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La Comisión Europea propone normas más estrictas para una atmósfera y unas aguas más limpias

La Comisión Europea ha propuesto normas más estrictas sobre los contaminantes del aire ambiente, las aguas superficiales y subterráneas y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El aire puro y el agua limpia son esenciales para la salud de las personas y los ecosistemas.

La contaminación atmosférica por sí sola hace que casi 300 000 europeos mueran prematuramente cada año, y las nuevas normas propuestas reducirán en más de un 75 % en diez años los fallecimientos provocados por los niveles del principal contaminante, las PM_2,5 superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En la atmósfera y las aguas, todas las nuevas normas ofrecen un claro rendimiento de la inversión gracias a los beneficios en materia de salud, ahorro energético, producción de alimentos, industria y biodiversidad. Aprovechando las lecciones extraídas de la legislación vigente, la Comisión propone tanto endurecer los niveles permitidos de contaminantes como mejorar su aplicación, de modo que los objetivos de reducción de la contaminación se alcancen con mayor frecuencia en la práctica.

Las propuestas constituyen un avance clave hacia el objetivo del Pacto Verde Europeo de conseguir un medio ambiente sin contaminación perjudicial de aquí a 2050. También responden a peticiones concretas expresadas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Franz Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «Nuestra salud depende de nuestro medio ambiente. Un medio ambiente poco saludable tiene consecuencias directas y costosas para nuestra salud. Cientos de miles de europeos mueren prematuramente cada año y muchos más sufren enfermedades de corazón y pulmón cánceres provocados por la contaminación. Cuanto más tiempo esperemos para reducir esta contaminación, mayores serán los costes para la sociedad. Queremos que nuestro medio ambiente quede libre de contaminantes nocivos de aquí a 2050. Esto nos obliga a intensificar nuestros esfuerzos ahora. Nuestras propuestas para seguir reduciendo la contaminación atmosférica y del agua son un elemento crucial para resolver el problema».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha comentado: «La calidad del aire que respiramos y del agua que utilizamos es fundamental para nuestras vidas y el futuro de nuestras sociedades. La contaminación atmosférica y del agua perjudica a nuestra economía y al medio ambiente y afecta sobre todo a los más vulnerables. Por lo tanto, es nuestro deber limpiar la atmósfera y el agua para nuestra propia generación y para las futuras. El coste de la inacción es mucho mayor que el de la prevención. Esta es la razón por la que la Comisión está actuando ahora en pro de una actuación coordinada de la UE para combatir mejor la contaminación en su origen, tanto a nivel local como transfronterizo».

Una atmósfera más limpia de aquí a 2030, objetivo de contaminación cero para 2050

La revisión propuesta de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente establecerá normas provisionales de calidad del aire de la UE para 2030 más ajustadas a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que pondrá a la UE en el camino de lograr una contaminación atmosférica nula de aquí a 2050, en sinergia con los esfuerzos de neutralidad climática. A tal fin, hemos propuesto una revisión periódica de las normas de calidad del aire para reevaluarlas en consonancia con las pruebas científicas más recientes, así como con las tendencias sociales y las novedades tecnológicas. Se propone una reducción en más de la mitad del valor límite anual aplicable al mayor contaminante, las partículas finas en suspensión (PM_2,5).

La revisión velará por que las personas que sufran problemas de salud como consecuencia de la contaminación atmosférica tengan derecho a ser indemnizadas en caso de infracción de las normas de calidad del aire de la UE. También tendrán derecho a estar representadas por organizaciones no gubernamentales en acciones judiciales colectivas de daños y perjuicios. La propuesta aportará mayor claridad sobre el acceso a la justicia, unas sanciones eficaces y una mejor información pública acerca de la calidad del aire. La nueva legislación apoyará a las autoridades locales al reforzar el control de la calidad del aire, la modelización y unos mejores planes de calidad del aire.

Las propuestas presentadas hoy dejan en manos de las autoridades nacionales y locales decidir qué medidas concretas adoptan para alcanzar las normas. Al mismo tiempo, las políticas actuales y nuevas de la UE en materia de medio ambiente, energía, transporte, agricultura, I+i y otros ámbitos aportarán una importante contribución, tal y como se explica en la ficha informativa.

La propuesta presentada hoy contribuirá a una mejora drástica de la calidad del aire en Europa de aquí a 2030, lo que generará beneficios brutos estimados en una cifra comprendida entre 42 000 y 121 000 millones de euros en 2030, con un coste inferior a 6 000 millones de euros anuales.

La contaminación atmosférica es la mayor amenaza medioambiental para la salud y una de las principales causas de enfermedades crónicas, por ejemplo, ictus, cáncer y diabetes. Ningún europeo se libra, pero afecta de manera desproporcionada a los grupos sociales sensibles y vulnerables. La atmósfera contaminada también perjudica al medio ambiente al provocar acidificación, eutrofización y daños en los bosques, los ecosistemas y los cultivos.

Tratamiento mejor y más eficaz desde el punto de vista de los costes de las aguas residuales urbanas

La Directiva revisada sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas contribuirá a que los europeos disfruten de unos ríos, lagos, aguas subterráneas y mares más limpios, al tiempo que hará que el tratamiento de las aguas residuales sea más eficaz desde el punto de vista de los costes. Para hacer el mejor uso posible de las aguas residuales como recurso, se propone aspirar a la neutralidad energética del sector de aquí a 2040 y a mejorar la calidad de los lodos para facilitar una mayor reutilización, lo que contribuirá a una mayor economía circular.

