo sostenible.


La relación entre empresa, turismo y medio ambiente todavía no se ha estudiado lo suficiente, por lo que hacen falta más esfuerzos por parte de todos los agentes

Fruto de esta nueva visión que relacionaba el fenómeno empresa con el medio natural surgieron, en los años noventa, importantes contribuciones que no solo sostenían que el respeto al medio ambiente era clave para la competitividad futura de la empresa, sino que también representaba un factor esencial para lograr la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos.

Mientras tanto y en paralelo al aumento de la relevancia del binomio empresa-medio ambiente, surgieron contribuciones destacadas en el ámbito del turismo sostenible que giraban en torno a tres ejes fundamentales: la delimitación conceptual del ecoturismo, el impacto de este tanto en el medio natural como en el ámbito socio-cultural y el desarrollo de casos de estudio orientados a destinos turísticos, comunidades, instituciones e industria.

El avance paralelo e independiente de ambas corrientes (por una parte, el binomio empresa-medio ambiente, y por otro, el ecoturismo o turismo sostenible) no nos ha permitido ver la relevancia que el tratamiento conjunto de estos fenómenos tiene tanto para el desarrollo económico como para el bienestar social de la población.

ECOTURISMO Y EMPRESA

El estudio unificado de la relación entre empresa, turismo y medio ambiente se encuentra todavía en sus comienzos. Es necesario profundizar mucho más en la naturaleza de esta relación y en el análisis del papel de la empresa no solo como motor de empleo en la industria turística sino también, y de manera importante, como factor determinante en la conservación del medio natural y la inclusión social.

El desafío del turismo sostenible

 

Campo de dunas en Marruecos / Multivac42

En este sentido, es evidente que una empresa turística que no respete el medio natural y las realidades locales sobre las que se fundamenta buena parte del atractivo de los servicios que ofrece no solo provocará efectos devastadores en el medio ambiente y en la población local, sino que también sufrirá en el plano competitivo, viendo peligrar en el medio y largo plazo su modelo de negocio.

Por tanto, es necesario fomentar la investigación que estimule el debate sobre los límites del crecimiento en el ámbito turístico y empresarial, mejorar la sensibilidad de empresas, ciudadanos, gobiernos e instituciones y capacitar a los alumnos de las facultades de Turismo para que tengan conciencia de la importancia de la gestión turística inclusiva y medioambientalmente sostenible.

Nuestro país, como una de las primeras potencias turísticas a nivel mundial, debe tomar la iniciativa, servir de ejemplo de turismo sostenible e inclusivo y no dejarse llevar por la autocomplacencia de unos datos coyunturalmente favorables. Hay mucho por hacer y el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo es un marco inigualable para demostrar que estamos a la altura del desafío que se nos plantea.

Fuente: www.madrimasd.org

Informe Impacto Ambiental del Proyecto de Aeródromo en El Moral (Ribera del Fresno)

Resolución de 16 de Marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del proyecto Aeródromo de uso restringido El Moral, en el término municipal de Ribera del Fresno (Badajoz)

 

La Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2, prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el miedo ambiente, o bien, que es preciso el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinario regulado en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto consiste en la construcción de un aeródromo privado de uso restringido en la  finca de un viñedo, situado en el término municipal de Ribera del Frescno (Badajoz), con el fin de potenciar el turismo enológico así como el desarrollo de actividades aeronaúticas. El órgano sustantivo es la Agencia Estatal de Seguridad Áerea (AESA), del Ministerio de Fomento, al no haber asumido la Comunidad Autónoma de Extremadura las competencias aeronáuticas, por lo que resulta ser el órgano ambiental el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Tras la correspondiente tramitación y consultas a las administraciones y personas interesadas (Ayuntamientos, ONG conservacionistas, Comunidad Autónoma, Administración del Estado..) y las oportunas subsanaciones y correcciones del documento ambiental, que en un principio no contenía suficientes estudios de la avifauna presente en la zona o alternativas ambientalmente viables, ni había previsto el correspondiente Informe de Afección para el sobrevuelo de las ZEPA por debajo de la cota de 1000 metros (a pesar de que las instalaciones de proyecto no se encuentras en los límites de ningún espacio incluido en la Red Natura 2000 ni en ningún Espacio Natural Protegido, el área de vuelo que las aeronaves que lo utilicen podría afectar a ciertos lugares de la Red Natura 2000), finalmente se formula Informe de Impacto Ambiental que, con los pertinentes requisitos y medidas correctores, protectoras y compensatorias, no prevé impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesesaria la tramitación de la Evaluación Ambiental Ordinaria.

