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La Unión Europa recomienda acelerar la concesión de permisos para el despliegue de las energías renovables

El DOUE publica hoy, 25 de Mayo, la Recomendación 2022/822 de la Comisión sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energía renovables y la facilitación de los contratos de compraventa de electricidad.

Las energías renovables constituyen el núcleo de la transición hacia las energías limpias necesaria para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, hacer que la energía sea asequible y reducir la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles y las importaciones de energía.

Aumentar rápidamente el uso de energías renovables es fundamental para reducir la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles y eliminar progresivamente el consumo de gas ruso. El plan REPowerEU incluye medidas destinadas a lograr este objetivo.

En principio, los proyectos de energías renovables deben recibir una autorización para poder llevar a cabo la actividad prevista. Los procedimientos de concesión de permisos contribuyen a garantizar la seguridad y la protección de los proyectos. Sin embargo, la complejidad, la variedad y la duración excesiva de estos procedimientos constituyen un obstáculo importante para el rápido y necesario despliegue de las energías renovables y para lograr un sistema energético de la Unión más asequible, seguro y sostenible. Los retrasos en la tramitación de las autorizaciones de los proyectos ponen en riesgo la consecución oportuna de los objetivos energéticos y climáticos y aumentan el coste de los proyectos necesarios para ello. Los retrasos también pueden dar lugar al establecimiento de instalaciones de energías renovables menos eficientes debido al dinamismo de la innovación.

La falta de aceptación pública de los proyectos de energías renovables constituye otro obstáculo importante a su aplicación en muchos Estados miembros. Para hacer frente a este problema, deben tenerse en cuenta las necesidades y perspectivas de los ciudadanos y las partes interesadas de la sociedad en todas las fases del desarrollo de los proyectos de energías renovables (desde la formulación de políticas hasta la ordenación del territorio y el desarrollo del proyecto) y deben fomentarse las buenas prácticas para garantizar una distribución justa de los distintos impactos de las instalaciones entre la población local. La mayoría de los obstáculos relacionados con la concesión de permisos a los proyectos de energías renovables y la correspondiente infraestructura de red, así como las buenas prácticas para superarlos, se han definido a nivel de los Estados miembros.

Los obstáculos administrativos han adquirido mayor importancia debido a las mejoras en relación con otros obstáculos, como los costes tecnológicos, que han disminuido drásticamente en los últimos diez años, o los problemas de financiación, atenuados por la reducción de costes y el creciente número de contratos corporativos de compra de electricidad procedente de energías renovables.

Para dar respuesta a todas estas preocupaciones, la Comisión Europea recomienda a los Estados Miembros:

PROCEDIMIENTOS MÁS RÁPIDOS Y BREVES

Los Estados miembros deben velar por que la planificación, la construcción y la explotación de las instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables, su conexión a la red eléctrica, de gas y de calor y la propia red conexa, así como los activos de almacenamiento, puedan acogerse al procedimiento más favorable disponible en sus procedimientos de planificación y autorización, y sean considerados de interés público superior y en aras de las seguridad pública. Deben establecerse plazos claramente definidos, acelerados y lo más breves posible para todas las etapas necesarias para la concesión de permisos de construcción y explotación de proyectos de energías renovables; plazos y normas procesales específicas con vistas a garantizar la eficiencia de los procedimientos judiciales relacionados con el acceso a la justicia de los proyectos de energías renovables y deben crear un único proceso unificado de solicitud para todo el proceso administrativo de solicitud y concesión de permisos.

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA.

Los Estados miembros deben estimular la participación de los ciudadanos, incluidos los de los hogares de renta baja y media, y de las comunidades de energía en los proyectos de energías renovables, así como adoptar medidas para fomentar la transferencia de los beneficios de la transición energética a las comunidades locales, con lo que se mejorará la aceptación y el compromiso públicos. Además, deberán aplicar procedimientos simplificados de concesión de permisos para las comunidades de energías renovables, en particular para la conexión de las instalaciones de propiedad comunitaria a la red, y reducir al mínimo los procedimientos y requisitos de concesión de licencias de producción, también para los autoconsumidores de energías renovables.

MEJORA DE LA COORDINACIÓN INTERNA

Los Estados miembros deben garantizar la racionalización y la coordinación efectiva entre los niveles nacional, regional y municipal en lo que respecta a las funciones y responsabilidades de las autoridades competentes, así como a la legislación, los reglamentos y los procedimientos aplicables para la autorización de proyectos de energías renovables. Deben diseñar una ventanilla única para la concesión de permisos a proyectos de energías renovables, como exige la Directiva (UE) 2018/2001, de manera que se limite el número de autoridades implicadas a lo necesario y se maximice la eficiencia y deben introducir normas que permitan que la falta de respuesta por parte de la autoridad o autoridades competentes, dentro de los plazos establecidos, suponga la aceptación de una determinada solicitud en la fase correspondiente de un proceso de concesión de permisos para proyectos de energías renovables (el denominado «silencio administrativo positivo»), salvo que la legislación nacional o de la Unión exija su respuesta.

