La Comisión Europea lanza una consulta pública para frenar el declive de las abejas y otros polinizadores

La Comisión Europea pide la opinión de apicultores, científicos, entidades y ciudadanos para frenar el descenso de las poblaciones de insectos polinizadores

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el descenso de las poblaciones de abejas y otros insectos polinizadores con el objetivo de recopilar opiniones que ayuden a la elaboración de una estrategia europea para abordar el problema, según ha informado en una nota difundida el 11 de enero.

El Ejecutivo comunitario pretende diseñar una iniciativa comunitaria para combatir este fenómeno y para ello ha solicitado la contribución de científicos, agricultores, empresas, organizaciones medioambientales y autoridades públicas. La consulta pública estará disponible hasta el 5 de abril de este año.

El organismo europeo con sede en Bruselas ha destacado que la revisión intermedia de la estrategia sobre biodiversidad de la Unión Europea mostró que la polinización puede estar decreciendo de forma "significativa" y que casi una de cada diez especies de abejas y mariposas están en peligro de extinción.

Además, la Comisión Europea estima que unos 15.000 millones de euros de la producción agrícola anual se atribuyen directamente a los polinizadores.

Por ello, la consulta pública plantea una serie de acciones para atajar el descenso de las colonias, como analizar los riesgos de los pesticidas, proteger y restaurar los hábitats de estas especies en los espacios de la red Natura 2000 y en las zonas rurales y urbanas fuera de esta red, proteger a los polinizadores de enfermedades, apoyar los esfuerzos del sector privado, reducir la contaminación o crear incentivos de mercado para el desarrollo de actividades beneficiosas para estos insectos.

De la misma forma, pregunta sobre la efectividad para incrementar la concienciación, el conocimiento y la colaboración de acciones como encaminadas a involucrar a comunidades locales, fomentar el intercambio de ideas entre grupos de interés y Estados miembros o impulsar el diseño de estrategias a nivel local, regional y nacional.

"Conocemos bien los descensos de algunos polinizadores mientras que existen laguna de conocimiento para otros. Pero sobre lo que no hay duda es de que es el momento de actuar. Si no lo hacemos, nosotros y generaciones futuras tendremos que pagar un precio muy alto", ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

De la misma forma, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha subrayado la importancia de los polinizadores para la seguridad alimentaria y las comunidades agrículas de la UE, así como para "la vida en el planeta". "No podemos permitir que sigamos perdiéndolos", ha dicho el irlandés.

Fuente: www.lavanguardia.com; www.europea.eu

 

La ecologización de la PAC: más burocracia y sin beneficios reales sobre el medio ambiente

En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo,  se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El TCE selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público

 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los pagos destinados a incentivar a los agricultores a «ecologizarse» probablemente no refuercen el comportamiento de la política agrícola común desde el punto de vista medioambiental y climático de manera significativa. Los auditores constataron que los nuevos pagos añadían complejidad al sistema, pero habían dado lugar a un cambio de las prácticas agrícolas solo en un cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

La ecologización es un nuevo tipo de pago directo introducido con la reforma de 2013 de la Política Agrícola Común (PAC), concebido para recompensar a los agricultores por tener un impacto positivo en el medio ambiente que de otro modo no habría sido gratificado por el mercado. Es el único pago directo cuyo principal objetivo declarado es de carácter medioambiental.

Los auditores examinaron si la ecologización podía reforzar los resultados medioambientales y climáticos de la PAC, de conformidad con los objetivos de la UE. Asimismo, se entrevistaron con las autoridades de cinco Estados miembros: Grecia, España (Castilla-León), Francia (Aquitania y Norte-Paso de Calais), los Países Bajos y Polonia. 

En palabras de Samo Jerev, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la ecologización sigue siendo esencialmente un régimen de apoyo a la renta. Tal como se aplica actualmente, es improbable que refuerce el comportamiento medioambiental y climático de la PAC de manera significativa».

Los auditores constataron que la Comisión Europea no había desarrollado una lógica de intervención completa para los pagos de ecologización ni había fijado para este régimen unos objetivos medioambientales claros y suficientemente ambiciosos. Por otra parte, la asignación presupuestaria para la ecologización no está justificada por la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la política. También observaron que era improbable que la ecologización proporcionara beneficios significativos para el medio ambiente y el clima, principalmente debido a que una parte considerable de las prácticas subvencionadas se habría llevado a cabo incluso sin el pago. Los auditores estiman que la ecologización solo ha supuesto cambios en las prácticas agrícolas en alrededor del cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

Por último, constataron que era poco probable que los resultados justificaran la gran complejidad que la ecologización añade a la PAC, debido en parte a solapamientos entre este régimen y otros requisitos medioambientales de la política.

Los auditores recomiendan que, en la próxima reforma de la PAC, la Comisión desarrolle una lógica de intervención completa para la contribución de esta política a los objetivos medioambientales y climáticos.

En sus propuestas para la reforma, la Comisión debería seguir los siguientes principios:

• los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas. Como elemento disuasorio debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento;

• los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes

incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas; 

• cuando los Estados miembros puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían que demostrar que sus opciones son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política

Fuente: Tribunal de Cuentas 

El futuro de la alimentación y de la agricultura — Comunicación sobre la política agrícola común después de 2020

¿Por qué es necesaria una nueva reforma?

La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE). Ha logrado su objetivo inicial de garantizar un suministro de productos alimenticios de buena calidad, seguros y asequibles, apoyando al mismo tiempo a los agricultores europeos. Desde 1962, la PAC ha experimentado numerosas reformas y, gracias a su adaptabilidad, sigue siendo pertinente. El mundo evoluciona con rapidez, al igual que los retos a que se enfrentan no solo los agricultores, sino nuestras sociedades en su conjunto. Cambio climático, volatilidad de los precios, incertidumbres políticas y económicas, creciente importancia del comercio mundial: los agricultores han de aprender a diario cómo operar en un entorno cambiante y corresponde a los legisladores acompañarlos durante este proceso de cambio y ofrecerles claridad y sencillez jurídica a medio y largo plazo.

La política agrícola europea ha convertido a la UE en la superpotencia agroalimentaria que es en la actualidad: la UE, amén de ser el primer exportador mundial de productos agroalimentarios, posee una reputación inigualable por su patrimonio gastronómico y sus productos alimenticios, así como por la pericia de sus productores. Pero la UE no puede dormirse en los laureles: un éxito también puede ocultar numerosas dificultades.

La PAC debe dirigir la transición hacia una agricultura más sostenible. Ha de contribuir a fomentar la capacidad de adaptación del sector en tiempos de crisis y apoyar la renta y la viabilidad de los agricultores. Asimismo, debe incorporar plenamente esas innovaciones digitales que tanto facilitan las tareas cotidianas de los agricultores, reducen las cargas administrativas e incluso podrían impulsar el tan necesario relevo generacional del sector. Por último, la PAC debe reforzar las zonas rurales europeas, que constituyen el núcleo de las tradiciones y del modelo agrícola familiar de Europa.

La Comunicación que hoy se publica ofrece orientaciones para abordar estos objetivos y responder a los retos que están surgiendo con un planteamiento menos preceptivo y una mayor subsidiariedad a escala de los Estados miembros, con el fin de acercar la PAC a los encargados de su aplicación sobre el terreno.

¿Cómo puede iniciarse un debate sobre la política revisada sin conocer el presupuesto ni el próximo marco financiero plurianual (MFP)?

El dinero es un medio para lograr un objetivo. En la Comunicación se estudia la manera de mejorar la rentabilidad de la PAC. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestros objetivos y sobre la futura arquitectura de esta política. De este modo podremos orientar el debate sin prejuzgar la propuesta de la Comisión sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), prevista para mayo de 2018.

¿Por qué no contiene la Comunicación datos más precisos sobre algunas cuestiones?

La Comunicación señala los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, formula orientaciones e indica nuevas vías que deben explorarse. Será preciso dialogar y trabajar más durante los próximos meses para avanzar en las orientaciones que figuran en la Comunicación y precisar los conceptos que en ella se exponen. En consonancia con la Comunicación, que esboza un planteamiento menos preceptivo y propone mayor subsidiariedad, la Comisión tiene la intención de proseguir el debate sobre los aspectos prácticos con una amplia gama de partes interesadas y con los colegisladores.

¿Cuáles son las próximas etapas?

Durante los próximos meses, los debates y el trabajo en torno a los objetivos, la arquitectura y el diseño concretos de la futura política avanzarán en paralelo a los trabajos sobre el próximo MFP. Esta labor consistirá principalmente en una evaluación de impacto, que examinará las distintas opciones sirviéndose de los datos recopilados entre las partes interesadas y los ciudadanos (por ejemplo, la consulta pública realizada en 2017, las aportaciones de REFIT, la conferencia Cork 2.0 y la conferencia «La PAC: ¡expresa tu opinión!») e intensificando la recogida y el tratamiento de la información. Tras la presentación de la propuesta de la Comisión sobre el próximo MFP, prevista para mayo de 2018, se esperan propuestas legislativas sobre la futura PAC antes del verano de 2018.

¿Cómo se simplificará la futura PAC para los agricultores y las administraciones de los Estados miembros?

¿Quién quiere medir sus setos porque así «lo manda Bruselas»? ¿Por qué tendría que cumplir un agricultor italiano los mismos requisitos medioambientales que un agricultor finlandés, si desarrollan su trabajo en condiciones muy distintas?

La futura PAC tendrá objetivos comunes y un conjunto de medidas para alcanzar esos objetivos. De este conjunto común de medidas, los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el grupo de opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE.

Pasar de un planteamiento único a un planteamiento a medida significa que los requisitos de la UE se reducirán al mínimo estrictamente necesario. Las necesidades reales sobre el terreno serán evaluadas e incluidas por los Estados miembros en un plan estratégico de la PAC, aprobado a escala de la UE. Nuestro propósito es establecer un pacto de confianza con nuestras zonas rurales y con nuestros agricultores.

Huelga decir que el refuerzo de los servicios de asesoramiento a los agricultores y la plena aplicación de las solicitudes de ayudas geoespaciales también contribuirán a apoyar en mayor medida la simplificación de las solicitudes de ayuda y la aplicación de medidas de inversión.

¿Cómo se llevará a la práctica este nuevo planteamiento?

La Unión debería fijar parámetros estratégicos básicos, acordes con los objetivos de la PAC, que dieran cumplimiento no solo a las obligaciones que impone el Tratado UE, sino también a los objetivos y metas ya acordados, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, el cambio climático (COP 21) y una serie de objetivos de desarrollo sostenible.

Cada uno de los Estados miembros deberá elaborar un «plan estratégico de la PAC» que abarque las intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar. Dicho plan adaptará las intervenciones de la PAC para incrementar al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE, teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales en relación con esos objetivos y metas. Al mismo tiempo, los Estados miembros también tendrán mayor peso a la hora de elaborar el marco de cumplimiento y control aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Estos planes estratégicos no se elaborarán de forma aislada, sino en el marco de un proceso estructurado. Corresponderá a la Comisión evaluar y aprobar dichos planes. De este modo se incrementará al máximo la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y a la consecución de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. También se potenciará el valor añadido de la UE y se preservará el funcionamiento del mercado interior agrícola.

