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Nueva ordenación de las granjas porcinas: medio ambiente, sanidad y bienestar animal

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas.

Supone una profunda revisión de la normativa vigente, que data del año 2000, cuyo objetivo es la adaptación a los nuevos retos de la producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal. Una actualización que se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto.

Las principales novedades se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

Beneficios medioambientales

Son precisamente los importantes beneficios medioambientales que la aplicación de la nueva norma va a aportar, una de las señas de identidad de este Real Decreto. La norma implementa mejoras y novedades en los requisitos actualmente en vigor desde el año 2000 en materia de gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de Producción y Gestión de estiércoles, que se amplía a todas las instalaciones y que formará parte de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.

Por otra parte la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción (“Mejores técnicas disponibles”). Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario tendencial sin esta normativa.

Destacan también importantes avances en relación al bienestar animal, en particular la exigencia de un plan individual para cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales.

Sanidad animal

La norma introduce también mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad de las granjas, con el fin de limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales.

Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Para asegurar el cumplimiento y la aplicación homogénea de todos los aspectos que desarrolla la norma, se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En la misma participarán los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo de esta norma, así como de los Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El sector porcino es un importante motor económico y de empleo para el medio rural, por lo que la norma trata de compatibilizar su desarrollo con la adaptación rigurosa a la exigente legislación europea y nacional en materia de emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero, o la protección del agua, así como a las nuevas necesidades en el ámbito de la sanidad o el bienestar de los animales. Todo ello atendiendo a las demandas sociales.

La publicación de este nuevo Real Decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

Fuente: www.lamoncloa.gob.es

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética entra en la recta final de su tramitación administrativa

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), que será el marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación de nuestra realidad a las exigencias que regulan la acción climática, inicia la recta final de su tramitación administrativa. Esta herramienta facilitará y orientará la descarbonización de la economía española a 2050, una descarbonización que tiene que ser socialmente justa.

El nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE) es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia. Tras haber sido sometido a información y audiencia públicas e incorporar alegaciones resultantes de este proceso, así como haber sido informado por los demás departamentos ministeriales, el siguiente paso será su toma en consideración por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), principal órgano de encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes para el medio ambiente. El Consejo se reunirá el lunes 10 de febrero.

Posteriormente, el borrador de anteproyecto será tratado en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, paso previo a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado la importancia de que el anteproyecto “llegue cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento por parte de los grupos parlamentarios”.

El nuevo texto consta de 37 artículos –frente a los 28 del texto anterior- distribuidos en nueve títulos –antes ocho-, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales. El nuevo título está dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas en materia de Clima y Energía, elaborando un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.

OBLIGATORIEDAD DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES

En 2018, el transporte fue el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%. Por sí solo, el tráfico por carretera representa un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, de ellas, un tercio se concentran en aglomeraciones urbanas. Es, además uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud.

El nuevo borrador consagra como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente. También como novedad, el anteproyecto indica que dichos municipios y territorios insulares impulsen medidas de movilidad eléctrica compartida.

MAPA INFORMATIVO DE PUNTOS DE RECARGA

Además, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga; el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes; y las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos, o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida.

En esta misma línea, el nuevo anteproyecto introduce obligaciones de instalar al menos un punto de recarga rápida —50 kW— en aquellas estaciones de servicio que, por tener un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina, disponen en principio de mayor capacidad económica y financiera para hacer frente a la inversión requerida. Se trata de un 9% del total de la red de gasolineras.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ello se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones. De igual modo, se establecerán objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo, con especial énfasis en los de carácter avanzado y los procedentes de fuentes renovables de origen no biológico.

Para alcanzar una movilidad sostenible, el anteproyecto mantiene que todas las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO_2. Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO₂/km. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.

MÁS RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El nuevo texto del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, será en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20%).

Se añade que el Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El anteproyecto que llegó al Consejo de Ministros en febrero de 2019 establecía que las entidades admitidas a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño han de presentar un informe en el que hagan una evaluación del impacto de los riesgos asociados al cambio climático generado por la exposición a éste de su actividad.

El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Cada dos años y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades deberán elaborar un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

Asimismo, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización a 2050, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.

UN PAÍS MÁS SEGURO Y MENOS VULNERABLE AL LOS IMPACTOS

Entre las novedades del título dedicado a la adaptación, la nueva versión del borrador añade la consideración del cambio climático en la seguridad alimentaria. Para ello, se establecerán objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de adaptación encaminados a mitigar los riesgos en seguridad alimentaria asociados al cambio climático, incluidos la aparición de riesgos emergentes alimentarios. Asimismo, se añade una disposición sobre el fomento y mejora de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.

Ambos artículos se añaden a los artículos sobre adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del desarrollo urbano, edificación e infraestructuras del transporte; protección de la biodiversidad frente al calentamiento global; política forestal y desarrollo rural; planificación y gestión del agua y de la costa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Otra de las novedades del anteproyecto es el título IX, dedicado a la gobernanza y la participación públicas. Además del mencionado Comité de Cambio Climático y Transición Energética, el texto establece que las comunidades autónomas informen a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático a partir del 31 de diciembre de 2021 de los planes de energía y clima con los que cuenten.

De igual modo, se fija que los planes, estrategias, instrumentos y disposiciones que se adopten en materia de lucha contra el cambio climático deberán desarrollarse bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados, y del público en general.

También se recoge la gobernanza para reforzar la coordinación sobre las diferentes obligaciones de información del Gobierno en esta materia y, en particular, de los datos de las políticas, medidas, inventarios y proyecciones de gases de efecto invernadero.

OBJETIVOS ALINEADOS CON LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

El anteproyecto mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.

Los objetivos que se establecen marcan un suelo que se podrá mejorar al alza con los planes nacionales Integrados de Energía y Clima. Así, en 2030, la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990. Con respecto a 2017, último año con datos consolidados, este esfuerzo supone retirar en torno a un 33% de las emisiones, es decir, aproximadamente una de cada tres toneladas de CO₂ que se emiten en la actualidad.

