El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anula 75 planes de gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura

Compartimos el comentario realizado por el Profesor del Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza, Dr. Fernando López Pérez, publicado en la Revita "Actualidad Jurídica Ambiental", que hace un resumen de la importante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula, nada más y nada menos, que 75 planes de Gestión de la Red Natura en Extremadura.

 

 

 

Siempre hemos defendido la necesidad de realizar una adecuada gestión de esta Red Ecológica, que hasta ahora ha sido utilizada por la mayoría de Administraciones sólo  como una fuente de recursos que llegan de la Unión Europea, pero que no ha sido entendida ni aprovechada como herramienta de verdadero desarrollo. Este importante pronunciamiento judicial no hace más que poner en evidencia que no existe aún una estrategia clara para la gestión de la Red Natura 2000. Y esto, en una Comunidad Autónoma como la extremeña, que tiene el 30,5% de su terrirorio integrado en esta red, tiene consecuencias muy graves en su desarollo social y económico, pero también en la propia conservación de los espacios protegidos.

 

"Se interpone por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO-BIRDLIFE) recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.

Al respecto de este Decreto, tiene por objeto el desarrollo de la regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Asimismo, se aprueba con el Decreto:

-El Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura -Anexo II-.

-La declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes en Extremadura y la publicación de la denominación y límites de las mismas.

-La modificación de los límites de determinadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la publicación de las existentes en Extremadura.

-La aprobación de los Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura.

Conviene señalar, igualmente, que este mismo Decreto ya fue objeto de un recurso contencioso-administrativo por parte de una asociación de agricultores y ganaderos, desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de junio de 2016

En el caso que nos ocupa, son varios preceptos y otras disposiciones y anexos los que se recurren, y cuya nulidad se interesa. En concreto, los artículos 3, 7.1, 8, 9.1, 11, 12.1, 13.1 y 2, 17.1, 19, 20 y 22. Además de la disposición adicional segunda y parte de los anexos I, II y V.

Me centro, por su importancia, en la impugnación de los artículos 8 y 9.1 del Decreto, que regulan el Informe de afección, que se define como el informe que debe realizarse a fin de evaluar las repercusiones que los planes, programas y proyectos pueden producir, directa o indirectamente, sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura -artículo 8- y que el Decreto limita en el artículo 9.1 a los siguientes supuestos:

«1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.

Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).

Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión».

Al respecto, hace notar la recurrente que tal precepto estaría vulnerando el artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats de 1992 (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), en cuanto a que dispone que este Informe de afección debería extenderse a todos los planes, programas y proyectos, sin excepción, con independencia de que sean de escasa entidad o en la concreta zona donde se desarrollen. En igual sentido el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Sala acoge los argumentos de la parte recurrente, que además había citado numerosísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando nulo este artículo 9.1 del Decreto.

Me importa destacar también la impugnación del punto 2.6 de las Directrices de Conservación (en el Anexo II), en cuanto a que refiere que «las superficies zonificadas como ZIP (Zona de Interés Prioritario) y ZAI (Zona de Alto Interés) se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable».

Al respecto, SEO-BIRDLIFE aduce que esta salvedad conlleva que el planeamiento urbanístico prevalezca sobre el planeamiento de la Red Natura 2000, incluso en zonas de afección a especies o hábitats de interés de la Directiva de Hábitats y de Aves, si son previos a la aprobación de los planes de gestión de los espacios y no a la fecha de declaración de los mismos. Siendo, así lo hace notar la recurrente, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los Estados la obligación de proteger los espacios desde su declaración, no desde que se aprueben los planes de gestión.

La Sala acoge esta interpretación, pero la circunscribe sólo al suelo urbanizable, al indicar que el suelo urbano ostenta el carácter de reglado. Pone el ejemplo de la ciudad de Cáceres, que estaría integrado en estas zonas ZIP por la presencia del cernícalo primilla, pero ello no obstante se trata de suelo urbano.

Me interesa destacar por último, la impugnación de los artículos 19 y 22 del Decreto y, por extensión, el Anexo V que contiene los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura. Así, aduce la parte recurrente varios defectos detectados en estos Planes de Gestión de la Red, cuya aprobación, recordemos, es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva de Hábitats. Algunos de los defectos a destacar de estos planes de gestión son, entre otros, los siguientes:

-Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del número de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies.

-Falta de definición de las medidas de conservación y mecanismos que aseguren su efectiva aplicación.

-Ausencia de un plan de seguimiento.

De esta manera, concluye SEO-BIRDLIFE que lo aprobado no son verdaderamente planes de gestión.

Al respecto, la Sala comprueba la veracidad de los defectos señalados por la recurrente, procediendo a anular los artículos 19 y 22 del Decreto y el Anexo V que contiene los mencionados planes de gestión (en la sentencia se refiere al Anexo IV, pero luego en el fallo ya se alude al Anexo V).

Destacamos los siguientes extractos:

“- Se cuestiona a continuación el art 9.1 de Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.

Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).

Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión”.

La objeción esencial sobre este precepto es que, tal y como está redactado, vulnera el art 6.3 de la Directiva y la doctrina del TJUE que lo ha interpretado, y que resume diciendo que deben someterse a esta fase de cribado “absolutamente todos” los proyectos y planes que no tengan relación directa con la gestión del lugar o no sean necesarios para la misma, independientemente de que sean de escasa entidad o en la concreta zona de la RED en la que se ubiquen y desarrollen.