Los Estados miembros deberán asumir mayores competencias y responsabilizarse en mayor medida de la forma en que cumplen sus metas y logran los objetivos acordados, pero el nuevo planteamiento seguirá garantizando unas condiciones de competencia equitativas, manteniendo el carácter común y los dos pilares de la política.

¿Es este un primer paso hacia la renacionalización de la PAC?

Este valor añadido de la UE nunca ha sido cuestionado y la PAC sigue siendo una de las políticas emblemáticas de la UE. Reconocer la imposibilidad de aplicar un modelo único es muestra de pragmatismo. ¿Cuáles son las realidades locales? ¿Cuáles son las circunstancias concretas de los agricultores? Se trata de reconocer la gran variedad que existe en la UE en lo que concierne a la agricultura, al potencial de producción agronómica, y a las condiciones climáticas, medioambientales y socioeconómicas. Hemos de aceptar nuestra diversidad en lugar de intentar imponer un modelo único.

Las aportaciones recabadas por la consulta pública en línea efectuada en toda la UE de febrero a mayo de 2017 consideraban muy positivo el valor añadido de la gestión de la política agrícola a escala europea, gestión que garantiza unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único. Se impone un planteamiento europeo común para que la agricultura pueda responder con mayor eficacia a retos comunes tales como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En las respuestas a la consulta también se aludía con frecuencia a la necesidad de mantener la cohesión económica, social y territorial en toda la UE, así como a la necesidad de contar con un marco común de intercambio de buenas prácticas.

Los pormenores de la aplicación de las medidas se acordarán a escala nacional o regional, mientras que la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para que alcancemos nuestros objetivos comunes a través de instrumentos comunes, en consonancia con los Tratados de la UE, y se cumplan los compromisos internacionales de la UE en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.

¿Por qué es la PAC importante para el medio ambiente?

La agricultura abarca cerca de la mitad de la superficie terrestre de la UE y en ella mantiene una estrecha relación con el medio ambiente. Por una parte, depende de varios recursos naturales —por ejemplo, el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad— y se ve muy influida por el clima. Por otra parte, la agricultura conforma el entorno en el que actúa, no solo a través de su utilización de los recursos naturales, sino también mediante la creación y conservación de paisajes que expresan la nuestra diversidad europea y que ofrecen hábitats esenciales para la flora y la fauna.

La PAC desempeña un papel fundamental al velar por que la relación de la agricultura con el medio ambiente y el clima sea lo más beneficiosa posible para ambas partes. También presta ayuda en algunos casos a empresas no agrícolas ubicadas en el medio rural que pueden influir en el medio ambiente (por ejemplo, el sector forestal y otros sectores de la bioeconomía).

La futura PAC debe fomentar y apoyar prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático, y ha de situar la sostenibilidad en el centro de sus prioridades y medidas.

¿Cómo ayudará la futura PAC a los agricultores a proteger el medio ambiente?

Una de las ideas de base es que los agricultores que reciban ayudas a la renta de la PAC tendrán que aplicar diversas prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima. Los Estados miembros determinarán los pormenores de esas prácticas de acuerdo con la necesidad de lograr los objetivos a escala de la UE, pero también teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales. El sistema se basará en los puntos fuertes que se observan actualmente en la PAC, si bien se reducirá el número y la complejidad de las normas en la legislación de la UE.

Las medidas respetuosas con el medio ambiente que superen el nivel de base de las buenas prácticas recibirán apoyo a través de regímenes que tendrán carácter voluntario para los agricultores en un nivel relativamente básico, así como de regímenes más complejos. Corresponderá también a los Estados miembros elaborar esos regímenes de modo que puedan cumplirse los objetivos de la UE, expresados en términos nacionales, regionales y locales.

La PAC también insistirá en la necesidad de liberar el potencial de investigación, innovación, formación y asesoramiento para que se preste mayor atención al medio ambiente y al clima, en particular mediante la mejora de la eficiencia de los recursos.

Si se confían compromisos medioambientales a los Estados miembros, ¿cómo puede garantizarse la igualdad de condiciones entre los agricultores? ¿Acabaremos teniendo 28 sistemas diferentes?

La Comunicación de hoy representa un importante cambio en la aplicación de la PAC. Al respetar el principio de subsidiariedad y el objetivo de simplificación, el control por parte de la Comisión de los planes nacionales y regionales garantizará que las opciones elegidas no sean manifiestamente erróneas o inadecuadas para alcanzar los resultados previstos y cumplir los requisitos básicos de la UE. La Comisión evaluará y aprobará los planes estratégicos nacionales y regionales con miras a maximizar la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y el logro de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. Es este un aspecto importante para garantizar el mantenimiento de un enfoque común para la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos en todos los Estados miembros. Elevar el nivel de ambición es la única opción viable en este sentido.

La Comisión también mantendrá su papel fundamental de guardiana de los Tratados y, en su calidad de institución responsable en última instancia de la gestión del presupuesto de la UE, dentro del proceso de control de los planes nacionales y regionales estudiará cuidadosamente la manera de evitar un exceso de reglamentación.

¿Se van a mantener los dos pilares (pagos directos/medidas de mercado y desarrollo rural)?

