Consulta abierta por la Comisión Europea sobre la aplicación de las normas de salud y medio ambiente de la UE a los productos agrícolas y agroalimentarios importados.

En junio de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo solicitaron un informe que evaluara el motivo y la viabilidad jurídica de la aplicación de las normas sanitarias y medioambientales de la UE (en particular las normas de bienestar animal y los procesos y métodos de producción) a los productos agrícolas y agroalimentarios importados. El objetivo del informe es contribuir a un debate amplio, transparente e informado sobre la aplicación a las importaciones de determinadas normas de producción, incluidas las normas medioambientales.
El objetivo de la consulta es recabar pruebas y opiniones de una amplia gama de partes interesadas, y darles la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la cuestión, facilitar información pertinente e informar a la Comisión de sus respectivas posiciones al respecto.

 

 

En la actualidad, los sistemas alimentarios representan aproximadamente un tercio de las emisiones mundialesde gases de efecto invernadero, consumen grandes cantidades de recursos naturales y provocan la pérdida de biodiversidad y efectos negativos para la salud. La Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Sin embargo, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios es un problema mundial y la UE no puede, por sí sola, llevar a cabo con éxito la transición. Además, las medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad únicamente en la UE pueden dar lugar a la externalización de prácticas insostenibles.

La UE es el mayor exportador mundial y el tercer mayor importador de productos agroalimentarios. Como tal, tiene un impacto considerable en terceros países a través de su política comercial. Puede utilizarla para promover la sostenibilidad en consonancia con su compromiso de aplicar plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Las normas sanitarias aplicables a las importaciones agroalimentarias son, en su mayoría, medidas destinadas a garantizar que los alimentos sean seguros para las personas y a prevenir la propagación de plagas o enfermedades entre los animales y las plantas. La UE ya mantiene un elevado nivel de protección de la salud humana, animal y vegetal, en particular, en el contexto del comercio internacional de productos agroalimentarios. Todos los productos importados al mercado de la UE deben cumplir sus correspondientes normas sanitarias.

A diferencia de las normas sanitarias, las normas medioambientales o de bienestar animal no suelen afectar a las características físicas del producto final. En su lugar, se refieren a procesos o métodos de producción en el país de origen que pueden tener repercusiones medioambientales y sociales negativas. Algunas normas sobre procesos o producción ya se aplican, o se aplicarán pronto, a los productos agroalimentarios importados. Este es el caso, en particular, de las condiciones para el sacrificio de animales o la prohibición del uso de antibióticos reservados para uso humano. La Comisión también ha propuesto un reglamento sobre productos libres de deforestación, basado en un sistema de normas de obligado cumplimiento en materia de diligencia debida.

Además, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» establece que se tendrán en cuenta los aspectos medioambientales al evaluar las solicitudes de tolerancia en la importación de plaguicidas que ya no están autorizados en la UE, respetando las obligaciones de la OMC. Asimismo, en el marco de la iniciativa marco para un sistema alimentario sostenible, también se está estudiando la posibilidad de aplicar normas medioambientales o, más en general, de sostenibilidad a las importaciones.

Por último, en respuesta a la iniciativa ciudadana europea «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas), la Comisión propuso analizar distintas opciones para aumentar el bienestar de los animales cuyos productos se destinan al mercado de la UE.

El informe definirá las iniciativas concretas para garantizar una mayor coherencia en la aplicación de estas normas, de conformidad con las normas de la OMC. Aparte de las medidas unilaterales, se evaluarán las acciones a escala bilateral y multilateral. Entre estas: capítulos ambiciosos sobre sostenibilidad en los acuerdos comerciales bilaterales de la UE; una mayor cooperación con terceros países, incluida la obtención de compromisos en ámbitos clave; la promoción de normas internacionales en los organismos internacionales pertinentes; y el fomento de la producción de productos agroalimentarios que cumplan con normas estrictas de seguridad y sostenibilidad.

El informe servirá de base para la futura política agrícola y de comercio de alimentos en lo que respecta a las normas de seguridad y sostenibilidad en el marco del Pacto Verde Europeo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la revisión de la política comercial. Si bien el propio informe no tendrá repercusiones inmediatas, cualquier cambio en las políticas derivado de este debate y dirigido a promover una mayor sostenibilidad a escala mundial, influiría en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Las partes interesadas pertinentes para esta iniciativa son: autoridades nacionales; diputados al Parlamento Europeo; organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil; asociaciones de consumidores nacionales y de la UE; asociaciones que representan a la industria, las empresas y los profesionales; operadores económicos, incluidas las pymes; expertos del ámbito académico; y ciudadanos.  Podrán enviar sus opiniones durante 4 semanas, desde el 16 de febrero hasta el 16 de Marzo de 2022.

Fuente: Comisión Europea

Diseñan sistema de pagos por servicios ambientales para la agricultura y ganadería mediterránea

 

Ovejas Agedrex
 
Los Investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Tamara Rodríguez y Alberto Bernués, y la investigadora de la Universidad de Zaragoza (UZ), Ana María Olaizola, han desarrollado un sistema de pagos por servicios medioambientales.

 

 

 

Este sistema permite reconocer económicamente a los agricultores y ganaderos su contribución objetiva a la provisión de servicios ambientales a la sociedad. Su diseño y los resultados aplicados a la agricultura y ganadería mediterránea han sido publicados en la revista científica Ecosystem Services.

Este novedoso sistema de pagos por servicios de los ecosistemas está basado en evidencias científicas, es completamente operativo y fácil de usar a través de una hoja de cálculo. Su diseño es genérico y, por tanto, adaptable a diferentes sistemas agrarios y objetivos ambientales.

Asimismo, recoge las opiniones de diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo sostenible de la actividad agraria y su incorporación podría aumentar la legitimidad de la futura PAC, siguiendo el criterio de asignar “dinero público para servicios públicos”.

En el sistema de pagos, los investigadores cuantifican los beneficios de las distintas prácticas agrarias de las explotaciones sobre el paisaje, la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la captura de carbono, y la provisión de alimentos de calidad.

En la segunda etapa, se asigna el presupuesto disponible a dichas prácticas agrarias de acuerdo a la política establecida (p. ej. minimizar el riesgo de incendios, favorecer la conservación de las especies silvestres de interés, etc.).

Para que los pagos sean efectivos, deben acompañarse de un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos.

Por ejemplo, en explotaciones de ovino y mixtas ovino-cultivos de Aragón, el sistema reveló que el pastoreo adaptado a la capacidad de carga del ecosistema y la gestión de la vegetación semi-natural son fundamentales para la prevención de incendios forestales, entre otros servicios ambientales.