PROCEDIMIENTOS CLAROS Y DIGITALIZADOS

La Comisión remienda a los Estados garantizar una dotación de personal suficiente y adecuada, con las capacidades y cualificaciones pertinentes, para los organismos que conceden los permisos y las autoridades de evaluación medioambiental. Para ello, deben utilizar las oportunidades de financiación nacionales y de la Unión disponibles para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, en particular a nivel regional y local, y estudiar la creación de una alianza para la cooperación sectorial en materia de capacidades a fin de colmar la brecha de capacidades del personal que trabaja en los procedimientos de concesión de permisos y en las evaluaciones medioambientales.

MEJOR DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS UBICACIONES DE LOS PROYECTOS.

Los Estados miembros deben definir rápidamente las zonas terrestres y marítimas adecuadas para los proyectos de energías renovables, en consonancia con sus planes nacionales de energía y clima y su contribución a la consecución del objetivo revisado de energías renovables para 2030. Como parte de este proceso de cartografía, deben designarse zonas delimitadas y claramente definidas como especialmente adecuadas para el desarrollo de las energías renovables (zonas ineludibles de energías renovables), al tiempo que se evita, en la medida de lo posible, las zonas de valor medioambiental y se da prioridad, entre otros, a las tierras degradadas que no pueden utilizarse para la agricultura. Deben limitar al mínimo necesario las «zonas de exclusión» en las que no pueden desarrollarse las energías renovables. Deben proporcionar información clara y transparente, con una justificación razonada, de las restricciones relacionadas con la distancia respecto de las viviendas y las zonas de aviación militar o civil. Estas restricciones deben basarse en pruebas y diseñarse de tal manera que cumplan su finalidad prevista, al tiempo que maximizan la disponibilidad de espacio para el desarrollo de proyectos, teniendo en cuenta otras limitaciones de ordenación territorial.

Los Estados han de racionalizar los requisitos de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de energías renovables en la medida en que sea jurídicamente posible, mediante la aplicación de las orientaciones técnicas disponibles sobre la conciliación del despliegue de las energías renovables y la legislación medioambiental de la Unión, y mediante la integración de la evaluación del impacto ambiental con otras evaluaciones medioambientales aplicables en un procedimiento conjunto. A tale efecto, les insta a utilizar la delimitación del alcance de
manera sistemática o hacerla obligatoria a fin de mejorar la calidad del proceso de evaluación del impacto ambiental.

En relación con los espacios incluidos en la Red Natura 2000 y en aras a garantizar la compatibilidad de su conservación con el despliegue de las energías renovables, la Comisión recomienda a los especialmente velar por que el sacrificio o perturbación de especímenes individuales de aves silvestres y especies protegidas en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo no sea un obstáculo para el desarrollo de estas energías, mediante la exigencia de que dichos proyectos integren, según proceda, medidas de mitigación para prevenir de manera eficaz en la medida de lo posible el sacrificio o la perturbación, el seguimiento de su eficacia y, a la luz de la información obtenida del seguimiento, la adopción de medidas adicionales necesarias para garantizar que no se produzca un impacto negativo significativo en la población de las especies de que se trate. Si se hace así, el sacrificio o la perturbación accidentales de especímenes individuales no deben considerarse deliberados y, por tanto, no deben entrar en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE ni del artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por último, y dada la citada falta de aceptación por la población de determinados proyectos energéticos, los Estados deben fomentar la participación pública en una fase temprana para definir los planes de ordenación territorial, promover el uso múltiple de los emplazamientos y garantizar la transparencia sobre el lugar y la forma en que pueden construirse o instalarse los proyectos de energías renovables, incluidas las instalaciones a pequeña escala a nivel municipal.

UNA CONEXIÓN A LA RED MÁS FÁCIL.

Los Estados deben llevar a cabo una planificación de la red a largo plazo y una inversión coherente con la expansión prevista de las capacidades de producción de energías renovables, teniendo en cuenta la demanda futura y el objetivo de neutralidad climática. Así mismo, deben velar por que los gestores de redes: i) apliquen un procedimiento transparente y digital para las solicitudes de conexión a la red; ii) ofrezcan información sobre las capacidades de la red; y iii) optimicen el uso de la capacidad de la red al permitir su uso por centrales eléctricas que combinen múltiples tecnologías complementarias.

PROYECTOS INNOVADORES.

Se anima a los Estados a crear espacios controlados de pruebas para conceder exenciones específicas del marco legislativo o reglamentario nacional, regional o local a tecnologías, productos, servicios o enfoques innovadores, a fin de facilitar la concesión de permisos en apoyo del despliegue y la integración en el sistema de las energías renovables, el almacenamiento y otras tecnologías de descarbonización, en consonancia con la legislación de la Unión.

FACILITAR LOS ACUERDOS DE COMPRA DE ENERGÍA.

Los Estados miembros deben eliminar rápidamente cualquier obstáculo administrativo o al mercado injustificado para los contratos corporativos de compra de energías renovables, en particular para acelerar la adopción de estos contratos por parte de las pequeñas y medianas empresas.

SEGUIMIENTO, INFORMES Y REVISIÓN.

Los Estados miembros deben establecer un punto de contacto encargado de supervisar periódicamente los principales cuellos de botella en el proceso de concesión de permisos y de abordar los problemas a los que se enfrentan los promotores de proyectos de energías renovables.

Aprobada la «Hoja de Ruta del Hidrógeno»

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy, 6 de Octubre, la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”. Con esta planificación, el Gobierno impulsa el despliegue de este vector energético sostenible, que será clave para que España alcance la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050. El desarrollo del hidrógeno renovable incentivará la creación de cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido.

El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales –alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno– a 2030. Entre otros, 4 gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto.

La consecución de los objetivos a 2030 que refleja la Hoja de Ruta facilitarán posibilitará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO₂ (CO₂eq).

Por último, la Hoja de Ruta anticipa una visión de cuál será el papel del hidrógeno en las siguientes tres décadas, en las que España busca liderar un proyecto país hacia una economía descarbonizada, de manera que se fomente la cadena de valor innovadora, el conocimiento aplicado de la industria, el desarrollo de proyectos piloto a lo largo del territorio nacional y el apoyo a las zonas de transición justa.

EL POTENCIAL DEL HIDRÓGENO

El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, como lo pueden ser el sol o el viento, sino un vector energético, es decir, un producto manufacturado que es capaz de almacenar energía para, posteriormente, pueda ser liberada de forma gradual. En el caso de que se empleen energías renovables en su fabricación, el hidrógeno obtenido tendrá la consideración de “hidrógeno verde” o “hidrógeno renovable”.

La Hoja de Ruta identifica este vector energético como una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía y el desarrollo de cadenas de valor industriales y de I+D+i, convirtiéndose así en una de las palancas de reactivación económica ligadas a la transición energética, junto a otros ámbitos como el despliegue renovable, la movilidad sostenible y conectada o la rehabilitación energética de edificios.

OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA

En este sentido, la Hoja de Ruta identifica las oportunidades que representan para España el fomento de la producción nacional y la aplicación del hidrógeno renovable.

En primer término, la apuesta por el hidrógeno renovable activará el desarrollo de cadenas de valor. Se abren nuevas oportunidades de generación de empleo sostenible y de actividad económica en ámbitos como la fabricación de ensambladores de electrolizadores, de pilas de combustible, de componentes (electrónica, control, automoción, mecánica), de vehículos, astilleros, de depósitos a presión, hidrogeneras o plantas de producción de hidrógeno renovable, así como su gestión, soluciones de almacenamientos a gran escala, equipos para el transporte de hidrógeno o de servicios de movilidad basados en hidrógeno renovable.

Este fortalecimiento de la cadena de valor vendrá acompañado de una mayor I+D+i energética española, que se convertirá además en un pilar para un desarrollo económico sostenible. Al respecto, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, incluye entre sus líneas estratégicas de I+D+i nacional la aplicación del hidrógeno renovable en la industria y como recurso para el cambio climático y la descarbonización.

El hidrógeno verde será clave en la senda que ha emprendido el país para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, así como de otros contaminantes ligados a segmentos como el transporte, la generación de energía y el sector industrial. De hecho, la Hoja de Ruta subraya el potencial del hidrógeno renovable para descarbonizar sectores o procesos con mayor complejidad de descarbonización como pueden ser el transporte aéreo o los procesos industriales que requieran altas temperaturas.

Además, el documento destaca su potencial para acelerar el despliegue renovable en nuestro país, con los efectos positivos asociados que tiene una mayor presencia de energías renovables en el sistema sobre los precios de electricidad y sobre la competitividad industrial. En este ámbito, la Hoja de Ruta subraya su papel en el desarrollo de redes inteligentes y, especialmente, para almacenar energía renovable a gran escala y de manera estacional, aportando gestionabilidad al sistema. Este despliegue se hará en línea con la Estrategia de Almacenamiento, cuyo borrador ultima en estos momentos el MITECO.

Estos dos factores, según la Hoja de Ruta, harán del hidrógeno uno de los principales activos para lograr que España sea una de las potencias europeas en generación renovable. A ello se añade la implantación de otras tecnologías, como las que recogerá la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España, también en fase de elaboración, y que propiciarán un cambio radical al paradigma energético actual, consolidando un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050.

Otro aspecto destacado por la Hoja de Ruta es el potencial del hidrógeno renovable para favorecer la descarbonización de los sistemas energéticos aislados, con especial atención a los territorios insulares.

OBJETIVOS A 2030

La Hoja de Ruta plantea objetivos nacionales de fomento del hidrógeno renovable a 2030 y, en base a los mismos, diseña una visión a 2050, cuando España habrá de alcanzar la neutralidad climática y contar con un sistema eléctrico 100% renovable. Los objetivos son coherentes con las metas que se ha fijado la Comisión Europea en su Estrategia de Hidrógeno. Son estos:

o Producción: 4 GW de potencia instalada de electrólisis –el sistema de producción de hidrógeno renovable empleando energías limpias y agua–, lo que representa un 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE. Adicionalmente, como hito intermedio, se estima que para el año 2024 sería posible contar con una potencia instalada de electrolizadores de entre 300 y 600 MW.

o Un 25% del consumo de hidrógeno industrial será de origen renovable en 2030. En la actualidad, la industria emplea la práctica totalidad de las 500.000 toneladas de hidrógeno que consume España anualmente. En su mayoría, el producto utilizado es hidrógeno de origen fósil (o hidrógeno gris), es decir, emplea gas natural como materia prima en su elaboración. Por cada kilogramo de hidrógeno renovable que sustituye a un consumo existente de hidrógeno no renovable, se evitan 9 kg de CO₂ a la atmósfera.

o En cuanto a movilidad, para 2030, se plantea una flota de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados; y 2 líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable. De igual modo, debería implantarse una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los 5 primeros puertos y aeropuertos.

A partir de estos objetivos, la Hoja de Ruta anticipa los cambios que se producirán en la economía del hidrógeno más allá de 2030 y hasta 2050. El documento destaca que, una vez concluida esta década, se producirá una aceleración de la producción y aplicación del hidrógeno renovable en España, que serán plenamente competitivas frente a otras tecnologías de producción. Este hecho facilitará la expansión del consumo de hidrógeno renovable en sectores difíciles de descarbonizar y en nuevas aplicaciones, incluyendo el transporte marítimo y aéreo, y los procesos energéticos industriales de alta temperatura. Por último, debido a su potencial como productor, la Hoja de Ruta prevé que España pueda convertirse en un exportador de hidrógeno renovable al resto de Europa.

60 MEDIDAS

El documento plantea un conjunto de 60 medidas, agrupadas en cuatro ámbitos de actuación. En primer lugar, se recogen actuaciones de carácter regulatorio que incluyen, entre otras, la introducción de un sistema de garantías de origen que asegure que el hidrógeno se ha producido a partir de energía 100% renovable. Un segundo capítulo está dedicado a las medidas de carácter sectorial para incentivar el uso de hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos en ámbitos como el industrial, el energético o el de la movilidad.

Por otro lado, la Hoja de Ruta recoge medidas de carácter transversal para fomentar el conocimiento del potencial del hidrógeno renovable en el conjunto de la sociedad; y, por último, se aborda el fomento de la I+D+i vinculada estas tecnologías.

Entre otras medidas, la Hoja de Ruta impulsará el diseño de instrumentos financieros de apoyo a la industria española consumidora intensiva de hidrógeno para la adaptación de sus procesos e infraestructuras al suministro continuo de hidrógeno renovable. Asimismo, se identificarán los polos de consumo de hidrógeno en la actualidad, fomentando e incentivando la creación de “valles de hidrógeno”; y se promoverá la constitución de Mesas del Hidrógeno Industrial junto a comunidades autónomas, administraciones locales, consumidores de hidrógeno y promotores de proyectos de producción de hidrógeno renovable.

De igual modo, se incluyen medidas para propiciar el desarrollo nacional de electrolizadores de grandes potencias (100 MW), así como para impulsar su fabricación en masa y la aplicación de nuevos materiales; y para fomentar la I+D+i a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno, de manera que la ciencia española y las empresas puedan participar en su desarrollo, lo que permitirá crear conocimiento y ventajas competitivas, incluyendo la industria española del automóvil, el transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Al respecto, se creará una línea de financiación exclusiva para proyectos de la cadena de valor del hidrógeno renovable en los sucesivos Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Por otro lado, se potenciarán nuevos núcleos energéticos de producción de hidrógeno renovable que contribuyan a evitar la despoblación rural y a conseguir los objetivos de reto demográfico, con especial atención a las regiones de transición justa.

La Hoja de Ruta concluye identificando los diferentes instrumentos de financiación para su despliegue, que incluyen los fondos de EU Next Generation y la Clean Hydrogen Alliance, creada por la Comisión Europea. Asimismo, el documento incorpora un anexo con proyectos de hidrógeno identificados en España.

Fuente: miteco.gob.es

Abierto trámite información pública: Proyecto de Real Decreto por el que modifica el Real Decreto de fomento de los Biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta y consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022

Este trámite tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la regulación proyectada.

El objetivo de esta regulación es continuar la senda fijada por el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, y establecer unos objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes en contenido energético para los años 2021 y 2022, dando respuesta a las necesidades de implementar las medidas y alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en coherencia con su Escenario Objetivo y con la cuota de energías renovables en el transporte para el año 2030 establecida por la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre.

Plazo de remisión

Plazo para presentar alegaciones hasta el viernes, 11 de septiembre de 2020

Texto del Proyecto de Real Decreto [PDF] [87,17 KB]

Memoria del Proyecto de Real Decreto [PDF] [977,15 KB]

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia su andadura parlamentaria

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050.

