El Gobierno aprueba medidas de urgencia en la tramitación de las energías renovables

El Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas para hacer frente a la situación de emergencia energética y económica actual, mediante la aprobación del Real Decreto Ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes  en el marco de Plan Nacional  de respuesta a las consecuencias  económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El capítulo III recoge medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética. Se establece un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables con vigencia temporal, de aplicación en el ámbito de competencia estatal, que también podrá ser aplicado por las Comunidades Autónomas en su ámbito de competencias.

El fomento de las energías renovables constituye uno de los pilares más importantes del proceso de transición energética que debe acometer España para lograr la descarbonización de  nuestra economía en 2050, cumpliendo así los compromisos adquiridos frente a la UE y en el Acuerdo de París.

Así, el artículo 3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, prevé que en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %, un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable.

Teniendo presente el artículo 4.2 de la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, se establecen como criterios conjuntos para someter los proyectos de energías renovables a este procedimiento, que sus líneas aéreas no se encuentren incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sean proyectos eólicos con una potencia igual o inferior a 75 MW o proyectos de energía solar fotovoltaica con una potencia igual o inferior a 150 MW y que, no ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 2000, estén ubicados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada según la «Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables», herramienta elaborada por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

 

El resultado de este procedimiento es la detección de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. El informe podrá determinar la obligación de someter la autorización del proyecto a las condiciones que se estime oportuno para mitigar o compensar posibles afecciones ambientales del mismo, así como a condiciones relativas al seguimiento y plan de vigilancia del proyecto o bien, podrá determinar someterlo al procedimiento de evaluación ambiental que establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, si procede. Por ello, la instalación no podrá ser objeto de autorización de construcción o explotación si no se respetan dichas condiciones.Otra medida que se introduce en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, es la priorización del despacho de los expedientes que correspondan a proyectos de generación mediante energías renovables ubicados en zonas de sensibilidad baja y moderada conforme a la «Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables».

Respecto de la simplificación de los procedimientos de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General del Estado que se han descrito anteriormente, se declaran de urgencia por razones de interés público, consistentes en la reducción de la dependencia energética, la contención
de precios y la garantía del suministro. Por ello, será de aplicación la reducción de plazos y demás efectos establecidos por el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se efectuará de manera conjunta la tramitación y resolución de las autorizaciones previa y de construcción definidas, acumulándose los trámites de información y de remisión del proyecto de ejecución a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte de la instalación que pueda afectar a bienes y derechos a su cargo, y simultaneándose con el trámite de información pública. El procedimiento para los proyectos para los que los promotores hayan solicitado su declaración como de utilidad pública se acumula en sus trámites equivalentes a este procedimiento. Tras ello, el área funcional o, en su caso, dependencia de Industria y Energía dará traslado inmediato del expediente y de su
informe a la Dirección General de Política Energética y Minas a efectos de resolución.

Por otro lado, las instalaciones solares fotovoltaicas flotantes abren nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, especialmente en países con una alta densidad de población y escasez de suelo disponible. Tienen ciertas ventajas sobre los sistemas terrestres, como un mejor rendimiento energético gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución de polvo, entre otros aspectos.

La posibilidad de agregar capacidad solar flotante a las centrales hidroeléctricas existentes es de particular interés. La capacidad solar se puede utilizar para aumentar la producción de dichas instalaciones y optimizar las infraestructuras de evacuación ya existentes, y también puede ayudar a gestionar los períodos de baja disponibilidad de agua. Otra posible ventaja de la energía solar flotante puede ser la reducción de la evaporación, ya que los paneles solares proporcionan sombra y limitan el efecto de la evaporación, lo que se entiende de especial importancia en medios áridos, así como la reducción o eliminación del sombreado de los paneles por su entorno, o la no necesidad de una preparación importante del terreno. Igualmente, la sombra proporcionada por estos solares flotantes también ayuda a reducir la presencia de floraciones de algas en cuerpos de agua dulce.

En cualquier caso, dado que el concepto de fotovoltaica flotante es reciente y aún poco explorado, no existen estudios sistemáticos sobre los posibles impactos causados por dichas instalaciones, en especial, con referencia a la influencia sobre el potencial ecológico de la masa receptora, aunque otro tipo de impactos ambientales a menudo parecen justificar este tipo de proyectos. Se entiende, por tanto, necesario establecer programas de seguimiento con el fin de conocer las características de estas instalaciones.

En síntesis, por medio de este real decreto-ley se modifica la Ley de Aguas a fin de determinar el marco que ha de regir las concesiones administrativas precisas para la puesta en servicio de plantas solares fotovoltaicas ubicadas en el dominio público.

(Leer Real Decreto-Ley 6/2022)

El Gobierno saca a información pública el borrador del plan de adaptación al cambio climático con 81 líneas de acción

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 será el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España en la próxima década. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC 2021-2030 definirá objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio del clima.

 

El borrador del PNACC 2021-2030 define y describe 81 líneas de acción sectoriales organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas, protección forestal, lucha contra la desertificación, y agricultura, ganadería, pesca y alimentación. También propone una nueva gobernanza, para facilitar la coherencia de la acción climática y favorecer nuevas prácticas en la forma de legislar, de planificar, de presupuestar, de gestionar y de informar, como respuesta a los riesgos derivados del cambio climático, tanto para las administraciones públicas como para el sector privado.

El plan que establece un marco temporal 2021-2030, forma parte del marco estratégico de energía y clima, un conjunto de instrumentos, entre los que destacan, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.

Una vez aprobado, las acciones se concretarán con políticas sectoriales y se integrarán en la normativa que regula cada actividad. De este modo, el PNACC afectará a normativas como el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, la Estrategia Forestal Española; la Estrategia para la Protección de la Costa Española; la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.

   Además, también afectará a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027; la Estrategia frente al Reto Demográfico; la Estrategia Española de Economía Circular; el Plan Estratégico de España para la Política Agraria Común 2021-2027; el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente; el Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles; el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025; el Plan Estratégico de Educación y Estilos de Vida Saludables 2021-2025.

Asimismo, deberán incorporar, mantener o reforzar, el componente adaptativo en las futuras actualizaciones del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de las Estrategias Marinas, del Plan Forestal Español o del Plan Nacional de Regadíos.

En la misma línea, también plantea que la adaptación al cambio climático deberá incorporar algunas normas con rango de Ley que se están preparando en la actualidad, como la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Ley de Industria y Estrategia Industrial y, por ende, algunas otras normas existentes podrían requerir modificaciones para reforzar la adaptación. Ese es el caso de la Ley de aguas o la Ley de Evaluación Ambiental.

 

Presentación de observaciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se publica el borrador del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 con el fin de que se puedan formular, en su caso las observaciones que se estimen oportunas, desde el 4 de Mayo hasta el 4 de Junio de 2020.

En todo caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, relativa a la suspensión de plazos administrativos, el plazo para la recepción de observaciones se prolongará mientras sea de aplicación la citada suspensión de plazos administrativos, y hasta 15 días después de su finalización o derogación.

En conclusión, la fecha indicada de finalización del periodo de consulta queda en suspenso y será ajustada según lo establecido en el Real Decreto 463/2020 citado

Fuente: www.miteco.gob.es

Evaluación Ambiental de Proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000

impacto_ambiental

 

La pasada semana se celebró en Madrid el VIII Congreso Nacional de Evaluación Ambiental, organizado por la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA), punto de encuentro para todos los profesionales implicados en la evaluación y gestión ambiental.

 

 

 

En este contexto, SEO/BirdLife ha presentado una nueva publicación bajo el título Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. Con un enfoque práctico, el libro pretende arrojar luz en aquellos conceptos y criterios que representan en la actualidad un obstáculo o sobre los que existen diversidad de interpretaciones.

 

SEOImpactoAmb

 

La necesidad y obligación de evaluar el impacto de los proyectos que puedan afectar a los espacios de la Red Natura 2000 quedó reflejada por primera vez en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE). Sin embargo, la normativa no establece ningún procedimiento o metodología que deba ser aplicada a la hora de realizar dicha evaluación.

SEO/BirdLife quiere contribuir con esta guía metodológica a mejorar la aplicación del artículo 6 de la Directiva de Hábitats para facilitar la tarea de los técnicos que elaboran los estudios ambientales, de los técnicos de la administración y de todas las personas interesadas que, mediante los mecanismos de participación pública, pudieran intervenir en el procedimiento.

Como entidad científica y conservacionista que lleva 60 años dedicada al estudio, la conservación y la divulgación de la naturaleza, SEO/BirdLife participa activamente en los procesos de información pública dentro de los procedimientos de evaluación ambiental, poniendo al servicio de la sociedad todo su conocimiento. “Esta experiencia de tantos años nos ha demostrado que, para que las herramientas de evaluación puedan ser efectivas, no es suficiente contar con una buena legislación, sino que también hay que ser estricto a la hora de garantizar su aplicación” afirma Asunción Ruiz, Directora de SEO/BirdLife.

La característica que hace que la Red Natura 2000 sea tan singular es su vocación de convivencia, ya que en sus espacios es posible compatibilizar la conservación de la naturaleza y de las actividades humanas. Julieta Valls, técnico de SEO/BirdLife y una de las autoras de la publicación afirma que: “En este contexto resulta primordial la aplicación de mecanismos o procedimientos preventivos, que permitan evaluar los nuevos desarrollos, con el objeto de evitar, reducir o compensar los impactos ambientales que se puedan producir sobre los objetivos de conservación de la Red Natura 2000”.

 

Proceso participativo previo a la publicación

 

Para identificar los aspectos que la publicación debía desarrollar se realizó una encuesta online con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades del procedimiento de evaluación que se está realizando en España. La encuesta, respondida por 113 expertos, ha identificado que algunos de los problemas son la falta de evaluación de los efectos acumulados con otros proyectos (77%), la baja calidad de la información aportada (71%) o la falta de valoración económica de las medidas compensatorias. Como aspectos positivos el 68% ha respondido que la información aportada por las ONGs ambientales contribuye a mejorar la evaluación de los efectos de los proyectos sobre la Red Natura 2000.

Además, se desarrollaron dos talleres participativos con técnicos de la administración, consultores ambientales, organizaciones no gubernamentales y empresas. Con los resultados de la encuesta y los talleres, el libro Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 pretende mejorar los siguientes aspectos:

  • Esclarecer el procedimiento y la participación de los actores implicados.
  • Clarificar la terminología utilizada, identificando equivalencias.
  • Facilitar la evaluación de los efectos en combinación con otros proyectos.
  • Identificar la información que debe aportar el promotor, facilitando su acceso.
  • Describir metodologías que permitan mejorar la identificación y valoración de los impactos.
  • Identificar los requerimientos para el diseño de las medidas compensatorias.

Julieta Valls destaca el carácter vinculante de los resultados de la evaluación de repercusiones en Red Natura 2000, lo que supone que “en caso de constatarse que un proyecto tendrá efectos significativos sobre sus espacios deberá denegarse su autorización. De ahí la importancia de realizar dicha evaluación en las primeras fases del procedimiento de evaluación ambiental”.

 

ActivaRNatura

 

 

 

 

 

 

Colección Red Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000, que incluye acciones formativas que contribuyen al fortalecimiento de los actores sociales que participan en la conservación y prevención de impactos sobre la Red Natura 2000.

Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 forma parte de una colección de publicaciones dirigida a la sociedad y a quienes viven y gestionan esta red europea de espacios protegidos.

Fuente: SEO/Birlife

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad