El Gobierno crea la Comisión Interministerial de Cambio Climático y Transición Ecológica

El Boletín Oficial del Estado publica con fecha 28 de Julio de 2018 el Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética.

Mediante este real decreto se actualiza la existente Comisión Interministerial de Cambio Climático con el fin de dotarla de una mayor proyección, que se justifica por la relevancia económica, ambiental y social de esta materia.

A la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, le corresponden las funciones de seguimiento y propuestas que sirvan de base a la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y la energía, con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia.

La Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y actuará como vicepresidenta la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Estará integrada por vocales de cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las funciones de la Comisión está el impulso y la coordinación de las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa. Asimismo, deberá informar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las propuestas que puedan tener repercusiones económicas relevantes.

Cuando la Comisión Interministerial considere que resulta conveniente para el cumplimiento de sus funciones, podrá invitarse a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil. Igualmente, podrá invitarse a representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en función de los temas a tratar.

Europa en movimiento: la Comisión europea completa su programa de movilidad segura, limpia y conectada

La Comisión Juncker emprende la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo de transportes.

En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2017, el presidente Juncker estableció el objetivo para la UE y sus industrias de convertirse en un líder mundial en el ámbito de la innovación, la digitalización y la descarbonización. Sobre la base de las anteriores ediciones de «Europa en movimiento» de mayo y noviembre de 2017, la Comisión Juncker propone hoy una serie de medidas corrrespondientes a la tercera y última fase a fin de que esto se convierta en una realidad en el ámbito de la movilidad. El objetivo es permitir que todos los europeos se beneficien de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se respalda la competitividad de la industria de la UE. A estos efectos, las iniciativas de hoy incluyen una política integrada para el futuro de la seguridad vial, con medidas de seguridad para los vehículos y las infraestructuras; las primeras normas de emisiones de CO₂ aplicables a los vehículos pesados; un plan estratégico de acción para el desarrollo y la fabricación de baterías en Europa y una estrategia prospectiva sobre la movilidad conectada y automatizada. Con esta tercera edición de «Europa en movimiento», la Comisión está a punto de ultimar su ambicioso programa de modernización de la movilidad.

Maroš Šefčovič, vicepresidente y responsable de la Unión de la Energía, ha señalado:«La movilidad está cruzando una nueva frontera tecnológica. Mediante este conjunto definitivo de propuestas en el marco de la Unión de la Energía, ayudaremos a nuestra industria a mantenerse en la cresta de la ola. Mediante la producción a escala de soluciones técnicas, incluidas las baterías sostenibles, y desarrollando las infraestructuras clave, nos aproximaremos también a la consecución del triple cero: emisiones, congestión y accidentes».

Miguel Arias Cañete, comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, ha añadido: «Todos los sectores deben contribuir a la consecución de nuestros compromisos climáticos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Por eso, por primera vez en la historia, proponemos normas de la UE para incrementar la eficiencia del consumo de combustible y reducir las emisiones de los vehículos pesados nuevos. Estas normas representan una oportunidad para que la industria europea consolide su actual liderazgo en tecnologías innovadoras».

Violeta Bulc, comisaria responsable de Transportes, ha dicho: «El año pasado, la Comisión introdujo iniciativas para abordar los retos del presente y allanar el camino para la movilidad del futuro. Las medidas que se presentan hoy constituyen un definitivo e importante impulso para que los europeos puedan beneficiarse de un transporte seguro, limpio e inteligente. Invito a los Estados miembros y al Parlamento a que estén a la altura de estas ambiciones.

Elżbieta Bieńkowska, comisaria responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha afirmado: «El 90 % de los accidentes de carretera se deben a un error humano.Las nuevas medidas de seguridad obligatorias que proponemos hoy reducirán el número de accidentes y allanarán el camino hacia un futuro sin conductores, con una conducción conectada y automatizada».

Con las iniciativas de hoy, la Comisión pretende garantizar una transición fluida a un sistema de movilidad seguro, limpio, conectado y automatizado. Con estas medidas, la Comisión está configurando asimismo un entorno en el que las empresas de la UE puedan fabricar los productos mejores, más limpios y más competitivos.

Movilidad segura

Aunque la mortalidad en carretera ha descendido en más de la mitad desde 2001,en 2017 todavía 25 300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE y otras 135 000 resultaron gravemente heridas. Por ello, la Comisión está tomando medidas con un fuerte valor añadido para contribuir a la seguridad de las carreteras y a una Europa que protege a sus ciudadanos. La Comisión propone que los nuevos modelos de vehículos estén equipados con funciones de seguridad avanzadas, como unos sistemas avanzados de frenado de emergencia y asistencia al mantenimiento en el carril para los coches o detección de peatones y ciclistas para los camiones (véase aquí la lista completa). Además, la Comisión está ayudando a los Estados miembros a identificar sistemáticamente los tramos de carretera peligrosos y a orientar mejor las inversiones. Estas dos medidas podrían salvar hasta 10 500 vidas y evitar cerca de 60 000 heridos graves entre 2020 y 2030, contribuyendo así al objetivo a largo plazo de la UE de acercarse a cero víctimas mortales y heridos graves de aquí al 2050 («visión cero»).

Movilidad limpia

La Comisión, mediante la introducción de las primeras normas de la historia sobre emisiones de CO₂ aplicables a los vehículos pesados, completa su programa en pos de un sistema de movilidad con bajas emisiones. En 2025, las emisiones medias de CO₂ de los camiones nuevos tendrán que ser un 15 % más bajas que en 2019. Para 2030, se propone un objetivo de reducción indicativo de, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019. Estos objetivos son coherentes con los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París y permitirán a los transportistas (en su mayoría pymes) obtener un ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo de combustible (25 000 euros en cinco años). A fin de permitir nuevas reducciones de las emisiones de CO₂, la Comisión está facilitando un diseño más aerodinámico de los camiones y mejorando el etiquetado de los neumáticos. Además, la Comisión presenta un plan de acción integral para las baterías que contribuirá a crear en Europa un «ecosistema» de baterías competitivo y sostenible.

Movilidad conectada y automatizada

Los automóviles y otros vehículos están equipados con un número creciente de sistemas de asistencia a la conducción, y los vehículos totalmente autónomos están justo a la vuelta de la esquina. Hoy, la Comisión propone una estrategia cuyo objetivo es convertir a Europa en el líder mundial de los sistemas de movilidad conectada y automatizada. La estrategia contempla un nuevo nivel de cooperación entre los usuarios de la carretera, que podría aportar enormes beneficios para el sistema de movilidad en su conjunto. El transporte será más seguro, más limpio, más asequible y más accesible para las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida. Además, la Comisión propone crear un entorno plenamente digital para el intercambio de información en el sector del transporte de mercancías. Esto reducirá la carga administrativa y facilitará los flujos de información digital para operaciones logísticas.

Contexto

El tercer paquete de movilidad responde a la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017 y completa el proceso iniciado con la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones de 2016 y los anteriores paquetes de Europa en movimiento de mayo y noviembre de 2017. Todas estas iniciativas forman un solo conjunto coherente de políticas que abordan las múltiples e interrelacionadas facetas de nuestro sistema de movilidad. El paquete de hoy incluye:

Una Comunicación en la que se esboza un nuevo marco para la política de seguridad vial en el período 2020-2030. Está acompañada de dos iniciativas legislativas sobre seguridad de los peatones y los vehículos y sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras.
Una Comunicación específica sobre Movilidad conectada y automatizada para hacer de Europa un líder mundial de los sistemas de movilidad autónomos y seguros.
Iniciativas legislativas sobre normas en materia de CO₂ para los camiones, sobre su aerodinámica, sobre el etiquetado de los neumáticos y sobre una metodología común para la comparación del precio del combustible. Estas iniciativas están acompañadas de un Plan de Acción para las baterías.Estas medidas reafirman el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte y se ajustan a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París.
Dos iniciativas legislativas que crean un entorno digital para el intercambio de información en el sector del transporte.
Una iniciativa legislativa que racionaliza los procedimientos para adoptar proyectos clave de la red transeuropea de transporte (RTE-T).

Fuente: Comisión Europea

Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública

Mediante un Real Decreto aprobado por el Gobierno con el objetivo de garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus órganos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Esta Comisión, en la que estarán representados cada uno de los departamentos ministeriales, estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La finalidad es conseguir que la contratación pública ecológica sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.

La creación de este órgano colegiado, que se adscribe al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y del que formarán parte al menos un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, tiene el objetivo de garantizar la coordinación de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública.

A través de esta decisión del Gobierno se va a dar un impulso definitivo a los aspectos de la contratación pública ecológica en los que la AGE lleva trabajando varios años, incorporando en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación. Asimismo tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización.

Todo ello se enmarca dentro de una estrategia internacional que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible y dentro de la cual destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que es éste uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro del ámbito de la Unión Europea, hay que tener en cuenta su vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que actualmente se está elaborando, y que, entre otras cuestiones, incorpora la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.

En definitiva, la finalidad de esta decisión del Gobierno es conseguir que la contratación pública ecológica (CPE) sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos

Fuente: MAPAMA

Mitigar el cambio climático mediante una gestión adecuada de la tierra y los bosques de la Unión

El 14 de diciembre, la Presidencia estonia y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo informal acerca del Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) Esto contribuirá a que se reduzcan las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE durante el período 2021-2030, al mejorar la protección y la gestión del territorio y los bosques en toda la Unión. Los embajadores de la UE evaluarán este acuerdo provisional con vistas a refrendarlo el 20 de diciembre de 2017.

En total, los sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) deben contribuir con una reducción del 30 % de las emisiones de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005.

El nuevo Reglamento constituye un marco para velar por que se contabilicen las emisiones y absorciones generadas por este sector. De este modo, la UE podrá alcanzar el objetivo fijado en el Acuerdo de París de reducir las emisiones en al menos un 40 % de aquí a 2030.

La UE está poniendo en marcha los instrumentos que necesita para cumplir las metas sobre cambio climático del Acuerdo. Hemos reformado nuestro régimen de comercio de derechos de emisión y estamos intentando obtener compromisos vinculantes de reducción de las emisiones en los sectores sujetos al reparto del esfuerzo. Con el acuerdo alcanzado hoy, nuestros recursos verdes también nos ayudarán a mitigar el cambio climático. Estoy muy satisfecho con los resultados de hoy, y confío en que los Estados miembros puedan refrendar el acuerdo antes de que acabe el año. La lucha contra el cambio climático ha sido una prioridad para la Presidencia estonia, y con el acuerdo sobre el RCDE, el acuerdo sobre el UTCUTS y la adopción de la posición del Consejo sobre el reparto del esfuerzo hemos conseguido más de lo que nos atrevíamos a esperar.

Siim Kiisler, ministro de Medio Ambiente de la República de Estonia

El texto del acuerdo prevé normas de contabilidad estrictas en toda la UE para las actividades UTCUTS, elaboradas con el objetivo de garantizar una contabilización adecuada y coherente de las emisiones y absorciones en el periodo 2021-2030. Como solución transaccional, y dada la falta de datos actuales sobre los humedales, la contabilidad para este sector pasará a ser obligatoria en el periodo 2026-2030, a menos que se considere oportuno posponer en cinco años la inclusión obligatoria a la luz de la experiencia adquirida al utilizar las Directrices de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, perfeccionadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

El pilar central del Reglamento sigue siendo la «norma de deuda cero». Se trata de un compromiso vinculante según el cual todos los Estados miembros deberán asegurarse de que sus emisiones totales en este sector guardan equilibrio y no exceden las absorciones de CO₂. La forestación y la supervisión reforzada de los bosques, tierras de cultivo y pastos nacionales son ejemplos de cómo generar más absorción de carbono.

Se ha concebido un nuevo proceso de gobernanza de la UE para determinar los niveles nacionales de referencia de gestión forestal. Se ha decidido fijar dichos niveles sobre la base del periodo de referencia histórico, comprendido entre 2000 y 2009.

El nuevo Reglamento incorpora el concepto de flexibilidad, sugerido en la propuesta original para ayudar a los Estados miembros a cumplir sus compromisos de «deuda cero».

Las circunstancias concretas de los Estados miembros se tendrán en cuenta gracias a la flexibilidad adicional propuesta por el Consejo para las tierras forestales gestionadas.

Este nuevo mecanismo de compensación contendrá hasta 360 millones de toneladas equivalentes de CO₂ y se pondrá a disposición de todos los Estados miembros entre 2021 y 2030.

Para el uso de este mecanismo deben cumplirse varias condiciones estrictas, con el fin de preservar la integridad medioambiental del Reglamento. El requisito más importante de todos es el cumplimiento de la «norma de deuda cero» por la UE en su conjunto. Además, los Estados de la UE solo podrán recibir compensaciones con la condición de que sus bosques nacionales generen capacidad de absorción y hasta un importe preestablecido calculado para cada Estado miembro a partir de su capacidad de absorción media durante el periodo 2000-2009.

Los dos colegisladores han acordado otorgar a Finlandia una compensación adicional de 10 millones de toneladas equivalentes de CO₂ para el periodo 2021-2030, habida cuenta de las circunstancias especiales del país en este sector.

Cronología y siguientes etapas

En julio de 2016, la Comisión Europea presentó dos propuestas sobre los sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión (reparto del esfuerzo y UTCUTS), a partir de las orientaciones formuladas por el Consejo Europeo en sus Conclusiones de octubre de 2014.

Los debates sobre los sectores no sujetos al régimen se realizaron en el Consejo en paralelo, debido a los numerosos vínculos entre las dos propuestas. Antes de que se aprobase una posición negociadora se trataron estos expedientes en tres sesiones del Consejo de Medio Ambiente: en un debate de orientación el 17 de octubre de 2016, una sesión informativa sobre el estado de los trabajos el 19 de diciembre de 2016 y un informe de situación en junio de 2017.

El Consejo alcanzó su orientación general el 13 de octubre de 2017 y poco después entabló las negociaciones con el Parlamento Europeo, que había adoptado su posición en el Pleno del 13 de septiembre de 2017.

Otros dos diálogos tripartitos, el 19 de octubre y el 22 de noviembre de 2017, allanaron el camino para que hoy se puedan concluir las negociaciones. El 20 de diciembre de 2017 se presentará el texto provisional a los embajadores de la UE para su análisis y aprobación.

La adopción formal de este acto legislativo solo se producirá una vez que se alcance un acuerdo sobre el Reglamento sobre reparto del esfuerzo, dada la relación entre ambos actos legislativos.

Fuente: www.consilium.europa.eu

Consulta Pública sobre la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE

En 2016, la Comisión emprendió la evaluación de la Estrategia. Se trata de estudiar la aplicación y los logros de la Estrategia en comparación con lo que se esperaba en el momento de su adopción, en 2013. Anima a todos los ciudadanos y organizaciones a participar en esta consulta (que estatá abierta desde el 7/12/2017 al 1/03/2018).

La Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE (en lo sucesivo: la Estrategia), adoptada en abril de 2013, busca aumentar la resistencia del territorio de la UE mejorando la preparación y la capacidad de respuesta de todos los niveles de administración para responder a los efectos del cambio climático. La Estrategia se compromete a alcanzar tres objetivos —fomentar la actuación de los Estados miembros, actuaciones de la UE para reducir el impacto del cambio climático y toma de decisiones con mayor conocimiento de causa— a través de ocho actuaciones:

Actuación 1: instar a todos los Estados miembros a adoptar estrategias exhaustivas de adaptación. La Comisión Europea ha elaborado una serie de directrices para ayudar a los países de la UE a crear, aplicar y revisar sus políticas de adaptación y un marcador de la preparación a la adaptación en el que se recogerán los indicadores clave que permitan medir el nivel de preparación de los Estados miembros.
Actuación 2: facilitar financiación de LIFE para respaldar la creación de capacidades y acelerar las medidas de adaptación en Europa (2014-2020). La Comisión promoverá la adaptación en ámbitos vulnerables (gestión transfronteriza de inundaciones, gestión costera transfronteriza, integración de la adaptación en la ordenación del territorio urbano, en la disposición de las construcciones y en la gestión de los recursos naturales, zonas de montaña e islas, gestión sostenible del agua y lucha contra la desertización y los incendios forestales en las zonas proclives a la sequía). Además, la Comisión apoyará las evaluaciones de la vulnerabilidad y las estrategias de adaptación, incluidas las que tengan carácter transfronterizo, y fomentará las medidas de concienciación sobre la adaptación.
Actuación 3: introducir el objetivo de adaptación en el marco del Pacto de los Alcaldes (2013/2014). Basándose en el modelo del "pacto entre alcaldes", la Comisión apoyará la adaptación en las ciudades, sobre todo poniendo en marcha un compromiso voluntario para adoptar estrategias de adaptación locales y actividades de concienciación.
Actuación 4: remediar el déficit de conocimientos. La Comisión colaborará con los Estados miembros y las partes interesadas para determinar los déficits de conocimientos de adaptación existentes y los instrumentos y metodologías necesarios para paliarlos, incorporando los resultados en la programación de la iniciativa Horizonte 2020, programa marco de la UE para la investigación y la innovación de 2014 a 2020. También se utilizarán para valorar la necesidad de contar con mejores interfaces entre la ciencia, la toma de decisiones y las empresas. Asimismo, la Comisión promoverá las evaluaciones de la vulnerabilidad de ámbito europeo, apoyará los trabajos del Centro Común de Investigación para estimar las consecuencias del cambio climático y emprenderá un análisis exhaustivo de lo que supondrá para la UE el cambio climático mundial.
Actuación 5: convertir Climate-ADAPT en la ventanilla única de información sobre la adaptación en Europa. La Comisión y la AEMA mejorarán el acceso a la información y fomentarán la interacción entre Climate-ADAPT y otras plataformas pertinentes, entre ellas los portales nacionales y locales. Se prestará especial atención a las evaluaciones rentables de las diferentes experiencias normativas y a la financiación innovadora.
Actuación 6: facilitar la reducción del impacto del cambio climático de la política agrícola común (PAC), la política de cohesión y la política pesquera común (PPC). La Comisión ha publicado orientaciones sobre el modo de continuar la integración en la PAC, la política de cohesión y la PPC. Los Estados miembros y las regiones pueden aprovechar también la financiación con cargo a la PAC y la política de cohesión del periodo 2014-2020 para abordar el déficit de conocimientos, invertir en los análisis, las evaluaciones de riesgo y los instrumentos necesarios y crear capacidades para la adaptación.
Actuación 7: garantizar infraestructuras más resistentes. Se trata de otorgar un mandato para que las organizaciones europeas de normalización repertorien y revisen las normas industriales aplicables en los ámbitos de la energía, el transporte y los edificios para que recojan mejor los aspectos relacionados con la adaptación. La Estrategia incluye directrices para los promotores de proyectos sobre inversiones vulnerables resistentes al cambio climático. La Comisión también analizará la necesidad de ofrecer directrices complementarias sobre la plena utilización de los enfoques de adaptación basados en los ecosistemas.
Actuación 8: promover los seguros y demás productos financieros para las decisiones sobre inversiones y empresas resistentes. Junto con la Estrategia, la Comisión adoptó un Libro Verde sobre los seguros contra las catástrofes naturales y antropogénicas. La Comisión quiere mejorar la penetración en el mercado de los seguros contra las catástrofes naturales y liberar todo el potencial de la tarificación de los seguros y demás productos financieros de cara a la sensibilización, prevención y atenuación de los riesgos y a la resistencia prolongada en las decisiones sobre inversiones y empresas.

Objetivos de la consulta

En 2016, la Comisión emprendió la evaluación de la Estrategia. Se trata de estudiar la aplicación y los logros de la Estrategia en comparación con lo que se esperaba en el momento de su adopción, en 2013. También se analiza la evolución de las necesidades a las que la Estrategia responde, por ejemplo, a la luz del Acuerdo de París de 2015, que trata la adaptación al cambio climático en pie de igualdad con la reducción de los gases de efecto invernadero. El ejercicio se basa en el marco estándar para la evaluación de las políticas de la UE y examina la pertinencia, eficacia, coherencia y valor añadido de una actuación de la UE. Para más información sobre la evaluación y las preguntas específicas de la evaluación, puede consultarse la hoja de ruta de evaluación

Esta consulta pública abierta es una de las actividades de consulta a las partes interesadas emprendidas para recopilar pruebas en apoyo de la evaluación de la Estrategia.

Fuente: Comisión Europea

Crece la presión sobre las empresas para que divulgen su riesgo financiero relacionado con el cambio climático

Informar sobre las políticas de Responsabilidad Corporativa (RC) ya no es una opción. Es una exigencia no solo regulatoria, sino también impuesta por los inversores, que cada vez está más asumida en el día a día de las empresas en prácticamente todos los sectores. Así lo revela informe global de KPMG sobre reporte de las políticas de RC de 2017.

La décima edición de este estudio, que se publica desde 1993, es el de mayor dimensión hasta la fecha. Se ha analizado la información que recogen en sus informes financieros anuales y de RC un total de 4.900 compañías en 49 países del mundo (las 100 mayores de cada país) de varias regiones geográficas. España, uno de los países analizados, se sitúa entre los líderes mundiales en este tipo de reporte.