El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050. De igual modo, el Gobierno da respuesta a la petición del Congreso de los Diputados que, en una moción aprobada por mayoría absoluta el pasado año, instó al Ejecutivo a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.

La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.

El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha.

“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones.

OBJETIVOS PARA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

– Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

– Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.

– Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.

– Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.

– Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

HERRAMIENTAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC).

El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación. De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público.

Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.

RENOVABLES Y EFICIENCIA, PALANCAS DE REACTIVACIÓN

La eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.

El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.

De igual modo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

NUEVO MARCO RETRIBUTIVO PARA RENOVABLES

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.

En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético

-operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.

Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El sector de la movilidad y el transporte está en disposición de posicionar toda su cadena de valor en espacios de liderazgo de los nuevos modelos de movilidad, aprovechando las oportunidades que abre la realidad económica y social sin emisiones. Al respecto, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, el conjunto de las Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.

Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente. De igual modo, indica que las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria.

PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA

Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, que es el segmento que más energía consume de todo el sector de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche las oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.

En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.

Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.

En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para

2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras.

DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.

Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.

CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO Y BIODIVERSO

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública, se implementará un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.

Además, el PLCCTE establece que se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono, igualmente claves para la neutralidad. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor de desarrollo y generación de empleo.

Por último, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en España ocupa cerca de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y responder a los nuevos escenarios climáticos.

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

La transición a una economía descarbonizada ofrece un amplio espectro de oportunidades de inversión y de empleo pero, al mismo tiempo, requiere de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. En su marco, se desarrollarán los convenios de transición justa en cada zona, con el objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio, especialmente, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. Entre otras cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El sistema educativo español reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado.

Al tiempo, el Gobierno promoverá que las universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático.

Por otro lado, se promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA

Finalmente, la Ley sigue con el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro si

stema. Destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno

Los auditores de la UE publican un documento informativo sobre la producción de energía eólica y solar

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un documento informativo sobre el apoyo de la UE y los Estados miembros a la generación de electricidad a partir de energía eólica y solar fotovoltaica. Los documentos informativos facilitan detalles sobre una tarea de auditoría en curso a raíz del anuncio de la misma. Su propósito es servir de fuente de información para los interesados en la política o en los programas sujetos a auditoría. El documento , de fecha 20 de Febrero, describe el trabajo que se está llevando a cabo en relación con una auditoría en curso, que consiste en el análisis del diseño, la ejecución y el seguimiento de las estrategias nacionales y de la UE para la generación de energía eólica y solar fotovoltaica desde 2009, así como la financiación de su desarrollo a nivel nacional y de la Unión.

La generación de electricidad es el sector con la mayor proporción de energía de fuentes renovables. La eólica y la solar fotovoltaica son actualmente las dos fuentes principales de energía utilizadas para este fin y están a punto de convertirse en las dos formas más económicas de producción de electricidad. El Tratado de Lisboa concedió a la UE la autoridad para desarrollar una política energética que comprende cuatro elementos esenciales, que incluyen el fomento de la eficiencia y el ahorro energético, así como el desarrollo de fuentes de energías nuevas y renovables. La Directiva sobre energías renovables de 2009 marcó un objetivo de consumo de energía generada a partir de fuentes renovables del 20 % para finales de 2020 en toda la UE. El documento contiene información sobre el desarrollo de la combinación energética de la UE para la producción de electricidad, las estrategias nacionales y de la UE sobre las energías renovables, y la financiación de energía eólica y solar fotovoltaica asignada conforme a la política regional y de cohesión europea, así como información actualizada de los progresos de los Estados miembros en relación al objetivo de 2020.

En el curso de esta auditoría, los auditores de la UE presatarán una especial atención a los siguientes extremos:

– ¿El diseño de la política energética de la UE y las estrategias nacionales promueven la generación de electricidad a partir de fuentes renovables?

– ¿Persiste la inseguridad jurídica debida a los frecuentes cambios regulatorios?

– ¿Se adaptan los plantes de financiación y apoyo a las energías renovables a las condiciones del mercado, a fin de evitar la excesiva dependencia de las subvenciones?

Los auditores visitarán cuatro Estados miembros de la UE: Alemania, Grecia, España y Polonia. La publicación del informe de auditoría está prevista para principios de 2019.

Fuente: European Court of Auditors

Los riesgos legales y regulatorios, los más relevantes para inversores renovables

Según el primer informe sobre Riesgos en los proyectos de energías renovables, el 57% de los inversores encuestados identifica los riesgos legales y regulatorios como los más relevantes en la adquisición y operación de proyectos, seguidos de los financieros

Según el primer informe sobre “Riesgos en los proyectos de energías renovables”, el 57% de los inversores encuestados identifica los riesgos legales y regulatorios como los más relevantes en la adquisición y operación de proyectos, seguidos de los financieros.

