Ley Europea del Clima: El Parlamento Europeo confirma la neutralidad climática en 2050

 

El Parlamento respaldó el jueves el texto, acordado de manera informal con el Consejo en abril, con 442 votos a favor, 203 en contra y 51 abstenciones. La norma transforma el compromiso político del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación. De esa manera ofrece a los ciudadanos y las empresas la seguridad jurídica y la predictibilidad que necesitan para preparar esa transición. Tras 2050, la UE debe aspirar a emisiones negativas.

 

 

 

Más ambición ya para 2030

La nueva Ley del Clima eleva el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 desde el 40% hasta al menos el 55% en comparación con 1990. Además, la próxima propuesta de la Comisión sobre el Reglamento LULUCF para regular las emisiones con efecto invernadero y las absorciones resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura elevará los sumideros de carbono (la capacidad de absorción de CO2 por nuestro entorno natural, como los árboles) y permitirá incrementar el porcentaje objetivo para 2030 hasta el 57%.

El límite de emisiones nocivas en virtud del acuerdo de París, base para el objetivo de 2040

La Comisión hará una propuesta para un objetivo para 2040 como tarde seis meses tras la primera revisión global prevista en el Acuerdo de París. En línea con la propuesta del PE, la Comisión publicará la cantidad máxima estimada de emisiones de gases de efecto invernadero que la UE puede producir hasta 2050 sin poner en riesgo los compromisos de la UE en virtud de dicho acuerdo. Ese “presupuesto” será uno de los criterios para definir el objetivo de 2040.

Antes del 30 de septiembre de 2023, y cada cinco años a partir de esa fecha, la Comisión evaluará el progreso colectivo de todos los Estados miembros, así como la coherencia con las medidas nacionales, hacia el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático

Dada la importancia de constar con asesoramiento científico independiente, y a partir de una propuesta del PE, se establecerá un Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático para evaluar los avances y determinar si la política europea está en línea con los objetivos.

Declaración de la ponente

Jytte Guteland (S&D, Suecia) señaló: «Me siento orgullosa de que finalmente tengamos una Ley del Clima. Hemos confirmado el objetivo neto de reducir las emisiones al menos el 55%, y cerca del 57%, para 2030, en línea con el acuerdo que tenemos con la Comisión. Habría preferido llegar más lejos, pero este es un buen acuerdo basado en la ciencia que marcará la diferencia. La UE debe ahora reducir sus emisiones más en la próxima década de lo que ha hecho en las tres décadas previas juntas, y tenemos objetivos más ambiciosos que pueden servir de inspiración a los países para ir más allá».

Próximos pasos

El Consejo tiene previsto aprobar el acuerdo pronto. El Reglamento será entonces publicado en el Diario Oficial y entrará en vigor 20 días después. La Comisión planea presentar una serie de propuestas el 14 de julio para permitir a la UE alcanzar el objetivo para 2030.

Los eurodiputados exigen objetivos vinculantes para proteger la biodiversidad

 

  • El 30 % de la superficie terrestre y marítima de la Unión debe ser zonas protegidas
  • Objetivos vinculantes para la biodiversidad urbana como techos verdes en los edificios nuevos
  • Son necesarias medidas urgentes para detener el declive de las abejas y otros polinizadores

 

 

La UE necesita un «Acuerdo de París» sobre biodiversidad y una Ley Europea de la Biodiversidad para asegurar la recuperación, fortalecimiento y protección de los ecosistemas antes de 2050.

El Parlamento Europeo aprobó, con fecha 8 de Junio de 2021,  la Resolución sobre la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», con 515 votos a favor, 90 en contra y 86 abstenciones, que aborda el declive actual de la biodiversidad en Europa y en todo el mundo.

La naturaleza está decayendo en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Se estima que, de los ocho millones de especies que existen, un millón está en peligro de extinción (IPBES). Por este motivo, los eurodiputados acogen con satisfacción el propósito de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para garantizar que, antes de 2050, los ecosistemas del mundo se hayan recuperado, sean resilientes y estén adecuadamente protegidos. Para respaldar esta ambición, piden una Ley Europea de la Biodiversidad, similar a la Ley del Clima de la UE.

Los eurodiputados lamentan que la UE no haya alcanzado sus objetivos en materia de biodiversidad para 2020 y afirman que la nueva estrategia debe abordar adecuadamente los cinco principales factores de la transformación en la naturaleza: los cambios en los usos del suelo y del mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. También piden 20 000 millones de euros al año para la acción en materia de biodiversidad en Europa.