[…]

Planteada así la controversia, la Sala entiende que del propio tenor literal de los arts 6.3 de la Directiva y del art 46.4 de la Ley 42/2007, todos los planes o proyectos que, directa o indirectamente, puedan afectar a los objetivos de conservación de Red Natura 2000 deben someterse a informe de afección, a fin de determinar si pueden o no afectar, de forma apreciable, a los mismos, sin que sea posible establecer, a priori y con carácter general, la exclusión de la fase de cribado que supone el informe de afección a determinados tipos de proyectos o actividades, ni por su tamaño, ni por su reversibilidad, ni por su ubicación dentro de una determinada zona del territorio incluido en la RED. Y ello, por cuanto, por utilizar palabras de la STJUE en que se apoyan ambas partes “un Estado miembro no puede dar por sentado que algunas categorías de planes o proyectos – determinadas por sectores de actividad- y algunas instalaciones específicas tendrán, por definición, un impacto irrelevante en el hombre y el medio ambiente”.

[…]

Llegados hasta aquí, el recurso debe ser estimado al considerar que la redacción propuesta para el artículo 9.1 vulnera la Directiva Hábitats y su Ley de transposición, al no establecer, en aplicación del principio de cautela, que todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado RED NATURA 2000 deben someterse a fase de cribado mediante informe de afección, no pudiéndose aceptar la exclusión, a priori y general, por estar situados en zona ZUG, pues no cabe excluir la más mínima posibilidad o probabilidad de que no afecte de forma apreciable, en función de las características y condiciones medioambientales específicas, a los valores naturales que posibilitaron la declaración de la zona total como RED NATURA 2000 (sentencia del TJCE de 26-5-2011, nº C-538/2009, de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, apartados 43 y 44; de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C-6/04 , Rec. p. I- 9017, apartado 54, y de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Irlanda, C-418/04 , Rec. p. I-10947, apartado 226)”.

“Se cuestionan las Directrices de Conservación en materia de ordenación territorial y urbanística, en concreto su punto 2.6, en cuanto que establece que “Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable”.

[…]

Así las cosas, compartimos con la actora que en suelos con esa importancia, desde el punto de vista de la conservación de los elementos claves, no es posible un desarrollo urbanístico, con lo que no se puede aceptar la referencia que realiza el precepto a los suelos que ya estén clasificados como “urbanizables”. Este planteamiento tiene sustento jurisprudencial en las sentencias mencionadas por la actora, como la STS de 20/05/2011, rec. 3865/2007, que en todo caso hablan de la controversia entre el suelo urbanizable o apto para urbanizar y el suelo rústico de protección natural.

Cosa distinta debe predicarse del suelo urbano, cuyo carácter reglado y no discrecional es del mismo grado que el existente para calificar como no urbanizable el suelo con valores ambientales que proteger, de los que los incluidos en RED NATURA 2000 son el paradigma, máxime cuando nos encontramos con un supuesto ciertamente excepcional, la determinación de suelo urbano (algunas ciudades, como Cáceres) que están zonificadas como ZIP por la presencia del cernícalo primilla.

Por tanto el precepto, en la salvedad que realiza, debe ser declarado nulo de pleno derecho, sin que nos corresponde a nosotros su nueva redacción con respeto a lo argumentado”.

“La declaración de nulidad de nulidad de pleno derecho de los planes de gestión, tanto de las zonas especiales de conservación como de las zonas de especial protección para las aves, que se canaliza mediante la declaración de nulidad de los artículos 19 y 22 del Decreto, se sustenta en que, en realidad, lo aprobado no son verdaderos planes de gestión, incumpliendo así el art 46.1 de la Ley 42/2007, por carecer de un valor de referencia predeterminado, elemento esencial de los objetivos de conservación específicos de cada ZEPA, sin que conste en ellos, para cada especie, el número concreto de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies “ya que no hay una aproximación a las poblaciones idóneas de cada especie en virtud de ningún criterio, para ninguno de los Planes de Gestión, ni para ninguna de las especies, lo que en la práctica convierte en papel mojado estos instrumentos”, limitándose la Administración, a su juicio, a fijar las poblaciones actuales conocidas de cada especie y hábitats, sobre las que deben considerarse los objetivos de conservación, que se resumen en aumentar o mantener las poblaciones, lo que es un objetivo absolutamente insuficiente e impreciso a los efectos de poder determinar el estado de conservación favorable o desfavorable de una especie o hábitats. Para poder determinar si una especie está en estado de conservación favorable es preciso “introducir parámetros concretos como pueden ser la población recomendada, densidad poblacional, tasa de mortalidad o éxito reproductivo, que doten de eficacia a estos instrumentos”.

[…]

Así las cosas, los Planes de Gestión aprobados no son tales por tener las siguientes carencias:

a) Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie o hábitats, al menos en sus elementos claves, en número concreto de ejemplares, que se considere como población de referencia del buen estado de conservación de la especie (determinación de las poblaciones idóneas en función de las circunstancias de cada territorio ZEC y ZEPA).

Para cada Elemento Clave se debe definir su estado de conservación actual enfrentándolo al considerado como su Estado de Conservación Favorable (ECF), una situación en la cual cada tipo de hábitat y cada especie prosperen tanto en calidad como en extensión y presenten buenas perspectivas para continuar prosperando en el futuro, el cual es el objetivo final a alcanzar para todos los Elementos Clave …

b) Definir, con el suficiente nivel de detalle, para facilitar su aplicación, cada una de las medidas de conservación que se consideren necesarias para alcanzar el nivel poblacional de referencia, respondiendo a la triple cuestión señalada por la demandante (quien hace qué, cuándo y cómo).

c) Cada medida debe contar con el establecimiento de indicadores para evaluar su desarrollo, previendo los mecanismos necesarios para asegurar su efectiva aplicación.

d) Fijar objetivos operativos que deben de ser objetivos prácticos realizables durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, con el fin de corregir o atenuar el efecto de los factores condicionantes que inciden sobre el estado de conservación del Elemento Clave mediante los recursos existentes ya sean económicos, tecnológicos, humanos o científicos, y dirigidos, en cualquier caso, a la consecución de los objetivos finales marcados para cada elemento clave.

d) En cuanto a los hábitats y especies ligadas al agua, es imprescindible la definición de los caudales mínimos y máximos, regímenes estacionales y caudal generador necesario (o rangos) para que las especies acuáticas y hábitats ligados al agua alcance su objetivo de conservación, cuya determinación corresponde a la Dirección General de la Junta de Extremadura con competencias en materia de Áreas Protegidas, independientemente de las competencias que correspondan al Estado para la adopción de las medidas necesarias que los garanticen en respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca.

En conclusión, en ninguno de los Planes de Gestión se tienen en cuenta la determinaciones precisas para entender que un hábitats y una especie tienen un estado de conservación favorable, que se encuentran ínsitas en las definiciones que a este respecto contiene la Ley 42/2007, a cuyo tenor: “15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.

16. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo”.

Lo expuesto determina que aceptemos la nulidad de pleno derecho de los artículos del Decreto que aprueban los Planes de Gestión, tanto de los ZEC como de las ZEPAS. Y, en consecuencia, su ANEXO IV”.

Comentario del Autor:

Ya hemos advertido de la importancia de la Red Natura 2000 en no pocas ocasiones, señalando su incidencia cuantitativa en España (alcanza casi el 30% del territorio español). Del mismo modo se ha señalado que a día de hoy deberían estar aprobados todos los planes de gestión de la Red Natura, detectándose carencias al respecto, ya que con datos de 2017, aproximadamente el 40% de la superficie de Red Natura 2000 no cuenta con planes de gestión aprobados.

Pero es que además, entidades ecologistas como la recurrente, han llamado la atención al respecto de que muchos de los planes de gestión ya aprobados no estarían cumpliendo con la misión que la Directiva de Hábitats encomienda a estos instrumentos, destacando su escasa calidad técnica. Es lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde la sentencia anula determinados preceptos del Decreto regulador de la Red en Extremadura y, por encima de todo, anula casi todos (quedan vigentes los 7 planes aprobados en 2009 y 2012, de conformidad con la disposición adicional tercera del Decreto) los planes de gestión de la Red Natura 2000 en esta Comunidad Autónoma. En total 75 planes. Casi nada."

Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental

Extremadura aprueba ayudas para la gestión de residuos de caza como medida de sanidad animal

cazaresiduos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura (1 de Marzo 2016),  ha  aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las  ayudas para las actividades de gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una  sociedad local de cazadores  y realice acciones cinegéticas de caza mayor colectiva.

La Consejería considera necesario establecer estas ayudas para la gestión de residuos cinegéticos con el fin de evitar problemas de salud pública y sanidad animal derivados de la situación epidemiológica de enfermedades que afectan tanto a la fauna salvaje como a la ganadería, como es el caso de la tuberculosis bovina, la brucelosis o la enfermedad de aujeszky, entre otras.

La administración pública regional, como medida preventiva, ha delimitado áreas de especial incidencia en tuberculosis bovina y brucelosis y ha establecido medidas sanitarias de salvaguardia relacionadas con los subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de piezas de actividades cinegéticas de caza mayor.

         Se pretende prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos, y, en particular, preservar la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal.

La ayuda para el apoyo a las actividades de gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano será del 50% de los gastos subvencionables (los ocasionados en  monterías, ganchos y batidas de caza mayor, soportados para el transporte y eliminación de SANDACH).

Los criterios para otorgar estas ayudas se basan en cuestiones tales como el número de acciones cinegéticas de caza mayor colectiva por temporada de caza o las capturas medias realizadas en las tres últimas temporadas de caza.

El buen diseño

El Buen Diseño. Formación especializada

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Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, se desarrollará la formación de alta especialización que lleva por título "El Buen Diseño. Arquitectura. Salud. Bienestar", puesto en marcha por KNAUF y Ambienta45.

El diseño de los espacios públicos y privados ha dejado de verse como una labor puramente instrumental, para convertirte en una de las claves para el futuro de la convivencia y el desarrollo social.

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Son muchos los países que están integrando a los profesionales del diseño, la arquitectura o el urbanismo en la toma de decisiones políticas y económicas en materias como la sostenibilidad de los sistemas de salud, política energética, políticas  sociales en las ciudades o infraestructuras para la industria turística.

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Los incendios y la gestión territorial del bosque

incendioSiguiendo con la compleja realidad que se sitúa tras la tragedia que los incendios forestales nos devuelve año tras año, no podemos olvidar que en esta realidad confluyen disciplinas e intereses de muy variada índole: económicos, legales, medioambientales, sociales.. La conservación de nuestros montes es (o al menos debería ser) una prioridad  en nuestra sociedad. El problema surje cuando esa conservación se entiende de forma excluyente y dogmática por los responsables públicos. 

En la entrada anterior nos hacíamos eco de la opinión de la  Organización Conservacionista portuguesa Quercus sobre las consecuencias terrtibles que para la gestión forestal pueden tener determinadas decisiones del Gobierno de aquél país.

 Ahora, queremos compartir la opinión de Julián Mora Aliseda,Profesor de la Universidad de Extremadura y Presidente del Parque Nacional de Monfragüe, publicada ayer, día 23 de Agosto, en el Diario Hoy de Extremadura y que abogas, en resumen, por el necesrio debate sereno y científico sobre la gestión medioambiental, en general, y medioambiental en particular. 

Lo cierto es que, el mensaje es idéntico en ambos casos: necesitamos una gestión pública seria y responsable, que escuche y atienda a las múltiples sensiblidades y realidades que confljyen en nuestros montes.

 

"Ahora, con más calma, tras el pavoroso incendio de la Sierra de Gata, es el momento de reflexionar sobre el tema, aunque todavía estamos en verano y el riesgo no está totalmente conjurado.

Extremadura tiene las dos provincias con mayor extensión forestal de España, con 2,1 millones de hectáreas, de las cuales casi 500.000 han sido repobladas en los últimos 20 años (10 veces más de lo que se ha quemado en el mismo período), con la aplicación de la PAC. Eso significa que corresponden dos hectáreas de bosque a cada extremeño, más extensión que a nadie de la Unión Europea. En total se estima que Extremadura posee 600 millones de árboles, 550 por habitante, frente a una media nacional de 110 árboles.

A su vez, lo anterior se traduce en el hecho de que Extremadura contenga el menor porcentaje de Europa de superficie artificial (0,7%). O sea que tiene la mejor situación ambiental desde hace dos siglos. Pero los riesgos de incendios amenazan a las zonas boscosas cada verano y eso hay que corregirlo con urgencia.

Ya advertí hace años sobre la necesidad de integrar la política forestal en una dimensión territorial más amplia, puesto que en el monte confluyen aspectos ambientales, sociales, demográficos, económicos y culturales que interactúan mutuamente. Señalaba, también, que en Extremadura, paradójicamente, la Conservación está ligada directamente a la producción en el mundo rural que, sin actividad y sin rentabilidad, pierde biodiversidad (es un paisaje antropizado) y se hace más frágil frente las amenazas de todo tipo.

Lo que viene ocurriendo con los bosques en las últimas décadas debe servir para reorientar las políticas territoriales convencionales. Salvar al monte sobre la base de compatibilizar conservación y desarrollo, sin despreciar el conocimiento empírico rural que se ha sustituido por un fundamentalismo nefasto, con resultados de tragedia.

Muchos grupos ecologistas, desde la ignorancia o interés espurio, han afirmado que la causa del incendio de la Sierra de Gata está en la recién aprobada Ley de Montes (20 julio de 2015) que permite la recalificación del suelo quemado para poder construir. Es radicalmente falso que el origen se encuentre en esta ley por dos motivos: a) entrará en vigor el 20 de octubre (a la superficie quemada hasta esa fecha no le afecta esta normativa); b) la recalificación que permite pasar a Suelo Urbanizable no es competencia estatal. Además, en el artículo 50 la Ley de Montes es muy proteccionista, al manifestar que las comunidades autónomas tienen que garantizar la reforestación y que queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante los próximos 30 años, salvo excepciones de interés público.

Asimismo, parece claro que en Extremadura la presión urbanística nunca sería la causa de los incendios, pues en las zonas rurales la única presión urbana se concentra en los cementerios. En esta región nunca ha habido intensidad constructiva en los pueblos, todo lo contrario: emigración, envejecimiento, mortalidad, abandono de las actividades económicas, etc. Quiero incidir que la recalificación de suelo corresponde a los ayuntamientos con el consentimiento de la comunidad autónoma, no al Estado, con la ventaja de que la nueva Ley 10/2015, del Suelo y Ordenación del Territorio extremeña, permite las construcciones aisladas en explotaciones mínimas de 1,5 hectáreas e impidiendo al mismo tiempo la creación de núcleos, por lo que no hay necesidad de quemar para construir. Consecuentemente, el problema de los incendios radica en la ausencia de una gestión integral, que debe ser enmarcada en sus directrices territoriales, dada la correlación existente entre dimensión de los incendios y despoblación, junto a la falta de actividad en el mundo rural.

Los incendios pueden ser mitigados mediante una gestión racional e inteligente del bosque (desbroces del matorral, entresacas de leñas, uso del caprino para el ramoneo.) y no con medidas ultra-proteccionistas que impiden la construcción de cortafuegos y pistas forestales, no permiten quemar en primavera la vegetación de los muros de piedra que actúan como mechas, ni aceptan crear perímetros de seguridad en torno a los pueblos. Inclusive declaran zonas protegidas (LIC) a muchos lugares, como la Sierra de Gata, que no constituyen hábitats singulares, raros o excepcionales.

Igualmente, la propagación y dimensión de los fuegos debe corregirse con la plantación de especies autóctonas de frondosas que no son tan inflamables. También hay que acabar con las repoblaciones intensivas que ocupan una gran extensión de mancha forestal homogénea, intercalando, a modo de mosaico, otros aprovechamientos agrícolas y ganaderos, que limiten la expansión del fuego para su mejor control.

La Ley de Montes, insisto, no tiene nada que ver con la aparición de incendios este verano, como apuntan ecologistas y jubilados, además de por las razones aducidas, porque otros fuegos similares al de la Sierra de Gata ocurrieron en los últimos años en Extremadura (Valencia de Alcántara, 2003; Las Hurdes, 2003, 2009 y 2012; Las Villuercas, 2005, etc), y aún de mayores proporciones en los años 90.

En Portugal no tienen una Ley de Montes y, sin embargo, está ardiendo por los cuatro costados, al igual que California ahora o Australia en su temporada veraniega. El fuego no se puede evitar en las zonas mediterráneas, es inherente a este tipo de bosques (de largas sequías y altas temperaturas estivales), ya sean provocados, por negligencia o por causas naturales.

Lo que parece evidente es que las políticas conservacionistas que no permiten muchas labores tradicionales son responsables, en buena medida, de que este tipo de incendios alcancen proporciones desconocidas cinco décadas atrás, cuando no existían ni retenes permanentes ni hidroaviones ni tecnología satelitaria, etc. En los años 60, la superficie media anual quemada en España era de 38.000 Ha., mientras que en lo que va de siglo se ha triplicado, llegando a las 130.000 hectáreas por año.

Por consiguiente, es el momento de un debate sereno y científico, con más profesionales y menos chamanes ambientales."

Asaja Extremadura rechaza el Decreto que regula la Red Natura 2000

La A_FESTIVALGRULLAS_5organización agraria APAG Extremadura ASAJA ha mostrado hoy su disconformidad con el decreto del Gobierno extremeño sobre la regulación de la Red Natura 2000, que consideran "el último despropósito" de la Consejería de Agricultura en funciones hacia el campo extremeño.

En una nota, esta organización entiende que "Dificulta la labor de agricultores y ganaderos y atenta contra la propiedad privada, y añade que el documento aprobado no deja de ser una herramienta que dificulta aún más la labor de las personas del campo al frente de sus explotaciones.

Recuerda que así lo expresaron el pasado 25 de noviembre del año pasado, cuando presentaron alegaciones ante la Consejería de Agricultura para que se retirara el proyecto de decreto, aunque "se hizo oídos sordos" a la propuesta.

Según APAG, la Consejería aseguró que la Comisión Europea exigía la elaboración de un plan director para toda la región con el fin de que se siguieran recibiendo fondos para las zonas rurales, pero considera "difícilmente" entenderá Bruselas que con este decreto se hayan dictado normas que no facilitan la labor de esas zonas ni son compatibles con los agricultores y ganaderos que han mantenido el actual ecosistema en las zonas rurales.

Por ello, exige que se reúna de inmediato el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMAEX) para analizar dicho documento y que pueda ser compatible con los usos que se desarrollan en nuestros campos.

La Red Natura 2000 afecta al 30,3% del territorio regional, en concreto a 1.264.288 hectáreas, que representan un total de 71 ZEPAS, el 26,5% del total y 89 LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

APAG está convencida de que siguiendo la normativa europea se necesita un adecuado ordenamiento jurídico de las zonas rurales de Extremadura que ayuden a preservar los hábitats de interés y la biodiversidad, pero también que signifiquen el compromiso con el desarrollo económico y social de la región "y este decreto no lo cumple"

También recuerda que ya se quejaron de que el tiempo dado para realizar las alegaciones (un mes) fue completamente insuficiente dada la complejidad técnica de los documentos sometidos a consulta, lo que hubiera precisado de un amplio periodo de tiempo para poder estudiarlo y analizarlo con más detenimiento.

Recuerda que este decreto de la Red Natura 2000 en Extremadura introduce la reducción de actividades tradicionales y naturales de las propiedades agrícolas, ganadera o forestal, impidiendo los usos a los que se venían destinando las fincas o prohibiendo actividades autorizadas previamente y reduciendo la rentabilidad de los terrenos.

Además, se ha configurado como la privación singular de la propiedad y derechos o intereses legítimos y además los perjuicios que provocan son ciertos, efectivos y actuales, que podrían dar lugar a indemnizaciones que no se contemplan.

Por último, haces hincapié que la Constitución garantiza en su artículo 33 la propiedad de bienes y de los derechos patrimoniales salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Fuente: www.finanzas.com

Publicada la Ley de protección ambiental de Extremadura

EvaluacionAmbientalEl Diario Oficial de Extremadura publica hoy la Ley de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración en el resto de políticas autonómicas, implementando mecanismos de intervención ambiental que contribuyan a obtener un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

Esta ley se inspira en dos principios básicos, tal y como recoje su Preámbulo:  la reducción de cargas administrativas para los promotores, dotando de celeridad a la tramitación de los procedimientos administrativos que la misma regula, y la reducción de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, y ello con el objetivo de armonizar medio ambiente y economía, teniendo en cuenta que las consideraciones medioambientales y económicas se complementan como dos caras de la misma moneda.

Entre las novedades más destacables de esta nueva ley deprotección ambiental, está la reducción del plazo máximo para dictar y notificar la resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada que pasa de los seis meses actuales a tres meses, lo que beneficiará al 95% de los proyectos que requieren de esta figura.

Asimismo, el Informe de Impacto Ambiental abreviado reduce de tres meses a dos el tiempo en el que debe formularse.

Además, se suprime la necesidad de que en el expediente administrativo conste un informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento en cuyo territorio pretendan ubicarse las instalaciones sujetas a Autorizaciones Ambientales Unificadas, lo que supone una reducción de cargas administrativas para el promotor y acelera la tramitación.

Para aquellos proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá procedevaldecañasrse por parte del promotor a la designación de un coordinador ambiental.

Se crea también mediante esta norma la Comisión técnica de valoración de daños medioambientales como órgano de cooperacióntécnica y colaboración entre las distintas unidades administrativas de la DirecciónGeneral con competencias en materia de medio ambiente, para el intercambio de información y el asesoramiento en materia de valoración de daños medioambientales, cuya composición y régimen jurídico se remiten al posterior desarrollo reglamentario.

La ley será de aplicación a cualquier plan, programa, proyecto, obra, instalación y actividad, de titularidad pública o privada, que se desarrolle en el ámbito territorial autonómico extremeño y que puedan generar impactos en el medio ambiente y/o poner en riesgo la salud de las personas.

Su entrada en vigor se producirá a los dos meses de su publicación en el DOE ( esto es, el próximo 29 de Junio de 2015),

 

 

Sometida a información pública la declaración de Valdepajares de Tajo como Área Privada de Interés Ecológico

jardin de los sueños

La Dehesa "Valdepajares de Tajo", situada en el término municipal de Peraleda de la  Mata (Cáceres), está a punto de convertirse en la primera "Area Privada de Interés Ecológico" en Extremadura.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE), publica con fecha 27 de Abril de 2015 el  Anunico por el que se somente a Información Pública el proyecto de Decreto por el que se declara el Area Privada de Interés Ecológico "Valdepajares de Tajo", que estará a disposición de los intersados que deseen realizar alegaciones durante el plazo de un mes.

 La Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura añadió a la ley que modificaba un nuevo artículo 27 quinquies en se regula una nueva figura de protección de espacios: " Con el fin de complementar la acción pública en materia de protección de la biodiversidad y contribuir a la protección de áreas naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto de vista ecológico o paisajístico, cualquier persona física o jurídica podrá solicitar de las Autoridades competentes, en los términos que legalmente se determinen, la constitución de un área de interés ecológico sobre un terreno de su propiedad, o propiedad de un tercero si dispone de la autorización pertinente. La declaración de estas áreas conllevará el establecimiento de un régimen de compatibilización de usos con los fines perseguidos"

Esta nueva figura se  enmarca en lo  que conocen como "iniciativas voluntarias de conservación de la biodiversidad". El aporte de estas iniciativas voluntarias a la conservación de la biodiversidad  está logrando un creciente reconocimiento a nivel internacional. Cuando estas áreas cumplen con los requisitos de la definición de las áreas protegidas, y existe un acuerdo entre el gobierno y la entidad que emprende la conservación voluntaria, la designación del área como parte de un sistema oficial de áreas protegidas entraña un potencial considerable para extender la conservación de determinadas especies y ecosistemas en el plano regional y nacional, y para contribuir a los objetivos de biodiversidad a nivel mundial. El CDB, la UICN y muchos otros organismos internacionales, así como un número cada vez mayor de gobiernos nacionales, están fomentando el creciente reconocimiento del papel importante que cumplen las áreas de conservación voluntaria en los sistemas de áreas protegidas.

Decreto declaración Área Privada Valdepajares

La Denominación de Origen Ribera del Guadiana utilizará la marca "Cork-Calidad Natural" para identificar los vinos tapados con corcho

La Denominación de Origen Ribera del Guadiana y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX),  firman un Convenio de Colaboración para el uso de la marca y logotipo "Cork-Calidad Natural", que identica a las botellas de vino producidas bajo esta Denominación que utilizan tapón de corcho.

CorkCalidadNatural

Como  puede leerse en el texto del Convenio, publicado en el Diario Oficial de Extremadura de fecha 8 de Abril de 2015, ambas instituciones comparten un compromiso con la sosteniblidad y con la calidad. Además, cada una en sus respectivos ámbitos de actuación, coincidien en caracterizar el corcho y los tapones elaborados con este material como el mejor sistema de taponado posible en términos de calidad, medio ambiente y funcionalidad para cualquier tipo de vino. La condición de producto natural y ambientalmente sostenible, sus características físico-químicas y sus procesos de elaboración hacen del tapón de corcho el maridaje adecuado para nuestros vinos. Corcho y vino son dos caras de una misma cultura. 

La marca ‘Cork-Calidad Natural’, promovida por CICYTEX, reconoce el uso de este sistema de cierre como elemento diferenciador y de garantía que, además, promueve un producto extremeño como el corcho, del que la Comunidad Autónoma de Extremadura es la segunda productora a nivel mundial tras Portugal  

Según el Convenio, la Denominación de Origen “Ribera del Guadiana”  se compromete a que aquellos vinos sometidos a procesos de envejecimiento, en los que el sistema de cierre utilizado será obligatoriamente de corcho, identifiquen en el exterior de la botella el sistema de cierre utilizado, haciendo uso para ello del logotipo “Cork-Calidad Natural” o alguna de sus variantes recogidas en el Manual de Identidad. Así mismo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Ribera del Guadiana" se compromete a incluir en su Procedimiento General de Uso de Marca, un apartado relativo al uso de la marca Cork-Calidad Natural, pudiendo retirarlo una vez finalizado el presente convenio de colaboración. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Regulador incluirá en sus checklist de auditorías un apartado relativo al uso del logotipo “Cork-Calidad Natural”, donde quedará reflejado el uso o no de este logotipo en vinos sometidos a envejecimiento.  Corkcalidadnatural2

Por su parte, CICYTEX se compromete al diseño del manual de identidad de la marca y logotipo de "Cork-Calidad Natural", donde se explicará y acotará el desarrollo de la comunicación identitaria, las diferentes referencias cromáticas, tipografía utilizada, tamaños de reproducción, así como la aplicación correcta del logotipo y, en definitiva, cómo debe usarse para mantener la coherencia. Será también responsable de la difusión de la campaña a nivel nacional, sin perjuicio de que la Denominación de Origen "Ribera del Guadiana" desarrolle, cuando le sea posible, acciones de información y difusión de la campaña. 

El Consejo Regulador y las bodegas amparadas a la D.O. Ribera del Guadiana, correrán con todos los gastos en los que éstas incurran en la impresión y colocación de las etiquetas donde se recoja la marca “Cork-Calidad Natural”

OviSpain, reconocida por el Ministerio de Agricultura como la primera Entidad Asociativa Prioritaria

Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, ha destacado que el reconocimiento a la Cooperativa OVIESPAIN como Entidad Asociativa Prioritaria, “ supone un paso muy importante en el objetivo del Gobierno de lograr que el sector agroalimentario español gane en dimensión, para mejorar su competitividad y que pueda posicionarse mejor en los mercados nacionales e internacionales”.

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En este sentido, la ministra ha apuntado cómo el Gobierno ha trabajado para “impulsar un modelo cooperativo empresarial más profesionalizado, capaz de generar más valor y con dimensión relevante para producir y comercializar a escala global”.

Para ello, García Tejerina ha subrayado la importancia de la Ley de Integración de las cooperativas, dirigida a fomentar la concentración de la oferta, mediante entidades asociativas prioritarias, de ámbito supra-autonómico, como es el caso que se materializa hoy con el registro de OVIESPAIN como la primera de estas entidades.

La Ministra ha destacado que OVIESPAIN va a disponer, como Entidad Asociativa Prioritaria, de acceso a financiación para realizar inversiones en activos físicos, formación, asesoramiento y en innovación. Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 cuenta con un total de 257 millones de euros para medidas de integración cooperativa.

 

PROMOVER UN MODELO COOPERATIVO POTENTE

Por otra parte, García Tejerina ha afirmado que “promover un modelo cooperativo potente es la mejor manera de adaptarse a las exigencias del mercado global”. A este respecto, la ministra entiende que “el desarrollo del sector agroalimentario español pasa necesariamente por constituir grupos de mayor dimensión económica y mejor organización”.

Así, la ministra confía en que grupos como el que configura OVIESPAIN sea el primero de muchos, y “lograr un sector más fuerte y mejor vertebrado”, que sea capaz de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado global, es decir, capaz de ser más eficiente en costes, innovar e internacionalizarse.

Al mismo tiempo, la ministra se ha referido a las Líneas Estratégicas de Internacionalización, en cuyo marco se ha presentado la campaña de promoción, protagonizada por Rafa Nadal, cuyo objetivo es el consumo de alimentos de España fuera de nuestras fronteras e impulsar la internacionalización de nuestras empresas.

También ha anunciado la próxima presentación de un Programa de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal, dirigido a mejorar el intercambio de conocimiento, acelerar la innovación y facilitar al sector el acceso a recursos públicos, europeos y nacionales.

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Tras su intervención, Isabel García Tejerina ha hecho entrega a los directivos de OVIESPAIN de su calificación como Entidad Asociativa Prioritaria, para ovino de leche y carne, con domicilio social en Villanueva de la Serena (Badajoz), en el Registro de Entidades Asociativas Prioritarias de la Dirección General de la Industria

 Alimentaria, según lo previsto en la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

En la actualidad OVIESPAIN está compuesta por cinco cooperativas de tres Comunidades Autónomas (CORDESUR, COSEGUR, COTEGA, OVIARAGON Y OVISO), agrupando a cerca de 2.800 socios cooperativistas de 11 Comunidades Autónomas, y que gestionan en conjunto 1,4 millones de ovejas y producen más del 15% de los corderos de toda España, con una facturación de 130 millones de euros. En definitiva, se trata de la mayor cooperativa de Europa en el sector del ovino de carne.

