Abierto trámite información pública: Proyecto de Real Decreto por el que modifica el Real Decreto de fomento de los Biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta y consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022

Este trámite tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la regulación proyectada.

El objetivo de esta regulación es continuar la senda fijada por el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, y establecer unos objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes en contenido energético para los años 2021 y 2022, dando respuesta a las necesidades de implementar las medidas y alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en coherencia con su Escenario Objetivo y con la cuota de energías renovables en el transporte para el año 2030 establecida por la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre.

Plazo de remisión

Plazo para presentar alegaciones hasta el viernes, 11 de septiembre de 2020

Texto del Proyecto de Real Decreto [PDF] [87,17 KB]

Memoria del Proyecto de Real Decreto [PDF] [977,15 KB]

 

Consulta pública sobre la Estrategia española de Descarbonización a largo plazo

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico somete a información pública el Borrador de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. El plazo para la remisión de alegaciones comprende desde el jueves, 23 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2020.

El Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno de España, según nota de prensa emitida por el Ministerio,  sienta las bases para la modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 diseña la senda de descarbonización de España para la próxima década en coherencia con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, pieza fundamental de las políticas comunitarias para la reactivación de la economía frente a los efectos de la COVID-19.

Las medidas establecidas en el PNIEC suponen un hito intermedio para alcanzar la neutralidad climática antes de mediados de siglo, compromiso que se ha marcado Europa y que ha adquirido España a través de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental aprobada por el Consejo de Ministros en enero de 2020.

Como continuación en la senda iniciada por el PNIEC, el Ejecutivo ha elaborado el borrador de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que marca las líneas a seguir para lograr que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España sean neutras no más tarde de 2050, al tiempo que incluye las oportunidades que ofrece la descarbonización en términos de empleo, atracción de inversiones, activación económica, modernización y mejora de la competitividad empresarial e industrial.

El documento perfila, con la suficiente anticipación y bajo criterios de cohesión social, equidad y transición justa, la trayectoria que permitiría que el consumo final de energía –incluyendo el de edificios, transporte y sectores económicos- sea plenamente renovable a mediados de siglo, mejorando la salud y calidad de vida de la ciudadanía e incidiendo en la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Fuente: Miteco

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica

 

El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables y convertir al sector en motor de la recuperación económica e industrial tras la crisis del COVID-19, con el objetivo último de que España obtenga toda su electricidad de fuentes sostenibles antes del año 2050.

 

 

La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

 

GARANTÍAS PARA LOS PROYECTOS RENOVABLES FIRMES

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) –320MW en el año 2019 y 108MW en 2020–, y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%.

Esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

Por ello, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos –entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción– en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

 

NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES

Otra de las cuestiones clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.

En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.  Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables,  que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo. De hecho, los sistemas de retribución de los países del entorno de España, similares al diseñado en el Real Decreto-ley, reflejan resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española.

 

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES  

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos adversos.

Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes –electrónica de potencia, estructuras, seguidores, etc.– que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar.

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO LIGADOS A RENOVABLES

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Ambas figuras permitirán el desarrollo rápido y eficiente de proyectos renovables, aprovechando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, al dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Con ello se favorece un desarrollo más ágil de la regulación del sector energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o soluciones.

 

LOS PUNTOS DE RECARGA DE ALTA CAPACIDAD, UTILIDAD PÚBLICA

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

 

LIQUIDEZ DEL SISTEMA

Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.

Esto permite que el conjunto de los “sujetos de liquidación”, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.

Además, el Real Decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.

 

APOYO A COGENERACIÓN, LODOS DE ACEITE Y BIOMASA

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esto incluye a las instalaciones de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas. Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías.

En concreto, para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

 

TRANSICIÓN JUSTA

Para facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en transición energética, se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En este Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo y nuevos proyectos industriales en las zonas de transición. El Real Decreto-ley 17/2019 posibilitó al Gobierno regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de dicha capacidad que ponderen,  además de las cuestiones técnicas y económicas, los potenciales beneficios medioambientales y sociales. Para poder diseñar y convocar estos procedimientos a la mayor brevedad, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO para que solicite al operador del sistema el cálculo de la capacidad máxima disponible en cada uno de estos nudos.

 

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

 

El Gobierno envía al Parlamento el Proyecto de Ley que regula el régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esta propuesta legislativa modifica la norma vigente, para introducir las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la Directiva UE 2018/410 y adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en al menos un 40 por ciento en 2030 con respecto a los valores de 1990.

 

El 19 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. La Directiva (UE) 2018/410 constituye el marco regulador de la Unión Europea para el periodo de comercio 2021-2030 (fase IV) del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).

Facilitar inversiones en tecnologías bajas en carbono

El texto que aprueba el Consejo de Ministros recoge la regulación en España de la cuarta fase (2021-2030) del RCDE UE, llevando a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2018/410; define las reglas comunes para todos los participantes en este sistema y establece los mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías bajas en carbono.

El RCDE UE es un instrumento de mercado que persigue un fin de carácter medioambiental. En él, se crea la figura del derecho de emisión, que es una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta. El número total de derechos de emisión que se expide anualmente define la ambición medioambiental y la oferta en el mercado: cuanto menor sea ese total, menores las emisiones que se pueden producir y mayor el precio de derecho en el mercado, y al contrario. De esta manera se estimula la inversión a tecnologías más limpias que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.

Este sistema es la principal herramienta de la UE para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo en todos los Estados del Espacio Económico Europeo (los Estados miembros de la UE junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein). Los gases regulados son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), y algunos perfluorocarbonos (CF4 y C2F6).

