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Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales estratégicos

La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria hipocarbónica; y ciberseguridad.

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «Nuestro mercado único, uno de los mayores del mundo, es un trampolín excepcional para que nuestra industria compita a escala global. A fin de aprovecharlo al máximo, necesitamos invertir colectivamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Hemos comenzado con buen pie en ámbitos como las baterías, el reciclaje de plásticos y la informática de alto rendimiento. Y podemos hacer más. En este sentido, me congratulo de las recomendaciones presentadas hoy por el grupo de expertos acerca de seis cadenas de valor estratégicas adicionales en las que debería centrarse la política industrial de la UE».

Los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de la UE en la escena mundial.

Además de recomendaciones específicas para cada una de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación horizontales:

Puesta en común de recursos públicos y privados a escala de la UE, nacional y regional: la UE debe coordinar estas inversiones conjuntas, dirigiéndolas al primer despliegue industrial y a la comercialización de nuevas tecnologías.
Profundización e integración del mercado único mediante reglamentaciones y nuevas normas.
Catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las cadenas de valor.
Mayor dinamización de los sistemas de innovación en Europa, con un acento especial en las fortalezas regionales y las asociaciones público-privadas.
Establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de valor.

El informe se enmarca en los esfuerzos de la Comisión Juncker por reforzar la base industrial europea. Contribuirá asimismo al trabajo de la nueva Comisión sobre una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa.

Contexto

La industria europea es sólida y ha mantenido el liderazgo mundial en muchos sectores, como el de la automoción, el químico, el farmacéutico, el de maquinaria y el aeroespacial. Nuestra industria ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo desde 2013 y es responsable de más de dos tercios de nuestras exportaciones.

Sin embargo, debe adaptarse para continuar en vanguardia en un mundo en plena transformación. La Comisión desarrolla políticas que ofrecen a la industria europea un ecosistema en el que prosperar y que la capacitan para crear empleo de calidad en un mercado único fuerte y equitativo, para impulsar la competitividad europea, para fomentar la inversión y la innovación —por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías limpias— y para apoyar a las regiones y los trabajadores afectados por las transformaciones que registra el sector.

Como se anunció en 2017 en la Estrategia renovada de política industrial de la UE , la Comisión creó en marzo de 2018 el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE). La labor del Foro Estratégico se basa en la nueva visión de una transformación más sostenible, integradora y competitiva de la industria europea para 2030, presentada por el grupo de expertos de la Mesa Redonda Industrial de alto nivel en junio de 2019, y la complementa. Las recomendaciones del Foro Estratégico contribuirán a la reflexión sobre la nueva política industrial de la Comisión, solicitada por las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2019 .

La Comisión respalda decididamente que los Estados miembros y sus empresas aúnen sus esfuerzos para posibilitar inversiones transnacionales a gran escala que generen efectos positivos en toda Europa.

La UE ha puesto en marcha normas flexibles en materia de ayudas estatales en favor de los PIICE. En diciembre de 2018, la Comisión aprobó, con arreglo al marco sobre las ayudas estatales a los PIICE, una inversión pública por valor de 1 750 millones EUR, lo que permitirá movilizar otros 6 000 millones EUR de inversión privada para la investigación y la innovación en el ámbito de la microelectrónica. Cuatro países europeos (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) y en torno a treinta empresas e instituciones de investigación unirán sus fuerzas para facilitar la investigación y la innovación en esta tecnología clave. Este fue el primer proyecto de investigación e innovación aprobado con arreglo a las normas especiales y simplificadas que se aplican a las ayudas estatales para proyectos de interés estratégico europeo. Se están realizando también importantes esfuerzos e inversiones conjuntos en informática de alto rendimiento y baterías.

Fuente: European Commission

El Supremo decreta como “nula de pleno derecho” la autorización de una vivienda en Red Natura 2000

Mediante sentencia, con fecha 9 de octubre de 2019, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por una empresa mercantil y la Comunidad de Madrid.

Estos recursos se interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 20 de marzo de 2018 que declaró nula la resolución de 3 de diciembre de 2015 por la que la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente eximió del procedimiento de evaluación de impacto ambiental la construcción de una mansión en zona de conservación prioritaria del espacio protegido Red Natura Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en el municipio de Valdemorillo.

Lo que la sentencia confirma ahora es que el proyecto debía haberse sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al encontrarse en un espacio protegido Red Natura 2000. Ese procedimiento tenía que haber sido anterior a la autorización de las obras.

