Condenado a un año de prisión por construir una vivienda ilegal en suelo no urbanizable de especial protección en Córdoba

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a un hombre que construyó en Córdoba una vivienda unifamiliar sin licencia en suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística en la subcategoría Vega del Río Guadalquivir. También ha acordado la demolición de la edificación y ordena la reposición del estado del terreno a la situación originaria.

 

El tribunal estima el recurso de casación planteado por el fiscal y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que confirmó el fallo del juzgado de instrucción nº 7 de dicha ciudad, que absolvió al acusado. La sentencia recurrida y la de instancia consideraban que la conducta del acusado no era delictiva puesto que la edificación no era una construcción aislada sino que coexistía con otras, en un terreno parcelado, y que el asentamiento estaba tolerado desde el momento que los propietarios pagaban el impuesto de bienes inmuebles al Ayuntamiento, además de los suministros de luz y agua.

La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Llarena, concluye que el incumplimiento de las normas urbanísticas por parte de otros vecinos no agota el bien jurídico y la necesidad de su protección, como no exime al acusado de sus obligaciones y de su propia responsabilidad.

La Sala destaca que los hechos probados de la sentencia de instancia -que en modo alguno prestan soporte al alegato de la defensa de que actuara creyendo obrar de manera legítima- proclaman que el acusado construyó una edificación de unos 24 metros en un paraje denominado “Montón de la Sierra”, al que añadió con posterioridad otro cuerpo, de modo tal que llegó a edificar una vivienda unifamiliar de 100 m2 y 15m2 de porche. Expresan, además, según la sentencia, que la construcción se hizo sin licencia, y añaden que el suelo tiene la catalogación de suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial urbanística en la subcategoría de la Vega del Río Guadalquivir, de modo que su contenido urbanístico legal, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, excluye la edificación de viviendas.

Añade que así se muestra que “el comportamiento del acusado modificó de manera permanente los aprovechamientos del suelo, con alteración del uso previsto para el suelo rústico no urbanizable, modificándose en ese punto la configuración paisajística de la vega del río Guadalquivir; alterándose las necesidades de los servicios precisos para el paraje; y modificando la intensidad de su uso hasta la que resulta inherente al nuevo destino que se atribuyó al terreno; lo que se potencia por la pluralidad de edificaciones en las que la edificación se integra”.

El tribunal concluye que “los hechos son por ello constitutivos del delito contra la ordenación del territorio que el Código Penal describe en el artículo 319.2, más allá de que el acusado pueda abonar, lógicamente, los suministros privados con los que cuenta su instalación; careciendo también de relevancia la tolerancia que parece querer esgrimirse al alegar que paga la contribución municipal inherente a la propiedad del terreno, pues ni ello elimina la antijuridicidad de quebrantar la normativa urbanística más elemental y primordial en orden a la distribución de los usos urbanísticos, ni puede eludirse que nuestro ordenamiento jurídico somete la autorización del uso del suelo no urbanizable a una doble autorización, autonómica y local”.

En cuanto a la reparación del daño (demolición de la construcción no autorizada), -agrega la Sala- que esa será en principio la regla, porque es a lo que literalmente obliga el artículo 109 del Código Penal. Recuerda que, según la doctrina mayoritaria la demolición implica la restauración del orden jurídico conculcado y, en el ámbito de la política criminal, es una medida disuasoria de llevar a cabo construcciones ilegales que atenten contra la legalidad urbanística. En este sentido, aclara que deberá acordarse cuando conste patentemente que la construcción de la obra está completamente fuera de la ordenación y no sean legalizables o subsanables; o en aquellos supuestos en que haya existido una voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las órdenes o requerimientos de la Administración; y, en todo caso, cuando al delito contra la ordenación del territorio se añada un delito de desobediencia a la autoridad administrativa o judicial.

De este modo, en principio podría estimarse bastante y suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del territorio unido a la persistencia o permanencia de la obra infractora para acordar la restauración del orden quebrantado, pudiendo admitirse como excepciones las mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la autorización administrativa, y aquellas otras en que ya se hayan modificado los instrumentos de planeamiento haciendo ajustada a la norma la edificación o construcción, esto en atención al tiempo que puede haber transcurrido entre la comisión del delito y la emisión de la sentencia firme.

De acuerdo con todo ello, la Sala explica que “no se aprecian en este caso razones excepcionales que justifiquen el mantenimiento de la obra ilegalmente impulsada. Como se ha dicho, la obra se ha realizado contrariando la regulación más esencial establecida para la ordenación de los usos del suelo y de los espacios verdes, no observándose motivos que justifiquen la consolidación de la promoción, sino del restablecimiento de la configuración inicialmente prevista, sin que para ello sea objeción la existencia de otras obras ilegales, no solo porque el principio de igualdad ante la ley no presta cobertura a la pretensión de igualarse en la ilegalidad en que otros pueden encontrarse, sino porque el principio de legalidad terminará por reconducir la plenitud de la configuración urbanística de los terrenos afectados a la realidad prevista para beneficio del colectivo social y no de los propietarios que han impulsado aprovechamientos individuales no autorizados”, subraya la sentencia.

Fuente: Poder Judicial

Europa presenta una nueva Estrategia sobre biodiversidad y su esperada Estrategia “De la Granja a la Mesa”

 

 

La Comisión Europea ha adoptado una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.

En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad. Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible.

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados.

Las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y crecimiento sostenibles. Se destinarán 20 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados.

La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores sobre los alimentos saludables y sostenibles.

Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos.

Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres.

Las estrategias también tienen una importante dimensión internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021. La Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con los socios internacionales.

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha demostrado lo vulnerables que somos, así como la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen un peligro claro y actual para la humanidad. Las estrategias sobre la biodiversidad y «de la granja a la mesa», que son elementos centrales del Pacto Verde, apuntan a un nuevo y mejor equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE. Estas estrategias constituyen un elemento crucial de la gran transición que estamos iniciando».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: «Debemos avanzar y hacer que el sistema alimentario de la UE sea un motor de la sostenibilidad. La Estrategia «de la granja a la mesa» cambiará las cosas para mejor, de forma generalizada, en cuanto a la manera en que producimos, compramos y consumimos nuestros alimentos, lo que redundará en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos, de las sociedades y del medio ambiente. Brinda la oportunidad de conciliar nuestros sistemas alimentarios con la salud de nuestro planeta, de garantizar la seguridad alimentaria y de satisfacer el deseo de los europeos de una alimentación sana, equitativa y respetuosa con el medio ambiente».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «La naturaleza es vital para nuestro bienestar físico y mental, filtra nuestro aire y nuestra agua, regula el clima y poliniza nuestros cultivos, pero estamos actuando como si no importara y perdiéndola a un ritmo sin precedentes. Esta nueva Estrategia sobre la biodiversidad se basa en lo que ha funcionado antes y añade nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos. El objetivo de la UE es proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a la recuperación económica de la crisis actual y liderar el camino hacia un marco mundial ambicioso para proteger la biodiversidad del planeta».