Los dos pilares son dos facetas complementarias de la PAC y deben mantenerse, pues estructuran la PAC en torno a dos grandes tipos esenciales de intervención. El primer pilar apoya a los agricultores sobre una base anual en forma de pagos directos y medidas de mercado, que están supeditados al cumplimiento de una serie de normas básicas y objetivos medioambientales. El segundo pilar es un instrumento de inversión plurianual y flexible que está más adaptado a las circunstancias locales de cada uno de los Estados miembros, en particular para prestar apoyo a proyectos de larga duración.

¿Cómo se garantizará que la futura PAC sea más justa y que las pequeñas y medianas explotaciones obtengan el apoyo que necesitan?

En 2015, primer año de aplicación de la última reforma de la PAC, el 20 % de los agricultores recibió aproximadamente el 80 % de los pagos directos, lo cual suscita en el debate público una preocupación comprensible en cuanto a la eficiencia económica y la equidad social.

De hecho, esta situación es reflejo de la concentración de tierras y de la naturaleza de las ayudas, que en su mayor parte se basan en la superficie. Por otra parte, más de la mitad de sus beneficiarios son explotaciones muy pequeñas y la mayor parte de los pagos (un 72 % en 2015) se destina a explotaciones (familiares) profesionales de tamaño medio (de 5 a 250 hectáreas), que gestionan la mayor parte de la superficie agrícola de la UE (71 %) y por tanto son las principales responsables del suministro de bienes públicos y beneficios ambientales.

No obstante, la Comisión tiene previsto estudiar la manera de orientar con mayor eficacia los pagos directos y garantizar unas condiciones justas y un apoyo más específico de la renta de los agricultores en toda la UE, tal y como se indica en el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE. Convendría estudiar más a fondo la siguiente lista (no exhaustiva) de posibilidades:

  • Limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra para evitar efectos negativos en el empleo.
  • También se podrían introducir ayudas decrecientes como medio para reducir la ayuda a las explotaciones de mayor tamaño.
  • Mayor énfasis en un pago redistributivo para poder prestar apoyo de forma específica, por ejemplo, a las explotaciones pequeñas o medianas.
  • Garantizar el apoyo a los verdaderos agricultores, centrándolo en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse el sustento.

¿Se dará a los agricultores el mismo trato en toda la UE?

Al tiempo que la PAC garantiza que la ayuda se destina a los verdaderos agricultores, centrándose en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse la vida, también debe desempeñar el papel que le corresponde con respecto al principio de «igualdad entre sus miembros, grandes o pequeños, del este o del oeste, del norte o del sur», recordado por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017.

En este sentido, debe reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que a las ayudas de la PAC se refiere. Aun cuando sea preciso reconocer la gran diversidad de los costes relativos de la mano de obra y de la tierra, así como los distintos potenciales agronómicos de los Estados miembros, todos los agricultores de la UE se enfrentan a retos similares en lo que se refiere a la volatilidad de los mercados, el medio ambiente y el clima.

¿Cuál es la función que ha de desempeñar la PAC para fomentar la prosperidad del medio rural?

La PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural. Los fondos de desarrollo rural pueden, por ejemplo, respaldar la creación de empresas de artesanía. Es posible impulsar la creación de empleo y aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la conectividad. Un concepto emergente como es el de los «pueblos inteligentes» (Smart villages) ayudará a las comunidades a subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras y a incrementar las oportunidades de empleo.

¿Cómo puede la Comisión impulsar el establecimiento de jóvenes agricultores y el relevo generacional en el sector?

El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco, pero los Estados miembros son los mejor situados para fomentar el relevo generacional mediante sus competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, Derecho de sucesiones u ordenación territorial. La PAC ha de ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores.

Los planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Asimismo, la PAC debe contribuir a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola estableciendo un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE. Convendrá facilitar el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las explotaciones agrícolas, y adaptarlos mejor a las necesidades de inversión y los perfiles de riesgo más elevados de los nuevos agricultores. El apoyo a la nueva generación de agricultores podría combinarse con incentivos adecuados para facilitar la salida de las generaciones de más edad y la transmisión de conocimientos entre generaciones, así como para aumentar la movilidad de la propiedad rural y facilitar la planificación de la sucesión.

¿Por qué debe la PAC apoyar la innovación?

La agricultura y nuestras zonas rurales se enfrentan a una serie de retos para los que hay que encontrar nuevas soluciones. Necesitamos mejor asesoramiento y más innovación. Es necesaria la participación pública en materia de investigación e innovación para cerrar la brecha entre unas zonas rurales que reclaman innovaciones digitales y mejor conectividad y los proveedores de nuevas tecnologías.

Por ejemplo, los sensores podrían detectar y prevenir las enfermedades de los animales en una fase precoz y reducir así la necesidad de tratamientos. El acceso en tiempo real a información sobre la intensidad de la luz solar, la humedad del suelo, los mercados, la gestión del ganado y muchas otras cuestiones permite a los agricultores tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

Es conveniente cooperar a escala de la UE en materia de investigación e innovación. Aprendiendo unos de otros en diferentes partes de la UE, desarrollaremos mejores conocimientos y adoptaremos más rápidamente las innovaciones.

Ante la volatilidad y las crisis del mercado, ¿qué tipo de ayuda pueden esperar los agricultores de la futura PAC?

Ante crisis sanitarias o fitosanitarias, incidentes relacionados con el cambio climático o la volatilidad del mercado, los agricultores se enfrentan a elevados riesgos y a una fuerte presión sobre sus rentas. La Comisión ha estado y estará siempre al lado de los agricultores, como lo demuestran los dos últimos grupos de medidas de solidaridad —cada uno por valor de 500 millones EUR—, pero la frecuencia más elevada de los riesgos requiere un enfoque más sistemático.

El sector agrario necesita un marco adecuado para la gestión de los riesgos que combine las ayudas de la UE con los instrumentos nacionales de los Estados miembros y los medios del sector privado.

Por ejemplo, cabe esperar que la posibilidad de crear un instrumento sectorial de estabilización de las rentas con umbrales de pérdidas más bajos para activar la indemnización facilitará su aceptación por parte de agricultores y administraciones. Al mismo tiempo, debe examinarse cuidadosamente si procede introducir nuevos instrumentos o tipos de ayuda. En este contexto, debe fomentarse la cooperación entre agricultores y a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo la mutualización y los servicios integrados, para fines de riesgos compartidos.

¿Para qué servirá la plataforma de gestión de riesgos de la UE?

Los limitados conocimientos de los agricultores y otras partes interesadas acerca de los instrumentos disponibles y su relativa falta de experiencia a la hora de utilizarlos han constituido uno de los principales obstáculos para el uso de instrumentos de gestión de riesgos en los últimos años.

La plataforma de gestión de riesgos de la UE será una plataforma en la que todas las partes interesadas, de los agricultores y las administraciones públicas a los centros de investigación y los agentes del sector privado (por ejemplo, las compañías de seguros) podrán compartir conocimientos e intercambiar las mejores prácticas.

Cuando proceda, la Comisión intervendrá como intermediaria y desarrollará la plataforma en un sitio web específico.

En el marco de la plataforma, se organizarán grupos de expertos, grupos de trabajo, seminarios y otros actos en torno a temas de gestión de riesgos específicos, por ejemplo el cálculo de pérdidas mediante sistemas basados en un índice. Además, la plataforma ofrecerá la posibilidad de reunir iniciativas privadas o públicas sobre la gestión de riesgos a escala local, así como el trabajo pertinente en otros ámbitos como, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, la agrometeorología, etc.

¿Por qué debe la PAC estimular las inversiones y cómo pueden los instrumentos financieros apoyar a los agricultores?

Se impone un instrumento de inversión flexible en el marco de la PAC que apoye la competitividad, la innovación, la adaptación al cambio climático y su atenuación y, en último término, la sostenibilidad de la agricultura y de las zonas rurales. Modernizar una explotación, introducir nuevas tecnologías o renovar los sistemas de riego son objetivos que requieren mucho capital y considerables esfuerzos financieros, y no es realista pensar que los agricultores pueden hacer frente solos a esta situación. Los fondos públicos disponibles para las subvenciones no bastan para hacer frente a las crecientes necesidades de inversión del sector. Las estimaciones aproximadas muestran que el déficit del mercado en materia de financiación del sector agrario se sitúa entre 1 600 y 4 100 millones EUR en el caso de los préstamos a corto plazo, y entre 5 500 y 14 800 millones EUR, en el de los préstamos a largo plazo.

Instrumentos financieros tales como los préstamos, las garantías y los fondos de capital pueden facilitar el acceso a la financiación a esos agricultores (por ejemplo, pequeños o nuevos agricultores) o productores agroalimentarios, que tienen dificultades para obtener los fondos necesarios para crear una empresa o desarrollarla. La combinación de los fondos de la UE y de la financiación privada tendrá un efecto multiplicador, pues incrementará los volúmenes de inversión.

Fuente: European Commission

Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación pormenorizada sobre el apoyo de España a las centrales eléctricas de carbón

 

 

La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales de carbón se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión teme que las ayudas se hayan utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales dela UE, que eran imperativas en cualquier caso.

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, ha declarado lo siguiente: «Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle».

En 2007, las autoridades españolas introdujeron un régimen («incentivo medioambiental») para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8 750 euros por megavatio al año). Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020.

España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. En este momento, la Comisión teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón. Los requisitos legales correspondientes se establecieron en la legislación de la UE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE). 

De confirmarse, esto significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental. Además, el apoyo financiero podría vulnerar un principio largamente fundamentado de la legislación sobre ayudas estatales de la UE, y concretamente que los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente. Ello atentaría contra el principio de «quien contamina, paga» y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal respecto de otras formas de producción de electricidad y de las centrales de carbón sujetas al Derecho de la UE en otros Estados miembros de la Unión.

La Comisión proseguirá su investigación para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin perjuicio del resultado de la investigación.

La versión no confidencial de la decisión se publicará en el registro de ayudas estatales del sitio web de competencia, con el número de asunto SA.47912, una vez hayan quedado despejados posibles impedimentos de confidencialidad. El boletín electrónico de información «State aid Weekly e-News» contiene una lista de las últimas decisiones sobre ayudas estatales publicadas en Internet y en el Diario Oficial de la UE.

 

 

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

Agricultura ecológica: la Comisión acoge con satisfacción un paso decisivo hacia la aprobación de nuevas normas

 

Los Estados miembros han manifestado hoy formalmente su apoyo a las nuevas normas para la agricultura ecológica, que de este modo se beneficiará de un marco legal simplificado que abarca a todos los productores, ya sean de la UE o de terceros países exportadores a la UE.

El Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha acogido con satisfacción este paso decisivo hacia la aprobación final del nuevo Reglamento sobre el sector biológico: «La Decisión del Consejo de hoy constituye un paso importante para el sector ecológico, que está creciendo rápidamente y podrá así seguir creciendo con la garantía de disponer de normas claras y justas para todos y todas. Existía un consenso general en cuanto a que las normas actuales, algunas de las cuales se remontan a hace 20 años, ya no eran adecuadas e iban a acabar perjudicando el crecimiento del sector, que representa 27 000 millones EUR en la UE. (…) En estas negociaciones, que han durado tres años, la Comisión siempre ha tenido en mente al consumidor europeo que compra productos ecológicos y que, con razón, tiene expectativas sobre las garantías ofrecidas por la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Las nuevas normas pondrán fin al sistema existente de excepciones. Se aplicarán a todos los productos ecológicos que se venden en la UE, independientemente de si se trata de productos de la UE o importados. Medidas preventivas más estrictas reducirán asimismo el riesgo de contaminación accidental por sustancias no autorizadas.»