Este objetivo de reducción es coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea para 2030, que pasaría del actual 40% respecto a 1990 a una horquilla entre el 50% y el 55%. Y tal como se recoge en el texto del anteproyecto se podrá revisar siempre al alza, no se permite la regresión del mismo para responder a una mayor ambición tanto a nivel comunitario como internacional.

El anteproyecto se fija, también para 2030, generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

El anteproyecto de ley y el PNIEC son dos de los grandes pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima para el periodo 2021-2030. Se trata de dos instrumentos que son complementarios y coherentes entre sí. Mientras el anteproyecto establece el marco institucional cuya función principal es dar señales regulatorias y económicas que den estabilidad y marquen la dirección del país hacia la neutralidad climática, el PNIEC es un instrumento de planificación revisable que define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética, así como las líneas de actuación y la senda para alcanzarlos que según los modelos utilizados es la más adecuada y eficiente. En este sentido, los objetivos establecidos en ambos instrumentos no son contradictorios, sino que el anteproyecto marca un suelo incrementable por el PNIEC.

Este esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer España en la próxima década, para situarse en la senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida no más tarde de 2050. En ese año, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

IMPULSO DECIDIDO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Desde 2021, se convocarán subastas para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW de instalaciones renovables. El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad.

A la hora de convocar las subastas, se podrá distinguir entre tecnologías, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y de madurez tecnológica u otros acordes con la normativa comunitaria.

El anteproyecto incorpora un artículo para promover y facilitar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en el ámbito de la edificación. De igual modo, se prolonga la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta el 31 de diciembre de 2030.

Asimismo, se da mayor flexibilidad favoreciendo la hibridación de las instalaciones —que podrán evacuar la energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre y cuando se cumpla con los requisitos técnicos preceptivos— y el aumento de potencia dentro de la capacidad máxima de acceso.

TRANSICIÓN JUSTA

El nuevo borrador mantiene un título exclusivo para medidas de Transición Justa, que define tanto su estrategia nacional como los convenios específicos, y se refuerza la participación de las comunidades autónomas.

Por otro lado, los convenios de transición justa -cuyo objetivo es el fomento de la actividad económica y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en la transición hacia un desarrollo bajo en carbón- podrán incluir el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica, así como el derecho prioritario al uso y volumen de agua de aquellas concesiones que queden extinguidas tras el cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica con arreglo a lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.

UN ANTEPROYECTO LARGAMENTE DEMANDADO

Este anteproyecto de ley, que la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó elaborar al Gobierno ya en el año 2011, responde al compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París y constituye un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social.

Asimismo, se alinea con “El Pacto Verde europeo” –The European Green Deal-, acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y que alcanzará la neutralidad climática en 2050.

ACTUALIZACIÓN PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA

Durante la reunión también se ha informado de que se ha remitido a la Comisión Europea un borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El nuevo texto ha integrado todas las recomendaciones que hizo la Comisión, las alegaciones de la sociedad civil recibidas en el proceso de consulta pública de marzo de 2019 e incluye nuevas medidas y mayor detalle en la información, reforzando los objetivos y resultados.

Ya se ha iniciado el proceso de información pública del Estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica del PNIEC. Una vez concluya el periodo de consultas y se incorporen, si procede, nuevas aportaciones, el documento quedará listo para su remisión definitiva a la Comisión Europea.

El borrador actualizado del PNIEC propone una senda de descarbonización para la próxima década coherente con el aumento de la ambición frente al cambio climático que ha planteado la Comisión Europea, así como con las indicaciones de la ciencia del clima y con las demandas de la ciudadanía. En concreto, proporcionalmente, el nivel de esfuerzo en la mitigación de emisiones del borrador actualizado se encuentra alineado con la horquilla en la que se prevé que se sitúe el nuevo objetivo climático de la Unión Europea para 2030: entre el 50% y el 55%. De esa manera, se sientan unas bases sólidas para progresar hacia la neutralidad climática de nuestro país, es decir, lograr emisiones netas cero no más tarde de 2050.

NORMATIVA DE RESIDUOS

En el orden del día también estaban el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y otro que modifica el RD sobre la gestión de neumáticos fuera de uso y sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Estos documentos han pasado ya su fase de consulta pública y se están estudiando las observaciones y comentarios recibidos para continuar con la tramitación.

Asimismo, se han analizado los requisitos medioambientales que se van a incorporar al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

El CES plantea alternativas para la política industrial e insta a construir un Pacto de Estado para la Industria

El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó el pasado día 18 de diciembre por unanimidad, el Informe sobre “La Industria en España: Propuestas para su Desarrollo”. El Informe se ha elaborado por propia iniciativa del CES, lo que, unido al muy amplio consenso en su elaboración, da idea de que los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada representados en el Consejo comparten criterios en un tema como éste, de gran relevancia para el desarrollo económico y el empleo.

La industria es un sector clave, por su aportación al progreso tecnológico,(por innovaciones de producto y de procesos y consumo de innovaciones de otros sectores), su capacidad de generar empleos de calidad, su efecto tractor sobre los servicios de mercado y avanzados, su mayor productividad y su impacto positivo sobre la balanza comercial.
En 2018, la industria representó el 12.6 del PIB y el 11.5% del empleo. Sus exportaciones suponían el 90% de las totales de productos y el 21% del PIB. Sin embargo, tiene un efecto inducido en otros sectores, que lleva a que su contribución al PIB se cifre en un 43% y en un 30% respecto del empleo. En las últimas décadas se observa un cierto cambio en la especialización manufacturera, con una ligera pérdida de peso de los sectores de tecnología media y media baja, con aumento de los de tecnología alta y media alta (alimentación, químicas, farmaceutica ).
España necesita desarrollar una “cultura industrial” que explique y promueva sus realidades industriales. El objetivo es afrontar los retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización, la evolución de las cadenas globales de valor, los cambios en la demanda mundial o las deficiencias estructurales del entorno empresarial comunitario. Así, se debe adoptar una nueva política industrial que se oriente a la recuperación del protagonismo de esta actividad como motor de crecimiento y creador de empleo.
Por eso es importante construir por todos los actores involucrados un pacto de Estado por la industria, siguiendo la línea que iniciaron los interlocutores sociales en la Declaración por la Industria de noviembre de 2016.
Así se promovería una política industrial global y coherente con participación del gobierno, de las distintas administraciones y de los interlocutores sociales, contando asimismo con el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria. Debe procurarse un ámbito para el diálogo tripartito que diseñe y evalúe las medidas a nivel central como en el ámbito autonómico y en el local.
Hay que reforzar la Estrategia renovada de política industrial de la UE mediante la inclusión de objetivos más concretos, así como de mecanismos de coordinación que permitan combinar distintos instrumentos y fuentes de financiación. El Consejo Europeo debería contar con una formación específica de industria.
La UE debería abordar fórmulas para apoyar la creación de grupos empresariales europeos fuertes capaces de revertir la actual pérdida de influencia estratégica frente a los líderes tecnológicos de matriz estadounidense y china.
Se debería ampliar el plazo, tras la recepción de ayudas europeas, durante el cual una empresa debe garantizar el mantenimiento del empleo. Debería exigirse igualmente a las compañías deslocalizadas europeas que cumplan con las condiciones sociolaborales y ambientales que rigen en la UE. Y ampliar las exigencias para las multinacionales de terceros países que, tras recibir fondos públicos europeos, apuesten posteriormente por la deslocalización.
La nueva Ley de Industria debe establecer un marco regulatorio más claro, estable y comprensible.
Sería necesario estructurar adecuadamente los sistemas de incentivos a la inversión industrial, así como potenciar su atractivo, equilibrando las ayudas directas, mejorando las condiciones de mercado en los préstamos bonificados y ofertando ventajas fiscales concretas.
El desarrollo industrial debe basarse en gran parte sobre los sectores actuales. Será necesario, por tanto, el desarrollo de nuevos productos y negocios en esos sectores, fomentando para ello la I+D+i y trabajando en cooperación con otras empresas y con centros tecnológicos y universidades.
La política industrial debería situarse en el nivel más alto en la estructura del Gobierno, garantizándose la coordinación en el diseño de la política energética, el desarrollo de servicios e infraestructuras de transporte de mercancías y en el diseño de la política de innovación y la gestión de sus programas.
Debería crearse un órgano de coordinación con las Comunidades Autónomas que armonice las medidas y evite los efectos frontera
Sería importante instaurar un Consejo de Política Industrial, con representación de los interlocutores sociales del sector, que asesore al Gobierno en la orientación y seguimiento de la política industrial.
Es imprescindible que los poderes públicos, junto con los agentes económicos y sociales, desarrollen estrategias dirigidas a transitar de manera ágil, eficiente y justa a la economía digital. Tales estrategias deben contemplar políticas que reduzcan los efectos negativos, así como las tendencias a la concentración del poder de mercado y al aumento de la desigualdad.
Cobra especial relevancia evitar la consolidación de estructuras de mercado oligopólicas o cuasi monopólicas; la política de empleo, para paliar las consecuencias negativas del cambio sobre la cantidad y la calidad del empleo; la política educativa, para reforzar las aptitudes necesarias en el nuevo contexto digital; o la política tributaria, para evitar la traslación de beneficios hacia territorios de baja o nula tributación.
Es necesario asimismo regular la fiscalidad de las plataformas, la privacidad, seguridad y tratamiento de los datos, y abordar las implicaciones éticas y sociales de, entre otras, la robótica y la inteligencia artificial, y que se garantice la tutela jurídica de las personas que trabajan en las nuevas formas de empleo digital, con independencia de su estatus laboral.
Se debe incidir en el impulso a la digitalización de las empresas industriales. Ello serviría, además, para evitar la brecha digital entre empresas, especialmente en relación con las pymes, así como los riesgos de exclusión en función de la capacidad de acceso y de uso de estas tecnologías y su financiación.
Hay que propiciar que las pequeñas empresas desarrollen esa cultura corporativa catalizadora del cambio tecnológico, participando en ecosistemas que aseguren estrategias de cooperación interempresarial.
Es necesario un aumento sostenido de la inversión en I+D+i y que se dote de estabilidad a las políticas públicas, garantizando la continuidad en la financiación de los proyectos y la estabilidad laboral de los investigadores, el sistema de incentivos a la innovación industrial, así como la compra pública innovadora.
Se deben fomentar mayores sinergias entre los sistemas público y privado de I+D, entre las universidades y centros públicos de investigación con las empresas industriales.
Se debe promover que las empresas tractoras, vinculadas a grandes grupos multinacionales, establezcan o refuercen sus centros tecnológicos en las filiales españolas.
Sería deseable avanzar hacia una estrategia formativa en competencias digitales que, actualizando la educación académica reglada, la oriente hacia una mayor empleabilidad y contribuya a evitar la cronificación de desigualdades en materia de digitalización, incluida la brecha digital de género.
Alinear las políticas de formación orientadas al sector con otras palancas de la política industrial y fundamentalmente con las de transformación digital, I+D+i y transición ecológica. El sistema educativo y la formación para el empleo deben incorporar el desarrollo de capacidades inherentes a las actividades innovadoras, en especial entre las mujeres, dada su infra-representación en el sistema de I+D+i, en el empleo TIC y en el empleo industrial de mayor valor añadido.
Programas de formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital deberían conformar un eje estable de la formación para el empleo.
El diálogo social debería formar parte integrante de un Pacto de Estado por la industria, con una orientación de amplio consenso que supere el corto plazo representado por los límites de una Legislatura.