Próximas etapas

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar estas dos estrategias y sus compromisos. Todos los ciudadanos y las partes interesadas están invitados a participar en un amplio debate público.

isión Europea ha adoptado hoy una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.

En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad. Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible.

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados.

Las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y crecimiento sostenibles. Se destinarán 20 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados.

La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores sobre los alimentos saludables y sostenibles.

Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos.

Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres.

Las estrategias también tienen una importante dimensión internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021. La Estrategia «de la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con los socios internacionales.

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha demostrado lo vulnerables que somos, así como la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen un peligro claro y actual para la humanidad. Las estrategias sobre la biodiversidad y «de la granja a la mesa», que son elementos centrales del Pacto Verde, apuntan a un nuevo y mejor equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE. Estas estrategias constituyen un elemento crucial de la gran transición que estamos iniciando».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: «Debemos avanzar y hacer que el sistema alimentario de la UE sea un motor de la sostenibilidad. La Estrategia «de la granja a la mesa» cambiará las cosas para mejor, de forma generalizada, en cuanto a la manera en que producimos, compramos y consumimos nuestros alimentos, lo que redundará en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos, de las sociedades y del medio ambiente. Brinda la oportunidad de conciliar nuestros sistemas alimentarios con la salud de nuestro planeta, de garantizar la seguridad alimentaria y de satisfacer el deseo de los europeos de una alimentación sana, equitativa y respetuosa con el medio ambiente».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «La naturaleza es vital para nuestro bienestar físico y mental, filtra nuestro aire y nuestra agua, regula el clima y poliniza nuestros cultivos, pero estamos actuando como si no importara y perdiéndola a un ritmo sin precedentes. Esta nueva Estrategia sobre la biodiversidad se basa en lo que ha funcionado antes y añade nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos. El objetivo de la UE es proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a la recuperación económica de la crisis actual y liderar el camino hacia un marco mundial ambicioso para proteger la biodiversidad del planeta».

Próximas etapas

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar estas dos estrategias y sus compromisos. Todos los ciudadanos y las partes interesadas están invitados a participar en un amplio debate público.

Contexto

El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Von der Leyen el 11 de diciembre de 2019, establece una ambiciosa hoja de ruta hacia una economía circular climáticamente neutra, en la que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos.

El Pacto Verde Europeo se sustenta en un ambicioso objetivo de detener e invertir la pérdida de biodiversidad mediante la transformación de nuestros sistemas alimentarios y nuestro uso de los bosques, el suelo, los recursos hídricos y el mar, además de nuestros sistemas energéticos, urbanos e industriales. También destaca

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consolida su estructura reforzando las competencias en biodiversidad y transición justa

El Consejo de Ministros aprobó el Martes, 28 de Abril, el Real Decreto que completa la composición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), después de que el pasado 28 de enero se aprobara su estructura orgánica básica.

La norma refuerza las competencias en biodiversidad y transición justa, desarrollando la estructura hasta el nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno de sus órganos. Incorpora nuevas funciones en materia de política forestal y control de comercio de especies amenazadas y la creación del Instituto de Transición Justa.

El nuevo organismo responsable de las políticas de Transición Justa se crea sobre la base del actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). Incorpora al trabajo realizado en la reactivación de comarcas mineras las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares. Enfocará su actividad en identificar y optimizar las oportunidades de actividad industrial y económica, especialmente vinculadas a la transición ecológica, para garantizar el empleo y el desarrollo de las zonas afectadas.

Asimismo, el Instituto promoverá la coordinación de políticas industriales, de educación, formación profesional o empleo, por mencionar algunos ejemplos, para crear sinergias que ayuden a los territorios afectados por los cierres de centrales térmicas en los procesos de reactivación.

PLANIFICACIÓN DE LA DESCARBONIZACIÓN

Además de la puesta en marcha del Instituto de Transición Justa, la Secretaría de Estado de Energía incorpora la Subdirección

 General de Prospectiva,  Estrategia y Normativa en Materia de Energía, con la que se persigue potenciar las capacidades de análisis y de evaluación de los sectores energéticos a corto, medio y largo plazo para acompasar la descarbonización de la economía en cumplimiento con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia a Largo Plazo, que marca la senda hacia la neutralidad climática en 2050.

Entre otras funciones, la nueva Subdirección se encargará del desarrollo de la planificación y estrategia energética, en el marco del compromiso con la neutralidad climática a largo plazo; la realización de proyecciones de demanda de productos energéticos, el análisis de series de consumo y precios energéticos por sectores y productos, el seguimiento de los indicadores coyunturales y sectoriales energéticos y la realización de análisis de estudios y estadísticas energéticas; la coordinación y seguimiento de  la adaptación a la normativa de la Unión Europea; y el seguimiento, notificación y verificación de los compromisos internacionales suscritos por España en relación con los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo.

Por otro lado, la Dirección General de Política Energética y Minas mantiene su estructura, aunque la Subdirección General de Hidrocarburos  pasa a denominarse Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, dando mayor peso en su acción a nuevos carburantes como puede ser el hidrógeno renovable. Asimismo, este órgano recupera la función de certificación de biocombustibles, que estaba cedida temporalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

DEPARTAMENTOS MEDIOAMBIENTALES

La principal novedad dentro de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el refuerzo de las políticas medioambientales enfocadas a la biodiversidad de manera que, partiendo de la anterior Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, se crean dos nuevas direcciones generales: la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Continúan dependiendo de esta Secretaría de Estado la Dirección General del Agua, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Oficina Española de Cambio Climático.

La nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación integra dos subdirecciones (la de Biodiversidad Terrestre y Marina y la de Política Forestal). Asimismo, se le adscriben el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) y la Fundación Biodiversidad.

REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS EN BIODIVERSIDAD

La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina ejercerá las competencias en materia de biodiversidad en el medio terrestre, tanto en coordinación de las políticas de espacios naturales protegidos como en la de especies amenazadas, e incorpora las competencias en materia de conservación de biodiversidad en el medio marino, asumiendo también competencias directas de gestión de cerca de un centenar de lugares de la Red Natura 2000 marinos, entre Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial protección para las Aves.

Otra novedad es que se incorpora a esta subdirección la competencia, que hasta este momento venía siendo ejercida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como autoridad administrativa de gestión del Convenio CITES, el acuerdo ambiental cuya finalidad es la protección de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Si bien será necesario un periodo de transición para que sea plenamente efectiva, esta novedad implica reforzar los aspectos de conservación de las especies afectadas por el comercio, y alinear nuestro país con respecto a los restantes Estados miembros de la Unión Europea, en los que la autoridad de gestión recae en la administración ambiental.

POLÍTICA FORESTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

También se incorpora a la nueva Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación la Subdirección de Política Forestal y lucha contra Desertificación, recuperando así un modelo de organización que, salvo durante los últimos 8 años, concentraba en la misma dirección general los pilares básicos de la gestión del medio ambiente (Política Forestal, Biodiversidad y Parques Nacionales). De esta manera, la necesaria coordinación entre estas unidades se llevará a cabo de una manera más sencilla y fluida. En esta subdirección se integra además el operativo nacional de extinción de incendios forestales, con un importante despliegue de medios aéreos y brigadas de extinción, que prestan apoyo a todas las comunidades autónomas en esta tarea.

