El TSJ de Madrid avala la prohibición de celebrar eventos en zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama

 

Eva Blasco Hedo, Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), comenta en Actualidad Jurídica Ambiental la Sentencia 2924/2021, de 12 de Marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la prohibición de celebrar eventos en una finca situada en la zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

 

 

El Tribunal confirma  que ha de realizarse una interpretación restrictiva de los conceptos «actividades de ocio y recreo» (que sí están permitidos, pero, según esta interpretación restrictiva se limitarían a actividades tales como senderismo y ocio pasivo), puesto que deben garantizarse y protegerse los valores naturales existentes en los Parques Regionales.

Desde aquí, reiteramos la necesidad de que los propietarios y la población que habita los espacios protegidos participen activamente en la tramitación de las normas que, sin duda, van a determinar su futuro social y económico.

Además, en nuestra opinión, estas interpretaciones tan restrictivas suelen conducir al abandono del medio rural, con el consiguiente efecto negativo en los objetivos que persigue la propia declaración de un espacio protegido.

Publicada la Orden por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

El Boletín Oficial del Estado de 13 de Julio, publica la Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Tal y como señalamos el pasado mes de Octubre del año 2020, cuando esta Estrategia fue aprobada por el Consejo de Ministros  (https://ambienta45.es/aprobada-la-estrategia-nacional-de-infraestructura-verde-y-de-la-conectividad-y-restauracion-ecologicas/), este documento aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza en España: el deterioro de los ecosistemas y los servicios que nos prestan, así como su fragmentación. Para abordarlo, se pondrán en marcha una serie de actuaciones de gran calado, en el corto, medio y largo plazo, a ejecutar por las diferentes Administraciones, con el objetivo de consolidar una red coherente de zonas naturales y seminaturales totalmente conectadas en España para el año 2050.

(Orden PCM/735/2021)

Avalancha normativa a favor del cambio climático: las bases de la transición ecológica

 

Tres años. Ese fue el tiempo que pasó desde uno de los mayores hitos sobre el cambio climático, el Acuerdo de París, hasta otro de los mayores acuerdos aprobados a nivel europeo: el Pacto Verde Europeo. Este fue lanzado a finales de 2019 desde la Comisión Europea estableciendo una hoja de ruta para la transición a una economía de cero emisiones netas que implica cambios profundos en las actividades económicas de las sociedades industriales.

 

 

Dichos cambios no solo dependen de la voluntad de los actores implicados, sino también de la aparición de nuevas normativas que los respalden y que creen un nuevo marco legislativo adaptado a la situación, lo que ha provocado una avalancha normativa tanto a nivel comunitario como nacional. El conjunto de dichas leyes, que a continuación analizaremos, queda recogido en el Anuario 2021: acción climática empresarial en España, nuestro análisis anual realizado en alianza con Ecodes sobre la evolución de la presencia de compañías españolas en los principales movimientos empresariales vinculados con la acción climática.

El documento reconoce la adaptación a las diferentes normativas como una oportunidad para las empresas que apuesten por la sostenibilidad, pudiendo éstas adaptarse con mayor facilidad a los cambios exigidos por ley; y además hace un repaso sobre las principales novedades en la materia durante estos últimos años.

En concreto, se explica cómo a finales de abril de ese año, las instituciones comunitarias alcanzaron un acuerdo sobre la Ley del Clima Europea, que conducirá a la revisión y el endurecimiento de 54 normas comunitarias que involucran sectores como el transporte y movilidad, la energía, la construcción y el comercio internacional.

De hecho, la primera consecuencia de la misma a nivel país ha sido la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Esta ley se propone disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, contando con una disminución de un 39% de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos de edificios, residuos o agricultura); conseguir que las energías renov

ables constituyan al menos un 42% del consumo de energía final; que al menos un 74% de la energía que alimenta al sistema eléctrico provenga de energías renovables y que la eficiencia energética aumente en un 39,5%. Objetivos ambiciosos que alinean al país con las exigencias del Acuerdo de París.

Otra de las novedades que cambiará completamente el esquema económico es la nueva Taxonomía Verde Europea aprobada en junio del 2020. Se trata de un marco que pretende llenar el vacío de información, enviando señales claras a los agentes financieros para que puedan identificar aquellas actividades que son medioambientalmente sostenibles y están alineadas con los objetivos ambientales y los compromisos del Acuerdo de París.

Por su parte, la Directiva de Información no financiera (NFRD) de 2014 de la Unión Europea también pretende dotar de información en materia de gestión medioambiental a los inversores, consumidores y otros grupos de interés. Ésta fue transpuesta en España a través de la Ley en materia de información no financiera y diversidad de 2018, que aumentó el nivel de exigencia, tanto en el ámbito de aplicación (empresas de más de 250 empleados/as) y el requerimiento de mayor concreción en los contenidos de los reportes anuales, como en la exigencia de un proceso de verificación independiente de la información reportada y en su aprobación en la junta general de accionistas. En este punto es preciso referirse a la recientemente aprobada Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la que se menciona la futura actualización de esta Ley y que considera hacer frente a la emergencia climática como uno de los retos señalados a nivel país y a los que se prestará especial atención.

Y si hablamos de planes estratégicos, no podemos olvidar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía (PRTR). Este plan ha sido aprobado por la Comisión Europea este mismo junio y según su presidenta, Ursula von der Leyen, “transformará profundamente la economía española, haciéndola más verde, más digital y más resiliente”. En concreto, se construye sobre 4 ejes que orientan 10 políticas palanca compuestas de 30 componentes. El Anuario 2021 incide en un eje concreto, la transición ecológica, que se traduce en componentes relacionados con políticas que impulsan la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Entre las áreas recogidas a impulsar, aquellas que recibirán una mayor inversión son: la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, la conservación y restauración de ecosistemas, el despliegue de la generación de renovables y la hoja de ruta del hidrógeno verde.

De este modo, España dirige todos sus esfuerzos hacia el logro de una economía neutra en carbono, siguiendo las directrices de la Unión Europea y contribuyendo a posicionar a Europa como un referente en la transformación sostenible.

Fuente: Red Española Pacto Mundial

Ley Europea del Clima: El Parlamento Europeo confirma la neutralidad climática en 2050

 

El Parlamento respaldó el jueves el texto, acordado de manera informal con el Consejo en abril, con 442 votos a favor, 203 en contra y 51 abstenciones. La norma transforma el compromiso político del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación. De esa manera ofrece a los ciudadanos y las empresas la seguridad jurídica y la predictibilidad que necesitan para preparar esa transición. Tras 2050, la UE debe aspirar a emisiones negativas.

 

 

 

Más ambición ya para 2030

La nueva Ley del Clima eleva el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 desde el 40% hasta al menos el 55% en comparación con 1990. Además, la próxima propuesta de la Comisión sobre el Reglamento LULUCF para regular las emisiones con efecto invernadero y las absorciones resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura elevará los sumideros de carbono (la capacidad de absorción de CO2 por nuestro entorno natural, como los árboles) y permitirá incrementar el porcentaje objetivo para 2030 hasta el 57%.

El límite de emisiones nocivas en virtud del acuerdo de París, base para el objetivo de 2040

La Comisión hará una propuesta para un objetivo para 2040 como tarde seis meses tras la primera revisión global prevista en el Acuerdo de París. En línea con la propuesta del PE, la Comisión publicará la cantidad máxima estimada de emisiones de gases de efecto invernadero que la UE puede producir hasta 2050 sin poner en riesgo los compromisos de la UE en virtud de dicho acuerdo. Ese “presupuesto” será uno de los criterios para definir el objetivo de 2040.

Antes del 30 de septiembre de 2023, y cada cinco años a partir de esa fecha, la Comisión evaluará el progreso colectivo de todos los Estados miembros, así como la coherencia con las medidas nacionales, hacia el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático

Dada la importancia de constar con asesoramiento científico independiente, y a partir de una propuesta del PE, se establecerá un Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático para evaluar los avances y determinar si la política europea está en línea con los objetivos.

Declaración de la ponente

Jytte Guteland (S&D, Suecia) señaló: «Me siento orgullosa de que finalmente tengamos una Ley del Clima. Hemos confirmado el objetivo neto de reducir las emisiones al menos el 55%, y cerca del 57%, para 2030, en línea con el acuerdo que tenemos con la Comisión. Habría preferido llegar más lejos, pero este es un buen acuerdo basado en la ciencia que marcará la diferencia. La UE debe ahora reducir sus emisiones más en la próxima década de lo que ha hecho en las tres décadas previas juntas, y tenemos objetivos más ambiciosos que pueden servir de inspiración a los países para ir más allá».

Próximos pasos

El Consejo tiene previsto aprobar el acuerdo pronto. El Reglamento será entonces publicado en el Diario Oficial y entrará en vigor 20 días después. La Comisión planea presentar una serie de propuestas el 14 de julio para permitir a la UE alcanzar el objetivo para 2030.

Los eurodiputados exigen objetivos vinculantes para proteger la biodiversidad

 

  • El 30 % de la superficie terrestre y marítima de la Unión debe ser zonas protegidas
  • Objetivos vinculantes para la biodiversidad urbana como techos verdes en los edificios nuevos
  • Son necesarias medidas urgentes para detener el declive de las abejas y otros polinizadores

 

 

La UE necesita un «Acuerdo de París» sobre biodiversidad y una Ley Europea de la Biodiversidad para asegurar la recuperación, fortalecimiento y protección de los ecosistemas antes de 2050.

El Parlamento Europeo aprobó, con fecha 8 de Junio de 2021,  la Resolución sobre la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», con 515 votos a favor, 90 en contra y 86 abstenciones, que aborda el declive actual de la biodiversidad en Europa y en todo el mundo.

La naturaleza está decayendo en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Se estima que, de los ocho millones de especies que existen, un millón está en peligro de extinción (IPBES). Por este motivo, los eurodiputados acogen con satisfacción el propósito de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para garantizar que, antes de 2050, los ecosistemas del mundo se hayan recuperado, sean resilientes y estén adecuadamente protegidos. Para respaldar esta ambición, piden una Ley Europea de la Biodiversidad, similar a la Ley del Clima de la UE.

Los eurodiputados lamentan que la UE no haya alcanzado sus objetivos en materia de biodiversidad para 2020 y afirman que la nueva estrategia debe abordar adecuadamente los cinco principales factores de la transformación en la naturaleza: los cambios en los usos del suelo y del mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. También piden 20 000 millones de euros al año para la acción en materia de biodiversidad en Europa.

Los eurodiputados exigen un «Acuerdo de París» en la próxima conferencia de las Naciones Unidas en octubre de 2021, que fijará las prioridades mundiales en materia de biodiversidad para 2030 y más adelante.

El 30 % de la superficie terrestre y marítima de la Unión debe ser zonas protegidas

Aunque la UE cuenta con la red de zonas protegidas más extensa del mundo, los eurodiputados consideran que es necesario un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE. Reiteran su llamamiento para que al menos el 30 % de la superficie terrestre y marítima de la UE cuente con protección para 2030. Al menos una tercera parte de estas zonas, incluidos todos los bosques primarios y antiguos de la UE, deberá quedar prácticamente intacta. Los objetivos nacionales deberán tener en cuenta las diferencias en extensión y proporción geográfica de las zonas naturales.

Protección de la fauna y flora silvestres

Los eurodiputados afirman que debe lograrse un «estado de conservación favorable» para todas las especies y hábitats protegidos. Además, al menos el 30 % de las especies deberá alcanzar un estatus favorable, o mostrar una fuerte tendencia positiva en esa dirección. Según el texto, la UE debe liderar los esfuerzos para acabar con el comercio de especies en peligro de extinción y de productos derivados.

Biodiversidad en zonas urbanas

La Cámara apoya la creación de una Plataforma Europea para la Ecologización Urbana junto con objetivos vinculantes sobre la biodiversidad urbana, como una proporción mínima de techos verdes en los edificios nuevos y la prohibición del uso de pesticidas químicos.

Abejas y otros polinizadores

Los eurodiputados se oponen a renovar la aprobación del glifosato a partir del 31 de diciembre de 2022 e insisten en pedir que la iniciativa de la UE sobre los polinizadores se revise urgentemente. Su propósito es incluir un ambicioso marco europeo de seguimiento con objetivos e indicadores claros para detener el declive de los polinizadores, que son cruciales para el medio ambiente y la seguridad alimentaria.

Contexto en España

Según datos publicados en abril de 2021 por el Eurostat, en 2019 España era el país de la UE con la red más extensa de espacios terrestres de Natura 2000 en términos absolutos (138.111 km2). Esta longitud es casi el doble de la siguiente red más grande de espacios terrestres de Natura 2000, situada en Francia (70.875 km2). España también cuenta con la segunda red más extensa de zonas marinas protegidas por Natura 2000 (84.405 km2), sólo por detrás de Francia.

Declaración

El ponente César Luena (S&D, España) declaró: «Hoy estamos pidiendo una Ley Europea de la Biodiversidad similar a la Ley del Clima de la UE, que establecería el marco de gobernanza hasta 2050 para proteger la biodiversidad, incluyendo objetivos vinculantes para 2030. Estoy satisfecho de que hayamos apoyado los principales objetivos de la propuesta de la Comisión y hayamos apoyado la creación de un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE para recuperar al menos el 30 % de la superficie terrestre y marítima. También hay un amplio consenso sobre legislar para proteger y utilizar los suelos de manera sostenible, así como para un plan para abordar conjuntamente la crisis climática y la de biodiversidad».

Fuente: Parlamento Europeo

España aprueba su primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética

 

 

Por primera vez, España ya tiene una ley de cambio climático. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la norma por la que el país dejará de emitir gases de efecto invernadero en menos de tres décadas. Para ello dirá adiós a la venta de coches diésel y gasolina en 2040, modificará el sistema eléctrico para que sea 100% renovable y prohibirá la explotación de hidrocarburos, entre otras medidas. Esta norma, poco a poco, cambiará la forma de vivir, de producir y hasta el paisaje de España.

 

La Ley de Cambio Climático ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos, la abstención del PP y de Más País-Verdes Equo y el rechazo de Vox. «Es una ley que el país necesitaba y que se había postergado demasiado tiempo», ha asegurado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el Pleno del Congreso. Lo cierto es que desde asociaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, esta ley se les queda corta en su objetivo de reducción de emisiones. También para partidos como Más País-Verdes Equo.

El objetivo fundamental es que España sea neutra en carbono en 2050. Entre medias, en 2030 deberá haber recortado al menos un 23% de sus gases de efecto invernadero respecto a 1990; y la penetración de energías renovables deberá ser de al menos el 42% en el consumo de energía; mientras que en el sistema eléctrico la generación será, por lo menos, un 74% de origen renovable. Unos objetivos que deberán ser revisados en 2023.

Son unos objetivos que cambiarán el día a día de los españoles una vez entre en vigor la ley con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas son algunas de las repercusiones:

Zonas de bajas emisiones en ciudad

Se evitarán caos jurídicos como el de Madrid Central y se transformará el corazón de las ciudades. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán crear zonas de bajas emisiones en los próximos tres años. Es decir, poblaciones como Toledo o Gandía deberán imponer restricciones al tráfico, pero también impulsar la electrificación de la red de transporte público o facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Además, podrá haber criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares y sanitarios y para modificar este tipo de normativa en cualquier ciudad será necesario contar con un informe de la autonomía.

Fin de coches diésel y gasolina

Fue una de las medidas más sonadas cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la norma en 2018. En 2050 se espera que los españoles circulen en vehículos comerciales ligeros «sin emisiones directas de CO2». Para ello, se prevé que en 2040 dejen de venderse coches diésel, gasolina o híbridos. Según ha quedado redactado, los vehículos deberán emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que a día de hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de hidrógeno.

Más puntos de recarga

Es un problema acuciante para quienes viajan en coche eléctrico en España: la falta de puntos de carga. Ante la carestía actual, las gasolineras se verán obligadas a instalar puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio. Así, las primeras –las más grandes–, deberán tener al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.

También será obligatorio en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.

Educación ambiental

El cambio climático entrará de lleno en los colegios y universidades. La nueva ley de cambio climático obligará a hacer modificaciones y revisar el sistema educativo. Se busca reforzar el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones y «la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social», dice la ley. Para ello, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas de manera transversal.

Fin de ayudas

De manera inmediata, además, no habrá nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, salvo que haya motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. Además, se hará una propuesta de calendario para la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil.

Más ferrocarril

Los españoles viajarán más en ferrocarril, o esa es la intención de la nueva ley. Se desarrollará en los objetivos en la futura ley de movilidad sostenible, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.

Empresas con objetivos

Las grandes empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono. A partir de ahí, estas empresas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y plantear su ejecución en un horizonte temporal de cinco años, junto con las medidas para su consecución. Además, a partir de 2023, también las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París.

Consultas a los ciudadanos

Cualquier ciudadano podrá ser llamado para opinar sobre planes, estrategias o programas climáticos. España creará una asamblea ciudadana a nivel nacional y se recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales. Su composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de jóvenes.

Más leyes

La norma prevé ser completada con otras leyes aún pendientes. Por ejemplo, seis meses después de su aprobación, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación. También se espera una ley sobre residuos y otra sobre movilidad sostenible, así como una comisión para analizar una reforma fiscal verde, entre otros.

El Seprona investigó a más de 3.900 personas por delitos contra el medio ambiente en 2020

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil detuvo e investigó durante el pasado año a un total 3.957 personas por delitos relacionados con el medio ambiente. Durante este periodo de tiempo, se han tramitado también más de 200.000 infracciones administrativas. Este año se destaca especialmente las infracciones a la normativa sobre sanidad pública por el uso irregular de mascarillas y residuos relacionados.

 

 

Los delitos que más han aumentado son los relacionados con el maltrato animal, la caza y los relativos a la protección sobre la flora y la fauna.  Los detenidos por furtivismo aumentan, más de 250, fruto de los esfuerzos en distintas operaciones desarrolladas durante todo el año.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Destacan las infracciones administrativas en la normativa sobre vertidos y residuos, con 17.183 denuncias; las actuaciones relacionadas con animales de compañía, con 10.459; sanidad animal, con 8.427, y las actuaciones en materia de aguas, con 4.274 actuaciones.

También las 6.800 infracciones relativas a la normativa sobre los espacios naturales, flora y fauna, un 30% más que el año anterior, o las 5.711 sobre normativa de caza.

Asimismo, en relación con los delitos de incendios forestales, se han esclarecido, de un total de 352, el doble de delitos que el año anterior, con 330 detenidos e investigando.

RESIDUOS Y MEDIDAS SANITARIAS POR COVID-19

A raíz de la declaración del Estado de Alarma y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas como en el medio ambiente, el SEPRONA ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias.

La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usadas está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico-sanitarias, la cifra de infracciones relacionadas se eleva a 130.221.

En cuanto a la investigación en la gestión de residuos y en la contaminación que pueden provocar, además de operaciones en materia de residuos bioinfecciosos, también se desarrollaron diferentes actuaciones también contra el tráfico ilícito de residuos, entre las que cabe destacar las siguientes:

  • Operación “Retrovirus”. Proyecto nacido en el seno de EUROPOL para abordar la problemática asociada a la gestión de residuos ligada a la explosión de la pandemia del SARS-COV-2. Se detuvo a 53 personas y se llevaron a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios. Pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, se  detectaron graves irregularidades.
  • Operación «Hartie». La Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid, en el marco de la operación Hartie, desarticularon una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Se detuvo e investigó a 42 personas por los supuestos delitos contra el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente.
  • Se acreditaron 278 traslados ilegales, con un peso de 67.300 toneladas y un valor de 10 millones de euros.

MALTRATO ANIMAL, ESPECIES PROTEGIDAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las intervenciones, investigaciones y operaciones relacionadas con maltrato y abandono de animales domésticos siguen la misma tendencia que años anteriores, si bien han aumentado ligeramente los delitos, con más de 630 detenidos e investigados.

En relación con el convenio CITES sobre el comercio internacional de especies silvestres, se han recuperado durante todo el año 2020 más de 750 especímenes entre aves, reptiles, mamíferos o anfibios, cifra bastante inferior al año pasado, así como 390 piezas de partes o derivados.

Las intervenciones relacionadas con la seguridad agroalimentaria y la salud pública disminuyeron respecto del año anterior, hasta un total de 117 delitos detectados y 259 detenidos e investigados.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

El SEPRONA viene desarrollado diferentes colaboraciones para el desarrollo de operaciones internacionales con organizaciones policiales como EUROPOL o INTERPOL. Igualmente, realiza operaciones conjuntas con policías europeas como la GNR Portuguesa, GNF francesa, Cuerpo de Carabinieri Italianos y con terceros países como la GRM Marruecos o la Policía Nacional de Colombia, entre otros.

Fuente: www.residuosprofesional.com

Finanzas sostenibles: la Comisión Europea toma nuevas medidas para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles

 

La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de medidas generales para contribuir a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea. Al permitir reorientar las inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles, estas medidas contribuirán a hacer que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Harán de la UE un líder mundial en el establecimiento de normas para las finanzas sostenibles.

El paquete consta de:

  • El acto delegado de taxonomía climática de la UE tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles, aclarando qué actividades económicas contribuyen más a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE. El Colegio de Comisarios ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el texto. El acto delegado se adoptará formalmente a finales de mayo, una vez se disponga de traducciones en todas las lenguas de la UE. En una Comunicación, también adoptada hoy por el Colegio de Comisarios, se expone con más detalle el enfoque de la Comisión.
  • Una propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta tiene por objeto mejorar el flujo de información sobre sostenibilidad en el mundo empresarial. Hará que la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas sea más coherente, de modo que las empresas financieras, los inversores y el público en general puedan utilizar información comparable y fiable sobre sostenibilidad.
  • Por último, seis actos delegados modificadores garantizarán que las empresas financieras, por ejemplo asesores, gestores de activos o aseguradoras, incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y su asesoramiento en materia de inversión a los clientes.

El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de Europa cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos, lograr que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050 y proteger, conservar y mejorar el capital natural y la biodiversidad de la UE.

Como parte de este esfuerzo, las empresas necesitan un marco general de sostenibilidad para cambiar sus modelos de negocio en consecuencia. Para garantizar la transición de la financiación y evitar el «blanqueo ecológico», todos los elementos del paquete de medidas de hoy aumentarán la fiabilidad y comparabilidad de la información sobre sostenibilidad. Ello situará al sector financiero europeo en el centro de una recuperación económica sostenible e integradora frente a la pandemia de COVID-19 y al desarrollo económico sostenible a largo plazo de Europa.

Acto delegado sobre taxonomía climática de la UE

La taxonomía de la UE es una herramienta de transparencia sólida y con base científica a disposición de empresas e inversores. Crea un lenguaje común que los inversores podrán utilizar en cualquier lugar al invertir en proyectos y actividades económicas que tengan una incidencia positiva sustancial en el clima y el medio ambiente. También introducirá obligaciones de información para las empresas y los participantes en los mercados financieros.

El acto delegado, acordado políticamente hoy por el Colegio de Comisarios, introduce el primer conjunto de criterios técnicos de selección para definir qué actividades contribuyen sustancialmente a dos de los objetivos medioambientales del Reglamento por el que se establece una taxonomía: adaptación al cambio climático  y mitigación del cambio climático. Estos criterios se basan en el asesoramiento científico del Grupo de Expertos Técnicos (TEG) sobre finanzas sostenibles. Es el resultado de amplios comentarios de las partes interesadas, así como de debates con el Parlamento Europeo y el Consejo. Este acto delegado abarcaría las actividades económicas de aproximadamente el 40 % de las empresas cotizadas en bolsa, en sectores que son responsables de casi el 80 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en Europa. Incluye sectores como la energía, la silvicultura, la industria manufacturera, el transporte y la construcción.

