El desarrollo de Bancos de Conservación para compensar los daños ambientales "residuales" o inevitables de la construcción de  infraestructuras, mantiene en vilo a los ecologistas, quienes temen que se convierta en un mecanismo de especulación con la naturaleza.

El Gobierno introdujo esta figura en la ley de impacto ambiental, que aprobó a finales de 2013. Pero para aplicar este cambio es necesario que se desarrolle un reglamento de los bancos de hábitats. El ministerio sostiene que la aprobación de este nuevo sistema se supeditará al apoyo de los grupos ecologistas, que están negociando el documento con Medio Ambiente. "Si hay acuerdo sobre el texto antes de junio se podrá aprobar esta legislatura el real decreto", indican fuentes del ministerio.

El departamento de Isabel García Tejerina trabaja desde hace un año en el reglamento de los llamados bancos de conservación de la naturaleza, un modelo que se utiliza en Estados Unidos desde los ochenta y que empieza a abrirse camino en la Unión Europea con fuerza. Pero las negociaciones están atascadas.

El funcionamiento de esos Bancos de Conservación o Hábitat sería parecido al de los mercados de emisión: las promotoras de infraestructuras tendrían la posibilidad de compensar el daño ambiental causado comprando créditos para que se desarrollen proyectos de conservación en otros lugares, en una cantidad equivalente a la magnitud del impacto causado.

Los ecologistas y el ministerio coinciden en los problemas que el actual modelo tiene. Cuando un promotor quiere acometer una obra de importancia (como una carretera) necesita la autorización de la Administración. Debe lograr una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Y, en ese documento, se pueden introducir las medidas de compensación que el promotor debe desarrollar por el daño que causará su obra en la naturaleza. Pero los ecologistas sostienen que ahora no existe un control real sobre esas actuaciones de compensación que el constructor está obligado a hacer.

El paso que se daría con los bancos de conservación es permitir a los promotores que acudan a terceros, que se encargarían de acometer esas medidas compensatorias. Para ello, habría un registro en el que se recogerían diferentes trabajos de conservación de la naturaleza que ya se estén llevando a cabo. Ahí sería donde el promotor compraría esos derechos. Es un modelo parecido al del mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero existente.

El sistema se articula a través de créditos, según se recoge en el último borrador de reglamento que el ministerio ha enviado a las comunidades autónomas. El propietario de una finca acudiría a las Administraciones con un proyecto de conservación concreto de una especie o un hábitat. Las comunidades y el Gobierno valorarían luego cuántos créditos le corresponden al programa presentado. Por ejemplo, se otorgarían dos créditos por "cada hectárea destinada a alcanzar el estado de conservación favorable" de un hábitat de "interés comunitario o de interés autonómico" si el punto de partida de la zona es "desfavorable". Luego, el propietario de esos créditos los ofrecería a los promotores.

En el otro lado de la cadena estaría el sistema de cuantificación de los daños de las obras a través de las "unidades de impacto ambiental residual". Por ejemplo, un proyecto tendría "tres unidades de impacto ambiental residual por cada hectárea de hábitat destruida o alterada de manera permanente" de una zona que partiera de un estado de conservación "favorable". Las Administraciones serán luego las que determinen en cada proyecto cuántos créditos debe comprar el promotor de la infraestructura para compensar el daño de la obra que quiere realizar.

Los principales temores mostrados por los grupos ecologistas,  son que esta figura pueda convertirse en una herramienta de "especulación", y que facilite la construcción de infraestructuras de gran impacto.

"Tal cual están planteados, los Bancos darían más facilidades en la Declaración de Impacto Ambiental, ya que justificarían infraestructuras de gran impacto por la existencia de este mecanismo, supuestamente maravilloso", explica a Efe Luis Suárez, responsable de Especies de WWF.

Otra de las objeciones de los activistas es que esta herramienta "somete a la biodiversidad biológica a las reglas de la oferta y la demanda", tal como dijo el coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, cuando el Gobierno la planteó.

"La biodiversidad no se puede comprar ni vender", agrega Suárez, quien alerta de la "especulación" que pueden generar los créditos, ya que hay quien "puede comprarlos a bajo coste para luego revenderlos a las empresas".

Su compañera de departamento, Gema Rodríguez, técnico de Especies de WWF, también cree que "la puesta a disposición de un mecanismo de mercado para regular las compensaciones podría abrir puertas al oportunismo y al fraude sin el adecuado control".

López va más allá y subraya que "la creencia de que los graves impactos generados por grandes proyectos se puede compensar en otro lugar, en el contexto de las graves deficiencias en la evaluación de impacto ambiental existentes en España, es falsa".

Para argumentarlo, los ecologistas invitan a echar un vistazo atrás en la historia de los estudios de impactos en España, donde "raramente se han evaluado negativamente infraestructuras para prevenir sus daños".

Así, la fiebre de la construcción llevó a "justificar obras imposibles que nunca debieron levantarse abusando de medidas compensatorias, que en pocos casos han estado bien diseñadas o han sido eficaces", argumentan.

Y frente a ese "fracaso" en la compensación de impactos, la tendencia de la administración, hasta ahora, ha sido "obviar o ignorar la inclusión de estas medidas en las declaraciones de impacto ambiental, además de abandonar sus responsabilidades de control y seguimiento", afirman.

Con los citados antecedentes, las alarmas han saltado para los ecologistas, ya que consideran que "no se garantizan los recursos suficientes para el control de los bancos, ni para el seguimiento de los proyectos sometidos a evaluación ambiental".

"No rechazamos la movilización de recursos privados para conservación de la biodiversidad, pero consideramos que los Bancos de Conservación puede tener efectos perversos para dicho fin", subraya la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

Además, alegan que los Bancos de Conservación no han logrado "el necesario consejo científico y técnico" sobre su eficacia a la hora de compensar un bien tan frágil como el patrimonio natura

Fuente: EFE. El País