Los eurodiputados exigen un «Acuerdo de París» en la próxima conferencia de las Naciones Unidas en octubre de 2021, que fijará las prioridades mundiales en materia de biodiversidad para 2030 y más adelante.

El 30 % de la superficie terrestre y marítima de la Unión debe ser zonas protegidas

Aunque la UE cuenta con la red de zonas protegidas más extensa del mundo, los eurodiputados consideran que es necesario un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE. Reiteran su llamamiento para que al menos el 30 % de la superficie terrestre y marítima de la UE cuente con protección para 2030. Al menos una tercera parte de estas zonas, incluidos todos los bosques primarios y antiguos de la UE, deberá quedar prácticamente intacta. Los objetivos nacionales deberán tener en cuenta las diferencias en extensión y proporción geográfica de las zonas naturales.

Protección de la fauna y flora silvestres

Los eurodiputados afirman que debe lograrse un «estado de conservación favorable» para todas las especies y hábitats protegidos. Además, al menos el 30 % de las especies deberá alcanzar un estatus favorable, o mostrar una fuerte tendencia positiva en esa dirección. Según el texto, la UE debe liderar los esfuerzos para acabar con el comercio de especies en peligro de extinción y de productos derivados.

Biodiversidad en zonas urbanas

La Cámara apoya la creación de una Plataforma Europea para la Ecologización Urbana junto con objetivos vinculantes sobre la biodiversidad urbana, como una proporción mínima de techos verdes en los edificios nuevos y la prohibición del uso de pesticidas químicos.

Abejas y otros polinizadores

Los eurodiputados se oponen a renovar la aprobación del glifosato a partir del 31 de diciembre de 2022 e insisten en pedir que la iniciativa de la UE sobre los polinizadores se revise urgentemente. Su propósito es incluir un ambicioso marco europeo de seguimiento con objetivos e indicadores claros para detener el declive de los polinizadores, que son cruciales para el medio ambiente y la seguridad alimentaria.

Contexto en España

Según datos publicados en abril de 2021 por el Eurostat, en 2019 España era el país de la UE con la red más extensa de espacios terrestres de Natura 2000 en términos absolutos (138.111 km2). Esta longitud es casi el doble de la siguiente red más grande de espacios terrestres de Natura 2000, situada en Francia (70.875 km2). España también cuenta con la segunda red más extensa de zonas marinas protegidas por Natura 2000 (84.405 km2), sólo por detrás de Francia.

Declaración

El ponente César Luena (S&D, España) declaró: «Hoy estamos pidiendo una Ley Europea de la Biodiversidad similar a la Ley del Clima de la UE, que establecería el marco de gobernanza hasta 2050 para proteger la biodiversidad, incluyendo objetivos vinculantes para 2030. Estoy satisfecho de que hayamos apoyado los principales objetivos de la propuesta de la Comisión y hayamos apoyado la creación de un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE para recuperar al menos el 30 % de la superficie terrestre y marítima. También hay un amplio consenso sobre legislar para proteger y utilizar los suelos de manera sostenible, así como para un plan para abordar conjuntamente la crisis climática y la de biodiversidad».

Fuente: Parlamento Europeo

Andalucía aprueba la Guía para la incorporación del Cambio Climático en los procedimientos de Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico

 

 

Esta Guía tiene como objetivo ofrecer un marco analítico para la consideración del cambio climático y su integración, óptima y efectiva, en el procedimiento de evaluación ambiental que acompaña a la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico dispuestos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , y sobre la base del conocimiento científico en materia de cambio climático más reciente, generado y disponible para el territorio andaluz.

 

 

 

La Guía se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la modificación de la Ley 7/2007,de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para su adaptación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo lo energético en Andalucía.
Se pone especial atención al papel del planeamiento urbanístico en la adaptación al cambio climático.

En lo referente a mitigación, la Guía incluye directrices para la identificación de fuentes de emisión y para la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero, en referencia a las medidas contempladas en los planes, de acuerdo con lo establecido por la Herramienta para la Evaluación de la Huella de Carbono de los municipios andaluces de la Junta de Andalucía, y el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.

La Guía no tiene carácter normativo, y se plantea como una guía metodológica y de criterios que surge con la voluntad de ayudar a los municipios que decidan utilizarla en la aplicación a su actividad planificadora de criterios sensibles a la problemática del cambio climático.https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/1

 

 

En fase de información pública el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030

 

 

En fase de información pública, el PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PEIEC) 2021-2030  establece las actuaciones a implementar en Extremadura en los ámbitos concretos de mitigación, adaptación, investigación e innovación y activación social para afrontar el cambio climático en la próxima década. Para ello, se establecen objetivos cuantificados en términos de reducción de emisiones de GEI, penetración de energías renovables y de eficiencia energética, de forma que se favorezca el desarrollo económico y social de la región y la generación de empleo de calidad, al tiempo que se minimicen los impactos derivados del cambio climático y en la naturaleza asociados al sistema energético extremeño, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)

 

 

 

 

El PEIEC identifica los retos y las oportunidades en los cuatro ámbitos de actuación que se establecen relevantes para Extremadura, y así aborda desde una perspectiva adaptada a la realidad extremeña las dimensiones del PNIEC aplicables a la región (la descarbonización, las energías renovables; la eficiencia energética, y la investigación, innovación y competitividad).
Los cuatro ámbitos de actuación del PEIEC, que a su vez se articulan en 57 medidas de carácter sectorial
y transversal, son:

 Mitigación del cambio climático (33 medidas)
 Adaptación al cambio climático (2 medidas)
 Investigación e innovación (11 medidas)
 Activación social (11 medidas)

Dadas las características geográficas, sociales y productivas de Extremadura, el PEIEC pone el foco en la mitigación del cambio climático, como pilar transversal a las dimensiones de la descarbonización y la eficiencia energética del PNIEC, diseñando medidas para lograr una economía hipocarbónica, reducir los consumos energéticos, así como para favorecer alternativas sostenibles a tecnologías y procesos que conllevan fuertes consumos energéticos. Los objetivos establecidos por el PEIEC para 2030 en lo que respecta al sistema energético y emisiones
de GEI son:

 Reducción de un 10,03% de las emisiones de GEI de Extremadura respecto de las emisiones de
2017.
 Incremento de un 9,8% de la capacidad de absorción de emisiones de GEI de los sumideros.
 Contribución del 40,6% de energía primaria renovable y del 35,7% de energía final renovable
en 2030.
 22% de reducción de energía primaria en 2030 respecto a 2017.
 99% de contribución renovable en la generación eléctrica en 2030.

Se ha estimado que la implantación de las medidas para conseguir estos objetivos en el conjunto del
periodo 2021-2030 precisaría de una movilización inversora mínima de 18.640 millones de euros, de los
cuales 17.487 procederán de la inversión privada y 1.152 de la inversión pública, lo que se traduce en un
importante aporte para la dinamización económica y para la modernización de la región.

En el siguiente enlace se puede consultar el Borrador, así como el Estudio Ambiental Estratégico http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/otras-noticias/informacion-publica

En Ambienta45 colaboramos con Entidades públicas y privadas en la presentación de alegaciones y en la elaboración de propuestas a las Administraciones Públicas.

Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado con fecha 22 de Septiembre de 2020 el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta cuyo principal objetivo es construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante.

 

La presentación del PNACC 2021-2030 fue uno de los compromisos establecidos en el acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental. Tras pasar por un amplio proceso participativo, el documento que hoy ha adoptado el Gobierno no sólo responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta España, sino que se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

El PNACC se configura así como un instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal (desde distintos campos), multilateral (por parte de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales), ante los riesgos y amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para construir resiliencia, anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores y la sociedad.

 

En concreto, define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

 

Este nuevo PNACC, que cubre el horizonte temporal 2021-2030, tiene como principal objetivo establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, con el fin último de evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos.

 

En España, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente. La temperatura media en el conjunto del territorio ha subido alrededor de 1,7ºC desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 km2 en un plazo de 20 años.

 

Y no sólo es lo analizado y observado. Para el futuro la Ciencia nos recuerda que, en ausencia de respuestas de adaptación, los impactos en España serán cada vez más graves, y en un escenario de aumento de la temperatura media global de 2ºC, serán el doble de virulentos que si logramos contener esa alza de los termómetros en 1,5ºC.

