Sometida a información pública las obligaciones de información sobre la estimación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por el Real Decreto de desarrollo del artículo 32 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

 

 

El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, iniciado en el año 2018, tiene como objetivo principal movilizar financiación hacia las actividades sostenibles que promuevan la transformación del sector productivo hacia otro más sostenible con el medio ambiente.

 

El Plan de Acción se asienta sobre tres pilares:

  • Una taxonomía para identificar las actividades sostenibles.
  • Obligaciones de divulgación por parte de: gestores de activos, entidades financieras, compañías cotizadas y no cotizadas grandes
  • Herramientas como los índices climáticos

La Comisión Europea publicó el pasado 6 de julio la Estrategia Renovada para financiar la transición hacia una economía sostenible, que complementa y refuerza el Plan de Acción, poniendo el acento en las orientaciones dirigidas a mejorar la resiliencia del sector financiero en relación con la sostenibilidad, poniendo especial atención a los riesgos de cambio climático y su relación con la estabilidad financiera.

A nivel nacional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética proporciona el marco normativo e institucional que facilitará y orientará la descarbonización de la economía española en 2050, tal y como establece la Unión Europea y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París. En su exposición de motivos, señala  cómo es imprescindible asegurar las condiciones de contorno que permitan orientar las sendas de cumplimiento, facilitar la estabilidad y predictibilidad necesarias para evitar sobrecostes o la generación de activos cautivos, susceptibles de lastrar el progreso de nuestra economía durante décadas, minimizar los impactos sociales negativos y facilitar el aprovechamiento de oportunidades económicas, al tiempo que se ofrecen medidas de acompañamiento en la transición a los colectivos más vulnerables. Además, en dicha exposición de motivos, señala también  la correlación positiva entre la gestión de los riesgos climáticos, la creación de valor a largo plazo y el desempeño de los mercados.

En este sentido, se establecen obligaciones tanto para el sector financiero y empresarial como para los supervisores.

• Con respecto al sector financiero y empresarial, el artículo 32 obliga a las empresas y sociedades a emitir un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos financieros.

El artículo 32.5 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, establece que el contenido de los informes sobre la estimación del impacto financiero de los riesgos para la sociedad asociados al cambio climático será determinado por real decreto, en el plazo de dos años desde la aprobación de dicha Ley, por lo que debe de aprobarse antes del 20 de mayo del 2023, en cumplimiento del mandato recogido en una norma con rango de Ley.

El cálculo del impacto financiero asociado al cambio climático y la transición hacia una economía sostenible y su revisión anual, se consideran un paso ineludible en la gestión de riesgos climáticos y la descarbonización de las empresas.

La ausencia de datos sobre el riesgo de cambio climático que afrontan las entidades financieras les impide calcular el riesgo financiero asociado al cambio climático y la transición hacia una economía sostenible de sus inversiones y actividades de financiación, lo que no solo tiene impactos en el proceso de descarbonización global, sino que suponen importantes riesgos financieros a medio y largo plazo al no anticipar la evolución de los mercados o la depreciación de determinados activos debido, entre otros, a las políticas climáticas.

Para que las entidades financieras puedan calcular adecuadamente su exposición al riesgo en la financiación de distintas actividades y empresas, deben disponer de datos suficientes sobre el impacto del cambio climático y la transición hacia una economía sostenible en la entidad y de cómo la entidad contribuye a la lucha contra el cambio climático. La falta de información sólida constituye uno de los principales escollos para avanzar en el ámbito de las finanzas sostenibles y un riesgo para la estabilidad financiera y económica global. Determinar los detalles de la información que deben dar las entidades sobre el riesgo financiero asociado al riesgo de cambio climático y transición hacia una economía sostenible, contribuirá sin duda a mejorar la situación y permitirá avanzar más rápidamente en la implementación de las finanzas sostenibles en nuestro sector, otorgándole además una ventaja competitiva en el contexto europeo e internacional.

Concretar el contenido de los informes previstos en el artículo 32 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Debiendo incluirse los siguientes aspectos en las obligaciones de información que se establezcan en el Real Decreto:

  • La estructura de gobierno de la organización, incluyendo la función que sus distintos órganos desempeñan, en relación con la identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático.
  • El enfoque estratégico, tanto en términos de adaptación como de mitigación, de las entidades para gestionar los riesgos financieros asociados al cambio climático, teniendo en cuenta los riesgos ya existentes en el momento de la redacción del informe, y los que puedan surgir en el futuro, identificando las acciones necesarias en dicho momento para la mitigación de tales riesgos.
  • Los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en las actividades de la organización y su estrategia, así como en su planificación financiera.
  • Los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos relacionados con el clima y cómo estos se integran en su análisis de riesgo de negocio global y su integración en la gestión global del riesgo por parte de la organización.
  • Las métricas, escenarios y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático y, en caso de que se haya calculado, el alcance 1, 2 y 3 de su huella de carbono y cómo se afronta su reducción.

Establecer un marco regulatorio que recoja las especificidades de los riesgos climáticos para la actividad financiera. Como señala el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) en su informe del pasado 7 de julio The Availability of Data with Which to Monitor and Assess Climate-Related Risks to Financial Stability (La disponibilidad de datos con los que monitorear y evaluar los riesgos relacionados con el clima para la estabilidad financiera), los riesgos relacionados con el clima son distintos de otros riesgos para la estabilidad financiera, ya que, aunque son de naturaleza global, sus efectos difieren sustancialmente entre entidades, sectores y economías, dependiendo de su ubicaciones y actividades, lo que hace que sean poco lineales y que generen amplia incertidumbre.

Generar un marco de información financiera y empresarial que permita:

  • Conocer y comparar el grado de exposición del sector financiero y empresarial a los riesgos relacionados con el clima y a la transición hacia una economía sostenible al corto, medio y largo plazo.
  • Realizar evaluaciones prospectivas de los riesgos relacionados con el clima y la transición hacia una economía sostenible para el sistema financiero.
  • Conocer las actividades llevadas a cabo para mitigar los riesgos relacionados con el clima.

Las alegaciones deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico audienciaMV@economia.gob.es hasta el 15 de noviembre de 2021.

La Comisión Europea pone en marcha el paquete legislativo «Fit for 55»: transformar la economía y la sociedad para alcanzar los objetivos climáticos.

 

La Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Conseguir estas reducciones de las emisiones en la próxima década es crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Con estas propuestas, la Comisión presenta los instrumentos legislativos para cumplir los objetivos consagrados en la Ley Europea del Clima y transformar nuestra economía y nuestra sociedad de cara a un futuro justo, ecológico y próspero.