El Acuerdo apoyado hoy por el Comité Especial de Agricultura del Consejo irá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su aprobación. Una vez lograda esta, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. La declaración completa del Comisario Hogan está en línea, así como unas preguntas frecuentes sobre las nuevas normas. Una ficha visual de información también está disponible. .

Fuente: European Commission

La justicia europea se inclina por validar la tasa autonómica a las grandes superficies por su mayor impacto medioambiental

La abogada general del TJUE admite que puede «restringir la libertad comercial» pero lo ve justificado por su mayor impacto medioambiental.

 

La justicia europea se inclina por validar tan polémico gravamen -como hizo en 2012 el Tribunal Constitucional- pues, pese a reconocer que puede suponer «incluso una restricción encubierta de la libertad de establecimiento», estaría «justificado» para compensar su mayor impacto medioambiental.

 

 

En esa línea van las conclusiones presentadas ayer por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Juliane Kokott, en respuesta a la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo por una demanda de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra dicho tributo en Aragón, Asturias y Cataluña. A su juicio, debe primar la soberanía fiscal de los Estados. Descarta, no obstante, que se den las premisas para declarar ilegal ese impuesto, que en todos los casos (Canarias, La Rioja y Navarra tienen uno parecido) grava, según su superficie de más, a los grandes establecimientos comerciales que superen los 2.500 metros cuadrados. En primer lugar rechaza que pueda ser considerado una ayuda de Estado encubierta a favor de los pequeños comercios.

En su respuesta, Kokott señala que estos últimos ya reciben otros tributos distintos y que solo se paga por el exceso de superficie a partir de la cifra citada (el volumen anterior está exento), de manera que «no existe una ventaja económica» que los pequeños «no hubieran obtenido en condiciones normales de mercado».

Tampoco los ingresos provenientes del impuesto se destinan a ayudas específicas a empresas comerciales, «sino a la financiación de infraestructuras de equipamiento municipal y de urbanismo comercial, así como al desarrollo de planes de actuación medioambientales». En Cataluña, por ejemplo, se cobran casi 20 euros por metro cuadrado que supere los 2.500, lo que según Anged se comería entre el 30% y el 35% del beneficio de la compañía.

«Externalidades negativas»

Sin embargo, la abogada general sostiene que los establecimientos comerciales «deben participar en el coste de las externalidades negativas que generan de forma desproporcionada (por ejemplo, costes específicos en infraestructuras) porque no asumen tal impacto económico en la medida correspondiente». La jurisprudencia del Tribunal Europeo, apunta, ve «justificada» en este sentido toda medida (también fiscal) «relacionada con la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.

Y es que, esgrime la letrada comunitaria, «es plausible que la mayor afluencia de tráfico de clientes y de proveedores pueda generar más ruido y más emisiones a la atmósfera», de modo que parecen así «adecuadas» actuaciones que «inciten a operar más bien empresas más pequeñas» con un impacto menor. Defiende, además, «la idea de un reparto razonable y justo del espacio limitado», resultando «irrelevante» si se erige en terreno urbano o rural.

Tampoco ve razonable que Anged, respaldada en este caso por la Comisión Europea -que sí aprecia una ayuda de Estado indirecta al pequeño comercio-, cuestione el límite de superficie a cargar fiscalmente. «Un valor más elevado -admite- sería probablemente menos gravoso, pero no resultaría igual de adecuado» para el fin perseguido por el tributo.

Niega, asimismo, que el tributo sea discriminatorio con los operadores extranjeros, pues estima «más o menos una casualidad» que casi la mitad de las grandes superficies esté controlada por capital extranjero.

Tan solo observa alguna duda con las bonificaciones, e incluso exenciones, para las grandes superficies de muebles, bricolaje, vehículos, maquinaria y materiales de construcción. No obstante, lo ve «proporcional» al no atraer a «la misma gran masa de clientes», pero sí requerir mayor superficie por sus productos.

Expertos cifran en 12.500 millones de euros al año el impacto de las especies invasoras en Europa

Un total de 207 especies exóticas consideradas invasoras deberían ser incluidas con urgencia en el listado de la Unión Europea (UE), según un estudio publicado en la revista Journal of Applied Ecology. Los expertos que han participado en su elaboración, entre los que hay investigadores españoles y representantes de BirdLife Europa, aseguran que la ampliación de la lista debe hacerse antes de 2020 porque los problemas que estas especies causan a los 28 Estados miembros suponen un coste superior a los 12.500 millones de euros al año.

El informe, titulado 'Lista de Especies Exóticas Invasoras preocupantes para la Unión Europea', destaca que actualmente hay 49 reconocidas dentro de esta categoría. De las aproximadamente 12.000 especies exóticas presentes en el continente, la mayoría son inofensivas porque no logran establecerse ni prosperar. Pero una minoría, entre un 10 y un 15% de ellas, provocan graves daños al medio ambiente porque compiten por el alimento y el espacio con la fauna y la flora autóctonas, siendo un factor principal de extinción y pérdida de biodiversidad. Son las consideradas invasoras, que también crean daños y pérdidas de tipo económico.

