Consulta abierta por la Comisión Europea sobre la aplicación de las normas de salud y medio ambiente de la UE a los productos agrícolas y agroalimentarios importados.

En junio de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo solicitaron un informe que evaluara el motivo y la viabilidad jurídica de la aplicación de las normas sanitarias y medioambientales de la UE (en particular las normas de bienestar animal y los procesos y métodos de producción) a los productos agrícolas y agroalimentarios importados. El objetivo del informe es contribuir a un debate amplio, transparente e informado sobre la aplicación a las importaciones de determinadas normas de producción, incluidas las normas medioambientales.
El objetivo de la consulta es recabar pruebas y opiniones de una amplia gama de partes interesadas, y darles la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la cuestión, facilitar información pertinente e informar a la Comisión de sus respectivas posiciones al respecto.

 

 

En la actualidad, los sistemas alimentarios representan aproximadamente un tercio de las emisiones mundialesde gases de efecto invernadero, consumen grandes cantidades de recursos naturales y provocan la pérdida de biodiversidad y efectos negativos para la salud. La Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene por objeto acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Sin embargo, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios es un problema mundial y la UE no puede, por sí sola, llevar a cabo con éxito la transición. Además, las medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad únicamente en la UE pueden dar lugar a la externalización de prácticas insostenibles.

La UE es el mayor exportador mundial y el tercer mayor importador de productos agroalimentarios. Como tal, tiene un impacto considerable en terceros países a través de su política comercial. Puede utilizarla para promover la sostenibilidad en consonancia con su compromiso de aplicar plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Las normas sanitarias aplicables a las importaciones agroalimentarias son, en su mayoría, medidas destinadas a garantizar que los alimentos sean seguros para las personas y a prevenir la propagación de plagas o enfermedades entre los animales y las plantas. La UE ya mantiene un elevado nivel de protección de la salud humana, animal y vegetal, en particular, en el contexto del comercio internacional de productos agroalimentarios. Todos los productos importados al mercado de la UE deben cumplir sus correspondientes normas sanitarias.

A diferencia de las normas sanitarias, las normas medioambientales o de bienestar animal no suelen afectar a las características físicas del producto final. En su lugar, se refieren a procesos o métodos de producción en el país de origen que pueden tener repercusiones medioambientales y sociales negativas. Algunas normas sobre procesos o producción ya se aplican, o se aplicarán pronto, a los productos agroalimentarios importados. Este es el caso, en particular, de las condiciones para el sacrificio de animales o la prohibición del uso de antibióticos reservados para uso humano. La Comisión también ha propuesto un reglamento sobre productos libres de deforestación, basado en un sistema de normas de obligado cumplimiento en materia de diligencia debida.

Además, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» establece que se tendrán en cuenta los aspectos medioambientales al evaluar las solicitudes de tolerancia en la importación de plaguicidas que ya no están autorizados en la UE, respetando las obligaciones de la OMC. Asimismo, en el marco de la iniciativa marco para un sistema alimentario sostenible, también se está estudiando la posibilidad de aplicar normas medioambientales o, más en general, de sostenibilidad a las importaciones.

Por último, en respuesta a la iniciativa ciudadana europea «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas), la Comisión propuso analizar distintas opciones para aumentar el bienestar de los animales cuyos productos se destinan al mercado de la UE.

El informe definirá las iniciativas concretas para garantizar una mayor coherencia en la aplicación de estas normas, de conformidad con las normas de la OMC. Aparte de las medidas unilaterales, se evaluarán las acciones a escala bilateral y multilateral. Entre estas: capítulos ambiciosos sobre sostenibilidad en los acuerdos comerciales bilaterales de la UE; una mayor cooperación con terceros países, incluida la obtención de compromisos en ámbitos clave; la promoción de normas internacionales en los organismos internacionales pertinentes; y el fomento de la producción de productos agroalimentarios que cumplan con normas estrictas de seguridad y sostenibilidad.

El informe servirá de base para la futura política agrícola y de comercio de alimentos en lo que respecta a las normas de seguridad y sostenibilidad en el marco del Pacto Verde Europeo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la revisión de la política comercial. Si bien el propio informe no tendrá repercusiones inmediatas, cualquier cambio en las políticas derivado de este debate y dirigido a promover una mayor sostenibilidad a escala mundial, influiría en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Las partes interesadas pertinentes para esta iniciativa son: autoridades nacionales; diputados al Parlamento Europeo; organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil; asociaciones de consumidores nacionales y de la UE; asociaciones que representan a la industria, las empresas y los profesionales; operadores económicos, incluidas las pymes; expertos del ámbito académico; y ciudadanos.  Podrán enviar sus opiniones durante 4 semanas, desde el 16 de febrero hasta el 16 de Marzo de 2022.

Fuente: Comisión Europea

Europa presenta una nueva Estrategia sobre biodiversidad y su esperada Estrategia «De la Granja a la Mesa»

 

 

La Comisión Europea ha adoptado una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.

En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad. Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible.

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados.

Las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y crecimiento sostenibles. Se destinarán 20 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados.

La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores sobre los alimentos saludables y sostenibles.

Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos.

Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres.

Las estrategias también tienen una importante dimensión internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021. La Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con los socios internacionales.