Los menos importantes y más controlados, a su juicio, serían los riesgos técnicos. Así se desprende del primer estudio “Riesgos en los proyectos de Energías Renovables”, realizado en base a una encuesta a 110 inversores en proyectos de energía renovable de siete países por Blue Tree Asset Management (BTAM) -compañía especializada en la gestión integral de proyectos de energía renovable-

En cuanto a los riesgos en el ámbito financiero, el 72% de los inversores considera que la falta de cumplimiento en términos financieros es el riesgo principal. Para evitarlo, se percibe como una medida acertada la implicación de asesores externos.

Ahora bien, el riesgo más destacado en el ámbito legal y de Ética Empresarial, según el 79% de los participantes, lo plantean las modificaciones llevadas a cabo en los marcos regulatorios que tienen un impacto directo en las compañías. El 74% de los inversores identifica los seguros de responsabilidad civil para directores y gerentes como la principal forma de combatir los riesgos en este ámbito, además de la elaboración de Códigos Éticos y de Conducta que contemplen la lucha contra el fraude y la elaboración de políticas y canales de denuncia.

Riesgos por regiones y tecnologías

Los inversores también valoran el grado de riesgo por mercados geográficos. La región con mayor exposición al riesgo es África -a juicio del 72% de los encuestados-, seguida de Latinoamérica (el 41%) y Asia (26% de los inversores que participaron en el informe).

Latinoamérica, sin embargo, es valorado como el mercado más atractivo para la inversión en proyectos de energía renovable en los próximos 5-10 años, según el 57% de los inversores encuestados, seguido de Asia y Europa. Norte América es considerada la región con menor riesgo (así lo dicen el 2,3% de los encuestados), aunque es un mercado sólo atractivo para el 20,2% de los inversores.

La encuesta también valora los riesgos por tecnologías: la renovable offshore (mar) y la solar termal son consideradas como las de mayor riesgo (un 27,8% y un 27,1% de los encuestados, respectivamente), mientras que la eólica onshore (tierra) y la hidráulica son las que presentan menor riesgo, según los inversores, junto con la fotovoltaica.

Otros riesgos e iniciativas mitigantes

Además, el informe pone de manifiesto otros riesgos e iniciativas mitigantes en áreas relevantes en la adquisición y operación de activos renovables para los inversores:

Ámbito técnico

En el ámbito técnico, el 63% de los encuestados consideran que el riesgo más importante deriva de fallos de equipo y de la falta de garantías por parte del fabricante. A su vez, el 70% considera que la principal vía para mitigar los riesgos técnicos es la elaboración y negociación de contratos de operación y mantenimiento (O&M) de calidad.

Impacto medioambiental

En el ámbito de la gestión del impacto medioambiental, el 57% considera que el reciclaje es el mayor riesgo y un 67% respalda que se definan acuerdos con los proveedores de O&M para la puesta en marcha de políticas medioambientales.

Protección de la Biodiversidad

En términos de protección de la Biodiversidad, el 56% de los encuestados considera que el uso
indebido de productos fitosanitarios representa el mayor foco de riesgo por su impacto en la flora y fauna. Para reducir estos riesgos, la mayoría de ellos coincide en la necesidad de exigir un seguimiento exhaustivo de los planes de acción en materia medioambiental y social en las fases de operación y mantenimiento (O&M).

Las comunidades locales

En la categoría de participación en la comunidad y su desarrollo, el 69% de los inversores considera que el principal riesgo es la oposición que se encuentra por parte de las comunidades locales. Un riesgo que el 67% considera que se puede reducir si se lleva a cabo una comunicación activa y se establecen canales de diálogo con los actores claves.

Recursos Humanos

En cuanto a los riesgos relacionados con los Recursos Humanos, Derechos Humanos y la No
Discriminación, destaca en primer lugar la posibilidad de que se produzcan negligencias en ámbitos como la salud o la seguridad. Para mitigar estos riesgos, destaca la supervisión de las directrices y protocolos existentes en estos ámbitos.

Fuente: Madridmasd.org

Las renovables siguen al alza en la Unión Europea, ya alcanzan el 16% de la energía utilizada

Un tercio de los socios comunitarios han cumplido ya sus objetivos para 2020, son: Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Italia,Lituania,Rumanía, Finlandia y Suecia
España pasó del 8,3 % en 2004 al 16,2 % en 2014

Las energías renovables mantienen su progresión en la Unión Europea (UE), donde llegaron a producir el 16 % de la energía consumida en 2014, según los últimos datos publicados por la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

En la década de 2004 a 2014, la cuota de energía procedente de fuentes limpias aumentó hasta casi doblarse, desde el 8,5 % inicial hasta el citado 16 %.

Esto, sin embargo, deja solo seis años a los Veintiocho para lograr cumplir con el compromiso que se marcaron de llegar a que un 20 % del total de energía consumida en 2020 fuera renovable, que en 2030 deberá alcanzar un 27 %.

España ha mantenido una evolución similar a la media europea, al pasar del 8,3 % en 2004 al 16,2 % diez años después, lo que aún deja al país margen de mejora hasta alcanzar su objetivo del 20 % en 2020.

Un tercio de los socios comunitarios han cumplido ya sus objetivos para 2020, según destacó Eurostat.