El acto delegado de taxonomía de la UE es un documento vivo y seguirá evolucionando con el tiempo, a la luz de los cambios y el progreso tecnológico. Los criterios serán objeto de revisión periódica. Esto garantizará que los nuevos sectores y actividades, incluidas las actividades transitorias y otras «actividades facilitadoras», puedan añadirse al ámbito de aplicación a lo largo del tiempo.

Una nueva Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad

La propuesta de hoy revisa y refuerza las normas existentes introducidas por la Directiva sobre información no financiera. Su objetivo es crear un conjunto de normas que, con el tiempo, igualen la información sobre sostenibilidad a la información financiera. Ampliará los requisitos de la UE relativa a la información sobre sostenibilidad a todas las grandes empresas y a todas las que cotizan en bolsa. Esto significa que casi 50 000 empresas de la UE tendrán que seguir normas detalladas de la UE en materia de información sobre sostenibilidad, frente a las 11 000 sometidas actualmente a estos requisitos. La Comisión propone el desarrollo de normas para las grandes empresas, y normas separadas y proporcionadas para las pymes, que las pymes no cotizadas pueden utilizar voluntariamente.

En general, la propuesta tiene por objeto garantizar que las empresas comuniquen la información fiable y comparable sobre la sostenibilidad que necesitan los inversores y otras partes interesadas. Garantizará un flujo coherente de información sobre sostenibilidad a través del sistema financiero. Las empresas tendrán que informar sobre la manera en que las cuestiones de sostenibilidad, como el cambio climático, afectan a sus negocios y al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.

La propuesta también simplificará el proceso de notificación para las empresas. Muchas empresas se encuentran actualmente bajo presión para utilizar una serie de diferentes normas y marcos de información sobre sostenibilidad. Las normas de información sobre sostenibilidad propuestas en la UE deben ser una «ventanilla única», que ofrezca a las empresas una solución única que satisfaga las necesidades de información de los inversores y otras partes interesadas.

Modificaciones de los actos delegados en materia de asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos

Las seis enmiendas presentadas hoy animan al sistema financiero a apoyar a las empresas en el camino hacia la sostenibilidad, y a apoyar a las empresas sostenibles existentes. También reforzarán la lucha de la UE contra el «blanqueo ecológico».

  • asesoramiento en materia de inversión y seguros: cuando un asesor evalúa la idoneidad de un cliente para una inversión, ahora tendrá que discutir las preferencias de sostenibilidad del cliente
  • obligaciones fiduciarias: las modificaciones presentadas hoy aclaran las obligaciones de una empresa financiera a la hora de evaluar los riesgos de sostenibilidad y la sostenibilidad de los modelos de negocio
  • supervisión y gobernanza de los productos de inversión y seguros: los fabricantes de productos financieros y los asesores financieros tendrán que considerar factores de sostenibilidad a la hora de diseñar sus productos financieros.

Antecedentes y siguientes etapas

La UE ha dado pasos importantes en los últimos años para construir un sistema financiero sostenible que contribuya a la transición hacia una Europa climáticamente neutra. El Reglamento sobre la taxonomía, el Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre los índices de referencia de la UE constituyen la base para aumentar la transparencia y la seguridad y ofrecer herramientas que permitan a los inversores determinar qué oportunidades de inversión son sostenibles.

Una vez adoptado formalmente, el acto delegado de taxonomía climática de la UE será examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo (cuatro meses y prorrogable una vez por dos meses adicionales).

Por lo que respecta a la propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad, la Comisión entablará conversaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Las seis modificaciones de los actos delegados sobre asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos serán examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (períodos de tres meses prorrogables una vez por tres meses adicionales) y se espera que se apliquen a partir de octubre de 2022.

Andalucía aprueba la Guía para la incorporación del Cambio Climático en los procedimientos de Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico

 

 

Esta Guía tiene como objetivo ofrecer un marco analítico para la consideración del cambio climático y su integración, óptima y efectiva, en el procedimiento de evaluación ambiental que acompaña a la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico dispuestos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , y sobre la base del conocimiento científico en materia de cambio climático más reciente, generado y disponible para el territorio andaluz.

 

 

 

La Guía se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la modificación de la Ley 7/2007,de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para su adaptación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo lo energético en Andalucía.
Se pone especial atención al papel del planeamiento urbanístico en la adaptación al cambio climático.

En lo referente a mitigación, la Guía incluye directrices para la identificación de fuentes de emisión y para la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero, en referencia a las medidas contempladas en los planes, de acuerdo con lo establecido por la Herramienta para la Evaluación de la Huella de Carbono de los municipios andaluces de la Junta de Andalucía, y el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.

La Guía no tiene carácter normativo, y se plantea como una guía metodológica y de criterios que surge con la voluntad de ayudar a los municipios que decidan utilizarla en la aplicación a su actividad planificadora de criterios sensibles a la problemática del cambio climático.https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/1

 

 

La UE publica las Directrices para aclarar el concepto de «daño ambiental» de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (1) («la Directiva sobre responsabilidad medioambiental» o «la Directiva»), tiene por objeto establecer un marco de responsabilidad medioambiental, basado en el principio de «quien contamina paga», para la prevención y la reparación de los daños medioambientales (2). Una modificación adoptada en 2019 (3) obliga a la Comisión Europea a desarrollar unas directrices que proporcionen un concepto común del término «daño medioambiental» tal como se define en el artículo 2 de la Directiva (4).

 

En el régimen de la Directiva, el término «daño medioambiental» es esencial. Se utiliza para definir el fin general de la Directiva (5). Cuando se producen daños medioambientales o cuando existe la amenaza de que puedan producirse, se activan obligaciones de acción preventiva o reparadora para los operadores, así como obligaciones conexas para las autoridades competentes (6),mientras que otras personas tienen derecho a solicitar que se emprendan acciones (7).

 

En caso de daños transfronterizos que afecten a más de un Estado miembro, se activan obligaciones de cooperación entre los Estados miembros (8). Además, el término tiene consecuencias para los operadores financieros que proporcionan garantías financieras para hacer frente a responsabilidades derivadas de la Directiva (9). Por tanto, este

término desempeña un papel potencialmente importante en la protección medioambiental, ya que ayuda a determinar si se previenen y se reparan los perjuicios para el medio ambiente o no.

Las Directrices consideran todos los aspectos de la definición de «daño medioambiental». Es un término que encierra mucho significado e integra o hace referencia a otros términos y conceptos que están comprendidos en las Directrices, puesto que son necesarios para interpretar el término. En cuanto a su estructura, las Directrices empiezan por analizar el contexto jurídico y normativo general en el que resulta pertinente la definición. Después analizan sucesivamente la definición de «daños» y el texto completo de la definición de «daño medioambiental», antes de examinar con detalle las tres categorías distintas de daño medioambiental que comprende, es decir, «daños a las especies y hábitats naturales protegidos», «daños a las aguas» y «daños al suelo». Al

final se presentan las conclusiones generales.

Dado que el objetivo de las Directrices es proporcionar un concepto común de la definición, su contenido es analítico y detallado. Aunque no están destinadas en exclusiva a ningún grupo de lectores concreto, están pensadas para que sean útiles en particular a los siguientes, todos los cuales desempeñan alguna función en virtud de la Directiva: Estados miembros, autoridades competentes, operadores, personas físicas y jurídicas y proveedores de garantías financieras. Con las Directrices se intentan superar de la mejor manera posible las dificultades de interpretación que han surgido ya o que cabe razonablemente esperar que puedan surgir en el futuro. Para ello se analiza minuciosamente la definición de «daño medioambiental» en todos sus extremos, poniendo el foco en pormenores que cabe deducir de la redacción de la Directiva y del contexto jurídico y normativo, y haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el TJUE» o «el Tribunal») que puede ayudar a aclarar diferentes aspectos de la definición, bien directamente o bien por analogía.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(01)&from=EN

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