Se debe trabajar en una nueva Ley de Industria, que dote al sector de un marco regulatorio integrado y sencillo que responda a la realidad de un sector en transformación.
Es importante reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno con competencias regulatorias y fiscales con incidencia en la actividad industrial con vistas a lograr una mayor armonización que redunde en la eliminación de barreras al comercio interterritorial.
En la fiscalidad medioambiental, sería necesario un marco integrado, sencillo y coherente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debería reforzar su papel como instancia de coordinación en materia de fiscalidad ambiental.
Reformar el marco jurídico para que no suponga un obstáculo al incremento de tamaño de las empresas industriales, analizando qué umbrales regulatorios podrían estar desincentivando el crecimiento de las empresas.
Facilitar los procesos a las empresas que decidan deshacer el camino de la deslocalización, del mismo modo que están haciendo otros países de nuestro entorno.
Fomentar ecosistemas de colaboración para que las pymes industriales puedan acometer procesos de integración de las TIC.
Priorizar los apoyos públicos a la empresa mediana y, en particular, las “scale-ups” que facturen entre 20 y 500 millones de euros.
La mejora de la financiabilidad de las empresas pasa en gran medida por incrementar el tamaño medio mediante la eliminación de trabas regulatorias innecesarias y simplificación documental, que reduzcan los costes fiscales y administrativos.
Proveerse instrumentos dirigidos a facilitar el acceso al crédito, preferentemente mediante coberturas o garantías públicas a la financiación bancaria de los proyectos industriales de las pymes.
Potenciar el acceso a los mercados de capitales organizados, e impulsar el mercado de Titulización de Activos.
España debe primar la generación con fuentes que no emitan CO2 u otros gases de efecto invernadero. Es necesario evaluar el impacto, en términos de seguridad de suministro, precio mayorista, y emisiones, de aquellas iniciativas que tengan por objeto modificar la participación de cualquiera de las diferentes tecnologías.
Debe acometerse una reforma normativa que traslade el coste de las políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, como los Presupuestos Generales. Debería considerarse financiar fuera de la factura eléctrica y los costes relacionados con las ayudas a las energías renovables.
Hay que impulsar la mejora de las interconexiones del sistema eléctrico español, cuya capacidad de intercambio sigue estando entre las más bajas de la Unión Europea.
Se deberían propiciar contratos de largo plazo para los grandes consumidores de electricidad Hay que tomar en consideración las peculiaridades de las empresas electrointensivas en la necesaria revisión del mecanismo de interrumpibilidad.
Sigue pendiente de aprobación el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que contemple mecanismos mitigadores de los efectos de los costes energéticos de estos consumidores sobre su competitividad, tales como la compensación de costes indirectos de CO2, la compensación por el coste de las subvenciones otorgadas a las energías renovables que se cargan al sistema eléctrico.
Respecto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética debería permitirse que las empresas que contribuyen al mismo y sus organizaciones empresariales puedan certificar sus propias actuaciones en materia de eficiencia.
Se deben implementar medidas de apoyo a la cogeneración de alta eficiencia.
Se deben seguir mejorando las infraestructuras físicas y las condiciones del transporte con el fin de reducir los costes logísticos en la industria.
Resulta necesario ampliar las infraestructuras de intercambios modales, hay que dotar a las Terminales Intermodales Logísticas (TILOs) de prestaciones y servicios más eficientes.
Elaborar una ley de cambio climático y transición energética que tenga como prioridad la reducción de emisiones GEI, en el contexto de una transición ordenada que permita la adaptación de la industria y la reducción de los costes energéticos. La norma deberá: priorizar las actuaciones relativas a eficiencia energética de edificios; apoyar la investigación y tecnologías orientadas a reducir emisiones, creando un marco de financiación y regulación estables.
El desarrollo de las energías renovables debería estar acompañado de una cuota de participación de fabricantes españoles en las nuevas plantas de generación, incentivando, en las zonas en reconversión, la implantación de centros de producción de los componentes de las nuevas centrales (placas fotovoltaicas, aerogeneradores, etc.).
La norma podría impulsar la adopción de planes industriales y sociales alternativos dentro de las empresas, dotados económicamente y que contemplen la posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables.
Estructurar un programa integral orientado a financiar (vía préstamos bonificados o subvención directa) las actividades de rehabilitación de mejora de la eficiencia energética.
El diseño de impuestos ambientales vaya dirigido a la internalización de las externalidades negativas generadas, de modo que suponga a su vez un incentivo al uso más eficiente de los recursos, y un estímulo a la innovación.
Hay que priorizar el uso de recursos renovables y la prolongación de la vida útil de los bienes.
Acelerar la armonización fiscal y el marco de ayudas comunitarias para evitar la diferencia presupuestaria entre Estados miembros de la UE, para que todos se encuentren en las mismas condiciones a la hora de cubrir los costes generados y evitar así la desventaja competitiva entre instalaciones industriales europeas.
Desarrollar la Estrategia española de economía circular, asegurando la equidad en las subvenciones orientadas al uso de diferentes alternativas, promoviendo el consumo de biomateriales; que fomente el uso de subproductos; que refuerce la valorización energética de residuos; y promueva el desarrollo de plataformas tecnológicas sectoriales como agentes facilitadores de la economía circular.
Aumentar la base exportadora de la industria manufacturera española, incrementado el tamaño empresarial mediante medidas de apoyo a los procesos de crecimiento y concentración, además de mejorar el acceso de las pymes a la financiación, la información acerca de la internalización.
Se deben potenciar los instrumentos públicos de apoyo a la exportación que sean más ágiles, se adapten a las necesidades de las empresas.
Apoyar una mayor diversificación geográfica de las exportaciones.
Se requieren apoyos públicos que incidan en aquellas fases de la cadena de valor que supongan mayor aportación de valor añadido, esto es, en la fase inicial de innovación, así como en la fase final de distribución.
Favorecer la captación de proyectos de inversión en los sectores de alto contenido tecnológico y priorizando el desarrollo de las actividades internacionales de I+D+i en nuestro país. Todo ello con mecanismos de control para preservar los intereses estratégicos españoles.
Es preciso que los tratados comerciales que alcance la Unión Europea incluyan determinados estándares sociales, laborales y medioambientales.
Se debe garantizar que todos los productos que se comercializan en España cumplan la normativa. Para ello es precisa la colaboración entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales representativas.
Este Consejo insta, tanto al Gobierno como a otras autoridades o instituciones con competencias en el ámbito económico o social, a construir y mantener un auténtico Pacto de Estado por la Industria. Una política capaz de propiciar un sector generador de empleo de calidad, impulsor de la innovación y orientado a satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles y el consumo circular

Fuente: http://www.ces.es/

El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, impulsando la economía, mejorando la salud y la calidad de vida de los ciudadanos

La Comisión Europea ha presentado ante el Pleno del Parlamento Europeo (11/12/2019) el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible transformando los retos en materia de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea justa e integradora para todos.
La presidenta Ursula von der Leyen, ha declarado : «El Pacto Verde Europeo es nuestra
nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Muestra cómo
transformar nuestro modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más
sana y nuestras empresas sean innovadoras. Todos podemos participar en la transición y todos
podemos aprovechar las oportunidades que brinda. Si somos los primeros en dar este paso y si lo
hacemos con premura, contribuiremos a que nuestra economía sea líder mundial. Vamos a poner todo
nuestro empeño en lograrlo, por el bien del planeta y de la vida que sustenta, por el patrimonio natural
de Europa, por la biodiversidad, por nuestros bosques y por nuestros mares. Si demostramos al resto
del mundo cómo ser sostenible y competitivo, podemos convencer a otros países para que se nos
unan».

El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans, ha añadido lo siguiente: «Estamos en situación de
emergencia climática y medioambiental. El Pacto Verde Europeo representa una oportunidad para
mejorar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos mediante la transformación de nuestro modelo
económico. Nuestro plan define los medios para reducir las emisiones, restablecer la salud de nuestro
medio ambiente, proteger a nuestra fauna silvestre, crear nuevas oportunidades económicas y mejorar
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La contribución de todos y cada uno de nosotros es
importante; todos los países y sectores se verán afectados por esta transformación. Por otra parte,
nuestra responsabilidad consiste en garantizar que esta transición sea solo eso, una transición, y que
nadie se quede atrás en la ejecución del Pacto Verde Europeo».

El Pacto Verde Europeo incorpora una hoja de ruta con una serie de actuaciones para impulsar el
uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y detener el cambio
climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Describe las inversiones
necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y explica cómo garantizar una transición
justa e integradora.

El Pacto Verde Europeo abarca todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte,
la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC,
los textiles y los productos químicos.

Para transformar en legislación la ambición política de ser el primer continente climáticamente neutro
en 2050, la Comisión presentará en un plazo de 100 días la primera «Ley del Clima Europea». Para
materializar nuestra ambición en materia de clima y medio ambiente, la Comisión también presentará
la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, la nueva Estrategia Industrial, el Plan de Acción de la
Economía Circular, la Estrategia «de la granja a la mesa» de alimentación sostenible y propuestas para
una Europa sin contaminación. Comenzarán de inmediato los trabajos para endurecer los objetivos de
emisiones de Europa para 2030 y se fijará una senda realista hacia el objetivo de 2050.

La consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo exigirá una inversión significativa. Se
calcula que cumplir los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030 requerirá 260 000
millones EUR de inversión anual adicional, lo que representa aproximadamente el 1,5 % del PIB de
2018. Para ello habrá que movilizar a los sectores público y privado. La Comisión presentará a
principios de 2020 el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible con el fin de contribuir a alcanzar
las necesidades de inversión. Al menos el 25 % del presupuesto de la UE a largo plazo deberá
dedicarse a la acción por el clima, y el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco climático
europeo, ofrecerá apoyo adicional. Para que el sector privado contribuya a financiar la transición
ecológica, la Comisión presentará la Estrategia de Financiación Ecológica en 2020.

La lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente es un reto común, pero no
todas las regiones y los Estados miembros parten de la misma situación. El Mecanismo para una
Transición Justa apoyará a las regiones que dependen en gran medida de actividades con un uso
muy intensivo de carbono. Ayudará a los ciudadanos más vulnerables en la transición, facilitando el
acceso a programas de reciclaje profesional y oportunidades de empleo en nuevos sectores
económicos.

En marzo de 2020, la Comisión pondrá en marcha el «Pacto por el Clima» para dar voz y cometido a
los ciudadanos en el diseño de nuevas acciones, la difusión de información, el comienzo de iniciativas
de base y la presentación de soluciones que otros puedan repetir.

Los retos mundiales del cambio climático y la degradación del medio ambiente reclaman una
respuesta mundial. La UE seguirá promoviendo sus objetivos y estándares medioambientales en las
conferencias de las Naciones Unidas sobre biodiversidad y clima y reforzará su diplomacia verde. El G7,
el G20, las conferencias internacionales y las relaciones bilaterales servirán para convencer a los
demás para que redoblen sus esfuerzos. La UE también utilizará la política comercial para garantizar la
sostenibilidad y establecerá asociaciones con los vecinos de los Balcanes y de África para ayudarlos en
sus propias transiciones.

Próximas etapas

La Comisión solicita al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo que refrenden la ambiciosa visión de
la Comisión para la economía y el medio ambiente futuros de Europa y que ayuden a hacerla realidad.
La Comisión propondrá las medidas anunciadas en la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo.

Contexto

El cambio climático y la degradación del medio ambiente representan una amenaza existencial para
Europa y el mundo. Para superar este reto, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que
transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la
que no existan emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, en la que el crecimiento
económico no dependa del uso de recursos y en la que no se desatienda a ningún ciudadano o región.

La Unión Europea ya cuenta con un historial sólido de reducción de sus emisiones de gases de efecto
invernadero manteniendo el crecimiento económico. Entre 1990 y 2018, las emisiones bajaron un
23 %, mientras que el PIB de la Unión creció un 61 % en el mismo período. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer. Dada su vasta experiencia, la UE está a la vanguardia en la creación de una
economía verde e integradora.

La Comunicación sobre el Pacto Verde fija la línea de actuación en los próximos meses y años. La labor
que desarrollará la Comisión se guiará por las exigencias públicas de actuación y por los datos
científicos de carácter incuestionable, contrastados de manera exhaustiva por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Panorama de
los Recursos Globales (Global Resources Outlook) y los informes de estado y perspectivas de 2019 de
la Agencia Europea de Medio Ambiente. Nuestras propuestas se basarán en datos contrastados e irán
avaladas por consultas de amplio calado.

Una mayoría abrumadora de los europeos considera que la protección del medio ambiente es
importante (95 %). Casi 8 de cada 10 europeos (77 %) afirma que la protección del medio ambiente
puede impulsar el crecimiento económico. Los resultados de la encuesta del Eurobarómetro relativa a
las actitudes de los ciudadanos de la UE respecto al medio ambiente confirman el amplio respaldo
público a la legislación medioambiental a nivel de la UE y a la financiación de la UE para actividades
respetuosas con el medio ambiente.

Fuente: European Commission

Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales estratégicos

La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria hipocarbónica; y ciberseguridad.

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «Nuestro mercado único, uno de los mayores del mundo, es un trampolín excepcional para que nuestra industria compita a escala global. A fin de aprovecharlo al máximo, necesitamos invertir colectivamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Hemos comenzado con buen pie en ámbitos como las baterías, el reciclaje de plásticos y la informática de alto rendimiento. Y podemos hacer más. En este sentido, me congratulo de las recomendaciones presentadas hoy por el grupo de expertos acerca de seis cadenas de valor estratégicas adicionales en las que debería centrarse la política industrial de la UE».

Los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de la UE en la escena mundial.

Además de recomendaciones específicas para cada una de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación horizontales:

Puesta en común de recursos públicos y privados a escala de la UE, nacional y regional: la UE debe coordinar estas inversiones conjuntas, dirigiéndolas al primer despliegue industrial y a la comercialización de nuevas tecnologías.
Profundización e integración del mercado único mediante reglamentaciones y nuevas normas.
Catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las cadenas de valor.
Mayor dinamización de los sistemas de innovación en Europa, con un acento especial en las fortalezas regionales y las asociaciones público-privadas.
Establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de valor.

El informe se enmarca en los esfuerzos de la Comisión Juncker por reforzar la base industrial europea. Contribuirá asimismo al trabajo de la nueva Comisión sobre una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa.

Contexto

La industria europea es sólida y ha mantenido el liderazgo mundial en muchos sectores, como el de la automoción, el químico, el farmacéutico, el de maquinaria y el aeroespacial. Nuestra industria ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo desde 2013 y es responsable de más de dos tercios de nuestras exportaciones.

Sin embargo, debe adaptarse para continuar en vanguardia en un mundo en plena transformación. La Comisión desarrolla políticas que ofrecen a la industria europea un ecosistema en el que prosperar y que la capacitan para crear empleo de calidad en un mercado único fuerte y equitativo, para impulsar la competitividad europea, para fomentar la inversión y la innovación —por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías limpias— y para apoyar a las regiones y los trabajadores afectados por las transformaciones que registra el sector.

Como se anunció en 2017 en la Estrategia renovada de política industrial de la UE , la Comisión creó en marzo de 2018 el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE). La labor del Foro Estratégico se basa en la nueva visión de una transformación más sostenible, integradora y competitiva de la industria europea para 2030, presentada por el grupo de expertos de la Mesa Redonda Industrial de alto nivel en junio de 2019, y la complementa. Las recomendaciones del Foro Estratégico contribuirán a la reflexión sobre la nueva política industrial de la Comisión, solicitada por las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2019 .

La Comisión respalda decididamente que los Estados miembros y sus empresas aúnen sus esfuerzos para posibilitar inversiones transnacionales a gran escala que generen efectos positivos en toda Europa.

La UE ha puesto en marcha normas flexibles en materia de ayudas estatales en favor de los PIICE. En diciembre de 2018, la Comisión aprobó, con arreglo al marco sobre las ayudas estatales a los PIICE, una inversión pública por valor de 1 750 millones EUR, lo que permitirá movilizar otros 6 000 millones EUR de inversión privada para la investigación y la innovación en el ámbito de la microelectrónica. Cuatro países europeos (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) y en torno a treinta empresas e instituciones de investigación unirán sus fuerzas para facilitar la investigación y la innovación en esta tecnología clave. Este fue el primer proyecto de investigación e innovación aprobado con arreglo a las normas especiales y simplificadas que se aplican a las ayudas estatales para proyectos de interés estratégico europeo. Se están realizando también importantes esfuerzos e inversiones conjuntos en informática de alto rendimiento y baterías.

Fuente: European Commission

El Supremo decreta como “nula de pleno derecho” la autorización de una vivienda en Red Natura 2000

Mediante sentencia, con fecha 9 de octubre de 2019, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por una empresa mercantil y la Comunidad de Madrid.

Estos recursos se interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 20 de marzo de 2018 que declaró nula la resolución de 3 de diciembre de 2015 por la que la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente eximió del procedimiento de evaluación de impacto ambiental la construcción de una mansión en zona de conservación prioritaria del espacio protegido Red Natura Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en el municipio de Valdemorillo.

Lo que la sentencia confirma ahora es que el proyecto debía haberse sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al encontrarse en un espacio protegido Red Natura 2000. Ese procedimiento tenía que haber sido anterior a la autorización de las obras.

"La conclusión no puede ser otra que la nulidad de pleno derecho de las resoluciones administraciones recurridas, en cuanto son la conclusión de un procedimiento derogado (inexistente por tanto) en la fecha de presentación del proyecto completo. Luego estamos ante actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el de evaluación e impacto ambiental simplificado", recoge el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Press.

Ecologistas en Acción ha valorado "positivamente" en un comunicado el fallo que da la razón al particular denunciante, un octogenario "que fue ninguneado por las administraciones y que, tanto él como su hijo, han sido objeto de denuncias falsas y de actos hostiles por parte de personas vinculadas a la empresa promotora".

La organización ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Valdemorillo que anule la licencia que concedió y que no autorice ningún reinicio de las obras, actualmente paralizadas.

La mercantil adquirió en octubre de 2013 una finca de 68 hectáreas, denominada Fuentevieja, situada al noroeste del municipio de Valdemorillo, en zona de conservación prioritaria del espacio protegido denominado Zona de Especial Conservación de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio y Zona de Especial Conservación para las Aves Encinares de los ríos Alberche y Cofio.

SUELO NO URBANIZABLE Y PROTEGIDO POR INTERÉS FORESTAL

Además, según han denunciado los ecologistas, en la finca crían o se alimentan numerosas especies de aves incluidas en Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, tales como águila imperial ibérica, cigüeña negra, el milano real, águila calzada, búho real, cernícalo primilla, águila culebrera, alcotán y lechuza campestre.

Este terreno está clasificado, por el planeamiento urbanístico de Valdemorillo, como suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés forestal. Sólo permite actividades forestales y construcciones ligadas a ese uso.

Sin embargo, en mayo de 2015, el Ayuntamiento de Valdemorillo concedió licencia de obra para demoler las construcciones agropecuarias existentes y sustituirlas por una mansión residencial con trece dormitorios, varios salones y cuartos de baño. En total, 2.480 metros cuadrados de superficie construida, distribuida en dos complejos.

Una vez autorizadas las obras mediante licencia municipal, la Consejería de Medio Ambiente eximió el proyecto del procedimiento de evaluación ambiental, "en contra de lo que establece la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y a pesar del previsible impacto que la nueva construcción tendría sobre el espacio protegido".

El propietario de una finca colindante y su hijo denunciaron los hechos, sin que ninguna de las administraciones implicadas, Ayuntamiento y Consejería de Medio Ambiente, atendieran sus solicitudes, señalan.

Por ello, recurrieron ante el TSJM, que les dio la razón, aunque la sentencia fue recurrida por la empresa mercantil y la Comunidad de Madrid, ante el Tribunal Supremo. Es este Tribunal el que ahora confirma la sentencia anterior y desestima los recursos de casación.

Sin embargo, según critican los ecologistas, la interposición del recurso ante el TSJM no sirvió para paralizar las obras de la mansión, que se iniciaron en septiembre de 2017. No obstante, al final sí consiguieron que se paralizasen en enero de este año.

"Esta sentencia viene a confirmar que las obras se iniciaron contraviniendo la normativa y que no podrán reiniciarse. Actualmente, si el proyecto se sometiera al procedimiento de evaluación ambiental, sería imposible que se informara favorablemente", concluye la organización ecologistas en su comunicado.

Fuente: Iustel

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que traspueso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, estableció un nuevo régimen administrativo de prevención y reparación de daños medioambientales basado en el principio de precaución y en el principio de «quien contamina paga». La Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece diversas obligaciones a los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos. De este modo, los operadores ante una amenaza de daño medioambiental deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a su estado básico, entendido como aquel en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.

Por otro lado, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece en su artículo 24 que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar. Ese mismo artículo indica que la cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada, será determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que su actividad pueda causar, y que partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad o de las tablas de baremos que se realizarán de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca

La disposición final primera del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, indica que los análisis de riesgos medioambientales necesarios para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera no deberá llevarse a cabo con carácter obligatorio hasta la fecha a partir de la cual sea exigible la constitución de la garantía financiera. La disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III, se determinará por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previa consulta a las comunidades autónomas y a los sectores afectados. Asimismo, establece que esas órdenes ministeriales se aprobarán a partir del 30 de abril de 2010. En este contexto, el 29 de junio de 2011 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la garantía financiera obligatoria, prevista en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. La Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, estableció un calendario gradual para la elaboración de las órdenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y estableció una priorización de las actividades económicas del anexo III de la ley. De esta manera, se establecieron los plazos para los distintos niveles de prioridad, para la aprobación de las órdenes ministeriales que establecerían la efectiva aplicación de la garantía financiera de responsabilidad medioambiental. De este modo, la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, establece que las órdenes ministeriales que determinarían la fecha de exigibilidad de la garantía financiera obligatoria para los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 1, se publicaría entre los dos y tres años siguientes a la entrada en vigor de esa orden, las relativas a los sectores clasificados con el nivel de prioridad 2 entre los tres y cinco años siguientes, y las relativas a los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 3 entre los cinco y ocho años siguientes.

La presente orden ministerial tiene por objeto fijar la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria prevista en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para las actividades del anexo III de la misma, clasificadas con nivel de prioridad 3 conforme al anexo de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, de acuerdo a lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y al calendario establecido en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. El texto se estructura en dos artículos que regulan la fecha a partir de la cual se exigirá la garantía financiera y dos disposiciones finales sobre los títulos competenciales y la entrada en vigor.

Según su artículo 2: "Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, en el plazo de dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, a excepción de las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos que deberán disponer de la garantía financiera en el plazo de tres años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden."

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio

El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica

El Gobierno español ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan contempla un total del 57 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.

Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO₂), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH₃) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.

La Directiva citada fija la obligación a los Estados Miembrosde aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes.

Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. En definitiva, este programa hace que confluyan por primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.

Se considera que el horizonte temporal del PNCCA es de 2020-2030 y es para ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de la Directiva de Techos también se establecen para el año 2030. No obstante, al PNCCA se le asigna el periodo 2019-2022 porque la Directiva establece la obligación de actualizar al menos, cada cuatro años, los programas nacionales. Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro años o antes si es necesario o si así lo indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de estos contaminantes.

57 MEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

La directiva marca un objetivo final de resultado en 2030. Con las medidas y políticas ya existentes se constató que el objetivo no se alcanzaría salvo que se implementaran medidas adicionales en todos los sectores contaminantes.

Con este objetivo, el PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 5 destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicos volátiles.

Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.

Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.

La combinación de las medidas del PNIEC y de esta primera fase del PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.

COMPROMISOS NACIONALES

La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO₂); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH₃) y un 50% para partículas finas (PM2,5).

Las medidas propuestas en el PNCCA permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO₂, NOx, NH₃ y PM2,5), con reducciones del 92% para el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas. .

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 30%) puesto que estas emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas adicionales, algunas ya señaladas en el propio Programa.

El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones de dióxido de nitrógeno (NO₂), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer multas millonarias.

Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública.

Fuente: Miteco

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental promueve la redacción de un nuevo real decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero como consecuencia de la necesidad de ajustar la regulación nacional sobre vertederos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, al haber sido ésta promulgada con posterioridad a la normativa española relativa al vertido de residuos, en concreto el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Responde de igual manera a la obligación de transponer la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos al ordenamiento jurídico interno, de incorporar la jurisprudencia comunitaria en materia de vertido de residuos, en concreto la sentencia del año 2014 relativa al caso Malagrotta junto con la necesidad de impulsar el tránsito hacia una economía circular.

Este proyecto de real decreto supone la oportunidad de recoger la experiencia jurídica y técnica acumulada durante más de quince años en la gestión de los residuos mediante depósito en vertedero en nuestro país, avanzando en la corrección de las principales debilidades detectadas en el procedimiento de regulación, así como continuar con la mejora de los resultados de la política de gestión de residuos.

Concluido el pasado 31 de agosto de 2018 el período de consulta pública previa y tras el estudio de las aportaciones recibidas tanto de las Comunidades Autónomas y otras instituciones públicas, como de asociaciones empresariales y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, se ha elaborado el proyecto de real decreto, que se somete a información pública.

Las principales modificaciones introducidas en el presente proyecto de real decreto son las siguientes:

a) Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para el caso de los residuos municipales y establecer criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos, emplazándose a un posterior desarrollo mediante orden ministerial.

b) Incorporar, en el contexto del impulso al tránsito a la economía circular, los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se establecen en la Directiva (UE) 2018/850.

c) Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, compromiso que se plasmará en una orden ministerial antes del año 2023.

d) Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos con la finalidad de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero. Dicha prohibición no fue transpuesta al RD 1481/2011, de 27 de diciembre, habiéndose detectado la existencia de este tipo de prácticas en los últimos años y resultando del todo necesario su pronta erradicación.

e) Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad explotadora del vertedero información adecuada sobre los residuos, así como sobre el tratamiento previo a que han sido sometidos.

f) Establecer las normas de cálculo de los objetivos de vertido, que comprende en un anexo específico tanto las reglas de cálculo como los mecanismos de control de la calidad y trazabilidad de los datos que han de emplearse para el cálculo de dichos objetivos.

g) Fijar adecuadamente el régimen de los costes de vertido, contabilizando la totalidad de los costes directos, indirectos y aquellos que se puedan producir en el dilatado periodo de tiempo postclausura. Dentro de los costes indirectos, se han contabilizado aquellos ligados a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los vertederos y que se calcularán conforme a un anexo específico.

h) Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos y la promoción de la economía circular. Las cantidades que se recauden con cargo a dichos instrumentos económicos tendrán un carácter finalista.

i) Eliminar la posibilidad de devoluciones anticipadas de fianzas o garantías financieras con las que hacer frente a los costes de vigilancia y mantenimiento en el periodo postclausura.

j) Reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de las instalaciones de vertido por parte de las autoridades competentes, detallando en un anexo específico el alcance y la periodicidad mínimos de las inspecciones.

El plazo para remitir sugerencias finalizará el 06 de octubre de 2019.

Fuente: www.miteco.gob.es

Proyecto de Real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas

El Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, es la normativa básica en vigor que establece los requisitos generales que tienen que cumplir las granjas de ganado avícola de carne, con el fin de orientar y encauzar la producción de manera ordenada y asegurando su adecuada gestión productiva y sanitaria. Así, este Real Decreto establece una serie de medidas de ordenación, únicamente para el sector avícola de carne, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales y protección del medio ambiente.

Esta consulta pública (cuyo plazo se cerró el pasado día 26 de Septiembre), tiene el objetivo de recabar la opinión de los operadores del sector avícola, de las organizaciones más representativas del sector, así como de los ciudadanos en general.

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA. El sector avícola es un sector que cuenta con dos vertientes productivas diferenciadas. Por un lado la dirigida a la producción de carne de aves, y por otro a la producción de huevos. Las granjas avícolas que se dedican a la producción de carne cuentan con una normativa de ordenación desde el año 2005, sin embargo las que se dedican a la producción de huevos (es decir, la avicultura de puesta) no está incluida en dicha normativa ni cuenta con una propia. Este sector avícola de puesta cuenta con un entramado normativo que en cierta manera ha contribuido a establecer una cierta ordenación del sector, pero que se basa en normativa dispersa y en ocasiones compleja. Por ello, resulta conveniente establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta. Dada la similitud de esta producción con la del sector avícola de carne, parece adecuado establecer un único marco normativo para ambas vertientes productivas o subsectores. Por otra parte, el marco normativo que regula las producciones ganaderas y, en general, la producción de alimentos de origen animal, ha cambiado radicalmente en estos años, en el ámbito de la sanidad animal, de la higiene y trazabilidad, y en el ámbito de la protección ambiental. Esta evolución normativa justifica, por tanto, la actualización de la normativa de ordenación para su adaptación al resto de normas que afectan a la producción avícola. Además, entre los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector durante los próximos años, destaca el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal y los nuevos compromisos en materia medioambiental, que hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte de las granjas, y la normativa de ordenación es el lugar más apropiado para su regulación. En materia de bioseguridad y sanidad animal, resulta conveniente actualizar algunos de los requisitos incluidos en la normativa actual, además de añadir o reforzar algún otro con el fin de minimizar en la medida de lo posible los riesgos sanitarios de las granjas y por tanto la aparición y propagación de enfermedades animales. Así mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado avícola, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales, en materia de ubicación de granjas y distancias mínimas entre las granjas y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higio-sanitario. En materia medioambiental, cabe destacar las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, que fija compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los Estados miembros, entre los que tiene mucha importancia para el sector avícola los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco, puesto que este sector es el responsable, aproximadamente, del 14% de las emisiones totales de amoniaco a la atmósfera en España. En este sentido, la normativa de ordenación sectorial es el marco apropiado para el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir las emisiones en las granjas, que permitan, a su vez, reducir las emisiones globales de amoniaco a la atmósfera.

B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA. La modificación del marco regulador que establece normas básicas de ordenación de la avícultura de carne, para incluir al sector avícola de puesta, actualizar los requisitos de la norma en vigor y para la incorporación de nuevas obligaciones, que permitan afrontar buena parte de los retos del sector de cara a los próximos años, justifican la necesidad de derogar el Real decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, sustituyéndolo por uno nuevo.

C) OBJETIVOS DE LA NORMA. Como se ha expuesto, la nueva norma responde a la necesidad de establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta, actualizar y ampliar buena parte de los requisitos de la normativa en vigor para el sector avícola de carne, y adaptarse a las necesidades de unos sectores que deben enfrentarse a una serie de retos durante los próximos años, especialmente en materia sanitaria y ambiental, que demandan la adopción de nuevos requisitos por parte de las granjas avícolas.

D) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS. Dada la entidad de las modificaciones que deben realizarse y en aras de facilitar su comprensión y aplicación, procede publicar un nuevo Real decreto, que sustituya y derogue el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre

Fuente: www.mapa.gob.es

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