 

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Con esta actuación  se continúa un camino iniciado con la publicación de la Ley de fomento de la integración de cooperativas, que impulsa un nuevo modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y empleo, con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español, y especialmente al mantenimiento y desarrollo de la economía del mundo rural.

Las Entidades Asociativas Prioritarias, junto el Plan Estatal de Integración Asociativa, constituyen dos herramientas básicas para favorecer el impulso y fomento de la integración de las cooperativas agroalimentarias. Ambas contribuyen a mejorar su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización.

Además, mediante el reconocimiento de estas entidades se favorece la fusión e integración de productores y entidades para la constitución o ampliación de entidades asociativas de carácter agroalimentario, con implantación y ámbito económico de carácter supra-autonómico, con mayor dimensión, reforzando su posición de negociación.

Fuente: Magrama

 

Ley Agraria de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE), publica la Ley Agria de Extremadura que entrará en vigor a los tres meses desde esta publicación (es decir, 26 de junio de 2015).

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Esta Ley, tal y como declaró el Gobierno de Extremadura  tras su aprobación por el Parlamento autonómico, regula las necesidades de agricultores y ganaderos adaptándolas al siglo XXI, garantiza máximo presupuesto anual para el sector en las cuentas públicas y facilita la celebración de elecciones al campo, entre otras cuestiones. 

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La ley deroga un conjunto de normativas que afectan a agricultores, ganaderos y a la agroindustria; la mayoría de las cuales no se pueden aplicar al entrar en contradicción con la directiva europea. Y lo hace respetando las competencias establecidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía; el Estado y la UE. Entre esas normativas autonómicas derogadas están la ley 4/1984, de Mercados; la Ley 3/1987, de Tierras de Regadío; la Ley 4/1992, de Financiación Agraria Extremeña; la Ley 5/1992, sobre Ordenación de las Producciones Agrarias; la Ley 6/1992, de Fomento de la Agricultura Ecológica; o la Ley 12/1997, de Elecciones al Campo. Se trata de una situación legislativamente indigna para el sector, que ahora tiene una ley única adaptada a la nueva realidad del campo.

 

Entre los objetivos que persigue la Ley Agraria de Extremadura destacan el de fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario; fomentar la producción agroalimentaria de calidad; impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación en la agricultura, ayudar a las nuevas generaciones a incorporarse al campo; garantizar un modelo de crecimiento sostenible; simplificar la burocracia; y garantizar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de la política agraria extremeña.

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25% DEL PRESUPUESTO REGIONAL

Asimismo, la ley fija que, gobierne quien gobierne, se destine el 25% de las cuentas autonómicas a todo lo que supone el sector agrario. Este año ya se destina el 22,1% solo en la Consejería de Agricultura; y se alcanza ese 25% con inversiones  Entre las novedades que el Gobierno extremadura destaca en esta norma está la configuración de un marco legal que permitirá a nuestros agricultores y ganaderos adecuar sus producciones a las necesidades del mercado, la regulación por primera vez en Extremadura todo lo relativo a la calidad agroalimentaria, la simplificación de los Consejos Reguladores de las DO y de las IGP; el reconocimiento del carácter fundamental de los seguros agrarios; además de permitir la transformación en regadío de las Zonas de Interés Regional y Zonas Regables singulares que se declaren, simplificar el procedimiento de concentración parcelaria y amplía la de red primaria de caminos públicos; y regular montes y aprovechamientos forestales, el proceso de consulta para determinar la representatividad de las OPAS, y las Entidades Agroalimentarias Prioritarias.

ELECCIONES AL CAMPO

Por otro lado, la ley también sienta las bases para regular las elecciones al campo (que no se celebran desde el año 2002) con todas las garantías, para medir la representación de las organizaciones agrarias en el Consejo Asesor Agrario. Antes se elegían a representantes en la Cámaras Agrarias, ya extinguidas. En este nuevo modelo de consulta no se eligen a representantes sino derecho a “sillas” en el Consejo Asesor Agrario. Además, actualmente el censo lo constituyen afiliados a la Seguridad Social Agraria.

A partir de ahora, se amplían a perceptores de ayudas PAC que superen los 5.000 euros anuales o los que acrediten que, al menos, el 25% de sus rentas provienen del sector agrario.

Además, copia el modelo nacional de representatividad de organizaciones y de censo porque, tanto la ley nacional como la Ley Agraria, permite que se celebren al unísono. Así, se podría garantizar que se realizasen cada cinco años, aprovechando los medios y logística del Estado.

Otra cuestión importante que recoge la nueva ley es la regulación para la incorporación de jóvenes al campo. El artículo 33 contempla acciones como el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; el tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario, a las parcelas del Fondo de Tierras, a los cursos y programas de formación agraria; y para la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, cuotas y otros derechos que genere la PAC de acuerdo con la normativa agraria comunitaria.

 

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