Sometida a información pública las obligaciones de información sobre la estimación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por el Real Decreto de desarrollo del artículo 32 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

 

 

El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, iniciado en el año 2018, tiene como objetivo principal movilizar financiación hacia las actividades sostenibles que promuevan la transformación del sector productivo hacia otro más sostenible con el medio ambiente.

 

El Plan de Acción se asienta sobre tres pilares:

  • Una taxonomía para identificar las actividades sostenibles.
  • Obligaciones de divulgación por parte de: gestores de activos, entidades financieras, compañías cotizadas y no cotizadas grandes
  • Herramientas como los índices climáticos

La Comisión Europea publicó el pasado 6 de julio la Estrategia Renovada para financiar la transición hacia una economía sostenible, que complementa y refuerza el Plan de Acción, poniendo el acento en las orientaciones dirigidas a mejorar la resiliencia del sector financiero en relación con la sostenibilidad, poniendo especial atención a los riesgos de cambio climático y su relación con la estabilidad financiera.

A nivel nacional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética proporciona el marco normativo e institucional que facilitará y orientará la descarbonización de la economía española en 2050, tal y como establece la Unión Europea y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París. En su exposición de motivos, señala  cómo es imprescindible asegurar las condiciones de contorno que permitan orientar las sendas de cumplimiento, facilitar la estabilidad y predictibilidad necesarias para evitar sobrecostes o la generación de activos cautivos, susceptibles de lastrar el progreso de nuestra economía durante décadas, minimizar los impactos sociales negativos y facilitar el aprovechamiento de oportunidades económicas, al tiempo que se ofrecen medidas de acompañamiento en la transición a los colectivos más vulnerables. Además, en dicha exposición de motivos, señala también  la correlación positiva entre la gestión de los riesgos climáticos, la creación de valor a largo plazo y el desempeño de los mercados.

En este sentido, se establecen obligaciones tanto para el sector financiero y empresarial como para los supervisores.

• Con respecto al sector financiero y empresarial, el artículo 32 obliga a las empresas y sociedades a emitir un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos financieros.

El artículo 32.5 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, establece que el contenido de los informes sobre la estimación del impacto financiero de los riesgos para la sociedad asociados al cambio climático será determinado por real decreto, en el plazo de dos años desde la aprobación de dicha Ley, por lo que debe de aprobarse antes del 20 de mayo del 2023, en cumplimiento del mandato recogido en una norma con rango de Ley.

El cálculo del impacto financiero asociado al cambio climático y la transición hacia una economía sostenible y su revisión anual, se consideran un paso ineludible en la gestión de riesgos climáticos y la descarbonización de las empresas.

La ausencia de datos sobre el riesgo de cambio climático que afrontan las entidades financieras les impide calcular el riesgo financiero asociado al cambio climático y la transición hacia una economía sostenible de sus inversiones y actividades de financiación, lo que no solo tiene impactos en el proceso de descarbonización global, sino que suponen importantes riesgos financieros a medio y largo plazo al no anticipar la evolución de los mercados o la depreciación de determinados activos debido, entre otros, a las políticas climáticas.

Para que las entidades financieras puedan calcular adecuadamente su exposición al riesgo en la financiación de distintas actividades y empresas, deben disponer de datos suficientes sobre el impacto del cambio climático y la transición hacia una economía sostenible en la entidad y de cómo la entidad contribuye a la lucha contra el cambio climático. La falta de información sólida constituye uno de los principales escollos para avanzar en el ámbito de las finanzas sostenibles y un riesgo para la estabilidad financiera y económica global. Determinar los detalles de la información que deben dar las entidades sobre el riesgo financiero asociado al riesgo de cambio climático y transición hacia una economía sostenible, contribuirá sin duda a mejorar la situación y permitirá avanzar más rápidamente en la implementación de las finanzas sostenibles en nuestro sector, otorgándole además una ventaja competitiva en el contexto europeo e internacional.