1.000 instalaciones y operadores aéreos afectados

En total, en la Unión Europea cubre a más de 10.500 instalaciones fijas y cerca de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente, alrededor del 40% del total emitido en los países participantes. En España, este régimen afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Supone también en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Para lograr el objetivo de la Unión Europea de reducción de emisiones de al menos un 40 por ciento en 2030 con respecto a 1990, los sectores incluidos en el sistema de comercio deben lograr una disminución de emisiones conjunta del 43% en 2030 en relación con los niveles de 2005. Para alcanzar dichos niveles la Directiva (UE) 2018/410 que regula el RCDE UE reforzó algunos aspectos, que ahora se propone trasponer en este anteproyecto de Ley.

Así, la reducción anual de emisiones pasa del 1,74% durante la fase 3 (2013-2020) al 2,2% en la fase 4 (2021-2030). Aunque el método principal de asignación de derechos de emisión a las empresas es la subasta, continúa la asignación gratuita. La propuesta mejora las disposiciones sobre fugas de carbono, más enfocadas a los sectores en riesgo de fuga de carbono a través de la actualización de los niveles de referencia para reflejar el progreso tecnológico, mejorar la clasificación de los sectores en función de su riesgo de fuga de carbono y mayor alineamiento de los niveles de asignación a los niveles reales de producción. Los niveles de asignación podrán ser revisados para ajustarlos al nivel de actividad de la instalación cuando se produzcan variaciones de +/- 15%.

Además, los Estados miembros podrán excluir del sistema a aquellas instalaciones de menos de 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El régimen de exclusión para instalaciones que emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono y hospitales, ya vigente en el periodo actual, seguirá existiendo.

Fondos de modernización e innovación

Asimismo, se crean dos nuevos fondos: el Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación, destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono. El Fondo de Innovación fomentará el desarrollo de nuevas tecnologías otorgando ayudas para la construcción de grandes proyectos de demostración de escala pre-comercial en cuatro principales áreas de actuación: las energías renovables innovadoras, el almacenamiento energético, la descarbonización de la industria y la captura y almacenamiento o uso del CO2. Se espera que a lo largo de su vida este fondo distribuya a los proyectos elegidos más de 10.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Modernización es una herramienta únicamente accesible para los países con PIB per cápita inferior al 60% de la media de la Unión Europea, y deberá destinarse a modernizar los sistemas energéticos de estos países.

La reserva de estabilidad del mercado

Otro elemento esencial en el nuevo diseño del RCDE UE, en este caso en funcionamiento desde el 1 de enero de 2019, es la reserva de estabilidad del mercado. Fue creada para hacer frente al excedente de derechos de emisiones circulante que situaba el precio del derecho de emisión en unos niveles muy inferiores a los necesarios para generar incentivos reales en la reducción de las emisiones. También se concibió para aumentar la resistencia del sistema ante futuros sucesos imprevistos en el mercado.

La reserva de estabilidad es un mecanismo que regula de forma automática la oferta de derechos de emisión que se pone en el mercado, para que haya un excedente de derechos en circulación razonable, que permita que haya liquidez pero sin hundir el precio. Se trata así de asegurar la efectividad del sistema en sí y de mantener la ambición medioambiental. La reserva de estabilidad contribuye ya a mejorar el funcionamiento del régimen del comercio de derechos de emisión. Desde que entró en operación se ha restablecido notablemente el equilibrio entre oferta demanda y, muy recientemente, se ha visto que el efecto de la crisis COVID-19 sobre el derecho de emisión ha sido mucho menor que en otros mercados.

Cómo funciona el comercio de emisiones

El RCDE UE es, en definitiva, un mecanismo para implementar el principio de quien contamina paga. Cada año, las entidades reguladas tienen que monitorear sus emisiones, y rendir cuenta de las mismas mediante la entrega de un número de derechos de emisión igual a las emisiones producidas. De esta manera se está incentivando económicamente la reducción de emisiones. Puesto que el derecho de emisión tiene un valor económico, mediante la disminución de las emisiones las entidades reguladas están reduciendo sus costes.

En el comercio de derechos de emisión no se establecen obligaciones de reducción individualizadas. Cada entidad decide cuál es la estrategia de cumplimiento que más le conviene. Puede ser la inversión en mejoras que reducen las emisiones de la instalación, o puede ser acudir al mercado para comprar los derechos de emisión requeridos. Así, las reducciones se producirán donde sea económicamente más eficiente.

Fuente: La Moncloa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consolida su estructura reforzando las competencias en biodiversidad y transición justa

El Consejo de Ministros aprobó el Martes, 28 de Abril, el Real Decreto que completa la composición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), después de que el pasado 28 de enero se aprobara su estructura orgánica básica.

La norma refuerza las competencias en biodiversidad y transición justa, desarrollando la estructura hasta el nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno de sus órganos. Incorpora nuevas funciones en materia de política forestal y control de comercio de especies amenazadas y la creación del Instituto de Transición Justa.

El nuevo organismo responsable de las políticas de Transición Justa se crea sobre la base del actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). Incorpora al trabajo realizado en la reactivación de comarcas mineras las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares. Enfocará su actividad en identificar y optimizar las oportunidades de actividad industrial y económica, especialmente vinculadas a la transición ecológica, para garantizar el empleo y el desarrollo de las zonas afectadas.

Asimismo, el Instituto promoverá la coordinación de políticas industriales, de educación, formación profesional o empleo, por mencionar algunos ejemplos, para crear sinergias que ayuden a los territorios afectados por los cierres de centrales térmicas en los procesos de reactivación.

PLANIFICACIÓN DE LA DESCARBONIZACIÓN

Además de la puesta en marcha del Instituto de Transición Justa, la Secretaría de Estado de Energía incorpora la Subdirección

 General de Prospectiva,  Estrategia y Normativa en Materia de Energía, con la que se persigue potenciar las capacidades de análisis y de evaluación de los sectores energéticos a corto, medio y largo plazo para acompasar la descarbonización de la economía en cumplimiento con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia a Largo Plazo, que marca la senda hacia la neutralidad climática en 2050.

Entre otras funciones, la nueva Subdirección se encargará del desarrollo de la planificación y estrategia energética, en el marco del compromiso con la neutralidad climática a largo plazo; la realización de proyecciones de demanda de productos energéticos, el análisis de series de consumo y precios energéticos por sectores y productos, el seguimiento de los indicadores coyunturales y sectoriales energéticos y la realización de análisis de estudios y estadísticas energéticas; la coordinación y seguimiento de  la adaptación a la normativa de la Unión Europea; y el seguimiento, notificación y verificación de los compromisos internacionales suscritos por España en relación con los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo.

Por otro lado, la Dirección General de Política Energética y Minas mantiene su estructura, aunque la Subdirección General de Hidrocarburos  pasa a denominarse Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, dando mayor peso en su acción a nuevos carburantes como puede ser el hidrógeno renovable. Asimismo, este órgano recupera la función de certificación de biocombustibles, que estaba cedida temporalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

DEPARTAMENTOS MEDIOAMBIENTALES

La principal novedad dentro de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el refuerzo de las políticas medioambientales enfocadas a la biodiversidad de manera que, partiendo de la anterior Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, se crean dos nuevas direcciones generales: la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Continúan dependiendo de esta Secretaría de Estado la Dirección General del Agua, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Oficina Española de Cambio Climático.

La nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación integra dos subdirecciones (la de Biodiversidad Terrestre y Marina y la de Política Forestal). Asimismo, se le adscriben el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) y la Fundación Biodiversidad.

REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS EN BIODIVERSIDAD

La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina ejercerá las competencias en materia de biodiversidad en el medio terrestre, tanto en coordinación de las políticas de espacios naturales protegidos como en la de especies amenazadas, e incorpora las competencias en materia de conservación de biodiversidad en el medio marino, asumiendo también competencias directas de gestión de cerca de un centenar de lugares de la Red Natura 2000 marinos, entre Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial protección para las Aves.

Otra novedad es que se incorpora a esta subdirección la competencia, que hasta este momento venía siendo ejercida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como autoridad administrativa de gestión del Convenio CITES, el acuerdo ambiental cuya finalidad es la protección de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Si bien será necesario un periodo de transición para que sea plenamente efectiva, esta novedad implica reforzar los aspectos de conservación de las especies afectadas por el comercio, y alinear nuestro país con respecto a los restantes Estados miembros de la Unión Europea, en los que la autoridad de gestión recae en la administración ambiental.

POLÍTICA FORESTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

También se incorpora a la nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación la Subdirección de Política Forestal y lucha contra Desertificación, recuperando así un modelo de organización que, salvo durante los últimos 8 años, concentraba en la misma dirección general los pilares básicos de la gestión del medio ambiente (Política Forestal, Biodiversidad y Parques Nacionales). De esta manera, la necesaria coordinación entre estas unidades se llevará a cabo de una manera más sencilla y fluida. En esta subdirección se integra además el operativo nacional de extinción de incendios forestales, con un importante despliegue de medios aéreos y brigadas de extinción, que prestan apoyo a todas las comunidades autónomas en esta tarea.

Finalmente, debe reseñarse que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación asume la representación internacional ante el Convenio de Naciones Unidas de Diversidad Biológica y otros convenios, y actuará como punto focal ante la Comisión Ballenera Internacional y ante las instancias comunitarias competentes.

Por su parte, la otra nueva Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental integra tres subdirecciones: Economía Circular, anteriormente de Residuos, que cambia su nombre para dar impulso al paso de un modelo lineal a otro circular; Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y lograr un medio saludable para los ciudadanos; y la subdirección de Evaluación Ambiental.

RETO DEMOGRÁFICO

Con la estructura ministerial desglosada en este Real Decreto se consolida la apuesta del Gobierno por la creación de un área de la Administración General del Estado enfocada a la coordinación de las actuaciones públicas y al diseño de políticas específicas para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación que afecta seriamente a determinadas áreas geográficas del país.

Con idéntico objetivo creó la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, presidida de forma ordinaria por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Esta Comisión Delegada celebró su reunión constituyente el 28 de febrero de 2020 en La Rioja, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Secretaría General para el Reto Demográfico se apoya, para el desarrollo de sus funciones, en la Dirección General de Políticas contra la Despoblación que tiene asignados como objetivos generales la concepción de estrategias, planes y actuaciones prioritarias en materia de reto demográfico. Para el desarrollo de estas responsabilidades, el Real Decreto crea la Subdirección General de Análisis, Planificación y Coordinación y la Subdirección General de Iniciativas.

Entre otras funciones, la Secretaría General trabajará en el impulso de la colaboración público-privada para las políticas públicas de vertebración territorial y de fijación de población en el medio rural, así como la promoción de la participación ciudadana en las iniciativas en materia de reto demográfico y el fomento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de residencia en las zonas en riesgo de despoblación.

El CES plantea alternativas para la política industrial e insta a construir un Pacto de Estado para la Industria

 

El Pleno del Consejo Económico y Social  aprobó el pasado día 18 de diciembre por unanimidad, el Informe sobre “La Industria en España: Propuestas para su Desarrollo”. El Informe se ha elaborado por propia iniciativa del CES, lo que, unido al muy amplio consenso en su elaboración, da idea de que los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada representados en el Consejo comparten criterios en un tema como éste, de gran relevancia para el desarrollo económico y el empleo.

 

  • La industria es un sector clave, por su aportación al progreso tecnológico,(por innovaciones de producto y de procesos y consumo de innovaciones de otros sectores), su capacidad de generar empleos de calidad, su efecto tractor sobre los servicios de mercado y avanzados, su mayor productividad y su impacto positivo sobre la balanza comercial.
  • En 2018, la industria representó el 12.6 del PIB y el 11.5% del empleo. Sus exportaciones suponían el 90% de las totales de productos y el 21% del PIB. Sin embargo, tiene un efecto inducido en otros sectores, que lleva a que su contribución al PIB se cifre en un 43% y en un 30% respecto del empleo. En las últimas décadas se observa un cierto cambio en la especialización manufacturera, con una ligera pérdida de peso de los sectores de tecnología media y media baja, con aumento de los de tecnología alta y media alta (alimentación, químicas, farmaceutica ).
  • España necesita desarrollar una “cultura industrial” que explique y promueva sus realidades industriales. El objetivo es afrontar los retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización, la evolución de las cadenas globales de valor, los cambios en la demanda mundial o las deficiencias estructurales del entorno empresarial comunitario. Así, se debe adoptar una nueva política industrial que se oriente a la recuperación del protagonismo de esta actividad como motor de crecimiento y creador de empleo.
  • Por eso es importante construir por todos los actores involucrados un pacto de Estado por la industria, siguiendo la línea que iniciaron los interlocutores sociales en la Declaración por la Industria de noviembre de 2016.
    Así se promovería una política industrial global y coherente con participación del gobierno, de las distintas administraciones y de los interlocutores sociales, contando asimismo con el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria. Debe procurarse un ámbito para el diálogo tripartito que diseñe y evalúe las medidas a nivel central como en el ámbito autonómico y en el local.
  • Hay que reforzar la Estrategia renovada de política industrial de la UE mediante la inclusión de objetivos más concretos, así como de mecanismos de coordinación que permitan combinar distintos instrumentos y fuentes de financiación. El Consejo Europeo debería contar con una formación específica de industria.
  • La UE debería abordar fórmulas para apoyar la creación de grupos empresariales europeos fuertes capaces de revertir la actual pérdida de influencia estratégica frente a los líderes tecnológicos de matriz estadounidense y china.
  • Se debería ampliar el plazo, tras la recepción de ayudas europeas, durante el cual una empresa debe garantizar el mantenimiento del empleo. Debería exigirse igualmente a las compañías deslocalizadas europeas que cumplan con las condiciones sociolaborales y ambientales que rigen en la UE. Y ampliar las exigencias para las multinacionales de terceros países que, tras recibir fondos públicos europeos, apuesten posteriormente por la deslocalización.
  • La nueva Ley de Industria debe establecer un marco regulatorio más claro, estable y comprensible.
  • Sería necesario estructurar adecuadamente los sistemas de incentivos a la inversión industrial, así como potenciar su atractivo, equilibrando las ayudas directas, mejorando las condiciones de mercado en los préstamos bonificados y ofertando ventajas fiscales concretas.
  • El desarrollo industrial debe basarse en gran parte sobre los sectores actuales. Será necesario, por tanto, el desarrollo de nuevos productos y negocios en esos sectores, fomentando para ello la I+D+i y trabajando en cooperación con otras empresas y con centros tecnológicos y universidades.
  • La política industrial debería situarse en el nivel más alto en la estructura del Gobierno, garantizándose la coordinación en el diseño de la política energética, el desarrollo de servicios e infraestructuras de transporte de mercancías y en el diseño de la política de innovación y la gestión de sus programas.
  • Debería crearse un órgano de coordinación con las Comunidades Autónomas que armonice las medidas y evite los efectos frontera
  • Sería importante instaurar un Consejo de Política Industrial, con representación de los interlocutores sociales del sector, que asesore al Gobierno en la orientación y seguimiento de la política industrial.
  • Es imprescindible que los poderes públicos, junto con los agentes económicos y sociales, desarrollen estrategias dirigidas a transitar de manera ágil, eficiente y justa a la economía digital. Tales estrategias deben contemplar políticas que reduzcan los efectos negativos, así como las tendencias a la concentración del poder de mercado y al aumento de la desigualdad.
  • Cobra especial relevancia evitar la consolidación de estructuras de mercado oligopólicas o cuasi monopólicas; la política de empleo, para paliar las consecuencias negativas del cambio sobre la cantidad y la calidad del empleo; la política educativa, para reforzar las aptitudes necesarias en el nuevo contexto digital; o la política tributaria, para evitar la traslación de beneficios hacia territorios de baja o nula tributación.
  • Es necesario asimismo regular la fiscalidad de las plataformas, la privacidad, seguridad y tratamiento de los datos, y abordar las implicaciones éticas y sociales de, entre otras, la robótica y la inteligencia artificial, y que se garantice la tutela jurídica de las personas que trabajan en las nuevas formas de empleo digital, con independencia de su estatus laboral.
  • Se debe incidir en el impulso a la digitalización de las empresas industriales. Ello serviría, además, para evitar la brecha digital entre empresas, especialmente en relación con las pymes, así como los riesgos de exclusión en función de la capacidad de acceso y de uso de estas tecnologías y su financiación.
  • Hay que propiciar que las pequeñas empresas desarrollen esa cultura corporativa catalizadora del cambio tecnológico, participando en ecosistemas que aseguren estrategias de cooperación interempresarial.
  • Es necesario un aumento sostenido de la inversión en I+D+i y que se dote de estabilidad a las políticas públicas, garantizando la continuidad en la financiación de los proyectos y la estabilidad laboral de los investigadores, el sistema de incentivos a la innovación industrial, así como la compra pública innovadora.
  • Se deben fomentar mayores sinergias entre los sistemas público y privado de I+D, entre las universidades y centros públicos de investigación con las empresas industriales.
  • Se debe promover que las empresas tractoras, vinculadas a grandes grupos multinacionales, establezcan o refuercen sus centros tecnológicos en las filiales españolas.
  • Sería deseable avanzar hacia una estrategia formativa en competencias digitales que, actualizando la educación académica reglada, la oriente hacia una mayor empleabilidad y contribuya a evitar la cronificación de desigualdades en materia de digitalización, incluida la brecha digital de género.
  • Alinear las políticas de formación orientadas al sector con otras palancas de la política industrial y fundamentalmente con las de transformación digital, I+D+i y transición ecológica. El sistema educativo y la formación para el empleo deben incorporar el desarrollo de capacidades inherentes a las actividades innovadoras, en especial entre las mujeres, dada su infra-representación en el sistema de I+D+i, en el empleo TIC y en el empleo industrial de mayor valor añadido.
  • Programas de formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital deberían conformar un eje estable de la formación para el empleo.
  • El diálogo social debería formar parte integrante de un Pacto de Estado por la industria, con una orientación de amplio consenso que supere el corto plazo representado por los límites de una Legislatura.
  • Se debe trabajar en una nueva Ley de Industria, que dote al sector de un marco regulatorio integrado y sencillo que responda a la realidad de un sector en transformación.
  • Es importante reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno con competencias regulatorias y fiscales con incidencia en la actividad industrial con vistas a lograr una mayor armonización que redunde en la eliminación de barreras al comercio interterritorial.
  • En la fiscalidad medioambiental, sería necesario un marco integrado, sencillo y coherente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debería reforzar su papel como instancia de coordinación en materia de fiscalidad ambiental.
  • Reformar el marco jurídico para que no suponga un obstáculo al incremento de tamaño de las empresas industriales, analizando qué umbrales regulatorios podrían estar desincentivando el crecimiento de las empresas.
  • Facilitar los procesos a las empresas que decidan deshacer el camino de la deslocalización, del mismo modo que están haciendo otros países de nuestro entorno.
  • Fomentar ecosistemas de colaboración para que las pymes industriales puedan acometer procesos de integración de las TIC.
  • Priorizar los apoyos públicos a la empresa mediana y, en particular, las “scale-ups” que facturen entre 20 y 500 millones de euros.
  • La mejora de la financiabilidad de las empresas pasa en gran medida por incrementar el tamaño medio mediante la eliminación de trabas regulatorias innecesarias y simplificación documental, que reduzcan los costes fiscales y administrativos.
  • Proveerse instrumentos dirigidos a facilitar el acceso al crédito, preferentemente mediante coberturas o garantías públicas a la financiación bancaria de los proyectos industriales de las pymes.
  • Potenciar el acceso a los mercados de capitales organizados, e impulsar el mercado de Titulización de Activos.
  • España debe primar la generación con fuentes que no emitan CO2 u otros gases de efecto invernadero. Es necesario evaluar el impacto, en términos de seguridad de suministro, precio mayorista, y emisiones, de aquellas iniciativas que tengan por objeto modificar la participación de cualquiera de las diferentes tecnologías.
  • Debe acometerse una reforma normativa que traslade el coste de las políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, como los Presupuestos Generales. Debería considerarse financiar fuera de la factura eléctrica y los costes relacionados con las ayudas a las energías renovables.
  • Hay que impulsar la mejora de las interconexiones del sistema eléctrico español, cuya capacidad de intercambio sigue estando entre las más bajas de la Unión Europea.
  • Se deberían propiciar contratos de largo plazo para los grandes consumidores de electricidad Hay que tomar en consideración las peculiaridades de las empresas electrointensivas en la necesaria revisión del mecanismo de interrumpibilidad.
  • Sigue pendiente de aprobación el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que contemple mecanismos mitigadores de los efectos de los costes energéticos de estos consumidores sobre su competitividad, tales como la compensación de costes indirectos de CO2, la compensación por el coste de las subvenciones otorgadas a las energías renovables que se cargan al sistema eléctrico.
  • Respecto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética debería permitirse que las empresas que contribuyen al mismo y sus organizaciones empresariales puedan certificar sus propias actuaciones en materia de eficiencia.
  • Se deben implementar medidas de apoyo a la cogeneración de alta eficiencia.
  • Se deben seguir mejorando las infraestructuras físicas y las condiciones del transporte con el fin de reducir los costes logísticos en la industria.
    Resulta necesario ampliar las infraestructuras de intercambios modales, hay que dotar a las Terminales Intermodales Logísticas (TILOs) de prestaciones y servicios más eficientes.
  • Elaborar una ley de cambio climático y transición energética que tenga como prioridad la reducción de emisiones GEI, en el contexto de una transición ordenada que permita la adaptación de la industria y la reducción de los costes energéticos. La norma deberá: priorizar las actuaciones relativas a eficiencia energética de edificios; apoyar la investigación y tecnologías orientadas a reducir emisiones, creando un marco de financiación y regulación estables.
  • El desarrollo de las energías renovables debería estar acompañado de una cuota de participación de fabricantes españoles en las nuevas plantas de generación, incentivando, en las zonas en reconversión, la implantación de centros de producción de los componentes de las nuevas centrales (placas fotovoltaicas, aerogeneradores, etc.).
    La norma podría impulsar la adopción de planes industriales y sociales alternativos dentro de las empresas, dotados económicamente y que contemplen la posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables.
  • Estructurar un programa integral orientado a financiar (vía préstamos bonificados o subvención directa) las actividades de rehabilitación de mejora de la eficiencia energética.
  • El diseño de impuestos ambientales vaya dirigido a la internalización de las externalidades negativas generadas, de modo que suponga a su vez un incentivo al uso más eficiente de los recursos, y un estímulo a la innovación.
  • Hay que priorizar el uso de recursos renovables y la prolongación de la vida útil de los bienes.
  • Acelerar la armonización fiscal y el marco de ayudas comunitarias para evitar la diferencia presupuestaria entre Estados miembros de la UE, para que todos se encuentren en las mismas condiciones a la hora de cubrir los costes generados y evitar así la desventaja competitiva entre instalaciones industriales europeas.
  • Desarrollar la Estrategia española de economía circular, asegurando la equidad en las subvenciones orientadas al uso de diferentes alternativas, promoviendo el consumo de biomateriales; que fomente el uso de subproductos; que refuerce la valorización energética de residuos; y promueva el desarrollo de plataformas tecnológicas sectoriales como agentes facilitadores de la economía circular.
  • Aumentar la base exportadora de la industria manufacturera española, incrementado el tamaño empresarial mediante medidas de apoyo a los procesos de crecimiento y concentración, además de mejorar el acceso de las pymes a la financiación, la información acerca de la internalización.
  • Se deben potenciar los instrumentos públicos de apoyo a la exportación que sean más ágiles, se adapten a las necesidades de las empresas.
  • Apoyar una mayor diversificación geográfica de las exportaciones.
  • Se requieren apoyos públicos que incidan en aquellas fases de la cadena de valor que supongan mayor aportación de valor añadido, esto es, en la fase inicial de innovación, así como en la fase final de distribución.
  • Favorecer la captación de proyectos de inversión en los sectores de alto contenido tecnológico y priorizando el desarrollo de las actividades internacionales de I+D+i en nuestro país. Todo ello con mecanismos de control para preservar los intereses estratégicos españoles.
  • Es preciso que los tratados comerciales que alcance la Unión Europea incluyan determinados estándares sociales, laborales y medioambientales.
  • Se debe garantizar que todos los productos que se comercializan en España cumplan la normativa. Para ello es precisa la colaboración entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales representativas.
  • Este Consejo insta, tanto al Gobierno como a otras autoridades o instituciones con competencias en el ámbito económico o social, a construir y mantener un auténtico Pacto de Estado por la Industria. Una política capaz de propiciar un sector generador de empleo de calidad, impulsor de la innovación y orientado a satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles y el consumo circular

Fuente: http://www.ces.es/

Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales estratégicos

La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria hipocarbónica; y ciberseguridad.

 

 

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «Nuestro mercado único, uno de los mayores del mundo, es un trampolín excepcional para que nuestra industria compita a escala global. A fin de aprovecharlo al máximo, necesitamos invertir colectivamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Hemos comenzado con buen pie en ámbitos como las baterías, el reciclaje de plásticos y la informática de alto rendimiento. Y podemos hacer más. En este sentido, me congratulo de las recomendaciones presentadas hoy por el grupo de expertos acerca de seis cadenas de valor estratégicas adicionales en las que debería centrarse la política industrial de la UE».

Los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de la UE en la escena mundial.

Además de recomendaciones específicas para cada una de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación horizontales:

  • Puesta en común de recursos públicos y privados a escala de la UE, nacional y regional: la UE debe coordinar estas inversiones conjuntas, dirigiéndolas al primer despliegue industrial y a la comercialización de nuevas tecnologías.
  • Profundización e integración del mercado único mediante reglamentaciones y nuevas normas.
  • Catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las cadenas de valor.
  • Mayor dinamización de los sistemas de innovación en Europa, con un acento especial en las fortalezas regionales y las asociaciones público-privadas.
  • Establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de valor.

El informe se enmarca en los esfuerzos de la Comisión Juncker por reforzar la base industrial europea. Contribuirá asimismo al trabajo de la nueva Comisión sobre una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa.

Contexto

La industria europea es sólida y ha mantenido el liderazgo mundial en muchos sectores, como el de la automoción, el químico, el farmacéutico, el de maquinaria y el aeroespacial. Nuestra industria ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo desde 2013 y es responsable de más de dos tercios de nuestras exportaciones.

Sin embargo, debe adaptarse para continuar en vanguardia en un mundo en plena transformación. La Comisión desarrolla políticas que ofrecen a la industria europea un ecosistema en el que prosperar y que la capacitan para crear empleo de calidad en un mercado único fuerte y equitativo, para impulsar la competitividad europea, para fomentar la inversión y la innovación —por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías limpias— y para apoyar a las regiones y los trabajadores afectados por las transformaciones que registra el sector.

Como se anunció en 2017 en la Estrategia renovada de política industrial de la UE, la Comisión creó en marzo de 2018 el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE). La labor del Foro Estratégico se basa en la nueva visión de una transformación más sostenible, integradora y competitiva de la industria europea para 2030, presentada por el grupo de expertos de la Mesa Redonda Industrial de alto nivel en junio de 2019, y la complementa. Las recomendaciones del Foro Estratégico contribuirán a la reflexión sobre la nueva política industrial de la Comisión, solicitada por las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2019.