Finalmente, debe reseñarse que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación asume la representación internacional ante el Convenio de Naciones Unidas de Diversidad Biológica y otros convenios, y actuará como punto focal ante la Comisión Ballenera Internacional y ante las instancias comunitarias competentes.

Por su parte, la otra nueva Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental integra tres subdirecciones: Economía Circular, anteriormente de Residuos, que cambia su nombre para dar impulso al paso de un modelo lineal a otro circular; Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y lograr un medio saludable para los ciudadanos; y la subdirección de Evaluación Ambiental.

RETO DEMOGRÁFICO

Con la estructura ministerial desglosada en este Real Decreto se consolida la apuesta del Gobierno por la creación de un área de la Administración General del Estado enfocada a la coordinación de las actuaciones públicas y al diseño de políticas específicas para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación que afecta seriamente a determinadas áreas geográficas del país.

Con idéntico objetivo creó la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, presidida de forma ordinaria por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Esta Comisión Delegada celebró su reunión constituyente el 28 de febrero de 2020 en La Rioja, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Secretaría General para el Reto Demográfico se apoya, para el desarrollo de sus funciones, en la Dirección General de Políticas contra la Despoblación que tiene asignados como objetivos generales la concepción de estrategias, planes y actuaciones prioritarias en materia de reto demográfico. Para el desarrollo de estas responsabilidades, el Real Decreto crea la Subdirección General de Análisis, Planificación y Coordinación y la Subdirección General de Iniciativas.

Entre otras funciones, la Secretaría General trabajará en el impulso de la colaboración público-privada para las políticas públicas de vertebración territorial y de fijación de población en el medio rural, así como la promoción de la participación ciudadana en las iniciativas en materia de reto demográfico y el fomento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de residencia en las zonas en riesgo de despoblación.

La UE permitirá el uso en agricultura de aguas residuales depuradas

La UE está tomando nuevas medidas destinadas a reducir el riesgo de escasez de agua para el riego de los cultivos. El Consejo adoptó la semana pasada mediante procedimiento escrito un reglamento que facilitará la utilización de aguas residuales urbanas (agua regenerada) para el riego agrícola.

Estas normas ayudarán a Europa a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. El Reglamento, acorde con el concepto de la economía circular, mejorará la disponibilidad de agua y fomentará su utilización eficiente. Garantizar que haya suficiente agua disponible para el riego agrícola, en particular durante las olas de calor y las sequías más intensas, puede ayudar a evitar la pérdida de cosechas y la escasez de alimentos.

Habida cuenta de la disparidad de condiciones geográficas y climáticas entre Estados miembros, cada Estado miembro podrá decidir si procede o no el empleo de aguas residuales regeneradas para el riego agrícola en todo o parte de su territorio.

La decisión implica que el Consejo ha adoptado su posición en primera lectura. Ahora el Reglamento debe ser aprobado por el Parlamento Europeo en segunda lectura, antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial.

En la actualidad, la reutilización del agua es una práctica establecida en muy pocos Estados miembros, que se está explotando muy por debajo de su potencial.

España, en línea con el resto de paises mediterráneos de la UE, reutiliza hasta un 40% de agua y dispone desde 2007 de un Real Decreto que lo regula.

Por tanto, en principio sólo tendrá que acomodar su normativa al nuevo procedimiento administrativo europeo que se adopte, especialmente en materia “de monitorización y seguimiento”.

Las normas acordadas facilitarán y estimularán la generalización de esta práctica beneficiosa, que puede garantizar un suministro más previsible de agua a los agricultores de la UE y ayudarles a adaptarse al cambio climático y a mitigar sus efectos.

Mediante el establecimiento de unos requisitos mínimos, las nuevas normas garantizarán la seguridad de esa práctica y aumentarán la confianza de los ciudadanos en los productos agrarios que se encuentran en el mercado interior de la UE. Este enfoque armonizado también facilitará el buen funcionamiento del mercado interior de los productos agrarios y creará nuevas oportunidades de negocio para operadores y proveedores de tecnología.

En virtud de la nueva legislación, las aguas residuales urbanas que ya se hayan sometido a determinados tratamientos con arreglo a las normas de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas deberán someterse a un tratamiento adicional para cumplir los nuevos parámetros mínimos de calidad y, de ese modo, serán aptas para su uso en agricultura.

Además de los requisitos mínimos armonizados, la nueva legislación establece unos requisitos mínimos de seguimiento; disposiciones en materia de gestión de riesgos para evaluar los posibles riesgos adicionales para la salud y los posibles riesgos para el medio ambiente y hacerles frente; y un procedimiento de concesión de licencias y una serie de disposiciones sobre transparencia, en virtud de las cuales deberá ponerse a disposición del público la información más importante sobre cualquier proyecto de reutilización del agua.

El reto para hacer atractivas las aguas regeneradas para los regantes es que los operadores del ciclo integral, que en España son punteros a nivel internacional, logren unos costes de regeneración de agua competitivos para que los usuarios opten por él frente a otras fuentes más comprometidas.

Fuente: Ecoiuris, El Agora

Urbanismo y Medio Ambiente: el nuevo decreto vasco exime de evaluación ambiental los estudios de detalle, las ordenanzas y los catálogos

 

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado el Decreto que regula el procedimiento de aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio y los Planes urbanísticos municipales, en el que se integran los trámites de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Hasta ahora ambos procedimientos, el sustantivo, de los Planes e Instrumentos de ordenación urbanística y el instrumental, de la evaluación ambiental, han estado regulados por leyes distintas y el resultado era que la terminología, los documentos, las determinaciones y los trámites previstos para unos y otros, carecieran de la debida conexión, lo que ha devenido en la práctica en una dilatación de plazos y en alguna duplicidad de trámites evitables.

El Decreto se asienta sobre la base de los principios de racionalización, simplificación procedimental y simultaneidad de trámites.

Lo que hace la norma es simplificar la tramitación de los planes urbanísticos de ámbito municipal (PGOU) y de ámbito más reducido (Planes Parciales y Planes Especiales) y unifica refundiendo tanto los plazos urbanísticos como los ambientales.

Se ha conseguido una regulación más clara de forma que ofrezca la máxima seguridad jurídica y una reducción en los plazos de tramitación que puede llegar a ser de hasta dos años menos, en el caso de los Planes Generales; de uno, para el planeamiento de desarrollo y los Estudios de Detalle podrán aprobarse en el plazo de tres meses, frente al año y medio que puede tardarse en la actualidad.

El Decreto atiende la demanda expresada tanto por el sector público como por el privado de procurar la agilización administrativa de forma que los planes municipales puedan promoverse y aprobarse con el límite del marco de los 4 años de un mandato local, a través de la simplificación y agilización de los procesos de elaboración y tramitación del planeamiento.