"La conclusión no puede ser otra que la nulidad de pleno derecho de las resoluciones administraciones recurridas, en cuanto son la conclusión de un procedimiento derogado (inexistente por tanto) en la fecha de presentación del proyecto completo. Luego estamos ante actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el de evaluación e impacto ambiental simplificado", recoge el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Press.

Ecologistas en Acción ha valorado "positivamente" en un comunicado el fallo que da la razón al particular denunciante, un octogenario "que fue ninguneado por las administraciones y que, tanto él como su hijo, han sido objeto de denuncias falsas y de actos hostiles por parte de personas vinculadas a la empresa promotora".

La organización ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Valdemorillo que anule la licencia que concedió y que no autorice ningún reinicio de las obras, actualmente paralizadas.

La mercantil adquirió en octubre de 2013 una finca de 68 hectáreas, denominada Fuentevieja, situada al noroeste del municipio de Valdemorillo, en zona de conservación prioritaria del espacio protegido denominado Zona de Especial Conservación de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio y Zona de Especial Conservación para las Aves Encinares de los ríos Alberche y Cofio.

SUELO NO URBANIZABLE Y PROTEGIDO POR INTERÉS FORESTAL

Además, según han denunciado los ecologistas, en la finca crían o se alimentan numerosas especies de aves incluidas en Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, tales como águila imperial ibérica, cigüeña negra, el milano real, águila calzada, búho real, cernícalo primilla, águila culebrera, alcotán y lechuza campestre.

Este terreno está clasificado, por el planeamiento urbanístico de Valdemorillo, como suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés forestal. Sólo permite actividades forestales y construcciones ligadas a ese uso.

Sin embargo, en mayo de 2015, el Ayuntamiento de Valdemorillo concedió licencia de obra para demoler las construcciones agropecuarias existentes y sustituirlas por una mansión residencial con trece dormitorios, varios salones y cuartos de baño. En total, 2.480 metros cuadrados de superficie construida, distribuida en dos complejos.

Una vez autorizadas las obras mediante licencia municipal, la Consejería de Medio Ambiente eximió el proyecto del procedimiento de evaluación ambiental, "en contra de lo que establece la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y a pesar del previsible impacto que la nueva construcción tendría sobre el espacio protegido".

El propietario de una finca colindante y su hijo denunciaron los hechos, sin que ninguna de las administraciones implicadas, Ayuntamiento y Consejería de Medio Ambiente, atendieran sus solicitudes, señalan.

Por ello, recurrieron ante el TSJM, que les dio la razón, aunque la sentencia fue recurrida por la empresa mercantil y la Comunidad de Madrid, ante el Tribunal Supremo. Es este Tribunal el que ahora confirma la sentencia anterior y desestima los recursos de casación.

Sin embargo, según critican los ecologistas, la interposición del recurso ante el TSJM no sirvió para paralizar las obras de la mansión, que se iniciaron en septiembre de 2017. No obstante, al final sí consiguieron que se paralizasen en enero de este año.

"Esta sentencia viene a confirmar que las obras se iniciaron contraviniendo la normativa y que no podrán reiniciarse. Actualmente, si el proyecto se sometiera al procedimiento de evaluación ambiental, sería imposible que se informara favorablemente", concluye la organización ecologistas en su comunicado.

Fuente: Iustel

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que traspueso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, estableció un nuevo régimen administrativo de prevención y reparación de daños medioambientales basado en el principio de precaución y en el principio de «quien contamina paga». La Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece diversas obligaciones a los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos. De este modo, los operadores ante una amenaza de daño medioambiental deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a su estado básico, entendido como aquel en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.

Por otro lado, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece en su artículo 24 que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar. Ese mismo artículo indica que la cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada, será determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que su actividad pueda causar, y que partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad o de las tablas de baremos que se realizarán de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca

La disposición final primera del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, indica que los análisis de riesgos medioambientales necesarios para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera no deberá llevarse a cabo con carácter obligatorio hasta la fecha a partir de la cual sea exigible la constitución de la garantía financiera. La disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III, se determinará por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previa consulta a las comunidades autónomas y a los sectores afectados. Asimismo, establece que esas órdenes ministeriales se aprobarán a partir del 30 de abril de 2010. En este contexto, el 29 de junio de 2011 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la garantía financiera obligatoria, prevista en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. La Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, estableció un calendario gradual para la elaboración de las órdenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y estableció una priorización de las actividades económicas del anexo III de la ley. De esta manera, se establecieron los plazos para los distintos niveles de prioridad, para la aprobación de las órdenes ministeriales que establecerían la efectiva aplicación de la garantía financiera de responsabilidad medioambiental. De este modo, la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, establece que las órdenes ministeriales que determinarían la fecha de exigibilidad de la garantía financiera obligatoria para los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 1, se publicaría entre los dos y tres años siguientes a la entrada en vigor de esa orden, las relativas a los sectores clasificados con el nivel de prioridad 2 entre los tres y cinco años siguientes, y las relativas a los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 3 entre los cinco y ocho años siguientes.

La presente orden ministerial tiene por objeto fijar la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria prevista en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para las actividades del anexo III de la misma, clasificadas con nivel de prioridad 3 conforme al anexo de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, de acuerdo a lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y al calendario establecido en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. El texto se estructura en dos artículos que regulan la fecha a partir de la cual se exigirá la garantía financiera y dos disposiciones finales sobre los títulos competenciales y la entrada en vigor.

Según su artículo 2: "Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, en el plazo de dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, a excepción de las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos que deberán disponer de la garantía financiera en el plazo de tres años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden."

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio

El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica

El Gobierno español ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan contempla un total del 57 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.

Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO₂), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH₃) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.

La Directiva citada fija la obligación a los Estados Miembrosde aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes.

Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. En definitiva, este programa hace que confluyan por primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.

Se considera que el horizonte temporal del PNCCA es de 2020-2030 y es para ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de la Directiva de Techos también se establecen para el año 2030. No obstante, al PNCCA se le asigna el periodo 2019-2022 porque la Directiva establece la obligación de actualizar al menos, cada cuatro años, los programas nacionales. Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro años o antes si es necesario o si así lo indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de estos contaminantes.

57 MEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

La directiva marca un objetivo final de resultado en 2030. Con las medidas y políticas ya existentes se constató que el objetivo no se alcanzaría salvo que se implementaran medidas adicionales en todos los sectores contaminantes.

Con este objetivo, el PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 5 destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicos volátiles.

Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.

Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.

La combinación de las medidas del PNIEC y de esta primera fase del PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.

COMPROMISOS NACIONALES

La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO₂); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH₃) y un 50% para partículas finas (PM2,5).

Las medidas propuestas en el PNCCA permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO₂, NOx, NH₃ y PM2,5), con reducciones del 92% para el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas. .

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 30%) puesto que estas emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas adicionales, algunas ya señaladas en el propio Programa.

El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones de dióxido de nitrógeno (NO₂), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer multas millonarias.

Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública.

Fuente: Miteco

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental promueve la redacción de un nuevo real decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero como consecuencia de la necesidad de ajustar la regulación nacional sobre vertederos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, al haber sido ésta promulgada con posterioridad a la normativa española relativa al vertido de residuos, en concreto el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Responde de igual manera a la obligación de transponer la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos al ordenamiento jurídico interno, de incorporar la jurisprudencia comunitaria en materia de vertido de residuos, en concreto la sentencia del año 2014 relativa al caso Malagrotta junto con la necesidad de impulsar el tránsito hacia una economía circular.

Este proyecto de real decreto supone la oportunidad de recoger la experiencia jurídica y técnica acumulada durante más de quince años en la gestión de los residuos mediante depósito en vertedero en nuestro país, avanzando en la corrección de las principales debilidades detectadas en el procedimiento de regulación, así como continuar con la mejora de los resultados de la política de gestión de residuos.

Concluido el pasado 31 de agosto de 2018 el período de consulta pública previa y tras el estudio de las aportaciones recibidas tanto de las Comunidades Autónomas y otras instituciones públicas, como de asociaciones empresariales y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, se ha elaborado el proyecto de real decreto, que se somete a información pública.

Las principales modificaciones introducidas en el presente proyecto de real decreto son las siguientes:

a) Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para el caso de los residuos municipales y establecer criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos, emplazándose a un posterior desarrollo mediante orden ministerial.

b) Incorporar, en el contexto del impulso al tránsito a la economía circular, los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se establecen en la Directiva (UE) 2018/850.

c) Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, compromiso que se plasmará en una orden ministerial antes del año 2023.

d) Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos con la finalidad de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero. Dicha prohibición no fue transpuesta al RD 1481/2011, de 27 de diciembre, habiéndose detectado la existencia de este tipo de prácticas en los últimos años y resultando del todo necesario su pronta erradicación.

e) Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad explotadora del vertedero información adecuada sobre los residuos, así como sobre el tratamiento previo a que han sido sometidos.

f) Establecer las normas de cálculo de los objetivos de vertido, que comprende en un anexo específico tanto las reglas de cálculo como los mecanismos de control de la calidad y trazabilidad de los datos que han de emplearse para el cálculo de dichos objetivos.

g) Fijar adecuadamente el régimen de los costes de vertido, contabilizando la totalidad de los costes directos, indirectos y aquellos que se puedan producir en el dilatado periodo de tiempo postclausura. Dentro de los costes indirectos, se han contabilizado aquellos ligados a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los vertederos y que se calcularán conforme a un anexo específico.

h) Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos y la promoción de la economía circular. Las cantidades que se recauden con cargo a dichos instrumentos económicos tendrán un carácter finalista.

i) Eliminar la posibilidad de devoluciones anticipadas de fianzas o garantías financieras con las que hacer frente a los costes de vigilancia y mantenimiento en el periodo postclausura.

j) Reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de las instalaciones de vertido por parte de las autoridades competentes, detallando en un anexo específico el alcance y la periodicidad mínimos de las inspecciones.

El plazo para remitir sugerencias finalizará el 06 de octubre de 2019.

Fuente: www.miteco.gob.es

Proyecto de Real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas

El Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, es la normativa básica en vigor que establece los requisitos generales que tienen que cumplir las granjas de ganado avícola de carne, con el fin de orientar y encauzar la producción de manera ordenada y asegurando su adecuada gestión productiva y sanitaria. Así, este Real Decreto establece una serie de medidas de ordenación, únicamente para el sector avícola de carne, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales y protección del medio ambiente.

Esta consulta pública (cuyo plazo se cerró el pasado día 26 de Septiembre), tiene el objetivo de recabar la opinión de los operadores del sector avícola, de las organizaciones más representativas del sector, así como de los ciudadanos en general.

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA. El sector avícola es un sector que cuenta con dos vertientes productivas diferenciadas. Por un lado la dirigida a la producción de carne de aves, y por otro a la producción de huevos. Las granjas avícolas que se dedican a la producción de carne cuentan con una normativa de ordenación desde el año 2005, sin embargo las que se dedican a la producción de huevos (es decir, la avicultura de puesta) no está incluida en dicha normativa ni cuenta con una propia. Este sector avícola de puesta cuenta con un entramado normativo que en cierta manera ha contribuido a establecer una cierta ordenación del sector, pero que se basa en normativa dispersa y en ocasiones compleja. Por ello, resulta conveniente establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta. Dada la similitud de esta producción con la del sector avícola de carne, parece adecuado establecer un único marco normativo para ambas vertientes productivas o subsectores. Por otra parte, el marco normativo que regula las producciones ganaderas y, en general, la producción de alimentos de origen animal, ha cambiado radicalmente en estos años, en el ámbito de la sanidad animal, de la higiene y trazabilidad, y en el ámbito de la protección ambiental. Esta evolución normativa justifica, por tanto, la actualización de la normativa de ordenación para su adaptación al resto de normas que afectan a la producción avícola. Además, entre los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector durante los próximos años, destaca el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal y los nuevos compromisos en materia medioambiental, que hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte de las granjas, y la normativa de ordenación es el lugar más apropiado para su regulación. En materia de bioseguridad y sanidad animal, resulta conveniente actualizar algunos de los requisitos incluidos en la normativa actual, además de añadir o reforzar algún otro con el fin de minimizar en la medida de lo posible los riesgos sanitarios de las granjas y por tanto la aparición y propagación de enfermedades animales. Así mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado avícola, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales, en materia de ubicación de granjas y distancias mínimas entre las granjas y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higio-sanitario. En materia medioambiental, cabe destacar las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, que fija compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los Estados miembros, entre los que tiene mucha importancia para el sector avícola los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco, puesto que este sector es el responsable, aproximadamente, del 14% de las emisiones totales de amoniaco a la atmósfera en España. En este sentido, la normativa de ordenación sectorial es el marco apropiado para el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir las emisiones en las granjas, que permitan, a su vez, reducir las emisiones globales de amoniaco a la atmósfera.

B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA. La modificación del marco regulador que establece normas básicas de ordenación de la avícultura de carne, para incluir al sector avícola de puesta, actualizar los requisitos de la norma en vigor y para la incorporación de nuevas obligaciones, que permitan afrontar buena parte de los retos del sector de cara a los próximos años, justifican la necesidad de derogar el Real decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, sustituyéndolo por uno nuevo.

C) OBJETIVOS DE LA NORMA. Como se ha expuesto, la nueva norma responde a la necesidad de establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta, actualizar y ampliar buena parte de los requisitos de la normativa en vigor para el sector avícola de carne, y adaptarse a las necesidades de unos sectores que deben enfrentarse a una serie de retos durante los próximos años, especialmente en materia sanitaria y ambiental, que demandan la adopción de nuevos requisitos por parte de las granjas avícolas.

D) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS. Dada la entidad de las modificaciones que deben realizarse y en aras de facilitar su comprensión y aplicación, procede publicar un nuevo Real decreto, que sustituya y derogue el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre

Fuente: www.mapa.gob.es

Greta y la dehesa: razones para la esperanza

El verano de 2019 ha sido especialmente prolífico en noticias relacionadas con el cambio climático y el sistema alimentario: la travesía de Greta Thunberg, la joven activista sueca contra el cambio climático; la reducción del consumo de carne por el daño que su producción genera en la salud del planeta; los ataques a las granjas por grupos animalistas o los incendios en el Amazonas. Todas estas son noticias que nos han asaltado de una forma u otra a través de los medios de comunicación y, seguramente, seguirán surgiendo nuevas noticias en todos los formatos y con temas relacionados con el medio ambiente.

Fotografía: Retinto.es

Tras años dedicándome a la gestión medioambiental y al asesoramiento a empresas e instituciones sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental, no me produce sorpresa que estos temas sean noticia y generen interés: el mundo verde, al igual que la revolución tecnológica, ya formaba parte de nuestras vidas y, ahora por las noticias, es un hecho notorio y público. De hecho, siempre he creído que el cumplimiento de las estrictas normas europeas, aunque sea obligado y suponga un coste y un esfuerzo para el empresario, debería haberse acompañado -como la otra cara de la moneda- de un reconocimiento por parte de la sociedad y el mercado hacia el valor añadido de los productos y servicios regulados; no siempre es o ha sido así. Y quizás este estado de alarma que se ha creado con las citadas noticas pueda alentar ese tan necesario reconocimiento, no sólo virtual y a través de las conciencias, sino del mercado. Y, para explicarlo, voy a utilizar lo que tengo más cerca y lo que he conocido desde que nací: la dehesa extremeña.

No hay unanimidad en la definición del término dehesa, puesto que unos la consideran un concepto forestal y otros un simple tipo de explotación agraria. Lo que sí es pacíficamente aceptado es su inclusión en lo que se denominan sistemas agroforestales y, dentro de estos, en los sistema agrosilvopastoriles, que combinan pastos, arbolado y ganadería. De hecho, la palabra dehesa proviene del latín defesa (defensa), que aludía al acotamiento de los pastos para proteger al ganado. Y defensa es la palabra que mejor define hoy también a estos sistemas agroforestales, pues defienden al suelo, al paisaje, a la biodiversidad y a sus pobladores frente al cambio climático, la desertificación o la pobreza.

Precisamente su incuestionable componente ganadero y su importancia para la protección de buena parte de la Península Ibérica, hacen de las dehesas españolas y montados portugueses un buen ejemplo de la interacción respetuosa del hombre con la naturaleza, de sistemas de manejo de la tierra y de producción de alimentos que cumplen las expectativas de los consumidores cada vez más concienciados con una explotación racional de los recursos naturales. Estas noticias, que han generado cierto nivel de preocupación e incertidumbre entre muchos ciudadanos y no pocos sectores productivos, constituyen más bien una oportunidad única para reivindicar las bondades de este ecosistema y de sus productos. Pero también, la oportunidad de empezar a recibir por fin las contraprestaciones justas a los innumerables servicios que prestan las dehesas y montados al conjunto de una sociedad realmente concienciada con el medio ambiente y el cambio climático.

Comenzando por la supuesta recomendación de la ONU de abandonar el consumo de carne ante la responsabilidad del ganado en el aumento de los gases de efecto invernadero, es importante subrayar que el reputado informe “El cambio climático y la Tierra” (Agosto 2019), elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no puede resumirse tan alegre e irresponsablemente, porque de la ganadería y la agricultura depende mucha población mundial. Pero, en cualquier caso, no hace referencia a sistemas ganaderos extensivos y beneficiosos para el suelo como el de las dehesas. Es más, de hecho, tanto en este informe como en otros elaborados por la ONU y su agencia para la Alimentación (FAO), se recomienda el impulso de los sistemas agroforestales como herramientas para luchar contra el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, además, Organismos internacionales como el World Economic Forum señalan en su serie sobre el “Futuro de la Carne” (Enero 2019), la gran la oportunidad que el nuevo escenario mundial sobre la producción de alimentos supone para territorios áridos, donde la cría de ganado con altos niveles de bienestar animal y elevados estándares medioambientales, es la responsable de la salud del suelo y la conservación de la biodiversidad. Se señala a este sector como un potente nicho de mercado, que producirá lo que sin duda llamaremos CARNE DE VERDAD, de alta calidad y con precios que reflejen los servicios ambientales que genera, frente a otras alternativas que se están abriendo paso para reducir el consumo de carne. Carne de verdad que, por cierto, cumple incluso con las exigencias de los más moderados representantes del movimiento animalista. Extremadura, por ejemplo, hace muchos años que está en esta línea.

En cuanto a la joven sueca y los incendios en el Amazonas, las traigo a colación porque, independientemente de las críticas e interpretaciones que circulan sobre ambas noticias, lo cierto es que me produce cierta admiración la repercusión y capacidad de concienciación mundial que genera la ilusión y/o indignación de los anteriores ejemplos, máxime cuando nosotros no somos capaces de mirar a lo que tenemos más cerca y transmitir a nuestros jóvenes la necesidad de proteger otro “pulmón” ( que se nos muere por la seca o por el abandono del medio rural) , aunque no sea tan grande como el Amazonas.

Estamos en un momento decisivo para revertir esta situación, pero necesitamos unir esfuerzos, por muy tópico que suene. Ahora que Europa quiere alcanzar un Nuevo Acuerdo Verde y Justo, debemos defender nuestra aportación a esa nueva Europa descarbonizada. Debemos ponernos en la primera fila de eso que algunos ya denominan la “Nueva Revolución Verde”, porque el camino no es nuevo para nosotros ya que lo tenemos andado.

Jovita García Collado

Licenciada en Derecho.

Directora en Ambienta45, Consultores en Medio Ambiente.

Memoria de la Fiscalía General del Estado: las investigaciones por delitos ambientales crecieron un 16,5 % en 2018

La Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado inició un total de 3.023 investigaciones en 2018, lo que supone un incremento del 16,5 % con respecto al año anterior (2.525), aunque disminuyeron las relativas a incendios forestales y las relacionadas con fauna y flora.

Delitos ambientales

Así se desprende de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2018, hecha pública este lunes, que registra 550 diligencias de investigación correspondientes a medio ambiente, 1.124 a urbanismo y ordenación del territorio, 120 a patrimonio histórico, 266 a delitos contra la flora y fauna, 410 por incendio forestal y 228 a malos tratos contra animales domésticos.

Del total de diligencias, 1.105 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal, 999 fueron archivadas y el resto se encuentra en tramitación.

Los datos suponen un incremento del 16,5 % respecto al ejercicio 2017, en que se incoaron 2.525 diligencias de investigación, y, al igual que en el anterior ejercicio, los delitos por maltrato a animales domésticos y en ordenación del territorio y urbanismo fueron los que más crecieron, mientras que disminuyeron las investigaciones por incendios forestales y relativas a fauna y flora.

Sentencias

Según la memoria de la Fiscalía, las investigaciones iniciadas por la Unidad de Medio Ambiente dieron lugar en 2018 a 1.063 sentencias condenatorias, 49 de ellas por delitos contra el medio ambiente, 350 por urbanismo y ordenación del territorio, 42 por patrimonio histórico, 254 en materia de flora y fauna, 144 por incendio forestal y 224 por malos tratos a animales domésticos.

Por contra, se contabilizaron 340 sentencias absolutorias, 34 de ellas en materia de medio ambiente, 148 en urbanismo y ordenación del territorio, 10 por delitos contra el patrimonio histórico, 61 por delitos contra la flora y fauna, 43 por delitos de incendio forestal y 44 por malos tratos a animales domésticos.

Incendios forestales

La memoria dedica un apartado a la intervención policial en incendios forestales, que se saldó en 2018 con la implicación de 312 personas (31 detenidos y 281 investigados), una cifra que supone un significativo descenso (43,7 %) respecto al ejercicio anterior.

La causa más frecuente de incendios forestales en España, como viene ocurriendo año tras año, continúa siendo las quemas, tanto de residuos y restos forestales o agrícolas como regeneraciones de pasto, habiéndose producido un incremento en 2018 con respecto a los años 2016 y 2017 en los que los incendios originados por esta causa habían descendido sensiblemente con respecto a años anteriores. Esta causa se situó en 2018 en un 68,18%, siendo el segundo año con mayor porcentaje de las últimas cinco campañas tras la de 2014.

La segunda causa en 2018 fue, tal y como ocurre todos los años, el apartado «otras» con un 19,30%, si bien, en esta campaña el porcentaje descendió sensiblemente con respecto a las de 2016 y 2017.

Con respecto a los incendios originados por causas eléctricas, que en 2017 habían disminuido sensiblemente hasta el 4,47%, en la campaña de 2018 se han vuelto a incrementar hasta alcanzar el 6,14%, ligeramente inferior a la campaña de 2016, que fue la de mayor porcentaje de esta causa en los últimos 5 años.

En lo que se refiere a los incendios causados por ferrocarriles, tras dos años en los que se había producido la reaparición de esta causa –aunque en muy pequeña medida–, en la Campaña de 2018 ha vuelto a desaparecer.

Por último, en cuanto a los incendios causados por manejo de maquinaria, la campaña de 2018 ha sido la de menor porcentaje de esta causa de los últimos 5 años, alcanzando el 11,40 %.

En cuanto a los siniestros de origen intencionado se observa que en 2018 se incrementaron los incendios provocados por «perturbados/pirómanos», pasándose del 33,07% en 2017, al 38,20% en 2018, y los causados para «producir daños a terceros» (venganzas, actos vandálicos, etc.), que pasaron del 10,24% en 2017, al 12,36% en 2018, situándose en niveles muy parecidos a 2015 y 2016.

Los incendios causados por «prácticas tradicionales inadecuadas» (quemas de vegetación para pastos, etc.), se mantuvieron en 2018 con un 31.46%, técnicamente al mismo nivel que en 2017, en el que fueron un 31,50%, mientras que los incendios relacionados con la «caza» y los producidos por «otras causas», descendieron con respecto a 2017, pasándose, respectivamente, del 2,36% y el 22,83% en 2017, a ninguno y 17.98% en 2018.

Especies Invasoras

El texto dedica asimismo un apartado al cangrejo azul (Callinectes sapidus), considerado especie exótica pero no legalmente invasora en el Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto por el que se regula el Catálogo Español de Especies Invasoras.

La memoria se hace eco no obstante de la intención de la Dirección General de Medio Natural de revisar la problemática y proceder a tramitar en su caso la posible inclusión de la especie en el Catálogo tras analizar un informe aportado por la unidad técnica de la Fiscalía.

Fuente: EFEverde Fiscalía General del Estado

Obligados a reforzar la seguridad frente a los fenómenos atmosféricos adversos

Cada vez será más necesario adaptarse y aumentar las medidas de seguridad frente a los fenómenos atmosféricos tan adversos como las tormentas que se han producido desde el domingo en casi toda España.

Medidas de seguridad

“Aunque es un poco duro decirlo”, hay que asumir que “el cambio climático va a producir fenómenos tan adversos que no vamos a poder mantener la seguridad. Es necesario hacer este tipo de advertencias a la ciudadanía”, ha explicado a EFEverde el profesor de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Rubén Díaz Sierra.

Díaz Sierra, doctor en Física, y profesor de Física Matemática y de Fluidos de la UNED, ha explicado que es “imposible” esperar que el Estado tenga una previsión total, corte carreteras y avise a todo el mundo, “se necesitará un poco de educación en la ciudadanía y a nivel individual empezar a adoptar medidas de prevención propias, como no circular por túneles o zonas que se pueden inundar”.

Estos fenómenos “no son nuevos, serán cada vez más frecuentes e intensos”, como ya lo “llevan advirtiendo desde hace muchos años los científicos”, ha aseverado.

Ascenso de las temperaturas

Además, según el experto, hay que tomar en cuenta que “la temperatura está subiendo y en el Mediterráneo con un ascenso superior a la media”, situación que provocará estos fenómenos con mayor frecuencia, con mayor aparato eléctrico y mayor lluvia.

Estos fenómenos como la depresión aislada en niveles altos (DANA) que ha pasado sobre España “será más difícil anticipar, saber dónde va a descargar, porque tiene unos comportamientos que los modelos meteorológicos son incapaces de predecir exactamente dónde y cuándo”.

Un grupo de operarios retira el barro en una calle de la localidad abulense de Las Navas del Marqués. EFE / Raúl Sanchidrián.

Pero, como se ha visto, producen “mucha escorrentía, erosión, pérdidas de cosechas agrícolas, impactos sobre las actividades económicas en general”.

Además, impactará sobre el ciclo hidrológico, porque “al ser las lluvias más torrenciales, fuertes y puntuales lo que se infiltra en los suelos, llega a los acuíferos y lo que se mantenga dentro de posibilidades de uso, será cada vez menor”.

Las predicciones dicen que habrá más agua en periodos más cortos, pero con periodos más largos de sequía, según Díaz Sierra.

Las lluvias producirán “más sedimentación” por el arrastre de materiales hasta el litoral, situación que provocará “a largo plazo más erosión, mayor destrucción de hábitats, de vegetación y biodiversidad en esas zonas”.

Depuradoras

Asimismo, muchas infraestructuras “se verán sobrepasadas” de su capacidad inicialmente proyectada, como las estaciones de depuración (EDAR), construidas “bajo unos cálculos de entradas de agua determinadas, tomando en cuenta las series históricas y previsiones”.

Pero si las tormentas van en aumento, “se verán superadas sus capacidades y obligadas a soltar el agua sin terminar los ciclos de depuración o hacer fuertes inversiones para adaptar las EDAR a los periodos de lluvias y tormentas”.

“Todo esto es muy impredecible, según Díaz Sierra, “estamos viendo las consecuencias de los modelos de hace décadas y estamos empezando a acostumbrarnos que el cambio climático esté más presente en nuestra vida cotidiana y afecta a nuestra producción alimentaria, a nuestras vacaciones, a los desplazamientos…”

Por todo ello, sostiene “es más urgente” la adopción de medidas para adaptarnos a la situación y mitigar sus efectos, “aunque no podremos mantener el nivel de previsión anterior”. EFEverde

Cae una red de tráfico de especies con 200 animales con destino a Marruecos

La Guardia Civil ha detenido a los 10 supuestos integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de especies y se ha incautado de unos 200 animales entre aves, mamíferos y reptiles que la red vendía en Marruecos, donde se ha descubierto un mercado emergente.

La operación, denominada Fennec, que se ha seguido por delitos de contrabando, comercio ilegal de especies, maltrato animal y falsedad documental, ha sido coordinado por Europol y ha contado con la participación de Portugal, Eslovaquia y Marruecos, informa en un comunicado la Guardia Civil.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano a través de la organización conservacionista SEO/BirdLife, que lo puso en conocimiento del Seprona.

Los agentes, tras realizar un seguimiento sobre los ahora detenidos, comprobaron que adquirían los animales a distintos proveedores afincados en España y en otros países de la Unión Europea y tras almacenarlos en una tienda de venta de animales en Fuengirola y en un domicilio de Ronda (Málaga), los trasladaban de manera irregular hasta Marruecos.

La mayor parte de ellos contaban con diferentes grados de protección en la legislación específica tanto nacional como internacional.

La estructura de la organización se asentaba en cuatro personas. Una de ellas, con reiterados antecedentes por tráfico de especies, era la responsable de adquirir los especímenes en distintos países de la UE, además de España, Portugal, Alemania o Eslovaquia.

¿Hay que endurecer la ley para proteger más a los animales?

Para amparar la adquisición y transporte utilizaba una tienda de venta de animales situada en Fuengirola (Málaga), y con el objeto de evitar posibles trabas en los controles policiales, la red contaba con un veterinario colegiado que expedía las correspondientes cartillas sanitarias para animales exóticos.

Si bien los datos se cumplimentaban de manera parcial y sin dar de alta en los registros oficiales para no dejar rastro de los especímenes comercializados una vez éstos salían de España.

Un marroquí con residencia en Melilla se encargaba de dar salida a los animales en Marruecos. Para ello, contactaba con los compradores a través de redes sociales y contactos personales y se valía de “mulas” para el paso fronterizo entre Melilla y Nador, principal ruta utilizada para la salida de los animales.

Con esta investigación se ha acreditado la existencia de un mercado emergente en África que, a través de Marruecos, demanda una gran cantidad de animales exclusivos que se importan ilegalmente.

La relevancia de esta operación a nivel internacional reside en que, hasta el momento, no se había constatado que hubiera un mercado en Marruecos para este tipo de animales, principalmente aves y reptiles.

La operación Fennec ha sido desarrollada por la Unidad Operativa del Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona de la Guardia Civil, con el apoyo de las Comandancias de Almería, Málaga y Melilla y la instrucción ha correspondido al juzgado número 1 de Fuengirola (Málaga).

Fuente: Efeverde La Vanguardia

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