Fiscalidad ambiental: las reformas tributarias necesarias para alcanzar la triple sostenibilidad.

Los tributos medioambientales son, primordialmente, instrumentos que buscan dar cumplimiento al principio de “quien contamina paga” y, al incorporar la variable medioambiental en los precios de bienes y servicios, llevan a la toma de decisiones adecuada por parte de los agentes.Estos tributos consiguen así mejoras medioambientales a mínimo coste porque, en condiciones de heterogeneidad entre contaminadores e información asimétrica entre estos y la autoridad reguladora, los contribuyentes revelan de forma automática sus posibilidades y costes de reducir los impactos ambientales. Además, facilitan el desarrollo y la adopción de alternativas tecnológicas limpias, cuestión crucial para el éxito de la transición ecológica. No obstante, la creciente preocupación por los efectos socioeconómicos de la transición ecológica recomienda ir más allá de consideraciones de eficiencia, con una evaluación de sus impactos distributivos y sobre la competitividad empresarial y la subsiguiente implantación de mecanismos compensatorios.

 

El Comité de expertos para la reforma tributaria se creó con la finalidad de analizar en profundidad el sistema tributario y proponer las reformas oportunas para su modernización y adaptación al contexto actual, valorando, entre otros parámetros, los efectos ambientales de las actividades económicas.

El resultado de dicho análisis se ha plasmado en el reciente Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que presta una especial atención al reto de la transición ecológica desde la triple perspectiva de la fiscalidad ambiental, la imposición societaria y la economía digital. Las propuestas abarcan la eliminación o reducción de impuestos, la introducción de nuevos tributos ambientales y la incorporación y mejora de incentivos en el Impuesto sobre Sociedades relacionados con la transición energética y la sostenibilidad ambiental.

El  Comité ha considerado el principio de efectividad como criterio básico para la definición de sus propuestas tributarias. Este exige extender el alcance de la fiscalidad medioambiental a todos los sectores y actividades que generan impactos negativos, la priorización de problemas medioambientales causados por numerosos agentes heterogéneos, la búsqueda de cambios de comportamiento e inversiones por parte de los contribuyentes, la minimización de interacciones negativas con otros instrumentos de política y, especialmente, la contribución al desarrollo y despliegue de tecnologías limpias.
El Comité ha formulado diecinueve propuestas e incorporado tres reflexiones en cuatro ámbitos: energía eléctrica, transporte, residuos y agua. Las propuestas y reflexiones del Comité cuentan con una fundamentación técnica (medioambiental, socioeconómica y jurídica), un análisis de las experiencias significativas en otros países y de la evidencia académica existente y se concretan
en medidas viables desde un punto de vista administrativo y de gestión. Se ha buscado expresamente seguir una aproximación sistémica y coherente, presentando consideraciones, principios y
directrices comunes a los ámbitos antes citados.

Como es natural, las propuestas se concentran principalmente en el capítulo de la fiscalidad ambiental. En este ámbito, el comité atribuye a los instrumentos fiscales un papel crucial en la «transición ecológica» hacia la neutralidad climática, en coordinación con otros instrumentos económicos y medidas regulatorias, al objeto de evitar interacciones negativas en forma de doble imposición, dobles costes o impactos cruzados que afecten a la efectividad medioambiental.

Bajo esta premisa, el comité articula sus propuestas en torno a cuatro áreas prioritarias de actuación, que son las siguientes:

1.     Electrificación sostenible

a)    Supresión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, al dificultar la electrificación y no promover el cambio tecnológico.

b)    Reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, modificando la base imponible para gravar la cantidad física consumida y ajustando el tipo al mínimo establecido por la nueva Directiva de Fiscalidad sobre la Energía.

c)     Introducción de medidas para mejorar el diseño y efectividad de los impuestos propios autonómicos, corrigiendo sus posibles efectos negativos sobre la electrificación y acentuando los incentivos de mejora ambiental, acompañado de procedimientos de cooperación y coordinación interadministrativa.

2.     Movilidad compatible con la transición ecológica

a)    Introducción gradual de tributos sobre los combustibles de aviación, marítimos y agrarios, destinando mayoritariamente la recaudación a compensaciones sectoriales y al desarrollo y adopción de tecnologías limpias.

b)    Igualación de la fiscalidad del diésel y la gasolina de automoción, manteniendo la actual devolución por usos profesionales.

c)     Subida sustancial de la tributación sobre los hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los carburantes de automoción, con una implantación gradual que contemple compensaciones distributivas y sectoriales para mitigar sus efectos negativos.

d)    Modificación del Impuesto de Matriculación, ligando la base imponible a las emisiones de CO2, subiendo los tipos impositivos e introduciendo un suplemento sobre el peso del vehículo. El objetivo es incentivar la compra de vehículos de bajas emisiones y disuadir la adquisición de vehículos de gran tamaño y mayor impacto contaminante.

e)    Creación de un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades, que varíe, según el volumen de tráfico, en función de la localización y hora del día. Parte de la recaudación se podría destinar a mejorar el transporte público.

f)      Creación de mecanismos tributarios para el pago por uso de determinadas infraestructuras viarias, adoptando la forma de pagos relacionados con la distancia recorrida.

g)    Exploración sobre la futura introducción de un tributo sobre el uso de los vehículos que pueda sustituir a la mayor parte de los gravámenes actuales sobre el transporte rodado (tenencia y carburantes).

h)    Creación de un impuesto sobre los billetes de avión que modere la demanda, salvo en el caso de vuelos que no generen emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), destinando parte de la recaudación a compensar al sector turístico y a los hogares de menor capacidad económica y a favorecer nuevas tecnologías en el sector aéreo.

3.     Aumento de la circularidad

a)    Incremento de tipos del futuro impuesto sobre depósito de residuos y extensión del futuro impuesto sobre envases de plásticos no reutilizables a otras categorías de envases, pero evitando la sobre-regulación cuando existan sistemas de responsabilidad ampliada del productor o sistemas de devolución y retorno.

b)    Reformulación del actual sistema de tributación municipal de residuos para vincularla a sistemas de pago por generación.

c)     Introducción o intensificación de impuestos específicos sobre ciertos productos de difícil reciclaje y de elevados costes de gestión al final de su vida útil (baterías, bolsas de plásticos, ruedas o aceites).

d)    Creación de un impuesto sobre la extracción de áridos y de un impuesto sobre fertilizantes nitrogenados, este último de forma gradual y acompañado de mecanismos compensatorios.

e)    Extensión y armonización de la fiscalidad sobre ciertas emisiones de las grandes instalaciones industriales y ganaderas intensivas, con una introducción gradual y la devolución de parte de la recaudación, así como la incorporación de bonificaciones, para facilitar la adaptación tecnológica.

4.     Incorporación de costes medioambientales asociados al uso del agua

a)    Introducción de medidas de coordinación y cooperación para mejorar el diseño y efectividad de los impuestos autonómicos sobre los daños medioambientales a las aguas.

b)    Reforma de los tributos asociados a la cobertura de costes de infraestructuras hidráulicas, mejorando técnicamente tanto los elementos cuantitativos como los cualitativos, para que su diseño se oriente a la recuperación de los costes medioambientales.

c)     Creación de un tributo estatal específico sobre la extracción de agua destinada a cualquier uso, cuyo sujeto pasivo serían principalmente las confederaciones hidrográficas, los productores de energía eléctrica y los proveedores de agua en alta.

Novedades en el capítulo de imposición societaria

El segundo capítulo en el que se hace referencia a la transición energética y a la sostenibilidad ambiental es el de la imposición societaria. En este ámbito, el comité propone dos medidas:

a)    Por una parte, considera que la introducción de reglas de amortización acelerada o libertad de amortización puede ser un instrumento particularmente eficiente para facilitar la sustitución de bienes de equipo o la realización de nuevas inversiones en activos menos contaminantes o eficientes energéticamente, dando prioridad a los sectores más afectados por la transición ecológica (por ejemplo, el sector del transporte).

b)    Por otra parte, propone la incorporación en la base de la deducción por actividades de I+D+i de los gastos e inversiones vinculados a las áreas prioritarias del Programa Next Generation EU: digitalización, medio ambiente y salud.

Finalmente, en relación con la economía digital, el comité es receptivo a la preocupación por los efectos del comercio electrónico sobre el aumento del tráfico, la congestión y la ordenación territorial y urbanística. Por ello, propone que se explore la introducción de una tasa local por la ocupación del dominio público que se produce como consecuencia de la entrega a domicilio de paquetería, que afectará tanto al comercio por internet como al comercio tradicional.

Estas propuestas podrían inspirar una futura reforma de nuestro sistema tributario, por lo que habrá que prestar especial atención a los desarrollos legislativos que se puedan producir en los próximos meses.

Fuente: Expansión

La UE permitirá el uso en agricultura de aguas residuales depuradas

La UE está tomando nuevas medidas destinadas a reducir el riesgo de escasez de agua para el riego de los cultivos. El Consejo adoptó la semana pasada mediante procedimiento escrito un reglamento que facilitará la utilización de aguas residuales urbanas (agua regenerada) para el riego agrícola.

Estas normas ayudarán a Europa a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. El Reglamento, acorde con el concepto de la economía circular, mejorará la disponibilidad de agua y fomentará su utilización eficiente. Garantizar que haya suficiente agua disponible para el riego agrícola, en particular durante las olas de calor y las sequías más intensas, puede ayudar a evitar la pérdida de cosechas y la escasez de alimentos.

Habida cuenta de la disparidad de condiciones geográficas y climáticas entre Estados miembros, cada Estado miembro podrá decidir si procede o no el empleo de aguas residuales regeneradas para el riego agrícola en todo o parte de su territorio.

La decisión implica que el Consejo ha adoptado su posición en primera lectura. Ahora el Reglamento debe ser aprobado por el Parlamento Europeo en segunda lectura, antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial.

En la actualidad, la reutilización del agua es una práctica establecida en muy pocos Estados miembros, que se está explotando muy por debajo de su potencial.

España, en línea con el resto de paises mediterráneos de la UE, reutiliza hasta un 40% de agua y dispone desde 2007 de un Real Decreto que lo regula.

Por tanto, en principio sólo tendrá que acomodar su normativa al nuevo procedimiento administrativo europeo que se adopte, especialmente en materia “de monitorización y seguimiento”.

Las normas acordadas facilitarán y estimularán la generalización de esta práctica beneficiosa, que puede garantizar un suministro más previsible de agua a los agricultores de la UE y ayudarles a adaptarse al cambio climático y a mitigar sus efectos.

Mediante el establecimiento de unos requisitos mínimos, las nuevas normas garantizarán la seguridad de esa práctica y aumentarán la confianza de los ciudadanos en los productos agrarios que se encuentran en el mercado interior de la UE. Este enfoque armonizado también facilitará el buen funcionamiento del mercado interior de los productos agrarios y creará nuevas oportunidades de negocio para operadores y proveedores de tecnología.

En virtud de la nueva legislación, las aguas residuales urbanas que ya se hayan sometido a determinados tratamientos con arreglo a las normas de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas deberán someterse a un tratamiento adicional para cumplir los nuevos parámetros mínimos de calidad y, de ese modo, serán aptas para su uso en agricultura.

Además de los requisitos mínimos armonizados, la nueva legislación establece unos requisitos mínimos de seguimiento; disposiciones en materia de gestión de riesgos para evaluar los posibles riesgos adicionales para la salud y los posibles riesgos para el medio ambiente y hacerles frente; y un procedimiento de concesión de licencias y una serie de disposiciones sobre transparencia, en virtud de las cuales deberá ponerse a disposición del público la información más importante sobre cualquier proyecto de reutilización del agua.

El reto para hacer atractivas las aguas regeneradas para los regantes es que los operadores del ciclo integral, que en España son punteros a nivel internacional, logren unos costes de regeneración de agua competitivos para que los usuarios opten por él frente a otras fuentes más comprometidas.

Fuente: Ecoiuris, El Agora

Los hoteleros baleares recurren la ecotasa turística

mallorcaEl Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha notificado hoy la admisión a trámite del recurso contra el reglamento de implantación de la ecotasa, ha indicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)

La iniciativa judicial presentada el pasado 16 de septiembre se refiere al decreto 35/2016, de 23 de junio, con el que el Govern regula la aplicación del impuesto sobre estancias turísticas que desde julio grava las pernoctaciones en alojamientos vacacionales del archipiélago.

Con la admisión del recurso se inicia el procedimiento ordinario y se requiere al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que en un plazo de veinte días remita a la Sala el expediente administrativo completo de tramitación del reglamento del impuesto.

"Nunca hemos estado de acuerdo ni con el contenido ni con la forma del impuesto, y estamos convencidos de que tendremos éxito porque tenemos argumentos suficientes para pensar que el conjunto del Decreto tiene una serie de debilidades", ha apuntado la presidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito.

No obstante, de Benito ha apostillado que desde la FEHM "seguiremos trabajando con el Gobierno para, mientras la Ley del impuesto esté vigente, por supuesto cumplirla, y para aportar el máximo valor que podamos a todas las demás iniciativas que nos permitan continuar con el círculo virtuoso de la inversión y para conseguir mejorar el bienestar de esta sociedad a través de un Plan de Competitividad Global".

Fuente: El Mundo

El 20% del territorio españo ya sufre la desertificación

desertificaciónUn 20% del territorio español ya se ha desertificado, y un 1% está degradándose, según concluye un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los resultados, basados en la actualización de dos sistemas de medición, se han publicado en la revista Science of the Total Environment. Con este trabajo se contribuye al establecimiento de un Sistema Integrado de Evaluación y Vigilancia de la Desertificación, objetivo primordial del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, publicado en 2008.
 
En este trabajo, liderado por investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas, en Almería, se han desarrollado dos herramientas: un mapa de condición de la tierra que permite conocer la situación de degradación del territorio y sus tendencias, y un conjunto de modelos de simulación sobre cada paisaje de desertificación detectados en el programa, para estimar el riesgo de desertificación de cinco casos representativos y establecer la jerarquía de los factores que intervienen en el proceso.

“Los primeros modelos de simulación implementados revelan que los cultivos herbáceos afectados por erosión son el paisaje más proclive a desertificarse. Además, en cada uso del suelo considerado, los factores dominantes son los climáticos por encima de los socioeconómicos”, explica el director del estudio, Jaime Martínez Valderrama, investigador del CSIC en la Estación Experimental del Zonas Áridas. El trabajo ha sido elaborado con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.

El investigador advierte, sin embargo, que “es necesario estudiar más casos para cubrir la casuística que ofrece el territorio español y que permita reproducir los análisis en distintos lugares. Hasta que se complete dicha tarea no será posible obtener conclusiones robustas y generalizar los resultados expuestos”.

La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación entró en vigor el 26 de diciembre de 1996. En la actualidad ha sido firmada por 191 países, entre ellos España. Todos los países signatarios tienen la obligación de elaborar y ejecutar un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que es el principal compromiso contraído con este acuerdo. España publicó su plan en 2008, gracias la centralización de diversos esfuerzos promovidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Estación Experimental de Zonas Áridas ha participado desde el principio en su elaboración y redacción.

 

La Comisión Europea reclama prohibir el baño en 29 playas y 29 ríos españoles por la mala calidad del agua

GargantaPedroChate

 

 

 El 2,6 % de las zonas de baño en España presentan mala calidad, lo que sitúa a este país entre los peores de la UE en el índice anual presentado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), correspondiente a 2015.

España, que redujo en medio punto el número de zonas de baño de mala calidad con respecto a 2014, solo se ve superada en términos porcentuales por Francia (2,8 %), Eslovaquia (3 %), Bulgaria (3,2 %), Holanda (3,4 %), Irlanda (4,4 %) y Reino Unido (4,9 %), todos por encima de la media comunitaria del 1,6 %.

En términos absolutos Italia y Francia presentan la mayor cifra, con 95 cada una del total de 385 zonas de baño de mala calidad, por las 58 de España, que acapara el 10,1 % del total de áreas analizadas por la AEMA, organismo con sede en Copenhague.

El 95,5 % de las zonas de baño costeras y de interior en España presentan calidad suficiente, mientras que es excelente en el 83,2 %, frente al 95,3 y el 81,7 registrados el año pasado, cifras que no obstante están por debajo de la media en la UE.

De las más de 21.000 zonas de baño analizadas en Europa, el 96 % cumple con los requisitos mínimos y el 84,4 % alcanza la excelencia.

Destacan sobre todo Luxemburgo, con el cien por cien de zonas de baño de calidad excelente; seguido por Chipre (99,1 %), Malta (97,7), Grecia (97,2), Croacia (94,2), Italia (90,6), Alemania (90,3) y Austria (90,2).

Galicia, la Comunidad Autónoma con más zonas de mala calidad

De las 58 zonas de baño de mala calidad españolas, 9 menos que hace un año, más de la mitad están situadas en Galicia, y de ellas 22 en la provincia de A Coruña, como los arenales de Barranán (Arteixo), Area da Vila y Camelle (Camariñas); A Concha, Estorde y Lires (Cee), Barallobre (Fene) y Caranza y A Cabana (Ferrol).

Otras playas gallegas señaladas por el informe de la AEMA son las de Penaoural (Burela), Sobreira (Moaña), Salgueirón (Cangas) y Arealonga (Redondela).

Suspenden también las aguas de ríos gallegos como el Tambre, a su paso por Brión; el Furelos (Melide); Eume (As Pontes), Chamos (O Corgo), Sil (Ribas de Sil), Neira (Baralla), Tamega (Verín) y Arzoa (Vilardevós).

En Asturias no pasan el corte de calidad de las aguas las de las playas de Luarca y Serantes (Tapia de Casariego); en Baleares, las calas de Egos (Santanyi) y Pedrera (Es Castells); y tampoco lo hacen la vasca de San Antonio (Sukarrieta) y la valenciana de Medicalia (Puig).

Ocho zonas de baño suspenden en Castilla y León, seis de ellas en la provincia de Ávila, en el entorno de la sierra de Gredos: el río Arenal y el río Pelayo, en Arenas de San Pedro; la garganta del río Tietar, en Gavilanes; el río Cantos, en El Hornillo; el Tormes, en La Horcajada; y el arroyo Cimorro en Navalacruz.

El río Arlanzón, a su paso por Burgos, y el Río Cua, en Vega de Espinareda, tampoco alcanzan el nivel mínimo de calidad.

En Andalucía suspenden las aguas de cuatro ríos; el Genil, en Güejar Sierra; el Aguascebas, en Villacarrillo; y el Genal, en Algatocín y Jubrique.

La AEMA señala también tres ríos aragoneses (el Ara, en Fiscal; el Subordán, en el Valle de Hecho; y el Arba de Luesia, en Luesia); dos extremeños (el Rivera de Usagre, en Usagre; la garganta de Pedro Chate, en Jaraíz de la Vera), el navarro Anduna (Ochagavia) y el manchego Alberche, a su paso por Escalona.

Fuente: EuroEfe

Europa da dos meses a España para actuar en la mejora del acuífero de Doñana

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Este ultimátum de Bruselas es el segundo paso en el procedimiento de infracción abierto en octubre de 2014, tras una queja de WWF, por la mala gestión del agua en el entorno de Doñana, ha indicado la organización en un comunicado, precisando que “si España no actúa para solucionar el problema en dos meses, la Comisión Europea llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

 

 

 

En 2010, WWF presentó una queja ante la Comisión Europea , denunciando el mal estado del acuífero que alimenta Doñana, por una mala gestión, que estaba deteriorando gravemente ecosistemas protegidos por la legislación europea.

a Comisión Europea solicitó entonces información a España, esperando que los problemas fueran solucionados y ante la falta de una respuesta satisfactoria, Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España en octubre de 2014, por existir indicios suficientes del incumplimiento de al menos dos directivas europeas, la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco del Agua.

La Comisión Europea ha enviado ahora un Dictamen Motivado a España, al considerar que sigue sin tomar medidas suficientes para acabar con la sobreexplotación del acuífero, “provocada por los cultivos intensivos de regadío y la demanda de instalaciones turísticas”.

Según Bruselas, esa mala gestión está deteriorando los hábitats naturales de Doñana, incluidos en la Red Natura 2000 y que albergan muchas especies prioritarias como el lince ibérico o la cerceta pardilla.

España tiene dos meses para explicar cómo va a solucionar el problema, antes de que la Comisión lleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para WWF, este ultimátum refuerza claramente el mensaje de la organización: “Es urgente aplicar de manera estricta el Plan de la Corona Forestal de Doñana, y que el nuevo trasvase planteado hacia el Condado de Huelva no soluciona los problemas del agua en Doñana”.

“Llevamos muchos años advirtiendo sobre la mala gestión del agua en Doñana, que está dejando al borde del colapso los ecosistemas de este espacio Patrimonio de la Humanidad y poniendo en peligro el futuro de la propia agricultura en la zona”, ha comentado el Secretario General de  WWF España, Juan Carlos del Olmo.

“Tanto la Confederación del Guadalquivir como la Junta de Andalucía deben escuchar a la Comisión Europea y resolver de una vez por todas el conflicto del agua en Doñana, por el bien de la naturaleza y  de toda la sociedad”, ha dicho.

WWF recuerda que Doñana no es sólo un patrimonio de Andalucía y de España, sino un Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO cuya protección preocupa enormemente fuera de nuestras fronteras.

Fuente: EFE verde

 

Acuicultura, fuente de empleo y desarrollo

acuicultura2El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha puesto de  relieve la importancia de la acuicultura en España, tanto como garantía de abastecimiento de pescado a los mercados, como en la generación de ingresos y en la creación de empleo de calidad.

Hermida, que ha participado  en la inauguración del XV Congreso Nacional de Acuicultura y I Congreso Ibérico de Acuicultura que se celebra en Huelva, ha resaltado el despegue de la actividad acuícola española, que se mantiene como una de las más significativas de la Unión Europea, tras superar la barrera de las 300.000 toneladas en 2014, con una cifra de negocio de 415 millones de euros.

Para mantener este liderazgo y dar  mayor impulso al sector, Hermida ha recordado que la Secretaría General de Pesca está trabajando en un nuevo modelo de actuación que, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), “permita dar continuidad a los logros alcanzados, garantizando el permanente desarrollo de aspectos de interés para la industria, y teniendo como principal finalidad el aumento de la competitividad del sector a través del fomento de la I+D+i

 

 

 

       PLAN ESTRATÉGICO PLURIANUAL

 

Bajo este enfoque, el secretario general ha explicado que el Plan Estratégico Plurianual, elaborado de forma conjunta con las Administraciones Autonómicas, recoge las principales líneas de desarrollo que permitirán a España mantener la posición de liderazgo europeo que hoy ostenta, quedando patente el compromiso de este Gobierno con esta actividad.

Para ello, ha indicado, el Plan propone el establecimiento de mecanismos permanentes de cooperación y análisis, así como un cronograma de acciones enfocadas a dar solución a los principales problemas de la acuicultura. Además, ha señalado, el Gobierno ha puesto en marcha la Comisión de Seguimiento del Plan, que ha llevado a cabo ya, el análisis de los procesos de concesión de autorizaciones o la implementación de un visor geográfico como herramienta imprescindible para la planificación espacial de esta actividad.

En este marco Hermida ha afirmado que se abre un nuevo periodo para el sector productor, hasta 2020, en el que se pretende, bajo el paraguas de los fondos FEMP, dar un nuevo impulso a la acuicultura de la Unión Europea, para lograr que sea una actividad competitiva y sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental.

Dentro de estos fondos, que para España ascienden a un total de 1.162 millones de euros, lo que movilizará una inversión total de más de 2.200 millones de euros, el secretario general ha destacado la asignación de 211 millones de euros para el fomento de la acuicultura sostenible y competitiva. Una cantidad que,  unida   a la cofinanciación estatal y de las Comunidades Autónomas, alcanzará una inversión total en acuicultura de 421 millones de euros.

 

 

        LEY  Y PLANES NACIONALES ACUICULTURA

 

Junto a estas actuacionacuiculturaes, puestas en marcha en el marco del Plan Estratégico Plurianual, Hermida ha destacado el trabajo que se está realizando para elaborar la Ley de Acuicultura, “que contribuirá a una mejora de la gobernanza, en sintonía con los principios que exhortan la actualización del marco normativo para la acuicultura, tal y como se recoge  en las Directrices europeas y en el Plan Estratégico” 

También ha anunciado la puesta en marcha  a partir de 2016 de los denominados Planes Nacionales de Acuicultura, que “deberán desarrollarse de forma conjunta entre el sector productor y los investigadores, y constituirán un pilar importante en el desarrollo, a medio plazo, de la actividad”. Unas iniciativas, ha añadido, a las que se dotará de una mayor aplicación práctica, así como de mejores mecanismos para la transferencia de los resultados a las empresas del sector, estando prevista, una inversión, en 2016, de 1millón de euros.

Un esfuerzo presupuestario, ha concluido Hermida, que  demuestra, una vez más, la apuesta de este Gobierno por la acuicultura, “a la que seguiremos  apoyando  como actividad creciente y de gran futuro”.

Fuente: MAGRAMA

 

Imputados los responsables de una empresa de Cádiz por un vertido incontrolado

depósitoresiduosLa Guardia Civil ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos de Puerto Real (Cádiz) por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. La empresa, que ocupaba una parte de las instalaciones de la compañía estadounidense Delphi —que cerró en 2007 y está implicada en la trama de los cursos de formación—, había almacenado 5.000 toneladas de agua con las sustancias peligrosas en diversos depósitos. Los responsables de la entidad están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y se ha procedido al cierre de la fábrica..

La investigación se inició porque la Guardia Civil detectó restos de hidrocarburos en la estación de bombeo de aguas residuales de Puerto Real, procedentes de las instalaciones de la antigua factoría Delphi. El filtrado de los residuos peligrosos se produjo a través de una arqueta de salida, que no debía estar activa desde la clausura de la fábrica, y que necesita ser activada manualmente para funcionar.

La Guardia Civil pidió a la empresa que justificase la presencia de hidrocarburos pesados en sus instalaciones y que aportase la documentación necesaria para su gestión. La empresa no contestó y los agentes inspeccionaron las instalaciones. Allí encontraron 5.000 toneladas de agua con hidrocarburos, distribuida en tres depósitos de entre cinco y seis metros de alto, y además hallaron restos de los residuos en las bombas de carga y descarga de los tanques de almacenamiento, así como mangueras para transportar el líquido a los camiones cisterna.

Evidencias del vertido intencionado

Los agentes tienen evidencias de que el vertido de residuos peligrosos se hizo de manera intencionada, al detectarse nuevamente restos de hidrocarburos en la arqueta de salida, que había sido limpiada por el Ayuntamiento de Puerto Real. Se descartó que la contaminación tuviese su origen en la red de aguas pluviales, ni que procediese del suelo contaminado de la factoría.

La Administración tiene constancia de que los depósitos estaban vacíos antes de que las instalaciones fueran alquiladas por la empresa, evidencia clave, según la Guardia Civil, de que sus responsables gestionaban los residuos sin autorización de manera intencionada.

Las autoridades han ordenado el cierre cautelar de las instalaciones y han prohibido su funcionamiento, para evitar posibles daños a las personas y al equilibrio de los ecosistemas. En caso de accidente, el vertido de las 5.000 toneladas de residuos peligrosos hubiera tenido graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales, más aún al estar situado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

En la actuación han participado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cádiz y funcionarios de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia.

Fuente: El País

5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente: Comparte tu sueño

El bienestar de la humanidad, del medio ambiente y el funcionamiento de la economía dependen en última instancia depende de una gestión responsable de los recursos naturales del planeta. Las pruebas demuestran que las personas estamos consumiendo muchos más recursos naturales que los que el planeta puede proporcionar de forma sostenible.

Muchos de los ecosistemas de la Tierra están llegando a puntos críticos de agotamiento y un cambio irreversible, empujados por un aumento de la población y del desarrollo económico. Para 2050, si continúan las actuales pautas de consumo y producción y con el aumento de la población a 9,6 mil millones, necesitaremos tres planetas para mantener nuestros modos de vida y consumo.

El eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente este año es  “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”. Vivir teniendo en cuenta los límites planetarios es la mejor estrategia para asegurar un futuro sostenible. La prosperidad humana no puede suponer un coste a la Tierra. Vivir de forma sostenible significa hacer más con menos. Darse cuenta de que mantener las actuales tasas del uso de recursos naturales e impactos medio ambientales no son fruto indispensable del crecimiento económico.

Ver más: http://unep.org/spanish/wed/theme/sustainable-consumpion.asp#sthash.caD6z9MR.dpuf

La licitación pública vira hacia el agua y el medio ambiente

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La estadística es pertinaz. Con el único respiro que suele conceder al sector de la construcción el hecho de estar en año electoral, lo cierto es que la licitación pública continúa en niveles mínimos si se comparan sus cifras con los máximos del ciclo anterior. La estadística que elabora la patronal del sector, Seopan muestra cómo en términos globales la licitación pública de enero a marzo pasados disminuyó un 24,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Y es que nunca fueron especialmente positivos los comienzos de año para la obra pública.

 

Sin embargo, un análisis en detalle de las cifras por tipo de obra desvela cómo está cambiando el perfil medio o la tipología de las infraestructuras y equipamientos que suelen contratar ahora las administraciones públicas.

Lo primero que llama la atención es cómo persiste el desplome de la vivienda. Apenas pesa ya el 2% de todas las obras que saca a concurso la Administración en sus distintos niveles y mantiene una senda bajista. Disminuyó un 36,9% anual en el primer trimestre del año, sin duda, influida por el desplome de la promoción pública de vivienda protegida (VPO).

Principal déficit

Sin embargo, la licitación de concursos públicos para edificar dotaciones docentes, sanitarias y deportivas registró cuantiosos incrementos del 54,6%, 60,7% y 97,1% anual de enero a marzo. De hecho, toda la edificación excluída la vivienda presenta tasas de actividad positivas hasta el punto de registrar un incremento global del 75,5% anual hasta marzo pasado.

Las mejores noticias se concentran en las obras hidráulicas (+17,2%), impulsadas por el Plan Crece de depuradoras; y en aquéllas de carácter medioambiental, que aumentan en el año un significativo 303,5%. No solo se trata de una buena nueva por el hecho de que logran tasas positivas, sino porque según las empresas constructoras se trata de dos ámbitos donde España presenta todavía elevadosdéficit de equipamiento.

Otro de los cambios sustantivos que se aprecia en la estadística es cómo en materia de transportes las obras de carreteras y ferrocarriles continúan en tasas negativas, mientras los puertos, en el pasado una de las infraestructuras más olvidadas en los grandes concursos, más que duplican el volumen de licitaciones registradas (un 114,8% más).

Incluso la últimamente denostada por algunas formaciones políticas alta velocidad ferroviaria refleja datos de licitación negativos. Fomento licitó nuevas obras de construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad por importe de 444,83 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone una reducción del 66,8% respecto al mismo periodo de 2014. No obstante, el importe licitado en trabajos de alta velocidad hastamarzo todavía representó más de la mitad (el 56%) del total de obras puestas en marcha por el Ministerio.

 

Mayor seguridad jurídica para las concesiones

 

El fiasco de las autopistas en riesgo de quiebra y el conflicto que mantienen Gobierno, banca y empresas en busca de una solución que contente a todos y no cueste dinero al contribuyente ha puesto en el punto de mira al sistema concesional español. Nadie duda de sus bondades, pero lo cierto es que existen voces críticas que siguen reclamando mejoras para restablecer la seguridad jurídica, aumentar la confianza de los inversores y mejorar el marco regulatorio actual.

El Gobierno acaba de poner en marcha dos importantes iniciativas en este sentido. La primera es el cambio en la conocida RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración), por el que se limita el importe que el Estado tendrá que asumir y pagar en el caso de que futuras concesiones, normalmente de infraestructuras, entren en liquidación. Esta variación no afectará a las autopistas que actualmente se encuentran en situación de insolvencia.

Y la segunda hace referencia a modificaciones en el sistema de contratación pública, entre las que destaca que todas las adjudicaciones de más de 18.000 euros deberán publicitarse, según la nueva ley que se está tramitando.

Además, se ha iniciado la cuenta atrás para la transposición de la Directiva europea de Concesiones. “Una oportunidad para mejorar el marco legal de esta figura contractual”, admiten desde Seopan. Las mejoras no son baladí si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los objetivos de déficit hace necesario atraer al capital privado. La estadística de Seopan pone de relieve cómo desde 2013 no se ha vuelto a licitar ninguna concesión de más de seis millones, lo que evidencia el retroceso que ha supuesto la crisis para este modelo de financiación público-privada.

 

Los desafíos de la inversión

 

 

Esfuerzo extra

Las empresas del sector sostienen que la mejora de la coyuntura debería permitir poner en marcha un plan extra de inversiones. Según los cálculos de Seopan, con un volumen de gasto público y privado de 65.835 millones en 2016-2019 se crearían 1,02 millones de empleos y se obtendría un retorno fiscal de 30.716 millones

Logística

Uno de los ámbitos donde España presenta más déficit de infraestructuras es en logística e intermodalidad. Debería mejorar las interconexiones ferroviarias, los accesos a los puertos, construir nuevas terminales logísticas y modernizar los ejes de mercancías. Se estima una inversión pública necesaria de 10.650 millones.

Equipamientos

Educación y sanidad son dos áreas donde aún se requiere invertir para mejorar sus equipamientos. Esto, unido a la mejora de los accesos urbanos y la puesta a punto de carreteras absorbería 15.300 millones de inversión.

Agua

La depuración, regulación y distribución de agua es, en opinión de las constructoras, otra de las asignaturas pendientes de España en materia de inversión. Como lo es también la gestión de los procesos de sequías e inundaciones, tan habituales. Para lograr resultados óptimos, sería necesario un gasto de 6.550 millones.

Capital privado

Entre las áreas donde más cabida tiene la inversión privada destaca la rehabilitación de edificios y la mejora de las autovías y autopistas. Ambas actuaciones generarían 536.000 empleos, reducirían el coste social del desempleo en más de 4.600 millones y tendrían un retorno fiscal total de 13.900 millones.

 

Fuente: CincoDías

 

 

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