El Decreto aprovecha para aclarar, conforme a los últimos pronunciamientos judiciales, que los estudios de detalle, las ordenanzas y los catálogos no tienen la consideración de planes según la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y por tanto no están sometidos a evaluación ambiental precisamente por su nula capacidad innovadora desde un punto de vista urbanístico.

Como consecuencia de la amplia participación pública, se han introducido una serie de aspectos novedosos, entre los que destacamos:

  • El impulso a la participación ciudadana, de forma que a partir de ahora los planes de ordenación territorial y los planes generales tendrán obligatoriamente que reforzar sus programas de participación en los que se establezcan los objetivos, estrategias y mecanismos suficentes para posibilitar el derecho a participar de la ciudadanía y entidades asociativa.
  • El Decreto incluye entre sus principios generales la inclusión de la perspectiva de género en los procedimientos que se regulan, en línea con lo que ya se ha hecho de manera pionera en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y con la actividad que vienen desplegando los Ayuntamientos con las subvenciones que el departamento viene concediendo por tercer año consecutivo.

Fuente: www.irekia.euskadi.eu

La Comisión Europea presenta su Ley del Clima y abre una consulta sobre el Pacto Verde

La Comisión Europea presentó el 4 de Marzo una propuesta para consagrar en la legislación el compromiso político de la UE de ser un bloque climáticamente neutro para 2050, a fin de proteger el planeta y la población. La Ley del Clima Europea fija el objetivo para 2050 y la orientación de todas las políticas de la UE, además de ofrecer previsibilidad a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos. Al mismo tiempo, la Comisión abre una consulta pública sobre el futuro Pacto Europeo sobre el Clima. Mediante esta consulta, la población participará en la formulación conjunta de este instrumento.

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado lo siguiente: «Actuamos ahora para convertir a la UE en el primer continente neutro desde el punto de vista del clima de aquí a 2050. La Ley del Clima es la expresión jurídica de nuestro compromiso político y nos marca irreversiblemente la senda hacia un futuro más sostenible. Es el elemento central del Pacto Verde Europeo. Ofrece previsibilidad y transparencia a la industria y los inversores europeos, orienta nuestra estrategia de crecimiento ecológico y garantiza que la transición será gradual y justa».

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado: «Hoy pasamos de las palabras a los hechos a fin de demostrar a los ciudadanos europeos que vamos en serio al perseguir el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La Ley del Clima Europea es también un mensaje a nuestros socios internacionales de que este es el año en que juntos tenemos que aumentar nuestro nivel de ambición a escala mundial para alcanzar nuestros objetivos comunes en virtud del Acuerdo de París. La Ley del Clima garantizará que sigamos centrados y disciplinados, permanezcamos en el buen camino y rindamos cuentas por los resultados.»

Mediante la Ley del Clima Europea, la Comisión propone un objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Las instituciones de la UE y los Estados miembros están colectivamente obligados a adoptar las medidas necesarias a nivel nacional y de la UE para alcanzar el objetivo.

La Ley de Clima incluye medidas para hacer un seguimiento de los avances y ajustar nuestras acciones en consecuencia, sobre la base de los sistemas existentes, tales como el proceso de gobernanza para los planes nacionales de los Estados miembros en materia de energía y clima, los informes periódicos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y los últimos datos científicos sobre el cambio climático y sus repercusiones. Cada cinco años se examinarán los progresos registrados, en consonancia con el balance mundial del Acuerdo de París.

La Ley del Clima también aborda el camino a seguir para alcanzar el objetivo de 2050.

  • Sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva, la Comisión propondrá un nuevo objetivo de la UE de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La Ley del Clima se modificará una vez que se haya concluido la evaluación de impacto.
  • A más tardar en junio de 2021, la Comisión revisará, y en su caso propondrá revisar, todos los instrumentos políticos pertinentes para lograr las reducciones adicionales de las emisiones para 2030.
  • La Comisión propone que se establezca una trayectoria de 2030-2050 a escala de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, medir los progresos y ofrecer previsibilidad a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos.
  • A más tardar en septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará la coherencia de las medidas nacionales y de la UE con el objetivo de neutralidad climática y la trayectoria de 2030-2050.
  • La Comisión estará facultada para emitir recomendaciones a los Estados miembros cuyas actuaciones no sean coherentes con el objetivo de neutralidad climática, y los Estados miembros estarán obligados a seguirlas o a justificar el motivo de no haberlo hecho. La Comisión también podrá revisar la idoneidad de la trayectoria y las medidas a escala de la Unión
  • También se exigirá a los Estados miembros que formulen y apliquen estrategias de adaptación para reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

 

Configuración del Pacto Europeo sobre el Clima y de las futuras políticas correspondientes

Junto con las políticas y la reglamentación gubernamentales, todos los sectores de la sociedad y la economía deben desempeñar un papel en la transición hacia una Unión Europea climáticamente neutra.

Por ello, la Comisión pone en marcha hoy una consulta pública sobre un nuevo Pacto Europeo sobre el Clima, una amplia iniciativa encaminada a que los ciudadanos y las partes interesadas se hagan oír y participen en la formulación de nuevas acciones por el clima, el intercambio de información, la puesta en marcha de actividades de base y la presentación de soluciones que otros puedan seguir.

La consulta tendrá una duración de doce semanas. Las respuestas se utilizarán en la formulación del Pacto sobre el Clima, que se pondrá en marcha antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2020 (CP26).

La Comisión ha empezado oficialmente hoy esta labor mediante la publicación de las evaluaciones iniciales de impacto sobre el futuro mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, dos de los otros instrumentos políticos importantes en el marco del Pacto Verde Europeo. Además, el Colegio de Comisarios ha adoptado una propuesta para designar 2021 como Año Europeo del Ferrocarril a fin de destacar las ventajas para el clima de un mayor uso de la red ferroviaria por parte de los pasajeros y las mercancías.

Contexto

La ambición de la UE de convertirse en el primer bloque climáticamente neutro de aquí a 2050 constituye el elemento central del Pacto Verde Europeo presentado por la Comisión Von der Leyen el 11 de diciembre de 2019.

En primer lugar, la Comisión estableció su su visión de una UE climáticamente neutra para 2050 en noviembre de 2018, en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 °C y esforzarse por mantenerlo en 1,5 °C. El Parlamento Europeo aprobó el objetivo de la UE de alcanzar el objetivo de cero emisiones de gases de efecto invernadero el 14 de marzo de 2019. El 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo aprobó el objetivo de una UE climáticamente neutra para 2050.

Fuente: European Commission

Los técnicos del Ministerio Hacienda piden aplicar a las empresas y no a usuarios los impuestos a transporte aéreo y plásticos de un uso

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven “inevitables” los nuevos impuestos que prepara Hacienda al transporte aéreo y a los envases de plásticos de un solo uso para reducir la contaminación, si bien en el primer caso ven conveniente que se consensúe en el ámbito europeo y en ambos casos abogan por que sean “altos” para propiciar cambios en los modelos y se apliquen solo a las empresas y no a los usuarios, aunque previsiblemente repercuta posteriormente en los consumidores.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, después de que el pasado viernes el Ministerio de Hacienda sometiese a consulta pública, a través de su página web, dos documentos relativos a estos dos nuevos tributos para que las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, o bien cualquier ciudadano interesado, puedan hacer llegar sus comentarios.

Los técnicos de Hacienda enviarán sus observaciones a la Dirección General de Tributos sobre los documentos para crear los nuevos tributos como parte afectada en el cumplimiento de las futuras normas, en las que pedirán que se aplique sobre la actividad, de forma que recaiga en las empresas y no en los usuarios, aunque previsiblemente las compañías repercutirán el mayor coste fiscal en los consumidores.

Mollinedo ve “inevitable” la creación del impuesto a los envases de plástico de un solo uso, ya que la “autorregulación” del sector, como el cobro por el uso de las bolsas de plástico, en el caso de Andalucía fijado por ley, no ha servido de mucho para reducir la proliferación de plásticos.

Por ello, aboga por fijar un impuesto a la empresa productora para que pueda sustituir esos plásticos por otros envases biodegradables o compostables, y que el tributo sea lo “suficientemente alto” como para incentivar el cambio de modelo de producción y comercialización hacia materiales menos dañinos para el medio ambiente.

Transporte aéreo

En cuanto al impuesto al transporte aéreo, cree que es un tema más “controvertido”, ya que el queroseno está exento de impuestos para navegación comercial nacional e internacional, y aunque augura menos problemas para someter a tributación ese hidrocarburo a nivel nacional, a nivel internacional ve más dificultad al pertenecer España al organismo multilateral que excede incluso del ámbito de la Unión Europea.

“En la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) hay muchos intereses de muchos países”, ha apuntado Mollinedo, quien ha recordado que España tiene “muy claro” que es un país receptor de turismo, por lo que este tipo de medidas podrían tener un impacto negativo.

Así, ve “deseable” que el tributo se implantase a nivel europeo y que, en todo caso, no se aplicase sobre los vuelos de llegada, sino únicamente de los de origen.

En este sentido, cree que es “mucho más equilibrado” el gravamen que fijó Cataluña en 2016, cuando estableció el impuesto “constitucionalmente aceptado y sin doble imposición” a la aviación comercial por la emisión de óxidos de nitrógeno, en operaciones de aterrizaje y despegue, con excepciones a vuelos de enfermos o de servicios públicos como cartografía o lucha contra incendios.

“Vemos mejor un impuesto al que realiza la actividad y no al usuario que viaja en ese vuelo”, ha insistido Mollinedo, quien ha recordado que en ocasiones los vuelos son “imprescindibles”.

En consecuencia, Gestha se dirigirá a la Dirección General de Tributos para que la nueva imposición se dirija a las empresas y no a los usuarios –aunque “lógicamente las empresas van a trasladarlos a los usuarios”–, y propondrán que sean “altos” para que haya cambios en los modelos de producción en favor del medio ambiente.

Fuente: www.elderecho.com

Nueva ordenación de las granjas porcinas: medio ambiente, sanidad y bienestar animal

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas.

Supone una profunda revisión de la normativa vigente, que data del año 2000, cuyo objetivo es la adaptación a los nuevos retos de la producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal. Una actualización que se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto.

Las principales novedades se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

Beneficios medioambientales

Son precisamente los importantes beneficios medioambientales que la aplicación de la nueva norma va a aportar, una de las señas de identidad de este Real Decreto. La norma implementa mejoras y novedades en los requisitos actualmente en vigor desde el año 2000 en materia de gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de Producción y Gestión de estiércoles, que se amplía a todas las instalaciones y que formará parte de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.

Por otra parte la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción (“Mejores técnicas disponibles”). Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario tendencial sin esta normativa.

Destacan también importantes avances en relación al bienestar animal, en particular la exigencia de un plan individual para cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales.

Sanidad animal

La norma introduce también mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad de las granjas, con el fin de limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales.

Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Para asegurar el cumplimiento y la aplicación homogénea de todos los aspectos que desarrolla la norma, se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En la misma participarán los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo de esta norma, así como de los Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El sector porcino es un importante motor económico y de empleo para el medio rural, por lo que la norma trata de compatibilizar su desarrollo con la adaptación rigurosa a la exigente legislación europea y nacional en materia de emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero, o la protección del agua, así como a las nuevas necesidades en el ámbito de la sanidad o el bienestar de los animales. Todo ello atendiendo a las demandas sociales.

La publicación de este nuevo Real Decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

Fuente: www.lamoncloa.gob.es

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética entra en la recta final de su tramitación administrativa

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), que será el marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación de nuestra realidad a las exigencias que regulan la acción climática, inicia la recta final de su tramitación administrativa. Esta herramienta facilitará y orientará la descarbonización de la economía española a 2050, una descarbonización que tiene que ser socialmente justa.

 

El nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE) es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia. Tras haber sido sometido a información y audiencia públicas e incorporar alegaciones resultantes de este proceso, así como haber sido informado por los demás departamentos ministeriales, el siguiente paso será su toma en consideración por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), principal órgano de encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes para el medio ambiente. El Consejo se reunirá el lunes 10 de febrero.

Posteriormente, el borrador de anteproyecto será tratado en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, paso previo a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado la importancia de que el anteproyecto “llegue cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento por parte de los grupos parlamentarios”.

El nuevo texto consta de 37 artículos –frente a los 28 del texto anterior- distribuidos en nueve títulos –antes ocho-, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales. El nuevo título está dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas en materia de Clima y Energía, elaborando un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.

 

OBLIGATORIEDAD DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES

En 2018, el transporte fue el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%. Por sí solo, el tráfico por carretera representa un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, de ellas, un tercio se concentran en aglomeraciones urbanas. Es, además uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud.

 

El nuevo borrador consagra como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente. También como novedad, el anteproyecto indica que dichos municipios y territorios insulares impulsen medidas de movilidad eléctrica compartida.

 

MAPA INFORMATIVO DE PUNTOS DE RECARGA

Además, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga; el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes; y las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos, o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida.

 

En esta misma línea, el nuevo anteproyecto introduce obligaciones de instalar al menos un punto de recarga rápida —50 kW— en aquellas estaciones de servicio que, por tener un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina, disponen en principio de mayor capacidad económica y financiera para hacer frente a la inversión requerida. Se trata de un 9% del total de la red de gasolineras.

 

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ello se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones. De igual modo, se establecerán objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo, con especial énfasis en los de carácter avanzado y los procedentes de fuentes renovables de origen no biológico.

 

Para alcanzar una movilidad sostenible, el anteproyecto mantiene que todas las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.

 

MÁS RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El nuevo texto del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, será en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20%).

 

Se añade que el Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

 

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El anteproyecto que llegó al Consejo de Ministros en febrero de 2019 establecía que las entidades admitidas a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño han de presentar un informe en el que hagan una evaluación del impacto de los riesgos asociados al cambio climático generado por la exposición a éste de su actividad.

 

El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).  Cada dos años y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades deberán elaborar un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

 

Asimismo, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización a 2050, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.

 

UN PAÍS MÁS SEGURO Y MENOS VULNERABLE AL LOS IMPACTOS

Entre las novedades del título dedicado a la adaptación, la nueva versión del borrador añade la consideración del cambio climático en la seguridad alimentaria. Para ello, se establecerán objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de adaptación encaminados a mitigar los riesgos en seguridad alimentaria asociados al cambio climático, incluidos la aparición de riesgos emergentes alimentarios. Asimismo, se añade una disposición sobre el fomento y mejora de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.

 

Ambos artículos se añaden a los artículos sobre adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del desarrollo urbano, edificación e infraestructuras del transporte; protección de la biodiversidad frente al calentamiento global; política forestal y desarrollo rural; planificación y gestión del agua y de la costa.

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Otra de las novedades del anteproyecto es el título IX, dedicado a la gobernanza y la participación públicas. Además del mencionado Comité de Cambio Climático y Transición Energética, el texto establece que las comunidades autónomas informen a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático a partir del 31 de diciembre de 2021 de los planes de energía y clima con los que cuenten.

 

De igual modo, se fija que los planes, estrategias, instrumentos y disposiciones que se adopten en materia de lucha contra el cambio climático deberán desarrollarse bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados, y del público en general.

 

También se recoge la gobernanza para reforzar la coordinación sobre las diferentes obligaciones de información del Gobierno en esta materia y, en particular, de los datos de las políticas, medidas, inventarios y proyecciones de gases de efecto invernadero.

 

OBJETIVOS ALINEADOS CON LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

El anteproyecto mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.

Los objetivos que se establecen marcan un suelo que se podrá mejorar al alza con los planes nacionales Integrados de Energía y Clima.  Así, en 2030, la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990. Con respecto a 2017, último año con datos consolidados, este esfuerzo supone retirar en torno a un 33% de las emisiones, es decir, aproximadamente una de cada tres toneladas de CO2 que se emiten en la actualidad.

Este objetivo de reducción es coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea para 2030, que pasaría del actual 40% respecto a 1990 a una horquilla entre el 50% y el 55%. Y tal como se recoge en el texto del anteproyecto se podrá revisar siempre al alza, no se permite la regresión del mismo  para responder a una mayor ambición tanto a nivel comunitario como internacional.

El anteproyecto se fija, también para 2030, generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

El anteproyecto de ley  y el PNIEC son dos de los grandes pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima para el periodo 2021-2030. Se trata de dos instrumentos que son complementarios y coherentes entre sí. Mientras el anteproyecto establece el marco institucional cuya función principal  es dar señales regulatorias y económicas que den estabilidad y marquen la dirección del país hacia la neutralidad climática, el PNIEC es un instrumento de planificación revisable que define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética, así como las líneas de actuación y la senda para alcanzarlos que según los modelos utilizados es la más adecuada y eficiente. En este sentido, los objetivos establecidos en ambos instrumentos no son contradictorios, sino que el anteproyecto marca  un suelo incrementable por el PNIEC.

Este esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer España en la próxima década, para situarse en la senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida no más tarde de 2050. En ese año, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

 

IMPULSO DECIDIDO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Desde 2021, se convocarán subastas para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW de instalaciones renovables. El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad.

 

A la hora de convocar las subastas, se podrá distinguir entre tecnologías, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y de madurez tecnológica u otros acordes con la normativa comunitaria.

 

El anteproyecto incorpora un artículo para promover y facilitar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en el ámbito de la edificación. De igual modo, se prolonga la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta el 31 de diciembre de 2030.

 

Asimismo, se da mayor flexibilidad favoreciendo la hibridación de las instalaciones —que podrán evacuar la energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre y cuando se cumpla con los requisitos técnicos preceptivos— y el aumento de potencia dentro de la capacidad máxima de acceso.

TRANSICIÓN JUSTA

El nuevo borrador mantiene un título exclusivo para medidas de Transición Justa, que define tanto su estrategia nacional como los convenios específicos, y se refuerza la participación de las comunidades autónomas.

 

Por otro lado, los convenios de transición justa -cuyo objetivo es el fomento de la actividad económica y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en la transición hacia un desarrollo bajo en carbón- podrán incluir el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica, así como el derecho prioritario al uso y volumen de agua de aquellas concesiones que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica con arreglo a lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.

 

UN ANTEPROYECTO LARGAMENTE DEMANDADO

Este anteproyecto de ley, que la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó elaborar al Gobierno ya en el año 2011, responde al compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París y constituye un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social.

Asimismo, se alinea con “El Pacto Verde europeo” –The European Green Deal-, acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y que alcanzará la neutralidad climática en 2050.

 

ACTUALIZACIÓN PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA

Durante la reunión también se ha informado de que se ha remitido a la Comisión Europea un borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El nuevo texto ha integrado todas las recomendaciones que hizo la Comisión, las alegaciones de la sociedad civil recibidas en el proceso de consulta pública de marzo de 2019 e incluye nuevas medidas y mayor detalle en la información, reforzando los objetivos y resultados.

 

Ya se ha iniciado el proceso de información pública del Estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica del PNIEC. Una vez concluya el periodo de consultas y se incorporen, si procede, nuevas aportaciones, el documento quedará listo para su remisión definitiva a la Comisión Europea.

 

El borrador actualizado del PNIEC propone una senda de descarbonización para la próxima década coherente con el aumento de la ambición frente al cambio climático que ha planteado la Comisión Europea, así como con las indicaciones de la ciencia del clima y con las demandas de la ciudadanía. En concreto, proporcionalmente, el nivel de esfuerzo en la mitigación de emisiones del borrador actualizado se encuentra alineado con la horquilla en la que se prevé que se sitúe el nuevo objetivo climático de la Unión Europea para 2030: entre el 50% y el 55%. De esa manera, se sientan unas bases sólidas para progresar hacia la neutralidad climática de nuestro país, es decir, lograr emisiones netas cero no más tarde de 2050.

 

NORMATIVA DE RESIDUOS

En el orden del día también estaban el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y otro que modifica el RD sobre la gestión de neumáticos fuera de uso y sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Estos documentos han pasado ya su fase de consulta pública y se están estudiando las observaciones y comentarios recibidos para continuar con la tramitación.

 

Asimismo, se han analizado los requisitos medioambientales que se van a incorporar al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

El CES plantea alternativas para la política industrial e insta a construir un Pacto de Estado para la Industria

 

El Pleno del Consejo Económico y Social  aprobó el pasado día 18 de diciembre por unanimidad, el Informe sobre “La Industria en España: Propuestas para su Desarrollo”. El Informe se ha elaborado por propia iniciativa del CES, lo que, unido al muy amplio consenso en su elaboración, da idea de que los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada representados en el Consejo comparten criterios en un tema como éste, de gran relevancia para el desarrollo económico y el empleo.

 

  • La industria es un sector clave, por su aportación al progreso tecnológico,(por innovaciones de producto y de procesos y consumo de innovaciones de otros sectores), su capacidad de generar empleos de calidad, su efecto tractor sobre los servicios de mercado y avanzados, su mayor productividad y su impacto positivo sobre la balanza comercial.
  • En 2018, la industria representó el 12.6 del PIB y el 11.5% del empleo. Sus exportaciones suponían el 90% de las totales de productos y el 21% del PIB. Sin embargo, tiene un efecto inducido en otros sectores, que lleva a que su contribución al PIB se cifre en un 43% y en un 30% respecto del empleo. En las últimas décadas se observa un cierto cambio en la especialización manufacturera, con una ligera pérdida de peso de los sectores de tecnología media y media baja, con aumento de los de tecnología alta y media alta (alimentación, químicas, farmaceutica ).
  • España necesita desarrollar una “cultura industrial” que explique y promueva sus realidades industriales. El objetivo es afrontar los retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización, la evolución de las cadenas globales de valor, los cambios en la demanda mundial o las deficiencias estructurales del entorno empresarial comunitario. Así, se debe adoptar una nueva política industrial que se oriente a la recuperación del protagonismo de esta actividad como motor de crecimiento y creador de empleo.
  • Por eso es importante construir por todos los actores involucrados un pacto de Estado por la industria, siguiendo la línea que iniciaron los interlocutores sociales en la Declaración por la Industria de noviembre de 2016.
    Así se promovería una política industrial global y coherente con participación del gobierno, de las distintas administraciones y de los interlocutores sociales, contando asimismo con el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria. Debe procurarse un ámbito para el diálogo tripartito que diseñe y evalúe las medidas a nivel central como en el ámbito autonómico y en el local.
  • Hay que reforzar la Estrategia renovada de política industrial de la UE mediante la inclusión de objetivos más concretos, así como de mecanismos de coordinación que permitan combinar distintos instrumentos y fuentes de financiación. El Consejo Europeo debería contar con una formación específica de industria.
  • La UE debería abordar fórmulas para apoyar la creación de grupos empresariales europeos fuertes capaces de revertir la actual pérdida de influencia estratégica frente a los líderes tecnológicos de matriz estadounidense y china.
  • Se debería ampliar el plazo, tras la recepción de ayudas europeas, durante el cual una empresa debe garantizar el mantenimiento del empleo. Debería exigirse igualmente a las compañías deslocalizadas europeas que cumplan con las condiciones sociolaborales y ambientales que rigen en la UE. Y ampliar las exigencias para las multinacionales de terceros países que, tras recibir fondos públicos europeos, apuesten posteriormente por la deslocalización.
  • La nueva Ley de Industria debe establecer un marco regulatorio más claro, estable y comprensible.
  • Sería necesario estructurar adecuadamente los sistemas de incentivos a la inversión industrial, así como potenciar su atractivo, equilibrando las ayudas directas, mejorando las condiciones de mercado en los préstamos bonificados y ofertando ventajas fiscales concretas.
  • El desarrollo industrial debe basarse en gran parte sobre los sectores actuales. Será necesario, por tanto, el desarrollo de nuevos productos y negocios en esos sectores, fomentando para ello la I+D+i y trabajando en cooperación con otras empresas y con centros tecnológicos y universidades.
  • La política industrial debería situarse en el nivel más alto en la estructura del Gobierno, garantizándose la coordinación en el diseño de la política energética, el desarrollo de servicios e infraestructuras de transporte de mercancías y en el diseño de la política de innovación y la gestión de sus programas.
  • Debería crearse un órgano de coordinación con las Comunidades Autónomas que armonice las medidas y evite los efectos frontera
  • Sería importante instaurar un Consejo de Política Industrial, con representación de los interlocutores sociales del sector, que asesore al Gobierno en la orientación y seguimiento de la política industrial.
  • Es imprescindible que los poderes públicos, junto con los agentes económicos y sociales, desarrollen estrategias dirigidas a transitar de manera ágil, eficiente y justa a la economía digital. Tales estrategias deben contemplar políticas que reduzcan los efectos negativos, así como las tendencias a la concentración del poder de mercado y al aumento de la desigualdad.
  • Cobra especial relevancia evitar la consolidación de estructuras de mercado oligopólicas o cuasi monopólicas; la política de empleo, para paliar las consecuencias negativas del cambio sobre la cantidad y la calidad del empleo; la política educativa, para reforzar las aptitudes necesarias en el nuevo contexto digital; o la política tributaria, para evitar la traslación de beneficios hacia territorios de baja o nula tributación.
  • Es necesario asimismo regular la fiscalidad de las plataformas, la privacidad, seguridad y tratamiento de los datos, y abordar las implicaciones éticas y sociales de, entre otras, la robótica y la inteligencia artificial, y que se garantice la tutela jurídica de las personas que trabajan en las nuevas formas de empleo digital, con independencia de su estatus laboral.
  • Se debe incidir en el impulso a la digitalización de las empresas industriales. Ello serviría, además, para evitar la brecha digital entre empresas, especialmente en relación con las pymes, así como los riesgos de exclusión en función de la capacidad de acceso y de uso de estas tecnologías y su financiación.
  • Hay que propiciar que las pequeñas empresas desarrollen esa cultura corporativa catalizadora del cambio tecnológico, participando en ecosistemas que aseguren estrategias de cooperación interempresarial.
  • Es necesario un aumento sostenido de la inversión en I+D+i y que se dote de estabilidad a las políticas públicas, garantizando la continuidad en la financiación de los proyectos y la estabilidad laboral de los investigadores, el sistema de incentivos a la innovación industrial, así como la compra pública innovadora.
  • Se deben fomentar mayores sinergias entre los sistemas público y privado de I+D, entre las universidades y centros públicos de investigación con las empresas industriales.
  • Se debe promover que las empresas tractoras, vinculadas a grandes grupos multinacionales, establezcan o refuercen sus centros tecnológicos en las filiales españolas.
  • Sería deseable avanzar hacia una estrategia formativa en competencias digitales que, actualizando la educación académica reglada, la oriente hacia una mayor empleabilidad y contribuya a evitar la cronificación de desigualdades en materia de digitalización, incluida la brecha digital de género.
  • Alinear las políticas de formación orientadas al sector con otras palancas de la política industrial y fundamentalmente con las de transformación digital, I+D+i y transición ecológica. El sistema educativo y la formación para el empleo deben incorporar el desarrollo de capacidades inherentes a las actividades innovadoras, en especial entre las mujeres, dada su infra-representación en el sistema de I+D+i, en el empleo TIC y en el empleo industrial de mayor valor añadido.
  • Programas de formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital deberían conformar un eje estable de la formación para el empleo.
  • El diálogo social debería formar parte integrante de un Pacto de Estado por la industria, con una orientación de amplio consenso que supere el corto plazo representado por los límites de una Legislatura.
  • Se debe trabajar en una nueva Ley de Industria, que dote al sector de un marco regulatorio integrado y sencillo que responda a la realidad de un sector en transformación.
  • Es importante reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno con competencias regulatorias y fiscales con incidencia en la actividad industrial con vistas a lograr una mayor armonización que redunde en la eliminación de barreras al comercio interterritorial.
  • En la fiscalidad medioambiental, sería necesario un marco integrado, sencillo y coherente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debería reforzar su papel como instancia de coordinación en materia de fiscalidad ambiental.
  • Reformar el marco jurídico para que no suponga un obstáculo al incremento de tamaño de las empresas industriales, analizando qué umbrales regulatorios podrían estar desincentivando el crecimiento de las empresas.
  • Facilitar los procesos a las empresas que decidan deshacer el camino de la deslocalización, del mismo modo que están haciendo otros países de nuestro entorno.
  • Fomentar ecosistemas de colaboración para que las pymes industriales puedan acometer procesos de integración de las TIC.
  • Priorizar los apoyos públicos a la empresa mediana y, en particular, las “scale-ups” que facturen entre 20 y 500 millones de euros.
  • La mejora de la financiabilidad de las empresas pasa en gran medida por incrementar el tamaño medio mediante la eliminación de trabas regulatorias innecesarias y simplificación documental, que reduzcan los costes fiscales y administrativos.
  • Proveerse instrumentos dirigidos a facilitar el acceso al crédito, preferentemente mediante coberturas o garantías públicas a la financiación bancaria de los proyectos industriales de las pymes.
  • Potenciar el acceso a los mercados de capitales organizados, e impulsar el mercado de Titulización de Activos.
  • España debe primar la generación con fuentes que no emitan CO2 u otros gases de efecto invernadero. Es necesario evaluar el impacto, en términos de seguridad de suministro, precio mayorista, y emisiones, de aquellas iniciativas que tengan por objeto modificar la participación de cualquiera de las diferentes tecnologías.
  • Debe acometerse una reforma normativa que traslade el coste de las políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, como los Presupuestos Generales. Debería considerarse financiar fuera de la factura eléctrica y los costes relacionados con las ayudas a las energías renovables.
  • Hay que impulsar la mejora de las interconexiones del sistema eléctrico español, cuya capacidad de intercambio sigue estando entre las más bajas de la Unión Europea.
  • Se deberían propiciar contratos de largo plazo para los grandes consumidores de electricidad Hay que tomar en consideración las peculiaridades de las empresas electrointensivas en la necesaria revisión del mecanismo de interrumpibilidad.
  • Sigue pendiente de aprobación el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que contemple mecanismos mitigadores de los efectos de los costes energéticos de estos consumidores sobre su competitividad, tales como la compensación de costes indirectos de CO2, la compensación por el coste de las subvenciones otorgadas a las energías renovables que se cargan al sistema eléctrico.
  • Respecto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética debería permitirse que las empresas que contribuyen al mismo y sus organizaciones empresariales puedan certificar sus propias actuaciones en materia de eficiencia.
  • Se deben implementar medidas de apoyo a la cogeneración de alta eficiencia.
  • Se deben seguir mejorando las infraestructuras físicas y las condiciones del transporte con el fin de reducir los costes logísticos en la industria.
    Resulta necesario ampliar las infraestructuras de intercambios modales, hay que dotar a las Terminales Intermodales Logísticas (TILOs) de prestaciones y servicios más eficientes.
  • Elaborar una ley de cambio climático y transición energética que tenga como prioridad la reducción de emisiones GEI, en el contexto de una transición ordenada que permita la adaptación de la industria y la reducción de los costes energéticos. La norma deberá: priorizar las actuaciones relativas a eficiencia energética de edificios; apoyar la investigación y tecnologías orientadas a reducir emisiones, creando un marco de financiación y regulación estables.
  • El desarrollo de las energías renovables debería estar acompañado de una cuota de participación de fabricantes españoles en las nuevas plantas de generación, incentivando, en las zonas en reconversión, la implantación de centros de producción de los componentes de las nuevas centrales (placas fotovoltaicas, aerogeneradores, etc.).
    La norma podría impulsar la adopción de planes industriales y sociales alternativos dentro de las empresas, dotados económicamente y que contemplen la posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables.
  • Estructurar un programa integral orientado a financiar (vía préstamos bonificados o subvención directa) las actividades de rehabilitación de mejora de la eficiencia energética.
  • El diseño de impuestos ambientales vaya dirigido a la internalización de las externalidades negativas generadas, de modo que suponga a su vez un incentivo al uso más eficiente de los recursos, y un estímulo a la innovación.
  • Hay que priorizar el uso de recursos renovables y la prolongación de la vida útil de los bienes.
  • Acelerar la armonización fiscal y el marco de ayudas comunitarias para evitar la diferencia presupuestaria entre Estados miembros de la UE, para que todos se encuentren en las mismas condiciones a la hora de cubrir los costes generados y evitar así la desventaja competitiva entre instalaciones industriales europeas.
  • Desarrollar la Estrategia española de economía circular, asegurando la equidad en las subvenciones orientadas al uso de diferentes alternativas, promoviendo el consumo de biomateriales; que fomente el uso de subproductos; que refuerce la valorización energética de residuos; y promueva el desarrollo de plataformas tecnológicas sectoriales como agentes facilitadores de la economía circular.
  • Aumentar la base exportadora de la industria manufacturera española, incrementado el tamaño empresarial mediante medidas de apoyo a los procesos de crecimiento y concentración, además de mejorar el acceso de las pymes a la financiación, la información acerca de la internalización.
  • Se deben potenciar los instrumentos públicos de apoyo a la exportación que sean más ágiles, se adapten a las necesidades de las empresas.
  • Apoyar una mayor diversificación geográfica de las exportaciones.
  • Se requieren apoyos públicos que incidan en aquellas fases de la cadena de valor que supongan mayor aportación de valor añadido, esto es, en la fase inicial de innovación, así como en la fase final de distribución.
  • Favorecer la captación de proyectos de inversión en los sectores de alto contenido tecnológico y priorizando el desarrollo de las actividades internacionales de I+D+i en nuestro país. Todo ello con mecanismos de control para preservar los intereses estratégicos españoles.
  • Es preciso que los tratados comerciales que alcance la Unión Europea incluyan determinados estándares sociales, laborales y medioambientales.
  • Se debe garantizar que todos los productos que se comercializan en España cumplan la normativa. Para ello es precisa la colaboración entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales representativas.
  • Este Consejo insta, tanto al Gobierno como a otras autoridades o instituciones con competencias en el ámbito económico o social, a construir y mantener un auténtico Pacto de Estado por la Industria. Una política capaz de propiciar un sector generador de empleo de calidad, impulsor de la innovación y orientado a satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles y el consumo circular

Fuente: http://www.ces.es/

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