Se trata de Bulgaria (con una meta de 16 % y una cuota en 2014 de 18 %), República Checa (13 % y 13,4 %, respectivamente), Estonia (25 % y 26,5 %), Croacia (20 % y 27,9 %), Italia (17 % y 17,1 %), Lituania (23 % y 23,9 %), Rumanía (24 % y 24,9 %), Finlandia (38 % y 38,7 %) y Suecia (49 % y 52,6 %).

Además, dos países se encuentran a menos de un punto porcentual de llegar a su compromiso: Dinamarca (30 % y 29,2 %) y Austria (34 % y 33,1 %).

Por el contrario, la segunda mayor economía europea, Francia, es el país que más lejos se encuentra de su objetivo, con 8,7 puntos porcentuales (23 % y 14,3 %). Le sigue Holanda, con una diferencia de 8,5 puntos (14 % y 5,5 %) e Irlanda, con un desfase de 7,4 puntos (16 % y 8,6 %).

En el primer motor económico europeo, Alemania, en 2014 se encontraba también por debajo de la media europea en renovables, ya que un 13,8 % de la energía que utilizaban los consumidores era verde (frente a su objetivo del 18 % para 2020).

Por su parte, la principal economía fuera del euro, Reino Unido, presentaba una tasa del 7 %, menos de la mitad de su meta del 15 %.

Fuente: EFEverde

La apuesta por renovables impulsará un 1,1% el crecimiento mundial

Aumentar en un 36 % el peso de las energías renovables energías renovables a nivel global incrementaría 1,3 billones de dólares (1,2 billones de euros) o un 1,1 % el PIB mundial, según un estudio presentado este sábado en la 6.ª Asamblea de la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA). Esa cantidad, equivalente a las economías combinadas de Chile, Suráfrica y Corea del Sur, es la primera estimación del impacto de la transición energética si se lograra doblar el porcentaje de renovables para 2030 con respecto a 2010.

“Este análisis ofrece una prueba convincente de que alcanzar la necesaria transición energética no solo reducirá el cambio climático, sino que también estimulará la economía, mejorará el bienestar humano y fomentará el empleo en el mundo”, ha declarado el director general de IRENA, Adnan Z. Amin, durante la presentación este sábado del informe Beneficios de la energía renovable: datos económicos. En su opinión, el reto tras Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP21) celebrada en París el pasado diciembre es “crear un ambiente de negocios atractivo que anime a la inversión” privada en renovables.

A tal efecto, el estudio analiza además el impacto concreto por países. Según este apartado, Japón, que acaba de ceder la presidencia de la Agencia a Egipto, sería el país que más se beneficiaría de esa apuesta por las renovables con un impacto del 2,3 % en su PIB. Alemania, Australia, Brasil, Corea del Sur, México y Suráfrica verían un crecimiento superior al 1 %.

“El impacto es mayor en los países más ambiciosos a ese respecto”, ha subrayado por su parte Rabia Ferroukhi, responsable de políticas de IRENA que ha coordinado el informe. Para esta especialista es importante que las renovables resulten “interesantes desde el punto de vista económico”. También que los Gobiernos “emprendan políticas que faciliten las inversiones”.

El efecto sobre el bienestar sería tres o cuatro veces mayor, según los autores que mencionan una larga lista de beneficios sociales y medioambientales. Destaca su estimación de que el número de empleos en el sector pasaría de los actuales 9,2 millones a 24 millones en todo el mundo para la fecha objetivo de 2030. De ellos, 9 millones estarán en la industria de los biocombustibles, 6,4 millones en la solar, 5,5 millones en la eólica y el resto en otras renovables.

Añaden además cambios en los patrones de comercio porque calculan que se reducirían a la mitad las importaciones mundiales de carbón, así como significativamente las de petróleo y gas, algo especialmente atractivo para los importadores como la UE, Japón o India. Asegura, no obstante, que los exportadores de combustibles fósiles, como el anfitrión, Emiratos Árabes Unidos, y sus vecinos, también se beneficiarían de la diversificación de su economía.

“Reducir el cambio climático a través de las energías renovables y alcanzar otros objetivos socio-económicos ya no es una elección entre uno y otro”, ha asegurado Amin. “Gracias a las oportunidades de negocio que representan las renovables, la inversión en uno es una inversión en ambos”, ha defendido resumiendo el espíritu del foro.

Representantes de 150 países y 140 organizaciones internacionales se han dado cita este fin de semana en Abu Dhabi para participar en la 6.ª Asamblea de IRENA, centrada en el papel de las renovables para combatir el cambio climático. Esta primera reunión intergubernamental tras la cumbre de París intenta fijar la agenda global en ese campo y dar pasos concretos para acelerar la transición hacia el uso de esas energías. La agencia espera que los nuevos datos convenzan a sus miembros de la necesidad de “pasar de la negociación a la acción” en la reducción de emisiones de CO2.