La Comisión respalda decididamente que los Estados miembros y sus empresas aúnen sus esfuerzos para posibilitar inversiones transnacionales a gran escala que generen efectos positivos en toda Europa.

La UE ha puesto en marcha normas flexibles en materia de ayudas estatales en favor de los PIICE. En diciembre de 2018, la Comisión aprobó, con arreglo al marco sobre las ayudas estatales a los PIICE, una inversión pública por valor de 1 750 millones EUR, lo que permitirá movilizar otros 6 000 millones EUR de inversión privada para la investigación y la innovación en el ámbito de la microelectrónica. Cuatro países europeos (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) y en torno a treinta empresas e instituciones de investigación unirán sus fuerzas para facilitar la investigación y la innovación en esta tecnología clave. Este fue el primer proyecto de investigación e innovación aprobado con arreglo a las normas especiales y simplificadas que se aplican a las ayudas estatales para proyectos de interés estratégico europeo. Se están realizando también importantes esfuerzos e inversiones conjuntos en informática de alto rendimiento y baterías.

Fuente: European Commission

El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica

El Gobierno español ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan contempla un total del 57 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.

 

Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH3) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.

 

La Directiva citada fija la obligación a los Estados Miembrosde aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes.

 

Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. En definitiva, este programa hace que confluyan por primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.

 

Se considera que el horizonte temporal del PNCCA es de 2020-2030 y es para ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de la Directiva de Techos también se establecen para el año 2030. No obstante, al PNCCA se le asigna el periodo 2019-2022 porque la Directiva establece la obligación de actualizar al menos, cada cuatro años, los programas nacionales. Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro años o antes si es necesario o si así lo indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de estos contaminantes.

 

57 MEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

La directiva marca un objetivo final de resultado en 2030. Con las medidas y políticas ya existentes se constató que el objetivo no se alcanzaría salvo que se implementaran medidas adicionales en todos los sectores contaminantes.

 

Con este objetivo, el PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 5 destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicos volátiles.

Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.

 

Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.  

La combinación de las medidas del PNIEC y de esta primera fase del PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.

 

COMPROMISOS NACIONALES

La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO2); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH3) y un 50% para partículas finas (PM2,5).

 

Las medidas propuestas en el PNCCA permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO2, NOx, NH3 y PM2,5), con reducciones del 92% para el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas.  .

 

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 30%) puesto que estas emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas adicionales, algunas ya señaladas en el propio Programa.

El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones de dióxido de nitrógeno (NO2), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer multas millonarias.

 

Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública.

Fuente: Miteco

Un acuerdo-marco sectorial acometerá "a gran escala" la eficiencia energética de las viviendas en España

Un novedoso acuerdo-marco sectorial acometerá por primera vez en España, a gran escala, la eficiencia energética del parque de viviendas, que actualmente es "una de las asignaturas pendientes" de España para cumplir con los compromisos internacionales vinculados a la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía circular.

Se trata de un proyecto pionero cuya finalidad última es la limitación al máximo posible de las emisiones de dióxido de carbono de las viviendas con calefacción central, en cumplimiento de los objetivos de ahorro de la Directiva 2012/27 de la Unión Europea.

El acuerdo-marco está liderado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif), que es la entidad promotora principal, si bien en su puesta en marcha, desarrollo y ejecución práctica estará coordinado por la consultora tecnológica Avant Metering Services (Avantms), cuya sede central está en Cáceres.

La participación de Conaif es "fundamental" en cualquier proceso de 'descarbonización' del parque de viviendas español, por cuanto agrupa al 85 por ciento de las empresas de fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad y afines, un total de 20.000 sociedades que dan trabajo a 150.000 personas. En este caso, Conaif ha decidido no limitar el proyecto que lidera a la medición, sino que ha dado un paso más allá mediante la incorporación de la evaluación integral de los inmuebles y su revalorización.

Por su parte, Avantms es una joven consultora extremeña de base tecnológica especializada en eficiencia energética, que ha desarrollado sobre código abierto sus propias herramientas de medición, monitorización y auditoría.

SOSTENIBILIDAD

Cabe recordar que todavía está pendiente la transposición al ordenamiento jurídico español de la parte de la mencionada Directiva 2012/27, que obliga a instalar contadores individuales -en cada vivienda- de los consumos de calefacción, agua caliente y refrigeración en instalaciones centralizadas.

Por tanto, el acuerdo "demuestra la voluntad del sector de los instaladores de anticiparse a la nueva realidad normativa" mediante un proyecto integral en todo el país que sirva como plataforma para la modernización definitiva de los inmuebles en lo tocante a su eficiencia energética, según informa Avantms en nota de prensa.

El acuerdo-marco suscrito establece las bases y el alcance de un estudio científico-tecnológico de evaluación del parque de viviendas, a fin de conocer en detalle y de forma sistemática su situación real objetiva, lo cual permitirá disponer de un banco de datos de enorme valor.

Además, de forma simultánea, incluye la dotación de las instalaciones necesarias para cumplir con la directiva, así como el asesoramiento experto sobre las mejoras necesarias para garantizar la plena eficiencia de al menos la décima parte de las viviendas con calefacción central distribuidas por toda España.

Durante cinco años de vigencia, esta iniciativa pionera implicará que al menos 150.000 pisos dispondrán no solo de medidores de consumo individual, conocidos como repartidores de coste, sino, sobre todo, de índices de referencia de su sostenibilidad intrínseca y de la de sus edificios.

INVITACIÓN AL IDAE

Cabe destacar además que la tecnológica Avantms, en colaboración con su partner iEnergy, ha invitado formalmente al Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para que se adhiera formalmente a un acuerdo de estas características en el grado que considere de mayor interés, toda vez que la participación de un organismo público significa un respaldo institucional importante para el sector privado en un momento en el que toma la iniciativa para responder a las exigencias de la legislación europea.

Además, el IDAE podría beneficiarse del "valioso banco de datos" que este proyecto obtendrá, una muestra única que todavía no existe en nuestro país y que "constituirá, por su envergadura y grado de detalle, una base de trabajo de total fiabilidad sobre la que se podrán desarrollar todo tipo de nuevas estrategias en el marco de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", señala.

En suma, los 3.000 edificios dispondrán de conclusiones comparativas de su comportamiento energético, las cuales determinarán las medidas preventivas y correctoras que deben ser adoptadas en cada caso. Cabe subrayar que estas mejoras provocarán ahorros de hasta un 30 por ciento de la factura de calefacción y agua caliente que pagan las familias, así como un incremento del valor de mercado de sus viviendas de entre un 15 a un 25 por ciento

Los 3.000 edificios y sus 150.000 viviendas se seleccionarán, de partida, entre 13 comunidades autónomas cuyas áreas geográficas representan la diversidad de las zonas climáticas existentes en el territorio peninsular, aunque predominarán aquellas con mayor consumo energético. Serían, en concreto, las comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y Andalucía (provincias de Granada y Málaga).

Está previsto así mismo, a efectos de que el estudio refleje de la forma más fidedigna el estado del parque de viviendas, que los inmuebles sean de diferentes dimensiones, estado de conservación, antigüedad, suministros de combustibles y características constructivas.

INTERACCIÓN

Explica que la presencia en este acuerdo-marco de la consultora Avantms se debe a su sistema de monitorización avanzada, el cual opera en tiempo real y en remoto, además de haber sido desarrollado en código abierto, lo cual lo hace compatible con cualquier medidor o repartidor de coste al margen del fabricante.

Otra característica diferencial del modelo es que ha sido diseñado para interactuar con el propio propietario de la vivienda, mediante un acceso de fácil comprensión que le permitirá a cada vecino conocer todos los días qué está haciendo bien y en qué se está equivocando, al tiempo que recibe consejos para conseguir un grado de eficiencia energética óptima en su propiedad.

El acuerdo-marco fue suscrito este pasado jueves en Madrid por el presidente de Conaif, Francisco Alonso Gimeno, y el CEO de Avantms, Antonio Martínez Agudo.

En términos concretos, el proyecto ofrecerá, a través de una oferta conjunta auditoría energética del inmueble; certificación energética de las viviendas; pre-valorización del precio metro cuadrado de vivienda de la comunidad antes y después de acometer las medidas de eficiencia; instalación de repartidores de costes de calefacción; monitorización diaria de consumos de los equipos instalados; liquidaciones de consumos de cada una de las viviendas; análisis de datos; informes dirigidos al administrador de fincas con propuestas de solución para la mejora de sus inmuebles.

Fuente: La página del Medio Ambiente

Más coches menos contaminantes en las carreteras de la UE en 2030

El Parlamento Europeo quiere una reducción del 40% de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para 2030 y un aumento de la cuota de mercado de los coches más limpios.

La propuesta de ley aprobada el pasado Miércoles, 3 de octubre por la Cámara, plantea un recorte de las emisiones de los turismos nuevos del 40% para 2030 (frente al 30% que proponía la Comisión, en relación al nivel de 2021), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. El texto fija además cifras similares para los vehículos comerciales ligeros.

 

Los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la UE invertirá en formar a los trabajadores del sector afectados por los cambios ligados a la transición ecológica.

Asimismo, las compañías estarán obligadas a garantizar que los vehículos menos contaminantes -los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50g de CO2 por kilómetro- suponen un 35% de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 20% en 2025).

Medición de las emisiones reales de CO2 en 2023

Los eurodiputados instan a la Comisión Europea a proponer, en un plazo de dos años, un mecanismo para medición de las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción, mediante un dispositivo portátil, similar al introducido recientemente para controlar la cantidad de óxido de nitrógeno (NOx).

Hasta entonces, las emisiones de CO2 deberán estimarse a partir de los datos de consumo de combustible de los vehículos.

El impacto social de la descarbonización

Los eurodiputados alertan de las posibles consecuencias sociales negativas de la reconversión ecológica en el sector de la automoción y abogan por promover, sobre todo en las regiones más perjudicadas, la formación y recolocación de los trabajadores afectados. También piden apoyo para la fabricación dentro de la UE de baterías eléctricas.

Etiquetado e información al consumidor

La Comisión Europea debe proponer, antes de que termine el 2019, una legislación que permita a los consumidores conocer claramente las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 y otros gases contaminantes de los vehículos nuevos.

Desde 2025, los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha en base a una metodología común.

Próximos pasos

El informe fue apoyado por 389 eurodiputados, 239 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Los ministros de los Estados miembros tienen previsto adoptar una posición común respecto a este asunto el próximo 9 de octubre. Las negociaciones con el PE para llegar a un acuerdo en primera lectura comenzarán un día después.

Contexto

El transporte es el único gran sector en la UE cuyas emisiones de efecto invernadero siguen creciendo, subrayan los eurodiputados. Para cumplir los compromisos asumidos por la UE en el marco del acuerdo de Paris en 2015 y avanzar hacia un nivel de emisiones cero a mitad de siglo, el sector debe acelerar su reconversión.

En paralelo, el mercado de los automóviles se está transformando a gran velocidad, sobre todo con innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos. Si los fabricantes europeos inician tarde el proceso de transición, corren el riesgo de perder su posición de liderazgo, señala el Parlamento.

Fuente: Parlamento Europeo

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