 

HACIA UNA ECONOMÍA SÓLIDA Y UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima. También otros muchos campos esenciales para nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda. Por tanto, el PNACC pretende mejorar nuestra capacidad de anticipación e identificar cuáles son las mejores orientaciones para los distintos sectores de nuestra actividad económica si queremos construir una economía sólida y una sociedad inclusiva con nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes.

 

En este sentido, y tras el proceso de información pública, el documento que  ha adoptado el Consejo de Ministros recoge explícitamente nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras y reconoce su papel como actores interesados en todas las políticas orientadas a mitigar el cambio climático y evitar o reducir los riesgos que plantea.

 

Como fruto del intenso proceso participativo, el documento ha incorporado otras mejoras, entre las que cabe destacar que se ha ampliado el conjunto de instituciones responsables y colaboradoras en una treintena de líneas de acción, casi siempre a sugerencia de los propios interesados, lo cual refleja una disposición muy notable de las administraciones públicas, las organizaciones sociales y el sector privado a implicarse en la definición y aplicación de las medidas en materia de adaptación. Asimismo, se han incorporado también nuevos aspectos patrimoniales a tomar en consideración, entre ellos el paisaje y el patrimonio geológico, al tiempo que se amplía el ámbito de trabajo relativo a la biodiversidad para incorporar el conjunto del patrimonio natural.

 

REFUERZO DE LOS INTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 refuerza de forma notable los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, una colección inicial de 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Además de las orientaciones sectoriales, el plan propone siete líneas de trabajo claves para que sean transversales a todos los ámbitos:

 

Vulnerabilidad territorial y social. Puesto que los eventos extremos afectan de manera muy desigual tanto social como territorialmente, en todos los sectores se fomentarán los análisis geográficos en los estudios de riesgos, así como el desarrollo de planes de adaptación para espacios muy vulnerables y se dará apoyo a las políticas de adaptación de organizaciones con base territorial. Además, en el ámbito social, se identificarán los grupos y comunidades con mayor nivel de riesgo y se desarrollarán respuestas adaptativas según los niveles de vulnerabilidad.

Efectos transfronterizos. Los efectos del cambio climático más allá de nuestras fronteras pueden afectar en España. Por ello, el Plan prevé la identificación de las cadenas causa-efecto que trasladan los impactos ocurridos en el exterior de nuestro territorio y la definición de estrategias para reducir los riesgos.

 

Enfoque de género. Dado que cambio climático no afecta de igual manera a hombres y mujeres, el PNACC analizará los datos de exposición, vulnerabilidad e impactos desagregados entre géneros; considerará las diferencias de percepción del riesgo y comportamientos, y fomentará el papel de las mujeres como agentes y líderes del cambio.

 

Prevención de la mala adaptación e incentivos perversos. El Plan contempla la creación de listas de control para el chequeo de las potenciales medidas de adaptación, la evaluación de sus efectos sociales y su huella ecológica y la incorporación de criterios para prevenir efectos contraproducentes (la llamada “mala adaptación”) en las ayudas públicas.

 

Costes y beneficios de adaptación e inacción. Habrá una estimación de los costes y los beneficios de la acción y la inacción, y las conclusiones se considerarán en la toma de decisiones.

 

Orientación a la acción. Se valorarán las opciones de adaptación basadas en el análisis de riesgos, se planificarán y se aplicarán las medidas concretas y se realizará un seguimiento y evaluación para mejorar continuamente en todos los sectores.

 

PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA

El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 forma parte de una serie de instrumentos de planificación en materia de energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos del cambio climático, entre los que destacan el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los tres documentos incluyen la adaptación al cambio climático y poseen conexiones con el nuevo PNACC.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia su andadura parlamentaria