Concretar el contenido de los informes previstos en el artículo 32 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Debiendo incluirse los siguientes aspectos en las obligaciones de información que se establezcan en el Real Decreto:

  • La estructura de gobierno de la organización, incluyendo la función que sus distintos órganos desempeñan, en relación con la identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático.
  • El enfoque estratégico, tanto en términos de adaptación como de mitigación, de las entidades para gestionar los riesgos financieros asociados al cambio climático, teniendo en cuenta los riesgos ya existentes en el momento de la redacción del informe, y los que puedan surgir en el futuro, identificando las acciones necesarias en dicho momento para la mitigación de tales riesgos.
  • Los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en las actividades de la organización y su estrategia, así como en su planificación financiera.
  • Los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos relacionados con el clima y cómo estos se integran en su análisis de riesgo de negocio global y su integración en la gestión global del riesgo por parte de la organización.
  • Las métricas, escenarios y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático y, en caso de que se haya calculado, el alcance 1, 2 y 3 de su huella de carbono y cómo se afronta su reducción.

Establecer un marco regulatorio que recoja las especificidades de los riesgos climáticos para la actividad financiera. Como señala el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) en su informe del pasado 7 de julio The Availability of Data with Which to Monitor and Assess Climate-Related Risks to Financial Stability (La disponibilidad de datos con los que monitorear y evaluar los riesgos relacionados con el clima para la estabilidad financiera), los riesgos relacionados con el clima son distintos de otros riesgos para la estabilidad financiera, ya que, aunque son de naturaleza global, sus efectos difieren sustancialmente entre entidades, sectores y economías, dependiendo de su ubicaciones y actividades, lo que hace que sean poco lineales y que generen amplia incertidumbre.

Generar un marco de información financiera y empresarial que permita:

  • Conocer y comparar el grado de exposición del sector financiero y empresarial a los riesgos relacionados con el clima y a la transición hacia una economía sostenible al corto, medio y largo plazo.
  • Realizar evaluaciones prospectivas de los riesgos relacionados con el clima y la transición hacia una economía sostenible para el sistema financiero.
  • Conocer las actividades llevadas a cabo para mitigar los riesgos relacionados con el clima.

Las alegaciones deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico audienciaMV@economia.gob.es hasta el 15 de noviembre de 2021.

Avalancha normativa a favor del cambio climático: las bases de la transición ecológica

 

Tres años. Ese fue el tiempo que pasó desde uno de los mayores hitos sobre el cambio climático, el Acuerdo de París, hasta otro de los mayores acuerdos aprobados a nivel europeo: el Pacto Verde Europeo. Este fue lanzado a finales de 2019 desde la Comisión Europea estableciendo una hoja de ruta para la transición a una economía de cero emisiones netas que implica cambios profundos en las actividades económicas de las sociedades industriales.

 

 

Dichos cambios no solo dependen de la voluntad de los actores implicados, sino también de la aparición de nuevas normativas que los respalden y que creen un nuevo marco legislativo adaptado a la situación, lo que ha provocado una avalancha normativa tanto a nivel comunitario como nacional. El conjunto de dichas leyes, que a continuación analizaremos, queda recogido en el Anuario 2021: acción climática empresarial en España, nuestro análisis anual realizado en alianza con Ecodes sobre la evolución de la presencia de compañías españolas en los principales movimientos empresariales vinculados con la acción climática.

El documento reconoce la adaptación a las diferentes normativas como una oportunidad para las empresas que apuesten por la sostenibilidad, pudiendo éstas adaptarse con mayor facilidad a los cambios exigidos por ley; y además hace un repaso sobre las principales novedades en la materia durante estos últimos años.

En concreto, se explica cómo a finales de abril de ese año, las instituciones comunitarias alcanzaron un acuerdo sobre la Ley del Clima Europea, que conducirá a la revisión y el endurecimiento de 54 normas comunitarias que involucran sectores como el transporte y movilidad, la energía, la construcción y el comercio internacional.

De hecho, la primera consecuencia de la misma a nivel país ha sido la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Esta ley se propone disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, contando con una disminución de un 39% de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos de edificios, residuos o agricultura); conseguir que las energías renov

ables constituyan al menos un 42% del consumo de energía final; que al menos un 74% de la energía que alimenta al sistema eléctrico provenga de energías renovables y que la eficiencia energética aumente en un 39,5%. Objetivos ambiciosos que alinean al país con las exigencias del Acuerdo de París.

Otra de las novedades que cambiará completamente el esquema económico es la nueva Taxonomía Verde Europea aprobada en junio del 2020. Se trata de un marco que pretende llenar el vacío de información, enviando señales claras a los agentes financieros para que puedan identificar aquellas actividades que son medioambientalmente sostenibles y están alineadas con los objetivos ambientales y los compromisos del Acuerdo de París.

Por su parte, la Directiva de Información no financiera (NFRD) de 2014 de la Unión Europea también pretende dotar de información en materia de gestión medioambiental a los inversores, consumidores y otros grupos de interés. Ésta fue transpuesta en España a través de la Ley en materia de información no financiera y diversidad de 2018, que aumentó el nivel de exigencia, tanto en el ámbito de aplicación (empresas de más de 250 empleados/as) y el requerimiento de mayor concreción en los contenidos de los reportes anuales, como en la exigencia de un proceso de verificación independiente de la información reportada y en su aprobación en la junta general de accionistas. En este punto es preciso referirse a la recientemente aprobada Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la que se menciona la futura actualización de esta Ley y que considera hacer frente a la emergencia climática como uno de los retos señalados a nivel país y a los que se prestará especial atención.

Y si hablamos de planes estratégicos, no podemos olvidar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía (PRTR). Este plan ha sido aprobado por la Comisión Europea este mismo junio y según su presidenta, Ursula von der Leyen, “transformará profundamente la economía española, haciéndola más verde, más digital y más resiliente”. En concreto, se construye sobre 4 ejes que orientan 10 políticas palanca compuestas de 30 componentes. El Anuario 2021 incide en un eje concreto, la transición ecológica, que se traduce en componentes relacionados con políticas que impulsan la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Entre las áreas recogidas a impulsar, aquellas que recibirán una mayor inversión son: la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, la conservación y restauración de ecosistemas, el despliegue de la generación de renovables y la hoja de ruta del hidrógeno verde.

De este modo, España dirige todos sus esfuerzos hacia el logro de una economía neutra en carbono, siguiendo las directrices de la Unión Europea y contribuyendo a posicionar a Europa como un referente en la transformación sostenible.

Fuente: Red Española Pacto Mundial

Finanzas sostenibles: la Comisión Europea toma nuevas medidas para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles

 

La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de medidas generales para contribuir a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea. Al permitir reorientar las inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles, estas medidas contribuirán a hacer que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Harán de la UE un líder mundial en el establecimiento de normas para las finanzas sostenibles.

El paquete consta de:

  • El acto delegado de taxonomía climática de la UE tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles, aclarando qué actividades económicas contribuyen más a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE. El Colegio de Comisarios ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el texto. El acto delegado se adoptará formalmente a finales de mayo, una vez se disponga de traducciones en todas las lenguas de la UE. En una Comunicación, también adoptada hoy por el Colegio de Comisarios, se expone con más detalle el enfoque de la Comisión.
  • Una propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta tiene por objeto mejorar el flujo de información sobre sostenibilidad en el mundo empresarial. Hará que la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas sea más coherente, de modo que las empresas financieras, los inversores y el público en general puedan utilizar información comparable y fiable sobre sostenibilidad.
  • Por último, seis actos delegados modificadores garantizarán que las empresas financieras, por ejemplo asesores, gestores de activos o aseguradoras, incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y su asesoramiento en materia de inversión a los clientes.

El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de Europa cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos, lograr que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050 y proteger, conservar y mejorar el capital natural y la biodiversidad de la UE.

Como parte de este esfuerzo, las empresas necesitan un marco general de sostenibilidad para cambiar sus modelos de negocio en consecuencia. Para garantizar la transición de la financiación y evitar el «blanqueo ecológico», todos los elementos del paquete de medidas de hoy aumentarán la fiabilidad y comparabilidad de la información sobre sostenibilidad. Ello situará al sector financiero europeo en el centro de una recuperación económica sostenible e integradora frente a la pandemia de COVID-19 y al desarrollo económico sostenible a largo plazo de Europa.

Acto delegado sobre taxonomía climática de la UE

La taxonomía de la UE es una herramienta de transparencia sólida y con base científica a disposición de empresas e inversores. Crea un lenguaje común que los inversores podrán utilizar en cualquier lugar al invertir en proyectos y actividades económicas que tengan una incidencia positiva sustancial en el clima y el medio ambiente. También introducirá obligaciones de información para las empresas y los participantes en los mercados financieros.

El acto delegado, acordado políticamente hoy por el Colegio de Comisarios, introduce el primer conjunto de criterios técnicos de selección para definir qué actividades contribuyen sustancialmente a dos de los objetivos medioambientales del Reglamento por el que se establece una taxonomía: adaptación al cambio climático  y mitigación del cambio climático. Estos criterios se basan en el asesoramiento científico del Grupo de Expertos Técnicos (TEG) sobre finanzas sostenibles. Es el resultado de amplios comentarios de las partes interesadas, así como de debates con el Parlamento Europeo y el Consejo. Este acto delegado abarcaría las actividades económicas de aproximadamente el 40 % de las empresas cotizadas en bolsa, en sectores que son responsables de casi el 80 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en Europa. Incluye sectores como la energía, la silvicultura, la industria manufacturera, el transporte y la construcción.

El acto delegado de taxonomía de la UE es un documento vivo y seguirá evolucionando con el tiempo, a la luz de los cambios y el progreso tecnológico. Los criterios serán objeto de revisión periódica. Esto garantizará que los nuevos sectores y actividades, incluidas las actividades transitorias y otras «actividades facilitadoras», puedan añadirse al ámbito de aplicación a lo largo del tiempo.

Una nueva Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad

La propuesta de hoy revisa y refuerza las normas existentes introducidas por la Directiva sobre información no financiera. Su objetivo es crear un conjunto de normas que, con el tiempo, igualen la información sobre sostenibilidad a la información financiera. Ampliará los requisitos de la UE relativa a la información sobre sostenibilidad a todas las grandes empresas y a todas las que cotizan en bolsa. Esto significa que casi 50 000 empresas de la UE tendrán que seguir normas detalladas de la UE en materia de información sobre sostenibilidad, frente a las 11 000 sometidas actualmente a estos requisitos. La Comisión propone el desarrollo de normas para las grandes empresas, y normas separadas y proporcionadas para las pymes, que las pymes no cotizadas pueden utilizar voluntariamente.

En general, la propuesta tiene por objeto garantizar que las empresas comuniquen la información fiable y comparable sobre la sostenibilidad que necesitan los inversores y otras partes interesadas. Garantizará un flujo coherente de información sobre sostenibilidad a través del sistema financiero. Las empresas tendrán que informar sobre la manera en que las cuestiones de sostenibilidad, como el cambio climático, afectan a sus negocios y al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.

La propuesta también simplificará el proceso de notificación para las empresas. Muchas empresas se encuentran actualmente bajo presión para utilizar una serie de diferentes normas y marcos de información sobre sostenibilidad. Las normas de información sobre sostenibilidad propuestas en la UE deben ser una «ventanilla única», que ofrezca a las empresas una solución única que satisfaga las necesidades de información de los inversores y otras partes interesadas.

Modificaciones de los actos delegados en materia de asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos

Las seis enmiendas presentadas hoy animan al sistema financiero a apoyar a las empresas en el camino hacia la sostenibilidad, y a apoyar a las empresas sostenibles existentes. También reforzarán la lucha de la UE contra el «blanqueo ecológico».

  • asesoramiento en materia de inversión y seguros: cuando un asesor evalúa la idoneidad de un cliente para una inversión, ahora tendrá que discutir las preferencias de sostenibilidad del cliente
  • obligaciones fiduciarias: las modificaciones presentadas hoy aclaran las obligaciones de una empresa financiera a la hora de evaluar los riesgos de sostenibilidad y la sostenibilidad de los modelos de negocio
  • supervisión y gobernanza de los productos de inversión y seguros: los fabricantes de productos financieros y los asesores financieros tendrán que considerar factores de sostenibilidad a la hora de diseñar sus productos financieros.

Antecedentes y siguientes etapas

La UE ha dado pasos importantes en los últimos años para construir un sistema financiero sostenible que contribuya a la transición hacia una Europa climáticamente neutra. El Reglamento sobre la taxonomía, el Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre los índices de referencia de la UE constituyen la base para aumentar la transparencia y la seguridad y ofrecer herramientas que permitan a los inversores determinar qué oportunidades de inversión son sostenibles.

Una vez adoptado formalmente, el acto delegado de taxonomía climática de la UE será examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo (cuatro meses y prorrogable una vez por dos meses adicionales).

Por lo que respecta a la propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad, la Comisión entablará conversaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Las seis modificaciones de los actos delegados sobre asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos serán examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (períodos de tres meses prorrogables una vez por tres meses adicionales) y se espera que se apliquen a partir de octubre de 2022.

Finanzas sostenibles: Plan de Acción de la Comisión Europea para una economía más ecológica y más limpia

 

Nuestro planeta se enfrenta cada vez con más frecuencia a las consecuencias imprevisibles del cambio climático y el agotamiento de los recursos, por lo que es necesario actuar urgentemente para adaptarse a un modelo más sostenible. Se necesitan alrededor de 180 000 millones EUR de inversiones adicionales al año para alcanzar los objetivos de la UE para 2030 acordados en París, entre ellos una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por este motivo, sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, la Comisión presenta hoy,. 8 de Marzo, una hoja de ruta para potenciar el papel de las finanzas en la consecución de una economía que funcione correctamente y permita también alcanzar los objetivos ambientales y sociales.

 

El Plan de Acción presentado  por la Comisión Europea sobre finanzas sostenibles,  forma parte de los esfuerzos de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) por conectar las finanzas con las necesidades específicas de la economía europea en beneficio del planeta y de nuestra sociedad. También es una de las principales medidas para la implementación del histórico Acuerdo de París y la agenda de la UE para el desarrollo sostenible.

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «La evolución hacia una economía más ecológica y más sostenible es beneficiosa para la creación de empleo, para las personas y para el planeta. Hoy estamos garantizando que el sistema financiero trabaje en pos de ese objetivo. Nuestras propuestas permitirán a los inversores y los ciudadanos tomar una decisión positiva para que su dinero se utilice de manera más responsable y en apoyo de la sostenibilidad».

Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «Inspirándonos en el trabajo del Grupo de expertos de alto nivel, presentamos hoy nuestros planes para llevar a cabo una profunda reforma que podría convertirse en la referencia mundial para las finanzas sostenibles. Solo con la ayuda del sector financiero podremos colmar el déficit de financiación anual de 180 000 millones EUR para alcanzar nuestros objetivos en materia de clima y energía, contribuyendo así a apoyar un futuro sostenible para las generaciones venideras».

Jyrki Katainen, vicepresidente responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, ha declarado: «La UE ya va en cabeza en cuanto a inversión en eficiencia en el uso de los recursos y en infraestructuras sociales, gracias al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Al menos el 40 % de las inversiones en infraestructura del FEIE se destinará a proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Al mismo tiempo, para culminar la transición a una economía circular, más limpia y más eficiente en el uso de los recursos, resulta crucial crear las condiciones necesarias para que los inversores privados inviertan de manera sostenible».

Por su parte, Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, ha declarado: «Las inversiones mundiales son la clave para combatir el cambio climático; ya se han invertido billones en soluciones como las energías renovables y la eficiencia energética. El Acuerdo de París es una oportunidad de inversión masiva. ¿Cómo podemos aprovecharla? El Plan de Acción presentado hoy ayudará al sector financiero europeo a situarse como principal destino mundial de las inversiones en tecnologías verdes».

Principales características del Plan de Acción

Hace un año, la Comisión nombró a un Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles con el encargo de elaborar un amplio conjunto de recomendaciones para que el sector financiero apoyara la transición a una economía hipocarbónica. Basándose en su informe final, la Comisión propone una estrategia de la UE en materia de finanzas sostenibles en la que se establece una hoja de ruta sobre la continuación del trabajo y las acciones futuras, que afectan a todos los actores pertinentes del sistema financiero. Entre ellas cabe citar:

  • Establecer un lenguaje común para las finanzas sostenibles, es decir, un sistema de clasificación unificado —o taxonomía— de la UE, que defina lo que es sostenible y señale los ámbitos en los que la inversión sostenible puede tener mayor repercusión.
  • Crear etiquetas de la UE para los productos financieros «verdes» sobre la base de este sistema de clasificación de la UE: los inversores podrán así identificar fácilmente las inversiones que cumplen los criterios ecológicos o de bajas emisiones de carbono.
  • Clarificar la obligación de los gestores de activos y los inversores institucionales de tener en cuenta la sostenibilidad en el proceso de inversión y reforzar los requisitos en materia de divulgación de información.
  • Obligar a las empresas de seguros y de inversión a que asesoren a sus clientes sobre la base de las preferencias de estos en materia de sostenibilidad.
  • Integrar la sostenibilidad en los requisitos prudenciales: los bancos y las compañías de seguros son una importante fuente de financiación externa para la economía europea. La Comisión examinará la viabilidad de recalibrar los requisitos de capital aplicables a los bancos (el denominado «factor de apoyo verde») para las inversiones sostenibles, cuando así se justifique desde el punto de vista del riesgo, velando al mismo tiempo por que se proteja la estabilidad financiera.
  • Aumentar la transparencia de los informes corporativos: proponemos revisar las directrices relativas a la información no financiera para adecuarlas en mayor medida a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima.

Contexto

Cuando adoptaron el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la UE y los Gobiernos de todo el mundo se comprometieron con el objetivo de una economía y una sociedad más sostenibles. La UE ya está marcando la diferencia gracias al Marco de la UE en materia de clima y de energía para 2030, el Plan de acción de la economía circular y la Aplicación por la UE de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para lograr un crecimiento más sostenible, todos los miembros de la sociedad deberán desempeñar su papel. El sistema financiero no es una excepción. Reorientar el capital privado hacia inversiones más sostenibles requiere una revisión completa del funcionamiento de nuestro sistema financiero. Es un cambio necesario si la UE quiere desarrollar un crecimiento económico más sostenible, garantizar la estabilidad del sistema financiero, y fomentar una mayor transparencia y el largoplacismo en la economía. Esta visión es también el elemento central del proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de la Unión Europea.

En 2016, la Comisión creó un Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, compuesto por veinte expertos de alto nivel procedentes de la sociedad civil, el sector financiero, el mundo académico y observadores de instituciones europeas e internacionales. El Grupo publicó su informe final en enero de 2018. En él presentó ocho acciones prioritarias que considera elementos imprescindibles de cualquier medida significativa relativa a las finanzas sostenibles. El Plan de acción presentado hoy se basa en las recomendaciones de este Grupo.

Los trabajos sobre algunas de las recomendaciones clave del informe se abordaron en el informe intermedio del Grupo, presentado el 13 de julio de 2017. En respuesta a estas recomendaciones, la Comisión ya ha propuesto incluir los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los mandatos de las Autoridades Europeas de Supervisión. Asimismo, ha celebrado una consulta pública sobre las obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de activos en lo relativo a la sostenibilidad.

La Comisión organiza una conferencia de alto nivel el 22 de marzo de 2018 para debatir el Plan de acción presentado hoy.

Fuente: Comisión Europea

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