La Comisión reenvía a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

 Hace solo unas semanas el Gobierno de España aprobó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos(PEMAR),  que establece las lineas estratégicas  y las medidas necesarias para cumplir los objetivos comunitarios en la materia, esto es, convertir a Europa en una socidad eficiente en el uso de los recursos, que produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible, los que no puedan ser evitados.

Se trata, sin duda, de un paso importante para cumplir con las exigencias de la Unión Europea para la financiación de los proyectos de inversión en la gestión de residuos y una muestra de la disposición del Gobierno de España de mejorar la gestión de los residuos, muy cuestionada por la propia Comisión Europea y que, de hecho, ha provocado numerosas quejas y denuncias, que puede conllevar sanciones millonarias al Estado Español.

Sin embargo, esta puede ser una oportunidad para crear empleo y riqueza en zonas que, en estos momentos, se encuentran degradas o en riesgo por esa deficiente gestión de los residuos. Esto es lo que la Comisión Europea ha querido poner de manifiesto con la publicación del artículo que a continuación transcribimos (Revista "Medio Ambiente para los Europeos") relativo al caso irlandés, tras cerrarse el procedimieno de infracción contra aquél país por su deficiente política en el tratamiento de residuos y el incumplimiento de la normativa comunitaria.

"Encumplimiento de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2005, Irlanda ha efectuado una profunda reforma de sus mecanismos de aplicación de la normativa sobre residuos por parte de las autoridades locales, ha clausurado vertederos ilegales y ha aportado financiación para recuperar suelos degradados o compensar los perjuicios medioambientales ocasionados. Esta ingente labor ha transformado el sector de los residuos en Irlanda y ambas partes están satisfechas con los resultados, que pueden ser de interés para otros países.

Montañas de basura

A finales de la década de 1990 la Comisión comenzó a recibir quejas de organizaciones y ciudadanos irlandeses sobre la existencia de vertederos y desguaces ilegales, y de impasibilidad de las autoridades locales ante sus denuncias.

Los ayuntamientos seguían acumulando residuos domésticos en vertederos situados en las inmediaciones de pueblos y ciudades. No se tomaban medidas para evitar que los contaminantes penetrasen en el suelo y se filtrasen a las aguas, y muchos de los vertederos se encontraban en humedales con un gran valor natural. La Comisión instó a las autoridades irlandesas a tomar medidas inmediatas para clausurar los vertederos.

Pero los años iban pasando y el problema no hacía sino agravarse. «Llegaban quejas de todos los confines del país», recuerda un funcionario de la Comisión. Era rarísimo que se sancionara a los infractores y las multas eran tan nimias —en un caso, de 100 euros, frente a los 1 000 euros que cuesta un permiso de vertido de residuos— que no tenían ningún efecto disuasorio. Al mismo tiempo, se vertían ilegalmente grandes cantidades de residuos domésticos en la frontera con Irlanda del Norte (que es parte del Reino Unido), y había más de 340 desguaces ilegales de vehículos. Era como si la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil no existiera.

La gota que colmó el vaso para la Comisión fue un vertedero de Tramore, en el condado de Waterford, ubicado junto a un humedal de relevancia internacional. La Agencia de Protección del Medio de Irlanda tardó cuatro años en tramitar la licencia para el vertedero, y mientras tanto la montaña de basura fue creciendo y avanzando cada vez más hacia el humedal.

La Comisión denunció a Irlanda en lo que fue el primer caso por infracción sistemática de la Directiva marco sobre residuos. La gran cantidad de pruebas ponía de relieve una grave dejación de funciones por parte del Gobierno. En un principio, se contemplaron doce emplazamientos, pero a medida que fue saliendo a la luz la magnitud del problema, la cifra se elevó a cuarenta y dos casos independientes.

«Indefendible»

La sentencia del 22 de abril de 2005 sirvió para abrir los ojos y provocó un cambio radical de estrategia. El Gobierno irlandés encomendó a Pat Fenton la tarea de gestionar la reacción ante el fallo del Tribunal. «Cuando tuve ante mí el caso me dije "Dios mío, la mayoría de estas infracciones son indefendibles". Es innegable que se trata de un caso de incumplimiento sistemático».

Según Fenton, la mayor dificultad residía en encontrar el modo de darle la vuelta al caso para encontrar un punto de apoyo (véase el artículo «La experiencia de Irlanda»). Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Fenton coordinó un ambicioso programa de reformas, que incluía la creación de una red nacional de control, a la que se dotó de agentes encargados de combatir los vertederos ilegales. Se interpusieron las primeras demandas de cierta envergadura a los infractores. Los fondos obtenidos mediante un impuesto específico se dedicaron a limpiar o compensar los daños en los lugares en los que se habían instalado los vertederos ilegales. El número de desguaces paso de 340 a 4.

El programa de medidas adoptado por el Gobierno de Irlanda en 2012 resultó instrumental para cerrar el caso. Este documento, que se actualizaba cada seis meses, describía en detalle los pasos que se estaban llevando a cabo para cumplir la sentencia. La reacción decidida y bien organizada de Irlanda satisfizo a la Comisión, ya que demostraba que se estaban haciendo importantes progresos.

Los costes fueron muy cuantiosos —del orden de 300 millones de euros—, máxime en tiempos de austeridad, pero podían haber sido aún mayores. Si los Estados miembros no acatan una sentencia, la Comisión puede en cualquier momento interponer otra denuncia y solicitar multas de hasta 10 millones de euros cada seis meses.

«Alejarse del abismo»

«Empezamos con una situación de quejas constantes de la población», recuerda un funcionario de la Comisión. «Esta experiencia demuestra que con organización y determinación, los Estados miembros pueden alejarse del abismo y obtener resultados con los que la mayoría de los afectados por el caso están abiertamente conformes. A día de hoy recibimos muy pocas quejas».

Ahora que se han corregido las irregularidades, la Comisión ha decidido cerrar el caso.

Nuevos humedales para compensar el daño

El vertedero ilegal de Tramore había invadido las albuferas hasta tal punto que la Comisión solicitó una compensación. Para poder crear un «humedal compensatorio», la autoridad local adquirió un terreno cercano y dejó que el mar lo inundase para recuperar la biodiversidad perdida en la zona del vertedero. Un lugar que unos años atrás los observadores de la UE habían calificado de «desastre» medioambiental, estaba ahora limpio y contaba con un nuevo humedal.

Una acería abandonada se convierte en un parque público

Haulbowline es el último espacio que se rehabilitó en el marco del caso. Esta isla del puerto de Cork albergaba una antigua acería que se cerró y abandonó en 2002. Por las grietas del dique de contención se filtraban contaminantes a las aguas de la zona. La escombrera para escoria había ampliado la superficie de la isla en más de 80 000 m2. Para los funcionarios de la Comisión, este lugar se había convertido en un «grave problema» y en un motivo de preocupación para la población local. Tras un complejo proceso administrativo, se ha programado su limpieza y transformación en un parque público. La transparencia fue la clave de la buena gestión en este espacio. La autoridad local creó una página web para mantener a la población informada sobre los progresos y gestionar cualquier problema que surgiese durante los trabajos de transformación."