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050.
El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050.  De igual modo, el Gobierno da respuesta a la petición del Congreso de los Diputados que, en una moción aprobada por mayoría absoluta el pasado año, instó al Ejecutivo a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.
La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.
El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha.
“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones.
OBJETIVOS PARA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:
– Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
– Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
– Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
– Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
– Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.
HERRAMIENTAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC).
El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74%  y la eficiencia mejorará en un 39,5%.
Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.
Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación. De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público.
Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.
RENOVABLES Y EFICIENCIA, PALANCAS DE REACTIVACIÓN
La eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.
El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.
De igual modo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.
Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.
También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de  nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.
NUEVO MARCO RETRIBUTIVO PARA RENOVABLES
Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.
El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.
En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético
-operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.
LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.
Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
El sector de la movilidad y el transporte está en disposición de posicionar toda su cadena de valor en espacios de liderazgo de los nuevos modelos de movilidad, aprovechando las oportunidades que abre la realidad económica y social sin emisiones. Al respecto, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio.
En este sentido, el conjunto de las Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.  Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.
Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana,  medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.
El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente. De igual modo, indica que las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria.
PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA
Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, que es el segmento que más energía consume de todo el sector de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche las oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.
En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.
Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.
En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para
2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el  desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras.
DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL
El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.
Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.
En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.
RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática,  se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.
Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.
CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO Y BIODIVERSO
La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública, se implementará  un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.
Además, el PLCCTE establece que se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa,  en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono, igualmente claves para la neutralidad. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor de desarrollo y generación de empleo.
Por último, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en España ocupa cerca de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y responder a los nuevos escenarios climáticos.
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
La transición a una economía descarbonizada ofrece un amplio espectro de oportunidades de inversión y de empleo pero, al mismo tiempo, requiere de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. En su marco, se desarrollarán los convenios de transición justa en cada zona, con el objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio, especialmente, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. Entre otras cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El sistema educativo español reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado.
Al tiempo, el Gobierno promoverá que las universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático.
Por otro lado, se promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA
Finalmente, la Ley sigue con el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro si

stema. Destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno

La Comisión Europea presenta su Ley del Clima y abre una consulta sobre el Pacto Verde

La Comisión Europea presentó el 4 de Marzo una propuesta para consagrar en la legislación el compromiso político de la UE de ser un bloque climáticamente neutro para 2050, a fin de proteger el planeta y la población. La Ley del Clima Europea fija el objetivo para 2050 y la orientación de todas las políticas de la UE, además de ofrecer previsibilidad a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos. Al mismo tiempo, la Comisión abre una consulta pública sobre el futuro Pacto Europeo sobre el Clima. Mediante esta consulta, la población participará en la formulación conjunta de este instrumento.

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado lo siguiente: «Actuamos ahora para convertir a la UE en el primer continente neutro desde el punto de vista del clima de aquí a 2050. La Ley del Clima es la expresión jurídica de nuestro compromiso político y nos marca irreversiblemente la senda hacia un futuro más sostenible. Es el elemento central del Pacto Verde Europeo. Ofrece previsibilidad y transparencia a la industria y los inversores europeos, orienta nuestra estrategia de crecimiento ecológico y garantiza que la transición será gradual y justa».

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «Hoy pasamos de las palabras a los hechos a fin de demostrar a los ciudadanos europeos que vamos en serio al perseguir el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La Ley del Clima Europea es también un mensaje a nuestros socios internacionales de que este es el año en que juntos tenemos que aumentar nuestro nivel de ambición a escala mundial para alcanzar nuestros objetivos comunes en virtud del Acuerdo de París. La Ley del Clima garantizará que sigamos centrados y disciplinados, permanezcamos en el buen camino y rindamos cuentas por los resultados.»

Mediante la Ley del Clima Europea, la Comisión propone un objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Las instituciones de la UE y los Estados miembros están colectivamente obligados a adoptar las medidas necesarias a nivel nacional y de la UE para alcanzar el objetivo.

La Ley de Clima incluye medidas para hacer un seguimiento de los avances y ajustar nuestras acciones en consecuencia, sobre la base de los sistemas existentes, tales como el proceso de gobernanza para los planes nacionales de los Estados miembros en materia de energía y clima, los informes periódicos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y los últimos datos científicos sobre el cambio climático y sus repercusiones. Cada cinco años se examinarán los progresos registrados, en consonancia con el balance mundial del Acuerdo de París.

La Ley del Clima también aborda el camino a seguir para alcanzar el objetivo de 2050.

  • Sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva, la Comisión propondrá un nuevo objetivo de la UE de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La Ley del Clima se modificará una vez que se haya concluido la evaluación de impacto.
  • A más tardar en junio de 2021, la Comisión revisará, y en su caso propondrá revisar, todos los instrumentos políticos pertinentes para lograr las reducciones adicionales de las emisiones para 2030.
  • La Comisión propone que se establezca una trayectoria de 2030-2050 a escala de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, medir los progresos y ofrecer previsibilidad a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos.
  • A más tardar en septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará la coherencia de las medidas nacionales y de la UE con el objetivo de neutralidad climática y la trayectoria de 2030-2050.
  • La Comisión estará facultada para emitir recomendaciones a los Estados miembros cuyas actuaciones no sean coherentes con el objetivo de neutralidad climática, y los Estados miembros estarán obligados a seguirlas o a justificar el motivo de no haberlo hecho. La Comisión también podrá revisar la idoneidad de la trayectoria y las medidas a escala de la Unión
  • También se exigirá a los Estados miembros que formulen y apliquen estrategias de adaptación para reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