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha demostrado lo vulnerables que somos, así como la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen un peligro claro y actual para la humanidad. Las estrategias sobre la biodiversidad y «de la granja a la mesa», que son elementos centrales del Pacto Verde, apuntan a un nuevo y mejor equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE. Estas estrategias constituyen un elemento crucial de la gran transición que estamos iniciando».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: «Debemos avanzar y hacer que el sistema alimentario de la UE sea un motor de la sostenibilidad. La Estrategia «de la granja a la mesa» cambiará las cosas para mejor, de forma generalizada, en cuanto a la manera en que producimos, compramos y consumimos nuestros alimentos, lo que redundará en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos, de las sociedades y del medio ambiente. Brinda la oportunidad de conciliar nuestros sistemas alimentarios con la salud de nuestro planeta, de garantizar la seguridad alimentaria y de satisfacer el deseo de los europeos de una alimentación sana, equitativa y respetuosa con el medio ambiente».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «La naturaleza es vital para nuestro bienestar físico y mental, filtra nuestro aire y nuestra agua, regula el clima y poliniza nuestros cultivos, pero estamos actuando como si no importara y perdiéndola a un ritmo sin precedentes. Esta nueva Estrategia sobre la biodiversidad se basa en lo que ha funcionado antes y añade nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos. El objetivo de la UE es proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a la recuperación económica de la crisis actual y liderar el camino hacia un marco mundial ambicioso para proteger la biodiversidad del planeta».

Próximas etapas

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar estas dos estrategias y sus compromisos. Todos los ciudadanos y las partes interesadas están invitados a participar en un amplio debate público.

isión Europea ha adoptado hoy una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.

En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad. Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible.

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados.

Las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y crecimiento sostenibles. Se destinarán 20 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados.

La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores sobre los alimentos saludables y sostenibles.

Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos.

Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres.

Las estrategias también tienen una importante dimensión internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021. La Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con los socios internacionales.

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha demostrado lo vulnerables que somos, así como la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen un peligro claro y actual para la humanidad. Las estrategias sobre la biodiversidad y «de la granja a la mesa», que son elementos centrales del Pacto Verde, apuntan a un nuevo y mejor equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE. Estas estrategias constituyen un elemento crucial de la gran transición que estamos iniciando».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: «Debemos avanzar y hacer que el sistema alimentario de la UE sea un motor de la sostenibilidad. La Estrategia «de la granja a la mesa» cambiará las cosas para mejor, de forma generalizada, en cuanto a la manera en que producimos, compramos y consumimos nuestros alimentos, lo que redundará en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos, de las sociedades y del medio ambiente. Brinda la oportunidad de conciliar nuestros sistemas alimentarios con la salud de nuestro planeta, de garantizar la seguridad alimentaria y de satisfacer el deseo de los europeos de una alimentación sana, equitativa y respetuosa con el medio ambiente».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «La naturaleza es vital para nuestro bienestar físico y mental, filtra nuestro aire y nuestra agua, regula el clima y poliniza nuestros cultivos, pero estamos actuando como si no importara y perdiéndola a un ritmo sin precedentes. Esta nueva Estrategia sobre la biodiversidad se basa en lo que ha funcionado antes y añade nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos. El objetivo de la UE es proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a la recuperación económica de la crisis actual y liderar el camino hacia un marco mundial ambicioso para proteger la biodiversidad del planeta».

Próximas etapas

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar estas dos estrategias y sus compromisos. Todos los ciudadanos y las partes interesadas están invitados a participar en un amplio debate público.

Contexto

El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Von der Leyen el 11 de diciembre de 2019, establece una ambiciosa hoja de ruta hacia una economía circular climáticamente neutra, en la que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos.

El Pacto Verde Europeo se sustenta en un ambicioso objetivo de detener e invertir la pérdida de biodiversidad mediante la transformación de nuestros sistemas alimentarios y nuestro uso de los bosques, el suelo, los recursos hídricos y el mar, además de nuestros sistemas energéticos, urbanos e industriales. También destaca

La UE permitirá el uso en agricultura de aguas residuales depuradas

La UE está tomando nuevas medidas destinadas a reducir el riesgo de escasez de agua para el riego de los cultivos. El Consejo adoptó la semana pasada mediante procedimiento escrito un reglamento que facilitará la utilización de aguas residuales urbanas (agua regenerada) para el riego agrícola.

Estas normas ayudarán a Europa a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. El Reglamento, acorde con el concepto de la economía circular, mejorará la disponibilidad de agua y fomentará su utilización eficiente. Garantizar que haya suficiente agua disponible para el riego agrícola, en particular durante las olas de calor y las sequías más intensas, puede ayudar a evitar la pérdida de cosechas y la escasez de alimentos.

Habida cuenta de la disparidad de condiciones geográficas y climáticas entre Estados miembros, cada Estado miembro podrá decidir si procede o no el empleo de aguas residuales regeneradas para el riego agrícola en todo o parte de su territorio.

La decisión implica que el Consejo ha adoptado su posición en primera lectura. Ahora el Reglamento debe ser aprobado por el Parlamento Europeo en segunda lectura, antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial.

En la actualidad, la reutilización del agua es una práctica establecida en muy pocos Estados miembros, que se está explotando muy por debajo de su potencial.

España, en línea con el resto de paises mediterráneos de la UE, reutiliza hasta un 40% de agua y dispone desde 2007 de un Real Decreto que lo regula.

Por tanto, en principio sólo tendrá que acomodar su normativa al nuevo procedimiento administrativo europeo que se adopte, especialmente en materia “de monitorización y seguimiento”.

Las normas acordadas facilitarán y estimularán la generalización de esta práctica beneficiosa, que puede garantizar un suministro más previsible de agua a los agricultores de la UE y ayudarles a adaptarse al cambio climático y a mitigar sus efectos.

Mediante el establecimiento de unos requisitos mínimos, las nuevas normas garantizarán la seguridad de esa práctica y aumentarán la confianza de los ciudadanos en los productos agrarios que se encuentran en el mercado interior de la UE. Este enfoque armonizado también facilitará el buen funcionamiento del mercado interior de los productos agrarios y creará nuevas oportunidades de negocio para operadores y proveedores de tecnología.

En virtud de la nueva legislación, las aguas residuales urbanas que ya se hayan sometido a determinados tratamientos con arreglo a las normas de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas deberán someterse a un tratamiento adicional para cumplir los nuevos parámetros mínimos de calidad y, de ese modo, serán aptas para su uso en agricultura.

Además de los requisitos mínimos armonizados, la nueva legislación establece unos requisitos mínimos de seguimiento; disposiciones en materia de gestión de riesgos para evaluar los posibles riesgos adicionales para la salud y los posibles riesgos para el medio ambiente y hacerles frente; y un procedimiento de concesión de licencias y una serie de disposiciones sobre transparencia, en virtud de las cuales deberá ponerse a disposición del público la información más importante sobre cualquier proyecto de reutilización del agua.

El reto para hacer atractivas las aguas regeneradas para los regantes es que los operadores del ciclo integral, que en España son punteros a nivel internacional, logren unos costes de regeneración de agua competitivos para que los usuarios opten por él frente a otras fuentes más comprometidas.

Fuente: Ecoiuris, El Agora

Nueva ordenación de las granjas porcinas: medio ambiente, sanidad y bienestar animal

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas.

Supone una profunda revisión de la normativa vigente, que data del año 2000, cuyo objetivo es la adaptación a los nuevos retos de la producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal. Una actualización que se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto.

Las principales novedades se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

Beneficios medioambientales

Son precisamente los importantes beneficios medioambientales que la aplicación de la nueva norma va a aportar, una de las señas de identidad de este Real Decreto. La norma implementa mejoras y novedades en los requisitos actualmente en vigor desde el año 2000 en materia de gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de Producción y Gestión de estiércoles, que se amplía a todas las instalaciones y que formará parte de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.

Por otra parte la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción («Mejores técnicas disponibles»). Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario tendencial sin esta normativa.

Destacan también importantes avances en relación al bienestar animal, en particular la exigencia de un plan individual para cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales.

Sanidad animal

La norma introduce también mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad de las granjas, con el fin de limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales.

Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Para asegurar el cumplimiento y la aplicación homogénea de todos los aspectos que desarrolla la norma, se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En la misma participarán los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo de esta norma, así como de los Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El sector porcino es un importante motor económico y de empleo para el medio rural, por lo que la norma trata de compatibilizar su desarrollo con la adaptación rigurosa a la exigente legislación europea y nacional en materia de emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero, o la protección del agua, así como a las nuevas necesidades en el ámbito de la sanidad o el bienestar de los animales. Todo ello atendiendo a las demandas sociales.

La publicación de este nuevo Real Decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

Fuente: www.lamoncloa.gob.es

Proyecto de Real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas

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El Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, es la normativa   básica en vigor que establece los requisitos generales que tienen que cumplir las granjas de ganado       avícola de carne, con el fin de orientar y encauzar la producción de manera ordenada y asegurando su   adecuada gestión productiva y sanitaria. Así, este Real Decreto establece una serie de medidas de   ordenación, únicamente para el sector avícola de carne, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales y protección del medio ambiente.

 Esta consulta pública (cuyo plazo se cerró el pasado día 26 de Septiembre),  tiene el objetivo de recabar la  opinión de los operadores del sector avícola, de las organizaciones más representativas del sector, así como de los ciudadanos en general.

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA. El sector avícola es un sector que cuenta con dos vertientes productivas diferenciadas. Por un lado la dirigida a la producción de carne de aves, y por otro a la producción de huevos. Las granjas avícolas que se dedican a la producción de carne cuentan con una normativa de ordenación desde el año 2005, sin embargo las que se dedican a la producción de huevos (es decir, la avicultura de puesta) no está incluida en dicha normativa ni cuenta con una propia. Este sector avícola de puesta cuenta con un entramado normativo que en cierta manera ha contribuido a establecer una cierta ordenación del sector, pero que se basa en normativa dispersa y en ocasiones compleja.  Por ello, resulta conveniente establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta. Dada la similitud de esta producción con la del sector avícola de carne, parece adecuado establecer un único marco normativo para ambas vertientes productivas o subsectores. Por otra parte, el marco normativo que regula las producciones ganaderas y, en general, la producción de alimentos de origen animal, ha cambiado radicalmente en estos años, en el ámbito de la sanidad animal, de la higiene y trazabilidad, y en el ámbito de la protección ambiental. Esta evolución normativa justifica, por tanto, la actualización de la normativa de ordenación para su adaptación al resto de normas que afectan a la producción avícola. Además, entre los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector durante los próximos años, destaca el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal y los nuevos compromisos en materia medioambiental, que hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte de las granjas, y la normativa de ordenación es el lugar más apropiado para su regulación. En materia de bioseguridad y sanidad animal, resulta conveniente actualizar algunos de los requisitos incluidos en la normativa actual, además de añadir o reforzar algún otro con el fin de minimizar en la medida de lo posible los riesgos sanitarios de las granjas y por tanto la aparición y propagación de enfermedades animales. Así mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado avícola, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales, en materia de ubicación de granjas y distancias mínimas entre las granjas y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higio-sanitario. En materia medioambiental, cabe destacar las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, que fija compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los Estados miembros, entre los que tiene mucha importancia para el sector avícola los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco, puesto que este sector es el responsable, aproximadamente, del 14% de las emisiones totales de amoniaco a la atmósfera en España. En este sentido, la normativa de ordenación sectorial es el marco apropiado para el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir las emisiones en las granjas, que permitan, a su vez, reducir las emisiones globales de amoniaco a la atmósfera. 

B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA. La modificación del marco regulador que establece normas básicas de ordenación de la avícultura de carne, para incluir al sector avícola de puesta, actualizar los requisitos de la norma en vigor y para la incorporación de nuevas obligaciones, que permitan afrontar buena parte de los retos del sector de cara a los próximos años, justifican la necesidad de derogar el Real decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, sustituyéndolo por uno nuevo.

C) OBJETIVOS DE LA NORMA. Como se ha expuesto, la nueva norma responde a la necesidad de establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta, actualizar y ampliar buena parte de los requisitos de la normativa en vigor para el sector avícola de carne, y adaptarse a las necesidades de unos sectores que deben enfrentarse a una serie de retos durante los próximos años, especialmente en materia sanitaria y ambiental, que demandan la adopción de nuevos requisitos por parte de las granjas avícolas.

D) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS. Dada la entidad de las modificaciones que deben realizarse y en aras de facilitar su comprensión y aplicación, procede publicar un nuevo Real decreto, que sustituya y derogue el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre

Fuente: www.mapa.gob.es

Greta y la dehesa: razones para la esperanza

  Fuente: retinto.es

 El verano de 2019 ha sido especialmente prolífico en noticias relacionadas con el cambio climático y el sistema alimentario: la travesía de Greta Thunberg, la joven activista sueca contra el cambio climático; la reducción del consumo de carne por el daño que su producción genera en la salud del planeta; los ataques a las granjas por grupos animalistas o los incendios en el Amazonas. Todas estas son noticias que nos han asaltado de una forma u otra a través de los medios de comunicación y, seguramente, seguirán surgiendo nuevas noticias en todos los formatos y con temas relacionados con el medio ambiente.  

Fotografía: Retinto.es

  Tras años dedicándome a la gestión medioambiental y al asesoramiento a empresas e instituciones sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental, no me produce sorpresa que estos temas sean noticia y generen interés: el mundo verde, al igual que la revolución tecnológica, ya formaba parte de nuestras vidas y, ahora por las noticias, es un hecho notorio y público. De hecho, siempre he creído que el cumplimiento de las estrictas normas europeas, aunque sea obligado y suponga un coste y un esfuerzo para el empresario, debería haberse acompañado -como la otra cara de la moneda- de un reconocimiento por parte de la sociedad y el mercado hacia el valor añadido de los productos y servicios regulados; no siempre es o ha sido así. Y quizás este estado de alarma que se ha creado con las citadas noticas pueda alentar ese tan necesario reconocimiento, no sólo virtual y a través de las conciencias, sino del mercado. Y, para explicarlo, voy a utilizar lo que tengo más cerca y lo que he conocido desde que nací: la dehesa extremeña.

 

  No hay unanimidad en la definición del término dehesa, puesto que unos la consideran un concepto forestal y otros un simple tipo de explotación agraria. Lo que sí es pacíficamente aceptado es su inclusión en lo que se denominan sistemas agroforestales y, dentro de estos, en los sistema agrosilvopastoriles, que combinan pastos, arbolado y ganadería. De hecho, la palabra dehesa proviene del latín defesa (defensa), que aludía al acotamiento de los pastos para proteger al ganado. Y defensa es la palabra que mejor define hoy también a estos sistemas agroforestales, pues defienden al suelo, al paisaje, a la biodiversidad y a sus pobladores frente al cambio climático, la desertificación o la pobreza.

 

  Precisamente su incuestionable componente ganadero y su importancia para la protección de buena parte de la Península Ibérica, hacen de las dehesas españolas y montados portugueses un buen ejemplo de la interacción respetuosa del hombre con la naturaleza, de sistemas de manejo de la tierra y de producción de alimentos que cumplen las expectativas de los consumidores cada vez más concienciados con una explotación racional de los recursos naturales. Estas noticias, que han generado cierto nivel de preocupación e incertidumbre entre muchos ciudadanos y no pocos sectores productivos, constituyen más bien una oportunidad única para reivindicar las bondades de este ecosistema y de sus productos. Pero también, la oportunidad de empezar a recibir por fin las contraprestaciones justas a los innumerables servicios que prestan las dehesas y montados al conjunto de una sociedad realmente concienciada con el medio ambiente y el cambio climático.