Varias mejoras contribuirán a la protección de la salud y del medio ambiente. Entre ellas figuran normas más estrictas en materia de nutrientes procedentes de las aguas residuales, nuevas normas en materia de microcontaminantes y nuevos requisitos de control de los microplásticos. Las obligaciones de tratamiento del agua se ampliarán a los municipios más pequeños, esto es, de mil habitantes, frente a los de dos mil habitantes a los que se aplican actualmente. Para contribuir a lidiar con las lluvias torrenciales, más frecuentes debido al cambio climático, es necesario establecer planes integrados de gestión hídrica en las grandes ciudades. Por último, teniendo en cuento lo vivido con la COVID-19, la Comisión propone que se realice un seguimiento sistemático de las aguas residuales para detectar varios virus, por ejemplo, el CoV-SARS-19, así como la resistencia a los antimicrobianos.

Se exigirá a los países de la UE que velen por que todo el mundo tenga acceso a los servicios de saneamiento, especialmente los grupos vulnerables y marginados.

Puesto que el 92 % de los microcontaminantes tóxicos que se hallan en las aguas residuales de la UE proceden de productos farmacéuticos y cosméticos, un nuevo régimen de responsabilidad ampliada de los productores obligará a estos a sufragar los gastos de su eliminación. Esto se ajusta al principio de «quien contamina paga» y también incentivará la investigación y la innovación en productos sin sustancias tóxicas, además de hacer que la financiación del tratamiento de las aguas residuales sea más equitativa.

El sector de las aguas residuales tiene sin aprovechar un importante potencial de producción de energías renovables, por ejemplo, a partir del biogás. Se exigirá a los países de la UE que hagan un seguimiento de la contaminación industrial en origen para aumentar las posibilidades de reutilización de los lodos y las aguas residuales tratadas, evitando así la pérdida de recursos. Las normas sobre la recuperación del fósforo de los lodos favorecerán su uso para fabricar fertilizantes, lo que redundará en beneficio de la producción de alimentos.

Se calcula que los cambios aumentarán los costes en un 3,8 % (hasta 3 800 millones de euros anuales en 2040) por un beneficio de más de 6 600 millones de euros al año, con una relación coste-beneficio positiva en cada Estado miembro.

Protección de las aguas superficiales y subterráneas frente a nuevos contaminantes

Sobre la base de pruebas científicas actualizadas, la Comisión propone que se actualicen las listas de contaminantes del agua para un control más estricto de las aguas superficiales y subterráneas.

Se añadirán a las listas 25 sustancias con efectos problemáticos bien documentados en la naturaleza y la salud humana. Por ejemplo:

– PFAS, un gran grupo de «sustancias químicas eternas» empleadas, entre otras cosas, en los utensilios de cocina, las prendas de vestir y los muebles, la espuma contra incendios y los productos de cuidado personal;

– una serie de plaguicidas y productos de degradación de plaguicidas, tales como el glifosato;

– bisfenol A, plastificante y componente de los envases de plástico;

– algunos productos farmacéuticos utilizados como analgésicos y antiinflamatorios, y antibióticos.

Las sustancias y sus normas se han seleccionado mediante un proceso transparente y basado en la ciencia.

Además, aprovechando las enseñanzas extraídas de sucesos como la mortandad masiva de peces en el río Oder, la Comisión propone avisos obligatorios tras sucesos río abajo en las cuencas hidrográficas. También hay mejoras en materia de seguimiento, presentación de informes y facilitación de futuras actualizaciones de la lista para mantenerla al día desde el punto de vista científico.

Las nuevas normas reconocen los efectos acumulativos o combinados de las mezclas, alejándose así del planteamiento actual centrado únicamente en sustancias concretas.

Además, se actualizarán (para hacerlas más estrictas en su mayoría) las normas correspondientes a dieciséis contaminantes ya cubiertos por las normas, tales como los metales pesados y las sustancias químicas industriales, y se eliminarán cuatro contaminantes que ya no constituyen una amenaz en toda la UE.

Próximas etapas

Las propuestas serán examinadas ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. Una vez adoptadas, surtirán efecto progresivamente, con objetivos diferentes para 2030, 2040 y 2050, y dejarán a la industria y a las autoridades margen para adaptarse e invertir allí donde sea preciso

Se publica una guía de orientación de la Comisión Europea sobre las evaluaciones de planes y proyectos que puedan afectar a espacios RedNatura2000

El Diario de la Unión Europea y el Boletín Oficial del Estado español publican la Comunicación de la Comisión Europea «Evaluación de planes y programas en relación con espacios Natura 2000: orientación metodológica sobre el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE, sobre los Hábitats

El objeto de este documento es ofrecer orientación metodológica sobre la aplicación del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats. Dicha orientación está concebida para ayudar a las autoridades y agencias nacionales de los Estados miembros y los países candidatos, así como a promotores, consultores, gerentes de los lugares, profesionales y otras partes interesadas, a aplicar las obligaciones que se desprenden de las citadas disposiciones. El presente documento expone las opiniones de la Comisión Europea y no es jurídicamente vinculante; solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es competente para interpretar de forma vinculante el Derecho de la Unión.

El artículo 6 de la Directiva, apartados 3 y 4, establece un procedimiento por etapas para la evaluación de planes o proyectos que puedan afectar a espacios Natura 2000, el cual consta de tres etapas principales:

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Etapa uno: evaluación previa. La primera parte del procedimiento consiste en una etapa de cribado («evaluación previa») para determinar si el plan o proyecto está directamente relacionado con la gestión de un espacio Natura 2000 o es necesario para esta y, si no es el caso, si es probable que tenga efectos apreciables en el lugar (7) (por sí solo o en combinación con otros planes o proyectos), teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. La etapa uno se rige por el artículo 6, apartado 3, primera parte de la primera frase.

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Etapa dos: evaluación adecuada. Si no puede descartarse que puedan producirse efectos apreciables, la siguiente etapa del procedimiento implica evaluar la repercusión del plan o proyecto (individualmente o en combinación con otros planes o proyectos) en función de los objetivos de conservación del lugar en cuestión, y determinar si afectará a la integridad del espacio Natura 2000, teniendo en cuenta todas las medidas de mitigación. Corresponderá a las autoridades competentes decidir si autorizar o no el plan o proyecto a la luz de las conclusiones de la evaluación adecuada. La etapa dos se rige por el artículo 6, apartado 3, segunda parte de la primera frase y segunda frase.