 

Configuración del Pacto Europeo sobre el Clima y de las futuras políticas correspondientes

Junto con las políticas y la reglamentación gubernamentales, todos los sectores de la sociedad y la economía deben desempeñar un papel en la transición hacia una Unión Europea climáticamente neutra.

Por ello, la Comisión pone en marcha hoy una consulta pública sobre un nuevo Pacto Europeo sobre el Clima, una amplia iniciativa encaminada a que los ciudadanos y las partes interesadas se hagan oír y participen en la formulación de nuevas acciones por el clima, el intercambio de información, la puesta en marcha de actividades de base y la presentación de soluciones que otros puedan seguir.

La consulta tendrá una duración de doce semanas. Las respuestas se utilizarán en la formulación del Pacto sobre el Clima, que se pondrá en marcha antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2020 (CP26).

La Comisión ha empezado oficialmente hoy esta labor mediante la publicación de las evaluaciones iniciales de impacto sobre el futuro mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, dos de los otros instrumentos políticos importantes en el marco del Pacto Verde Europeo. Además, el Colegio de Comisarios ha adoptado una propuesta para designar 2021 como Año Europeo del Ferrocarril a fin de destacar las ventajas para el clima de un mayor uso de la red ferroviaria por parte de los pasajeros y las mercancías.

Contexto

La ambición de la UE de convertirse en el primer bloque climáticamente neutro de aquí a 2050 constituye el elemento central del Pacto Verde Europeo presentado por la Comisión Von der Leyen el 11 de diciembre de 2019.

En primer lugar, la Comisión estableció su su visión de una UE climáticamente neutra para 2050 en noviembre de 2018, en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 °C y esforzarse por mantenerlo en 1,5 °C. El Parlamento Europeo aprobó el objetivo de la UE de alcanzar el objetivo de cero emisiones de gases de efecto invernadero el 14 de marzo de 2019. El 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo aprobó el objetivo de una UE climáticamente neutra para 2050.

Fuente: European Commission

El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, impulsando la economía, mejorando la salud y la calidad de vida de los ciudadanos

 

La Comisión Europea ha presentado ante el Pleno del Parlamento Europeo (11/12/2019) el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible transformando los retos en materia de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea justa e integradora para todos.
La presidenta Ursula von der Leyen,  ha declarado :  «El Pacto Verde Europeo es nuestra
nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Muestra cómo
transformar nuestro modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más
sana y nuestras empresas sean innovadoras. Todos podemos participar en la transición y todos
podemos aprovechar las oportunidades que brinda. Si somos los primeros en dar este paso y si lo
hacemos con premura, contribuiremos a que nuestra economía sea líder mundial. Vamos a poner todo
nuestro empeño en lograrlo, por el bien del planeta y de la vida que sustenta, por el patrimonio natural
de Europa, por la biodiversidad, por nuestros bosques y por nuestros mares. Si demostramos al resto
del mundo cómo ser sostenible y competitivo, podemos convencer a otros países para que se nos
unan».

El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans,  ha añadido lo siguiente: «Estamos en situación de
emergencia climática y medioambiental. El Pacto Verde Europeo representa una oportunidad para
mejorar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos mediante la transformación de nuestro modelo
económico. Nuestro plan define los medios para reducir las emisiones, restablecer la salud de nuestro
medio ambiente, proteger a nuestra fauna silvestre, crear nuevas oportunidades económicas y mejorar
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La contribución de todos y cada uno de nosotros es
importante; todos los países y sectores se verán afectados por esta transformación. Por otra parte,
nuestra responsabilidad consiste en garantizar que esta transición sea solo eso, una transición, y que
nadie se quede atrás en la ejecución del Pacto Verde Europeo».

El Pacto Verde Europeo incorpora una hoja de ruta con una serie de actuaciones para impulsar el
uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y detener el cambio
climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Describe las inversiones
necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y explica cómo garantizar una transición
justa e integradora.