La sostenibilidad de la agricultura y la ganadería se han convertido en un tema central en el debate público y científico.  El sistema de producción de alimentos es hoy día uno de los principales contribuyentes a la degradación del medio ambiente (contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.).

Sin embargo, determinados sistemas de producción y sus prácticas agrarias pueden proporcionar beneficios ambientales a la sociedad conocidos como servicios de los ecosistemas (p. ej. prevenir incendios forestales o secuestrar carbono en los suelos, entre otros).

La mayoría de estos servicios se consideran de carácter “público”. Los mercados convencionales no son adecuados para su gestión y, por lo tanto, los agricultores no tienen incentivos para proporcionarlos.

Efectividad y legitimidad

Las políticas públicas, como la PAC, deberían corregir estos fallos del mercado; sin embargo, su efectividad está fuertemente cuestionada: la legitimidad de los pagos directos (ausencia de requisitos de producción, falta de objetivos sociales claros o distribución desigual entre beneficiarios), la necesidad de mejorar el greening o “pago verde” y la escasa eficiencia de las medidas agroambientales.

En este contexto, tanto los agricultores y ganaderos como los responsables de las políticas necesitan herramientas para establecer objetivos ambientales concretos y una distribución justa de las subvenciones a las explotaciones agrarias

Fuente: Agronegocios

La comisión Europea abre una consulta pública sobre los efectos de la PAC en la conservación de los hábitats, el paisaje y la biodiversidad

 

La Comisión Europea inicia un período público de consulta, que estará abierta desde el 8 de Noviembre hasta el día 6 de Diciembre de 2018, que tiene por objeto evaluar el impacto que las medidas de la Política Agraia Común (PAC)  tiene sobre la conservación de los distintos hábitas y especies protegidos por la normativa europea que regula la Red Natura 2000, así como sus efectos sobre la conservación del paisaje y la biodiversidad.

Esta evaluación analizará:

– La extensión y calidad de hábitats, diversidad de paisajes, así como la presencia geográfica,  nivel y calidad de la biodiversidad

 – Si las medidas evaluadas aportan eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE

Esta consulta forma parte del Plan de Acción de la UE para la naturaleza, las personas y la economía, que la Comsión puso en marcha tras el "chequeo" de las Directivas de aves y hábitas (que conforman la red ecológica "Natura 2000"), que quiere garantizar que estas piezas legislativas protejan la naturaleza de forma más eficiente, mejorando la calidad de vida de los europeos y aportando beneficios económicos.  El nuevo plan de acción pone sobre la mesa quince iniciativas para reforzar la aplicación de la normativa medioambiental de la UE sobre el terreno, con el fin de explotar todo su potencial para la naturaleza, las personas y la economía. Una de las medidas contempladas es precisamente la de fomentar sinergias con la financiación de la política agrícola común.

Además, los resultados obtenidos en esta consulta, serán tenidos en cuenta en la Evaluación que la Comisión Europea ha iniciado sobre su Estrategia Europea para la Biodiversidad 2020.

Fuente: European Commission

 

Los científicos alertan de los efectos perjudicales de las políticas agrarias europeas sobre la Red Natura 2000

 

La Política Agraria Común entra en conflicto con la estrategia de la Unión Europea para conservar la biodiversidad. Así lo demuestran científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales que han realizado un seguimiento de las aves agrícolas amenazadas y confirman que estas sufren también declives a pesar de estar en zonas protegidas de la Red Natura 2000. Los autores proponen implementar a largo plazo prácticas agrícolas sostenibles más allá de las subvencionadas por las políticas agrarias europeas.

 

 

Tras 15 años haciendo el seguimiento de especies amenazadas que habitan la península ibérica, investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) han comprobado que las aves de los campos de cultivo también se extinguen en las zonas protegidas que integran la Red Natura 2000. La Política Agraria Común (PAC) apuesta por una agricultura intensiva que entra en conflicto directo con los objetivos y medidas para la conservación de la biodiversidad.

“Las poblaciones de aves de los campos de cultivo de la Red Natura 2000 se están extinguiendo de igual modo que en zonas no protegidas porque la intensificación agrícola también afecta a estas áreas que supuestamente hay que preservar”, zanja Carlos Palacín del MNCN, y coautor del estudio publicado en Journal of Nature Conservation.

Los científicos han registrado declives del 7,5 % en el sisón, del 6,9% en el aguilucho cenizo, del 6,1% en la ganga ortega, y del 1% en la avutarda

Durante sus años de seguimiento, Palacín y Juan Carlos Alonso y Palacín han estudiado especies amenazadas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y los resultados indican una grave disminución de las poblaciones estudiadas. Anualmente han registrado declives del 7,5 % en el sisón (Tetrax tetrax), del 6,9% en el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el 6,1% en la ganga ortega (Pterocles orientalis), y del 1% en la avutarda (Otis tarda).

“Estos datos son especialmente graves porque se trata de especies amenazadas a escala mundial cuyas principales poblaciones sobreviven en los campos de cultivo mediterráneos de la península ibérica. De hecho, es por esas especies por las que la legislación de la Unión Europea protege estas áreas”, apunta Alonso.

“Estos resultados, que son extensibles a otras especies de áreas agrícolas, confirman que la comunidad de aves de los cultivos mediterráneos se encuentra extremadamente amenazada y cuestionan seriamente la estrategia de protección de la biodiversidad de la Unión Europea en dichas áreas”, continúa.

Para paliar los efectos negativos de la PAC, los investigadores proponen cambiar el actual modelo de gestión de las zonas agrícolas protegidas con medidas como impedir la concentración parcelaria, y la subsiguiente intensificación, así como la implementación a largo plazo de prácticas agrícolas sostenibles independientes de las que subvenciona la PAC. “Si deseamos conservar estos paisajes y su biodiversidad es necesario cambiar el modelo, por lo menos en las zonas que integran la Red Natura 2000”, termina Palacín.

Fuente: MNCN-CSIC

La ecologización de la PAC: más burocracia y sin beneficios reales sobre el medio ambiente

En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo,  se exponen los resultados de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El TCE selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público

 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los pagos destinados a incentivar a los agricultores a «ecologizarse» probablemente no refuercen el comportamiento de la política agrícola común desde el punto de vista medioambiental y climático de manera significativa. Los auditores constataron que los nuevos pagos añadían complejidad al sistema, pero habían dado lugar a un cambio de las prácticas agrícolas solo en un cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

La ecologización es un nuevo tipo de pago directo introducido con la reforma de 2013 de la Política Agrícola Común (PAC), concebido para recompensar a los agricultores por tener un impacto positivo en el medio ambiente que de otro modo no habría sido gratificado por el mercado. Es el único pago directo cuyo principal objetivo declarado es de carácter medioambiental.

Los auditores examinaron si la ecologización podía reforzar los resultados medioambientales y climáticos de la PAC, de conformidad con los objetivos de la UE. Asimismo, se entrevistaron con las autoridades de cinco Estados miembros: Grecia, España (Castilla-León), Francia (Aquitania y Norte-Paso de Calais), los Países Bajos y Polonia. 

En palabras de Samo Jerev, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la ecologización sigue siendo esencialmente un régimen de apoyo a la renta. Tal como se aplica actualmente, es improbable que refuerce el comportamiento medioambiental y climático de la PAC de manera significativa».

Los auditores constataron que la Comisión Europea no había desarrollado una lógica de intervención completa para los pagos de ecologización ni había fijado para este régimen unos objetivos medioambientales claros y suficientemente ambiciosos. Por otra parte, la asignación presupuestaria para la ecologización no está justificada por la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la política. También observaron que era improbable que la ecologización proporcionara beneficios significativos para el medio ambiente y el clima, principalmente debido a que una parte considerable de las prácticas subvencionadas se habría llevado a cabo incluso sin el pago. Los auditores estiman que la ecologización solo ha supuesto cambios en las prácticas agrícolas en alrededor del cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

Por último, constataron que era poco probable que los resultados justificaran la gran complejidad que la ecologización añade a la PAC, debido en parte a solapamientos entre este régimen y otros requisitos medioambientales de la política.

Los auditores recomiendan que, en la próxima reforma de la PAC, la Comisión desarrolle una lógica de intervención completa para la contribución de esta política a los objetivos medioambientales y climáticos.

En sus propuestas para la reforma, la Comisión debería seguir los siguientes principios:

• los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas. Como elemento disuasorio debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento;

• los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes

incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas; 

• cuando los Estados miembros puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían que demostrar que sus opciones son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política

Fuente: Tribunal de Cuentas 

El futuro de la alimentación y de la agricultura — Comunicación sobre la política agrícola común después de 2020

¿Por qué es necesaria una nueva reforma?

La política agrícola común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE). Ha logrado su objetivo inicial de garantizar un suministro de productos alimenticios de buena calidad, seguros y asequibles, apoyando al mismo tiempo a los agricultores europeos. Desde 1962, la PAC ha experimentado numerosas reformas y, gracias a su adaptabilidad, sigue siendo pertinente. El mundo evoluciona con rapidez, al igual que los retos a que se enfrentan no solo los agricultores, sino nuestras sociedades en su conjunto. Cambio climático, volatilidad de los precios, incertidumbres políticas y económicas, creciente importancia del comercio mundial: los agricultores han de aprender a diario cómo operar en un entorno cambiante y corresponde a los legisladores acompañarlos durante este proceso de cambio y ofrecerles claridad y sencillez jurídica a medio y largo plazo.

La política agrícola europea ha convertido a la UE en la superpotencia agroalimentaria que es en la actualidad: la UE, amén de ser el primer exportador mundial de productos agroalimentarios, posee una reputación inigualable por su patrimonio gastronómico y sus productos alimenticios, así como por la pericia de sus productores. Pero la UE no puede dormirse en los laureles: un éxito también puede ocultar numerosas dificultades.

La PAC debe dirigir la transición hacia una agricultura más sostenible. Ha de contribuir a fomentar la capacidad de adaptación del sector en tiempos de crisis y apoyar la renta y la viabilidad de los agricultores. Asimismo, debe incorporar plenamente esas innovaciones digitales que tanto facilitan las tareas cotidianas de los agricultores, reducen las cargas administrativas e incluso podrían impulsar el tan necesario relevo generacional del sector. Por último, la PAC debe reforzar las zonas rurales europeas, que constituyen el núcleo de las tradiciones y del modelo agrícola familiar de Europa.

La Comunicación que hoy se publica ofrece orientaciones para abordar estos objetivos y responder a los retos que están surgiendo con un planteamiento menos preceptivo y una mayor subsidiariedad a escala de los Estados miembros, con el fin de acercar la PAC a los encargados de su aplicación sobre el terreno.

¿Cómo puede iniciarse un debate sobre la política revisada sin conocer el presupuesto ni el próximo marco financiero plurianual (MFP)?

El dinero es un medio para lograr un objetivo. En la Comunicación se estudia la manera de mejorar la rentabilidad de la PAC. Ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestros objetivos y sobre la futura arquitectura de esta política. De este modo podremos orientar el debate sin prejuzgar la propuesta de la Comisión sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), prevista para mayo de 2018.

¿Por qué no contiene la Comunicación datos más precisos sobre algunas cuestiones?

La Comunicación señala los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, formula orientaciones e indica nuevas vías que deben explorarse. Será preciso dialogar y trabajar más durante los próximos meses para avanzar en las orientaciones que figuran en la Comunicación y precisar los conceptos que en ella se exponen. En consonancia con la Comunicación, que esboza un planteamiento menos preceptivo y propone mayor subsidiariedad, la Comisión tiene la intención de proseguir el debate sobre los aspectos prácticos con una amplia gama de partes interesadas y con los colegisladores.

¿Cuáles son las próximas etapas?

Durante los próximos meses, los debates y el trabajo en torno a los objetivos, la arquitectura y el diseño concretos de la futura política avanzarán en paralelo a los trabajos sobre el próximo MFP. Esta labor consistirá principalmente en una evaluación de impacto, que examinará las distintas opciones sirviéndose de los datos recopilados entre las partes interesadas y los ciudadanos (por ejemplo, la consulta pública realizada en 2017, las aportaciones de REFIT, la conferencia Cork 2.0 y la conferencia «La PAC: ¡expresa tu opinión!») e intensificando la recogida y el tratamiento de la información. Tras la presentación de la propuesta de la Comisión sobre el próximo MFP, prevista para mayo de 2018, se esperan propuestas legislativas sobre la futura PAC antes del verano de 2018.

¿Cómo se simplificará la futura PAC para los agricultores y las administraciones de los Estados miembros?

¿Quién quiere medir sus setos porque así «lo manda Bruselas»? ¿Por qué tendría que cumplir un agricultor italiano los mismos requisitos medioambientales que un agricultor finlandés, si desarrollan su trabajo en condiciones muy distintas?

La futura PAC tendrá objetivos comunes y un conjunto de medidas para alcanzar esos objetivos. De este conjunto común de medidas, los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el grupo de opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE.

Pasar de un planteamiento único a un planteamiento a medida significa que los requisitos de la UE se reducirán al mínimo estrictamente necesario. Las necesidades reales sobre el terreno serán evaluadas e incluidas por los Estados miembros en un plan estratégico de la PAC, aprobado a escala de la UE. Nuestro propósito es establecer un pacto de confianza con nuestras zonas rurales y con nuestros agricultores.