Fuente: El País

Las energías renovables producirán el 50% de la electricidad de Europa en 2040

Las energías renovables tienen un futuro esperanzador y transcendental para el futuro del planeta. Así lo reconoce el último informe de la Agencia Internacional de la

Energía (AIE)

El informe World Energy Outlook (Perspectivas de la energía en el mundo, WEO-2015) presentado el martes 10 de noviembre por la AIE dedica buena parte de sus previsiones al

mercado del petróleo pero no puede omitir que el mayor crecimiento en la producción de electricidad en el último año y las mejores perspectivas de crecimiento para las próximas

década corresponden a las energías renovables, en especial la eólica y la solar.

"En 2040, la generación de electricidad basada en energías renovables alcanzará una proporción del 50% en la UE, en torno al 30% en China y Japón, y más del 25% en Estados Unidos y

la India", indica claramente el resumen ejecutivo del WEO-2015. De hecho, casi la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica mundial instalada en 2014 fue renovable, indica este informe oficial.

La AIE presenta estas previsiones como una cifra positiva y esperanzadora para las renovables pero tampoco se puede olvidar que muchos otros estudios y escenarios de organismos

internacionales señalan un futuro incluso más favorable para el mercado de energías como la solar o la eólica. De hecho, a escala internacional han tenido una gran acogida diversos

proyectos que pretenden alcanzar en 2050 el 100% del suministro de electricidad con energías renovables.

La Cumbre del Clima de París, pieza clave

La AIE dedica también mucha atención a los compromisos presentados por la práctica totalidad de las grandes economías mundiales de cara a la Cumbre del Clima que se celebra del 30

de noviembre al 11 de diciembre en París. Los compromisos de lucha contra el calentamiento global que surjan en la capital francesa determinarán el crecimiento de las tecnologías de producción de energía con

bajas emisiones de gases de efecto invernadero; en especial las renovables, aunque también la nuclear y el gas, indica la AIE.

Existe el riesgo de que la persistencia en los precios bajos del petroleo provoque que "los países dejen de invertir en energías renovables", lo que socavaría su actual tendencia al alza, explicó el martes Fatih Biro,

director ejecutivo de la AIE. No obstante, la buena noticia del WEO-2015, reconoció Birol, es que "confirma la transición energética" hacia un panorama con mayor preponderancia de las energías renovables, en

especial de la eólica y la solar".

"En 2040, la generación de electricidad basada en energías renovables alcanzará una proporción del 50% en la UE, en torno al 30% en China y Japón, y más del 25% en Estados Unidos y la India", indica

claramente el resumen ejecutivo del WEO-2015. De hecho, casi la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica mundial instalada en 2014 fue renovable, indica este informe oficial.

Fuente: La Vanguardia World Energy Outlook 2015

El Gobierno anuncia la primera convocatoria de potencia renovable tras la moratoria

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha adelantado que el Gobierno pondrá en marcha después del verano el concurso de nueva potencia eólica y de biomasa, anunciado el pasado mes de abril, con el que se permitirá la instalación de 700 megavatios (MW) de tecnología renovable.

Durante la presentación del BP Stadistical Review of World Energy de 2015, Nadal ha anunciado que “seguramente” el lanzamiento de la primera convocatoria de potencia renovable (que se llevará a cabo tras la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas plantas renovables aprobada en 2013) se producirá después del periodo estival.

Con este nuevo concurso se prevé mejorar en 200 MW la potencia de biomasa y en 500 MW la eólica. “Vamos a hacer un esfuerzo en biomasa. Hay buenos parques eólicos pero tienen máquinas muy antiguas”, ha apuntado Nadal. En este sentido, ha señalado que las renovables supondrán en 2015 el 17,5% de la energía final bruta en España, frente al 15,1% que se registró en 2011.

No obstante, también ha aclarado que no se lanzarán “como locos” a la producción de renovables. “En 2008 España instaló más paneles solares que el resto de la humanidad”, ha asegurado.
Asimismo, ha explicado que los consumos energéticos han empezado a crecer, aunque a un menor nivel que la actividad económica debido a las medidas de eficiencia puestas en marcha por los hogares y las empresas españolas. “Nos movemos en un modelo de crecimiento económico que no necesita tanta energía”, aclaró el secretario de Estado, quien ha asegurado que esta sigue perdiendo peso en la economía del país.

Y es que según el informe de BP, España redujo su consumo energético un 0,7% en 2014 respecto al año anterior, situándose en el nivel más bajo desde el año 2001, aunque lejos del descenso experimentado en la UE, que bajó en un 3,9%.

En el mix energético español siguió predominando el petróleo como principal fuente de energía, con el 44,7%. Sin embargo, el consumo de gas natural se redujo en un 9,3%, pese a seguir siendo la segunda fuente con el 17,8% del total. Por su parte, y en contra de la tendencia europea, el carbón aumentó un 5,1%, representando el 9% del mix español, y las energías renovables detuvieron su avance de los últimos años, hasta reducir su consumo un 1,4%.

Sin embargo, pese a la mejora en las cifras, Nadal también ha defendido la explotación del subsuselo español porque “por mucho que sigamos reduciendo el consumo, somos aún un país dependiente”.

CincoDias