El Pacto Verde Europeo abarca todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte,
la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC,
los textiles y los productos químicos.

Para transformar en legislación la ambición política de ser el primer continente climáticamente neutro
en 2050, la Comisión presentará en un plazo de 100 días la primera «Ley del Clima Europea». Para
materializar nuestra ambición en materia de clima y medio ambiente, la Comisión también presentará
la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, la nueva Estrategia Industrial, el Plan de Acción de la
Economía Circular, la Estrategia «de la granja a la mesa» de alimentación sostenible y propuestas para
una Europa sin contaminación. Comenzarán de inmediato los trabajos para endurecer los objetivos de
emisiones de Europa para 2030 y se fijará una senda realista hacia el objetivo de 2050.

La consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo exigirá una inversión significativa. Se
calcula que cumplir los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030 requerirá 260 000
millones EUR de inversión anual adicional, lo que representa aproximadamente el 1,5 % del PIB de
2018. Para ello habrá que movilizar a los sectores público y privado. La Comisión presentará a
principios de 2020 el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible con el fin de contribuir a alcanzar
las necesidades de inversión. Al menos el 25 % del presupuesto de la UE a largo plazo deberá
dedicarse a la acción por el clima, y el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco climático
europeo, ofrecerá apoyo adicional. Para que el sector privado contribuya a financiar la transición
ecológica, la Comisión presentará la Estrategia de Financiación Ecológica en 2020.

La lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente es un reto común, pero no
todas las regiones y los Estados miembros parten de la misma situación. El Mecanismo para una
Transición Justa apoyará a las regiones que dependen en gran medida de actividades con un uso
muy intensivo de carbono. Ayudará a los ciudadanos más vulnerables en la transición, facilitando el
acceso a programas de reciclaje profesional y oportunidades de empleo en nuevos sectores
económicos.

En marzo de 2020, la Comisión pondrá en marcha el «Pacto por el Clima» para dar voz y cometido a
los ciudadanos en el diseño de nuevas acciones, la difusión de información, el comienzo de iniciativas
de base y la presentación de soluciones que otros puedan repetir.

Los retos mundiales del cambio climático y la degradación del medio ambiente reclaman una
respuesta mundial. La UE seguirá promoviendo sus objetivos y estándares medioambientales en las
conferencias de las Naciones Unidas sobre biodiversidad y clima y reforzará su diplomacia verde. El G7,
el G20, las conferencias internacionales y las relaciones bilaterales servirán para convencer a los
demás para que redoblen sus esfuerzos. La UE también utilizará la política comercial para garantizar la
sostenibilidad y establecerá asociaciones con los vecinos de los Balcanes y de África para ayudarlos en
sus propias transiciones.

Próximas etapas

La Comisión solicita al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo que refrenden la ambiciosa visión de
la Comisión para la economía y el medio ambiente futuros de Europa y que ayuden a hacerla realidad.
La Comisión propondrá las medidas anunciadas en la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo.

Contexto

El cambio climático y la degradación del medio ambiente representan una amenaza existencial para
Europa y el mundo. Para superar este reto, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que
transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la
que no existan emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, en la que el crecimiento
económico no dependa del uso de recursos y en la que no se desatienda a ningún ciudadano o región.

La Unión Europea ya cuenta con un historial sólido de reducción de sus emisiones de gases de efecto
invernadero manteniendo el crecimiento económico. Entre 1990 y 2018, las emisiones bajaron un
23 %, mientras que el PIB de la Unión creció un 61 % en el mismo período. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer. Dada su vasta experiencia, la UE está a la vanguardia en la creación de una
economía verde e integradora.

La Comunicación sobre el Pacto Verde fija la línea de actuación en los próximos meses y años. La labor
que desarrollará la Comisión se guiará por las exigencias públicas de actuación y por los datos
científicos de carácter incuestionable, contrastados de manera exhaustiva por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Panorama de
los Recursos Globales (Global Resources Outlook) y los informes de estado y perspectivas de 2019 de
la Agencia Europea de Medio Ambiente. Nuestras propuestas se basarán en datos contrastados e irán
avaladas por consultas de amplio calado.