Huelga decir que el refuerzo de los servicios de asesoramiento a los agricultores y la plena aplicación de las solicitudes de ayudas geoespaciales también contribuirán a apoyar en mayor medida la simplificación de las solicitudes de ayuda y la aplicación de medidas de inversión.

¿Cómo se llevará a la práctica este nuevo planteamiento?

La Unión debería fijar parámetros estratégicos básicos, acordes con los objetivos de la PAC, que dieran cumplimiento no solo a las obligaciones que impone el Tratado UE, sino también a los objetivos y metas ya acordados, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, el cambio climático (COP 21) y una serie de objetivos de desarrollo sostenible.

Cada uno de los Estados miembros deberá elaborar un «plan estratégico de la PAC» que abarque las intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar. Dicho plan adaptará las intervenciones de la PAC para incrementar al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE, teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales en relación con esos objetivos y metas. Al mismo tiempo, los Estados miembros también tendrán mayor peso a la hora de elaborar el marco de cumplimiento y control aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Estos planes estratégicos no se elaborarán de forma aislada, sino en el marco de un proceso estructurado. Corresponderá a la Comisión evaluar y aprobar dichos planes. De este modo se incrementará al máximo la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y a la consecución de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. También se potenciará el valor añadido de la UE y se preservará el funcionamiento del mercado interior agrícola.

Los Estados miembros deberán asumir mayores competencias y responsabilizarse en mayor medida de la forma en que cumplen sus metas y logran los objetivos acordados, pero el nuevo planteamiento seguirá garantizando unas condiciones de competencia equitativas, manteniendo el carácter común y los dos pilares de la política.

¿Es este un primer paso hacia la renacionalización de la PAC?

Este valor añadido de la UE nunca ha sido cuestionado y la PAC sigue siendo una de las políticas emblemáticas de la UE. Reconocer la imposibilidad de aplicar un modelo único es muestra de pragmatismo. ¿Cuáles son las realidades locales? ¿Cuáles son las circunstancias concretas de los agricultores? Se trata de reconocer la gran variedad que existe en la UE en lo que concierne a la agricultura, al potencial de producción agronómica, y a las condiciones climáticas, medioambientales y socioeconómicas. Hemos de aceptar nuestra diversidad en lugar de intentar imponer un modelo único.

Las aportaciones recabadas por la consulta pública en línea efectuada en toda la UE de febrero a mayo de 2017 consideraban muy positivo el valor añadido de la gestión de la política agrícola a escala europea, gestión que garantiza unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único. Se impone un planteamiento europeo común para que la agricultura pueda responder con mayor eficacia a retos comunes tales como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En las respuestas a la consulta también se aludía con frecuencia a la necesidad de mantener la cohesión económica, social y territorial en toda la UE, así como a la necesidad de contar con un marco común de intercambio de buenas prácticas.

Los pormenores de la aplicación de las medidas se acordarán a escala nacional o regional, mientras que la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para que alcancemos nuestros objetivos comunes a través de instrumentos comunes, en consonancia con los Tratados de la UE, y se cumplan los compromisos internacionales de la UE en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.

¿Por qué es la PAC importante para el medio ambiente?

La agricultura abarca cerca de la mitad de la superficie terrestre de la UE y en ella mantiene una estrecha relación con el medio ambiente. Por una parte, depende de varios recursos naturales —por ejemplo, el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad— y se ve muy influida por el clima. Por otra parte, la agricultura conforma el entorno en el que actúa, no solo a través de su utilización de los recursos naturales, sino también mediante la creación y conservación de paisajes que expresan la nuestra diversidad europea y que ofrecen hábitats esenciales para la flora y la fauna.

La PAC desempeña un papel fundamental al velar por que la relación de la agricultura con el medio ambiente y el clima sea lo más beneficiosa posible para ambas partes. También presta ayuda en algunos casos a empresas no agrícolas ubicadas en el medio rural que pueden influir en el medio ambiente (por ejemplo, el sector forestal y otros sectores de la bioeconomía).

La futura PAC debe fomentar y apoyar prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático, y ha de situar la sostenibilidad en el centro de sus prioridades y medidas.

¿Cómo ayudará la futura PAC a los agricultores a proteger el medio ambiente?

Una de las ideas de base es que los agricultores que reciban ayudas a la renta de la PAC tendrán que aplicar diversas prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima. Los Estados miembros determinarán los pormenores de esas prácticas de acuerdo con la necesidad de lograr los objetivos a escala de la UE, pero también teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales. El sistema se basará en los puntos fuertes que se observan actualmente en la PAC, si bien se reducirá el número y la complejidad de las normas en la legislación de la UE.

Las medidas respetuosas con el medio ambiente que superen el nivel de base de las buenas prácticas recibirán apoyo a través de regímenes que tendrán carácter voluntario para los agricultores en un nivel relativamente básico, así como de regímenes más complejos. Corresponderá también a los Estados miembros elaborar esos regímenes de modo que puedan cumplirse los objetivos de la UE, expresados en términos nacionales, regionales y locales.

La PAC también insistirá en la necesidad de liberar el potencial de investigación, innovación, formación y asesoramiento para que se preste mayor atención al medio ambiente y al clima, en particular mediante la mejora de la eficiencia de los recursos.

Si se confían compromisos medioambientales a los Estados miembros, ¿cómo puede garantizarse la igualdad de condiciones entre los agricultores? ¿Acabaremos teniendo 28 sistemas diferentes?

La Comunicación de hoy representa un importante cambio en la aplicación de la PAC. Al respetar el principio de subsidiariedad y el objetivo de simplificación, el control por parte de la Comisión de los planes nacionales y regionales garantizará que las opciones elegidas no sean manifiestamente erróneas o inadecuadas para alcanzar los resultados previstos y cumplir los requisitos básicos de la UE. La Comisión evaluará y aprobará los planes estratégicos nacionales y regionales con miras a maximizar la contribución de la PAC a las prioridades y los objetivos de la UE y el logro de los objetivos de los Estados miembros en materia de clima y energía. Es este un aspecto importante para garantizar el mantenimiento de un enfoque común para la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos en todos los Estados miembros. Elevar el nivel de ambición es la única opción viable en este sentido.

La Comisión también mantendrá su papel fundamental de guardiana de los Tratados y, en su calidad de institución responsable en última instancia de la gestión del presupuesto de la UE, dentro del proceso de control de los planes nacionales y regionales estudiará cuidadosamente la manera de evitar un exceso de reglamentación.

¿Se van a mantener los dos pilares (pagos directos/medidas de mercado y desarrollo rural)?