Jorge Fernández Orueta, técnico de SEO Birdlife que ha participado en la elaboración del estudio, asegura en declaraciones a EL MUNDO que "es importante atajar el problema lo antes posible porque hablamos de especies ya establecidas".

"Hay especies vegetales que pueden obstaculizar ríos y canales o erosionar las orillas hasta el punto de provocar inundaciones, otras afectan directamente a la agricultura y transmiten enfermedades y algunas afectan de forma directa a la biodiversidad", explica.

Los autores del estudio consideran que, de las 1.323 especies analizadas, unas 900 cumplen con los criterios para incorporarse al listado comunitario de Especies Exóticas Invasoras (EEI). Entre las 207 que tienen carácter prioritario figuran algunas como el visón americano, el eucalipto blanco o común y el eucalipto rojo, la serpiente rey, la planta lantana, el miná o mainate o la gambusia.

Además, ponen de manifiesto la necesidad de añadir otras 336 especies para una segunda fase que habría que acometer antes de 2025 y otras 357 para 2030. La importancia de ampliar el listado se debe a que la clasificación como EEI implica la prohibición de su posesión y comercio en el conjunto de la UE. A juicio de Orueta, estos plazos progresivos "son una herramienta que busca priorizar a la hora de tomar decisiones".

Coordinación europea y precaución

Por su parte, la organización a la que representa, SEO BirdLife, reclama una acción paneuropea coordinada porque, una vez que estas especies llegan a Europa, atraviesan con facilidad las fronteras. Además, aboga por aplicar el principio de precaución, que el propio Orueta se encarga de explicar: "Cuando se tiene una duda razonable de que una especie pueda causar un problema o se sospecha que pueda ser invasora, desde que se tienen las primeras evidencias hay que apostar por una opción prudente y actuar, aplicando los criterios de control o erradicación que sean necesarios", demanda.

España cuenta "con una de las legislaciones más avanzadas" en esta materia, según refleja el documento, que a la vez advierte de que la nueva legislación que prepara la UE es ambiciosa pero corre el riesgo de ser inútil si la lista actual de EEI permanece estancada en el número actual.

Por último, Orueta apunta al cambio climático como una dificultad añadida para mitigar este problema. "Para muchas especies, su principal y en ocasiones único límite de expansión es el frío invernal. La reducción de las heladas y unas temperaturas cada vez más suaves son aspectos que favorecen a unas determinadas especies invasoras. Hay muchas más especies en las zonas tropicales que en las polares, de modo que las zonas mediterráneas y costeras están mucho más amenazadas que las continentales", precisa.

"Es importante disponer de herramientas para la detección temprana de las nuevas especies que llegan. Cuanto antes se invierta cada euro destinado por un país europeo a controlar las especies invasoras y proteger su biodiversidad y sus propios recursos, mejor", concluye este experto.

Fuente: El Mundo

Pacto por la Economía Circular en España

Un total de 55 agentes sociales y empresariales firman el Pacto por la Economía Circular que impulsan el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO)

Se han comprometido a reducir el uso de recursos no renovables, impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos o fomentar el uso de infraestructuras y servicios digitales, entre otras medidas

 

 

PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR: EL COMPROMISO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 2018-2020

En un contexto socioeconómico en el que conceptos como crecimiento, productividad, generación de empleo, competitividad, eficiencia o innovación industrial son cada vez más importantes, y en un mundo en el que los problemas medioambientales y la escasez de materias primas cada vez se hacen más evidentes, es necesario avanzar desde un modelo basado en la disponibilidad y la facilidad de obtención de recursos, hacia un nuevo modelo en el que los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

La Comisión Europea en su “Estrategia europea de crecimiento 2020” y en la iniciativa “Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos”, recoge los objetivos y los medios para trasformar la economía actual, basada en el uso intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos. En esta misma línea, la Comisión presentó en 2015 un Plan de Acción para una economía circular en Europa que incluye 54 medidas sobre las que es necesario actuar en los próximos 5 años para avanzar en economía circular. El objetivo es convertir a Europa en una sociedad más eficiente en el uso de los recursos, que produzca menos residuos, y que utilice como recurso aquellos que no puedan ser evitados, siempre que sea técnica y económicamente posible, con la máxima garantía para la salud y el medio ambiente. En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal basada en extraer, producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas. En este planteamiento, la reducción, la reutilización, el reciclaje o la valorización material de los residuos constituyen procesos esenciales.

Con el fin de impulsar la transición hacia un modelo de economía circular en nuestro país, el Gobierno de España está elaborando la Estrategia Española de Economía Circular, bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en colaboración con el resto de ministerios implicados, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. La consecución del reto de lograr la transición hacia la economía circular únicamente será posible a través de la colaboración, participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las administraciones públicas sino también de todos los sectores económicos (fabricación, producción, distribución y gestión de residuos), los agentes sociales y muy especialmente los consumidores y ciudadanos, cuyas decisiones de compras de productos, así como su comportamiento en la separación de residuos son fundamentales. En estas circunstancias, es imprescindible fomentar la colaboración público-privada y la coordinación entre los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas con objeto de hacer frente, de forma común, a los retos medioambientales, económicos y tecnológicos a los que nos enfrentamos; y, a la vez, aprovechar las oportunidades que se derivan de este cambio de paradigma para el crecimiento económico y social, duradero y sostenible. Por ello, desde los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; y de Economía, Industria y Competitividad, se ha impulsado el presente Pacto, con objeto de implicar a los principales agentes económicos y sociales en esta transición.

 De acuerdo a los objetivos descritos en el preámbulo, nos comprometemos con nuestra firma a impulsar la transición hacia una economía circular mediante las siguientes acciones:

1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta.