 

  Comenzando por la supuesta recomendación de la ONU de abandonar el consumo de carne ante la responsabilidad del ganado en el aumento de los gases de efecto invernadero, es importante subrayar que el reputado informe “El cambio climático y la Tierra” (Agosto 2019), elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no puede resumirse tan alegre e irresponsablemente, porque de la ganadería y la agricultura depende mucha población mundial. Pero, en cualquier caso, no hace referencia a sistemas ganaderos extensivos y beneficiosos para el suelo como el de las dehesas. Es más, de hecho, tanto en este informe como en otros elaborados por la ONU y su agencia para la Alimentación (FAO), se recomienda el impulso de los sistemas agroforestales como herramientas para luchar contra el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Pero, además, Organismos internacionales como el World Economic Forum señalan en su serie sobre el “Futuro de la Carne” (Enero 2019), la gran la oportunidad que el nuevo escenario mundial sobre la producción de alimentos supone para territorios áridos, donde la cría de ganado con altos niveles de bienestar animal y elevados estándares medioambientales, es la responsable de la salud del suelo y la conservación de la biodiversidad. Se señala a este sector como un potente nicho de mercado, que producirá lo que sin duda llamaremos CARNE DE VERDAD, de alta calidad y con precios que reflejen los servicios ambientales que genera, frente a otras alternativas que se están abriendo paso para reducir el consumo de carne. Carne de verdad que, por cierto, cumple incluso con las exigencias de los más moderados  representantes del movimiento animalista. Extremadura, por ejemplo, hace muchos años que está en esta línea.

 

  En cuanto a la joven sueca y los incendios en el Amazonas, las traigo a colación porque, independientemente de las críticas e interpretaciones que circulan sobre ambas noticias, lo cierto es que me produce cierta admiración la repercusión y capacidad de concienciación mundial que genera  la ilusión y/o indignación de los anteriores ejemplos, máxime cuando nosotros no somos capaces de mirar a lo que tenemos más cerca y transmitir a nuestros jóvenes la necesidad de proteger otro “pulmón” ( que se nos muere por la seca o por el abandono del medio rural) , aunque  no sea tan grande como el Amazonas.

 

  Estamos en un momento decisivo para revertir esta situación, pero necesitamos unir esfuerzos, por muy tópico que suene. Ahora que Europa quiere alcanzar un Nuevo Acuerdo Verde y Justo, debemos defender nuestra aportación a esa nueva Europa descarbonizada. Debemos ponernos en la primera fila de eso que algunos ya denominan la “Nueva Revolución Verde”, porque el camino no es nuevo para nosotros ya que lo tenemos andado.

 

Jovita García Collado

Licenciada en Derecho.

Directora en Ambienta45, Consultores en Medio Ambiente.

Nueva Ley Agraria de las Islas Baleares

La Ley 3/2019, de 31 de enero, regula los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Islas Baleares. También los derechos y deberes de los titulares de las explotaciones agrarias, las implicaciones medioambientales de la producción agraria y la transformación y comercialización de los productos. Contempla actividades complementarias, como las agroturísticas y la agricultura de ocio y fomenta los acuerdos de custodia del territorio, los bancos de tierras y los parques agrarios.

 

La Ley 3/2019, de 31 de enero , tiene por objeto la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Illes Balears, e incluye la regulación y el registro del ejercicio de las actividades agraria y complementaria, la producción, la transformación y la comercialización agraria y agroalimentaria y los usos agrarios, entre otras materias.

El texto promueve avanzar en la soberanía alimentaria de las islas, entendida como la política agraria y alimentaria que respeta el derecho de la población a definir estrategias propias y sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, garantiza el acceso a la alimentación a toda la población a partir de la pequeña y mediana producción, respeta la cultura propia, las formas de comercialización y de gestión de los espacios que son propios del campesinado y los pescadores locales, y en la que la mujer tiene un papel fundamental.

La norma regula el ejercicio de la actividad agraria y su registro. Establece que la actividad agraria en el suelo rústico se integra entre las facultades del derecho de propiedad y que su ejercicio es libre, mediante el uso de los medios técnicos y las instalaciones adecuadas que no impliquen la transformación de la condición o las características esenciales de los terrenos, sin perjuicio de las limitaciones y los deberes que establecen la legislación aplicable y el derecho civil.

La ley establece asimismo los títulos que habilitan para este ejercicio que, según los casos, son los permisos o la declaración responsable. Así, los titulares de las explotaciones agrarias están sujetos a la presentación de la declaración responsable correspondiente para el inicio de la actividad ante la administración pública competente en materia agraria, entendiendo por tal el documento suscrito por el titular de la explotación agraria, bajo su responsabilidad, en el cual manifiesta que cumple los requisitos que establece la normativa vigente para iniciar el ejercicio de la actividad agraria, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente a este ejercicio. La norma fija los efectos de la declaración y los supuestos de exención.

Por lo que se refiere a los registros agrarios, la norma establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro agrario para ejercitar las actividades agraria y complementaria.

Derechos y obligaciones de los titulares de explotaciones agrarias inscritas

La norma regula los derechos de los titulares de las explotaciones agrarias, entre los que reconoce el de ejercer libremente la actividad agraria, sin más limitaciones que las que establecen las leyes; llevar a cabo las actividades complementarias reconocidas en la ley; residir en la explotación agraria, de acuerdo con la normativa vigente; recibir de la administración la información necesaria sobre el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa agraria y también el asesoramiento técnico necesario; y participar, a través de sus organizaciones más representativas, uniones de cooperativas y organizaciones sectoriales, en los procedimientos de adopción de decisiones relacionadas con la actividad agraria que puedan afectarle; solicitar subvenciones y ayudas; cerrar las parcelas de la explotación; permutar fincas rústicas, con la finalidad de unificar parcelas, y promover la reconstrucción, rehabilitación, reforma y cambio de uso de las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes vinculadas a la explotación agraria.

Entre las obligaciones de los titulares de las explotaciones, la ley cita las de obtener los permisos y presentar las declaraciones que prevé la legislación para el inicio y el ejercicio de la actividad; ejercer la actividad de acuerdo con las prácticas y los métodos de gestión que la normativa considere exigibles; utilizar correctamente las infraestructuras agrarias públicas; gestionar adecuadamente los productos derivados y subproductos de origen agrario, los residuos de envases de productos fitosanitarios y zoosanitarios y los residuos y subproductos de origen animal; abstenerse de liberar al medio organismos genéticamente modificados, y velar por el buen estado sanitario de cultivos, plantaciones, cosechas y masas forestales.

Competencias en materia agraria

Por lo que respecta régimen competencial, el texto distribuye las competencias reglamentarias y ejecutivas entre el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares; recoge los mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación entre ellos y crea la Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria de los consejos insulares y de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, órgano de cooperación y coordinación en materia agraria y agroalimentaria de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materias o asuntos de interés común.

Y regula los órganos colegiados de consulta y asesoramiento en materia agraria y forestal, que son los consejos agrarios insulares, el Consejo Agrario Interinsular, el Consejo Forestal Interinsular de las Illes Balears y los consejos agrarios locales.

La producción agraria

En el ámbito de la producción agraria, que comprende la producción agrícola y ganadera y el aprovechamiento forestal, la nueva ley establece los principios de la misma, planificación y el control de la cadena agraria y agroalimentaria y reconoce el carácter estratégico de la producción agraria sostenible y adaptada a las condiciones climáticas y agrarias locales.

También se refiere al régimen hídrico de las explotaciones agrarias, fomentando la reutilización de las aguas regeneradas en la agricultura cuando ello sea posible; a las energías renovables en las explotaciones agrarias; a los productos, subproductos y envases de origen agrario, recogiendo las previsiones de la legislación estatal de residuos, de la normativa comunitaria y de la planificación sectorial de las Illes Balears; y al estiércol, estableciendo reglas relativas a la producción, el almacenamiento, la gestión, recogida, transporte y utilización del mismo.

Por otra parte, la norma reconoce el carácter estratégico de la ganadería desarrollada de manera sostenible para la seguridad alimentaria local y para garantizar el mantenimiento de los recursos naturales que la sostienen. Incluye una serie de disposiciones relativas a la producción ganadera, tales como identificación del animal, movimientos y bienestar del mismo y alimentación, así como obligaciones en materia de sanidad animal.

El texto incorpora las disposiciones aplicables a la gestión y aprovechamiento forestal, incluyendo el aprovechamiento y la gestión de la biomasa y la creación de reservas y vedados de recursos silvestres.

La actividad complementaria

Dentro de la regulación de la actividad complementaria a la agraria, que comprende las actividades que tengan lugar en la explotación agraria con carácter vinculado a esta y cuyo ejercicio cesará cuando finalice la actividad agraria, la norma recoge los principios básicos que establece la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias, e incluye novedades tales como la inclusión de otras actividades de diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación agraria preferente, que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.

Además, regula las actividades complementarias agroturísticas y de agricultura de ocio relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas, entre las que incluye las siguientes, vinculadas a una explotación agraria preferente: los agroturismos, las agroestancias, las actividades de agroocio y las actividades de agrocultura. También se refiere a las actividades complementarias relacionadas con équidos.

Usos agrarios

Por lo que respecta a los usos agrarios, la nueva ley los define como los relacionados con el destino o la naturaleza de las fincas cuando se vinculen a las actividades agraria y complementaria, pero se refiere no solo a los usos en materia agraria, sino también en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Establece el principio de vinculación del planeamiento económico, territorial, ambiental y de cualquier otro tipo y el criterio de que los usos agrarios sean usos admitidos no sujetos a la declaración de interés general, por el hecho de que están vinculados con el destino o la naturaleza de las fincas. Por ello, se mantiene la posibilidad de exonerar, de manera total o parcial, del cumplimiento de las condiciones que establezca el planeamiento territorial o urbanístico relativo a las edificaciones, construcciones e instalaciones, agrarias y complementarias, excepto las agroturísticas y de agricultura de ocio, en concordancia con la Ley del suelo rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vinculadas con el destino o la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo.

Asimismo la norma se ocupa de la agrupación y división de fincas rústicas, que deberán respetar la unidad mínima de cultivo o forestal, que es la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las tareas fundamentales para cultivarla, utilizando los medios normales y técnicos de producción, se puedan llevar a cabo con un rendimiento satisfactorio teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o la zona. Se determinan dichas unidades mínimas.

Y aborda el régimen de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones vinculadas a las actividades agraria y complementaria, determinando las condiciones de las mismas.