Los dos pilares son dos facetas complementarias de la PAC y deben mantenerse, pues estructuran la PAC en torno a dos grandes tipos esenciales de intervención. El primer pilar apoya a los agricultores sobre una base anual en forma de pagos directos y medidas de mercado, que están supeditados al cumplimiento de una serie de normas básicas y objetivos medioambientales. El segundo pilar es un instrumento de inversión plurianual y flexible que está más adaptado a las circunstancias locales de cada uno de los Estados miembros, en particular para prestar apoyo a proyectos de larga duración.

¿Cómo se garantizará que la futura PAC sea más justa y que las pequeñas y medianas explotaciones obtengan el apoyo que necesitan?

En 2015, primer año de aplicación de la última reforma de la PAC, el 20 % de los agricultores recibió aproximadamente el 80 % de los pagos directos, lo cual suscita en el debate público una preocupación comprensible en cuanto a la eficiencia económica y la equidad social.

De hecho, esta situación es reflejo de la concentración de tierras y de la naturaleza de las ayudas, que en su mayor parte se basan en la superficie. Por otra parte, más de la mitad de sus beneficiarios son explotaciones muy pequeñas y la mayor parte de los pagos (un 72 % en 2015) se destina a explotaciones (familiares) profesionales de tamaño medio (de 5 a 250 hectáreas), que gestionan la mayor parte de la superficie agrícola de la UE (71 %) y por tanto son las principales responsables del suministro de bienes públicos y beneficios ambientales.

No obstante, la Comisión tiene previsto estudiar la manera de orientar con mayor eficacia los pagos directos y garantizar unas condiciones justas y un apoyo más específico de la renta de los agricultores en toda la UE, tal y como se indica en el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE. Convendría estudiar más a fondo la siguiente lista (no exhaustiva) de posibilidades:

  • Limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra para evitar efectos negativos en el empleo.
  • También se podrían introducir ayudas decrecientes como medio para reducir la ayuda a las explotaciones de mayor tamaño.
  • Mayor énfasis en un pago redistributivo para poder prestar apoyo de forma específica, por ejemplo, a las explotaciones pequeñas o medianas.
  • Garantizar el apoyo a los verdaderos agricultores, centrándolo en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse el sustento.

¿Se dará a los agricultores el mismo trato en toda la UE?

Al tiempo que la PAC garantiza que la ayuda se destina a los verdaderos agricultores, centrándose en aquellos que realizan actividades agrarias para ganarse la vida, también debe desempeñar el papel que le corresponde con respecto al principio de «igualdad entre sus miembros, grandes o pequeños, del este o del oeste, del norte o del sur», recordado por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017.

En este sentido, debe reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que a las ayudas de la PAC se refiere. Aun cuando sea preciso reconocer la gran diversidad de los costes relativos de la mano de obra y de la tierra, así como los distintos potenciales agronómicos de los Estados miembros, todos los agricultores de la UE se enfrentan a retos similares en lo que se refiere a la volatilidad de los mercados, el medio ambiente y el clima.

¿Cuál es la función que ha de desempeñar la PAC para fomentar la prosperidad del medio rural?

La PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural. Los fondos de desarrollo rural pueden, por ejemplo, respaldar la creación de empresas de artesanía. Es posible impulsar la creación de empleo y aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la conectividad. Un concepto emergente como es el de los «pueblos inteligentes» (Smart villages) ayudará a las comunidades a subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras y a incrementar las oportunidades de empleo.

¿Cómo puede la Comisión impulsar el establecimiento de jóvenes agricultores y el relevo generacional en el sector?

El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco, pero los Estados miembros son los mejor situados para fomentar el relevo generacional mediante sus competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, Derecho de sucesiones u ordenación territorial. La PAC ha de ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores.

Los planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Asimismo, la PAC debe contribuir a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola estableciendo un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE. Convendrá facilitar el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las explotaciones agrícolas, y adaptarlos mejor a las necesidades de inversión y los perfiles de riesgo más elevados de los nuevos agricultores. El apoyo a la nueva generación de agricultores podría combinarse con incentivos adecuados para facilitar la salida de las generaciones de más edad y la transmisión de conocimientos entre generaciones, así como para aumentar la movilidad de la propiedad rural y facilitar la planificación de la sucesión.

¿Por qué debe la PAC apoyar la innovación?

La agricultura y nuestras zonas rurales se enfrentan a una serie de retos para los que hay que encontrar nuevas soluciones. Necesitamos mejor asesoramiento y más innovación. Es necesaria la participación pública en materia de investigación e innovación para cerrar la brecha entre unas zonas rurales que reclaman innovaciones digitales y mejor conectividad y los proveedores de nuevas tecnologías.

Por ejemplo, los sensores podrían detectar y prevenir las enfermedades de los animales en una fase precoz y reducir así la necesidad de tratamientos. El acceso en tiempo real a información sobre la intensidad de la luz solar, la humedad del suelo, los mercados, la gestión del ganado y muchas otras cuestiones permite a los agricultores tomar mejores decisiones con mayor rapidez.

Es conveniente cooperar a escala de la UE en materia de investigación e innovación. Aprendiendo unos de otros en diferentes partes de la UE, desarrollaremos mejores conocimientos y adoptaremos más rápidamente las innovaciones.

Ante la volatilidad y las crisis del mercado, ¿qué tipo de ayuda pueden esperar los agricultores de la futura PAC?

Ante crisis sanitarias o fitosanitarias, incidentes relacionados con el cambio climático o la volatilidad del mercado, los agricultores se enfrentan a elevados riesgos y a una fuerte presión sobre sus rentas. La Comisión ha estado y estará siempre al lado de los agricultores, como lo demuestran los dos últimos grupos de medidas de solidaridad —cada uno por valor de 500 millones EUR—, pero la frecuencia más elevada de los riesgos requiere un enfoque más sistemático.

El sector agrario necesita un marco adecuado para la gestión de los riesgos que combine las ayudas de la UE con los instrumentos nacionales de los Estados miembros y los medios del sector privado.

Por ejemplo, cabe esperar que la posibilidad de crear un instrumento sectorial de estabilización de las rentas con umbrales de pérdidas más bajos para activar la indemnización facilitará su aceptación por parte de agricultores y administraciones. Al mismo tiempo, debe examinarse cuidadosamente si procede introducir nuevos instrumentos o tipos de ayuda. En este contexto, debe fomentarse la cooperación entre agricultores y a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo la mutualización y los servicios integrados, para fines de riesgos compartidos.

¿Para qué servirá la plataforma de gestión de riesgos de la UE?