3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad.

4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión ambiental.

5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales.

6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.

7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que favorezcan la transición.

8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.

9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el grado de implantación de la economía circular.

10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá de los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la economía circular

Fuente: Mapama

Si no hay evidencia de riesgo para la salud o medio ambiente los Estados de la UE no pueden adoptar medidas de emergencia respecto de los alimentos transgénicos

En 1998, la Comisión Europea autorizó la comercialización del maíz modificado genéticamente MON 810. En su Decisión, la Comisión se basó en un dictamen del Comité científico según el cual no había motivo para pensar que este producto pudiera tener efectos nocivos para la salud humana o el medio ambiente.

En 2013, a la luz de unos nuevos estudios científicos llevados a cabo por dos institutos de investigación italianos, el Gobierno italiano solicitó a la Comisión que adoptara medidas de emergencia para prohibir el cultivo del maíz MON 810. Basándose en un dictamen científico emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión concluyó que no había ninguna prueba científica nueva que justificara la adopción de las medidas de emergencia solicitadas y que invalidara sus conclusiones anteriores sobre el carácter inocuo del maíz MON 810. A pesar de ello, el Gobierno italiano adoptó en 2013 un decreto por el que se prohibía el cultivo del maíz MON 810 en territorio italiano.

En 2014, el Sr. Giorgio Fidenato y otras personas cultivaron maíz MON 810 en contra de lo establecido en el decreto, razón por la cual fueron objeto de diligencias penales.

En el marco del procedimiento penal incoado contra estas personas, el Tribunale di Udine (Tribunal de Udine, Italia) pregunta al Tribunal de Justicia, entre otras cosas, si pueden adoptarse medidas de emergencia en materia alimentaria sobre la base del principio de cautela. Según este principio, los Estados miembros pueden adoptar medidas de emergencia con el fin de evitar riesgos para la salud humana que todavía no hayan sido completamente identificados o comprendidos debido a la incertidumbre científica.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que tanto la legislación alimentaria de la Unión como la legislación de la Unión relativa a los alimentos y los piensos modificados genéticamente tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores, velando al mismo tiempo por el funcionamiento efectivo del mercado interior, del que la libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables constituye un aspecto esencial.

En este marco, el Tribunal de Justicia observa que, cuando no se ha demostrado que sea evidente que un producto modificado genéticamente pueda constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, ni la Comisión ni los Estados miembros tienen la facultad de adoptar medidas de emergencia, como la prohibición del cultivo de maíz MON 810.

El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que el principio de cautela, que supone la existencia de incertidumbre científica en cuanto a la concurrencia de un riesgo determinado, no basta para adoptar tales medidas. Aunque este principio puede justificar la adopción de medidas provisionales de gestión del riesgo en el ámbito alimentario en general, no permite inaplicar o modificar, en particular flexibilizándolas, las disposiciones previstas para los alimentos modificados genéticamente, que ya han estado sujetos a una evaluación científica completa antes de su comercialización.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia observa que, tras haber informado oficialmente a la Comisión de la necesidad de recurrir a medidas de emergencia y cuando ésta no haya actuado, un Estado miembro puede adoptar medidas de emergencia a escala nacional. Además, puede mantenerlas o renovarlas mientras la Comisión no adopte una decisión que imponga su ampliación, modificación o derogación. En esos casos los tribunales nacionales son competentes para apreciar la legalidad de las medidas de que se trate.

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Baleares establecerá los criterios necesarios para asegurar la sostenibilidad de la caza en los espacios Red Natura 2000

El Govern y el Consell de Mallorca redactarán un documento técnico con los criterios necesarios para asegurar la sostenibilidad de la caza en los espacios Red Natura 2000, y que facilite la elaboración y tramitación de los planes de gestión y el aprovechamiento cinegético

La decisión se ha tomado durante una jornada técnica sobre la planificación y la gestión administrativa de la caza en los espacios Red Natura 2000 de las Islas Baleares.


El objetivo de estas jornadas ha sido llegar a acuerdos que mejoren los proyectos y las actividades, señala en una nota de prensa la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad.

En el encuentro han participado el Servicio de Planificación en el Medio Natural y el Servicio de Protección de Especies de la Dirección de Espacios Naturales, los servicios de caza de los cuatro consells insulars, la Federación Balear de Caza, el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) y SeoBirdLife.

La redacción del primer borrador será realizada por el Govern balear y el Servicio de Caza del Consell de Mallorca, que lo harán llegar al resto de los participantes del encuentro antes de la tramitación formal.

Planificación en Red Natura 2000

El objetivo es lograr una alta participación en el diseño de esta normativa y que incluya una buena planificación cinegética tanto de especies protegidas como de la que no están incluidas en la Red Natura 2000; así como su compatibilidad con la conservación. Además, se han establecido los criterios para que la planificación pueda ser modificada con agilidad en cualquier momento según los cambios ecológicos, socioeconómicos y de conocimiento.

“El objetivo de la organización de estas jornadas es llegar a acuerdos que mejoren proyectos y actividades”, ha apuntado el jefe del servicio de Protección de Especies, Joan Mayol.

Otro del puntos que se ha tratado ha sido la importancia de conseguir un incremento de los medios económicos disponibles para la Red Natura 2000, especialmente los que provienen de financiación europea.

Destaca el interés del Consell de Menorca por el proyecto en curso de análisis de la planificación cinegética en la isla, por la posibilidad de que las conclusiones puedan ser aplicables, directamente o indirecta, al resto de los territorios insulares.
Fuente: Efeagro

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