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Etapa tres: excepción del artículo 6, apartado 3, en determinadas condiciones. La tercera etapa del procedimiento se rige por el artículo 6, apartado 4. Únicamente se aplica si, pese a una evaluación negativa, el promotor considera que el plan o proyecto debe llevarse a cabo por razones imperiosas de interés público de primer orden. Esta opción solo es posible si no existen soluciones alternativas, si las razones imperiosas de interés público de primer orden se justifican debidamente y si se adoptan las medidas compensatorias adecuadas para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

En cada etapa del procedimiento influye la anterior. Por tanto, el orden en que se siguen las etapas es fundamental para aplicar correctamente el artículo 6, apartados 3 y 4. El gráfico muestra un diagrama de este procedimiento.

Sometido a información Pública el Real Decreto que modifica los Anexos I y II de la Ley de Evaluación amabiental, adaptándola a la normativa europea y garantizando evaluaciones de impacto ambiental más exigentes.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 6, del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se pone a disposición de los interesados el proyecto de Real Decreto de modificación de los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a efectos de recabar sus observaciones al mismo.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus aportaciones a través del formulario que se adjunta, que deberá dirigirse al siguiente buzón de correo electrónico: Bzn-alegaPRDLEA@miteco.es

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté claramente identificado (nombre y dirección de la organización o persona, teléfono de contacto y correo electrónico) y siempre que se remitan en el formulario adjunto.

El plazo para la remisión de los formularios es de quince días hábiles, por lo que se inicia con la publicación de la documentación en la web, finalizando el 4 de noviembre de 2021, inclusive.

El proyecto de Real Decreto tiene por objeto garantizar la adecuada transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2011/92/UE de evaluación de impacto ambiental, dando adecuada respuesta al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión, así como dotar a dichos Anexos de una mayor coherencia y actualización, de acuerdo con la normativa sectorial vigente, la evolución de la tecnología y la experiencia adquirida durante los años de aplicación de la ley por los órganos ambientales.

La metodología utilizada para el análisis y modificación de los epígrafes de los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, parte de la determinación de los impactos significativos típicos de cada tipo de proyecto. Esta labor se ha basado en la utilización de los criterios contemplados en el Anexo III de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, criterios que han de aplicarse en el posible establecimiento de umbrales, respecto de la redacción de la norma comunitaria, por parte de los Estados miembros para la determinación de régimen de evaluación ambiental aplicable a los distintos tipos de proyectos.
En concreto, estos criterios se refieren a las características y ubicación de los proyectos, y en particular a la sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas y características de los potenciales impactos (área geográfica y tamaño de la población afectada, carácter transfronterizo; magnitud y complejidad,
probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad del impacto). Dentro de las características de los proyectos, se debe prestar especial atención al tamaño del mismo, la acumulación con otros proyectos, la utilización de recursos naturales, la generación de residuos, las emisiones y el riesgo de accidentes, entre otros, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.

Teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia de evaluación ambiental en el Estado Autonómico español, se ha considerado fundamental abordar esta tarea mediante un grupo de trabajo con representación de las autoridades ambientales de todas las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como con la intervención de otros agentes afectados, como los órganos sustantivos.

Respecto del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, las modificaciones han ido enfocadas a actualizar determinados epígrafes, para adaptarlos a la normativa sectorial vigente y mantener la coherencia con la nueva redacción del Anexo II.

Por su parte, el Anexo II de la Ley 21/2013, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, concentra la mayor parte de las novedades de este real decreto. Tras la revisión de todos los Anexos, se ha optado por:

1.Eliminar el umbral y asumir la redacción de la Directiva cuando no existe motivación para su mantenimiento, o bien

2.Mantener un umbral motivado en:

-los criterios del Anexo III de la Directiva, o

-en normativa sectorial vigente o basado en la experiencia de los órganos evaluadores de las distintas administraciones territoriales.

De este modo, se incrementa la protección del medio ambiente ya que aumenta el número de proyectos con necesidad de evaluación de impacto ambiental y se garantiza que los proyectos situados por debajo de los umbrales legales, no tendrán una incidencia significativa en el medio ambiente que justifique la evaluación ambiental.

Asimismo, aquellos proyectos que, estando por debajo de los umbrales, estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten de manera especial al medio hídrico, respecto de los que se prevén potenciales impactos significativos típicos, deberán ser sometidos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al menos simplificado.

Fuente: www.miteco.gob.es

DECRETO-LEY 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Diario Oficial de Extremadura publica el Decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo fijar el marco general, con las estructuras de gobernanza en la Junta de Extremadura, de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea, tanto los estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea.

Además, el decreto ley establece una serie de medidas extraordinarias y urgentes de modernización administrativa y, en especial, para una mejor implementación de los fondos de la Unión Europea.

Para alcanzar estos objetivos, la norma aborda varios ámbitos de gestión de la Administración: las estructuras de gobernanza e instrumentos de gestión pública; la transformación digital de la Administración Pública; la flexibilización en materia contable; la agilización en la tramitación de subvenciones y contratación; y la tramitación de la evaluación ambiental de proyectos estratégicos.

Concretamente, en lo relativo a la agilización de las evaluaciones ambientales , el Capítulo IX de este Decreto ley introduce especialidades en materia de evaluación ambiental en los proyectos que vayan a estar financiados total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación, en términos similares a los introducidos por la legislación estatal. En el contexto de la situación actual, la concurrencia de excepcionales circunstancias de interés público y de urgencia a las que se pretende hacer frente a través del Instrumento Europeo de Recuperación, justifica la necesidad de introducir medidas tendentes a facilitar la tramitación de determinados proyectos considerados como estratégicos que tienen como finalidad inversiones relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente y que permitan la reactivación y transformación de la economía regional, al ser proyectos que pueden provocar
un efecto tractor y multiplicador sobre otros sectores y que contribuirán a generar empleo y crecimiento a medio y largo plazo.

Además, el nuevo decreto ley aborda la modificación de distintas leyes autonómicas que mejoren los procesos de gestión y coordinación de los fondos europeos.

Esta nueva norma supone un paso más en el conjunto de medidas extraordinarias y urgentes de modernización administrativa que la Junta de Extremadura está llevando a cabo para una mejor implementación de los fondos de la Unión Europea.

En este sentido hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó recientemente el decreto por el que se establecen medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de fondos europeos.

Dicha norma establece la estructura de gobernanza de los fondos europeos en Extremadura, en la que se implica a toda la Administración regional, e incluye, asimismo, la creación de la Comisión de Fondos Europeos como órgano de apoyo a la coordinación de los programas y proyectos europeos que deba gestionar la Junta de Extremadura.

Consultar Decreto-ley: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf

El MITECO lanza una expresión de interés para fomentar la economía circular la empresa como instrumento para la recuperación

El pasado 7 de octubre, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entendido como un “proyecto de país” que orienta la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, dando respuesta a los retos de la próxima década.

Uno de los cuatro pilares fundamentales identificados en el Plan es la transición ecológica que, junto a la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad, enmarcan el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Plan contiene un total de 30 componentes, entre los que se encuentra el Componente 12 “Política Industrial de España 2030”, en el que cabe destacar el subcomponente “Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos”, que se configura como uno de los instrumentos fundamentales de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para el despliegue de la economía circular en España.

Este subcomponente está integrado por una serie de reformas e inversiones en el sector de los residuos, pero también respecto al fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa.

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España Circular 2030, aprobada en junio de 2020, sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

La EEEC se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea, “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva” de 2020, además de con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Estrategia tiene una visión a largo plazo, España circular 2030, que será alcanzada a través de sucesivos planes de acción trienales por desarrollar, que permitirán incorporar los ajustes necesarios para culminar la transición en 2030.

En el proceso de implementación de la EEEC para la transición a este nuevo modelo económico, es fundamental el papel que deben jugar los agentes económicos y sociales. Por ello el “Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha previsto la realización de inversiones en el sector empresarial, concretamente en proyectos que puedan enmarcarse en las principales líneas de actuación de la Estrategia.

Posibles ejemplos de proyectos e iniciativas empresariales que pueden tener cabida en el Plan en este ámbito serían:

– Inversiones para incentivar modelos de negocio más limpios y circulares, así como capacidades, tecnologías inteligentes, orientados a producción eficiente en recursos, modelos de logística inversa, modelos de consumo de servicios en lugar de productos y modelos de retorno para la reutilización y reacondicionado en cadenas de valor clave (por ejemplo: plásticos, textiles, tecnologías de la información y la comunicación, sector de la construcción, baterías, biorresiduos, etc.).

– Inversiones en actividades de remanufactura en los sectores del automóvil, aeroespacial, de equipamiento médico, muebles y otros.

– Apoyo a proyectos de PYMEs y entidades de economía social para:

o incrementar el contenido en reciclado de productos,

o desarrollar diseño de productos circulares seguros que incrementen la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, luchen contra la obsolescencia prematura, permitan el recambio de piezas y mejoren su comportamiento ambiental a lo largo del ciclo de vida,

o invertir en actividades de reparación y remanufactura, y consumo de servicios,

o sustituir productos de un solo uso y reducción /sustitución del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos.

– Proyectos entre empresas relacionados con la simbiosis industrial para favorecer la circularidad de las materias primas secundarias, desarrollo de redes comerciales que permitan fomentar la simbiosis industrial de materiales, etc.

Con el objetivo de impulsar de modo eficiente el despliegue de las medidas sobre economía circular en las empresas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanza la presente consulta para la formulación de expresiones de interés, con el objetivo de identificar el interés y el estado del mercado en torno a proyectos de economía circular en el ámbito de la empresa, así como los aspectos más relevantes de dichos proyectos y actuaciones. La información recopilada permitirá definir las líneas estratégicas de actuación en este ámbito.

La no presentación de una expresión de interés o respuesta a la consulta no limitará la posibilidad de presentar propuestas en una eventual convocatoria de ayudas. Del mismo modo, la participación en esta expresión de interés no genera ningún derecho respecto al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para la consecución de los objetivos propuestos, ni genera ninguna obligación a la Administración.

Plazo de remisión

Plazo para presentar propuestas desde el 27 de enero hasta el 26 de febrero de 2021.

Presentación de propuestas y proyectos

Las propuestas podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sug_residuos@miteco.es

Las propuestas y proyectos podrán remitirse a la dirección de correo indicada, cumplimentando obligatoriamente la plantilla adjunta, que podrá ser complementada con una breve memoria o documentación adicional que aporte información relevante. En todo caso, los documentos tendrán una limitación de 3 páginas.

Con carácter general las respuestas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes que se consideren confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, motivando las razones de dicha calificación.

Fuente: www.miteco.gob.es

Aprobada la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado hoy la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, una herramienta de planificación fundamental para identificar, conservar y recuperar los ecosistemas dañados de todo el territorio español y conectarlos entre sí. El plan aprobado hoy por el Consejo de Ministros constituye una hoja de ruta fundamental para la recuperación verde en cuestiones de biodiversidad, así como un instrumento para atraer inversiones en esta materia en las próximas décadas.

La Estrategia aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza en España: el deterioro de los ecosistemas y los servicios que nos prestan, así como su fragmentación. Para abordarlo, se pondrán en marcha una serie de actuaciones de gran calado, en el corto, medio y largo plazo, a ejecutar por las diferentes Administraciones, con el objetivo de consolidar una red coherente de zonas naturales y seminaturales totalmente conectadas en España para el año 2050.

Esta red asegura el buen estado de los ecosistemas y, con ello, el abastecimiento de los servicios que nos prestan, así como la conectividad ecológica necesaria para prevenir el aislamiento genético de las especies de fauna y flora, facilitar las migraciones y, en definitiva, mantener una biodiversidad sana y resiliente a los impactos del cambio climático.

La infraestructura verde es multifuncional porque ofrece múltiples beneficios en un mismo ámbito territorial. Estas funciones pueden ser de tipo ambiental (conservación de la biodiversidad, restauración, o conectividad ecológica); social (mejora del medio rural y fomento de sus oportunidades o espacios verdes para el disfrute de la población); económicas (creación de empleo, minoración de costes por mitigación de los impactos del cambio climático o servicios que aportan los ecosistemas); o políticas (desarrollo regional o local, lucha contra el cambio climático, gestión del riesgo de catástrofes, agua, agricultura o silvicultura), entre otras.

La Estrategia marca las directrices para la identificación y conservación de los elementos que componen la infraestructura verde del territorio español y para que la planificación territorial y sectorial que realicen todas las Administraciones Públicas integre este concepto y lo tenga en cuenta en la planificación a todos los niveles por parte de Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Además, cuenta con fechas hito para hacer seguimiento de su cumplimiento.

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA

Una manifestación de esta pérdida de biodiversidad es, por ejemplo, el estado de conservación de los tipos de hábitat y las especies: sólo el 9% de los primeros y aproximadamente el 21% de las segundas se encuentran actualmente en estado favorable, según los datos del informe nacional de aplicación de la Directiva Hábitats en España (periodo 2013-2018).

En lo concerniente a los tipos de hábitat, los que presentan un estado más desfavorable son los ecosistemas costeros, los acuáticos epicontinentales, los bosques, los roquedales y pedregales y, sobre todo, las turberas; en cuanto a las especies, son los mamíferos y, sobre todo, los peces, los que se encuentran en una peor situación. Tanto para los tipos de hábitat como para las especies, la situación es especialmente desfavorable en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea.

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que la sociedad obtiene de los mismos, e incluyen servicios de abastecimiento (agua dulce, alimentos o energía, por ejemplo), servicios de regulación (depuración de agua dulce, la regulación climática o la polinización, entre otros) y servicios culturales (como las actividades recreativas, el turismo o el propio disfrute estético).

La demanda de estos servicios aumenta cada vez más, con una huella ecológica que sobrepasa la capacidad planetaria de sostenernos, al mismo tiempo que aumenta la degradación de los ecosistemas. En España, el 45% de los servicios de los ecosistemas evaluados se han degradado o se están usando de forma poco sostenible, siendo los servicios de regulación los más negativamente afectados.

EL PROBLEMA DE LA FRAGMENTACIÓN DE ECOSISTEMAS

En la actualidad, el 30% del territorio de la Unión Europea presenta un grado de fragmentación entre moderado y alto. Cada año se ocupan más de 1.000 km² de territorio para la construcción de viviendas, usos industriales, carreteras o fines recreativos, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. España comparte esta tendencia, y sufre un proceso continuado de fragmentación de ecosistemas desde hace décadas.

La fragmentación de los ecosistemas está causada fundamentalmente por cambios en los usos del suelo y por la construcción de barreras locales como urbanización, intensificación agrícola, cambios en la cubierta vegetal, infraestructuras lineales de transporte, presas y azudes, canales, vallados cinegéticos, tendidos eléctricos, alineación de aerogeneradores y barreras marinas como puertos, espigones, tuberías, etc. Todas estas actuaciones conducen a la pérdida de conectividad y permeabilidad ecológicas y, a su vez, a la disminución de la biodiversidad.

En los últimos 50 años, nuestro país ha sufrido un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como consecuencia del incremento de la población –que ha crecido un 67% desde mediados del siglo XX-, y un modelo de desarrollo poco sostenible, que han llevado a drásticos cambios de uso del suelo, que constituyen actualmente el principal impulsor directo que subyace al deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en España.

A pesar de que España es uno de los Estados miembro de la UE en los que es posible encontrar mayores y más numerosas extensiones de territorio en un estado natural o seminatural, la densidad de infraestructuras asciende a 0,61 kilómetros por cada kilómetro cuadrado de superficie, superando el umbral considerado crítico de 0,60, a partir del cual se empieza a perder la funcionalidad natural del paisaje y los ecosistemas dejan de prestar sus servicios.

Actualmente no existe un diagnóstico global y completo de la conectividad del territorio en España, o del grado de fragmentación. Sí se sabe que los valores de fragmentación son más elevados a lo largo de la costa y en el nordeste peninsular, y que la fragmentación de los ecosistemas y, por lo tanto, la pérdida de conectividad y permeabilidad ecológicas, van en menoscabo de la biodiversidad y la salud del territorio.

UNA RED PARA RESTAURAR Y CONSERVAR

La Meta 0 de entre las 8 que configuran la Estrategia, descrita con este número por ser prioritaria y previa al resto, es identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la infraestructura verde en España. La red deberá contar con elementos que destaquen por el valor de su biodiversidad, por su destacada provisión de servicios ecosistémicos, o bien por su carácter como conector ecológico de relevancia. Además, podrán existir no solo elementos a conservar, sino también elementos de la infraestructura verde a restaurar, por tener un potencial valioso para formar parte de esta red aunque actualmente se encuentren degradados.

Por ello, la Estrategia va acompañada de una herramienta técnica: la Guía metodológica para la identificación de la infraestructura verde en España. Esta guía, que se está ultimando, complementa a la Estrategia nacional y ha contado con la colaboración de todos los participantes en el desarrollo de ésta.

Las otras 8 metas de la Estrategia son:

1) Reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras.

2) Restaurar los hábitats y ecosistemas degradados de áreas clave para favorecer la biodiversidad, la conectividad o la provisión de servicios de los ecosistemas, priorizando soluciones basadas en la naturaleza.

3) Mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas de los elementos de la infraestructura verde.

4) Mejorar la resiliencia de la infraestructura verde favoreciendo la mitigación y adaptación al cambio climático.

5) Garantizar la coherencia territorial de la infraestructura verde mediante la definición de un modelo de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes Administraciones e instituciones implicadas.

6) Incorporar de forma efectiva la infraestructura verde, la mejora de la conectividad ecológica y la restauración ecológica en las políticas sectoriales de todas las Administraciones, especialmente en cuanto a la ordenación territorial y la ordenación del espacio marítimo y la evaluación ambiental.

7) Asegurar la adecuada comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde.

PROGRAMAS DE TRABAJO TRIENALES

Estas metas estratégicas se ejecutarán a través de 50 líneas de actuación que, a su vez, se llevarán a cabo mediante acciones concretas. Por ejemplo, la Administración General del Estado desarrollará sus acciones en el ámbito de sus competencias mediante Programas de Trabajo trienales. Este esquema general deberá ser replicado por las Comunidades Autónomas en el desarrollo de sus respectivas estrategias autonómicas, que deberán estar aprobadas en un plazo máximo de tres años desde la publicación de esta Estrategia en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo además las acciones necesarias en cada línea de actuación.

La Estrategia plantea un calendario con hitos y evaluaciones intermedias con el objetivo último de lograr en 2050 la consolidación de esta infraestructura verde del territorio a escala estatal mediante la restauración de ecosistemas degradados, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, la integración de la infraestructura verde y sus objetivos en las políticas sectoriales estratégicas, la planificación y ordenación territorial de elementos clave para la infraestructura verde a diferentes escalas (local, metropolitana, comarcal, regional y nacional), la puesta en marcha de modelos de gobernanza que garantizan la coordinación interadministrativa e interterritorial, la plena integración de la infraestructura verde en los procesos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos sobre el territorio y la concienciación social, el compromiso y la corresponsabilidad de actores estratégicos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Además de los Programas de Trabajo, también se llevará a cabo un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional en su conjunto, teniendo en cuenta los resultados de los Programas de Trabajo y los análisis o informes específicos que se hayan realizado, así como una revisión inicial en 2023 e Informes de Evaluación intermedia (2030 y 2040) y final (2050) de la Estrategia nacional.

RED TRANSEUROPEA DE ESPACIOS NATURALES

Entre los compromisos fundamentales de la nueva Estrategia de la UE sobre biodiversidad hasta 2030 está dar protección jurídica al 30% de la superficie terrestre y marina de la UE, como mínimo, e incorporar corredores ecológicos, dentro de una auténtica Red Transeuropea de Espacios Naturales. Los Estados miembros tendrán hasta finales de 2023 para demostrar que han realizado avances significativos en la designación jurídica de nuevos espacios protegidos y en la integración de corredores ecológicos.

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas se enmarca en este contexto y también en el de la adaptación al cambio climático.

CLAVE EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La conectividad ecológica es un aspecto clave para la adaptación al cambio climático dado que numerosas especies de fauna y flora silvestres, tanto terrestres como dulceacuícolas y marinas, habrán de realizar desplazamientos para adaptar sus áreas de distribución en respuesta a los cambios en las condiciones climáticas locales y en la composición de la cubierta vegetal. A nivel ecosistémico, el cambio climático afecta no sólo a la extensión y la condición de los ecosistemas, sino también a los servicios que proveen.

En este sentido, la naturaleza es un aliado crucial en la lucha contra el cambio climático, pues regula el clima, y las soluciones basadas en la naturaleza, como la protección y recuperación de humedales, turberas y ecosistemas costeros, o la gestión sostenible de zonas marinas, pastizales y suelos agrarios y forestales, serán esenciales para la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. El despliegue de la infraestructura verde nos ayudará a enfriar las zonas urbanas y a mitigar el impacto de las catástrofes naturales, entre otros aspectos.
Fuente: Miteco.gob.es

Consulta pública sobre la Estrategia española de Descarbonización a largo plazo

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico somete a información pública el Borrador de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. El plazo para la remisión de alegaciones comprende desde el jueves, 23 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2020.

El Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno de España, según nota de prensa emitida por el Ministerio, sienta las bases para la modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 diseña la senda de descarbonización de España para la próxima década en coherencia con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, pieza fundamental de las políticas comunitarias para la reactivación de la economía frente a los efectos de la COVID-19.

Las medidas establecidas en el PNIEC suponen un hito intermedio para alcanzar la neutralidad climática antes de mediados de siglo, compromiso que se ha marcado Europa y que ha adquirido España a través de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental aprobada por el Consejo de Ministros en enero de 2020.

Como continuación en la senda iniciada por el PNIEC, el Ejecutivo ha elaborado el borrador de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que marca las líneas a seguir para lograr que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España sean neutras no más tarde de 2050, al tiempo que incluye las oportunidades que ofrece la descarbonización en términos de empleo, atracción de inversiones, activación económica, modernización y mejora de la competitividad empresarial e industrial.

El documento perfila, con la suficiente anticipación y bajo criterios de cohesión social, equidad y transición justa, la trayectoria que permitiría que el consumo final de energía –incluyendo el de edificios, transporte y sectores económicos- sea plenamente renovable a mediados de siglo, mejorando la salud y calidad de vida de la ciudadanía e incidiendo en la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Fuente: Miteco

Europa presenta una nueva Estrategia sobre biodiversidad y su esperada Estrategia «De la Granja a la Mesa»

La Comisión Europea ha adoptado una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.

En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad. Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible.

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados.

Las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y crecimiento sostenibles. Se destinarán 20 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados.

La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores sobre los alimentos saludables y sostenibles.

Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos.

Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres.

Las estrategias también tienen una importante dimensión internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021. La Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con los socios internacionales.

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha demostrado lo vulnerables que somos, así como la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen un peligro claro y actual para la humanidad. Las estrategias sobre la biodiversidad y «de la granja a la mesa», que son elementos centrales del Pacto Verde, apuntan a un nuevo y mejor equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE. Estas estrategias constituyen un elemento crucial de la gran transición que estamos iniciando».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: «Debemos avanzar y hacer que el sistema alimentario de la UE sea un motor de la sostenibilidad. La Estrategia «de la granja a la mesa» cambiará las cosas para mejor, de forma generalizada, en cuanto a la manera en que producimos, compramos y consumimos nuestros alimentos, lo que redundará en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos, de las sociedades y del medio ambiente. Brinda la oportunidad de conciliar nuestros sistemas alimentarios con la salud de nuestro planeta, de garantizar la seguridad alimentaria y de satisfacer el deseo de los europeos de una alimentación sana, equitativa y respetuosa con el medio ambiente».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «La naturaleza es vital para nuestro bienestar físico y mental, filtra nuestro aire y nuestra agua, regula el clima y poliniza nuestros cultivos, pero estamos actuando como si no importara y perdiéndola a un ritmo sin precedentes. Esta nueva Estrategia sobre la biodiversidad se basa en lo que ha funcionado antes y añade nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos. El objetivo de la UE es proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a la recuperación económica de la crisis actual y liderar el camino hacia un marco mundial ambicioso para proteger la biodiversidad del planeta».

Próximas etapas

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar estas dos estrategias y sus compromisos. Todos los ciudadanos y las partes interesadas están invitados a participar en un amplio debate público.

isión Europea ha adoptado hoy una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.

Próximas etapas

Contexto

El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Von der Leyen el 11 de diciembre de 2019, establece una ambiciosa hoja de ruta hacia una economía circular climáticamente neutra, en la que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos.

El Pacto Verde Europeo se sustenta en un ambicioso objetivo de detener e invertir la pérdida de biodiversidad mediante la transformación de nuestros sistemas alimentarios y nuestro uso de los bosques, el suelo, los recursos hídricos y el mar, además de nuestros sistemas energéticos, urbanos e industriales. También destaca

Crece la presión sobre las empresas para que divulgen su riesgo financiero relacionado con el cambio climático

Informar sobre las políticas de Responsabilidad Corporativa (RC) ya no es una opción. Es una exigencia no solo regulatoria, sino también impuesta por los inversores, que cada vez está más asumida en el día a día de las empresas en prácticamente todos los sectores. Así lo revela informe global de KPMG sobre reporte de las políticas de RC de 2017.

La décima edición de este estudio, que se publica desde 1993, es el de mayor dimensión hasta la fecha. Se ha analizado la información que recogen en sus informes financieros anuales y de RC un total de 4.900 compañías en 49 países del mundo (las 100 mayores de cada país) de varias regiones geográficas. España, uno de los países analizados, se sitúa entre los líderes mundiales en este tipo de reporte.

Entre las tendencias emergentes observadas en este informe destacan cuatro: el reconocimiento de los riesgos financieros ligados al cambio climático; la mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el reconocimiento de los Derechos Humanos como una cuestión más de negocio y la información sobre las medidas y los objetivos propios de la empresa para la reducción de la emisión de gases contaminantes.

José Luis Blasco, responsable global de Servicios de Sostenibilidad de KPMG, subraya que “no sólo los empleados, las comunidades y las ONG se interesan por cuestiones de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Los inversores son cada vez más conscientes de que aspectos que antes se consideraban "no financieros" pueden tener un efecto sustancial en la capacidad del negocio para crear valor y protegerlo tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, las empresas han de entender las últimas tendencias en términos de presentación de información y asegurarse de que sus propios informes están a la altura de las expectativas de una amplia gama de grupos de interés”.

Riesgos financieros ligados al cambio climático

Tres de cada diez de las grandes compañías mundiales ya lo recogen así en sus informes financieros anuales aunque, una mayoría cualificada (72%), todavía no hace ninguna alusión al respecto. Y las pocas que lo hacen, solo un 4% facilita a los inversores análisis sobre el posible valor en riesgo del negocio.

Por regiones, en solo cinco países del mundo la mayoría de las cien primeras empresas aluden a los riesgos financieros relativos al clima en sus informes financieros: Taiwán (88%), Francia (76%), Sudáfrica (61%), Estados Unidos (53%) y Canadá (52%). En la mayoría de los casos, es el Gobierno, el mercado de valores o el regulador financiero de dichos países el que determina la obligatoriedad o fomenta el desglose del riesgo vinculado al clima.

Desde el punto de vista sectorial, las empresas forestales y de papel (44%), química (43%), minería (40%) y petróleo y gas (39 por ciento) son las que más reconocen el riesgo vinculado al clima en sus informes. Las siguen de cerca las compañías de automoción (30%) y las de suministros públicos (38%). Atención sanitaria (14%), transporte y ocio (20%) y distribución minorista (23%) son los sectores menos dados a reconocer el riesgo climático.

Analizando las 250 empresas más grandes del mundo (G250), el reconocimiento público del riesgo financiero vinculado al clima es más habitual, si bien aún dista de tener carácter universal. Las multinacionales con sede en Francia se sitúan en cabeza —un 90% reconoce el riesgo vinculado al clima—, seguidas de las grandes empresas sitas en Alemania (61%) y el Reino Unido (60%).

Alrededor de dos terceras partes de las empresas del G250 en los sectores de distribución minorista (67%) y petróleo y gas (65%) reconocen el riesgo, mientras que sólo una tercera parte (36%) de las grandes compañías de servicios financieros lo hacen. Pese a este reconocimiento, solo seis empresas del G250 han informado a los inversores sobre los posibles efectos financieros del riesgo climático mediante un ejercicio de cuantificación o de modelización de escenarios.

José Luis Blasco, subraya que “incluso entre las empresas más importantes del mundo, son todavía muy pocas las que facilitan a los inversores indicaciones adecuadas sobre el valor en riesgo derivado del cambio climático. Nuestras conclusiones inciden en la necesidad de poner en marcha iniciativas como el Grupo de trabajo de información sobre riesgos financieros relacionados con el clima (TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera, con el objetivo de mejorar los desgloses corporativos del riesgo vinculado al clima. La presión para que las firmas incrementen sus desgloses crece día a día. Algunos inversores ya están exigiendo con firmeza la divulgación de este tipo de información; determinados países están planteándose aprobar reglamentos que obliguen a ello y algunos reguladores financieros han advertido que la ausencia de identificación y gestión del riesgo climático supone un incumplimiento de la obligación fiduciaria del Consejo. En este contexto, animamos a las empresas a que actúen rápido. De lo contrario, podrían empezar a perder inversores muy pronto y comprobar la rapidez con la que aumenta el coste del capital y de los seguros”.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Los 17 objetivos globales fijados por las Naciones Unidas a finales de 2015 para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad mundial han calado profundamente en las empresas. El 39% de las 4.900 compañías analizadas en el informe de KPMG relacionan sus iniciativas de RC con los ODS. El porcentaje sube al 43% en el caso de las 250 mayores empresas (G250) y al 53% en el caso de España.

Derechos Humanos

El 73% de las empresas reconoce los derechos humanos como una cuestión de responsabilidad corporativa que la empresa precisa abordar. En el caso de España, el porcentaje se sitúa en el 82%. Esta cifra aumenta al 90% en el grupo de las 250 mayores empresas (G25), destacando los casos de las empresas de India, Reino Unido y Japón y, por sectores, la minería.

Objetivos de reducción de emisiones de CO2

El 67% de las 250 empresas más importantes del mundo revelan sus propios objetivos para reducir las emisiones de CO2, aunque la mayoría (69%) no los alinea con los objetivos climáticos establecidos por los Gobiernos, las autoridades regionales (como la UE) o la ONU. En España, el 60% de las grandes empresas recoge sus objetivos de reducción de emisiones.

Fuente:

KPMG; Ecoiuris

La construcción crece ya a ritmos previos al 'boom'

Tras años de grúas paradas y hormigoneras vacías, la construcción vuelve a consolidarse hoy como uno de los motores de crecimiento de la economía española. La contribución de este sector al Producto Interior Bruto (PIB) alcanzó en el segundo trimestre del año incrementos desconocidos desde comienzos de siglo, con una tasa de variación del 5,8% con respecto al mismo periodo de 2014.

Ni el campo, ni la industria ni los servicios se recuperan a un ritmo tan rápido. De hecho el aumento casi duplica al 3,1% registrado por el conjunto de la economía, que ya navega a niveles de 2007.

El tirón del ladrillo responde a la reactivación tanto de la edificación en vivienda -por el aumento de la demanda- como de la obra pública, esta última impulsada de forma coyuntural en los primeros meses del año por la celebración de elecciones locales y autonómicas.

Además, la inversión de las empresas en el sector se dispara a tasas del 5,1% y el número de empleados sube un 9,2%, lo que avanza una consolidación de la tendencia en los próximos trimestres. También resurgen con subidas de doble dígito las compraventas de viviendas, la concesión de hipotecas y la solicitud de visados para la edificación de edificios.

Pero la construcción de la postcrisis es solo un reflejo de lo que llegó a ser en 2008, cuando su aportación en precios corrientes al PIB superaba el 10% y su valor bruto añadido a la economía era de 28.879 millones de euros. Luego llegó la crisis de Lehman Brothers, la burbuja inmobiliaria creada en los inicios del siglo pinchó y el sector perdió la mitad de su valor.

Pero no todo el PIB es ladrillo. Desde el punto de vista de la oferta, es el sector de los servicios ligados al comercio, la hostelería y el transporte el que más aportó a la recuperación económica en cifras redondas. La población tiene más renta disponible y la sensación de que las cosas comienzan a ir a mejor por la reducción del paro lleva a comprar más y a gastar más en ocio, a lo que hay que unir un nuevo año de gastos récord por parte de los turistas internacionales.

Incremento del gasto privado y del público

Otros factores que han impulsado el PIB, ahora desde el punto de vista de la demanda, son el gasto privado de los hogares y la inversión de las empresas, que registraron entre los meses de abril y junio aumentos respectivos del 3,5% y el 6,1%. Por contra, la demanda externa lastró en dos décimas el crecimiento económico al registrarse un aumento de las importaciones -por la mejora de la actividad económica- superior al de las exportaciones.

El otro vector que ha comenzado a repuntar tras años de austeridad es el del gasto público. El consumo de las Administraciones se incrementó un 1% anual en plena campaña y celebración electoral. Se trata del mayor aumento desde el año 2010, cuando el déficit del Estado se disparaba al 9,2% del PIB y Bruselas imponía al país una estricta dieta de gastos para lograr equilibrar sus cuentas públicas.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, remarcó ayer en rueda de prensa que este incremento no pone en peligro el cumplimiento de objetivo de déficit del 4,2% comprometido para este año. Además, restó importancia al aumento de 1.015 millones de euros en gasto público en el trimestre añadiendo que tiene una aportación "muy moderada" sobre el crecimiento de la economía.

El número 2 de Economía también defendió el crecimiento "equilibrado" del PIB y estimó una mejora "similar" durante el segundo semestre del año. En este sentido, Fernández de Mesa sentenció que la hipotética desaceleración de China y su impacto sobre los mercados financieros tiene una repercusión "limitada" sobre el comportamiento del PIB nacional.

Fuente: www.elmundo.es

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