 

 

 

Un conjunto completo e interrelacionado de propuestas

Las propuestas facilitarán la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década. Combinan lo siguiente: aplicación del comercio de derechos de emisión a nuevos sectores y refuerzo del actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; mayor uso de las energías renovables; mayor eficiencia energética; despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles para sostenerlos; ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo; medidas para evitar la fuga de carbono; instrumentos para preservar y potenciar nuestros sumideros naturales de carbono.

  • El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) pone precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones de determinados sectores económicos cada año. En los dieciséis últimos años, se han conseguido reducir las emisiones de la generación de electricidad y de las industrias de gran consumo de energía en un 42,8 %. La Comisión propone  rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción. La Comisión también propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que es de ámbito mundial, e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el RCDE UE. Para responder al hecho de que no disminuyen las emisiones del transporte por carretera y los edificios, se establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios. La Comisión también propone aumentar el tamaño de los Fondos de Innovación y Modernización.
  • Para complementar el gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la UE, los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía. Una parte específica de los ingresos procedentes del nuevo sistema para el transporte por carretera y los edificios debe abordar el posible impacto social en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte.
  • El Reglamento de reparto del esfuerzo asigna objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera y marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias. Estos objetivos, que tienen en cuenta las diferentes situaciones de partida y capacidades de cada Estado miembro, se basan en su PIB per cápita, con ajustes para tener en cuenta la relación coste-eficacia.
  • Los Estados miembros también comparten la responsabilidad de retirar carbono de la atmósfera, por lo que el Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura establece un objetivo global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030. Los objetivos nacionales exigirán a los Estados miembros que cuiden y amplíen sus sumideros de carbono para alcanzar este objetivo. De aquí a 2035, la UE deberá alcanzar la neutralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, incluidas también las emisiones agrícolas distintas del CO2, como las derivadas del uso de fertilizantes y la ganadería. La estrategia forestal de la UE tiene por objeto mejorar la calidad, la cantidad y la resiliencia de los bosques de la UE. Apoya a los silvicultores y a la bioeconomía forestal, al tiempo que mantiene la sostenibilidad de las cosechas y el uso de la biomasa, preserva la biodiversidad y establece un plan para plantar tres mil millones de árboles en toda Europa de aquí a 2030.
  • La producción y el uso de la energía representan el 75 % de las emisiones de la UE, por lo que es crucial acelerar la transición hacia un sistema energético más ecológico. La Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará un objetivo más ambicioso a fin de producir el 40 % de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se proponen objetivos específicos para el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria. Para cumplir nuestros objetivos climáticos y medioambientales, se refuerzan los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía y los Estados miembros deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía de manera que se respete el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa.
  • Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE. La Directiva establecerá la manera de fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. El sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente.
  • Es necesario combinar medidas para hacer frente al aumento de las emisiones en el transporte por carretera a fin de complementar el comercio de derechos de emisión. Unas normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas acelerarán la transición hacia una movilidad sin emisiones, al disponer que las emisiones de los vehículos nuevos disminuyan un 55 % a partir de 2030 y un 100 % a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021. Como consecuencia de ello, todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones. Para velar por que los conductores puedan repostar o recargar sus vehículos en una red fiable en toda Europa, el Reglamento revisado sobre la infraestructura de los combustibles alternativos exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno.
  • Los combustibles del transporte aéreo y marítimo son muy contaminantes y también requieren medidas específicas para complementar el comercio de derechos de emisión. El Reglamento relativo a la infraestructura de los combustibles alternativos dispone que las aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos. La iniciativa relativa a los combustibles de aviación sostenibles (ReFuelEU) obligará a los proveedores de combustible a incorporar niveles cada vez mayores de combustibles de aviación sostenibles en el carburante para aeronaves en los aeropuertos de la UE, incluidos los combustibles sintéticos con bajas emisiones de carbono, llamados electrocombustibles. Análogamente, la iniciativa relativa a los combustibles del transporte marítimo (FuelEU) estimulará la adopción de combustibles marítimos sostenibles y tecnologías de cero emisiones mediante el establecimiento de un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero en la energía utilizada por los buques que hagan escala en puertos europeos.
  • El régimen fiscal para los productos energéticos debe salvaguardar y mejorar el mercado único y apoyar la transición ecológica mediante el establecimiento de los incentivos adecuados. Una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía propone armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas tienen por objeto reducir los efectos perjudiciales de la competencia en materia de impuestos sobre la energía, contribuyendo a que los Estados miembros obtengan ingresos procedentes de los impuestos ecológicos, que son menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo.
  • Por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos para velar por que la ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una «fuga de carbono». De este modo, se velará por que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la producción intensiva de carbono fuera de Europa. Con ello, también se animará a la industria de fuera de la UE y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la misma dirección.

Todas estas propuestas están interrelacionadas y son complementarias. Necesitamos este paquete equilibrado y los ingresos que genere para garantizar una transición que haga que Europa sea justa, ecológica y competitiva, repartiendo la responsabilidad de manera uniforme entre los distintos sectores y Estados miembros, y facilitando más apoyo cuando proceda.

 

Una transición socialmente justa

Si bien los beneficios de las políticas climáticas de la UE superan claramente a medio y largo plazo los costes de esta transición, las políticas climáticas corren el riesgo de ejercer una presión adicional a corto plazo sobre los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte. Por lo tanto, las políticas del conjunto de medidas de hoy están formuladas de manera que queden repartidos equitativamente los costes de hacer frente al cambio climático y adaptarse a él.

Además, los instrumentos de tarificación del carbono generan ingresos que pueden reinvertirse para estimular la innovación, el crecimiento económico y las inversiones en tecnologías limpias. Se propone un nuevo Fondo Social para el Clima que proporcione financiación específica a los Estados miembros para ayudar a los ciudadanos a costear inversiones en eficiencia energética, nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y una movilidad más limpia. El nuevo Fondo Social para el Clima se financiará con cargo al presupuesto de la UE, utilizando un importe equivalente al 25 % de los ingresos previstos del comercio de derechos de emisión para los combustibles de la construcción y el transporte por carretera. Aportará 72 200 millones de euros en concepto de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una modificación específica del marco financiero plurianual. Con una propuesta para aprovechar la financiación correspondiente de los Estados miembros, el Fondo movilizará 144 400 millones de euros para una transición socialmente justa.

Las ventajas de actuar ahora para proteger a las personas y al planeta son evidentes: un aire más limpio, ciudades y pueblos más frescos y verdes, ciudadanos más sanos, menor consumo de energía y facturas más bajas, puestos de trabajo europeos, oportunidades tecnológicas e industriales, más espacio para la naturaleza y un planeta más saludable para las generaciones futuras. El reto central de la transición ecológica de Europa es velar por que los beneficios y las oportunidades de ella derivadas las disfruten todos lo antes posible y con la mayor equidad. Recurriendo a los diferentes instrumentos existentes a escala de la UE podremos asegurarnos de que el ritmo del cambio sea suficiente, pero no perturbador en exceso.

Contexto

El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión el 11 de diciembre de 2019, establece el objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. La Ley Europea del Clima, que entra en vigor este mes, consagra en una legislación vinculante el compromiso de la UE con la neutralidad climática y el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55 % como mínimo de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. El compromiso de la UE de disminuir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030 se comunicó a la CMNUCC en diciembre de 2020 como contribución de la UE a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

Como resultado de la legislación vigente de la UE en materia de clima y energía, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE ya han disminuido el 24 % en comparación con 1990, mientras que la economía de la UE ha crecido más de un 60 % en el mismo período, disociando el crecimiento de las emisiones. Esta normativa de valor probado constituye la base de este paquete legislativo.

La Comisión ha llevado a cabo amplias evaluaciones de impacto antes de presentar estas propuestas para medir las oportunidades y los costes de la transición ecológica. En septiembre de 2020, una evaluación de impacto exhaustiva respaldó la propuesta de la Comisión de aumentar el objetivo de reducción de las emisiones netas de la UE para 2030 hasta el 55 % como mínimo, en comparación con los niveles de 1990. También puso de manifiesto que este objetivo es a la vez alcanzable y beneficioso. Las propuestas legislativas  están respaldadas por evaluaciones de impacto detalladas y tienen en cuenta la interrelación con otras partes del paquete.

El presupuesto a largo plazo de la UE para los siete próximos años prestará apoyo a la transición ecológica. El 30 % de los programas por valor de dos billones de euros enmarcados en el marco financiero plurianual 2021-2027 y NextGenerationEU se dedican a apoyar la acción por el clima; el 37 % de los 723 800 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que financiará los programas nacionales de recuperación de los Estados miembros con cargo a NextGenerationEU, se asigna a la acción por el clima.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «La economía de los combustibles fósiles ha alcanzado sus límites. Queremos legar a la próxima generación un planeta sano y buenos puestos de trabajo y un crecimiento que no perjudique nuestra naturaleza. El Pacto Verde Europeo es nuestra estrategia de crecimiento que avanza hacia una economía descarbonizada. Europa fue el primer continente en declarar el objetivo de la neutralidad climática en 2050, y ahora somos los primeros en poner sobre la mesa una hoja de ruta concreta. Europa predica con el ejemplo en materia de políticas climáticas a través de la innovación, la inversión y la compensación social».

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha observado: «Se trata de la década decisiva en la lucha contra las crisis climática y de biodiversidad. La Unión Europea ha fijado objetivos ambiciosos y hoy presentamos la manera de alcanzarlos. Conseguir un futuro ecológico y saludable para todos requerirá un esfuerzo considerable en todos los sectores y en todos los Estados miembros. En conjunto, nuestras propuestas impulsarán los cambios necesarios, permitirán a todos los ciudadanos experimentar lo antes posible los beneficios de la acción por el clima y prestarán apoyo a los hogares más vulnerables. La transición de Europa será justa, ecológica y competitiva».

Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha comentado: «Nuestros esfuerzos de lucha contra el cambio climático deben ser políticamente ambiciosos y socialmente justos, y estar coordinados a escala mundial. Estamos poniendo al día nuestras normas sobre fiscalidad de la energía, que remontan a dos décadas atrás, para fomentar el uso de combustibles más ecológicos y reducir la competencia fiscal perniciosa en materia de energía. Además, proponemos un mecanismo de ajuste en frontera del carbono que armonice el precio del carbono de las importaciones con el aplicable en la UE. En el pleno respeto de nuestros compromisos en el marco de la OMC, así se garantizará que nuestras aspiraciones en materia de clima no se vean obstaculizadas por empresas extranjeras sujetas a requisitos medioambientales más laxos. Con ello, también se fomentarán unos estándares más ecológicos fuera de nuestras fronteras. Este es el último momento, es ahora o nunca. Cada año que pasa, la terrible realidad del cambio climático se hace más patente. Hoy reafirmamos nuestra determinación de actuar antes de que sea de verdad demasiado tarde».

La comisaria de Energía, Kadri Simson, ha dicho: «No será posible alcanzar los objetivos del Pacto Verde sin reconfigurar nuestro sistema energético, porque es ahí donde se genera la mayor parte de nuestras emisiones. Para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, debemos convertir la evolución de las energías renovables en una revolución y velar por que no se desperdicie energía en el camino. Las propuestas de hoy establecen objetivos más ambiciosos, eliminan barreras y añaden incentivos para avanzar aún más rápidamente hacia un sistema de energía de cero emisiones netas».

La comisaria de Transportes, Adina Vălean, ha señalado: «Mediante nuestras tres iniciativas específicas en materia de transporte (ReFuel Aviation, FuelEU Maritime y el Reglamento relativo a las infraestructuras de los combustibles alternativos), apoyaremos la transición de ese sector hacia un sistema preparado para el futuro. Crearemos un mercado de combustibles alternativos sostenibles y tecnologías hipocarbónicas, a la vez que crearemos la infraestructura adecuada para garantizar un amplio despliegue de los vehículos y buques de cero emisiones. Este paquete nos llevará más allá de la ecologización de la movilidad y la logística. Es una oportunidad para hacer de la UE un mercado líder de las tecnologías punteras».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha manifestado lo siguiente: «Los bosques constituyen buena parte de la solución a muchos de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de hacer frente a las crisis climática y de biodiversidad. También son fundamentales para alcanzar los objetivos de la UE en materia de clima de aquí a 2030, pero su estado actual de conservación en la UE no es el idóneo. Debemos aumentar el uso de prácticas respetuosas con la biodiversidad y velar por la salud y la resiliencia de los ecosistemas forestales. La estrategia forestal es un auténtico factor de cambio de la manera en que protegemos, gestionamos y cultivamos nuestros bosques, en favor de nuestro planeta, las personas y la economía».

Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha dicho: «Los bosques son esenciales en la lucha contra el cambio climático. También proporcionan empleo y crecimiento en las zonas rurales, material sostenible para desarrollar la bioeconomía y valiosos servicios ecosistémicos a nuestra sociedad. La estrategia forestal, que aborda conjuntamente los aspectos sociales, económicos y medioambientales, tiene por objeto garantizar y mejorar la multiplicidad de funciones de nuestros bosques, y destaca el papel fundamental que desempeñan millones de silvicultores sobre el terreno. La nueva política agrícola común brindará la oportunidad de prestar un apoyo más específico a nuestros silvicultores y al desarrollo sostenible de nuestros bosques».

 

Más información

Comunicación: objetivo 55 para alcanzar las metas climáticas de la UE de aquí a 2030

Sitio web «Cumplir el Pacto Verde Europeo» (incluidas las propuestas legislativas)

Sitio web con material audiovisual sobre las propuestas

Preguntas y respuestas sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE

Preguntas y respuestas sobre los Reglamentos sobre el esfuerzo compartido y el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura

Preguntas y respuestas sobre la adaptación de nuestros sistemas energéticos a nuestros objetivos climáticos

Preguntas y respuestas sobre el mecanismo de ajuste en frontera del carbono

Preguntas y respuestas sobre la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía

Preguntas y respuestas sobre infraestructuras y combustibles sostenibles de transporte

Ficha informativa sobre la estructura del paquete

Ficha informativa sobre la transición socialmente justa

Ficha informativa sobre la naturaleza y los bosques

Ficha informativa sobre el transporte

Ficha informativa sobre la energía

Ficha informativa sobre los edificios

Ficha informativa sobre la industria

Ficha informativa sobre el hidrógeno

Ficha informativa sobre el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono

Ficha informativa «Hacer que la fiscalidad de la energía sea más ecológica»

Folleto sobre el cumplimiento del Pacto Verde Europeo

Fuente: European Commission

Avalancha normativa a favor del cambio climático: las bases de la transición ecológica

 

Tres años. Ese fue el tiempo que pasó desde uno de los mayores hitos sobre el cambio climático, el Acuerdo de París, hasta otro de los mayores acuerdos aprobados a nivel europeo: el Pacto Verde Europeo. Este fue lanzado a finales de 2019 desde la Comisión Europea estableciendo una hoja de ruta para la transición a una economía de cero emisiones netas que implica cambios profundos en las actividades económicas de las sociedades industriales.

 

 

Dichos cambios no solo dependen de la voluntad de los actores implicados, sino también de la aparición de nuevas normativas que los respalden y que creen un nuevo marco legislativo adaptado a la situación, lo que ha provocado una avalancha normativa tanto a nivel comunitario como nacional. El conjunto de dichas leyes, que a continuación analizaremos, queda recogido en el Anuario 2021: acción climática empresarial en España, nuestro análisis anual realizado en alianza con Ecodes sobre la evolución de la presencia de compañías españolas en los principales movimientos empresariales vinculados con la acción climática.

El documento reconoce la adaptación a las diferentes normativas como una oportunidad para las empresas que apuesten por la sostenibilidad, pudiendo éstas adaptarse con mayor facilidad a los cambios exigidos por ley; y además hace un repaso sobre las principales novedades en la materia durante estos últimos años.

En concreto, se explica cómo a finales de abril de ese año, las instituciones comunitarias alcanzaron un acuerdo sobre la Ley del Clima Europea, que conducirá a la revisión y el endurecimiento de 54 normas comunitarias que involucran sectores como el transporte y movilidad, la energía, la construcción y el comercio internacional.

De hecho, la primera consecuencia de la misma a nivel país ha sido la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Esta ley se propone disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, contando con una disminución de un 39% de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos de edificios, residuos o agricultura); conseguir que las energías renov

ables constituyan al menos un 42% del consumo de energía final; que al menos un 74% de la energía que alimenta al sistema eléctrico provenga de energías renovables y que la eficiencia energética aumente en un 39,5%. Objetivos ambiciosos que alinean al país con las exigencias del Acuerdo de París.

Otra de las novedades que cambiará completamente el esquema económico es la nueva Taxonomía Verde Europea aprobada en junio del 2020. Se trata de un marco que pretende llenar el vacío de información, enviando señales claras a los agentes financieros para que puedan identificar aquellas actividades que son medioambientalmente sostenibles y están alineadas con los objetivos ambientales y los compromisos del Acuerdo de París.

Por su parte, la Directiva de Información no financiera (NFRD) de 2014 de la Unión Europea también pretende dotar de información en materia de gestión medioambiental a los inversores, consumidores y otros grupos de interés. Ésta fue transpuesta en España a través de la Ley en materia de información no financiera y diversidad de 2018, que aumentó el nivel de exigencia, tanto en el ámbito de aplicación (empresas de más de 250 empleados/as) y el requerimiento de mayor concreción en los contenidos de los reportes anuales, como en la exigencia de un proceso de verificación independiente de la información reportada y en su aprobación en la junta general de accionistas. En este punto es preciso referirse a la recientemente aprobada Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la que se menciona la futura actualización de esta Ley y que considera hacer frente a la emergencia climática como uno de los retos señalados a nivel país y a los que se prestará especial atención.

Y si hablamos de planes estratégicos, no podemos olvidar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía (PRTR). Este plan ha sido aprobado por la Comisión Europea este mismo junio y según su presidenta, Ursula von der Leyen, “transformará profundamente la economía española, haciéndola más verde, más digital y más resiliente”. En concreto, se construye sobre 4 ejes que orientan 10 políticas palanca compuestas de 30 componentes. El Anuario 2021 incide en un eje concreto, la transición ecológica, que se traduce en componentes relacionados con políticas que impulsan la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Entre las áreas recogidas a impulsar, aquellas que recibirán una mayor inversión son: la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, la conservación y restauración de ecosistemas, el despliegue de la generación de renovables y la hoja de ruta del hidrógeno verde.

De este modo, España dirige todos sus esfuerzos hacia el logro de una economía neutra en carbono, siguiendo las directrices de la Unión Europea y contribuyendo a posicionar a Europa como un referente en la transformación sostenible.

Fuente: Red Española Pacto Mundial

Ley Europea del Clima: El Parlamento Europeo confirma la neutralidad climática en 2050

 

El Parlamento respaldó el jueves el texto, acordado de manera informal con el Consejo en abril, con 442 votos a favor, 203 en contra y 51 abstenciones. La norma transforma el compromiso político del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación. De esa manera ofrece a los ciudadanos y las empresas la seguridad jurídica y la predictibilidad que necesitan para preparar esa transición. Tras 2050, la UE debe aspirar a emisiones negativas.

 

 

 

Más ambición ya para 2030

La nueva Ley del Clima eleva el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 desde el 40% hasta al menos el 55% en comparación con 1990. Además, la próxima propuesta de la Comisión sobre el Reglamento LULUCF para regular las emisiones con efecto invernadero y las absorciones resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura elevará los sumideros de carbono (la capacidad de absorción de CO2 por nuestro entorno natural, como los árboles) y permitirá incrementar el porcentaje objetivo para 2030 hasta el 57%.

El límite de emisiones nocivas en virtud del acuerdo de París, base para el objetivo de 2040

La Comisión hará una propuesta para un objetivo para 2040 como tarde seis meses tras la primera revisión global prevista en el Acuerdo de París. En línea con la propuesta del PE, la Comisión publicará la cantidad máxima estimada de emisiones de gases de efecto invernadero que la UE puede producir hasta 2050 sin poner en riesgo los compromisos de la UE en virtud de dicho acuerdo. Ese “presupuesto” será uno de los criterios para definir el objetivo de 2040.

Antes del 30 de septiembre de 2023, y cada cinco años a partir de esa fecha, la Comisión evaluará el progreso colectivo de todos los Estados miembros, así como la coherencia con las medidas nacionales, hacia el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático

Dada la importancia de constar con asesoramiento científico independiente, y a partir de una propuesta del PE, se establecerá un Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático para evaluar los avances y determinar si la política europea está en línea con los objetivos.

Declaración de la ponente

Jytte Guteland (S&D, Suecia) señaló: «Me siento orgullosa de que finalmente tengamos una Ley del Clima. Hemos confirmado el objetivo neto de reducir las emisiones al menos el 55%, y cerca del 57%, para 2030, en línea con el acuerdo que tenemos con la Comisión. Habría preferido llegar más lejos, pero este es un buen acuerdo basado en la ciencia que marcará la diferencia. La UE debe ahora reducir sus emisiones más en la próxima década de lo que ha hecho en las tres décadas previas juntas, y tenemos objetivos más ambiciosos que pueden servir de inspiración a los países para ir más allá».

Próximos pasos

El Consejo tiene previsto aprobar el acuerdo pronto. El Reglamento será entonces publicado en el Diario Oficial y entrará en vigor 20 días después. La Comisión planea presentar una serie de propuestas el 14 de julio para permitir a la UE alcanzar el objetivo para 2030.

España aprueba su primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética

 

 

Por primera vez, España ya tiene una ley de cambio climático. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la norma por la que el país dejará de emitir gases de efecto invernadero en menos de tres décadas. Para ello dirá adiós a la venta de coches diésel y gasolina en 2040, modificará el sistema eléctrico para que sea 100% renovable y prohibirá la explotación de hidrocarburos, entre otras medidas. Esta norma, poco a poco, cambiará la forma de vivir, de producir y hasta el paisaje de España.

 

La Ley de Cambio Climático ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos, la abstención del PP y de Más País-Verdes Equo y el rechazo de Vox. «Es una ley que el país necesitaba y que se había postergado demasiado tiempo», ha asegurado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el Pleno del Congreso. Lo cierto es que desde asociaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, esta ley se les queda corta en su objetivo de reducción de emisiones. También para partidos como Más País-Verdes Equo.

El objetivo fundamental es que España sea neutra en carbono en 2050. Entre medias, en 2030 deberá haber recortado al menos un 23% de sus gases de efecto invernadero respecto a 1990; y la penetración de energías renovables deberá ser de al menos el 42% en el consumo de energía; mientras que en el sistema eléctrico la generación será, por lo menos, un 74% de origen renovable. Unos objetivos que deberán ser revisados en 2023.

Son unos objetivos que cambiarán el día a día de los españoles una vez entre en vigor la ley con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas son algunas de las repercusiones:

Zonas de bajas emisiones en ciudad

Se evitarán caos jurídicos como el de Madrid Central y se transformará el corazón de las ciudades. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán crear zonas de bajas emisiones en los próximos tres años. Es decir, poblaciones como Toledo o Gandía deberán imponer restricciones al tráfico, pero también impulsar la electrificación de la red de transporte público o facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Además, podrá haber criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares y sanitarios y para modificar este tipo de normativa en cualquier ciudad será necesario contar con un informe de la autonomía.

Fin de coches diésel y gasolina

Fue una de las medidas más sonadas cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la norma en 2018. En 2050 se espera que los españoles circulen en vehículos comerciales ligeros «sin emisiones directas de CO2». Para ello, se prevé que en 2040 dejen de venderse coches diésel, gasolina o híbridos. Según ha quedado redactado, los vehículos deberán emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que a día de hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de hidrógeno.

Más puntos de recarga

Es un problema acuciante para quienes viajan en coche eléctrico en España: la falta de puntos de carga. Ante la carestía actual, las gasolineras se verán obligadas a instalar puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio. Así, las primeras –las más grandes–, deberán tener al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.

También será obligatorio en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.

Educación ambiental

El cambio climático entrará de lleno en los colegios y universidades. La nueva ley de cambio climático obligará a hacer modificaciones y revisar el sistema educativo. Se busca reforzar el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones y «la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social», dice la ley. Para ello, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas de manera transversal.

Fin de ayudas

De manera inmediata, además, no habrá nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, salvo que haya motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. Además, se hará una propuesta de calendario para la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil.

Más ferrocarril

Los españoles viajarán más en ferrocarril, o esa es la intención de la nueva ley. Se desarrollará en los objetivos en la futura ley de movilidad sostenible, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.

Empresas con objetivos

Las grandes empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono. A partir de ahí, estas empresas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y plantear su ejecución en un horizonte temporal de cinco años, junto con las medidas para su consecución. Además, a partir de 2023, también las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París.

Consultas a los ciudadanos

Cualquier ciudadano podrá ser llamado para opinar sobre planes, estrategias o programas climáticos. España creará una asamblea ciudadana a nivel nacional y se recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales. Su composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de jóvenes.

Más leyes

La norma prevé ser completada con otras leyes aún pendientes. Por ejemplo, seis meses después de su aprobación, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación. También se espera una ley sobre residuos y otra sobre movilidad sostenible, así como una comisión para analizar una reforma fiscal verde, entre otros.

Finanzas sostenibles: la Comisión Europea toma nuevas medidas para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles

 

La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de medidas generales para contribuir a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea. Al permitir reorientar las inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles, estas medidas contribuirán a hacer que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Harán de la UE un líder mundial en el establecimiento de normas para las finanzas sostenibles.

El paquete consta de:

  • El acto delegado de taxonomía climática de la UE tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles, aclarando qué actividades económicas contribuyen más a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE. El Colegio de Comisarios ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el texto. El acto delegado se adoptará formalmente a finales de mayo, una vez se disponga de traducciones en todas las lenguas de la UE. En una Comunicación, también adoptada hoy por el Colegio de Comisarios, se expone con más detalle el enfoque de la Comisión.
  • Una propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta tiene por objeto mejorar el flujo de información sobre sostenibilidad en el mundo empresarial. Hará que la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas sea más coherente, de modo que las empresas financieras, los inversores y el público en general puedan utilizar información comparable y fiable sobre sostenibilidad.
  • Por último, seis actos delegados modificadores garantizarán que las empresas financieras, por ejemplo asesores, gestores de activos o aseguradoras, incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y su asesoramiento en materia de inversión a los clientes.

El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de Europa cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos, lograr que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050 y proteger, conservar y mejorar el capital natural y la biodiversidad de la UE.

Como parte de este esfuerzo, las empresas necesitan un marco general de sostenibilidad para cambiar sus modelos de negocio en consecuencia. Para garantizar la transición de la financiación y evitar el «blanqueo ecológico», todos los elementos del paquete de medidas de hoy aumentarán la fiabilidad y comparabilidad de la información sobre sostenibilidad. Ello situará al sector financiero europeo en el centro de una recuperación económica sostenible e integradora frente a la pandemia de COVID-19 y al desarrollo económico sostenible a largo plazo de Europa.

Acto delegado sobre taxonomía climática de la UE

La taxonomía de la UE es una herramienta de transparencia sólida y con base científica a disposición de empresas e inversores. Crea un lenguaje común que los inversores podrán utilizar en cualquier lugar al invertir en proyectos y actividades económicas que tengan una incidencia positiva sustancial en el clima y el medio ambiente. También introducirá obligaciones de información para las empresas y los participantes en los mercados financieros.

El acto delegado, acordado políticamente hoy por el Colegio de Comisarios, introduce el primer conjunto de criterios técnicos de selección para definir qué actividades contribuyen sustancialmente a dos de los objetivos medioambientales del Reglamento por el que se establece una taxonomía: adaptación al cambio climático  y mitigación del cambio climático. Estos criterios se basan en el asesoramiento científico del Grupo de Expertos Técnicos (TEG) sobre finanzas sostenibles. Es el resultado de amplios comentarios de las partes interesadas, así como de debates con el Parlamento Europeo y el Consejo. Este acto delegado abarcaría las actividades económicas de aproximadamente el 40 % de las empresas cotizadas en bolsa, en sectores que son responsables de casi el 80 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en Europa. Incluye sectores como la energía, la silvicultura, la industria manufacturera, el transporte y la construcción.

El acto delegado de taxonomía de la UE es un documento vivo y seguirá evolucionando con el tiempo, a la luz de los cambios y el progreso tecnológico. Los criterios serán objeto de revisión periódica. Esto garantizará que los nuevos sectores y actividades, incluidas las actividades transitorias y otras «actividades facilitadoras», puedan añadirse al ámbito de aplicación a lo largo del tiempo.

Una nueva Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad

La propuesta de hoy revisa y refuerza las normas existentes introducidas por la Directiva sobre información no financiera. Su objetivo es crear un conjunto de normas que, con el tiempo, igualen la información sobre sostenibilidad a la información financiera. Ampliará los requisitos de la UE relativa a la información sobre sostenibilidad a todas las grandes empresas y a todas las que cotizan en bolsa. Esto significa que casi 50 000 empresas de la UE tendrán que seguir normas detalladas de la UE en materia de información sobre sostenibilidad, frente a las 11 000 sometidas actualmente a estos requisitos. La Comisión propone el desarrollo de normas para las grandes empresas, y normas separadas y proporcionadas para las pymes, que las pymes no cotizadas pueden utilizar voluntariamente.

En general, la propuesta tiene por objeto garantizar que las empresas comuniquen la información fiable y comparable sobre la sostenibilidad que necesitan los inversores y otras partes interesadas. Garantizará un flujo coherente de información sobre sostenibilidad a través del sistema financiero. Las empresas tendrán que informar sobre la manera en que las cuestiones de sostenibilidad, como el cambio climático, afectan a sus negocios y al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.

La propuesta también simplificará el proceso de notificación para las empresas. Muchas empresas se encuentran actualmente bajo presión para utilizar una serie de diferentes normas y marcos de información sobre sostenibilidad. Las normas de información sobre sostenibilidad propuestas en la UE deben ser una «ventanilla única», que ofrezca a las empresas una solución única que satisfaga las necesidades de información de los inversores y otras partes interesadas.

Modificaciones de los actos delegados en materia de asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos

Las seis enmiendas presentadas hoy animan al sistema financiero a apoyar a las empresas en el camino hacia la sostenibilidad, y a apoyar a las empresas sostenibles existentes. También reforzarán la lucha de la UE contra el «blanqueo ecológico».

  • asesoramiento en materia de inversión y seguros: cuando un asesor evalúa la idoneidad de un cliente para una inversión, ahora tendrá que discutir las preferencias de sostenibilidad del cliente
  • obligaciones fiduciarias: las modificaciones presentadas hoy aclaran las obligaciones de una empresa financiera a la hora de evaluar los riesgos de sostenibilidad y la sostenibilidad de los modelos de negocio
  • supervisión y gobernanza de los productos de inversión y seguros: los fabricantes de productos financieros y los asesores financieros tendrán que considerar factores de sostenibilidad a la hora de diseñar sus productos financieros.

Antecedentes y siguientes etapas

La UE ha dado pasos importantes en los últimos años para construir un sistema financiero sostenible que contribuya a la transición hacia una Europa climáticamente neutra. El Reglamento sobre la taxonomía, el Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre los índices de referencia de la UE constituyen la base para aumentar la transparencia y la seguridad y ofrecer herramientas que permitan a los inversores determinar qué oportunidades de inversión son sostenibles.

Una vez adoptado formalmente, el acto delegado de taxonomía climática de la UE será examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo (cuatro meses y prorrogable una vez por dos meses adicionales).

Por lo que respecta a la propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad, la Comisión entablará conversaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Las seis modificaciones de los actos delegados sobre asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos serán examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (períodos de tres meses prorrogables una vez por tres meses adicionales) y se espera que se apliquen a partir de octubre de 2022.

Andalucía aprueba la Guía para la incorporación del Cambio Climático en los procedimientos de Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico

 

 

Esta Guía tiene como objetivo ofrecer un marco analítico para la consideración del cambio climático y su integración, óptima y efectiva, en el procedimiento de evaluación ambiental que acompaña a la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico dispuestos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , y sobre la base del conocimiento científico en materia de cambio climático más reciente, generado y disponible para el territorio andaluz.

 

 

 

La Guía se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la modificación de la Ley 7/2007,de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para su adaptación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo lo energético en Andalucía.
Se pone especial atención al papel del planeamiento urbanístico en la adaptación al cambio climático.

En lo referente a mitigación, la Guía incluye directrices para la identificación de fuentes de emisión y para la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero, en referencia a las medidas contempladas en los planes, de acuerdo con lo establecido por la Herramienta para la Evaluación de la Huella de Carbono de los municipios andaluces de la Junta de Andalucía, y el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.

La Guía no tiene carácter normativo, y se plantea como una guía metodológica y de criterios que surge con la voluntad de ayudar a los municipios que decidan utilizarla en la aplicación a su actividad planificadora de criterios sensibles a la problemática del cambio climático.https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/1

 

 

En fase de información pública el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030

 

 

En fase de información pública, el PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PEIEC) 2021-2030  establece las actuaciones a implementar en Extremadura en los ámbitos concretos de mitigación, adaptación, investigación e innovación y activación social para afrontar el cambio climático en la próxima década. Para ello, se establecen objetivos cuantificados en términos de reducción de emisiones de GEI, penetración de energías renovables y de eficiencia energética, de forma que se favorezca el desarrollo económico y social de la región y la generación de empleo de calidad, al tiempo que se minimicen los impactos derivados del cambio climático y en la naturaleza asociados al sistema energético extremeño, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)

 

 

 

 

El PEIEC identifica los retos y las oportunidades en los cuatro ámbitos de actuación que se establecen relevantes para Extremadura, y así aborda desde una perspectiva adaptada a la realidad extremeña las dimensiones del PNIEC aplicables a la región (la descarbonización, las energías renovables; la eficiencia energética, y la investigación, innovación y competitividad).
Los cuatro ámbitos de actuación del PEIEC, que a su vez se articulan en 57 medidas de carácter sectorial
y transversal, son:

 Mitigación del cambio climático (33 medidas)
 Adaptación al cambio climático (2 medidas)
 Investigación e innovación (11 medidas)
 Activación social (11 medidas)

Dadas las características geográficas, sociales y productivas de Extremadura, el PEIEC pone el foco en la mitigación del cambio climático, como pilar transversal a las dimensiones de la descarbonización y la eficiencia energética del PNIEC, diseñando medidas para lograr una economía hipocarbónica, reducir los consumos energéticos, así como para favorecer alternativas sostenibles a tecnologías y procesos que conllevan fuertes consumos energéticos. Los objetivos establecidos por el PEIEC para 2030 en lo que respecta al sistema energético y emisiones
de GEI son:

 Reducción de un 10,03% de las emisiones de GEI de Extremadura respecto de las emisiones de
2017.
 Incremento de un 9,8% de la capacidad de absorción de emisiones de GEI de los sumideros.
 Contribución del 40,6% de energía primaria renovable y del 35,7% de energía final renovable
en 2030.
 22% de reducción de energía primaria en 2030 respecto a 2017.
 99% de contribución renovable en la generación eléctrica en 2030.

Se ha estimado que la implantación de las medidas para conseguir estos objetivos en el conjunto del
periodo 2021-2030 precisaría de una movilización inversora mínima de 18.640 millones de euros, de los
cuales 17.487 procederán de la inversión privada y 1.152 de la inversión pública, lo que se traduce en un
importante aporte para la dinamización económica y para la modernización de la región.

En el siguiente enlace se puede consultar el Borrador, así como el Estudio Ambiental Estratégico http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/otras-noticias/informacion-publica

En Ambienta45 colaboramos con Entidades públicas y privadas en la presentación de alegaciones y en la elaboración de propuestas a las Administraciones Públicas.

Las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque en Navacerrada revertirán al Dominio Público Forestal y deberán devolverse a su estado original

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del MITECO, no realizará una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Esta decisión revertirá estos montes al dominio público forestal, garantizando la restauración ambiental y paisajística de la zona, que actualmente cuenta con diversas figuras de protección

 

La decisión responde al escenario actual de cambio climático, ya que, desde la década de los 70, la temperatura media en el Puerto de Navacerrada ha aumentado 1,95ºC y la nieve se ha reducido en un 25%

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no realizará una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque en Navacerrada. Así lo ha comunicado el OAPN en un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que había solicitado informe a Parques Nacionales como propietarios de esa parte del monte Pinar de Valsaín.

De acuerdo con el OAPN, la renovación de la concesión, firmada el 3 de abril de 1996 y que finaliza próximamente al cumplir el plazo de vigencia de 25 años, no es viable. La decisión revertirá estos montes al dominio público forestal ,garantizando la restauración ambiental y paisajística de estos terrenos de alto valor, situados en el entorno del Parque Nacional de la Sierra Norte de Guadarrama y catalogados como Zona de Ordenación Especial, que pasarían a formar parte de la Zona de Uso Limitado de Cumbres.

Las instalaciones para la práctica de esquí correspondientes a la concesión incluyen, además de las tres pistas mencionadas, tres telesillas con sus construcciones complementarias y un sistema de innivación artificial compuesto por un edificio depósito que alberga los compresores, las conducciones de agua y aire y los cañones de impulsión. También se encuentra en la zona un remonte tipo tapiz rodante instalado sin autorización.

La empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí deberá desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021.

UNA ZONA PROTEGIDA DE ALTO VALOR

La superficie, que se extiende en 7,6 hectáreas, cuenta con diversas figuras de protección. Por un lado, el terreno donde se encuentran las pistas y los telesillas linda al sur con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG), catalogados como Zona de Uso Moderado tipo B. El resto de su límite linda con el Área de Especial Protección del PNSG correspondientes a una Zona de Uso Moderado tipo A. Por su parte, la toma de agua del arroyo del Telégrafo se sitúa aguas arriba del inicio del tramo del Río Eresma, declarado como Reserva Natural Fluvial del Alto Eresma.

Además, el terreno ocupado se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso – El Espinar, de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Guadarrama, formando así parte de la Red Natura 2000.

La vegetación circundante al terreno ocupado se corresponde, además, con formaciones de pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) y de piornal – enebral de piorno serrano (Cyitisus purgans) y enebro rastrero (Juniperus comunis var. Nana).

 

IMPACTOS CLIMÁTICOS Y ALTA PRESIÓN HUMANA

El escenario actual de cambio climático ha determinado esta decisión, basada en predicciones nada favorables, de acuerdo con los datos recogidos por la estación meteorológica del Puerto de Navacerrada: desde la década de los 70 (década de mejores condiciones para la existencia de nieve en Navacerrada), la temperatura media ha aumentado 1,95ºC, la temperatura media de las mínimas también se ha incrementado en 0,77ºC y la nieve se ha reducido en un 25% (los días de helada disminuyen en 21,6 y los días de nieve en 24,2).

Un escenario al que hay que sumar la alta presión turística y recreativa que sufre la zona: el Puerto de Navacerrada soporta un grave problema de saturación y de acceso, aglomeraciones que, en ocasiones, suponen un problema de orden público y seguridad ciudadana, aportes de residuos sin una solución clara para su recogida y evacuación. En definitiva, un modelo de uso público que debe adecuarse a la preservación de los valores del entorno natural del parque nacional.

De hecho, la normativa de la Junta de Castilla y León relativa a la gestión de la ZEC propone limitar y condicionar las infraestructuras que comportan las instalaciones deportivas y de ocio. De igual forma, el plan básico de gestión de la ZEPA establece entre sus objetivos ordenar el intenso uso público que soporta la zona, mostrando especial preocupación por el macizo de Peñalara y el Puerto de Navacerrada.

En línea con lo establecido en la ley de montes de CyL y la legislación del PNSG, el OAPN insta a que la gestión del espacio ocupado por la estación de esquí del Puerto de Navacerrada debe fomentar aquellas acciones que estén orientadas a la preservación y mejora de los hábitats que componen estos montes y, en su caso, a su uso racional y sostenible, compatible con la conservación.

Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado con fecha 22 de Septiembre de 2020 el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta cuyo principal objetivo es construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante.

 

La presentación del PNACC 2021-2030 fue uno de los compromisos establecidos en el acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental. Tras pasar por un amplio proceso participativo, el documento que hoy ha adoptado el Gobierno no sólo responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta España, sino que se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

El PNACC se configura así como un instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal (desde distintos campos), multilateral (por parte de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales), ante los riesgos y amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para construir resiliencia, anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores y la sociedad.

 

En concreto, define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

 

Este nuevo PNACC, que cubre el horizonte temporal 2021-2030, tiene como principal objetivo establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, con el fin último de evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos.

 

En España, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente. La temperatura media en el conjunto del territorio ha subido alrededor de 1,7ºC desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 km2 en un plazo de 20 años.

 

Y no sólo es lo analizado y observado. Para el futuro la Ciencia nos recuerda que, en ausencia de respuestas de adaptación, los impactos en España serán cada vez más graves, y en un escenario de aumento de la temperatura media global de 2ºC, serán el doble de virulentos que si logramos contener esa alza de los termómetros en 1,5ºC.

 

HACIA UNA ECONOMÍA SÓLIDA Y UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima. También otros muchos campos esenciales para nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda. Por tanto, el PNACC pretende mejorar nuestra capacidad de anticipación e identificar cuáles son las mejores orientaciones para los distintos sectores de nuestra actividad económica si queremos construir una economía sólida y una sociedad inclusiva con nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes.

 

En este sentido, y tras el proceso de información pública, el documento que  ha adoptado el Consejo de Ministros recoge explícitamente nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras y reconoce su papel como actores interesados en todas las políticas orientadas a mitigar el cambio climático y evitar o reducir los riesgos que plantea.

 

Como fruto del intenso proceso participativo, el documento ha incorporado otras mejoras, entre las que cabe destacar que se ha ampliado el conjunto de instituciones responsables y colaboradoras en una treintena de líneas de acción, casi siempre a sugerencia de los propios interesados, lo cual refleja una disposición muy notable de las administraciones públicas, las organizaciones sociales y el sector privado a implicarse en la definición y aplicación de las medidas en materia de adaptación. Asimismo, se han incorporado también nuevos aspectos patrimoniales a tomar en consideración, entre ellos el paisaje y el patrimonio geológico, al tiempo que se amplía el ámbito de trabajo relativo a la biodiversidad para incorporar el conjunto del patrimonio natural.

 

REFUERZO DE LOS INTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 refuerza de forma notable los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, una colección inicial de 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Además de las orientaciones sectoriales, el plan propone siete líneas de trabajo claves para que sean transversales a todos los ámbitos:

 

–Vulnerabilidad territorial y social. Puesto que los eventos extremos afectan de manera muy desigual tanto social como territorialmente, en todos los sectores se fomentarán los análisis geográficos en los estudios de riesgos, así como el desarrollo de planes de adaptación para espacios muy vulnerables y se dará apoyo a las políticas de adaptación de organizaciones con base territorial. Además, en el ámbito social, se identificarán los grupos y comunidades con mayor nivel de riesgo y se desarrollarán respuestas adaptativas según los niveles de vulnerabilidad.

–Efectos transfronterizos. Los efectos del cambio climático más allá de nuestras fronteras pueden afectar en España. Por ello, el Plan prevé la identificación de las cadenas causa-efecto que trasladan los impactos ocurridos en el exterior de nuestro territorio y la definición de estrategias para reducir los riesgos.

 

–Enfoque de género. Dado que cambio climático no afecta de igual manera a hombres y mujeres, el PNACC analizará los datos de exposición, vulnerabilidad e impactos desagregados entre géneros; considerará las diferencias de percepción del riesgo y comportamientos, y fomentará el papel de las mujeres como agentes y líderes del cambio.

 

–Prevención de la mala adaptación e incentivos perversos. El Plan contempla la creación de listas de control para el chequeo de las potenciales medidas de adaptación, la evaluación de sus efectos sociales y su huella ecológica y la incorporación de criterios para prevenir efectos contraproducentes (la llamada “mala adaptación”) en las ayudas públicas.

 

–Costes y beneficios de adaptación e inacción. Habrá una estimación de los costes y los beneficios de la acción y la inacción, y las conclusiones se considerarán en la toma de decisiones.

 

–Orientación a la acción. Se valorarán las opciones de adaptación basadas en el análisis de riesgos, se planificarán y se aplicarán las medidas concretas y se realizará un seguimiento y evaluación para mejorar continuamente en todos los sectores.

 

PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA

El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 forma parte de una serie de instrumentos de planificación en materia de energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos del cambio climático, entre los que destacan el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los tres documentos incluyen la adaptación al cambio climático y poseen conexiones con el nuevo PNACC.

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