Parque Nacional de Monfragüe: una década con luces y sombras

Monfragüe, en Extremadura, cumple estos días 10 años desde que fue declarado Parque Nacional, la Ley 1/2007, de 2 de marzo.

El Parque Nacional y su entorno engloban una superficie de 116.000 hectáreas, y constituye una de las áreas "más representativas" del ecosistema mediterráneo.

Además, el Parque Nacional cuenta con una doble designación de Área Protegida al ser también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  Además, fue declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en julio de 2003.

 Sin embargo, y a pesar de todos estos reconocimientos, lo cierto es que la situación real del territorio y sus habitantes dista mucho de las expectativas que, es de suponer, guiaron a quienes impulsaron los procedimientos que dieron lugar a las citadas declaraciones.

En los últimos días se han celebrado diversos actos conmemorativos de ese décimo aniversario y, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde las Administraciones y responsables de la gestión del Parque para mostrar las ventajas que esta década ha supuesto para sus habitantes y, en general para toda Extremadura, lo cierto es que los datos y la realidad no han acompañado y, al final, el sabor que ha quedado es ciertamente agridulce, por no decir, algo amargo.

Uno de los testimonios más duros los ha realizado un veterano Alcalde de un municipio incluido en el ámbito territorial del Parque, que achaca el aumento del desempleo y el abandono de los pueblos en la zona a las prohibicioness y limitaciones que para la ganadería, la agricultura o la actividad cinegética ha supuesto la declaración, recogidas en el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado por Decreto 13/2014.

Precisamente, esta falta de  participación de los habitantes de espacios naturales protegidos en los beneficios que su estado de conservación tiene para la sociedad en su conjunto,  es uno de los mayores escollos que aún ha de salvar la política medioambiental, principalmente en España, donde muchas veces nos hemos limitado a copiar la normativa internacional o europea en la materia y nos hemos olvidado de que en los espacios protegidos viven y trabajan personas de carne y hueso, que no pueden vivir solo de esperanzas.

A estas personas solo les queda pelear para que las Administraciones cumplan las leyes y las normas que, en su mayoría, recogen la necesidad de que las limitaciones y restricciones en las actividades que venían desarrollando sean debidamente compensadas.

 La propia Ley 30/2014, de Parques Nacionales reconoce en su artículo 7.5 , que “cualquier privación en los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre usos y aprovechamientos reconocidos en el interior de un Parque Nacional en el momento de su declaración, así como cualquier limitación en el ejercicio de los mencionados derechos que el titular no tenga el deber jurídico de soportar, será objeto de indemnización a sus titulares (…) Las administraciones públicas, a la vista de la situación anterior, actuarán con la máxima  diligencia para indemnizar en su caso, de acuerdo con la ley declarativa”.

Igualmente, esa necesidad de trabajar, colaborar y compensar a los titulares de derechos y propietarios de terrenos en los Parques se plasma en el nuevo Plan Director de la Red  de Parques Nacionales, aprobado mediante Real Decreto 389/2016, que incluye entre las actuaciones que las Administraciones Públicas han de realizar para la consolidación de la citada Red , la de facilitar, mediante acuerdos voluntarios de colaboración con los titulares de derechos privados y propietarios de terrenos en los Parques Nacionales, el cumplimiento de los objetivos de los mismos, prioritariamente, en la eliminación en el plazo establecido de las actividades clasificadas como incompatibles y en la realización de actividades compatibles y necesarias para la gestión y conservación de los sistemas naturales, así como la de indemnizar, con la máxima diligencia, a los titulares de los bienes y derechos patrimoniales legítimos por las privaciones o limitaciones de los mismos indemnizables conforme a la ley cuando dichos daños se deriven de la legislación básica en la materia y del citado Plan Director.

Los Parques Nacionales, como todos los demás espacios protegidos, dependen para su supervivencia de la aceptación y el trabajo de sus habitantes.  Pero, también, de que exista un equilibrio real entre los beneficios que la protección ambiental reporta a la sociedad en su conjunto y el sacrificio que realizan los que viven en ellos.

Los hoteleros baleares recurren la ecotasa turística

mallorcaEl Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha notificado hoy la admisión a trámite del recurso contra el reglamento de implantación de la ecotasa, ha indicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)

La iniciativa judicial presentada el pasado 16 de septiembre se refiere al decreto 35/2016, de 23 de junio, con el que el Govern regula la aplicación del impuesto sobre estancias turísticas que desde julio grava las pernoctaciones en alojamientos vacacionales del archipiélago.

Con la admisión del recurso se inicia el procedimiento ordinario y se requiere al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que en un plazo de veinte días remita a la Sala el expediente administrativo completo de tramitación del reglamento del impuesto.

"Nunca hemos estado de acuerdo ni con el contenido ni con la forma del impuesto, y estamos convencidos de que tendremos éxito porque tenemos argumentos suficientes para pensar que el conjunto del Decreto tiene una serie de debilidades", ha apuntado la presidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito.

No obstante, de Benito ha apostillado que desde la FEHM "seguiremos trabajando con el Gobierno para, mientras la Ley del impuesto esté vigente, por supuesto cumplirla, y para aportar el máximo valor que podamos a todas las demás iniciativas que nos permitan continuar con el círculo virtuoso de la inversión y para conseguir mejorar el bienestar de esta sociedad a través de un Plan de Competitividad Global".

Fuente: El Mundo

La Comisión Europea reclama prohibir el baño en 29 playas y 29 ríos españoles por la mala calidad del agua

GargantaPedroChate

 

 

 El 2,6 % de las zonas de baño en España presentan mala calidad, lo que sitúa a este país entre los peores de la UE en el índice anual presentado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), correspondiente a 2015.

España, que redujo en medio punto el número de zonas de baño de mala calidad con respecto a 2014, solo se ve superada en términos porcentuales por Francia (2,8 %), Eslovaquia (3 %), Bulgaria (3,2 %), Holanda (3,4 %), Irlanda (4,4 %) y Reino Unido (4,9 %), todos por encima de la media comunitaria del 1,6 %.

En términos absolutos Italia y Francia presentan la mayor cifra, con 95 cada una del total de 385 zonas de baño de mala calidad, por las 58 de España, que acapara el 10,1 % del total de áreas analizadas por la AEMA, organismo con sede en Copenhague.

El 95,5 % de las zonas de baño costeras y de interior en España presentan calidad suficiente, mientras que es excelente en el 83,2 %, frente al 95,3 y el 81,7 registrados el año pasado, cifras que no obstante están por debajo de la media en la UE.

De las más de 21.000 zonas de baño analizadas en Europa, el 96 % cumple con los requisitos mínimos y el 84,4 % alcanza la excelencia.

Destacan sobre todo Luxemburgo, con el cien por cien de zonas de baño de calidad excelente; seguido por Chipre (99,1 %), Malta (97,7), Grecia (97,2), Croacia (94,2), Italia (90,6), Alemania (90,3) y Austria (90,2).

Galicia, la Comunidad Autónoma con más zonas de mala calidad

De las 58 zonas de baño de mala calidad españolas, 9 menos que hace un año, más de la mitad están situadas en Galicia, y de ellas 22 en la provincia de A Coruña, como los arenales de Barranán (Arteixo), Area da Vila y Camelle (Camariñas); A Concha, Estorde y Lires (Cee), Barallobre (Fene) y Caranza y A Cabana (Ferrol).

Otras playas gallegas señaladas por el informe de la AEMA son las de Penaoural (Burela), Sobreira (Moaña), Salgueirón (Cangas) y Arealonga (Redondela).

Suspenden también las aguas de ríos gallegos como el Tambre, a su paso por Brión; el Furelos (Melide); Eume (As Pontes), Chamos (O Corgo), Sil (Ribas de Sil), Neira (Baralla), Tamega (Verín) y Arzoa (Vilardevós).

En Asturias no pasan el corte de calidad de las aguas las de las playas de Luarca y Serantes (Tapia de Casariego); en Baleares, las calas de Egos (Santanyi) y Pedrera (Es Castells); y tampoco lo hacen la vasca de San Antonio (Sukarrieta) y la valenciana de Medicalia (Puig).

Ocho zonas de baño suspenden en Castilla y León, seis de ellas en la provincia de Ávila, en el entorno de la sierra de Gredos: el río Arenal y el río Pelayo, en Arenas de San Pedro; la garganta del río Tietar, en Gavilanes; el río Cantos, en El Hornillo; el Tormes, en La Horcajada; y el arroyo Cimorro en Navalacruz.

El río Arlanzón, a su paso por Burgos, y el Río Cua, en Vega de Espinareda, tampoco alcanzan el nivel mínimo de calidad.

En Andalucía suspenden las aguas de cuatro ríos; el Genil, en Güejar Sierra; el Aguascebas, en Villacarrillo; y el Genal, en Algatocín y Jubrique.

La AEMA señala también tres ríos aragoneses (el Ara, en Fiscal; el Subordán, en el Valle de Hecho; y el Arba de Luesia, en Luesia); dos extremeños (el Rivera de Usagre, en Usagre; la garganta de Pedro Chate, en Jaraíz de la Vera), el navarro Anduna (Ochagavia) y el manchego Alberche, a su paso por Escalona.

Fuente: EuroEfe

El Gobierno balear aprueba un nuevo impuesto de turismo sostenible

 

balearesEl Gobierno balear aprobó el viernes, 8 enero,  un nuevo impuesto turístico que grabará la estancia de cada turista mayor de 16 años con un extra de entre 0,25 y 2,0 euros por noche.

El impuesto se aplicará en hoteles, pensiones, viviendas turísticas y en los cruceros que hacen escala en los puertos del archipiélago.

El objetivo de la nueva tasa es recaudar entre 70 y 80 millones de euros al año para proteger el medio ambiente y garantizar un turismo sostenible.

"Esta previsto que la nueva ley se aplique en junio una vez concluido el trámite parlamentario y elaborada la regulación de la misma", dijo una fuente oficial del gobierno balear.

Según el informe económico que acompaña la ley, la nueva ecotasa podría aportar en el primer año — de junio a diciembre — unos 50 millones de euros a las arcas públicas baleares.

Las Islas Baleares fueron el año pasado el tercer destino turístico español, con casi 11,4 millones de visitantes extranjeros, solo superado por Cataluña y Canarias.

La nueva ley estable una tarifa de dos euros por noche para los hoteles de cinco estrellas y los apartamentos turísticos de lujo (cuatro llaves y superior).

Los turistas en los hoteles de cuatro estrellas y los apartamentos de tres llaves superior pagarán 1,5 euros por noche. En los demás establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y en los cruceros se aplicará una tasa de un euro por noche, mientras que los hostales, pensiones y campings cobrarán 0,5 euros por noche.

La ley eximirá el pago de la nueva tasa a los menores de 16 años y contempla bonificaciones para estancias en temporada baja (1 de noviembre a 30 de abril) y estancias superiores a ocho días.

La Federación de las Empresas Hoteleras de Mallorca (FEHM) ya se expresó en contra del nuevo impuesto al temer una pérdida de competitividad para el destino Baleares.

En su portal en Internet, la federación hotelera dijo que la Asociación británica de Agencias de Viajes ABTA y la Asociación de Tour Operadores y Agencias de Viajes alemana DRV le han trasladado su preocupación por el impacto en la imagen y percepción que de Baleares pueden tener los turistas.

Fuente: Reuter  Gobierno Islas Baleares 

 

El medio ambiente aporta un valor añadido al turismo

???????????????????????????????El turismo de naturaleza en España cada día tiene una demanda mayor y que la protección y conservación de nuestras costas, espacios naturales y cuencas hidrográficas atraen a cada vez más visitantes y generan más empleo 

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra ha emplazado al sector turístico acolaborar para concertar los intereses ambientales y económicos, conciliar la voluntariedad con la mejora de la sostenibilidad de las actividades turísticas en el medio natural y fomentar la coordinación con los gestores locales de los espacios de la Red Natura 2000

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, ha inaugurado hoy el VIII Foro para la Sostenibilidad del Turismo en España-FUTURALIA 2015, en donde ha destacado que “la integración del medio ambiente aporta un valor añadido a la actividad turística”.