Reconocimiento de los valores agrarios y los servicios ambientales

El texto regula las figuras de reconocimiento de los valores agrarios y de los servicios ambientales, ecosistémicos y sociales que puede ofrecer la actividad agraria, tales como los contratos territoriales suscritos entre la administración y los titulares de explotaciones agrarias o los acuerdos de custodia del territorio suscritos entre entidades de custodia y explotaciones agrarias, que permiten que los agricultores perciban compensaciones por aquellos servicios públicos que no paga el mercado porque no son mercancías, y establece mecanismos de creación de parques agrarios, en zonas periurbanas, y de bancos de tierras, que faciliten el contacto entre la oferta y la demanda de fincas rústicas, cultivadas o cultivables, o para fines de conservación de la naturaleza.

Transformación y comercialización

La norma recoge la normativa comunitaria y estatal sobre la transformación y la comercialización agraria y sobre las denominaciones de calidad diferenciada, figura que sirve para identificar un producto agrario o alimentario con características diferenciales, que tiene un reglamento o un pliego de condiciones y que dispone de un sistema para controlarla.

Dispone que los productos agrarios y agroalimentarios, en todas sus fases, ofrecerán a los destinatarios una información veraz, objetiva, completa y comprensible sobre las características esenciales propias, con indicaciones para usarlos o consumirlos correctamente, y advertencias sobre los riesgos previsibles que implique su uso o consumo, de manera que los usuarios puedan realizar una elección consciente y racional entre estos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria. Los que se comercialicen a granel deben ir identificados, debiendo los operadores garantizar su trazabilidad.

El texto regula la transformación de productos agrarios y agroalimentarios, así como la promoción y la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears, con especial referencia a la venta directa, entendida como el acto de vender sin intermediarios los productos obtenidos de las actividades agraria y complementaria de la misma explotación agraria, incluyendo también los productos transformados en industrias de transformación agraria sin carácter de complementaria, siempre que los ingredientes primarios tengan su origen en la explotación agraria.

Mejora del conocimiento agrario, función social y preventiva y asociacionismo agrario

Para la mejora del conocimiento agrario, la nueva ley se ocupa de la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación y la estadística agrarios y crea la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario como programa de la política agraria común de las Illes Balears.

Dentro de la función social y preventiva, la norma se refiere, de una parte, a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, y de otra, a los seguros agrarios, las zonas catastróficas y la prevención de riesgos laborales.

Y contempla el asociacionismo agrario, con mención especial al cooperativismo, e incorpora el régimen de inspección y de infracciones y sanciones en materia agraria y agroalimentaria.

 

Esta Ley entra en vigor el 1 de marzo de 2019, a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Las disposiciones transitorias se refieren al régimen transitorio de las agroestancias, a las zonas de alto valor agrario, al instrumento de gestión forestal sostenible para los montes públicos y a las atribuciones y funciones en materia agraria en Mallorca.

Fuente: Diario La Ley

Alimentos ecológicos: nuevas normas para garantizar calidad y apoyar al sector

El Parlamento aprobó el jueves, 19 de Abril,  nuevas reglas sobre alimentación ecológica para apoyar a los productores y ofrecer a los consumidores productos de alta calidad.

El pleno respaldó la nueva ley sobre producción ecológica y etiquetado, cuyo contenido fue acordado en junio del año pasado por negociadores del Parlamento y el Consejo,con 466 votos a favor, 124 en contra y 50 abstenciones.

 

 

Los principales elementos de la legislación son:

Asegurar alimentos ecológicos de calidad

  • Controles estrictos a lo largo de toda la cadena de suministro. A iniciativa del PE, se efectuarán controles in situ y para todos los operadores, al menos una vez al año o una vez cada dos años si no se ha detectado ningún fraude en los últimos tres años.
  • Las importaciones tendrán que respetar los estándares comunitarios. Las actuales reglas de “equivalencia”, que obligan a los países de fuera de la UE a respetar reglas similares pero no idénticas dejarán de aplicarse en un plazo de cinco años.

Impulsar la producción dentro de la UE

  • Aumento de la oferta de semillas y animales ecológicos para responder a la demanda de los productores. Las excepciones que permiten el uso de semillas y animales convencionales en la producción ecológica expirarán en 2035.
  • Explotaciones mixtas, para fomentar la reconversión: se permitirán las explotaciones que produzcan tanto alimentos convencionales como ecológicos, siempre que las dos actividades estén separadas de manera clara y efectiva.
  • Certificación más fácil para los pequeños agricultores: certificación en grupo para ahorrar tiempo y dinero a los pequeños agricultores que desean pasar a la producción ecológica.

Evitar la contaminación con pesticidas químicos o fertilizantes sintéticos

  • Medidas preventivas: medidas obligatorias para agricultores y otros operadores para evitar la contaminación. En caso de sospecha de presencia de un plaguicida o fertilizante no autorizado, el producto final no podrá etiquetarse como ecológico hasta que la contaminación no sea investigada; si la contaminación fue deliberada o el operador no aplicó las medidas preventivas, el producto perderá su estatus ecológico.
  • Los países que ya establecen umbrales máximos para las sustancias no autorizadas en los alimentos ecológicos, como los plaguicidas, podrán seguir haciéndolo pero deberán abrir su mercado a los productos de otros países de la UE que cumplan las normas comunitarias.

Cuatro años tras la entrada en vigor del reglamento, la Comisión evaluará sobre la efectividad de las normas para evitar la contaminación y sobre el efecto de los umbrales nacionales y propondrá, si lo ve necesario, legislación para armonizarlos.

Próximos pasos

El texto debe todavía ser adoptado formalmente por los ministros de la UE. La legislación se aplicará a partir de enero de 2021.

 Fuente: Parlamento Europeo

Los auditores de la UE examinarán el sistema de control de los alimentos ecológicos

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) está realizando una auditoría sobre los controles de los alimentos ecológicos en la UE. Los auditores examinarán el sistema de control que rige la producción, transformación, distribución e importación de productos ecológicos, y tratarán de evaluar si los consumidores pueden confiar más ahora en que los productos son realmente ecológicos que en el momento de la última auditoría del TCE de este sector en 2012. Asimismo, los auditores han publicado un documento informativo sobre el sistema de control de alimentos ecológicos de la UE para los interesados en el tema.

 

La producción ecológica es una manera de producción de alimentos y otros productos que respeta los ciclos de vida natural. La naturaleza ecológica de los productos es verificada sobre la base de un sistema de certificación establecido en la legislación de la Unión y supervisado por la Comisión Europea. El sistema es aplicado por los Estados miembros y las inspecciones son efectuadas por organismos públicos y privados. Las ventas al por menor del mercado ecológico de la UE crecieron en un 54% entre 2010 y 2015. La superficie total de agricultura ecológica de la UE aumentó en un 21% en el mismo período. Las importaciones de productos ecológicos crecieron en un 32% entre 2012 y 2015. Aunque el precio de los productos ecológicos es superior al de los producidos de manera convencional, el mercado se esfuerza por satisfacer la demanda, y el recargo que los consumidores están dispuestos a pagar tiene el potencial de fomentar las ventas ecológicas fraudulentas. En palabras de Nikolaos Milionis, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría, «el desafío al que se enfrenta el sector ecológico es garantizar un crecimiento constante de oferta y demanda, manteniendo la confianza de los consumidores.» En el marco de la política agrícola común, los agricultores certificados reciben un «pago de ecologización». También pueden recibir apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, tanto para la conversión a las prácticas agrícolas ecológicas como para el mantenimiento de las mismas. La contribución total del Fondo a los pagos a la agricultura ecológica del período 2014-2020 asciende a 6 500 millones de euros.

La publicación del informe de auditoría está prevista para principios de 2019. Formará parte de una serie de informes del TCE sobre varios aspectos de la cadena alimentaria, entre ellos, Despilfarro de alimentos (publicado en enero de 2017), Bienestar animal (en curso) y Seguridad alimentaria (en curso).

Fuente: www.eca.europa.eu

La Comisión Europea lanza una consulta pública para frenar el declive de las abejas y otros polinizadores

La Comisión Europea pide la opinión de apicultores, científicos, entidades y ciudadanos para frenar el descenso de las poblaciones de insectos polinizadores

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el descenso de las poblaciones de abejas y otros insectos polinizadores con el objetivo de recopilar opiniones que ayuden a la elaboración de una estrategia europea para abordar el problema, según ha informado en una nota difundida el 11 de enero.

El Ejecutivo comunitario pretende diseñar una iniciativa comunitaria para combatir este fenómeno y para ello ha solicitado la contribución de científicos, agricultores, empresas, organizaciones medioambientales y autoridades públicas. La consulta pública estará disponible hasta el 5 de abril de este año.

El organismo europeo con sede en Bruselas ha destacado que la revisión intermedia de la estrategia sobre biodiversidad de la Unión Europea mostró que la polinización puede estar decreciendo de forma "significativa" y que casi una de cada diez especies de abejas y mariposas están en peligro de extinción.

Además, la Comisión Europea estima que unos 15.000 millones de euros de la producción agrícola anual se atribuyen directamente a los polinizadores.

Por ello, la consulta pública plantea una serie de acciones para atajar el descenso de las colonias, como analizar los riesgos de los pesticidas, proteger y restaurar los hábitats de estas especies en los espacios de la red Natura 2000 y en las zonas rurales y urbanas fuera de esta red, proteger a los polinizadores de enfermedades, apoyar los esfuerzos del sector privado, reducir la contaminación o crear incentivos de mercado para el desarrollo de actividades beneficiosas para estos insectos.

De la misma forma, pregunta sobre la efectividad para incrementar la concienciación, el conocimiento y la colaboración de acciones como encaminadas a involucrar a comunidades locales, fomentar el intercambio de ideas entre grupos de interés y Estados miembros o impulsar el diseño de estrategias a nivel local, regional y nacional.

"Conocemos bien los descensos de algunos polinizadores mientras que existen laguna de conocimiento para otros. Pero sobre lo que no hay duda es de que es el momento de actuar. Si no lo hacemos, nosotros y generaciones futuras tendremos que pagar un precio muy alto", ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

De la misma forma, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha subrayado la importancia de los polinizadores para la seguridad alimentaria y las comunidades agrículas de la UE, así como para "la vida en el planeta". "No podemos permitir que sigamos perdiéndolos", ha dicho el irlandés.

Fuente: www.lavanguardia.com; www.europea.eu

 

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