Los limitados conocimientos de los agricultores y otras partes interesadas acerca de los instrumentos disponibles y su relativa falta de experiencia a la hora de utilizarlos han constituido uno de los principales obstáculos para el uso de instrumentos de gestión de riesgos en los últimos años.

La plataforma de gestión de riesgos de la UE será una plataforma en la que todas las partes interesadas, de los agricultores y las administraciones públicas a los centros de investigación y los agentes del sector privado (por ejemplo, las compañías de seguros) podrán compartir conocimientos e intercambiar las mejores prácticas.

Cuando proceda, la Comisión intervendrá como intermediaria y desarrollará la plataforma en un sitio web específico.

En el marco de la plataforma, se organizarán grupos de expertos, grupos de trabajo, seminarios y otros actos en torno a temas de gestión de riesgos específicos, por ejemplo el cálculo de pérdidas mediante sistemas basados en un índice. Además, la plataforma ofrecerá la posibilidad de reunir iniciativas privadas o públicas sobre la gestión de riesgos a escala local, así como el trabajo pertinente en otros ámbitos como, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, la agrometeorología, etc.

¿Por qué debe la PAC estimular las inversiones y cómo pueden los instrumentos financieros apoyar a los agricultores?

Se impone un instrumento de inversión flexible en el marco de la PAC que apoye la competitividad, la innovación, la adaptación al cambio climático y su atenuación y, en último término, la sostenibilidad de la agricultura y de las zonas rurales. Modernizar una explotación, introducir nuevas tecnologías o renovar los sistemas de riego son objetivos que requieren mucho capital y considerables esfuerzos financieros, y no es realista pensar que los agricultores pueden hacer frente solos a esta situación. Los fondos públicos disponibles para las subvenciones no bastan para hacer frente a las crecientes necesidades de inversión del sector. Las estimaciones aproximadas muestran que el déficit del mercado en materia de financiación del sector agrario se sitúa entre 1 600 y 4 100 millones EUR en el caso de los préstamos a corto plazo, y entre 5 500 y 14 800 millones EUR, en el de los préstamos a largo plazo.

Instrumentos financieros tales como los préstamos, las garantías y los fondos de capital pueden facilitar el acceso a la financiación a esos agricultores (por ejemplo, pequeños o nuevos agricultores) o productores agroalimentarios, que tienen dificultades para obtener los fondos necesarios para crear una empresa o desarrollarla. La combinación de los fondos de la UE y de la financiación privada tendrá un efecto multiplicador, pues incrementará los volúmenes de inversión.

Fuente: European Commission

El Parlamento Europeo reclama más esfuerzos en la implantación de la Red Natura 2000 y mayor coherencia entre la política agraria y medioambiental

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN  EN PRO DE LA NATURALEZA, LAS PERSONAS Y LA ECONOMÍA: MÁS ESFUERZO PARA APOYAR A QUIENES CONSERVAN LA RED NATURA 2000 Y LA BIODIVERSIDAD

 

Urge a la Comisión y a los Estados Miembros a mejorar la financiación de la Red Natura 2000 y la colaboración con los usuarios de la tierra. Además, insta a contemplar la conservación de la biodiversidad y su recompensa en la PAC.

El Parlamento Europeo adoptó el pasado 15 de Noviembre una Resolución sobre el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión hace unos meses tras el proceso de revisión de las Directivas relativas a la naturaleza que determinó que, aunque esta legislación cumple la función para la que fue aprobada, no obstante, se requieren mayores esfuerzos para lograr un mayor compromiso en su implantación y desarrollo.

El Parlamento acoge favorablemente el citado Plan de la Comisión, aunque recuerda que, en Europa, prácticamente una cuarta parte de las especies silvestres se encuentran actualmente en peligro de extinción y que la mayoría de los ecosistemas están degradados hasta el punto de no poder ya desarrollar sus valiosas funciones y considera que esto está causando enormes perjuicios sociales y económicos para la Unión.

Reitera la necesidad de que se hagan esfuerzos adicionales, considerables y continuados para alcanzar los objetivos fijados para 2020, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den una mayor prioridad política a ese aspecto.

Subraya que los Estados miembros deben garantizar que no se deterioren las zonas Natura 2000 ,  recuerda que ya el Tribunal de Cuentas Europeo reclamó una mayor financiación para la Red Natura 2000 y reclama a la Comisión y a los Estados Miembros mayores esfuerzos y nuevos mecanismos financieros para la gestión de esta Red ecológica. En particular propone que, en cooperación con los propietarios y usuarios de las tierras, examinen la posibilidad de que se ofrezcan los llamados «servicios verdes y azules» (gestión del paisaje, del medio ambiente y de los recursos hídricos) a cambio de una remuneración conforme a las condiciones del mercado.

Lamenta que en el plan de acción no se establezcan una estrategia prioritaria y acciones concretas para mejorar la protección de los insectos polinizadores, sobre todo en la lucha contra los riesgos para la salud y las especies de parásitos (en particular, el varroa) y  pide la aplicación plena y efectiva del Reglamento relativo a las especies exóticas invasoras, así como su adecuada financiación en el marco del presupuesto de la Unión; destaca que la inclusión de especies en la lista de la Unión de especies exóticas invasoras debe estar basada en una evaluación de riesgo normalizada y armonizada.

 El Parlamento reconoce que  la protección de nuestro entorno natural común en Europa es esencial tanto para nuestra economía como para nuestro bienestar, que se calcula que la red Natura 2000 tiene un valor económico anual comprendido entre los 200 000 y los 300 000 millones de euros y puede generar ingresos para las comunidades locales a través del turismo y los servicios recreativos, y que los ecosistemas saludables ofrecen servicios ecológicos esenciales, como agua dulce, almacenamiento de carbono, insectos polinizadores y protección contra las inundaciones, las avalanchas y la erosión costera; señala, por consiguiente, que invertir en la red Natura 2000 es muy juicioso desde el punto de vista económico.  Acoge con satisfacción la acción destinada a integrar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones; lamenta, no obstante, que el plan de acción no incluya una iniciativa concreta de «pérdida neta cero de biodiversidad»

Vínculos con otras políticas

El Parlamento Europeo hace un llamamiento a la  urgente necesidad de actuar para afrontar los principales factores de la pérdida de biodiversidad, que son la destrucción y la degradación de los hábitats, causadas sobre todo por el uso excesivo de la tierra, la contaminación, la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas químicos de síntesis, la difusión de especies exóticas y el cambio climático, y destaca también la necesidad de garantizar la coherencia entre las diversas políticas de la Unión.

Destaca la necesidad de mejorar la coherencia con la política agrícola común (PAC), y pone de relieve el preocupante declive de las especies y los hábitats ligado a la agricultura; pide a la Comisión que evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad;

Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por que los fondos de la PAC se reorienten de la subvención de actividades asociadas al declive de la biodiversidad a la financiación de prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y a mantener la biodiversidad conexa.

Señala que las especies designadas como de protección especial con arreglo a la Directiva sobre hábitats han alcanzado en algunas regiones de Europa un buen estado de conservación y que, por tanto, pueden poner en peligro a otras especies y a animales domésticos, alterando así el equilibrio natural del ecosistema; pide a la Comisión que desarrolle un procedimiento de evaluación que permita modificar el estado de protección de las especies en determinadas regiones tan pronto como se haya alcanzado el estado de conservación deseado;

 Recuerda que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats;

Además, sugiere a la Comisión que respalde la adopción de medidas, como la formación para agricultores en relación con la protección del ganado contra los grandes carnívoros y la puesta en común de las mejores prácticas sobre protección del ganado entre los Estados miembros;

Lamenta el Parlamento que  la PAC no haya sido desarrollada para proteger la práctica agrícola tradicional del pastoreo, actualmente en vías de desaparición, que constituye una herramienta histórica importante para la gestión de los hábitats y la conservación de la naturaleza; pide que el plan de acción apoye un marco para el desarrollo del pastoreo en la red Natura 2000. Pide a la Comisión que considere en particular la gestión adaptativa de las cosechas como una buena práctica para administrar de forma sostenible las poblaciones de aves acuáticas de la Unión que sean suficientemente abundantes y conservar las que estén en declive.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia contra la normativa española sobre admisibilidad de pastos permanentes

pastospermanentes El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha considerado que la normativa nacional española "se opone" al derecho comunitario al rechazar ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) a una explotación agraria aragonesa en la que se corrigió la superficie con derecho a ellas.

La corte, con sede en Luxemburgo, se pronunció sobre un litigio entre la titular de una explotación agraria y las autoridades de la Comunidad Autónoma de Aragón, que redujeron la superficie declarada como pastos permanentes admisibles a ayudas, al superar la media de la superficie forrajera que en su día se tuvo en cuenta para calcular los derechos de ayuda, lo que consideraron un "abuso".

El tribunal recuerda que, según la ley europea, cada agricultor tiene derecho anualmente al pago de una ayuda por superficie cuyo importe se determina en función de los derechos de ayuda por hectárea que se le hubiesen asignado al entrar en vigor el régimen establecido por dicho reglamento.

Para ello deben respetarse una serie de normas, satisfacerse una serie de requisitos en materia de buena gestión y de buenas condiciones agrarias y medioambientales y cumplirse las formalidades de declaración.

Según el reglamento, constituyen hectáreas admisibles a efectos de la ayuda por superficie las superficies agrarias de la explotación consistentes en tierras de cultivo y pastos permanentes, salvo las ocupadas por cultivos permanentes o bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.

Por ello, para que las tierras declaradas por un agricultor con el fin de obtener la ayuda por superficie resulten admisibles, deben cumplir tres requisitos: ser superficies agrarias, formar parte de la explotación agraria de dicho agricultor y no estar ocupadas por cultivos permanentes o bosques o ser utilizadas para actividades no agrarias.

El tribunal indica que la calificación de "pastos permanentes" y, por tanto, de "superficie agraria", depende de la utilización efectiva de las tierras en cuestión y que se debe calificar de "agraria" una superficie cuando se utiliza, en particular, como pasto permanente.

En ese sentido, cree que la admisibilidad a las ayudas no se supedita al requisito de correspondencia con las superficies forrajeras que se tuvieron en cuenta para calcular los apoyos.

Tampoco a la condición de que las superficies de pastos permanentes que excedan dichas superficies forrajeras se utilicen efectivamente para las necesidades específicas de la explotación agraria relacionadas con la cría de ganado, siempre que se destinen a una actividad agraria.

La corte señala igualmente que, según el reglamento, los pastos permanentes tienen un efecto medioambiental positivo y resulta oportuno adoptar medidas para fomentar su mantenimiento y evitar una transformación masiva en tierras de cultivo.

Por todo ello, el tribunal declaró que la normativa española "se opone al derecho de la Unión".

Fuentes: Euroefe Curia.europa.eu

Los nuevos Fondos Europeos: "Inversiones Sí, Subvenciones No"

europaLos nuevos Fondos de la UE ayudarán a combatir el desempleo e impulsarán la competitividad y el crecimiento económico mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación. A la vez que servirán para fomentar el espíritu empresarial, la lucha contra la exclusión social y contribuirán al desarrollo de una economía baja en carbono y eficiente en la utilización de los recursos

28 580 MILLONES DE EUROS PARA SIETE AÑOS

Como ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,  ante el Parlamento Europeo “la lucha contra la crisis es la lucha contra el paro.” Los programas de Asociación deben centrarse en las personas que llevan tiempo sin trabajo. En España la mitad de los parados llevan más de dos años sin trabajar”. Aunque es responsabilidad de cada Estado miembro decidir la forma en la que se aplicarán los presupuestos nacionales, el “acuerdo de asociación”  define la estrategia que se debe aplicar para la utilización óptima de los Fondos estructurales y de inversión. Uno de los lemas de la política general que se debería seguir es el de “inversiones si, subvenciones no”. Ahora que se ha firmado el “Acuerdo de Asociación” España deberá presentar los 'Programas operativos' antes de fin de año para que puedan ponerse en marcha lo antes posible.

PRINCIPALES PRIORIDADES DE INVERSIÓN PARA ESPAÑA

Las prioridades de España establecidas en el acuerdo de asociación con la Comisión Europea incluyen:

  • El aumento de la participación en el mercado de trabajo y la productividad laboral, así como la mejora de la educación y la capacitación
  • Políticas de inclusión, con especial atención a los jóvenes y los grupos más vulnerables.
  • Apoyo a la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor añadido mediante la mejora de la competitividad de las PYME.
  • Promoción de un entorno empresarial favorable a la innovación y el fortalecimiento del sistema de I + D + i.

¿CUÁLES SON LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS? 