Una mayoría abrumadora de los europeos considera que la protección del medio ambiente es
importante (95 %). Casi 8 de cada 10 europeos (77 %) afirma que la protección del medio ambiente
puede impulsar el crecimiento económico. Los resultados de la encuesta del Eurobarómetro relativa a
las actitudes de los ciudadanos de la UE respecto al medio ambiente confirman el amplio respaldo
público a la legislación medioambiental a nivel de la UE y a la financiación de la UE para actividades
respetuosas con el medio ambiente.

Fuente: European Commission

El Parlamento Europeo aprueba la nueva Comisión Europea, con el clima como bandera

Comisión von der Leyen (2019-2024)   
Comisión von der Leyen (2019-2024)

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 27 de noviembre a la Comisión Europea por 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones. El equipo liderado por la alemana Ursula von der Leyen podrá iniciar su mandato de cinco años, hasta 2024, el próximo 1 de diciembre.

«Si hacemos bien nuestro trabajo, Europa en 2050 será el primer continente del mundo en ser neutral en carbono, será una potencia superior en el sector digital, será la economía que mejor logre encontrar el equilibrio entre el mercado y el aspecto social… La tarea no es fácil, pero juntos podemos hacerlo», señaló von der Leyen al presentar a su equipo y su programa de trabajo ante el pleno.

La votación se celebró después de la intervención de von der Leyen y de un debate con los eurodiputados. Para salir adelante, la Comisión Europea necesitaba lograr un respaldo de al menos una mayoría simple de los votos emitidos. La votación fue nominal y electrónica.

Legitimidad democrática

Con este último paso se cierra el minucioso proceso de evaluación del colegio de comisarios por parte del Parlamento, que sometió a cada candidato a audiencias públicas individuales, entre septiembre y noviembre. Este procedimiento tiene por objetivo garantizar la idoneidad de los comisarios para sus puestos y que el organismo ejecutivo de la UE tenga la legitimidad democrática necesaria para actuar en interés de los europeos.

Los eurodiputados eligieron a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión en julio.

Retraso por la retirada de candidatos

El voto final de aprobación de la Comisión en su conjunto estuvo previsto en un primer momento para el pleno del 23 de octubre, pero el rechazo por parte del Parlamento de tres de los candidatos inicialmente presentado por von der Leyen y su consiguiente retirada y sustitución obligaron a retrasar la decisión.

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo identificó conflictos de intereses en los casos de László Trócsányi (Hungría) y Rovana Plumb (Rumanía), mientras que Sylvie Goulard (Francia) no recibió el apoyo de las comisiones parlamentarias de Mercado Interior y de Industria para encargarse de la cartera de Mercado Interior.

Olivér Várhelyi (Hungría), Adina-Ioana Vălean (Rumanía) y Thierry Breton (Francia) fueron propuestos como reemplazo y finalmente superaron el escrutinio del Parlamento.

El 21 de noviembre, los líderes de los grupos políticos y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dieron por concluido el proceso de evaluación y acordaron que la votación final para dar luz verde a la nueva Comisión podía celebrarse en la siguiente sesión plenaria.

Fuente: Parlamento Europeo

El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica

El Gobierno español ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan contempla un total del 57 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.

 

Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH3) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.

 

La Directiva citada fija la obligación a los Estados Miembrosde aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes.

 

Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. En definitiva, este programa hace que confluyan por primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.

 

Se considera que el horizonte temporal del PNCCA es de 2020-2030 y es para ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de la Directiva de Techos también se establecen para el año 2030. No obstante, al PNCCA se le asigna el periodo 2019-2022 porque la Directiva establece la obligación de actualizar al menos, cada cuatro años, los programas nacionales. Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro años o antes si es necesario o si así lo indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de estos contaminantes.

 

57 MEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

La directiva marca un objetivo final de resultado en 2030. Con las medidas y políticas ya existentes se constató que el objetivo no se alcanzaría salvo que se implementaran medidas adicionales en todos los sectores contaminantes.

 

Con este objetivo, el PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 5 destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicos volátiles.

Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.

 

Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.  

La combinación de las medidas del PNIEC y de esta primera fase del PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.

 

COMPROMISOS NACIONALES

La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO2); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH3) y un 50% para partículas finas (PM2,5).

 

Las medidas propuestas en el PNCCA permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO2, NOx, NH3 y PM2,5), con reducciones del 92% para el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas.  .

 

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 30%) puesto que estas emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas adicionales, algunas ya señaladas en el propio Programa.

El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones de dióxido de nitrógeno (NO2), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer multas millonarias.

 

Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública.

Fuente: Miteco

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad