La Comisión Europea propone normas más estrictas para una atmósfera y unas aguas más limpias

La Comisión Europea  ha propuesto  normas más estrictas sobre los contaminantes del aire ambiente, las aguas superficiales y subterráneas y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El aire puro y el agua limpia son esenciales para la salud de las personas y los ecosistemas.

La contaminación atmosférica por sí sola hace que casi 300 000 europeos mueran prematuramente cada año, y las nuevas normas propuestas reducirán en más de un 75 % en diez años los fallecimientos provocados por los niveles del principal contaminante, las PM2,5 superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En la atmósfera y las aguas, todas las nuevas normas ofrecen un claro rendimiento de la inversión gracias a los beneficios en materia de salud, ahorro energético, producción de alimentos, industria y biodiversidad. Aprovechando las lecciones extraídas de la legislación vigente, la Comisión propone tanto endurecer los niveles permitidos de contaminantes como mejorar su aplicación, de modo que los objetivos de reducción de la contaminación se alcancen con mayor frecuencia en la práctica.

Las propuestas constituyen un avance clave hacia el objetivo del Pacto Verde Europeo de conseguir un medio ambiente sin contaminación perjudicial de aquí a 2050. También responden a peticiones concretas expresadas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Franz Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «Nuestra salud depende de nuestro medio ambiente. Un medio ambiente poco saludable tiene consecuencias directas y costosas para nuestra salud. Cientos de miles de europeos mueren prematuramente cada año y muchos más sufren enfermedades de corazón y pulmón cánceres provocados por la contaminación. Cuanto más tiempo esperemos para reducir esta contaminación, mayores serán los costes para la sociedad. Queremos que nuestro medio ambiente quede libre de contaminantes nocivos de aquí a 2050. Esto nos obliga a intensificar nuestros esfuerzos ahora. Nuestras propuestas para seguir reduciendo la contaminación atmosférica y del agua son un elemento crucial para resolver el problema».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha comentado: «La calidad del aire que respiramos y del agua que utilizamos es fundamental para nuestras vidas y el futuro de nuestras sociedades. La contaminación atmosférica y del agua perjudica a nuestra economía y al medio ambiente y afecta sobre todo a los más vulnerables. Por lo tanto, es nuestro deber limpiar la atmósfera y el agua para nuestra propia generación y para las futuras. El coste de la inacción es mucho mayor que el de la prevención. Esta es la razón por la que la Comisión está actuando ahora en pro de una actuación coordinada de la UE para combatir mejor la contaminación en su origen, tanto a nivel local como transfronterizo».

Una atmósfera más limpia de aquí a 2030, objetivo de contaminación cero para 2050

La revisión propuesta de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente establecerá normas provisionales de calidad del aire de la UE para 2030 más ajustadas a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que pondrá a la UE en el camino de lograr una contaminación atmosférica nula de aquí a 2050, en sinergia con los esfuerzos de neutralidad climática. A tal fin, hemos propuesto una revisión periódica de las normas de calidad del aire para reevaluarlas en consonancia con las pruebas científicas más recientes, así como con las tendencias sociales y las novedades tecnológicas. Se propone una reducción en más de la mitad del valor límite anual aplicable al mayor contaminante, las partículas finas en suspensión (PM2,5).

La revisión velará por que las personas que sufran problemas de salud como consecuencia de la contaminación atmosférica tengan derecho a ser indemnizadas en caso de infracción de las normas de calidad del aire de la UE. También tendrán derecho a estar representadas por organizaciones no gubernamentales en acciones judiciales colectivas de daños y perjuicios. La propuesta aportará mayor claridad sobre el acceso a la justicia, unas sanciones eficaces y una mejor información pública acerca de la calidad del aire. La nueva legislación apoyará a las autoridades locales al reforzar el control de la calidad del aire, la modelización y unos mejores planes de calidad del aire.

Las propuestas presentadas hoy dejan en manos de las autoridades nacionales y locales decidir qué medidas concretas adoptan para alcanzar las normas. Al mismo tiempo, las políticas actuales y nuevas de la UE en materia de medio ambiente, energía, transporte, agricultura, I+i y otros ámbitos aportarán una importante contribución, tal y como se explica en la ficha informativa.

La propuesta presentada hoy contribuirá a una mejora drástica de la calidad del aire en Europa de aquí a 2030, lo que generará beneficios brutos estimados en una cifra comprendida entre 42 000 y 121 000 millones de euros en 2030, con un coste inferior a 6 000 millones de euros anuales.

La contaminación atmosférica es la mayor amenaza medioambiental para la salud y una de las principales causas de enfermedades crónicas, por ejemplo, ictus, cáncer y diabetes. Ningún europeo se libra, pero afecta de manera desproporcionada a los grupos sociales sensibles y vulnerables. La atmósfera contaminada también perjudica al medio ambiente al provocar acidificación, eutrofización y daños en los bosques, los ecosistemas y los cultivos.

Tratamiento mejor y más eficaz desde el punto de vista de los costes de las aguas residuales urbanas

La Directiva revisada sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas contribuirá a que los europeos disfruten de unos ríos, lagos, aguas subterráneas y mares más limpios, al tiempo que hará que el tratamiento de las aguas residuales sea más eficaz desde el punto de vista de los costes. Para hacer el mejor uso posible de las aguas residuales como recurso, se propone aspirar a la neutralidad energética del sector de aquí a 2040 y a mejorar la calidad de los lodos para facilitar una mayor reutilización, lo que contribuirá a una mayor economía circular.

Varias mejoras contribuirán a la protección de la salud y del medio ambiente. Entre ellas figuran normas más estrictas en materia de nutrientes procedentes de las aguas residuales, nuevas normas en materia de microcontaminantes y nuevos requisitos de control de los microplásticos. Las obligaciones de tratamiento del agua se ampliarán a los municipios más pequeños, esto es, de mil habitantes, frente a los de dos mil habitantes a los que se aplican actualmente. Para contribuir a lidiar con las lluvias torrenciales, más frecuentes debido al cambio climático, es necesario establecer planes integrados de gestión hídrica en las grandes ciudades. Por último, teniendo en cuento lo vivido con la COVID-19, la Comisión propone que se realice un seguimiento sistemático de las aguas residuales para detectar varios virus, por ejemplo, el CoV-SARS-19, así como la resistencia a los antimicrobianos.

Se exigirá a los países de la UE que velen por que todo el mundo tenga acceso a los servicios de saneamiento, especialmente los grupos vulnerables y marginados.

Puesto que el 92 % de los microcontaminantes tóxicos que se hallan en las aguas residuales de la UE proceden de productos farmacéuticos y cosméticos, un nuevo régimen de responsabilidad ampliada de los productores obligará a estos a sufragar los gastos de su eliminación. Esto se ajusta al principio de «quien contamina paga» y también incentivará la investigación y la innovación en productos sin sustancias tóxicas, además de hacer que la financiación del tratamiento de las aguas residuales sea más equitativa.

El sector de las aguas residuales tiene sin aprovechar un importante potencial de producción de energías renovables, por ejemplo, a partir del biogás. Se exigirá a los países de la UE que hagan un seguimiento de la contaminación industrial en origen para aumentar las posibilidades de reutilización de los lodos y las aguas residuales tratadas, evitando así la pérdida de recursos. Las normas sobre la recuperación del fósforo de los lodos favorecerán su uso para fabricar fertilizantes, lo que redundará en beneficio de la producción de alimentos.

Se calcula que los cambios aumentarán los costes en un 3,8 % (hasta 3 800 millones de euros anuales en 2040) por un beneficio de más de 6 600 millones de euros al año, con una relación coste-beneficio positiva en cada Estado miembro.

Protección de las aguas superficiales y subterráneas frente a nuevos contaminantes

Sobre la base de pruebas científicas actualizadas, la Comisión propone que se actualicen las listas de contaminantes del agua para un control más estricto de las aguas superficiales y subterráneas.

Se añadirán a las listas 25 sustancias con efectos problemáticos bien documentados en la naturaleza y la salud humana. Por ejemplo:

–         PFAS, un gran grupo de «sustancias químicas eternas» empleadas, entre otras cosas, en los utensilios de cocina, las prendas de vestir y los muebles, la espuma contra incendios y los productos de cuidado personal;

–         una serie de plaguicidas y productos de degradación de plaguicidas, tales como el glifosato;

–         bisfenol A, plastificante y componente de los envases de plástico;

–         algunos productos farmacéuticos utilizados como analgésicos y antiinflamatorios, y antibióticos.

Las sustancias y sus normas se han seleccionado mediante un proceso transparente y basado en la ciencia.

Además, aprovechando las enseñanzas extraídas de sucesos como la mortandad masiva de peces en el río Oder, la Comisión propone avisos obligatorios tras sucesos río abajo en las cuencas hidrográficas. También hay mejoras en materia de seguimiento, presentación de informes y facilitación de futuras actualizaciones de la lista para mantenerla al día desde el punto de vista científico.

Las nuevas normas reconocen los efectos acumulativos o combinados de las mezclas, alejándose así del planteamiento actual centrado únicamente en sustancias concretas.

Además, se actualizarán (para hacerlas más estrictas en su mayoría) las normas correspondientes a dieciséis contaminantes ya cubiertos por las normas, tales como los metales pesados y las sustancias químicas industriales, y se eliminarán cuatro contaminantes que ya no constituyen una amenaz en toda la UE.

Próximas etapas

Las propuestas serán examinadas ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. Una vez adoptadas, surtirán efecto progresivamente, con objetivos diferentes para 2030, 2040 y 2050, y dejarán a la industria y a las autoridades margen para adaptarse e invertir allí donde sea preciso

La Comisión Europea lleva de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia por el incumplimiento de normativa en recogida y tratamiento de aguas residuales

aguasresidualesLa Comisión reenvía a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

El 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó (Asunto C-343/10) que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).

Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin encontrar solución en 17 de las 37 aglomeraciones cubiertas por la sentencia, hecho que afecta a 1 400 000 personas.l Además, más de quince años después de la fecha límite para la aplicación de las normas de la Unión (31 de diciembre de 2000, véase la Directiva 91/271/CEE del Consejo), la conformidad de todas estas aglomeraciones plantea dudas. La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino.

La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE que imponga con fecha actual una multa a tanto alzado por un importe de 46 522 999 EUR. La Comisión propone también una multa diaria de 171 217,40 EUR si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

El reenvío ante el Tribunal es necesario para asegurar la conformidad con la normativa en esas 17 aglomeraciones, dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha.

Contexto

La Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo) establece que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones) recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por tanto, un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

Con arreglo a la Directiva, las ciudades con más de 15 000 habitantes que viertan sus aguas residuales en aguas receptoras que no se consideren «zonas sensibles» debían disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales para el 1 de enero de 2001. Como consecuencia de ello, los Estados miembros deben velar por que las aguas se recojan y traten adecuadamente antes de ser vertidas en el medio ambiente.

Son 17 las aglomeraciones implicadas en este asunto: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y, respectivamente, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y, respectivamente, Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y, respectivamente, Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

Otros Estados miembros (Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Portugal) ya han sido objeto de sanciones en casos similares.

Fuente: European Commission

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