Entre las tendencias emergentes observadas en este informe destacan cuatro: el reconocimiento de los riesgos financieros ligados al cambio climático; la mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el reconocimiento de los Derechos Humanos como una cuestión más de negocio y la información sobre las medidas y los objetivos propios de la empresa para la reducción de la emisión de gases contaminantes.

José Luis Blasco, responsable global de Servicios de Sostenibilidad de KPMG, subraya que “no sólo los empleados, las comunidades y las ONG se interesan por cuestiones de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Los inversores son cada vez más conscientes de que aspectos que antes se consideraban "no financieros" pueden tener un efecto sustancial en la capacidad del negocio para crear valor y protegerlo tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, las empresas han de entender las últimas tendencias en términos de presentación de información y asegurarse de que sus propios informes están a la altura de las expectativas de una amplia gama de grupos de interés”.

Riesgos financieros ligados al cambio climático

Tres de cada diez de las grandes compañías mundiales ya lo recogen así en sus informes financieros anuales aunque, una mayoría cualificada (72%), todavía no hace ninguna alusión al respecto. Y las pocas que lo hacen, solo un 4% facilita a los inversores análisis sobre el posible valor en riesgo del negocio.

Por regiones, en solo cinco países del mundo la mayoría de las cien primeras empresas aluden a los riesgos financieros relativos al clima en sus informes financieros: Taiwán (88%), Francia (76%), Sudáfrica (61%), Estados Unidos (53%) y Canadá (52%). En la mayoría de los casos, es el Gobierno, el mercado de valores o el regulador financiero de dichos países el que determina la obligatoriedad o fomenta el desglose del riesgo vinculado al clima.

Desde el punto de vista sectorial, las empresas forestales y de papel (44%), química (43%), minería (40%) y petróleo y gas (39 por ciento) son las que más reconocen el riesgo vinculado al clima en sus informes. Las siguen de cerca las compañías de automoción (30%) y las de suministros públicos (38%). Atención sanitaria (14%), transporte y ocio (20%) y distribución minorista (23%) son los sectores menos dados a reconocer el riesgo climático.

Analizando las 250 empresas más grandes del mundo (G250), el reconocimiento público del riesgo financiero vinculado al clima es más habitual, si bien aún dista de tener carácter universal. Las multinacionales con sede en Francia se sitúan en cabeza —un 90% reconoce el riesgo vinculado al clima—, seguidas de las grandes empresas sitas en Alemania (61%) y el Reino Unido (60%).

Alrededor de dos terceras partes de las empresas del G250 en los sectores de distribución minorista (67%) y petróleo y gas (65%) reconocen el riesgo, mientras que sólo una tercera parte (36%) de las grandes compañías de servicios financieros lo hacen. Pese a este reconocimiento, solo seis empresas del G250 han informado a los inversores sobre los posibles efectos financieros del riesgo climático mediante un ejercicio de cuantificación o de modelización de escenarios.

José Luis Blasco, subraya que “incluso entre las empresas más importantes del mundo, son todavía muy pocas las que facilitan a los inversores indicaciones adecuadas sobre el valor en riesgo derivado del cambio climático. Nuestras conclusiones inciden en la necesidad de poner en marcha iniciativas como el Grupo de trabajo de información sobre riesgos financieros relacionados con el clima (TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera, con el objetivo de mejorar los desgloses corporativos del riesgo vinculado al clima. La presión para que las firmas incrementen sus desgloses crece día a día. Algunos inversores ya están exigiendo con firmeza la divulgación de este tipo de información; determinados países están planteándose aprobar reglamentos que obliguen a ello y algunos reguladores financieros han advertido que la ausencia de identificación y gestión del riesgo climático supone un incumplimiento de la obligación fiduciaria del Consejo. En este contexto, animamos a las empresas a que actúen rápido. De lo contrario, podrían empezar a perder inversores muy pronto y comprobar la rapidez con la que aumenta el coste del capital y de los seguros”.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Los 17 objetivos globales fijados por las Naciones Unidas a finales de 2015 para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad mundial han calado profundamente en las empresas. El 39% de las 4.900 compañías analizadas en el informe de KPMG relacionan sus iniciativas de RC con los ODS. El porcentaje sube al 43% en el caso de las 250 mayores empresas (G250) y al 53% en el caso de España.

Derechos Humanos

El 73% de las empresas reconoce los derechos humanos como una cuestión de responsabilidad corporativa que la empresa precisa abordar. En el caso de España, el porcentaje se sitúa en el 82%. Esta cifra aumenta al 90% en el grupo de las 250 mayores empresas (G25), destacando los casos de las empresas de India, Reino Unido y Japón y, por sectores, la minería.

Objetivos de reducción de emisiones de CO2

El 67% de las 250 empresas más importantes del mundo revelan sus propios objetivos para reducir las emisiones de CO2, aunque la mayoría (69%) no los alinea con los objetivos climáticos establecidos por los Gobiernos, las autoridades regionales (como la UE) o la ONU. En España, el 60% de las grandes empresas recoge sus objetivos de reducción de emisiones.

Fuente:

KPMG; Ecoiuris

El Tribunal de Cuentas insta a la Unión Europea a una actuación eficaz en el ámbito de la energía para luchar contra el cambio climático

Según el nuevo análisis panorámico sobre la acción de la UE en materia de energía y cambio climático publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, en la lucha contra el cambio climático es esencial una actuación eficaz en el ámbito de la energía. El suministro y consumo de energía representa el 79 % de las emisiones de gas de efecto invernadero de la UE, según los auditores y, aunque los esfuerzos por reducirlas sean fructíferos, es necesario adaptarse al cambio climático. El clima de Europa será muy diferente del actual al final de siglo, aun suponiendo que el aumento medio de la temperatura no llegue a ser superior a los 2 °C según lo previsto en el Acuerdo de París de 2015.

En el análisis panorámico se ofrece una visión general de las medidas adoptadas por la UE, se sintetiza el trabajo clave de auditoría llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo y por las entidades fiscalizadoras superiores de la UE, y se identifican las principales dificultades para contribuir al debate legislativo y al futuro trabajo de auditoría.

Los auditores afirman que la energía y el cambio climático están estrechamente ligados, ya que la producción de energía procedente de combustibles fósiles y el consumo de energía por el transporte, la industria, los hogares y la agricultura representan conjuntamente el 79 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Muchos de estos aspectos se abordarán mejor si los Estados miembros trabajan juntos y si se les otorga un lugar prioritario en la agenda política de la UE.

«Es necesario que la UE reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y se adapte al cambio climático. Las previsiones actuales muestran que hay que avanzar más para cumplir las metas de 2030 y los objetivos de 2050 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para la UE y los Estados miembros también supondrá un gran reto anticipar y planificar correctamente la adaptación, y así sea menos necesario actuar tarde, en respuesta a acontecimientos, con el consiguiente coste adicional» manifestó Phil Wynn Owen, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de este análisis.

Los auditores consideran que, en el ámbito de la energía, un aspecto importante de la acción de la UE es la implantación de un mercado interior de la energía para permitir la libre circulación del gas y la electricidad y su comercialización sin fronteras en todo el territorio de la UE. La finalidad del mercado interior de la energía es lograr los objetivos de política energética de la UE de proporcionar una energía asequible, con precios competitivos, medioambientalmente sostenible y segura, de manera rentable. Pese a los notables progresos logrados en algunas regiones de la UE, todavía no se ha conseguido un mercado interior de la energía.

La mayor parte de la acción de la UE para el cambio climático está orientada a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, de hecho, se han fijado objetivos para su reducción en un 20 % y un 40 % respectivamente para 2020 y 2030. Para 2050, su intención es reducir las emisiones de la UE entre un 80 % y un 95 % con respecto a los niveles de 1990. Los enfoques aplicados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero varían mucho en función de los sectores. Con su régimen de comercio de derechos de emisión, la UE ha impuesto un límite a las emisiones totales de algunos sectores de abastecimiento de energía, industrias de gran consumo de energía y vuelos internos del EEE, además de crear un mercado de derechos de emisión que ha permitido «poner precio» a las emisiones de carbono, mientras que, en otros ámbitos, el enfoque ha consistido en reducir las emisiones mediante objetivos de reducción para cada Estado miembro.

Según los auditores, el logro de estos objetivos y metas de reducción de emisiones en 2030 y 2050 requerirá importantes esfuerzos adicionales, además de la contribución de todos los sectores económicos. Para alcanzar las metas de 2030, en los próximos diez años habrá que incrementar en un 50 % las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el cambio más decisivo tendrá que producirse después de 2030, pues, a partir de esa fecha, si se quiere lograr el objetivo de 2050, el ritmo de reducción de emisiones deberá triplicar o cuadriplicar los niveles históricos.

La estrategia de adaptación de 2013 insta a los Estados miembros a adoptar medidas pero no impone la obligación.

Se han consultado 269 informes de auditoría de la UE y de los Estados miembros. En el ámbito de la energía, pese al crecimiento de la producción de energías renovables y al descenso general de sus costes, en las auditorías se han detectado escasa rentabilidad y obstáculos a las inversiones. Se han identificado periódicamente problemas de rentabilidad en las auditorías sobre eficiencia energética. En el campo de la energía nuclear, las auditorías han constatado incrementos de los precios y retrasos significativos, y también han mostrado que la transición hacia modos de transporte con bajas emisiones de carbono no avanza lo suficiente. En el ámbito de la adaptación al cambio climático, las auditorías se han centrado principalmente en las inundaciones y los auditores han observado problemas en la prevención, la protección y la respuesta.

El trabajo de auditoría ha sido limitado en algunos ámbitos clave, tales como la adaptación al cambio climático, los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales y de la UE, las emisiones del transporte por carretera, y las emisiones de la agricultura.

En el análisis panorámico se identifican siete desafíos principales: gobernanza de la energía y el cambio climático, políticas con base empírica, transición energética, uso eficaz de la investigación y la innovación, planificación y tratamiento de la adaptación, y participación de los ciudadanos de la UE.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo

Nuevas normas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2

Para 2030 las emisiones deberán compensarse con la absorción de CO2
A partir de 2030, la absorción de CO2 deberá superar a las emisiones

El Parlamento Europeo apoyó el miércoles, 13 de Septiembre, nuevas reglas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2, lo que contribuirá a reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento.

Los eurodiputados respaldaron el proyecto legislativo por el que Estados miembros tendrán que asegurar el equilibrio entre las emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, las zonas de pasto y de cultivo.

El Parlamento incluyó, además, provisiones para que a partir de 2030, los países tengan que alcanzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emisiones, en línea con los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de París sobre clima.

Créditos por la reducción de CO2

Si la absorción de CO2 es superior a las emisiones por el uso de la tierra durante los primeros cinco años, los países podrán acumular esos créditos y usarlos más adelante, para lograr alcanzar sus objetivos en el siguiente periodo de cinco años. Los Estados miembros también podrán utilizar esos créditos para cumplir sus objetivos dentro del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Los productos madereros aprovechados, como el material de construcción y el mobiliario, también contribuyen a reducir el CO2, dado que almacenan el carbono absorbido por los árboles durante su crecimiento. Incluir estos productos en la contabilidad, incentivará a los países a desarrollar el uso de la madera aprovechada (para fines distintos al energético). El límite al uso de créditos por gestión forestal aumentará del 3,5% (como proponía la Comisión) al 7% para permitir contabilizar créditos adicionales de esta categoría.

Los países tendrán que informar sobres sus emisiones anualmente, con el objetivo de equilibrar las emisiones y la absorción en dos periodos consecutivos de cinco años cada uno (2021-2025 y 2026-2030). Si un Estado miembro no alcanza sus objetivos en ninguno de los periodos, el déficit será descontado de su asignación en el marco del Reglamento sobre reducción de emisiones.

Próximos pasos

El proyecto salió adelante con 532 votos favorables, 144 en contra y 20 abstenciones. El pleno devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente, para que los negociadores del Parlamento puedan comenzar las conversaciones con el Consejo de Ministros, con vistas a alcanzar un acuerdo en primera lectura, una vez que los ministros hayan fijado su propia posición negociadora.

Datos

Los umbrales para cada Estado miembro se establecerán sobre la base de su “nivel de referencia forestal” -una estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del país. Según los eurodiputados, deberá basarse en las prácticas entre 2000 y 2012, un periodo más reciente que el propuesto por la Comisión (1990-2009).

Las emisiones que las autoridades no pueden controlar, como las derivadas de fuegos, podrán excluirse, pero con límites, para no crear una laguna legislativa.

Los bosques de la UE absorben el equivalente a casi el 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del bloque.

Esta propuesta legislativa, que es parte del paquete climático presentado por la Comisión en julio de 2016, propone integrar las emisiones y la absorción por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

Fuente: Parlamento Europeo

España ratifica el Acuerdo de París

La Embajada de España ante Naciones Unidas depositó, el pasado 12 de Enero, el instrumento de ratificación del Acuerdo, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional sobre el cambio climático nunca alcanzado

El Acuerdo recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero

España depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas, en Nueva York, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional en la lucha contra el cambio climático nunca alcanzado.

Tras depositar la Embajada española ante Naciones Unidas este instrumento de ratificación, son ya 125 las Partes que ya lo han depositado, dando una señal inequívoca sobre la necesaria transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono que no tiene marcha atrás.

El 12 de diciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en la capital francesa, alcanzó el Acuerdo de París, un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y un éxito de la comunidad internacional porque, por primera vez, consigue una participación universal de todos los países. Recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

OBJETIVOS CADA VEZ MÁS AMBICIOSOS

El texto del Acuerdo, compuesto por 29 artículos, tiene por objetivo lograr que el aumento de la temperatura media global del planeta quede muy por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, e intenta lograr además esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.

Recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en el mundo e incluye los elementos necesarios para alcanzar dicho objetivo.

Reconoce también la importancia de incrementar los compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos, para lo cual establece un ciclo de revisión mediante el cual cada cinco años se deberá hacer balance del grado de implementación respecto al objetivo de los 2ºC, incluyendo los compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la situación de los medios de implementación, en especial la financiación.

En este sentido, todos los países deberán preparar, comunicar y mantener sus contribuciones establecidas a nivel nacional para luchar contra el cambio climático y adoptarán medidas de mitigación internas con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Otro aspecto importante del Acuerdo es que pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, estableciendo un objetivo mundial cualitativo que consiste en aumentar la capacidad de adaptación a las pérdidas y daños ya ocasionados por el cambio climático.

Asimismo, fortalece el marco de cooperación global, a fin de que los países en desarrollo más vulnerables al cambio climático puedan afrontar mejor las pérdidas y daños derivados de éste.

El Mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático será el mismo del Acuerdo de París. Para alcanzar los objetivos recogidos en este Acuerdo, en materia de financiación, entre otros aspectos, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático reconoce el actual compromiso de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales, a partir del año 2020, a través de fuentes públicas y privadas, compromiso que se revisará al alza antes de 2025.

Además, aunque se reconoce el liderazgo de los países desarrollados a la hora de movilizar financiación climática, por primera vez se anima a los países en desarrollo a que participen, aunque de manera voluntaria, en la financiación de estas actuaciones.

El marco de transparencia del Acuerdo establece que todos los países proporcionarán información sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología etc., ya sea proporcionada o recibida. Se contempla, asimismo, un proceso de revisión cada 5 años de la información proporcionada por los países Parte en cuanto a la implementación del Acuerdo, que será de utilidad para identificar áreas susceptibles de ser mejoradas.

Para facilitar el cumplimiento de los compromisos, se establece un Comité de naturaleza facilitadora y no contenciosa ni sancionadora, cuya misión será la de favorecer la aplicación del Acuerdo por todos los países parte del mismo.

Fuente: Mapama

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europea para 2017

Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión Europa para 2017

Con fecha 13 de Diciembre de 2016, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el presidente de turno del Consejo, Robert Fico, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han firmado la primera Declaración Conjunta que establece los objetivos y prioridades de la UE para el proceso legislativo en 2017.

Basándose en las Orientaciones estratégicas del Consejo Europeo y en las 10 prioridades de la Comisión Juncker con respecto a las cuales el Parlamento Europeo ha exigido resultados, los presidentes de las tres instituciones europeas acordaron una serie de propuestas a las que darán tratamiento prioritario en el proceso legislativo. Con ello se garantizará que la UE ofrezca a sus ciudadanos resultados concretos y haga frente a los retos más urgentes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha señalado: «La Declaración Conjunta de hoy es un nuevo hito en el modo en que la UE puede superar mejor y con más celeridad nuestros retos comunes. Es la primera vez en la historia de la UE que las tres instituciones europeas han acordado una serie de iniciativas de gran importancia política que deberían llevarse a la práctica de forma inmediata en el proceso legislativo. Podemos ser tres instituciones diferentes, pero solo existe un proyecto europeo en el que trabajamos, en representación de los intereses de todos los ciudadanos de la UE. Lo que hemos visto con la Guardia Europea de Fronteras y Costas debería convertirse en la nueva norma para ofrecer soluciones rápidas y significativas conjuntamente. Cuando hay voluntad, se abre un camino en Europa».

Además del compromiso de la UE con el trabajo que se está realizando sobre todas las propuestas legislativas ya presentadas, los presidentes de las tres instituciones han establecido en la Declaración Común seis ámbitos concretos en los que las propuestas deberían llevarse a la práctica de forma inmediata. Los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometen a racionalizar los esfuerzos de sus instituciones, con el fin de garantizar la rapidez de los avances legislativos sobre las siguientes iniciativas prioritarias y, en la medida de lo posible, su consecución antes de que finalice el año 2017.

Dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE 2.0), modernizando los instrumentos de defensa comercial, la Unión Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, y la mejora de la gestión de los residuos en la economía circular.
Abordar la dimensión social de la Unión Europea, a través de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, la mejora de la coordinación de la seguridad social, el Acta Europea de Accesibilidad y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Proteger mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, a través del Sistema de Entradas y Salidas, las Fronteras Inteligentes y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), el control de las armas de fuego, instrumentos que penalicen el terrorismo, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
Reformar y desarrollar nuestra política de migración con un espíritu de responsabilidad y solidaridad, mediante la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (incluido el mecanismo de Dublín), el conjunto de medidas sobre la Migración Legal y el Plan de Inversiones Exteriores para ayudar a combatir las causas profundas de la migración aumentando la inversión y la creación de empleo en los países socios.
Cumplir nuestro compromiso de implantar un mercado Único Digital conectado, mediante reformas en materia de telecomunicaciones y derechos de autor de la UE, la utilización en la Unión de la banda de 700 MHz, evitando el bloqueo geográfico injustificado, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y las normas comunes de protección de datos.
Cumplir nuestro objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una política climática con perspectiva de futuro, a través del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, del Acuerdo de París y del conjunto de medidas sobre Energía Limpia para todos los europeos.

Además, los tres presidentes destacan cuatro cuestiones fundamentales que requieren una atención particular y más avances en 2017: i) el compromiso con los valores comunes europeos, el Estado de derecho y los derechos fundamentales; ii) la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; iii) la preservación del principio de libre circulación de los trabajadores; y iv) la contribución a la estabilidad, la seguridad y la paz.

Este esfuerzo conjunto del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea forma parte de un nuevo compromiso común y está explícitamente contemplado en el apartado 7 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», permitiendo a la Unión convertir propuestas en medidas concretas y ofrecer resultados allí donde más se necesitan.

Siguientes pasos

Las tres instituciones han acordado ejercer con rigor una supervisión y un seguimiento de los progresos conjuntos en cuanto a la aplicación de la Declaración Conjunta, tanto a nivel político como a nivel de altos funcionarios. A nivel político, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular mediante reuniones de los presidentes de las tres instituciones en marzo, julio y noviembre de 2017. A nivel técnico, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular en el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que se reunirá a nivel de altos funcionarios (tal como se contempla en el punto 50 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»).

Para facilitar la supervisión y seguimiento de las acciones consecutivas a la Declaración Conjunta, en un documento de trabajo que acompaña a la Declaración Conjunta detallan las iniciativas que deberán llevarse a la práctica de forma inmediata en 2017.

Contexto

El 15 de marzo de 2016, las tres instituciones europeas consensuaron el nuevo Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» para mejorar la calidad y los resultados de la legislación europea. Dicho Acuerdo está aportando cambios en todo el ciclo de formulación de políticas, desde las consultas y la evaluación de impacto hasta la adopción, aplicación y evaluación de la legislación de la UE. Con arreglo al nuevo AI, deben existir acuerdos conjuntos sobre los temas fundamentales a los que deben dar prioridad los legisladores, entre otras cosas iniciativas de simplificación de la legislación vigente.

Cada año, el Consejo, el Parlamento y la Comisión debaten las prioridades legislativas de la UE y acuerdan las principales prioridades comunes para el año siguiente. Esto permite a las tres instituciones colaborar más estrechamente para hacer frente a los grandes retos que se avecinan.

La Declaración Conjunta de hoy constituye un primer paso de este nuevo enfoque de la legislación centrado en la obtención de resultados. La Declaración también está en consonancia con el Programa de trabajo de la Comisión para 2017.

Fuente: Euro-lex

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