  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Centra sus inversiones en cuatro áreas: innovación e investigación, agenda digital, apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), economía baja en  emisiones de carbono.
  • Fondo social europeo, El FSE financiará iniciativas para mejorar los sistemas educativos y formativos, apoyará medidas para luchar contra el abandono escolar y garantizará que los jóvenes obtengan las aptitudes adecuadas para aumentar sus oportunidades en el mercado laboral y Formación profesional. Las inversiones del FSE en el ámbito de educación y formación beneficiarán también la innovación y la competitividad de las empresas. El FSE continuará financiando proyectos que ayuden a las personas con dificultades y a las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos a tener las mismas oportunidades que los demás para integrarse en la sociedad. En esta área se invertirán casi 2 000 millones de euros.
  • Fondo de cohesión está destinado a los Estados miembros cuya RNB (renta nacional bruta) per cápita es inferior al 90 % de la renta media de la UE. Su objetivo es reducir las disparidades socioeconómicas y promover el desarrollo sostenible. En la actualidad está sujeto a las mismas normas de programación, gestión y supervisión que el FEDER y el FSE a través del Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC)
  • Fondo Europeo para los Asuntos marítimos y la pesca (FEMP) es el nuevo fondo de las políticas marítima y pesquera de la UE para 2014-2020 muy ligado a la política pesquera común. Ayuda a los pescadores en la transición a la pesca sostenible, ayuda a las comunidades costeras a diversificar sus economías, financia proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas, facilita el acceso a la financiación. La asignación financiera a España es la mayor de todos los estados miembros: 1 160 millones de euros.
  • Fondo europeo agrícola para el desarrollo rural  destinado a mejorar la competitividad de la agricultura; garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo de acuerdo con las estrategias de la PAC.

¿Qué son los 'programas operativos'?

La Comisión colabora también con los Estados miembros cuando elaboran los 'programas operativos' (PO) desglosando las prioridades y los objetivos de inversión de los acuerdos de asociación en acciones concretas. Pueden abarcar Estados miembros y/o regiones enteras o ser programas de cooperación que abarcan más de un país. La Comisión negocia con las autoridades nacionales y regionales el contenido final de dichos planes de inversión. Todos los niveles de gobernanza, incluida la sociedad civil, deben ser consultados y participar en la programación y la gestión de los PO. Con arreglo a las nuevas normas, los Estados miembros deben presentar los PO a más tardar tres meses después de la presentación del acuerdo de asociación.

LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y ESPAÑA

España se encargará de 22 programas  con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ─ uno para cada una de las regiones más 3 nacionales y 23 programas operativos con financiación del Fondo Social Europeo (FSE) ─ uno para cada una de las diecinueve regiones más 4 programas nacionales.

INVERSIÓN EN ESPAÑA ENTRE 2014 Y 2020PRO

Casi 28 600 millones (a precios corrientes) de euros en total, distribuidos de la siguiente forma:

  • 2 000 millones de euros para las regiones menos desarrolladas (Extremadura)
  • 13 400 millones para las regiones en transición (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia)
  • 11 000 millones para las regiones más desarrolladas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco)
  • 643 millones del Fondo Europeo de Cooperación Territorial, asignación especial de 484,1 millones para las regiones ultraperiféricas
  • 943,5 millones de euros para la Iniciativa de Empleo juvenil

Más información

Acuerdo de Asociación UE-España >pdf

 

Ley Agraria de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE), publica la Ley Agria de Extremadura que entrará en vigor a los tres meses desde esta publicación (es decir, 26 de junio de 2015).

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Esta Ley, tal y como declaró el Gobierno de Extremadura  tras su aprobación por el Parlamento autonómico, regula las necesidades de agricultores y ganaderos adaptándolas al siglo XXI, garantiza máximo presupuesto anual para el sector en las cuentas públicas y facilita la celebración de elecciones al campo, entre otras cuestiones. 

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La ley deroga un conjunto de normativas que afectan a agricultores, ganaderos y a la agroindustria; la mayoría de las cuales no se pueden aplicar al entrar en contradicción con la directiva europea. Y lo hace respetando las competencias establecidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía; el Estado y la UE. Entre esas normativas autonómicas derogadas están la ley 4/1984, de Mercados; la Ley 3/1987, de Tierras de Regadío; la Ley 4/1992, de Financiación Agraria Extremeña; la Ley 5/1992, sobre Ordenación de las Producciones Agrarias; la Ley 6/1992, de Fomento de la Agricultura Ecológica; o la Ley 12/1997, de Elecciones al Campo. Se trata de una situación legislativamente indigna para el sector, que ahora tiene una ley única adaptada a la nueva realidad del campo.

 

Entre los objetivos que persigue la Ley Agraria de Extremadura destacan el de fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario; fomentar la producción agroalimentaria de calidad; impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación en la agricultura, ayudar a las nuevas generaciones a incorporarse al campo; garantizar un modelo de crecimiento sostenible; simplificar la burocracia; y garantizar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de la política agraria extremeña.

tractor

25% DEL PRESUPUESTO REGIONAL

Asimismo, la ley fija que, gobierne quien gobierne, se destine el 25% de las cuentas autonómicas a todo lo que supone el sector agrario. Este año ya se destina el 22,1% solo en la Consejería de Agricultura; y se alcanza ese 25% con inversiones  Entre las novedades que el Gobierno extremadura destaca en esta norma está la configuración de un marco legal que permitirá a nuestros agricultores y ganaderos adecuar sus producciones a las necesidades del mercado, la regulación por primera vez en Extremadura todo lo relativo a la calidad agroalimentaria, la simplificación de los Consejos Reguladores de las DO y de las IGP; el reconocimiento del carácter fundamental de los seguros agrarios; además de permitir la transformación en regadío de las Zonas de Interés Regional y Zonas Regables singulares que se declaren, simplificar el procedimiento de concentración parcelaria y amplía la de red primaria de caminos públicos; y regular montes y aprovechamientos forestales, el proceso de consulta para determinar la representatividad de las OPAS, y las Entidades Agroalimentarias Prioritarias.

ELECCIONES AL CAMPO

Por otro lado, la ley también sienta las bases para regular las elecciones al campo (que no se celebran desde el año 2002) con todas las garantías, para medir la representación de las organizaciones agrarias en el Consejo Asesor Agrario. Antes se elegían a representantes en la Cámaras Agrarias, ya extinguidas. En este nuevo modelo de consulta no se eligen a representantes sino derecho a “sillas” en el Consejo Asesor Agrario. Además, actualmente el censo lo constituyen afiliados a la Seguridad Social Agraria.

A partir de ahora, se amplían a perceptores de ayudas PAC que superen los 5.000 euros anuales o los que acrediten que, al menos, el 25% de sus rentas provienen del sector agrario.

Además, copia el modelo nacional de representatividad de organizaciones y de censo porque, tanto la ley nacional como la Ley Agraria, permite que se celebren al unísono. Así, se podría garantizar que se realizasen cada cinco años, aprovechando los medios y logística del Estado.

Otra cuestión importante que recoge la nueva ley es la regulación para la incorporación de jóvenes al campo. El artículo 33 contempla acciones como el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; el tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario, a las parcelas del Fondo de Tierras, a los cursos y programas de formación agraria; y para la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, cuotas y otros derechos que genere la PAC de acuerdo con la normativa agraria comunitaria.

 

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