Saavedra ha intervenido en este foro empresarial que es un referente en el debate sobre sostenibilidad y responsabilidad ambiental  en su  objetivo de sensibilizar a los empresarios y profesionales del sector turístico acerca de su papel en la conservación del medio ambiente.

En este marco, y sobre el modelo turístico español, Saavedra ha afirmado que “puede completarse con el turismo de naturaleza, un turismo que cada día tiene una demanda mayor en nuestro país” como demuestran los datos, entre ellos que hay 35 millones de pernoctaciones al año para el turismo de naturaleza y 600.000 turistas internacionales nos visitan por nuestro turismo de montaña.  

“La protección y conservación de nuestras costas, nuestras cuencas hidrográficas y nuestros espacios naturales, como los Parques Nacionales, atraen cada vez más turistas y generan cada día más empleo”, ha explicado Saavedra.

En este punto ha destacado la puesta en marcha de iniciativas que están permitiendo, en los últimos años, el desarrollo de actividades económicas en nuestro país respetuosas con el medio ambiente y la creación de empresas sostenibles.

LA BIODIVERSIDAD MÁS IMPORTANTE DE EUROPA

El secretario de estado de Medio Ambiente ha asegurado que nuestro país atesora “la biodiversidad más rica y diversa de Europa Occidental, lo que constituye un patrimonio natural de valor incalculable”.

En este sentido, Saavedra ha aportado las cifras que así lo acreditan, como que ocho de cada diez plantas y la mitad de las especies de fauna inventariadas en la UE habitan en España y que nuestro país cuenta con 1.400 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y casi 600 Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), cubriendo más del 27% del territorio. “Somos los que más contribuimos a la conservación de la biodiversidad europea”, ha resaltado.

RED NATURA 2000, UN VALOR AÑADIDO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Sobre el valor añadido que la integración del medio ambiente aporta a la actividad turística, Saavedra ha enumerado aspectos como los sistemas de gestión ambiental integrada, la certificación ambiental de productos utilizados bajo estándares de calidad internacional  y la utilización racional del agua y la energía, que se han incorporado con fuerza a todos los subsectores del turismo español, por lo que, ha valorado, “debemos avanzar en esta línea para que todo el ciclo de vida del servicio ofrecido se realice minimizando su impacto y la huella ecológica turística”.

Para finalizar, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha emplazado al sector turístico a colaborar para concertar los intereses ambientales y económicos, conciliar la voluntariedad con la mejora de la sostenibilidad de las actividades turísticas en el medio natural y fomentar la coordinación con los gestores locales de los espacios de la Red Natura 2000 , teniendo que en cuenta, como ha advertido el secretario de Estado que “el 21% de los ciudadanos europeos dan importancia a  esta Red a la hora de elegir su destino turístico”

Fuente: MAGRAMA Ambientum

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natura2000Lo que se aprovecha, se mantiente. Lo que no se aprovecha, se degrada

Trabajamos con empresas y organizaciones en la creación de riqueza respetando los recursos naturales. Creemos en los beneficios que la protección del medio ambiente tiene para las empresas y la sociedad.

Trabajamos a nivel nacional e internacional, formando parte de foros y organizaciones que promueven la necesaria integración del mundo empresarial en la conservación de los recursos naturales y en el reconocimiento de los servicios medioambientales de muchas actividades económicas: Eurosite, Comisión de Educación y Comunicación (UICN), Grupo de Trabajo "Empresa y Biodiversidad" (España), CONAMA, etc.

  • Acompañamiento en las fases de consultas e información pública de las propuestas de declaración de espacios, planes de gestión, ampliación o modificación de la superficie protegida.
  • Asesoría Jurídica (limitaciones, prohibiciones, autorizaciones, responsabilidad patrimonial, etc.).
  • Redacción de informes de afección y evaluación ambiental de planes y proyectos que se desarrollen en estos espacios.
  • Diseño de Acuerdos Voluntarios con las Administraciones Públicas y búsqueda de las entidades de Custodia del Territorio que mejor se adapten a las características de cada caso.
  • Búsqueda de inversores y fuentes de financiación (ISR)
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